julio 1, 2015
@abogadodelmar

ASUNTO: INFORME SOBRE EL ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DEL TALUD DE “BAJO LA CUESTA”, LAS CALETILLAS, T.M. DE CANDELARIA (TENERIFE), realizado por el Laboratorio ICINCO.

PETICIONARIO: ASOCIACIÓN DE VECINOS BAJO LA CUESTA RISCO LAS TABLAS.

TECNICO: JUAN JESÚS CABRERA OLIVA

El presente Informe tiene por objeto a petición de LA ASOCIACIÓN DE VECINOS BAJO LA CUESTA RISCO LAS TABLAS el verificar el soporte técnico en el cual se sustenta el ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DEL TALUD DE “BAJO LA CUESTA” realizado por el Laboratorio ICINCO por adjudicación el 15 de abril de 2015, para poder ratificar o refutar, en su caso, las conclusiones que de él dimanan.

Tras su análisis, este técnico entiende, que el citado ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO desde un punto de vista estadístico, genérico, teórico y académico es correcto, compartiendo muchos de los aspectos que allí se indican, siendo por tanto válido, como documento marco no finalista, en el proceso de análisis del TALUD de “BAJO LA CUESTA”.

1 ESTUDIO CABRERA, SL es una empresa de intermediación. Donde los técnico actuante por su designación asumen la responsabilidad de sus actos y opiniones eximiendo de cualquier responsabilidad sobre ella.

Si bien, convendremos, que para dar una opinión técnica unívoca sobre la situación fáctica del TALUD “BAJO LA CUESTA”, una vez definido el marco-genérico de actuación, se hace necesario realizar análisis pormenorizados del talud: toma de testigos de materiales, ensayos de Laboratorio, rotura de probetas, etc. cuestiones que no han sido abordadas en el ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO (sin entrar a valorar dicha falta de ensayos que entiendo que se infiere del propio Pliego de Condiciones)

Esto no quiere decir, y es necesario manifestarlo, que el ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉNICO realizado por ICINCO sea incorrecto sino que está realizado a una escala macro-estadística sin pruebas ni ensayos de Laboratorio contrastables, basado fundamentalmente en la Lex Artis de los firmantes, sin ponerla en duda, pero que estimo que es básico realizar análisis estadísticos SI pero en el número de toma de testigos y probetas en un determinado ámbito pero NO es válido usarlo en el resultado de los mismos, ya que para poder sacar conclusiones unívocas y certeras para un caso concreto es necesario caracterizar un suelo determinado, no valiendo simulaciones ni estudios genéricos de materiales análogos en situaciones diferentes a las que nos ocupa, habida cuenta de la casuística que se puede dar en los suelos de la Isla.

Ya en el fondo del asunto, dos son los análisis aportados por el ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO como soporte técnico para las conclusiones dadas: características geotécnicas basadas en programa RocLab distribuido por Rocscience y caracterización del macizo rocoso en base a la Clasificación Geomecánica de Bieniawski. Analicemos cada uno de ellos:

1. Características geotécnicas basadas en programa RocLab de Rocscience. Para poder determinar la posible rotura de un talud se puede realizar

siguiendo el criterio de Rotura de Mohr-Coulomb, siendo necesario para ello determinar los valores de cohesión y ángulo de rozamiento interno.

Pues bien, el programa RocLab distribuido por Rocscience, utilizado por el ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO, nos permite el cálculo de ambos parámetros (cohesión y rozamiento interno), en base a un cálculo estadístico con la introducción de los siguiente parámetros -sigi, mi, GSI y D- que son establecidos por medio de tablas y ábacos que incorpora el propio programa . Es decir, el ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTÉNICO ha obtenido los valores de cohesión y rozamiento interno de forma teórica-estadística y los ha traslado como discretos para nuestro Talud objeto de estudio.

Este técnico entiende que sería necesario analizar nuestro talud real (y no uno genérico) y para ello el propio programa RocLab distribuido por Rocscience establece que para poder obtener esos mismos datos (cohesión y rozamiento interno) de forma precisa, se puede realizar si se introducen los valores – sigi y mi- a partir de datos de laboratorio tras ensayos triaxiales de roca intacta y se incorporan éstos en lugar de los parámetros por defecto del programa (estos ensayos nos se han realizado). Cuestión ésta que hubiera hecho pasar, a nuestro entender, de una situación macro-teórica del ESTUDIO GEOTÉCNICO- GEOLÓGICO realizado por ICINCO a una situación real para nuestro Talud “Bajo la Cuesta” en concreto.

2. Caracterización del macizo rocoso en base Clasificación Geomecánica de Bieniawski.

El ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO realizado se basa en la clasificación realizada por Bieniawski y que para determinar la calidad de la roca se fundamente en el índice RMR en base a 6 parámetros:

 La resistencia a compresión simple del material
 El RQD (Rock Quality Designatios)
 El espaciamiento de las discontinuidades
 El estado de las discontinuidades
 La presencia de agua
 La orientación de las discontinuidades, según sea para cimentación,
túneles o taludes.

Pues bien, estos parámetros tienen que ser obtenidos mediante ensayos y pruebas para su determinación de forma concreta (si bien hay alguno que tiene cierto grado subjetividad en base a Lex Artis), por ejemplo es necesario realizar un ensayo a compresión simple de nuestro material (no realizado), es necesario cuantificar la presencia de agua en caudal (no realizado), hay que determinar el estado de las diaclasas (ensayo- medición no realizado)

También y en otro orden de cosas, establece EL ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO que la zona presenta riesgo de sismicidad de acuerdo con la aplicación del Real Decreto 637/07, de 18 de mayo, por el que se aprueba la norma de construcción sismoresistente: PUENTES (NCSP-07).

