El consistorio cree que desafectar la franja costera facilitará la gestión municipal de dicho espacio El PP elevará al próximo pleno una moción para solicitar que se busque la la mejor alternativa

18.09.2016 | 13:22

http://www.levante-emv.com/castello/2016/09/18/borriana-pedira-final-ano-costas/1468424.html

CLAUDIA CATALUNYA BORRIANA La problemática generada por el vacío legal existente en la Ley de Costas respecto a los chiringuitos desmontables, como es el caso de los de Bo-rriana, saca nuevamente a la palestra la búsqueda de soluciones de cara a la temporada estival de 2017 y sucesivos ejercicios. En este orden de cosas, cabe recordar que a pocas semanas de finalizar la época veraniega, la Dirección General de Costas obligó a los chiringuitos ubicados en el paseo marítimo de Borriana a desmontar parte de sus infraestructuras, reduciéndolas en un total de 50 metros cuadrados, llegando así a ocupar 150 metros.
Así, para evitar que esta situación se repita en un futuro próximo, el Ayuntamiento de Borriana ha confirmado que solicitarán una serie de nuevos encuentros con los responsables de Costas.
En este aspecto, los máximos responsables municipales del área tienen como objetivo aprovechar dicha sesiones para trasladar al Ministerio de Medio Ambiente la necesidad de desafectar la zona, cuya titularidad se encuentra bajo las dependencias de Costas y el consistorio de la localidad.
Aunque desde el consistorio reconocieron al respecto que a día de hoy esta solicitud no se ha iniciado, desde la Concejalía de Actividades del municipio recordaron que este hecho se debe a que, según el reglamento, «los trámites deben iniciarse durante el último trimestre del año vigente».
Así, confirmaron ayer que antes de que termine este año «se habrán solicitado dichas cuestiones, con el objetivo de contar con un buen margen de reacción en caso de que la respuesta no sea la esperada».
Sin embargo, desde el Partido Popular se considera que el tripartito no está mostrando el interés que debería, por lo que ayer remitieron un escrito en el que confirmaron que elevarán al próximo pleno de la ciudad una moción «en la que se intentará buscar la mejor solución para los chiringuitos de Borriana».
Garantías para los chiringuitos
En ese sentido el portavoz municipal del PP, Juan Fuster, explicó que ante la situación que se ha producido durante este verano, «pensamos que hemos de buscar la mejor solución para que los chiringuitos cuenten con todas las garantías y no tengan que recortar su espacio en plena campaña estival». Ya en su momento, el edil de Actividades a nivel municipal, Bruno Arnandis, indicó que desde Borriana se dio permiso desde el principio para ocupar 150 me-tros cuadrados, tal y como establece la ley.
No obstante, se consideró que «debía prevalecer la legislación establecida por Costas, que hasta ahora permitía instalar hasta 200 metros cuadrados». Y en este punto se generó la problemática, que derivó en la mencionada obligación de reducir el espacio ocupado por las instalaciones si los propietarios de los chiringuitos querían evitar una sanción por parte de Costas.

   

17/09/2016

http://www.vlcnoticias.com/pp-burriana-plantea-al-resto-grupos-buscar-la-mejor-solucion-los-chiringuitos-ante-desinteres-del-tripartito/

Ante la inacción del tripartito, los populares proponen pactar una moción con el resto de grupos para que los chiringuitos puedan mantener el mismo espacio al existir un vacío legal en la Ley de Costas sobre plataformas desmontables

Burriana, 17 de septiembre de 2016: El Partido Popular de Burriana va a elevar al pleno de la ciudad una moción en la que se intentará buscar la mejor solución para los chiringuitos de Burriana, como motor económico que son de la ciudad. El PP, ante el vacío legal que existe en la Ley de Costas respecto a los chiringuitos desmontables, como son los de Burriana, propondrá pactar entre todos los grupos la moción para poder negociar con el Ministerio.

Tal y como ha explicado el portavoz del PP, Juan Fuster, “ante la situación que se ha producido este año, pensamos que hemos de buscar la mejor solución para que los chiringuitos cuenten con todas las garantías y no tengan que recortar su espacio en plena campaña estival”. De hecho, cabe recordar que la falta de gestión del tripartito de Burriana ha provocado que en pleno mes de agosto se haya tenido que recortar un 15% el espacio que ocupaban los chiringuitos

El edil explica que en el caso de Burriana, estos locales suponen un atractivo turístico para la ciudad y un generador de oportunidades que deben contar con el respaldo de la administración local.

A ello se le añade que Fuster ha revelado que la auditoría que el tripartito de Burriana encargó con un coste de 2.178 euros para las arcas municipales ha resultado ser un copia y pega y, lo que es peor, “los miembros del equipo de gobierno ni siquiera se lo había leído como tuvieron que admitir en el pasado pleno”.

Fuster ya criticó en el pleno que nadie del equipo de gobierno informara de la situación a los empresarios de los chiringuitos ni reivindicara un mayor espacio para estos negocios de Burriana.

El líder popular lamenta que “no es posible que Costas advierta a los responsables municipales y que ningún miembro del tripartito informe siquiera a los empresarios y tengan que actuar ante una posible sanción de Costas tras una inspección”.

El edil señala que “ya que se ven incapaces de gestionar, el PP asumimos el compromiso de dialogar y gestionar para llegar a un acuerdo con Costas beneficioso para los chiringuitos”.

   

El grupo apunta que con el dinero de la rehabilitación se podría construir un nuevo hotel que cuente con las medidas exigidas

MARIO ABRIL ELCHE 15/09/2016 – 14:19 CEST
http://cadenaser.com/emisora/2016/09/15/radio_elche/1473941953_859447.html

Podemos Elx se ha mostrado partidario de construir un hotel en Arenales siempre y cuando cumpla con las normas de Costas. El grupo ha recordado que la actual construcción no cuenta con una estructura antisísmica, ni con protección ante incendios y que además se está convirtiendo en un peligro para los vecinos. Podemos Elx aboga por construir un hotel desde cero con el dinero que se piensa invertir en su rehabilitación, en las parcelas habilita-das para este fin y sin impacto ambiental negativo sobre las playas, respetando la regeneración natural de las dunas y favoreciendo la economía local.
El portavoz del grupo, José Vicente Bustamante, ha apuntado que no se puede hacer oídos sordos a las advertencias de inviabilidad del proyecto anteponiendo los intereses particulares, con el pretexto de incentivar el turismo y la economía de la zona.

   

Podemos rechaza la construcción del hotel de Arenales

Posted 20 septiembre, 2016 By cliff_carter

Su secretario, José Vicente Bustamente apuesta por el cumplimiento de la ley de Costas y aconseja al equipo de gobierno que lo hagan en otra zona

15/09/2016 – @TeleElx
http://www.teleelx.es/n169021-Podemos-rechaza-la-construccion-del-hotel-de-Arenales.html

Podemos está en contra de la rehabilitación del viejo Hotel de Arenales situado en primera línea de playa. Su secretario, José Vicente Bustamente, apuesta por el cumplimiento de la ley de Costas y aconseja al equipo de gobierno que si tan importante es este hotel para la pedanía por su turismo, que facilite la construcción desde cero de otro hotel en las parcelas de Arenales que están calificadas para esos usos en el Plan general.

   
El abogado José Ortega afirma que los jueces admitieron como veraz que el flujo y reflujo del mar alcanza cotas distintas en la zona.

El Día, Candelaria

28/08/2016 06:24

http://web.eldia.es/sur/2016-08-28/5-Ortega-acusa-tribunal-omitir-leyes-fisicas-deslinde.htm

 

A

 

En la lucha por salvaguardar sus cuevas-casa, los vecinos de Bajo la Cuesta (Candelaria) se enfrentas a decisiones judiciales que su abogado, José Ortega, considera inexplicables. El deslinde marítimo terrestre respaldado por los tribunales “no solo es erróneo, sino imposible por oponerse a las leyes de la física”, asegura antes de afirmar que los jueces “ignoraron que es imposible que el espacio bañado por el mar en su flujo y reflujo alcance cotas distintas en distintos puntos, puesto que el agua es un fluido”. Al mismo tiempo, “es igualmente imposible que ese espacio bañado por el mar quede fijado hasta 30 metros por encima de la propia marea alta”.

