Desde hace 20 años, 579 familias conviven con la incertidumbre de saber si las palas tirarán sus casas
Dentro de este colectivo de familias atrapadas en el laberinto de los derribos, existe un subgrupo de propietarios condenados inexorablemente a perder sus casas, según la Administración regional. Son los desahuciados de los derribos, 130 familias cuyas viviendas no tienen salvación posible, aunque alguno se resiste a admitir ese desenlace.
El caso de los derribos en Cantabria es, posiblemente, el más peculiar de todo el país. No se trata del tan habitual incumplimiento de la Ley de Costas, ni de viviendas que se construyeron en suelo protegido y sin permisos o que se cambiara su uso en pleno ladrillazo. Su pecado son irregularidades de corte menor en la mayor parte de los casos, denunciadas por la asociación ecologista ARCA a partir de 1992, y ratificadas por los tribunales de Cantabria y el Supremo, una tras otra. Los jueces declararon responsables patrimoniales al Gobierno de Cantabria y a los ayuntamientos implicados (Argoños, Arnuero, Escalante y Piélagos) –salvo alguna excepción, en que la administración municipal (Argoños) fue condenada en solitario– por negligencia en la aprobación de los planes urbanísticos. Y se da la circunstancia de que el presidente Miguel Ángel Revilla era consejero de Obras Públicas y responsable de la Comisión Regional de Urbanismo cuando la comunidad avaló los planeamientos que permitían levantar las edificaciones declaradas ilegales. Por eso las familias le señalan.