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 2 de la misma, dicha normativa no es de aplicación para el estudio de taludes.

CONCLUSIÓN

Tras el análisis del ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DEL TALUD DE “BAJO LA CUESTA” realizado por el Laboratorio ICINCO, este técnico concluye:

 El citado ESTUDIO GEOLÓGIGO-GEOTÉCNICO es correcto y es acorde con sus propias limitaciones, que se indican en el mismo (reconocimiento de materiales en campo y los resultados obtenidos de los distintos ensayos realizados y recopilados en materiales similares, p.21 del estudio) . Nos encontramos, por tanto, ante un ESTUDIO estadístico y teórico bien fundamentado desde ese prisma.
 Que como quiera que no se han realizado ensayos ni pruebas de laboratorio para nuestro caso concreto, este técnico que suscribe no puede definirse si el resultado y conclusiones dadas son acertadas o no, ya que es básico en cualquier documento científico el aportar datos objetivos para que pueda reproducirse los procedimientos realizados por un tercero, y se pueda ratificar o refutar los resultados allí expresados. Si nos basamos exclusivamente en la Lex Artis, por muy cualificada que sea, se hace imposible que otro técnico pueda definirse al respecto.
En Santa Cruz de Tenerife, a 26 de junio de 2015

Fdo.: Juan Jesús Cabrera Oliva

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos Arquitecto Ingeniero Industrial Ingeniero Mecánico

   

julio 1, 2015
@abogadodelmar

Bajo la Cuesta denuncia en la Fiscalía prevaricación y falsedad en documento. Los vecinos de Bajo la Cuesta denuncian ante la Fiscalía varios delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial presuntamente cometidos por autoridades y funcionarios en expedientes referidos a este barrio de Candelaria.

Señala a la Administración y a funcionarios por fijar el dominio público por la escollera de la central térmica, la pasividad de Costas en el replanteo y su negativa a entregar copia del informe geomorfológico.

En su denuncia, entienden que la supuesta prevaricación se aplicaría a hechos tales como “la fijación del dominio público natural por la escollera de la central térmica, la estudiada y decidida pasividad de la Dirección General de Costas en relación a las peticiones de replanteo del deslinde antiguo y en la revisión del nuevo, así como la negativa de la Jefatura de Costas Provincial a entregar copia del informe geomorfológico” elaborado antes del conocido actualmente.

Respecto a la falsedad en documento oficial, los denunciantes aluden a “la afirmación relativa a la inclinación del acantilado” para señalar la línea de deslinde marítimo terrestre, aspecto por el que Costas inició el expediente de demolición del barrio. La legislación establece que pertenecen al dominio público las paredes de los acantilados sensiblemente verticales, cuyo grado de inclinación es superior a 60 grados, siendo este el caso. En el estudio geomorfológico se señala que es inferior.

En la denuncia ante la Fiscalía, al abogado de los vecinos, José Ortega, le resulta “extraordinariamente escandaloso y muy revelador” que Costas determine que en Bajo la Cuesta el temporal alcanza, supuestamente, cotas de hasta 30 metros -y esto 20 metros tierra adentro-, mientras que “en la vecina y cercana central térmica el alcance de los temporales queda fijado en cotas de entre cinco y ocho metros justo en la escollera de protección (…) y, por supuesto, el deslinde no penetra al interior ni el menor espacio de las instalaciones fue incluido en el dominio público”.

Otro hecho sobre el que llama la atención es que el acantilado lo constituyen dos fincas catastrales inscritas en el Registro de la Propiedad siendo el propietario de una de esas dos parcelas Endesa, que también lo es de la central térmica. Ortega apunta a la Fiscalía que, “por tanto, de los hechos se desprende que la administración dictó una resolución injusta a sabiendas”.

Y sí, existe un estudio geomorfológico. Al menos es lo que trasladan a la Fiscalía los afectados, que no han podido acceder al mismo. Costas les hizo saber que se encontraba en la Jefatura Provincial, donde no les ha sido dado a conocer. Este estudio es definido como “documento interno” por la Subdelegación de Gobierno, según aparece en la denuncia.

En la narración de la historia de Bajo la Cuesta que trasladan a la Fiscalía, los afectados llaman la atención sobre el hecho de que el secretario del Ayuntamiento de Candelaria conoció la existencia del último decreto de desalojo “cuando se iba a firmar”, mientras que todo el procedimiento previo fue realizado por personal laboral y empresas externas. Eso, según el abogado, “denota una actividad puramente clandestina del entonces alcalde, José Gumersindo García Trujillo”.

El gobierno municipal anunció ayer que esta semana se hará la verificación, por parte de la Policía Local, de si se ha producido el desalojo. Cuando se constate que los vecinos se mantienen en sus casas, “habrá que elaborar un nuevo decreto solicitando el consentimiento de desalojo”. Asimismo, esta semana enviarán los escritos correspondientes al Cabildo y al Gobierno de Canarias y se solicitarán reuniones “en cuanto se conozca quiénes son los responsables en cada administración”.

   

julio 1, 2015
Fuente:

http://www.diariodeavisos.com/2015/06/contencioso-bajo-cuesta-llega-fiscalia-anticorrupcion/

El contencioso de Bajo la Cuesta llega a la Fiscalía Anticorrupción

El contencioso que mantienen vecinos de Bajo la Cuesta y Ayuntamiento de Candelaria por el decreto de desalojo del 12 de junio, escribió ayer un nuevo capítulo que puede alargar aún más la resolución del mismo, después de que se haya cumplido el tiempo de desalojo voluntario que dio el Consistorio, sin que ningún vecino abandonara alguna de las 54 casas-cuevas.

El abogado del colectivo vecinal, José Ortega, declaró ayer desde Madrid, que finalmente presentará hoy una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción para que ésta investiga una presunta prevaricación administrativa e incluso otra por falsedad documental, acogiéndose a lo sucedido por el deslinde de 2006, según el letrado, “para no molestar a Endesa”.
Tras un largo informe de la denuncia, que recoge en 17 puntos los antecedentes de Bajo la Cuesta, éste concluye que “no se presenta esta denuncia contra persona determinada, pero se pide a la Fiscalía que use de su autoridad para investigar y, si de ello resultara la comisión de delito, formular querella. No obstante, sí se considera que hay delito de prevaricación individualizado en las siguientes conductas, muy señaladas y claras: Orden Ministerial aprobatoria del deslinde de 2006, por no incluir la misma el espacio ocupado por la central térmica. Silencio de la Dirección General en relación a las solicitudes de replanteo y revisión de 2013. Negativa de la Jefatura de Costas a entregar copia del informe geomorfológico que habría de servir de base a la desafectación. Decisión de la alcaldesa de no requerir a los propietarios de los terrenos para que los aseguren a su costa. Y delito de falsedad en documento oficial del apartado cuarto del artículo 390.1.4 del código penal, consistente en faltar el funcionario público a la verdad en la narración de los hechos, cuando el autor del estudio geomorfológico previo al deslinde de 2006 pretende que la inclinación del acantilado es inferior a 60 grados”.
En virtud de ello, José Ortega solicita a la Fiscalía que admita los documentos aportados y se sirva practicar las diligencias de investigación precisas para la comprobación de los hechos, formulando querella en caso de desprenderse de la investigación la comisión de uno o varios delitos.

Verificación

Desde el Ayuntamiento comunican que esta semana se hará finalmente la verificación por parte de la Policía Local de que no ha habido desalojo voluntario, por lo que se elaborará un nuevo decreto solicitando el consentimiento de desalojo. Asimismo esta semana se enviarán los escritos correspondientes al Cabildo y al Gobierno de Canarias para solicitar las reuniones, a la que están invitados los vecinos, en cuanto se nombren a los responsables en la materia.
“A Brito le voy a poner difícil el mandato”
Al final del extenso informe que enviará hoy a la Fiscalía, José Ortega mandó una seria andanada a la actual alcaldesa, escribiendo esto en su blog: “Yo no uso más pólvora ni más balas que las palabras, pero aquí dejo mi primera descarga de artillería como respuesta a la declaración de guerra anunciada por Mari Brito al anunciar que pretende ejecutar los desalojos incluso antes de resolver el recurso de reposición. Digo la primera porque tengo el armero repleto de esa pólvora virtual. La alcaldesa ha elegido situarse junto a su predecesor en el campo del oscurantismo y de los enemigos de la democracia, y es su responsabilidad. Nosotros vamos a plantar bien los pies sobre la tierra firme, vamos apretar los dientes y vamos a librar todas las batallas de esta guerra con tenacidad y sobre todo con inteligencia, y vamos a meterle el dedo en el ojo a todo el que se mueva contra los derechos de los vecinos. El éxito no lo puedo garantizar ,pero si el enemigo consiguiera sus sucios fines, garantizo que no saldrá indemne y anuncio que a partir de hoy a Mari Brito, dentro de mis modestas posibilidades, le voy a poner la legislatura bastante difícil”.
José Ortega

http://www.costasmaritimas.es

   

junio 30, 2015
@abogadodelmar

Cambio de estrategia. Ayer decidí que es más apropiado presentar la denuncia en anticorrupción. La parte que está en negrita es nueva

A LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

SONIA ALBA MONTESERIN, Procurador de los tribunales, con DNI, en nombre y representación De…. , comparezco DIGO:
Que, mediante el presente escrito pongo en conocimiento de esa Fiscalía Anticorrupción los hechos que a continuación se exponen:
PRIMERO.- Mis representados son todos ellos ocupantes y antiguos propietarios, hasta la aprobación del deslinde, de terrenos y sus correspondientes viviendas situados en un espacio del término municipal de Candelaria llamado Bajo la Cuesta, aunque igualmente se lo conoce como Las Caletillas.
La zona está configurada como un acantilado que forma a su pie una berma originalmente de superficie irregular y de unos cinco metros de anchura como promedio. Un número de ciudadanos que procedían en su mayoría de Igueste compraron esos terrenos de la berma a su entonces propietario y construyeron en ellos una serie de viviendas cueva, dando origen a lo que es hoy un barrio formado por viviendas en línea y una única calle llamada Manuel Oliva Martín, de las que lo único visible son son fachadas, jardines o porches, ya que los espacios habitables fueron excavados en la roca.
La excavación de las cuevas tuvo lugar a principio de los años setenta, después del deslinde que luego se dirá.
En el presente relato de hechos se describirán conductas observadas por Autoridades y funcionarios públicos que pueden ser constitutivas de delito a pesar de que en principio pueda parecer que tales conductas se presentan bajo la forma de simples lícitos administrativos.
SEGUNDO.- con fecha 24 de enero de 1969 se aprobó un deslinde de zona marítimo terrestre cuya línea delimitadora quedó fijada por el borde de la berma, dejando la berma misma fuera del dominio público. Se dio lugar a continuación al amojonamiento con hitos físicos físicos consistentes en bloques de piedra.
TERCERO.- En 1977 la construcción de la autopista de Santa Cruz a Los Cristanos, que discurría por la coronación del acantilado, originó la caída sobre la berma de escombros que fueron aprovechados para nivelar y allanar ésta última, haciendo así el espacio más habitable. Por otro lado, estos escombros sepultaron los hitos y cuando la pala mecánica los explanó se llevó por delante los hitos de piedra, que desaparecieron.
Algo mas tarde, la adición de un tercer carril a la autopista dio lugar a la caída de nuevos escombros, que esta vez se emplearon para ampliar la berma, ganando terrenos al mar.
CUARTO.- La berma pasó a formar parte del dominio público marítimo terrestre mediante deslinde aprobado por orden ministerial de 22 de mayo de 2006, encontrándose las viviendas situadas entre los vértices V-233 y V-241 del plano oficial.
La denominación oficial del expediente es la siguiente: Deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre del tramo de costa de unos tres mil sesenta y dos metros de longitud, comprendidos entre la playa El Chovito y Barranco Hondo, en el término municipal de Candelaria (Isla de Tenerife), ref. DL-107-TENERIFE VHA.
El contenido de esta resolución es sorprendente por los siguientes motivos:
-El plano oficial del deslinde contiene grafía de la línea de zona marítimo terrestre de 1969, que en lugar de discurrir por el borde de la berma se había dibujado por la pared del acantilado y en cotas variables de hasta treinta metros. Esta línea se hacia coincidir en determinados subtramos (no en todos) con el deslinde de dominio público marítimo terrestre. Esto implicaba la pretensión de que la ocupación de los terrenos se había hecho cuando los mismos ya pertenecían a la zona marítimo terrestre, por lo que se trataba con arreglo a esa suposición de ocupaciones ilegales.
-La línea de deslinde de dominio público marítimo terrestre, donde no era coincidente con la anterior, se situaba a cotas similares o incluso superiores sobre la pared del acantilado debido al supuesto alcance de los máximos temporales conocidos, con arreglo a la definición legal del artículo 3.1.a) de la ley de costas. Esta determinación del alcance de los temporales se hizo, según reconoce el autodenominado estudio geomorfologico, por observación directa, es decir sin previo estudio técnico o científico y sin seguirse los criterios del reglamento de costas entonces vigente, cuando mandaba que se tengan en cuenta las “referencias comprobadas de que se disponga”.
QUINTO.- la grafía de la línea de 1969 en el plano del deslinde de 2006 viene afectada por las siguientes distorsiones:
-La primera, errores matemáticos y topográficos en el replanteo ( se analizará a continuación)
La segunda, que la línea se grafía en espacio incompatible con la definición legal entonces vigente de zona marítimo terrestre (se analizará más adelante para mantener el relato de hechos por orden cronológico).
En cuanto a los errores matemáticos y topográficos: El deslinde de 1969 aprueba un plano sin referencias claras, puesto que en aquel momento no existían las viviendas. Ese plano estaba dibujado a mano y constituía poco mas que un croquis sujeto a imprecisiones derivadas incluso del grosor de la línea poligonal del deslinde. En el mismo se ve solo la línea poligonal un poco al interior de un espacio rocoso que esta parte dice que es el borde de la berna y que la administración pretende que es la pared del acantilado.
Como todos los planos o croquis de la época, se había elaborado con un teodolito y mediante el procedimiento de fijar un punto inicial y a partir de él ir trazando los segmentos de la poligonal, que quedaban delimitados y fijados según dos variables: La distancia del segmento y el ángulo del vértice firmado por el segmento entrante y el saliente.
Esto podría producir serios problemas técnicos arrastrados en caso de error en el cálculo de un ángulo o distancia y por ese motivo en todos los deslindes de la época incluían una serie de puntos fijos que no eran más que esquinas de edificaciones existentes.Estos puntos se distribuían por todo el tramo.
En el caso del deslinde que nos ocupa, la delimitación era de todo el término municipal y los puntos fijos más próximos a nuestra zona fueron designados como I y J. Estos puntos se encontraban en el mismo punto donde hoy podemos ver la central térmica que hay a la entrada de la calle Manuel Oliva Martin y desaparecieron con motivo de la construcción de la central y la demolición de los edificios preexistentes.
La desaparición de estos puntos fijos dio lugar a que los técnicos que elaboraron el deslinde de 2006 tuvieran que forzar cálculos complementarios. Con motivo de ellos incurrieron en un error al asignar valor al ángulo 34 del deslinde nuevo. Este error fue en su día perfectamente aislado y diagnosticado por el arquitecto técnico Don David Rodriguez Amador como el origen de un desvío absurdo en la línea resultante, que se llevó en este replanteo erróneo por la pared del acantilado y que como se ha dicho es la que da lugar a la suposición de que las viviendas se construyeron o excavaron dentro de lo que ya era zona marítimo terrestre y por tanto espacio público.
Por otro lado, tres observaciones:
-Si fuera cierto que el deslinde de 1969 discurría ya por una pared prácticamente vertical, habría sido imposible fijar sobre ella el trípode que sostiene el teodolito.
-Igualmente, si fuera cierto lo anterior, el amojonamiento físico de la zona, que efectivamente se hizo con hitos de piedra como se hacía siempre en esa época como medio de comprobacion de la ubicación de cada hito (ya que no existía GPS).
-Finalmente, si fuera cierto que los hitos de la poligonal del deslinde de 1969 discurrían por la pared del acantilado, es obvio que los mismos no habrían desaparecido cuando los rellenos fueron explanados, ya que dicha explanación se hizo por la berma y naturalmente no por la pared. Y como es cierto y consta que hubo amojonamiento, el hecho de que no haya ningún hito de piedra en la pared indica que los hitos en cuestión se situaron en la superficie horizontal de la berma y mas tarde desaparecieron por los motivos arriba expuestos.

SEXTO.- La determinación del dominio público marítimo terrestre por el máximo alcance de los temporales en el plano de 2006 presenta las siguientes distorsiones:
En primer lugar, la fijación del deslinde en cotas de hasta treinta metros implica la existencia de olas en el mar muy superiores, ya que para llegar a tocar lapa red del acantilado a tal altura esa gigantesca ola habría de volar por encima de los aproximadamente veinte metros de la berma ampliada. Una ola de esas características debería haber alcanzado igualmente otras partes de la isla mucho más expuestas, creando desastres naturales de los que sin embargo no se ha tenido noticia.
-En segundo lugar, la Administración tuvo por no puesta la parte ampliada de la berma e hizo uso uso del artículo 6.2 del reglamento de costas vigente al tiempo del deslinde en su redacción que afirma que se tendrán por no puestos los obstáculos artificiales a la marea, considerándose que se inunda todo el espacio que por su cota resultase naturalmente inundable. El precepto, sin embargo, no es de aplicación a los temporales por la sencilla razón de que de la misma forma que la determinación de la cota que resultaría naturalmente inundable por la marea es una operación sencilla que solo precisa de trasladar los datos de los anuarios locales de mareas, tal cosa no puede decirse de los temporales porque la determinación de cual habría sido su alcance en caso de no existir el obstáculo, es algo que depende de las condiciones del viento, que son variables.
-En tercer lugar, resulta extraordinariamente escandaloso y muy revelador que mientras que en Bajo la Cuesta el temporal alcanza supuestamente cotas de hasta treinta metros, y esto veinte metros tierra adentro, teniéndose por no puesta la ampliación de la berma por ser artificial, en la vecina y cercana central térmica el alcance de los temporales ha quedado fijado en cotas de entre cinco y ocho metros justo en la escollera de protección, al mismo tiempo que la escollera misma, pese a su carácter artificial ha sido respetada como si de un arrecife natural se tratara y por supuesto el deslinde no penetra al interior ni el menor espacio de las instalaciones fue incluido en el dominio público.
Todo esto se expone para llevar a esa Fiscalía al convencimiento de que no nos encontramos ante un simple ilícito administrativo o ante una decisión a la que se pueda poner reparos de ajuste a la ley, sino ante decisiones arbitrarias cuya suma (como veremos) puede configurar un delito de prevaricación.
Por de pronto es fácil comprobar cómo esta posible prevaricación se desprende del trazado desigual y selectivo dado a la línea delimitadora del dominio público, en apariencia con el único fin de proteger al propietario de la entro térmica y no molestarlo incluyendo sus instalaciones en el espacio demanial.
Idéntica distorsión se deriva del hecho de que el acantilado a cuyo pie de excavaron las cuevas no fuera declarado dominio público. El artículo 4.4 de la ley de costas dice que pertenecen al dominio público las paredes de los acantilados sensiblemente verticales que estén en contacto con el mar o con su ribera, y el artículo 6.3 de su reglamento entonces en vigor decía que son sensiblemente verticales los acantilados cuyo grado de inclinación es superior a sesenta grados. Como quiera que la inclinación del acantilado que nos ocupa es muy superior a sesenta grados, durante años fue un misterio para este Letrado por qué motivo el autodenominado estudio geomorfologico pretende lo contrario al decir que su inclinación es inferior, con la consecuencia de que el espacio quedó fuera del dominio público.
Esa duda ha quedado aclarada en momentos recientes, cuando determinadas indagaciones relacionadas con la orden de desalojo que luego se dirá han dado como resultado que el acantilado constituye dos fincas catastrales que también figuran inscritas en el Registro de la Propiedad. El propietario de una de esas dos parcelas es ENDESA, que también lo es de la central térmica a través de su filial UNELCO. Por tanto, de los hechos se desprende que la Administración dictó una resolución injusta a sabiendas al fijar el dominio público natural por la escollera de la central térmica y además el responsable de la afirmación de que el acantilado presenta inclinación inferior a sesenta grados promovió esa prevaricación y además incurrió en el delito del artículo 390.4 del Código Penal consistente en faltar el funcionario a la verdad en la narración de los hechos.
A tener en cuenta por esa Fiscalia que estas determinaciones tan groseramente ilegales del deslinde se adoptaron para no molestar a una sociedad de extraordinario poder e influencia como es ENDESA, y que sin necesidad de que se haya producido ningún delito específico de cohecho, implican una rechazable sumisión de los poderes públicos a los poderes tácticos del dinero. A este respecto señalo que la ley orgánica de financiación de los partidos políticos indica que los partidos políticos pueden financiarse mediante donaciones privadas siempre que éstas no sean finalistas, y que los partidos sólo están obligados a informar al Tribunal de Cuentas de tales donaciones cuando éstas superen los 25000 euros al año (artículo 5.2).
Es coherente creer que una sociedad tan potente como Endesa siga la costumbre muy conocida en Estados Unidos de asegurarse el control político y normativo del país financiando a ambos partidos mayoritarios, y en tal caso, y con independencia del importe económico de la posible donación o donaciones, la hipótesis de que Endesa fuera donante podría explicar las indignas decisiones de los responsables del deslinde respecto de su central térmica. Esto convertiría la donación en finalista y por tanto nos situaría ante una violación de la ley orgánica antes mencionada. Debería incluirse por tanto entre las diligencias de investigación de esa Fiscalía consulta ordenada a averiguar esta circunstancia. Deberá tenerse en cuenta que el artículo 5.2.a) de la ley de financiación de los partidos políticos solo admite donaciones privadas de personas físicas, y no siéndolo la sociedad ENDESA debería estudiarse la posible intervención de persona física a título de testaferro.
SÉPTIMO.-El deslinde fue recurrido ante la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso con una sentencia en la que respecto al replanteo del deslinde anterior reprochaba al recurrente no haber aportado pruebas suficientes para acreditar los errores y en la que respecto al alcance del temporal aporta la nota tan original como pintoresca de anular un subtramo en el que dicho alcance había sido fijado en cota de 42 metros pero no el resto, donde se pretendía que la ola había llegado a treinta metros. Esto indica que al ponente (sin previo informe de perito) le parecía contraria a derecho y no justificada la pretensión de que la ola llegara a cuarenta y dos metros pero en cambio le parecía de perlas la de que alcanzaba los treinta, lo que no resulta precisamente muy comprensible.
OCTAVO.- Poco después de aprobarse el deslinde, Jefatura Provincial de Costas incoó expedientes de recuperación posesoria de oficio contra los propietarios de las viviendas con la finalidad de poner fin a las ocupaciones y proceder a su derribo.
Las decisiones fueron recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que tramitó dos procedimientos paralelos (183/2009 y 186/32009) que se encuentran totalmente terminados y pendientes de sentencia desde hace varios años, si bien es cierto que la deliberación y fallo ha tenido lugar recientemente, como se dirá. En estos procedimientos se practicaron diversas pruebas periciales, siendo una de ellas la de un ingeniero de la Jefatura de Costas de Tenerife llamado Don Secundino. Este hombre había aportado unas superposiciones de la aplicación Google Earth sobre diversos planos y durante su ratificación a presencia judicial no tuvo inconveniente en reconocer que había estirado y deformado los planos con la finalidad de conseguir que cuadrasen los elementos superpuestos que a él le interesaban, mientras que las regiones periféricas de descuadraban extraordinaria y escandalosamente.
No obstante, incluso así, en la zona en la que sí debía cuadrar todo a la perfección, que era la más cercana al área conflictiva, se apreciaba que la línea del deslinde antiguo discurría paralela a un antiguo muro de contención de cultivos (hoy soterrado) unas veces por la parte del mar y otras por la del interior, lo que denota que todo el informe había sido manipulado de propósitos y que el perito estaba tratando de engañar al tribunal.
NOVENO.- A vista de que todo el problema de las recuperaciones posesorias derivaba de un trazado erróneo del deslinde de 1969, los vecinos solicitaron a la Jefatura Provincial de Costas la incoación de expediente de replanteo. La petición fue denegada y la denegación recurrida en alzada. La resolución del recurso fue desestimatoria aunque la misma resolución, de forma sorprendente, incluye una más bien abstrusa invitación a los afectados a pasar por la Jefatura de Costas a fin de discutir las cuestiones técnicas derivadas del replanteo. Básicamente la razón de la Administración para desestimar el recurso era que el deslinde de 2006 ya contenía un replanteo suficiente de la línea antigua (aunque se había hecho sin intervención de los afectados)
Contra estos actos se formuló recurso contencioso administrativo que se siguió con el número 35/2010 y en el que acaba de recaer en fecha 9 de junio de 3015 sentencia desestimatoria que ha sido recurrida en casación a causa de la extrema pobreza de sus argumentos y a la insistente forma en la que hasta tres veces desestima alegaciones de la demanda que nunca existieron pero que nominalmente se parecen a las planteadas. Por ejemplo, una de las cosas que decía la demanda es que el hecho de que las NNSS hubiesen calificado el barrio como suelo urbano era un indicio indirecto de que que la Jefatura de Costas no tenía la zona como demanial, ya que en tal caro no habría permitido tal clasificacion. Por increíble que esto pueda parecer, la sentencia desestima el argumento recordando que aunque dichas NNSS fueron aprobadas antes de la ley de costas, fueron objeto de publicación oficial con posterioridad a ésta, por lo que no podían ser tenidas en cuenta a los efectos de la disposición transitoria novena apartado tercero del reglamento de costas. El razonamiento es simplemente ininteligible, ya que esa disposición transitoria tiene por finalidad regular los procedimientos a seguir en caso de que la autoridad urbanística pretenda declarar que los terrenos eran urbanos antes de la entrada en vigor de la ley de costas a efectos de aplicar la extensión reducida de la servidumbre de protección. Por otro lado, la sentencia afirma que no procede incoar expediente de replanteo porque la anterior sentencia de la AN ya rechazó la existencia de errores en la grafía del deslinde de 1969. Con esto se ignora deliberadamente que lo que dice la sentencia es que la parte no había aportado pruebas suficientes para acreditar esos errores. Siendo esto así, debería entenderse que la parte está legitimada para aportar pruebas nuevas y mejores en este nuevo procedimiento, pero desde luego la Sala no quiso entenderlo si.
Como puede comprobarse, siendo cierto que la sentencia es desestimatoria, también lo es que su técnica jurídica es inexistente, que sus errores son de bulto y que su calidad está por debajo del mínimo.
Sea como fuere, la pretensión de base no era que la Administración admitiese errores en el replanteo de la línea antigua, sino que incoar expediente de replanteo sin perjuicio de su resultado. Por lo tanto, la pretensión tenía un contenido neutro y únicamente buscaba la investigación de la verdad. A los efectos de esta denuncia, tenga en cuenta esa Fiscalía la irracional cerrazón de los poderes públicos a que pudiera hacerse lo que no era más que una mera comprobación técnica ordenada a dicha investigación de la verdad y su incomprensible empeño en impedir que se abriera expediente contradictorio destinado a tal fin incluso cuando lo que estaba en juego era el derribo de cincuenta viviendas y la desgracia de cincuenta familias. Los poderes públicos no querían hacer esacomprobacion. Querían solo derribar.
DÉCIMO.- En junio de 2012, este Letrado participó junto con el entonces Alcalde de Candelaria, Don Jose Gumersindo Garcia Trujillo, el Senador y Vicepresidente del Cabildo D. Aurelio Abreu, el Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Don Pedro Antonio Ríos, el Subdirector General de actuaciones en la Costa, Don Manuel Velasco Cabeza y un técnico de la Dirección General cuyo nombre se desconoce, en una reunión instada para aclarar el posible error técnico en el replanteo del deslinde antiguo. Siendo el responsable de dicho replanteo el técnico presente, el mismo confesó que no tenía muy claro por dónde iba el deslinde y que según las operaciones obligadas como consecuencia de la desaparición de los puntos fijos, había salido una línea que consideraba la más coherente de todas las posibles pero que no podía estar seguro de que fuera la correcta. Resulta estremecedor que incluso así la Administración de negase en redondo a tramitar expediente de replanteo e insistiese en derribar el barrio. A efectos de las responsabilidades penales que puedan desprenderse de esta denuncia, tenga en cuenta la Fiscalía lo anormal que resulta que la Administración siga adelante con sus planes de derribos masivos incluso sin estar segura de que tiene razón.
UNDÉCIMO.- En 2013, este Letrado formuló demanda civil ejerciendo contra el Estado acción declarativa del dominio. La demanda se basaba no solo en todo lo que ya ha sido expuesto, sino también en el hecho de que el deslinde de 1969, al haberse aprobado en 24 de enero, era anterior a la ley de costas de 26 de abril del mismo año. Por tanto, en el mismo se había aplicado el artículo 1.1 de la ley de puertos de 7 de mayo de 1880, que definía la zona marítimo terrestre como el espacio bañado por el mar en su flujo y reflujo. Esto era una extraordinaria novedad por significar que aquella línea no había sido fijada por el alcance de los temporales, ni siquiera ordinarios, sino de la marea alta. De aquí que fuera muy natural que el deslinde hubiera marcado la línea por el borde de la berma, y sobre todo que sea total y absolutamente absurda la pretensión de la Administración de que la línea antigua hubiera sido trazada en cotas de hasta treinta metros.
Las cotas de los planos de espacios donde las mareas s on sensibles de miden a partir de la intermareal, siendo ésta la el punto medio entre las mareas alta y baja, lo que se llama la carrera de mareas. En nuestro caso la carrera de mareas es de cinco metros aproximadamente, por lo que la intermareal está a unos dos metros y medio por debajo de la marea alta. Esto significa que un vértice del deslinde de 1869 situado a una cota de treinta metros está veintisiete metros y medio por encima de la marea alta. Pero como el deslinde de 1969 se había fijado, conforme a la ley, por la mayor pleamar, esto solo significa que los ingenieros de Costas pusieron el punto que alcanzaba la marea alta veintisiete metros y medio por encima de la propia marea alta, lo que tierna la pretensión en ridícula además de errónea.
Por otro lado, el replanteo de la línea antigua la sitúa la en cotas desiguales, lo que resulta incompatible con un trazado que por definición se corresponde con una línea de marea siempre igual que de ninguna manera puede alcanzar cotas unas más altas que otras.
Esto seguiría siendo así, o si cabe es así con mas fuerza, incluso aunque fuera cierta la pretensión de Costas de que en esa parte de costa nunca existió una berma, sino que el acantilado de hundía a pico en el mar. Si así hubiera sido, los escombros caídos del acantilado debido a la construcción de la autopista no habrían quedado atrapados en la berma y no habrían podido ser aprovechados para nivelarla.
El Abogado del Estado solicitó en ese procedimiento civil una prueba a la que esta parte no se opuso. Consistía en calicatas para demostrar qué parte de la berma estaba formada por rellenos y a qué profundidad aparecía la roca original constitutiva de la berma. Esto solo es obvio que ya desmonta la pretensión de que en la zona nunca existió una berma natural, pero por lo que aquí interesa resulta que el resultado de la prueba fue que los materiales eran heterogéneos pero los rellenos aparecían superficialmente y en espesores moderados. Una de las capas de materiales resultó tener varios millones de años. Pues bien, aunque esto pueda sorprender, en sus conclusiones orales el Abogado del Estado se atrevió a sugerir que esos materiales (que estaban profundamente bajo la superficie) habían sido llevados allí por los propios vecinos.
A los efectos de esta denuncia, tenga en cuenta la Fiscalía el carácter extremadamente irrazonable de la pretensión.
El procedimiento esta pendiente de sentencia.
DUODÉCIMO.- En 2013, y a vista de las nuevas revelaciones derivadas de que el deslinde antiguo aplicó la ley de puertos de 1880, este Letrado dirigió a la Dirección General deSistenibilidad de la Costa y el Mar nueva solicitud de replanteo de aquel deslinde. Nada tenía que ver esta petición con la anteriormente formulada, ya que ahora se fundaba en que en 1969 la línea quedó fijada por la mayor pleamar y que el replanteo no podía fijar la pleamar por encima de la propia pleamar.
A pesar del mucho tiempo transcurrido, la Dirección General ha omitido toda respuesta. No es ya que conteste diciendo que ha decidido no acceder a lo solicitado: Es que no contesta, ni mueve un músculo ni hace nada, incluso a sabiendas de que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ordena que la Administración dé respuesta a todas las peticiones de los ciudadanos.
En estimación de este Letrado, la diferencia entre la primera petición de replanteo y la segunda es simple: La primera se basaba en la existencia de un error técnico de carácter topográfico y por lo tanto era más o menos defendible por los ingenieros de costas con argumentos técnicos de carácter topográfico, campo en el que ostentan una abundancia de medios evidente. Sin embargo esta nueva solicitud de replanteo creo que no admite discusión porque evidencia que la fijación de la línea antigua es no solo errónea, sino además surrealista. No hay nada que la Administración pueda hacer, me parece, para discutir la solicitud ni para poner en duda sus fundamentos y por eso es coherente que su única defensa sea el silencio y hacer el vacío a la solicitud fingiendo que no existe. Pero es una defensa ilegítima constitutiva de delito de prevaricación a juicio de este Letrado.

DECIMOTECERO.- en la misma fecha y por idénticos motivos, este Letrado solicitó la revisión o revocación del deslinde de 2006 al amparo de los artículos 102 y 105 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Esta solicitud ha sufrido hasta la fecha la misma suerte que la anterior, por lo que consideró que también hay prevaricación.

DECIMOCUARTO.- En la reunión a la que me he referido anteriormente, de junio de 2012, el Director General de Costas adoptó la decisión de iniciar procedimiento que culminara con la desafectacion del barrio. Para ello habría que tramitar un nuevo deslinde que fijara la ribera del mar dejando libres las viviendas, con posterior declaración de innecesariedad de los terrenos sobrantes y su entrega al patrimonio del Estado y final devolución a los vecinos. A este fin, encargó estudio geomorfologico a empresa externa cuya identidad este Letrado desconoce.

A los pocos meses Don Pedro Antonio Ríos cesó como titular de la Direccion General debido al cambio de Gobierno. A partir de ese momento nadie en la casa supo dar razón del paradero del informe.

En enero de 2013, encontrándose en una reunión con la Subdirectora General, doña Raquel Orts Nebot, este Letrado le pidió que localizase el informe, cosa que no hizo. Transcurrido un año y en el curso de otra reunión, este Letrado insistió en la petición y doña Raquel, en vez de contestarle, se limitó a levantarse y marcharse pretextando que tenía cosas que hacer.
En enero de 2015 este Letrado remitió a la Dirección General comunicación dejando constancia de que la Intervención Delegada había autorizado el pago del informe geomorfologico y de que éste se había efectuado, lo que indicaba que el informe había sido efectivamente elaborado y entregado. Se advertía en esta comunicación que caso de que continuara sin aparecer presentaría querella por delito de infidelidad en la custodia de documentos. Esto causó un efecto admirable puesto que el documento apareció efectivamente, aunque la Dirección General dijo haberlo remitido a la Jefatura Provincial para su valoración.

Sin embargo, cuando los interesados se personaron en las oficinas de la Jefatura de Costas para reclamar una copia, sus responsables se negaron a ello. Por este motivo a esta fecha aún no hemos podido conocer el resultado de un estudio técnico que es obvio que afecta a los vecinos de Bajo la Cuesta de forma especialmente sensible.
Gestiones privadas entendidas con el Subdelegado del Gobierno han dado un resultado decepcionante ya que al parecer éste respalda la actitud de la Jefatura de Costas pretextando que el informe es un “documento interno” de la Administración. Pero tan alta Autoridad debería saber que el concepto “documento interno” de la Administración ni existe, ni está regulado en norma alguna ni tampoco es posible su existencia, supuesto que los documentos administrativos integrados en un expediente no resuelto, como es el caso, pueden ser consultados y copiados por los interesados, como bien establece el artículo 35.a) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Como quiera que el estudio geomorfologico fue remitido por la Dirección General para que sirviera de base a la incoación de un expediente de deslinde, resulta indiscutible que el mismo forma efectivamente parte de un expediente como encabezamiento del mismo, por lo que los interesados tienen un derecho garantizado por la ley a obtener copia. El documento en cuestión no escapa a ese derecho de los ciudadanos al no estar calificado oficialmente de restringido, confidencial o secreto.
Este Letrado considera que hay prevaricación.

DECIMOQUINTO.- En el invierno de 2010, coincidiendo con una época de vientos huracanados en la isla, un desafortunado accidente causó la muerte de dos turistas en Los Gigantes cuando se desprendió parte de un acantilado.

El 26 de febrero de ese año, el entonces Alcalde de Candelaria, a quien ya se ha nombrado, a vista de la persistencia de los vientos, dictó Decreto de desalojo de los vecinos de Bajo la Cuesta para prevenir posibles desprendimientos del acantilado al que me he referido en este escrito. La decisión fue adoptada sin previa audiencia y de forma tan abrupta como unilateral, sorprendiendo a los vecinos, que desde luego se quedaron en sus casas.
En mayo de 2015 una piedra se desprendió del acantilado e impactó contra un vehículo particular, cuyo propietario presentó denuncia. El Alcalde, incluso en funciones, firmó Decreto ordenando el desalojo. La decisión se adoptó nuevamente sin audiencia y previos los siguientes informes:
El Decreto es una vía de hecho. No existe tramitación previa a la que podamos llamar expediente administrativo. Todo lo que hizo el alcalde fue solicitar los siguientes informes:

Tecnico municipal de protección civil, favorable al desalojo. Casualmente el técnico en cuestión no es funcionario público sino personal laboral..2. Servicio jurídico. