PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS —- ( PNALC)

LUCIANO ROMERO
Qué pensaría usted si le quitan la casa y para vivir en ella ha de pagar un alquiler? Esta es la situación en que se encuentran los propietarios de las viviendas de la Casbah. Se trata de una urbanización resultante de un plan realizado en su día por el Ministerio de la Vivienda para el Ayuntamiento de Valencia, que vendió las parcelas. La Casbah, ubicada en el parque natural de la Devesa de El Saler es absolutamente legal desde sus orígenes. Después vino la Ley de Costas y los deslindes que pretendían salvaguardar el dominio pú-blico.
En las playas se han cometido muchas y grandes irregularidades. El litoral sufre acosos constantes que lo degradan y es preciso poner orden. Las ampliaciones del Puerto de Valencia, por ejemplo, han hecho cambiar el litoral. Ahí están creciendo las playas del norte y desapareciendo las del parque natural. Para corregir desmanes debe de estar la ley, pero no para crear problemas a inocentes.
No es lo mismo legalizar a quienes se pusieron en contra de la ley que ilegalizar a los que actuaron desde el principio dentro de ella. No es igual instalar un chiringuito en suelo público o ampliar una terraza fuera del espacio concedido, que edificar en una parcela urbanizada y comprada a su propietario. Las viviendas de la Casbah están edificadas en suelo urbano vendido por el ayuntamiento y han sido ilegalizados por la ley que, además, se les ha aplicado con carácter retroactivo.
La nueva Ley de Costas, aseguran, resultará muy ventajosa para legalizar a los que estaban fuera de ella, los ilegales que construyeron sobre terrenos donde no se debía; pero quienes estaban dentro de ella, los legales, han sido castigados. Curiosa ley y curiosas consecuencias. Pero ahora, además, se anuncia el reglamento. ¿Recuerdan aquel político que decía, «ellos que hagan la ley y yo me ocuparé del reglamento»? Pues ya se anuncia con detalle que quienes disfruten de una concesión tendrán que satisfacer un canon.
Así se cierra el círculo del gran dislate. A usted le pueden quitar la propiedad de su vivienda, la que promovió el ayuntamiento legalmente y compró pero, además, si desea ocuparla habrá de pagar un alquiler. Esta situación no es de chiste. Es una situación absolutamente real como la misma ley reformada.
No somos iguales ante la ley que legaliza a los ilegales e ilegaliza a los legales y crea una discriminación que resultará legal pero es injusta.

Fuente LEVANTE

Martes día 27, en la 1ª de RTVE, se emitio a las 22,30 en Comando Actualidad un reportaje llamado “MI CASA ES ILEGAL” que trata la problemática que nos afecta a todos con la Ley de Costas . Podéis ver en video completo en el siguiente link de la web del programa.

video completo

Podéis verla parte sobre La Casbah / Arenales del Sol en el siguiente link.
casbah arenales del sol

FUENTE COSTAS MARITIMAS.COM
El Gobierno elabora durante un año un reglamento de costas enteramente nuevo, con más de doscientos artículos, y pretende que los ciudadanos opinemos sobre él dentro del plazo de quince días en el marco de la información pública.
Aún así, he podido presentar dentro del plazo un informe-propuesta extenso en nombre de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que resumo aqui brevemente:

ASPECTOS POSITIVOS DEL NUEVO REGLAMENTO:

Aporta condiciones para la determinación de la zona marítimo terrestre (se deberán registrar cinco temporales en cinco años para que el alcance del temporal pueda tenerse en cuenta a efectos de delimitar la línea).
Se fijan definiciones legales de los distintos tipos de duna y se fija con claridad la frontera indicando qué dunas constituyen dominio público y qué otras quedan fuera de él.
Se garantiza que la prórroga de las concesiones indemnizatorias será de 75 años.

ASPECTOS NEGATIVOS DEL NUEVO REGLAMENTO:

Frente a los afectados que hayan sido expropiados y aspiren a revisar su deslinde:

La determinación de la zona marítimo terrestre se hará sobre datos de altura de ola en el mar abierto, sin estudiar hasta dónde alcanza el temporal en la costa.

La frontera entre las dunas demaniales y las que no lo son queda fijada en la llamada duna secundaria (que es demanial) a pesar de que pueda estar cubierta de vegetación incluso leñosa, en un 75% de su superficie. Esto implica que un bosque litoral puede ser declarado dominio público.

El coste íntegro de la revisión de los deslindes deberá ser abonado por quienes los soliciten.

No se aclara la contradicción entre el artículo 45 de la ley de costas (los terrenos sobrantes de un deslinde siguen siendo dominio público) y la disposición adicional sexta de la ley de reforma (los terrenos sobrantes de un deslinde serán devueltos a sus antiguos propietarios).

La prórroga de 75 años podrá solicitarse después de que haya sido otorgada la concesión base, pero la Administración ni ha otorgado en la mayoría de los casos ni parece que pueda otorgar la concesión base, simplemente porque se han acumulado docenas de miles de casos que desde hace años están esperando a que la Administración cumpla con su obligación de otorgar la concesión de oficio.

Aunque la prórroga sea de 75 años, el reglamento no dice nada de la posibilidad recogida en el artículo segundo de la ley de reforma en cuanto a que se otorgue en sucesivos plazos inferiores prorrogables.

Frente a los afectados por la servidumbre de protección:

El reglamento no aclara si obras como la simple reparación de un muro o un reforzamiento de pilares vendrán sujetas a intervenciones complementarias y caras a fin de presentar la declaraci´jn de eficiencia energética.

Frente a los concesionarios de vivienda anteriores a la ley de costas de 1988

La limitación a 30 años desde la entrada en vigor de la ley de costas de estas concesiones, no se suprime, por lo que persiste la amenaza de derribo en 2018. El texto alude a la posibilidad de su renovación con arreglo al artículo segundo de la ley de reforma, pero esa renovación no parece posible por ser contraria a la disposición transitoria sexta de la ley de costas en relación con su artículo 32. De hecho, el texto no afirma que estas concesiones sean prorrogables. Se limita a decir “sin perjuicio de su renovación”, lo que no compromete a nada ni implica el reconocimiento de ningún derecho.

Frente a los afectados por la erosión marina

El texto omite cuidadosamente referirse a la erosión por causas artificiales y presenta una realidad ficticia, tal como si todos los problemas de regresión se debieran a procesos espontáneos de la naturaleza. En caso de regresión grave (que siempre se produce por causas artificiales) el Gobierno podrá adoptar medidas de urgencia si la costa no se recupera espontáneamente (por medios naturales), lo que resulta simplemente imposible.

Afectados de Canarias

Llevan comparativamente la peor parte. Sus deslindes podrían haber sido revisados a la baja en un 90% de los casos de no ser por el criterio establecido por el texto de tener en cuenta la máxima altura de ola en el mar.

La regulación del expediente de recuperación posesoria, que tanto sufrimiento y tantos derribos han causado en el archipiélago, continúan sin un solo retoque que obligue a la Administración a tramitar el procedimiento con garantías.

El mecanismo de cierre de derechos transitorios fijado en 1969 (está explicado en el informe) produce agravios comparativos contrarios al derecho constitucional de igualdad y es el responsable de que muchos asentamientos canarios hayan sido derribados o tengan orden de derribo pendiente de ejecución. Este mecanismo de cierre no se modifica en el borrador.

Tampoco se alude a la práctica tradicional, y a mi juicio fraudulenta, de la llamada “certificación de coincidencia”, consistente en que los responsables de la tramitación de los deslindes cuando no había otro anterior, consistente en certificar que el deslinde aprobado coincide con el que se habría aprobado con arreglo a la ley de costas de 1969. Esta práctica está pensada de propósito para dar lugar a una expropiación sin indemnización y resulta especialmente intensa (y evidente) en Canarias. El mecanismo debería haber introducido mecanismos correctores pero no lo ha hecho.