La sentencia de la Audiencia Provincial “se limita a ignorar este argumento” e incurre en “varias incoherencias internas”, como afirmar que en la zona nunca existió una berma natural y lo contrario algo más adelante. Además, “la inmensa mayoría de las pruebas practicadas no es estudiada ni valorada en la sentencia”, indica el letrado aludiendo al informe pericial emitido por un geólogo y solicitado a la jueza por el propio abogado del Estado para que se hicieran sondeos en la berma y comprobar así si su superficie original de encontraba por encima de la marea. “El resultado de la prueba, como el resto de las no estudiadas, favorecía a los vecinos”.Para José Ortega, “nos encontramos ante un caso que merece ser recogido en el libro Guiness al ser las primeras sentencias que violan no una ley de las Cortes, sino una ley de la física”.
   

12/09/16
LA MARINA PLAZA

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La promotora proyecta en la playa del Blay Beach 19 apartamentos y un paseo marítimo pese a tratarse, según los residentes, de uno de los tramos «más castigados y erosionados de Les Marines», donde el mar se cuela cada invierno en pasillos y parcelas.Los propietarios temen que se abra la puerta a nuevas edificaciones en una zona donde en la actualidad sólo hay tres chalés «y un buen número de pinos»

El ayuntamiento está a la espera de las autorizaciones del Gobierno y la Generalitat antes de conceder las licencias. Una vez pasado lo más duro de la crisis, la vieja batalla por el urbanismo ha regresado a Dénia. Vecinos de Les Marines se están organizando contra el proyecto residencial de Las Olas que se quiere levantar en primera línea de playa, a la altura del kilómetro 2,5 de la carretera de esa franja litoral. Lo de primera línea no es exagerado: de hecho, la nueva urbanización se ubicaría en la playa del Blay Beach que cada año pierde prácticamente toda su arena, con lo que las olas del mar, en cuanto llega el primer temporal de invierno, se introducen en las parcelas unifamiliares y los caminos públicos que existen ahora allí. Y eso obliga a invertir antes de cada temporada miles de euros para regenerar de nuevo este tramo con costa con miles de nuevas toneladas de arena, según recordó el portavoz de los residentes, José Morillas.

De ahí que los vecinos del entorno denuncien no comprender las razones por las que se va a instalar un complejo de 20 metros de altura y 19 viviendas «en uno de los tramos más erosionados y castigados» del litoral de Dénia, junto a «una playa tan delicada y hasta ahora poco urbanizada». De hecho, en las parcelas afectadas, donde crece un buen número de pinos, se encuentran hasta ahora sólo  tres chalés.

Morillas añadió que al proyecto se oponen por el momento los residentes de una urbanización colindante, El Retiro, si bien ya han contactado con otros propietarios de la zona para formar una plataforma cívica con la que «llegaremos a donde haga falta para impedir esta aberración». En este sentido, ya se han reunido con el ayuntamiento, al que han entregado una nota de protesta en la que le advierten de que «las dimensiones y la ocupación de suelo del proyecto va totalmente en contra del espíritu de la Ley de Costas. Piensan apelar también al Gobierno Valenciano, al Central y a Europa.

Un paseo marítimo que conectaría todas las parcelas

El debate no gira sólo en torno a casas. A esta comunidad de propietarios le inquieta además que el promotor del nuevo residencial, la empresa Sun Valle 2000, quiera construir en este tramo de playa «tan herido» un paseo marítimo de 200 metros de largo y seis de ancho (en una playa de 10 kilómetros). Ese paseo delimitaría y conectaría así las siete parcelas hacia el mar del entorno «abriendo paso a posibilidad de nuevas altas edificaciones en esta frágil franja de playa».

Según las previsiones, el paseo marítimo arrancaría delante del futuro Residencial Las Olas en el extremo noroeste de este tramo erosionado y llegará hasta un punto a 200 metros de distancia en el sureste. El paseo afectará a la playa y a la zona de servidumbre que se encuentra en las parcelas privadas, ambas protegidas por la Ley de Costas. Por lo tanto la construcción de este paseo depende ahora del permiso de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente», organismo ante el que los vecinos también han alegado alertando de que «consideramos que este proyecto no aporta ningún beneficio ni protección a la playa y muy al contrario va a aumentar la presión urbanística».

En el caso del proyecto Residencial Las Olas falta igualmente el permiso de Costas para la parte de las obras que afectan a la servidumbre de protección, sometida a las limitaciones impuestas por este organismo. Al respecto, en esta zona tan erosionada del litoral esa sevidumbre fue reducida a petición del anterior gobierno municipal de los 100 metros generales a los 20 metros. Pero el deslinde es todavía provisional y depende de resolución definitiva.

«Salvar la maravillosa playa de Dénia»

Según los vecinos, actualmente el Ayuntamiento de Dénia está a la espera de las decisiones de Costas para conceder las licencias de obras pertinentes. No obstante la promotora ya ha anunciado el inicio inminente de las obras. Los vecinos de la Comunidad Retiro subrayan en sus alegaciones comunicadas tanto al Ayuntamiento de Dénia como a Costas que no se oponen a un «desarrollo responsable en este tramo del litoral, pero que debe ser sostenible y respetuoso con el medio ambiente y con los objetivos de la Ley de Costas».

Por ello piden tener en cuenta la delicada situación de esta playa, considerada en un informe del Ministerio de Medio Ambiente de 2015 «en un estado de grave deterioro» que de hecho requiere actuaciones de defensa «de alta prioridad para evitar su regresión». Los vecinos esgrimen ese dictamen para exigir «la máxima protección posible en la zona: nuestro motivo es conservar y salvar la maravillosa playa de Dénia y no repetir los errores del pasado cuando se ha construido en todo el litoral sin miramientos».

Por fin, recuerdan que la preservación de estas zonas marítimo-terrestres está defendida en la Constitución y denuncian que el proyecto no se atiene al Protocolo Relativo a la Gestión Integrada de las Zonas Costeras del Mediterráneo firmado por España en 2011. Ese documento recoge la necesidad de reducir la construcción en primeras líneas de playa, sobre todo si se hallan en regresión, y actuar en las mismas «por encima de intereses particulares».
La concejala de Urbanismo, la socialista Maria Josep Ripoll, señaló a este diario que ahora mismo deben cumplirse dos trámites administrativos: en cuanto a la promoción de los apartamentos, debe pronunciarse el departamento de Costas de la Generalitat Valenciana toda vez que esta construcción afecta a la zona de servidumbre. Y en lo que respecta al paseo marítimo, al planificarse en dominio público marítimo-terrestre y afectar a la zona de tránsito, es competencia del área de Costas que en este caso depende del Estado. Una vez que ambos organismos se pronuncien, el ayuntamiento decidirá.

Y si ambos estamentos en Madrid y Valencia aprueban las dos iniciativas, el consistorio deberá dar las licencias ya que según Ripoll, estos permisos municipales son «actos administrativos» que no pueden ir en contra de esos dictámenes. La concejala señaló que se ha reunido con los vecinos y mostró comprensión ante su postura «ya que a nadie le gusta que le edifiquen delante de casa». Además, garantizó que en cualquier caso no se obstruirá ningún acceso al mar, una posibilidad que según la regidora inquietaba mucho a los residentes.

   

08/09/2016
INFOLACOSTADIGITAL

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Así lo ha anunciado José Fiscal, quien ha informado en el pleno del Parlamento de las acciones del Gobierno andaluz en esta materia tras la sentencia del Tribunal Supremo.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha reiterado en el Parlamento que, tras la sentencia del Tribunal Supremo, no se va a paralizar ningún expediente relativo a las concesiones de chiringuitos y que los servicios técnicos y jurídicos de la Junta ya barajan alternativas que solventarán la cuestión dentro de la legalidad vigente.

Según Fiscal, se debe dar la máxima seguridad a estas concesiones para que puedan ser explotadas con todas las garantías jurídicas. “Todos queremos que los chiringuitos sigan siendo un atractivo más de nuestras costas, así como una importante fuente de empleo”, ha apuntado en su intervención.

El pasado mes de julio, el Tribunal Supremo estimó el recurso de una particular y anuló la Disposición transitoria vigesimosexta del Real Decreto 876/2014, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, donde se reconoce el derecho de preferencia en el otorgamiento de concesiones a quienes, cuando entró en vigor la Ley de Costas de 2013, tuvieran su actividad o instalación abierta. Según la sentencia, ello vulnera los principios de igualdad de trato, proporcionalidad y jerarquía normativa.

En este sentido, el titular de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha añadido que, desde que se tuvo conocimiento de la sentencia, el gabinete jurídico y los servicios técnicos de la Consejería no han perdido ni un instante para que, conjuntamente con el sector, se creara un grupo de trabajo que analizase la situación en busca de soluciones para conseguir un objetivo común: que la situación de estas instalaciones se resuelva lo antes posible.

Por último, el consejero ha recordado que la sentencia tumba una norma del Gobierno central, “que actuó con gran irresponsabilidad política en su tramitación”, y que Andalucía se opuso a la reforma de la Ley de Costas y al Reglamento. Una reforma, por otro lado, que el sector no demandaba y que recogía la Disposición anulada ahora por el Supremo. Según Fiscal, “estamos en esta tesitura por la pobre actuación del Gobierno central en la redacción de estas normas”.

   

EP SEVILLA | ACTUALIZADO 09.09.2016 – 05:04
DIARIO DE SEVILLA

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El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, reiteró ayer en el Parlamento que, tras la sentencia del Tribunal Supremo, no se va a paralizar ningún expediente relativo a las concesiones de chiringuitos y que los servicios técnicos y jurídicos de la Junta ya barajan alternativas que solventarán la cuestión dentro de la legalidad vigente. Según respondió Fiscal a una pregunta en el Pleno de la Cámara, se debe dar la máxima seguridad a estas concesiones para que puedan ser explotadas con todas las garantías jurídicas. “Todos queremos que los chiringuitos sigan siendo un atractivo más de nuestras costas, así como una importante fuente de empleo”, apuntó Fiscal.

El Tribunal Supremo anuló la Disposición transitoria vigesimosexta del Real Decreto 876/2014, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, donde se reconoce el derecho de preferencia en el otorgamiento de concesiones a quienes, cuando entró en vigor la Ley de Costas de 2013, tuvieran su actividad o instalación abierta. Según la sentencia, ello vulnera los principios de igualdad de trato, proporcionalidad y jerarquía normativa.

La sentencia tumba una norma del Gobierno, “que actuó con gran irresponsabilidad política en su tramitación”, dijo Fiscal, que recordó que la Junta se opuso a la reforma de la Ley de Costas y al Reglamento.

   

Los vecinos alegan ante Costas y el ayuntamiento contra la nueva urbanización que la empresa quiere empezar a construir ya en octubre en primera línea

09.09.2016 | 04:15
LEVANTE

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A. P. F. | DÉNIA La promotora ya instaló la caseta de venta de apartamentos hace meses. Ahora ha colocado un cartel en el que anuncia que las obras del residencial Las Olas comenzarán el próximo mes de octubre. La urbanización se construirá en varias parcelas de primera línea del litoral de les Marines, en concreto en el tramo de playa que se conoce como el Blay Beach. En esas parcela, hay tres chalés que se echarán abajo para levantar los apartamentos.

Los vecinos, cuyo portavoz es José Morillas, ya han puesto el grito en el cielo. Advierten de que el proyecto, que incluye un paseo marítimo de 200 metros lineales, se desarrolla en «uno de los tramos de playa más erosionados de les Marines». De hecho, pese a que Costas repuso la arena a principios de julio, los temporales ya se la han tragado. El mar golpea directamente de nuevo contra los muros de las parcelas de primera línea. La playa ha desaparecido. El Ministerio de Medio Ambiente ha calificado este tramo litoral como «de grave deterioro».
«En días de marea y en invierno —advirtió ayer Morillas—, las olas llegan a las parcelas y con los temporales entran dentro y se cuelan también en los pasillos públicos que dan acceso a la playa».
Este portavoz precisa que los vecinos no entienden cómo se permite construir en primera línea «un nuevo bloque de cuatro plantas y casi 20 metros de altura con 19 viviendas en una playa tan delicada y hasta ahora poco urbanizada».
«Este proyecto, por sus dimensiones y su ocupación de suelo, va totalmetne en contra del espíritu de la Ley de Costas», advierte Morilla. Este argumento es el que sustenta la alegación que la comunidad de propietarios de El Retiro III, IV y V ha presentado ante el Ayuntamiento de Dénia y el Servicio Provincial de Costas.

200 metros de paseo

Los vecinos también revelan que el proyecto, que impulsa la promotora Sun Valle 2000, prevé un paseo marítimo de 200 metros de largo y seis de ancho. Temen que así se abra la puerta a derribar más chalés y llenar la primera línea de urbanizaciones de cuatro alturas. El paseo llegaría hasta el tramo del Blay Beach que ahora, como ocurre al final de cada verano con el primer temporal, se ha quedado sin pizca de arena. Los esfuerzos de Costas para regenerarlo siempre acaban en nada. La playa está en regresión y el mar se la zampa.

Los vecinos subrayan que el paseo se construiría sobre la playa (es decir, sobre el dominio público) y en la zona de servidumbre. La Dirección General de Costas debe, por tanto, autorizarlo. «Consideramos que este proyecto no aporta ningún beneficio ni protección a la playa, sino que va a aumentar la presión urbanística», señaló Morillas.

Los vecinos están convencidos de que la urbanización también necesita de la autorización de Costas, ya que las obras tocarían la servidumbre de protección del litoral.

Pese a que, según los vecinos, el ayuntamiento no ha concedido a la promotora todavía la licencia de obras, ya que está esperando el informe de Costas, ésta sí ha puesto fecha para ponerse al tajo.

   

POR EUROPA PRESS
IBIZA| 08/09/2016 – 13:51

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    El Consell de Ibiza ha abierto una línea de trabajo con Demarcación de Costas, la dirección insular del Estado y el Govern para perseguir y acabar con los casos de abusos por ocupación del dominio público de la franja litoral.

 

    Desde la institución insular han asegurado que la situación “todavía puede agravarse” a causa de la cobertura legal que otorga la nueva Ley de Costas de 2013 y que contempla la autorización del uso privativo de espacios en el dominio público marítimo-terrestre.

 

    En el encuentro, el Consell se ha ofrecido a la Administración del Estado y al Govern para colaborar en la denuncia de casos de abusos e incumplimientos de las actuales concesiones, así como en la revisión de la catalogación provisional de las playas que podrían tener la consideración de urbanas, lo que permite hasta un 50 por ciento de ocupación de concesiones a privados, o naturales, cuya ocupación queda limitada al 10 por ciento de su superficie.

 

    Según han dicho, Costas tiene unos 600 expedientes de solicitud de concesiones y autorizaciones de uso del dominio público, 200 de los cuales se han registrado tras la entrada en vigor de la nueva Ley, que prevé la solicitud de usos privativos del litoral.

 

    En relación a los expedientes en tramitación, el presidente Vicent Torres ha anunciado que elevará al Consell de Alcaldes esta problemática, ya que los ayuntamientos deben emitir informes sobre las nuevas solicitudes.

 

    Según el Consell, su voluntad es que se asegure un “cumplimiento estricto” de las concesiones otorgadas y que no se aprueben otras que puedan suponer una situación de abuso en el libre acceso al litoral y así, “es fundamental disponer de un informe negativo del correspondiente ayuntamiento”, ha dicho.

 

    Desde el Consell se ha agradecido la actitud “receptiva” de Costas y de la Dirección Insular del Estado a la hora de hacer frente a estos casos ya que el objetivo es “acabar con esta percepción de impunidad y de consumo y uso privativo del territorio”.

 

    Además, han explicado que cualquier ciudadano puede denunciar a Costas el incumplimiento de las concesiones ya que “desde la colaboración entre administraciones podemos evitar que haya estos abusos y, sobretodo, que no crezcan”.

 

    La vicepresidenta segunda, Marta Díaz, ha explicado que en breve mantendrá una reunión con la Fiscalía de Ibiza para tratar los protocolos a seguir en el caso de las denuncias relacionadas con abusos en el litoral, por si pueden ser constitutivas de delito.

 

    El Consell también ha pedido a Costas una revisión de oficio de los expedientes más problemáticos.
   

La institución insular pide a los ayuntamientos que respondan negativamente las peticiones de ocupación del litoral, aunque esos informes no son vinculantes | El Consell insta a la Demarcación de Balears a revisar de oficio los expedientes más problemáticos

09.09.2016 | 09:45
DIARIO DE IBIZA

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    JOSÉ MIGUEL L. ROMERO | IBIZA El presidente del Consell, Vicent Torres, las dos vicepresidentas del Consell, Viviana de Sans y Marta Díaz, y el conseller ibicenco de Medio Ambiente, Miguel Vericad, se reunieron ayer con el director insular de la Administración General del Estado, Roger Sales; el jefe de la Demarcación de Costas de Balears, Gabriel Pastor, y el director general del Territorio del Govern, Luis Corral, para «manifestarles la preocupación de la institución insular por los casos que surgen continuamente de ocupación excesiva del litoral y de las franjas públicas», especialmente por el impedimento del paso en zonas públicas, según explicó De Sans.
    En la reunión abordaron «las diferentes vías que se pueden afrontar para comenzar a poner coto a los abusos», apuntó De Sans, que señaló que desde Costas y el representante del Gobierno «han sido muy receptivos a la idea de que se acabe con esta percepción de impunidad y con el uso privativo del territorio».
    No obstante, todo parece indicar que no habrá medidas excepcionales ni contundentes ni mucho menos inmediatas por parte de la Demarcación de Costas (cuyo representante se esfumó tras la reunión y no quiso hablar con la prensa) y que el problema, lejos de solucionarse, va para largo. Algunas de las medidas no dejan de ser voluntaristas y al delegado de Costas no se le arrancó ningún compromiso inmediato ni drástico. De hecho, todas las acciones propuestas parten de las propias instituciones ibicencas.
    El presidente insular se limitará a pedir en el Consell de Alcaldes «que desde los ayuntamientos se informe negativamente cada una de las solicitudes que se hagan, especialmente las de uso privativo de la costa, que ahora se están comenzando a pedir». Viviana de Sans explicó que el Consell dará, en ese sentido, «la máxima ayuda a los ayuntamientos para que ninguna solicitud quede sin informar, a ser posible negativamente, si corresponde, por falta de personal».
    Informes no vinculantes
    Pero el problema, como recordó ayer el alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, tras el encuentro que mantuvo con el delegado de la Demarcación de Costas en la casa consistorial (que también abandonó raudo para no hablar con la prensa), es que si bien la Ley de Costas «reconoce esa facultad al Consistorio, esos informes no son vinculantes». Es decir, Costas podría dar una autorización incluso con un informe negativo del Ayuntamiento: «Pero se supone que no lo harían», dijo Marí, que aseguró que «hasta ahora hacen bastante caso a los informes del Consistorio». El alcalde, por ejemplo, espera que dentro de dos años no se renueve la concesión dada en Platges de Comte en 2014: «Nosotros no lo queremos pues es un uso casi privativo». Pero de aquí a entonces solo cuenta con ese deseo. Luego ya se verá, pues el delegado de Costas no se comprometió a nada.
    Del poco calado de las soluciones planteadas en la reunión da cuenta también que desde Costas y el Govern se limitaron a recordar que existe una herramienta en la web de la dirección general de Litoral y Territorio «donde cualquiera puede comprobar qué porcentajes y autorizaciones hay en cada playa. Cualquier ciudadano puede denunciar los incumplimientos». Pero no en esa web. En ese sentido, el Consell derivará las denuncias que le lleguen «a Costas o a la dirección insular de la Administración del Estado», indicó Marta Díaz.
    Petición a la Fiscalía
    Díaz informó de que en los próximos días mantendrá una reunión con la Fiscalía «para que actúen lo antes posible» cuando se denuncien casos de uso abusivo del litoral.
    Por su parte, el conseller insular de Medio Ambiente aprovechó la ocasión para pedir a Costas que «practique una revisión de oficio de los expedientes más problemáticos» por uso indebido del espacio público, como a su juicio sucede en Platges de Comte. «La costa es un bien de todos», recordó
   

07/09/2016 | elperiodic.com

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El Ministerio de Medio Ambiente ha comunicado la apertura de diligencias para esclarecer los hechos por una infracción grave de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y la Ley de Costas.
Los hechos se remontan al pasado pleno de julio, cuando se comunicó al concejal Pedro Alemany que una máquina retroexcavadora se encontraba faenando dentro de la desembocadura del río Amadorio y removiendo el lecho marino, a lo que el concejal afirmó no ser conocedor de la actividad descrita.
El PP optó por notificar dicho suceso a Costas y al propio Ministerio para conocer el motivo por el cual una máquina de esas dimensiones y tonelaje se hallaba modificando el terreno sin que el Ayuntamiento tuviese constancia de nada.
Llegada la contestación, el Ministerio hace saber que ya habiendo sido notificado el trabajo de la máquina excavadora por el responsable de Costas, se había procedido a la apertura de diligencias por una infracción grave al vulnerar la Ley de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y Ley de Costas.
Jerónimo Lloret: “Ante el desconocimiento de los responsables municipales de la actividad de una máquina, nos pusimos en contacto con los organismos competentes para saber el porqué una retroexcavadora estaba modificando el terreno. La sorpresa fue que el Ministerio desveló la apertura de una investigación por una infracción grave”.
“En el pleno de agosto volvimos a preguntar por escrito al concejal si ya había podido conocer los hechos por los que una máquina retroexcavadora estaba trabajando allí y volvió a decir que no sabía nada. Sorprende la incompetencia de unos gobernantes que desconocen por completo que en la desembocadura del río se ha cometido una infracción grave”.
“La Confederación Hidrográfica del Júcar ya comunicó la apertura de diligencias por la infracción en la tala indiscriminada del río, y ahora esta otra infracción. De momento son las únicas medallas de las que el alcalde Verdú puede presumir”, finaliza Lloret.

   

Costas deniega nuevas concesiones a particulares en Sant Josep

Posted 12 septiembre, 2016 By cliff_carter

 

El Ayuntamiento ha pedido que se desestimen todas las solicitudes de hoy en adelante

08.09.2016 | 09:30
DIARIO DE IBIZA

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J. LL. FERRER | IBIZA ­El Ayuntamiento de Sant Josep anunció ayer que la Demarcación de Costas de Balears ha denegado ocho nuevas autorizaciones de ocupación del dominio público en distintos tramos del litoral de este municipio por parte de personas particulares. Se trata de solicitudes amparadas en la reforma de la Ley de Costas aprobada por el PP que permite que particulares puedan pedir permiso para situar instalaciones en el litoral, tanto para su disfrute personal como para acompañar a negocios ya existentes.
Son solicitudes que se dirigen directamente a la dirección general de Costas, que es la Administración competente para aprobar estas concesiones. Sin embargo, «gracias al acuerdo adoptado entre el delegado insular de Costas, Gabriel Pastor, y el Ayuntamiento de Sant Josep, la demarcación de Costas pide siempre un informe previo al Consistorio y, en caso de ser desfavorable, no se concede el permiso», explicó ayer una nota municipal. «Todos los informes solicitados a este Ayuntamiento en el último año, en relación a la concesión de nuevos permisos han sido desfavorables», añade el Consistorio dirigido por Josep Marí Ribas.
En concreto, las peticiones denegadas por la dirección general de Costas en este municipio afectan a las siguientes playas e instalaciones solicitadas:
€ Cala Bassa: Un quiosco-bar, ocho mesas y 26 sillas.
€ Porroig: Instalación de motos náuticas.
€ Platja d´en Bossa: 37 mesas y 94 sillas (delante de un restaurante).
€ Platja d´en Bossa: nueve mesas y 15 sofás (delante de un restaurante).
€ Platja d´en Bossa: 10 mesas, 40 sillas y cinco parasoles (delante de un restaurante).
€ Platja d´en Bossa: Actividades náuticas, flyboard y canal de embarcaciones a motor.
€ Platja d´en Bossa: cinco sofás, 10 butacas, cinco mesas, 18 mesitas, 10 parasoles, 10 pufs, una pasarela y 10 focos (delante de un restaurante).
€ Es Cavallet: cinco mesas, 20 sillas y cinco parasoles (delante de restaurante).
Las peticiones denegadas no afectan a las que actualmente están autorizadas con anterioridad, entre las que se encuentra, por ejemplo, el conjunto de solariums, hamacas y plataformas de la controvertida vivienda de s´Embarcador, en Platges de Comte. Estos permisos tienen una vigencia máxima de cuatro años.
Todas informadas en contra
Por otra parte, el concejal de Playas de Sant Josep, Pep Cardona, remitió a Costas el pasado 8 de febrero un escrito en el que comunicaba a este organismo que entendiera como informado desfavorablemente por el Ayuntamiento cualquier nueva solicitud de instalación de elementos en las playas de Sant Josep.
«Esta negativa se debe», añade la nota del equipo de gobierno, «a la convicción de que las playas de nuestro litoral ya cuentan con una ocupación más que suficiente, si no excesiva». «Es voluntad del equipo de gobierno no aumentar más la ocupación de un espacio público por parte de empresas o particulares, voluntad que ya quedó patente con la reducción del 10% realizada en los elementos de las concesiones de temporada, hecha a principios de verano», añade el comunicado municipal.

   

Así nos expropia el PP la costa

Posted 12 septiembre, 2016 By cliff_carter

 

El Ministerio de Medio Ambiente abre diligencias por una infracción grave
07.09.2016 | 05:30
DIARIO DE IBIZA

LINK A LA NOTICIA 

El Partido Popular (PP) no cambia. Da igual si sus dirigentes son más jóvenes, si tienen más formación o si parecen más modernos que sus antecesores. En realidad, sigue siendo un partido que está al servicio de los especuladores, de quienes quieren aprovecharse de los demás y de quienes sólo piensan en forrarse, cometiendo para ello los abusos que haga falta. La cascada de ejemplos es tal, que hace falta estar ciego para no verlo, aunque basta una ojeada a la miríada de sentencias judiciales recaídas sobre el PP para comprobarlo.

Uno de los innumerables ejemplos de la voluntad de este partido para apoderarse de lo que es de todos para regalárselo a los ricachones (sean estos del pelaje que sean) es la reforma de la Ley de Costas que aprobó el PP en la anterior legislatura. Esa ley, aprobada en 1988 en las Cortes con el voto favorable de todos los partidos políticos (todos), consagraba el carácter público del litoral, pero el Partido Popular, casi treinta años después, ha inclinado la cabeza ante los grupos de presión a los que se debe y les ha regalado la costa, como ya antes les había regalado muchas más cosas. De este modo, la nueva ley establece que cualquier particular puede obtener autorización para ponerse una plataforma con hamacas junto al mar, para su único y exclusivo uso y disfrute. Esto es lo que ha sucedido en s´Embarcador de Platges de Comte, donde un magnate ruso, usando la ley del PP, ha privatizado de facto ese tramo tras pagar los 4.000 euros que prevé la nueva normativa.

Dicha ley contempla que, incluso en esos casos, se conserve el derecho de paso público por la orilla, pero ¿quién osará pasar por allí viendo todo el tinglado montado sobre las rocas, y viendo también a los gorilas y matones que pululan por la zona? Privatización al fin y al cabo, alentada por el PP.

Pero este es sólo uno de los muchos efectos que ha provocado la reforma de la Ley de Costas. Los hay aún más graves. Por increíble que parezca, el Partido Popular ha redefinido la propia anchura de la zona de dominio público en gran parte de la costa, mediante un cambio de concepto que permite que esa anchura sea mucho más estrecha y, por tanto, incluso pueda revertirse el deslinde en sus propiedades.

Resultado: donde antes era imposible construir, ahora podrá hacerse, a dos pasos del mar.

Por si no hubiera suficiente con el tropel de mafiosos y delincuentes internacionales que nos avasallan cada verano y nos echan literalmente de nuestra costa, el PP sale en su ayuda con leyes como esta. Lógicamente los dirigentes conservadores de Ibiza no dirán ni mu ante todo esto.

Es así como iremos perdiendo los lugares a los que siempre habíamos ido. Primero son algunos tramos de rocas, luego serán algunos trozos de playa, luego playas enteras y llegará un día en que los residentes tendremos que rellenar una autorización si queremos ir a bañarnos a la costa. Al tiempo.

Lo grave del asunto es que la línea de pillaje hacia lo público que marca el PP la va siguiendo luego el PSOE, como se ha visto en Sant Josep, donde están sucediendo cosas mucho más escalofriantes de las que se han publicado jamás en ningún medio local. Sólo queda una solución: la movilización de los ciudadanos que no han caído de la secta de las siglas y que aún saben distinguir lo bueno de lo malo.

   

PSOE, Podemos y Ciudadanos muestran su oposición a la iniciativa, lo que deja al PP en minoría para defenderla en la Asamblea

Empresarios y Gobierno regional de un lado y oposición y ecologistas del otro. Las posiciones han quedado meridianamente claras después de que ‘La Verdad’ adelantase ayer la intención del presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, de asumir la gestión de Costas aprovechando la reforma pendiente del Estatuto de Autonomía. Los empresarios ven en la medida una forma de impulsar el sector turístico y acabar con trabas administrativas, mientras los ecologistas creen que tras el proyecto se esconde la intención de explotar el litoral en detrimento de la preservación del medio ambiente.
De momento, el PP tiene complicado sacar adelante la reforma, porque a la postura rotundamente contraria de PSOE y Podemos se suma Ciudadanos, que solo ve en la idea «una cortina de humo». El portavoz de C’s en la Asamblea, Miguel Sánchez, acusó ayer al presidente de la Comunidad de «intentar desviar la atención de lo que verdaderamente importa a todos los murcianos a este respecto, la recuperación del Mar Menor». Ciudadanos no cree que «asumir nuevas competencias sea lo que más demanda la sociedad murciana», y acoge con escepticismo los 2.000 nuevos puestos de trabajo que, según el Gobierno regional, se crearían. «Esos empleos son tan reales como los ‘pokémon’», ironizó Miguel Sánchez.

Desde el PSOE, Enrique Ayuso, responsable de Medio Ambiente en la Ejecutiva, aseguró que el PP «no puede asumir las competencias ambientales cuando sus políticas han estado fuera de la ley o al borde de ellas en este tema durante 21 años». Los socialistas culpan al PP de «la situación actual de deterioro del Mar Menor» y recuerdan «escándalos como Marina de Cope o Novo Carthago». «Lo que tiene que demostrar el PP es un cambio radical en sus proyectos medioambientales», advirtió Ayuso.
José María Albarracín Presidente de Croem
«Permitiría sacar el máximo provecho al litoral en beneficio del turismo y de un crecimiento sostenible»
Soledad Díaz Presidenta de Hostemur
«El sector lo vería con muy buenos ojos, se agilizarían los trámites. Es de las mejores noticias oídas en mucho tiempo»
Pedro García Presidente de Anse
«La Administración regional no tiene capacidad para gestionar la costa; supondría un enorme endeudamiento»
Rubén Vives Ecologistas en Acción
«El Gobierno autonómico quiere las competencias para hacer de las suyas y beneficiar a quienes ven el litoral como un negocio»
Por su parte, el portavoz de Podemos en la Asamblea, Óscar Urralburu, denunció que el proyecto de Pedro Antonio Sánchez «lo único que busca es privatizar el patrimonio público para que los de siempre especulen con él; no tienen bastante con el destrozo del Mar Menor». Para Podemos, la Ley de Costas es «irrenunciable», ya que supuso «una gran conquista al hacer del dominio marítimo terrestre una propiedad pública». El PP se queda por tanto solo en la Asamblea Regional para defender una medida que necesita de mayoría absoluta, dado que se incorporaría al Estatuto de Autonomía. Después, requeriría también la aprobación del Congreso. El secretario ejecutivo de Agricultura, Agua y Medio Ambiente del PP, Jesús Cano, aseguró que su partido trabajará «por reducir la burocracia y simplificar los trámites con el objetivo de potenciar el turismo y crear empleo», respetando «todas las garantías de sostenibilidad».
El Gobierno regional cuenta con el respaldo de las organizaciones empresariales, que ayer aplaudieron de forma unánime la iniciativa. El presidente de Croem, José María Albarracín, está convencido de que la medida permitiría mejorar la situación del turismo y reduciría «cargas burocráticas». Los empresarios «se ahorrarían un montón de trámites y tiempo», subrayó. Para el líder de la patronal, «la economía y el crecimiento sostenible son perfectamente compatibles».
En similares términos se manifestó Soledad Díaz, presidenta de Hostemur. «El sector turístico vería con muy buenos ojos que sea la propia Comunidad la que gestione este área tan importante; se agilizarían los trámites», recalcó.
Apoyo del sector náutico
El Gobierno regional quiere hacerse con la gestión de Costas para, entre otras medidas, permitir la construcción de paseos marítimos actualmente bloqueados, favorecer la instalación de chiringuitos y abrir la puerta al uso de las playas para distintas actividades de deporte náutico. Esto último es especialmente importante para los asociados a la Estación Náutica Mar Menor-Cabo de Palos (escuelas de buceo, clubes, puertos deportivos, etc). «Cualquier gestión se dilata ahora en el tiempo por su paso por diferentes administraciones, sobre todo Costas. Sería muy importante eliminar esas dificultades», subraya Amador Ferrer, presidente de la Estación Náutica.
Los ecologistas, sin embargo, están convencidos de que el único interés de la iniciativa es desproteger la costa. «Ya sabemos lo que quiere el Gobierno regional: retomar Puerto Mayor y construir todavía más infraestructuras en lugares, como La Manga y el Mar Menor, que ya han colapsado», advierte Pedro García, de Anse. Solo Andalucía y Cataluña tienen actualmente las competencias en Costas. Para Ecologistas en Acción, el Estado ofrece más garantías de protección que la Comunidad.

   

POR EUROPA PRESS

SEVILLA| 04/09/2016 – 20:22

El director general de Prevención y Calidad medioambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Fernando Martínez, se ha mostrado “sorprendido” este domingo de que el PP-A le “culpe” por haber “paralizado la tramitación de concesiones a establecimientos y chiringuitos de las playas”, tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que tumba un artículo del Reglamento de Costas que hace referencia a los establecimientos de playas.

Así, según ha explicado el director general a Europa Press, “quien menos tiene que hablar sobre este asunto es precisamente el PP, debido a que esta sentencia anula la disposición del reglamento de la Ley de Costas, una norma que fue aprobada en octubre de 2014 por el PP”. Asimismo, ha añadido que el Supremo ha “tumbado” esta sentencia por la “mala gestión” del PP, lo que constituye una “consecuencia directa” de su mandato.
Estas declaraciones se producen como consecuencia de la crítica que la portavoz de Medio Ambiente del PP en el Parlamento andaluz, Patricia Navarro, ha hecho este domingo, ya que, según la ‘popular’, “sólo” 30 de 200 chiringuitos malagueños han sido regularizados, “cuando hace tres años que se aprobó la Ley de Costas y hace dos que se desarrolló el reglamento que servía como herramienta legal para dar forma a esta necesaria seguridad jurídica”.
Del mismo modo, la ‘popular’ ha recordado que hace “más de cinco años que se traspasaron las competencias en materia de chiringuitos a la Junta de Andalucía, por lo que, ha señalado, “si Susana Díaz hubiese cumplido con su deber, ningún chiringuito estaría afectado por esta sentencia”, y ha anunciado que su grupo pedirá al Gobierno autonómico la comparecencia urgente del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, para que dé “una solución a aquellos chiringuitos y establecimientos de playas que estén inmersos en procesos de regularización” tras la sentencia del TS.
En este sentido, el director general de Calidad Medioambiental ha indicado que “el Gobierno central del PP no ha advertido de esta situación a las comunidades que tienen transferidas las competencias en materia de gestión y ordenamiento del litoral”, por lo que “si esto no se hubiese hecho así, podríamos haber previsto alguna medida al respecto”, ha apostillado.
Martínez ha apuntado que desde la Junta se mantiene un “contacto directo” con el sector, por lo que “tampoco entiendo que tachen a la Junta de lentitud”, ya que las competencias fueron transferidas en 2015 y hubo un “frenazo” en la tramitación de las concesiones por la “previsible” modificación del reglamento.
Según ha detallado el director general, desde el sector se les pidió “un periodo de ‘standby’” hasta que se modificara la normativa y se conociera el nuevo marco legal, publicado en 2013. Asimismo, una vez conocida la normativa legal, nuevamente desde el sector les reclamaron “prudencia” ante la espera del reglamento, que salió en octubre de 2014.
En este reglamento se recogía que las personas que ocupasen un dominio público terrestre tuvieran “derechos de privilegio” en el proceso de tramitación de concesiones, “lo que no quiere decir que directamente estas concesiones fueran ya asignadas directamente”, ha aclarado Martínez.
Con respecto a la “lentitud de tramitaciones” de los chiringuitos, ya que según la portavoz del PP “esta ley podía haber dejado a cero chiringuitos en situación irregular en la provincia de Málaga, cuando en Granada más del 60 por ciento tienen ya su concesión”, el director general ha explicado que “no se gestionan en todas las provincias andaluzas igual, pues en Granada ya se ha tramitado y, por ejemplo, Málaga es la provincia con más concesiones por diferencia del litoral andaluz, lo que representaría un 50 por ciento”.
En esta línea, ha indicado que de las seis provincias que participan en esta tramitación de concesiones, tres de ellas no han planteado problemas (Sevilla, Huelva y Almería), mientras que las otras tres (Granada, Cádiz y Málaga) han presentado diferentes dificultades.
Así las cosas, el director general ha apuntado que el proceso de tramitación estaba “bastante avanzado” cuando han conocido la sentencia del Supremo, ya que ha asegurado que “no teníamos constancia de la existencia de la misma”, de forma que ha tildado al Gobierno central de “poco legal” con la Junta por no avisar sobre ello y así poder tener un mecanismo de defensa. “No se puede culpar a la Junta de algo que tiene responsabilidad el PP”, ha concluido.

   

Tan sólo 30 de los 200 establecimientos de Málaga han sido regularizados cuando hace tres años que se aprobó la Ley de Costas

EP MÁLAGA | ACTUALIZADO 05.09.2016 – 01:00

El PP en el Parlamento andaluz pedirá al Gobierno autonómico la comparecencia urgente del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, para que dé “una solución a aquellos chiringuitos y establecimientos de playas que estén inmersos en procesos de regularización” tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) por la que la Junta de Andalucía ha paralizado la tramitación de las concesiones. Así lo anunció ayer la portavoz de Medio Ambiente del PP en el Parlamento andaluz, Patricia Navarro, en rueda de prensa, al tiempo que pidió a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que “cuelgue ya el bañador y se ponga manos a la obra para solucionar los graves problemas que tiene Andalucía”.

“Le pedimos que sea en esta semana en la que se conozca ese informe jurídico que anunciaron”, apuntó Navarro, e insistió en que el consejero debe explicar “cuál va a ser la actuación de la administración autonómica ante este nuevo escenario que vuelve a sumir a los chiringuitos en la incertidumbre”.

Navarro criticó que “sólo” 30 de 200 chiringuitos malagueños han sido regularizados, “cuando hace tres años que se aprobó la Ley de Costas y hace dos que se desarrolló el reglamento que servía como herramienta legal para dar forma a esta necesaria seguridad jurídica”. “Esta Ley podía haber dejado a cero chiringuitos en situación irregular en la provincia de Málaga”, lamentó, “cuando en Granada más del 60% tienen ya su concesión”.

Del mismo modo, recordó que hace “más de cinco años que se traspasaron las competencias en materia de chiringuitos a la Junta de Andalucía, después de su insistencia al Gobierno central”, por lo que, señaló, “si Susana Díaz hubiese cumplido con su deber, ningún chiringuito estaría afectado por esta sentencia”.

En ese sentido, criticó que desde el Ejecutivo autonómico fuesen “muy diligentes para pedir competencias pero muy incapaces para desarrollarlas”, ya que “el balance de ese traspaso de competencias es más que negativo”. Por ello, dudó de “los motivos” que llevaron a la Junta a pedir esas competencias: “nos cuestionamos esos motivos, si fue para traer paz social al sector o si fue por algo que traspasa eso, para tener a los establecimientos de playas como los tienen, cogidos por el cuello”, opinó. Asimismo, criticó que “a vista de la sentencia -del Tribunal Supremo- la Junta está cerrada por vacaciones: lo único que se ha hecho por parte de la Consejería es solicitar un informe jurídico que analice la situación, pero prorrogando las conclusiones a mediados de septiembre, como si el tema no fuera urgente”.

Por todo ello, Navarro subrayó la necesidad de que el Gobierno andaluz aborde este asunto “con celeridad, para garantizar la estabilidad de un sector tan importante para nuestra economía y para la creación de empleo”, tal y como plantearon los populares en una PNL aprobada por unanimidad en abril de 2016 y en la que se pedía al Gobierno andaluz que todas las concesiones estuvieran regularizadas a fecha 1 de octubre, apuntó.

El pasado 24 de agosto, el consejero José Fiscal mantuvo una reunión con la Asociación de Empresarios de Establecimientos de Playas (Faeplaya) para analizar la sentencia del Tribunal Supremo que anula un artículo de la Ley de Costas sobre los chiringuitos con el objetivo de renovar “cuanto antes” las concesiones de los establecimientos. Previamente, habían acordado analizar, tanto técnicos de la Consejería como de la entidad empresarial, la incidencia de la reciente sentencia. Norberto del Castillo, presidente de Faeplaya criticó que “desde el 14 de julio están paralizados los expedientes para la concesión de permisos y ninguno se ha resuelto”.

   

Los chiringuitos andaluces luchan contra el ‘no’

Posted 6 septiembre, 2016 By cliff_carter

Septiembre 2016

Cuando todo parecía resuelto con respecto a la problemática de los chiringuitos andaluces y que llegaría a buen puerto este octubre, una sentencia del Tribunal Supremo (TS) anula el derecho de los actuales empresarios de playas que ocupan un chiringuito sin concesión. De este modo, el TS anuló a mediados de julio la disposición donde se reconoce el derecho de preferencia en el otorgamiento de concesiones a quienes, cuando entró en vigor la Ley de Costas de 2013, tuvieran su instalación abierta. Para el TS, esto vulnera los principios de igualdad de trato, proporcionalidad y jerarquía normativa por “beneficiar” a quienes tenían ya un chiringuito abierto.
Ante esta situación, a principios de agosto José Fiscal, el consejero de Medio Ambiente, anunció que -tras mantener una reunión con el presidente de los Empresarios de Establecimientos de Playas de Andalucía, Norberto del Castillo, y de la Costa del Sol, Manuel Villafaina, entre otros-, los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía y los de los empresarios de playas realizarán un encuentro para analizar la posible incidencia que pueda tener esta sentencia del TS para buscar “los mecanismos que impidan que pueda haber ninguna paralización” o al menos “que ésta sea lo más reducida posible”. En este sentido, Fiscal subrayó que la predisposición de los empresarios es “absoluta” y también “la colaboración y coordinación” con el Gobierno andaluz
Esta situación pone en riesgo los avances realizados hasta el momento, pero Fiscal, que no dejó de recordar la reunión que mantuvieron todos los implicados en el asunto el pasado mes de abril, quiso ratificar férreamente el compromiso de concluir en octubre la regularización de los chiringuitos. Para ello, en este primer encuentro se repasó cuál es el estado actual de la regularización de establecimientos y se determinó la posible incidencia que pueda tener la sentencia del TS, insistiendo en que se ha de ver “cómo pudiera afectar a la tramitación que seguimos desde hace algún tiempo”.
Por su parte, Norberto del Castillo recordó que “desde el año 2004 vivimos una situación muy complicada que nos hace trabajar con incomodidad en el día a día y a largo plazo”. “Muchas familias están lógicamente preocupadas”, continuó el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas (Faeplayas), “porque aún no sabemos qué supondrá exactamente esta decisión del Supremo”. De todos modos, Del Castillo aseguró que seguirán luchando para que toda esta situación llegue a buen puerto y, lo que es más importante, para que los chiringuitos puedan ofrecer un servicio dentro de la excelencia, tal y como acostumbran, a todos sus visitantes.
Villafaina, por su parte, apuntó que “se ha cumplido el acuerdo que habíamos llegado”. “Se han cumplido todos los trámites, se han ido haciendo las mesas técnicas y, la verdad, es que estamos muy adelantados”, por lo que afirmó no entender este retraso en este momento.
En nuestra comunidad son más del 50% las instalaciones que están aún pendiente de concesión, siendo Granada la más avanzada en este sentido, entre otros factores, porque hay menos instalaciones, aunque “en cada provincia hay diferencias porque las competencias se han pasado a las delegaciones”, afirmó Fiscal. Así, del total de 742 instalaciones de este tipo en Andalucía hay con título 316. De este modo, el 24% del total de chiringuitos podría estar afectado por la sentencia, lo que supone 176, de las que la mayoría serían en Málaga con 155, seguido muy a la zaga por Cádiz con 15 y Granada con seis.
En Málaga, por su parte, en donde existen casi 400 chiringuitos, 107 tienen título en vigor, mientras que en trámite hay 184. En este sentido, el consejero recordó que Málaga “es la provincia en la que objetivamente este sector tiene mayor peso en Andalucía”.
A la vista de todo esto, Fiscal reiteró que, no obstante, alcanzar la fecha de octubre para concluir la concesión de los chiringuitos “no es imposible”, pero “vamos a ver lo que da de sí la reunión y ver por dónde tirar”, aunque “no vamos a negar que esto es un inconveniente; vamos a ver si lo es tanto para retrasarlo mucho o no lo suficiente para poder llegar incluso a octubre”.
De igual modo, sobre la unificación de criterios demandada, el consejero Fiscal señaló que “se ha avanzado” teniendo en cuenta las diversas características de cada costa, pero “quedan algunas cuestiones”.
En este sentido, Fiscal recordó que “la Junta de Andalucía siempre criticó la reforma de la Ley de Costas del Gobierno del PP, y, de alguna manera, esto viene a demostrar que las cosas no se hicieron lo bien que se debieran de haber hecho”.
Agregó que “no era este, precisamente, el ámbito que en más desacuerdo estábamos ni muchísimo menos, pero lo cierto es que este varapalo judicial viene de alguna manera a poner sobre la mesa algo que veníamos diciendo desde el principio: que no hacía falta modificar una Ley de Costas como la que había, ya que había cuestiones mucho más urgentes, que no era una exigencia de ningún sector, y de aquellos polvos vienen estos lodos”.
Eso sí, el consejero dejó claro que la Junta “se posiciona a favor de la norma, de la ley, nos guste o no nos guste”, por tanto “lo primero es cumplir la norma”. No obstante, abogó por “hacer todo lo posible para no ralentizar el proceso”. Y en eso tiene puestas todas las esperanzas el sector, que una vez más ve cómo todo lo que se puede complicar, se complica finalmente.
Segunda reunión
Esta primera reunión se repitió casi en término idénticos a finales del mes pasado. En esta ocasión, la Junta se reunió con los empresarios del sector en Sevilla, y según palabras de Norberto del Castillo, “no han habido mayores novedades en esta segunda reunión; seguimos como a primeros de mes, la Junta está a la espera de que regresen de las vacaciones sus trabajadores del servicio jurídico para que les asesoren”. Sin embargo, Del Castillo recordó que se está actuando con demasiado celo ante una sentencia que aún no ha sido publicada en el BOE. “Antes de curarnos en salud y paralizarlo todo, deberíamos esperar a ver qué pasa y una vez sepamos qué dice la sentencia, actuar en consecuencia”, afirmó.

   

El colectivo Terraferida denuncia ante la Conselleria las polémicas ocupaciones de la costa por grandes barcos

01.09.2016 | 01:05
redacción palma
Terraferida sostiene que el Govern, y no solo la Demarcación de Costas –perteneciente al Estado– tiene instrumentos legales para sancionar con dureza a los yates chárter de lujo que últimamente ocupan playas emblemáticas –y en algunos casos protegidas– de Balears para un uso lucrativo.
La conselleria de Medio Ambiente ha informado de que los patrones de los tres barcos, pertenecientes a la misma empresa, que el pasado fin de semana invadieron el arenal de Cabrera fueron identificados y se les abrirá expediente sancionador por vulnerar la Ley de Costas, que prohíbe el uso privado y sin autorización de las playas.
Sin embargo, como publicó este diario martes, el impacto del episodio difícilmente supondrá una sanción de más de mil euros, a pagar por la empresa de los tres yates involucrados. Una cantidad que puede parecer irrisoria teniendo en cuenta que algunos de estos yates cuestan más de 60.000 euros al día solo en alquiler.
Ley autonómica
Terraferida explicó ayer que Medio Ambiente tiene potestad sancionadora aplicando la Leco, ley para la Conservación de los espacios de relevancia ambiental, aprobada en 2005. Este norma especifica que las actividades graves como las acampadas y la pernoctación al aire libre en lugares prohibidos son actividades graves, susceptibles de ser multadas con entre 6.000 y 100.000 euros.
“Estamos de acuerdo en que las islas deberían disponer de mayor autonomía para afrontar mejor los retos de conservación del litoral, peor no olvidemos que tenemos un instrumento legal efectivo que podría aplicarse de manera inmediata en esta situación específica”, indica Terraferida por medio de un comunicado. Además de la Leco y la ley de Costas, también señalan que se podría haber vulnerado el Plan rector de uso y gestión del parque nacional de Cabrera.
Los ecologistas presentaron ayer mismo una denuncia ante la Conselleria contra esta nueva modalidad comercial en auge que ponen en práctica grandes barcos chárter. Terraferida solicita en su escrito que Medio Ambiente investigue a fondo estas “acampadas ilegales” por lucrativas y “sancione de manera ejemplar” a sus promotores, para frenarles cuanto antes.

   

La privatización denunciada en Platges de Comte se basa en una autorización otorgada por el Ministerio tras la reforma de la Ley de Costas – La nueva normativa permite que cualquier persona pueda reservarse para sí un trozo de litoral

DIARIO DE IBIZA 02.09.2016 | 09:24
JOAN LLUÍS FERRER | IBIZA El Consell de Ibiza solicitará a los responsables de la Demarcación de Costas en Balears que revisen y anulen de oficio las autorizaciones que este organismo ha concedido a diversos particulares para que puedan reservarse tramos del dominio público del litoral ibicenco para su particular uso y disfrute. La reforma de la Ley de Costas que aprobó el Partido Popular en el Congreso permitió este tipo de situaciones, uno de cuyos ejemplos más destacados en la costa ibicenca es precisamente la mansión de s´Embarcador, en Platges de Comte, que ha privatizado de facto la costa situada delante de ella para colocar hamacas, soláriums, toldos y otras instalaciones sólo para uso de este particular.
El conseller insular de Medio Ambiente, Miguel Vericad, señaló que las concesiones allí otorgadas directamente por Costas a un particular datan de abril de 2015 y que constituyen una muestra de algo en lo que el equipo de gobierno «no está de acuerdo». «Pediremos que se revisen los expedientes y no se autoricen más y si es preciso que se anulen o caduquen las existentes», señaló Vericad.
El conseller aseguró conocer personalmente tres o cuatro concesiones como esta en la isla, «pero seguramente habrá decenas», auguró. «Es increíble que un particular se pida ocupar unas rocas del dominio público para poner unas hamacas encima, sólo para su propio disfrute», lamentó.
En el caso de s´Embarcador, la autorización a este particular incluía dos soláriums, uno de ellos con tarima de madera, colchón desmontable y tres hamacas con mesitas, mientras que el otro solárium puede tener cinco hamacas con mesitas, un toldo con postes metálicos, además de diez kayaks con su percha en el estanque. Todo ello, mediante el pago de una tasa de 4.000 euros.
Esta reclamación la hará el Consell durante la reunión que en los próximos días mantendrá con los responsables de Costas en Balears, dentro del ciclo de encuentros que ha solicitado la institución ibicenca para combatir la privatización ilegal de la costa insular.
Tres celadores en las Pitiusas

Por otra parte, la Demarcación de Costas en Balears dispone actualmente de sólo tres vigilantes y un auxiliar administrativo para supervisar el cumplimiento de la normativa vigente en el litoral en las islas de Ibiza y Formentera. Se trata de una cifra notablemente inferior a la que llegó a tener la isla en momentos de mucha menos presión urbanística y turística que ahora, pues la oficina insular llegó a disponer de hasta 12 miembros hace 24 años.
Según confirmaron fuentes del Ministerio de Medio Ambiente, hacia el año 1990 se produjo la incorporación de ocho celadores y administrativos en la delegación de Ibiza y Formentera de la Demarcación de Costas, reforzando la plantilla previamente existente, que de este modo quedó en una docena de personas. Con algún altibajo, así se mantuvo durante varios años, hasta que los recortes impuestos a partir del inicio de la crisis económica fueron mermando la plantilla hasta los cuatro miembros actuales.
Estos celadores deben hacer frente al cúmulo de denuncias que generan las innumerables infracciones a la Ley de Costas que se producen todos los años en la isla y que van desde el excesivo número de hamacas en las playas hasta el bloqueo de accesos a la zona de dominio público, pasando por la realización de obras ilegales.
Al respecto, el conseller Miguel Vericad indicó que tiene previsto reclamar el aumento de la plantilla de vigilantes en Ibiza y Formentera mediante la incorporación de más personal desde fuera de la isla.