Frente a las CCAA

De forma muy sorprendente el texto reserva a favor del Consejo de Ministros la facultad de otorgar determinadas autorizaciones de usos en la servidumbre de protección, invadiendo con claridad competencias que corresponden a las CCAA en exclusiva.
Jose Ortega

El informe íntegro (78 páginas) puede descargarse pulsando en el siguiente gráfico:
Informe sobre borrador de reglamento de costas (marzo 2014)

Fuente:- Costas Maritimas
Me parece que el nuevo reglamento de costas que el Gobierno ha sacado a información pública es una criatura mestiza entre alarde de cinismo y broma pesada. En el extenso texto, los beneficios para los afectados son como las incrustaciones de chocolate en una galleta: estupendos pero escasos. Por ejemplo, el alivio de saber que las concesiones indemnizatorias podrán prorrogarse por plazo de 75 años se acaba nada más enterarnos de que esas prórrogas estarán sujetas a canon.

Como se sabe, la concesión indemnizatoria es el pago por una expropiación y lo que nos dice el nuevo reglamento es que para que el Estado pague ese precio a los afectados (en forma de concesión), los afectados deberán pagar otro precio al Estado (en forma de canon). Se trata de una pura y simple expropiación sin indemnización, y por tanto de una forma delicada de robo en la que algún alto funcionario quizá pretende que la abundancia de sellos oficiales impida ver el engaño.

Todos los afectados, desde Fuerteventura a Finisterre, suspiran por acceder a la revisión de su deslinde después de que la reforma de la ley abriera esa posibilidad, pero no sospechan que el nuevo reglamento, al establecer tasas por prestación de servicios, impone a los ciudadanos el pago íntegro del coste de esos deslindes nuevos. Si tenemos en cuenta que este coste incluye un estudio geomorfológico no precisamente barato, calculo que estamos hablando en total de importes entre sesenta mil y y cien mil euros. Naturalmente, cuando la Administración presente a los interesados una factura por ese importe, será sin ningún compromiso respecto al resultado final del nuevo deslinde, por lo que ningún afectado en su sano juicio querrá meterse en ese jardín, y creo que esto permite certificar la muerte prematura de aquella esperanza colectiva en la revisión del deslinde.

¿Quien podrá asumir esa aventura? Los poderosos. Éstos, bien dotados no sólo de tesorería, sino también de influencia, no se verán obligados a actuar a la buena de Dios: Negociarán la solución antes de soltar un céntimo y terminarán beneficiándose de la extraña y sospechosa disposición adicional quinta de la ley de reforma de la ley de costas. Extraña y sospechosa por la solución extremadamente generosa que brinda a los espacios que resulten sobrantes en todos aquellos casos en los que el dominio público evolucione de vuelta hacia el mar, que podrán ser recuperados automáticamente por sus antiguos propietarios. Hasta ahora, con la ley de costas de 1988, el terreno sobrante continuaba siendo domino público igualmente, y con las leyes de costas anteriores se integraba en el Patrimonio del Estado. Nunca se había producido una solución tan dulce para los particulares como la recogida en esta disposición adicional quinta, que no parece precisamente pensada para los simples ciudadanos.

Ahora bien, aunque esto sea increíble, la norma según la cual los terrenos sobrantes continúan siendo dominio público (el artículo 4.5 de la ley de costas) continúa en vigor. Podríamos preguntarnos como es posible la coexistencia de dos preceptos que dan cada uno una solución distinta a la misma situación de evolución hacia el mar de la ribera del mar, y para tan buena pregunta no tengo respuesta, aunque sí sospechas.

No manejo ninguna evidencia objetiva para creer que estas reformas estén pensadas sólo a fin de hacer la vida más fácil a los poderosos, y seguramente es muy tonta la sospecha de que que el artículo 4.5 de la ley de costas (los terrenos sobrantes seguirán siendo dominio público) será para el ciudadano común y la disposición adicional quinta de la ley de reforma (los terrenos sobrantes serán recuperados automáticamente por sus antiguos propietarios) se aplicará (sin mucha publicidad) a los poderosos. Pero es terrible el pálpito que me deja me deja este mecanismo en el que sólo los ricos podrán pagarse un deslinde nuevo y la lógica conclusión de que la inversión que hagan estos señores no va a resolverse por la vía del artículo 4.5 de la ley de costas.

El dibujo de fondo de ese mecanismo es simple: Venta a precio de saldo de terrenos demaniales. Los poderosos quizá estén ya manejando muy excitados la calculadora para negociar el pago de un deslinde a razón de cien mil euros para recuperar un terreno en primera línea de un millón de euros, mientras los ciudadanos pueden empezar a hacer lo mismo, pero para calcular el canon que deberán abonar a la Administración por unas concesiones que supuestamente son el precio que la Administración debe pagar a esos mismos ciudadanos por privarlos de su propiedad.

José Ortega

Abogado

Fundador de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas

La Ley de Costas de 1988 se aplicó con carácter retroactivo sobre viviendas que habían sido construidas con todos los requisitos legales con anterioridad a dicha ley.

El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ante la denuncia formulada por esta Plataforma Nacional en 2008, elaboró un informe , Informe Auken, en el que pedía al Gobierno español que reconociera los derechos de propiedad de los ciudadanos europeos que habían sido vulnerados por la mencionada aplicación de la ley de Costas de 1988. Ese informe tuvo la aprobación del parlamento Europeo en pleno.

El Gobierno español constituido tras las elecciones de 2011 aceptó la recomendación y se propuso elaborar una nueva ley de Costas que diera solución a los problemas de vulneración de los derechos de propiedad legítimos que habían sido afectados compatibilizando dichos derechos con la necesidad de proteger la costa. Esta ley fue finalmente aprobada en Mayo de 2013.

En el preámbulo de la Reforma de la Ley de Costas, de 2013, apartado III, y como motivo justificativo de la misma se dice que: “El nuevo marco normativo pretende dotar a las relaciones jurídicas que se dan en el litoral de una mayor seguridad jurídica. Su ausencia ha generado problemas que van más allá de los estrictamente jurídicos y que han provocado desconfianza y desconcierto. Hasta el punto que un informe del parlamento europeo de 20 de febrero de 2009, el conocido informe Auken, insta a las autoridades españolas a que revisen urgentemente y, en su caso modifiquen la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en la zona de costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero”.

Sin embargo, los representantes de casos de afectados de toda España agrupados en la PNALC, afirmamos que la Reforma de la Ley de Costas no recoge ni protege los derechos de propiedad de los legítimos propietarios de viviendas que fueron afectados por la anterior ley, excepto para un privilegiado grupo de casos que han sido arbitrariamente desafectados por la actual ley. En el mismo sentido se pronuncia el Parlamento Europeo en el Informe Weithmann.

Ante las próximas elecciones al Parlamento Europeo, la PNALC exige a los diferentes partidos que nos van a representar, que se pronuncien con claridad ante los miles de afectados sobre la cuestiones siguientes:

1º) ¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno Español debe cumplir las recomendaciones del Parlamento Europeo, no satisfechas en la actual Reforma de la Ley de Costas y realizar las modificaciones oportunas en la misma para garantizar el derecho de propiedad de los ciudadanos a los que se les priva del mismo tal y como indica el propio Parlamento Europeo?.

2º) ¿Considera usted que el otorgamiento de una concesión, arbitraria e incierta en su duración, es suficiente para compensar la pérdida de la propiedad que la Ley de Costas actual avala?.

Desearíamos que nuestras preguntas no quedasen sin respuesta al objeto de recobrar la fe en nuestros parlamentarios y pensar que, efectivamente, van al parlamento Europeo a defender los derechos de los ciudadanos respetando las decisiones del mismo.
PNALC elecciones parlamento europeo PDF

Alfredo Masó
Presidente de la PNALC
Marzo de 2014

11/03/2014

PROYECTO DE REAL DECRETO…../….., DE…. DE…., POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS.(Borrador del Reglamento Ley de Costas Reforma 2013)

Desarrolla esta Ley con el objetivo de garantizar la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral atendiendo a la realidad de las costas españolas

Incorpora las recomendaciones del Defensor del Pueblo para proteger mejor los recursos naturales de la costa y dar más seguridad y participación a los ciudadanos y más transparencia a la Administración

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha abierto hoy a consulta pública el Reglamento de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, aprobada el pasado mes de mayo, y que se ha publicado en el portal web del MAGRAMA (www.magrama.es).

Este Reglamento desarrolla la norma y concreta sus principales objetivos, entre los que se encuentran la protección del medio ambiente litoral y de los derechos de las personas, así como la seguridad jurídica para las actividades económicas que sean sostenibles para la costa.

La reforma de la Ley de Costas prohíbe expresamente la edificación en las costas españolas en la zona de dominio público marítimo-terrestre (ribera del mar y de las playas) y en su zona adyacente de servidumbre de protección, así como cualquier incremento de lo ya construido, al mismo tiempo que se facilita a todos los ciudadanos su uso público y gratuito.

Además, la Ley estableció la posibilidad de suspender las actuaciones urbanísticas ilegales en la costa antes del inicio de su construcción (“Cláusula Anti-Algarrobicos”).

MÁXIMA PROTECCIÓN DE LOS TRAMOS NATURALES DE LAS PLAYAS

La norma, además,diferencia entre los tramos urbanos y naturales de las playas. El Reglamento desarrolla esta diferenciación legal y concreta el régimen de ocupación y de uso de ambos tramos, restringiendo las ocupaciones en los tramos naturales de las playas, mientras que en los urbanos se garantiza una adecuada prestación de servicios siempre que sea compatible con su uso común. En todo caso, se garantiza el uso público de las playas, de cualquier clase, por todos los ciudadanos.

En cuanto a los eventos en las playas, la Ley de Costas regula esta cuestión y el Reglamento concreta los requisitos, límites y condiciones en los que es posible su ocupación, garantizando su conservación y entendiendo además que esas ocupaciones se restringen a los tramos urbanos. Así, solo se admiten los eventos de interés general y repercusión turística si se garantiza una completa conservación medioambiental de la playa,para lo que se exige la prestación de las debidas garantías económicas.

SEGURIDAD JURÍDICA Y TRANSPARENCIA

La reforma de la Ley de Costas refuerza la seguridad jurídica y garantiza la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos. Como novedad, se obliga a inscribir los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el Registro de la Propiedad, y se asegura esta información a los interesados en el caso de que se inicie un nuevo deslinde, desde el inicio del procedimiento. Además, se ofrecerá información gratuita a los ciudadanos sobre las líneas de deslinde a través de Internet.

El nuevo marco legal asegura la continuidad ordenada de las ocupaciones en el dominio público marítimo-terrestre y se evita el “efecto 2018”, es decir, las demoliciones masivas de viviendas e industrias, siempre con criterios medioambientales. Se abre la posibilidad de prorrogar estas concesiones por un plazo de hasta 75 años (en el caso de las autorizaciones de hasta 4 años), con el requisito de que se acredite su sostenibilidad ambiental.

La reforma de la normativa de Costas permite la transmisión de los derechos de la concesión de viviendas, previa autorización.

ESTRATEGIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Además, el Reglamento incorpora las previsiones de ley sobre los efectos del cambio climático en el litoral, y para ello se prevé la elaboración de una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático para disponer de un diagnóstico riguroso de los riesgos asociados al cambio climático que afectan a nuestra costa. Se prevé también la obligación para los adjudicatarios de título de ocupación del dominio público marítimo terrestre de adoptar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático.

La Leyde Costas aporta más seguridad a los chiringuitos en cuanto a plazos y condiciones de la concesión, exigiéndoles asimismo más en términos de ordenación y cuidado de las playas. Por eso, el Reglamento establece criterios que compatibilicen la protección de la costa con el servicio público, y se restringe más su instalación en las playas naturales.

Además, el Reglamento, atendiendo al mandato legal, concreta el concepto de dominio público marítimo-terrestre, en particular el concepto de playa y de alcance de las olas. Para ello, establece una serie de criterios técnicos y objetivos que van a permitir saber a los ciudadanos, por primera vez, cuál debe ser la línea de deslinde y su aplicación uniforme en el conjunto del territorio.

INCORPORA RECOMENDACIONES DEFENSOR DEL PUEBLO

En este Reglamento se han incorporado las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo, en línea con los objetivos de la reforma de la Ley para proteger mejor los recursos naturales del litoral y dar más seguridad y participación a los ciudadanos y más transparencia a la actuación administrativa.

Así, tras estudiar las recomendaciones y sugerencias aportadas por el Defensor del Pueblo, el Ministerio valoró su indudable interés para la mejora de la protección del litoral y para enriquecer el texto normativo, por lo que las ha tenido en cuenta en los trabajos de revisión del Reglamento.

Entre las sugerencias del Defensor del Pueblo que se han incorporado en el Reglamento en los términos recomendados por la institución se encuentra la definición de la zona marítimo-terrestre con criterios exclusivamente físico-morfológicos y científicos y sin consideraciones de otra naturaleza; establecer de forma clara la obligación de reparar el espacio costero cuando resulte perjudicado; o garantizarla participación pública durante el proceso de elaboración del Reglamento.

También se propuso que la autorización de publicidadno suponga alteración del paisaje, ruido o pantallas visuales, e instóaque cuando se celebren eventos de interés general en las playas en que estén permitidos se aseguren las medidas preventivas y de restitución, aspectos que también se recogen en el nuevo Reglamento.

1) Aprobar el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de unos cuatrocientos setenta y seis (476) metros de la margen izquierda de la ría de Villaviciosa comprendido entre el club de piraguas “El Gaiteru” hasta el inicio del club “Albatros”, en el término municipal de Villaviciosa (Asturias), según se define en los planos fechados el 25 de septiembre de 2012.BOE-B-2014-915

2) Aprobar el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos cuatro mil ochocientos treinta y ocho (4.838) metros, comprendido entre los ríos Anna (incluido) y Mijares (excluido), en el término municipal de Burriana (Castellón), según se define en los planos que se integran en el proyecto y que están fechados el 31 de octubre de 2012 y firmados por el Jefe del Servicio de Gestión del Dominio Público y la Jefe del Servicio Provincial de Costas en Castellón. =BOE-B-2014-914

3) Aprobar el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos siete mil ciento setenta y seis (7.176) metros de longitud, correspondiente al tramo Norte, comprendido entre el límite con el término municipal de Elche y el puerto de Santa Pola (excluido), en el término municipal de Santa Pola (Alicante) según se define en los planos de al colección de escala 1/1000 fechados en octubre de 2012 y firmados por el Jefe de la Sección Técnica de Gestión del Dominio Público Marítimo-Terrestre y por la Jefa del Servicio Provincial de Costas en Alicante, salvo el numerado 7 que está fechado en junio de 2013 y firmado por el Jefe de la Sección Técnica y el Jefe del Servicio de Gestión del Dominio Público. B-2014-913

4) Aprobar el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos dieciocho mil setecientos treinta y seis (18.736) metros de longitud, correspondiente a la totalidad del término municipal de El Campello (Alicante), según se define en los planos de la colección de escala 1/1000 fechados en octubre de 2012 y firmados por el Jefe de la Sección Técnica de Gestión del Dominio Público Marítimo-Terrestre y por la Jefa del Servicio Provincial de Costas en Alicante salvo los numerados 13, 17 y 24, que están fechados en junio de 2013 y firmados por el Jefe de la Sección Técnica y el Jefe del Servicio de Gestión del Dominio Público. BOE-B-2014-912

•— Disposiciones publicadas en el BOE:

1.Título:Recurso de inconstitucionalidad n.º 4906-2013, contra el artículo primero, apartados 2, 11, 12, 18 y 38, y la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.Departamento:Tribunal ConstitucionalPublicación:BOE nº 250 de 18/10/2013, p. 84911 a 84911 (1 página)
Ver documento: BOE-A-2013-10905

2.Título:Recurso de inconstitucionalidad n.º 5009-2013, contra diversos artículos y disposiciones de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.Departamento:Tribunal ConstitucionalPublicación:BOE nº 250 de 18/10/2013, p. 84912 a 84912 (1 página)
Ver documento: BOE-A-2013-10906

3.Título:Recurso de inconstitucionalidad n.º 5012-2013, contra el artículo 1, apartados 2, 3, 10, 11, 12, 39, 40 y 41; el artículo 2; las disposiciones adicionales 2ª, 4ª.1, 5ª, 6ª, 7ª y 9ª; disposición transitoria 1ª y el anexo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.Departamento:Tribunal ConstitucionalPublicación:BOE nº 250 de 18/10/2013, p. 84913 a 84913 (1 página)
Ver documento: BOE-A-2013-10907
4.Título:Recurso de inconstitucionalidad n.º 5020-2013, contra el artículo primero, apartados ocho, subapartado 3; treinta y nueve, subapartado 5; cuarenta, subapartado 3; y cuarenta y uno de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.Departamento:Tribunal ConstitucionalPublicación:BOE nº 250 de 18/10/2013, p. 84914 a 84914 (1 página)
Ver documento: BOE-A-2013-10908
5.Recurso de inconstitucionalidad n.º 4912-2013, contra el artículo primero, apartados 12, 16, 38 y 41, y la disposición adicional octava, apartado 2, de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Ver documento: BOE-A-2013-11443

4 de octubre a las 18,30 h y el domingo 6 de octubre a las 13,30 h

El escarabajo verde – Hasta que llegue el derribo

• El escarabajo verde – Hasta que llegue el derribo

Hace unos meses el gobierno aprobó la reforma de la Ley de Costas. Una modificación legislativa que ha suscitado muchas críticas por parte de las organizaciones ecologistas porque creen que abre la puerta a la privatización del litoral. Pero además hay más de 30.000 viviendas construidas legalmente antes de la ley de costas, que quedaron en dominio público tras su aplicación. Desde entonces estas familias se hallan en un limbo jurídico: sin propiedad, sin indemnización pero con todas las obligaciones que se derivan de ser dueño de un inmueble.

angelika werthmann
El PE lamenta que Ley de Costas no mejore protección jurídica de viviendas y pide a la Comisión que investigue EUROPA PRESS

Bruselas pide compensaciones justas para los afectados por la antigua Ley de Costas española Periodico EL MUNDO

VIDEO Aprobacion del Informe 2013/09/17 ES peticiones ley de costas 10M

Documento de trabajo DOCUMENTO EN Ingles

AGENDA para el mitin 16 de Agosto sde 2013
ITEM 17 Ref 510.751 DT Report on the Fact-finding visit to Madrid, Spain (21-22.03.2013) – consideration of amendments – approval of the FFV report

Articulo Completo en COSTASMARITIMAS.COM
Anuncia la tele que el PSOE ha formulado recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley de costas, aunque por ahí y por los papeles se explica poco sobre el contenido del recurso en cuestión. Sólo he leído cosas como por ejemplo lo siguiente:

Los socialistas, tal y como explicó su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, a principios del verano, buscan tratar de “para” una norma que únicamente responde a “intereses privados”.

Asimismo, recuerdan que la Constitución apunta que “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo” y los poderes públicos están obligados a hacer un uso “racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente”. Algo que no contemplaría esta norma.

Por otra parte, el PSOE ve arbitraria la decisión de prorrogar 75 años las concesiones en la zona de dominio público, ya que chocaría con las directivas de la Unión Europea.

El PSOE recurre ante el Constitucional 18 preceptos de la Ley de Costas EUROPA PRESS

Además de los socialistas, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias acordó el miércoles presentar también un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas. Desde el Ejecutivo de Javier Fernández se asegura que esta normativa “fomenta las desigualdades, apuesta por la arbitrariedad, antepone los intereses privados y supone además una subordinación intolerable de las competencias autonómicas en las que se inmiscuye de manera totalmente ilegítima”, según recoge ‘El País’.
Asturias recurre la Ley de Costas por “ideológica” y por invadir competencias EL PAIS

Teniendo en cuenta la parquedad de la información, mi punto de vista es que esta maniobra es una pose que obedece a una cuestión supuestamente de coherencia con el posicionamiento de este partido tan obrero y tan español y sobre todo tan socialista. Pero una cosa es la coherencia política y otra el mundo del derecho, que a pesar de que está siendo deshecho por ambos partidos políticos en una labor de demolición lenta pero eficaz, sigue siendo derecho.

En corto: Tal como lo veo, la reforma de la ley de costas es claramente contraria a la Constitución en determinados preceptos, aunque lo que el PSOE ha anunciado por ahí nada tiene que ver con ellos. Esto no quiere decir que las cuestiones a las que me voy a referir no vengan recogidas en su recurso. Quiere decir únicamente que no las he visto en la prensa.
Medio Ambiente defiende la constitucionalidad de la Ley de Costas ante las “críticas a la ligera del PSOE“
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En resumen, yo pienso que lo que ha hecho hoy el partido socialista ha sido cumplir con un ritual que hasta donde sé y por lo que sale en prensa, está vacío de contenido. Ellos van, presentan el recurso y cumplen con el ritual aunque el recurso no tenga fundamento, lo mismo que otros van a misa los domingos y cumplen aunque no se acuerden de qué iba la homilía.
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Dicho esto, yo veo tres motivos de inconstitucionalidad en la ley de reforma de la ley de costas, aunque podría haber más.

Apartado segundo del artículo 119 de la ley de costas (según reforma):

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 67 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, el Delegado del Gobierno, a instancia del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, podrá suspender los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección o que supongan una infracción manifiesta de lo dispuesto en el artículo 25 de la presente Ley.

Sólo con mucha arrogancia es posible colocar un precepto como éste, en especial después de la sentencia 149/91 del Tribunal Constitucional, que como es sabido declaró la nulidad parcial de la ley de costas hecha por el partido socialista debido a que atribuía competencias al Estado en la gestión de la servidumbre de protección. El razonamiento más o menos era el siguiente: La servidumbre de protección es un concepto legal creado ex novo por la ley de costas de 1988 que tiene por finalidad proteger el dominio público de la excesiva presión urbanística. Su antecesora, la servidumbre de salvamento, tenía el propósito de dejar espacios libres para varada de embarcaciones y depósito de náufragos y mercancías en caso de naufragio. El Tribunal Constitucional dijo que la cuestión relativa a la presión urbanística es ordenación del territorio, y la ordenación del territorio es una materia que la Constitución reserva a las CCAA. Por tanto, hubo que reformar esta parte de la ley y por cierto éste es el motivo de que nos encontremos con el lío recurrente de una franja de seis metros desde la ribera del mar que es al mismo tiempo servidumbre de tránsito y de protección, y que está sometida a dos autoridades distintas en cuanto a lo que se puede o no se puede hacer en ella.

Es incomprensible cómo después de esos antecedentes el legislador (o sea, el gobierno, o sea los tres o cuatro ingenieros de costas que en esta materia son los jefes de España) se atreve a volver a atribuir al Estado competencias en la servidumbre de protección. Imagino que el Principado ha formulado recurso por este concepto (entre otros) y yo pienso que es seguro que el TC les dará la razón.

Disposición adicional sexta:

1. Se excluyen del dominio público marítimo-terrestre los terrenos correspondientes a los núcleos de población que se enumeran en el anexo de esta ley, en la extensión que se fija en la planimetría incorporada al propio anexo.

Entiendo que muchas familias han respirado tranquilas después de que les quitaran el muerto de encima mediante este procedimiento, especialmente mis amigos de Moaña, pero esto no significa que el procedimiento sea correcto en derecho. Y no lo es.

La cuestión es simple:

-El artículo 132.2 de la Constitución dicen que la zona marítimo terrestre y las playas son dominio público.

-El artículo 4 de la ley de costas introduce el concepto conocido oficiosamente como “dominio público artificial”, integrado por bienes que son demaniales por ministerio de la ley aunque no son dominio público natural o ribera del mar. Por ejemplo, los acantilados, los terrenos que compre el Gobierno para sumarlos al dominio público o aquéllos que hayan perdido su primitivo carácter de zmt o o playa.

-El artículo 18 de la ley de costas establece la posibilidad de desafectación de los bienes que formen parte del dominio público llamado artificial. Quiere esto decir que, respetando el artículo 132.2 de la Constitución, no es posible desafectar bienes de la ribera del mar o dominio público natural.

Pues bien: Lo que hace la disposición adicional sexta de la ley de reforma es decir que determinados bienes son dominio público natural y que aún así “se excluyen del dominio público”. Esto no es algo que pueda hacer el legislador porque es contrario al artículo 132.2 de la Constitución. Es así de simple.

No he dicho hasta ahora ni media palabra de esto para no perjudicar los procesos que en cada caso se hayan abierto para resolver los problemas de esos once núcleos de población. Pero dejadme que exprese ahora este punto de vista exclusivamente técnico que sólo tiene por finalidad clarificar y que ya no puede perjudicar a los interesados puesto que el tema está en manos de esos señores y esas señoras del Tribunal Constitucional, que son muy sabios.

Por lo demás, la disposición adicional sexta violenta con claridad el artículo 14 de la Constitución al establecer un privilegio no justificado frente a otros afectados que, encontrándose en una situación similar, no se han visto beneficiados por tan generosa medida como es la exclusión del dominio público.

De la arbitrariedad de la medida os puede servir de ejemplo la exclusión del casco urbano de Isla Cristina. El área es una península totalmente arenosa que constituye por mandato constitucional ribera del mar en toda su extensión. Los constructores se pusieron quiquos construyendo allí, incluso después de la ley de costas y en parte gracias a unos deslindes muy amables que dejaron fuera del dominio público esos terrenos que eran pura arena. En particular, llamo la atencion sobre el caso de un hotel muy majo construido encima de una arena muy suelta y fluida. Ved este video, que hice con el teléfono móvil que tenía en noviembre de 2008. El mar se encuentra a la derecha, es decir que yo estaba paralelo a la parte de atrás del hotel. Para construirlo se taló un pinar y si queréis saber más, sus propietarios tuvieran tantísima suerte que no solamente el deslinde estaba muy hacia el mar, sino que una gran casualidad hizo que la servidumbre de protección de cien metros terminara justo delante de donde empieza la edificación. También es una buenísima suerte que te dejen quitar los pinos de un bosque litoral y construir un hotel sobre la arena teniendo delante cien metros de materiales sueltos que pese a las imperiosas definiciones del artículo tercero de la ley de costas, NO son dominio público según el deslinde aprobado.
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Disposición adicional cuarta. Deslinde de la isla de Formentera

1. Con carácter excepcional y debido a la especial configuración geológica de la isla de Formentera, respecto de ella se entenderá que queda incluido en el dominio públicio marítimo-terrestre:

a) El espacio de territorio que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde sean sensbiles las mareas, y las mayores olas en los termporales ordinarios en donde no lo sean. A estos efectos, se entiende que son temporales ordinarios los que se han repetido, al menos, en tres ocasiones en los cinco años inmediatamente anteriores al momento en que se inicie el deslinde

b) Las playas, entendiendo por tales las riberas del mar o de las rías formadas por arenales o pedregales en superficie casi plana, con vegetación nula o escasa y característica.

El precepto causa estupor y es bajo mi punto de vista contrario a los artículos 9.3 y 14 de la Constitución. El primero prohibe la arbitrariedad de los poderes públicos. El segundo impide la discriminación.

¿Por qué el precepto incurre en arbitrariedad? En primer lugar porque ni se explican ni posiblemente existan las especiales condiciones geológicas a las que se refiere el apartado primero. En segundo lugar, porque pretender que en una parte de la isla las mareas sean sensibles y en otras no, es equivalente a admitir que en algunos días tontos el sol pueda salir por occidente y ponerse por oriente.

Como he escrito algunas veces ya, el famoso Vladimir Ilich Ulianov, escribió que una cosa es equivocarse al decir que dos y dos son igual a cinco y otra muy distinta equivocarse pretendiendo que dos y dos son igual a una zapatilla (en realidad él habló de un candelabro). Aquí estaríamos ante la zapatilla si no fuera porque esto no es un error, sino una burrería intencionada de quien hace como que no sabe ni geografía, ni geología, ni de mareas, ni de nada, aunque de lo que no sabe realmente es de decencia.

Cierto: Hace falta tener la cara muy dura para pretender lo que pretende el precepto. Todos loa navegantes, todos los prácticos de puerto, todos los pescadores, todos los bañistas, todos los viejos del lugar y todos los estudiantes saben que en el Mediterráneo no son sensibles las mareas y decir lo contrario en una ley es indicativo de que en España hemos llegado a un nivel sin precedentes de degradación de la vida pública.

¿Sabéis cuál es la consecuencia? En el Mediterráneo el nivel del mar puede subir como consecuencia de las mareas apenas unos centímetros. Pues bien: Donde el gobierno quiera, declarará que allí las mareas son sensibles, y entonces el dominio público tendrá una amplitud de centímetros. Sí: Centímetros. Alguien creo yo que saldrá beneficiado ¿No pensáis igual?

Por lo demás, es claro que el precepto lesiona el derecho de igualdad no sólo al introducir el invento de las mareas, sino también al definir la playa de acuerdo con la ley de costas de 1969, es decir, no incluyendo los campos dunares. El resto de los españoles no tienen esa suerte.

Así que veis cómo entre unos y otros nos marean y hacen lo que quieren con nosotros. Primero tocaba jugar al juego de fingir que se reformaba la ley de costas para beneficiar a los ciudadanos. Ahora jugamos al juego de estar indignados por los agravios al medio ambiente. Unos hacen una ley de reforma que no pasaría un control de calidad si lo hubiera. Los otros se apuntan a los tópicos para salir en la prensa. Unos y otros fingen rigor y seriedad para seguir arriba, haciendo lo que hacen y viviendo como viven.

José Ortega

La nueva ley del litoral es el bálsamo de fierabrás para unos y la oportunidad perdida de salvar los núcleos costeros canarios para otros.
FUENTE Canarias Ahora
El efecto inmediato de la reforma de la Ley de Costas ha sido generar más confusión aún sobre una legislación muy complicada que durante los últimos años ha dado lugar a auténticos quebraderos de cabeza entre los miles de propietarios afectados. El derribo de la treintena de viviendas de Cho Vito en Tenerife supuso un punto de inflexión y muchos tomaron conciencia de que no se estaba hablando de una simple línea dibujada sobre el papel. Desde hace tiempo fuerzas políticas e instituciones asumieron que el texto tenía que ser reformado e incluir algunas particularidades.

Por ejemplo, en la nueva Ley se recoge a Formentera de manera singularizada y también se contienen algunas referencias a Galicia. Pero en el caso de Canarias, lo cierto, es que habrá que buscar entre los recovecos del texto legal para poder salvar los múltiples caseríos cuyo futuro está en el aire. Los afectados por esta Ley calculan que hay 130.000 canarios que viven en casas situadas dentro de dominio público, de los que el Gobierno central estima que podrán salvarse algo menos de la mitad, unos 60.000. Hasta ahora a las viviendas afectadas se le imponían determinadas restricciones que básicamente consistían en meterlas en el cajón de sastre que supone el régimen de fuera de ordenación. De esta manera su valor catastral es mínimo y se limita la ejecución de obras hasta el punto de sólo permitirse las de simple conservación y bajo ningún concepto de ampliación. Pero en caso de que se vaya a ejecutar algún proyecto de interés general, como por ejemplo un paseo, se da vía libre al derribo sin demasiadas contemplaciones.

Las modificaciones introducidas apuntan a una mayor flexibilidad para reducir la zona de servidumbre de 100 a 20 metros, como se venía pidiendo incesantemente desde los principales núcleos afectados. Pero se incluyen nuevos criterios como es que los ayuntamientos o cualquier otra administración urbanística podrá facilitar los requisitos para que los asentamientos queden fuera de los rigores de la ley. A parte de las exigencias ya requeridas para considerarlas suelos urbanos antes de 1988, como que contasen con alcantarillado, abastecimiento de agua, luz, acceso rodado o aceras, ahora se introduce otro criterio. Y es básicamente que los ayuntamientos o el Gobierno de Canarias deben demostrar que antes de 1988 se había construido un tercio de los poblados. Un requisito que otorga un margen bastante amplio para garantizar su supervivencia. Desde ahora se ha dado un plazo de tres meses a los ayuntamientos y al ejecutivo autónomo para que inicien los trámites con el fin de salvar estos núcleos, mientras que el Estado dispondrá luego de un año y medio más para tomar su decisión final. Por ejemplo, se da por seguro que los asentamientos de Anaga en Santa Cruz de Tenerife, como son Roque Bermejo, Tachero, Almáciga o Igueste de San Andrés, donde viven más de 1.500 vecinos, podrán salvarse.
La visión de la diputada regional del Partido Popular (PP), Cristina Tavío sobre el resultado de esta modificación es casi exultante. “Dieciocho meses de Gobierno del PP han bastado para acabar con más de veinte años de incertidumbre sobre nuestros núcleos costeros“, señala. La también concejal en la capital tinerfeña trasladó personalmente la buena nueva a los vecinos de Anaga con los que se reunió recientemente. Pero la diputada cree que lo mismo ocurrirá con casi la totalidad de los núcleos de todo el Archipiélago. El PP sostiene que más de 15.000 viviendas podrán regularizarse en Canarias a través de un trámite que desde este partido se considera “sencillo y jurídicamente seguro”. El Gobierno no lo ve así y ha anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.
La diputada concluye que la tarea “no ha sido sencilla, y ahora que la reforma ha sido ratificada por las Cortes se puede asegurar que efectivamente ha habido momentos complicados durante su tramitación”. Las dificultades en el caso de Canarias se deben, según Tavío, a que el 80% del suelo de las islas no tiene actualizado su planeamiento y además acusa al Gobierno canario de “no haber sido capaz de catalogar, censar o delimitar nuestros poblados costeros de la forma debida”. Este paso, a su juicio, hubiese facilitado una solución más concreta como ha ocurrido con otros enclaves del litoral peninsular y balear. “Comprendo que después de todo este tiempo formaciones como el PSOE y CC se nieguen a aplaudir la reforma, pues el reconocimiento de la solución implicaría la admisión de su responsabilidad en la generación del problema. Sin embargo, no puedo entender que se empeñen en el error, y continúen sembrando la confusión y prologando una angustia que dura ya 25 años a las familias afectadas“, indica la representante del PP.
El abogado de la Plataforma nacional en contra de esta ley, José Ortega no es desde luego tan optimista. Cree que en realidad lo ocurrido es que se viene a reconocer que la aplicación de la norma efectivamente ha originado múltiples problemas. La principal novedad de la modificación, bajo su punto de vista, es la mayor facilidad para proceder a la reducción de la zona de servidumbre de 100 a 20 metros. “Se quiere dar una segunda oportunidad a estos caseríos y me parece razonable”, dice el abogado quien considera que tampoco se va a ver afectado el medio ambiente ya que se tratan de tramos ocupados desde hace años. “Esa parte sí me parece interesante pero no hemos tenido igual suerte con otros determinantes”, entre ellos los criterios para determinar el alcance de los temporales, lo que es conocido como la última ola. En la Península para calcular esta zona de dominio público se encargan estudios pero en Canarias generalmente se ha hecho a través de decisiones de los técnicos. En el primer borrador se indicaba que eran necesarios al menos diez temporales durante otros tantos años para poder acreditar la zona de afección. “Sin embargo, aquí alguien dio un puñetazo sobre la mesa y no se incluyó en la ley”, apunta. El abogado indica que cabe la posibilidad de que cuando se publiquen los reglamentos, “habrá que revisar uno por uno todos los deslindes realizados en Canarias” durante los últimos 25 años. Una especie de esfuerzo inútil al mejor estilo de un Sísifo condenado a subir y bajar eternamente la misma piedra por una montaña o Penélope descosiendo por la noche lo que había tejido por la mañana.
En cualquier caso Ortega considera que en todo este proceso van a participar los mismos técnicos que hasta ahora han condenado a algunos caseríos canarios, “con lo cual no sé si en realidad el resultado final va a ser muy gratificante para los vecinos”. La reforma contempla también la posibilidad de salvar viviendas cuando invadan el primer deslinde si están inscritas en el Registro de la Propiedad o existe algún otro documento que permita obtener un derecho a la concesión. “Sin embargo, todo esto es muy poco probable que ocurra en Canarias porque hay mucha gente que no tiene escritura. La solución en teoría podría ser buena para impedir los derribos pero en la práctica no servirá para nada”. Sobre el papel fundamental que se da a los ayuntamientos o al Gobierno de Canarias para demostrar la consolidación de estos núcleos, el abogado, indica que el problema real es que casi ninguno está delimitado.
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2013/07/09 La Comisión Europea avisa de que vigilará el desarrollo de nueva la Ley de Costas EUROPA PRESS

REFORMA LEY DE COSTAS 2013 (Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas) entra en vigor hoy

Ante la aprobación de la reforma de la ley de costas, la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas desea dejar constancia de su decepción ante el contenido de la reforma y de su temor de que la misma pueda convertirse en una herramienta de arbitrariedad aún más marcada que lo que hemos visto hasta la fecha.

Las definiciones de dominio público se mantienen inalterables y el régimen de compensaciones se transforma en un desastre al romperse la seguridad jurídica de la pobre pero cierta indemnización de la disposición transitoria primera de la ley de 1988, cuando garantizaba el disfrute de los inmuebles por un periodo global de sesenta años. A partir de ahora la prórroga de las concesiones será por el periodo que desee el funcionario de turno, con posibilidad de tramos más cortos prorrogables a su vez, a fin de facilitar un rescate barato o gratuito, lo que se resume en una expropiación sin indemnización.

También sienta la reforma las bases de una expropiación sin indemnización cuando establece que caducará todo derecho de ocupación cuando el mar se aproxime peligrosamente a las viviendas, lo que sucede como consecuencia del efecto sombra de los puertos y por tanto por culpa de la mano del hombre, y no por el cambio climático, como se pretende.

No es cierto que con esta ley se solvente el problema de los derribos masivos de concesiones anteriores a 1988, previsto para 2018. El precepto de la ley de costas original que prohibe la prórroga de concesiones que se opongan a las prescripciones de la misma no se reforma y estas concesiones para vivienda, otorgadas en la República, son efectivamente contrarias a la ley, por lo que no se podrán prorrogar.

La Plataforma tendrá que seguir luchando en defensa de los derechos y la dignidad de las víctimas.

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Con alusión a las deficientes compensaciones por la privación de la propiedad, el incremento de inseguridad jurídica, los efectos de la erosión marina sobre los derechos de los afectados, las novedad de que serán los vecinos quienes paguen los paseos marítimos, el despiste en relación con la pretendida reducción de la servidumbre de protección y el engaño a los titulares de concesiones otorgadas en la República y en la postguerra civil sobre la posibilidad de que sus concesiones sean renovadas.

Nuestra Plataforma que agrupa asociaciones de afectados por la Ley de Costas de 1988 ante la campaña que se ha desatado acerca de la propuesta de una nueva ley de costas, queremos manifestar a la opinión pública:

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1º) La Ley de Costas de 1988 se aplicó de forma arbitraria y con carácter retroactivo sobre miles de viviendas que se habían adquirido de forma legal en base a la normativa anterior, y que llevó a que pasaran a formar parte del dominio público marítimo terrestre cuando antes no estaban. Esto es lo que ha generado el problema de inseguridad jurídica que se ha denunciado.

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2º) Los deslindes practicados sobre zonas que ya se habían deslindado con anterioridad, realizados de forma arbitraria hicieron perder la propiedad a miles de ciudadanos europeos sin que se les compensase de ninguna forma por dicha pérdida de propiedad.

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3º) La denuncia que la Plataforma Nacional llevó al Parlamento Europeo hizo que este pidiera al Gobierno español que rectificara y diera una solución adecuada a las demandas de los ciudadanos a los que se les había “quitado” sus propiedad.

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4º) La reforma actualmente en discusión es EN TEORÍA un intento de solucionar estos casos de viviendas que eran legales antes de la ley de 1988. Sin embargo PARA CONFUNDIR A LA OPINION PUBLICA se intenta achacar la reforma a intereses especulativos sobre la costa, silenciando la situación de los miles de vecinos que han perdido su propiedad.

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5º) Las asociaciones de nuestra Plataforma nacional nunca hemos negado que el Gobierno tenga el derecho de llevar a cabo una política que consista en eliminar viviendas de la costa que con la perspectiva actual se considere que no “deberían” haberse construido. Lo que defendemos es que se compense adecuadamente a los propietarios tal y como recomienda el mismo parlamento europeo, entendiendo que un régimen de concesiones es totalmente insuficiente.

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6º) LA PROPUESTA DE REFORMA PESE A la campaña de demagogia y mentiras que los redactores y defensores de LA LEY VIGENTE,que tantos problemas ha generado sin evitar que desde 1988 se haya construido en la costa mas que en ningún otro período, nos tememos no va a solucionar las situaciones de los miles de afectados que LLEVAMOS mas de 25 años luchando en todos los ámbitos por NUESTROS derechos, puesto que no permite el principio básico de volver a hacer legal aquello que dejó de serlo por la aplicación de una nueva ley.

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7º) Las soluciones particulares para un grupo selecto de casos elegidos arbitrariamente nos repelen profundamente puesto que de nuevo indican que no todos somos iguales ante la ley y que tener padrinos e influencias sigue siendo la vía para arreglar “lo de cada cual” en este país.

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8º) Luchamos por una nueva ley de costas, igual para todos, que permita devolver las propiedades legales a los que se las quitaron porque se les aplicó una ley posterior, que restituya la confianza de los ciudadanos europeos en que en este pais no se aplican leyes con caracter retroactivo y les de seguridad en la adquisicion de sus viviendas, que proteja la costa y que fuerce a los Gobiernos a disponer de los recursos economicos necesarios para llevar a cabo los procesos de expropiacion que se consideren necesarios ante las supuestas amenazas del cambio climático.

José Ortega Ortega ABOGADO
Portavoz de la PNALC.

FUENTE Costas Maritimas entrada entera
En apariencia, la prórroga de concesiones por 75 años era una especie de lotería que les había tocado a estos ciudadanos amenazados y angustiados, pero no va a ser tan fácil, o directamente no va a ser.

Por encima de la propaganda de los medios de comunicación oficiales, la realidad es que no va a haber prórroga por 75 años. Según el artículo 2 de la ley de reforma que está a punto de aprobarse, la cosa será así:

-Las concesiones en vigor podrán prorrogarse, pero podrán significa podrán, no deberán. Esto implica que podéis pedir la prórroga y os la pueden denegar.

-Las concesiones podrán prorrogarse por un periodo de hasta 75 años. Esto significa que no hay nada de un derecho previo a prórroga de 75 años. En el supuesto de que el funcionario público decida ir adelante con la prórroga, ésta será por el tiempo que le parezca, es decir, treinta, veinte, diez, cinco o tres años. Esto sólo servirá para prolongar la angustia de vuestras familias.

-Estas concesiones prorrogadas se podrán otorgar por plazos inferiores prorrogables a su vez. Por ejemplo, si os dan veinte años, se podrá otorgar en cuatro plazos de cinco cada uno. Como ya he detallado en informes anteriores, la finalidad escondida en este mecanismo es un puro fraude orientado a rescatar las concesiones por nada. Ellos dicen que necesitan el espacio para una obra pública y ponen en marcha el rescate. El precio que os tendrán que pagar está en función del tiempo que quede para el fin de la concesión, por lo que si deciden el rescate en el tercer año del primer plazo de la prórroga, sólo quedarán dos y sólo se pagará por dos. Pero si quieren que les salga aún más barato, esperarán a que se cumpla el primer plazo de cinco años y simplemente os dirán que no hay ni más prórrogas ni dinero ni nada. Sólo un desahucio y adiós muy buenas.

Esto ya apunta a un panorama poco apetitoso, pero si os parece, y sobre todo si me perdonáis, os voy a dar la puntilla: El artículo 32 de la ley de costas no se reforma ¿Sabéis qué significa esto? Que para vosotros, en teoría no puede haber nada de nada. Ni prórroga ni nada que se le parezca.
Artículo 32 LC:

“Únicamente se podrá permitir la ocupación del dominio público marítimo-terrestre para aquellas actividades o instalaciones que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación”.

El motivo de que vuestras concesiones debieran terminar en 2018 (teóricamente) es que los usos residenciales están prohibidos en el dominio público, y lo están en base al anterior precepto, que no cambia. Quiere esto decir que vuestras viviendas en el dominio público no se ajustaban a la ley sin reformar pero tampoco a la ley reformada.

¿Queréis leer algo aún más preocupante, dramático y terrible? ¿Sí…? De acuerdo. Ahí va:

Disposición transitoria sexta, apartado primero, de la vigente ley de costas:

“En ningún caso podrá otorgarse prórroga del plazo de concesión existente a la entrada en vigor de esta Ley en condiciones que se opongan a lo establecido en la misma o en las disposiciones que la desarrollen”.

¿Creeis que esta disposición ha sido objeto de reforma, o pensáis más bien que sigue igual?

Habéis acertado: Sigue igual, porque los mismos políticos que os están regalando los oídos repitiendo que ya por fin hay seguridad y garantías y prçorrogas, han decidido NO reformar aquella norma prohibitiva. Vuestras concesiones no se pueden prorrogar. Todo esto es una gran operación de marketing político, de propaganda, de engaño y de manipulación para vender una reforma a favor de los ciudadanos afectados cuando su finalidad es bien distinta.
Cuando vayáis a pedirle al Jefe de Costas la prórroga de vuestra concesión conforme al artículo 2 de la ley de reforma, veréis lo que os dice. Os dirá que no y se quedará tan tranquilo y además podrá hacerlo porque tendrá razón. Entonces podréis ir al Ministro a preguntarle, a ver si tenéis suerte y os recibe. En este momento habrá pasado ya todo el efecto mediático que tenía que pasar por encima de la sociedad para hacerla creer que los poderes públicos habían hecho algo por vosotros.

Anoche en la cadena SER, el Secretario de Estado, a quien se atribuye la paternidad de esta reforma, dijo que era un remedio contra el grave problema de que pasados treinta años se acababa el plazo de concesión, y que gracias a los cambios iban a dar la prórroga y tal. Pues ya veis lo que vais a recibir: Nada. Y si alguien se vuelve loco y otorga la prórroga para maquillar un poco la cosa, lo que tendréis será un problema sin fin, con esas prorrogas y ese sinvivir ya para siempre, o hasta que vengan los operarios y os tiren la casa al suelo.

José Ortega

Abogado

,FUENTE -Costas Maritimas entrada completa,
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Hace tiempo que vengo advirtiendo a algunos colectivos del pacto de silencio existente entre el mar y la Dirección General de Costas para arruinar sus viviendas y por lo tanto sus vidas. Ejemplo canónico, Arenales del Sol. Pero la cosa se extiende a otros ámbitos, como La Casbah, Playa Lisa, playas del Norte de Denia, Marenyet, El Brosquil y un largo largo etcétera. El pacto es el siguiente:

Pues que los de Costas decidieron hace tiempo no hacer nada, absoluta y totalmente nada, por mantener el equilibrio de las playas donde existieran ocupaciones a su juicio ilegales, o a su juicio no bienvenidas. Entre ellas se encuentran las que he mencionado y muchas más. El efecto sombra de los puertos, sistemáticamente denegado por los responsables, está creando una erosión galopante y los ingenieros de costas oscilan entre no hacer nada y denegar las obras que les piden angustiosamente los vecinos. Están esperando a que llegue el mar para que haya que evacuar las viviendas por razones de seguridad y por lo tanto para que desaparezcan las ocupaciones sin necesidad de compensación a los exiliados, puesto que lo son por un hecho de Dios, no por actos de los funcionarios. Esto tiene un nombre, o quizá dos. A la primera de cambio podíamos llamarle expropiación sin indemnización. Escarbando un poco más, quizá la palabra fraude no vendría mal.

El plan secreto de los Rasputines que (por encima de los Directores y Subdirectores Generales del momento) gobiernan la DGC es dar todas las facilidades para que el mar llegue a los cuartos de estar de las viviendas. Es una actitud pasiva, luego difícil de detectar, pero es. Se percibe por comparación con la diligencia con la que se tratan otros puntos del litoral, como por ejemplo La Bombilla (La Palma) o Punta Larga (Tenerife).

¿Hay algún motivo para que la DGC invierta millones de euros en el empeño de fabricar playas artificiales en rincones de Canarias donde la naturaleza no las quiso poner y que no invierta un céntimo en La Casbah, Arenales del Sol, Playas Norte de Denia y demás familia, donde el mar avanza peligrosamente sobre los cuerpos y las almas de los ciudadanos? Claro que sí. Ellos quieren consumar una expropiación sin indemnización., Pretenden que sea el mar y no ellos, los que expulsen a los vecinos sin un duro y luego echarle la culpa al cambio climático diciendo que hay que ver qué pena.

Cuando redacté mi propuesta de reforma de la ley de costas, incluí un precepto que obligara a la Administración a establecer una jerarquía de preferencias, de manera que hubiera que atender primero a los tramos de costa regresivos y luego, si quedaba dinero, hacer obras faraónicas y de lujo. Un significado ingeniero de costas me dijo que no, que eso no podía ser porque en tal caso iban a quedar atados de pies y manos y no podrían hacer las obras que quisieran. Y esto era lo que yo pretendía, atarlos de pies y manos, pero en nombre de la decencia y para romper su pacto secreto con la bruja Úrsula.

Claro está que en la reforma del gobierno no se puso nada parecido, pero el Senado de nuestra amada Patria acaba de descubrir y hacer explícito el juego al introducir el PP una enmienda que confirma todo esto que yo decía en los últimos años.

Contemplad el esplendor de la norma que acaba de introducir el Senado y que la DGC dentro de poco va a emplear para echar a la gente de sus casas y para verlos cargar los camiones de mudanzas sin recibir un céntimo como indemnización:

Se añade un nuevo artículo 13 ter, que queda redactado del siguiente modo:

«1. La Administración del Estado podrá declarar en situación de regresión grave aquellos tramos del dominio público marítimo-terrestre en los que se verifique un retroceso en la línea de orilla en la longitud e intervalo temporal que se establezca reglamentariamente, de acuerdo con criterios técnicos, siempre que se estime que no puedan recuperar su estado anterior por procesos naturales.

2. En los terrenos declarados en situación de regresión grave no podrá otorgarse ningún nuevo título de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

3. Excepcionalmente y en las zonas en las que no exista riesgo cierto de inundación en los próximos 5 años, la declaración podrá prever que se otorguen derechos de ocupación destinados a servicios públicos acordes con lo establecido en el artículo 32. Estas ocupaciones no podrán otorgarse por un plazo que exceda de cinco años, prorrogables por periodos iguales dentro del máximo previsto en la presente ley.

4. Las construcciones amparadas por un derecho de ocupación, existentes en los terrenos declarados en situación de regresión grave se mantendrán, siempre que el mar no les alcance o exista riesgo cierto de que lo haga, en los términos del apartado anterior. En caso contrario, el derecho de ocupación se extinguirá de acuerdo con lo previsto en el artículo 78.

5. En los terrenos declarados en situación de regresión grave, la Administración del Estado podrá realizar actuaciones de defensa o restauración. En este caso podrá imponer contribuciones especiales de acuerdo con lo previsto en el artículo 87 bis.

6. La declaración de situación de regresión grave se hará por Orden Ministerial, previo informe de la Comunidad Autónoma correspondiente y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», así como en la sede electrónica del Ministerio.

7. Si las circunstancias que motivaron la declaración de situación de regresión grave desaparecieran, por Orden Ministerial se podrá revocar tal declaración, cesando todos sus efectos.»

¿Quiere esto decir que se perderán esas playas? Claro que no: Una vez que los vecinos se hayan ido y las viviendas se hayan convertido en polvo, ya veréis qué pronto regeneran la playa. Qué majo es cuando las cosas te salen gratis.

José Ortega

Abogado

FUENTE José OrtegaABOGADO
Aludo a esta enmienda del PP en el Senado al proyecto de reforma de la ley de costas. El diario EL PAÍS publica hoy un reportaje sobre el particular, que incluye una opinión mía y me están llamando todos los periodistas de nuestra amada Patria. Como la explicación dura entre veinte y treinta minutos, la expongo aquí en la esperanza de que los interesados puedan ejercer el autoservicio.

TEXTO DE LA ENMIENDA:

“Disposición transitoria primera. Aplicación de la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, se podrá instar que el régimen previsto en la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se aplique igualmente a los núcleos o áreas que, a su entrada en vigor, no estuvieran clasificados como suelo urbano pero que, en ese momento, reunieran alguno de los siguientes requisitos:
a) Que contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica.
b) Que estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación, al menos, en un tercio de su superficie.
3. Las Administraciones urbanísticas que ya hayan delimitado o clasificado como suelo urbano a los núcleos o áreas a los que se refiere el apartado primero de esta disposición deberán solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el informe previsto en el apartado segundo de esta disposición en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley. El informe deberá emitirse en el plazo de dieciocho meses desde que haya sido solicitado. En caso de que no se emitiera en este plazo se entenderá que es favorable.

Justificación

Esta enmienda regula con mayor precisión los requisitos necesarios para que los núcleos urbanos no clasificados como tales en 1988, puedan acogerse a la posibilidad de aplicación del régimen de la zona de servidumbre de protección prevista en la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

MI COMENTARIO:

A lo mejor resulta que este bienintencionado intento del PP resulta peor que el problema que trata de resolver por los motivos que a continuación expongo.

Como sabemos, la servidumbre de protección es una limitación para construir o ampliar lo construido en terrenos cuyo carácter privado no se discute. Esta zona tiene una amplitud de cien metros contados a partir del límite interior de la ribera del mar, aunque se admite que excepcionalmente pueda tener sólo veinte para amparar los derechos urbanísticos de quienes ya ostentaban derecho a construir o a mantener o ampliar lo construido.

Para que la servidumbre de protección tenga sólo veinte metros se exige que la zona en cuestión ya hubiera sido calificada como suelo urbano por un instrumento de planeamiento con anterioridad a la ley de costas (de 1988). Pero este mecanismo, que habría sido bueno en un país culto como Suecia, Finlandia o Dinamarca, sirve de poco en el nuestro, donde existen numerosísimos núcleos de población activos, vivos, constitutivos de malla urbana y con servicios urbanísticos, que sin embargo han quedado fuera de ordenación por motivos diversos. Para aliviar este nuevo ejemplo de divorcio entre la España real y la España oficial, el reglamento de costas estableció, en su disposición transitoria novena, apartado tercero, la posibilidad adicional de que una declaración de la autoridad urbanística, al margen del instrumento de planeamiento, fuera suficiente par limitar a veinte metros la servidumbre de protección.

El texto dice lo siguiente:

A los efectos de la aplicación del apartado 1 anterior, sólo se considerará como suelo urbano el que tenga expresamente establecida esta clasificación en los instrumentos de ordenación vigentes en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas, salvo que se trate de áreas urbanas en que la edificación estuviera consolidada o los terrenos dispusieran de los servicios exigidos en la legislación urbanística en la citada fecha y la Administración urbanística competente les hubiera reconocido expresamente ese carácter.

Como vemos, la autoridad urbanística no puede declarar a su gusto y por su capricho que los terrenos ya fueran urbanos, sino bajo ciertas condiciones, que más o menos recrean las del primer texto refundido de la ley del suelo de 1976, es decir, que los terrenos contasen con los servicios urbanísticos o estuviesen consolidados por la edificación.

La autoridad urbanística ha venido haciendo uso repetidamente de la facultad de la anterior disposición transitoria, lo mismo que el Ministerio de Medio Ambiente ha venido haciendo uso de su derecho a no tener en cuenta lo que le decía la Autoridad Urbanística y lo mismo que los Tribunales han venido tumbando una y otra vez esas declaraciones después de mirarlas con lupa y medirlas con piederey. Y por esta vía se ha consolidado esa falta de correspondencia entre las dos Españas y desde luego la incertidumbre de miles de ciudadanos afectados. En esta ensalada no puede faltar el despiste de diversos políticos que especialmente en Canarias estaban convencidos (y siguen) de que la inclusión de determinados núcleos urbanos en la servidumbre de protección iba a llevar consigo su derribo. La última vez que escuché una cosa así fue en unas declaraciones a la cadena SER del alcalde de Yaiza (Lanzarote). La alarma que se causa de esta manera carece de justificación puesto que estos edificios están amparados por las disposiciones transitorias de la ley y no e van a derribar.

Lo que ha pretendido el PP con esta enmienda es establecer un cauce procesal para que la cuestión pueda volver a plantearse. Esto es algo que tiene sentido porque en principio el tema debe quedar decidido con el expediente de deslinde, y éstos están completados en prácticamente toda la costa, de donde la cuestión debería considerarse ya cerrada y se necesita una medida muy drástica (como ésta) para reabrirla

La pregunta es si la solución propuesta es buena y mi opinión es que no. Como en otros detalles de la reforma, a mi parecer la técnica jurídica no está a la altura de la buena intención de los impulsores de la cosa.
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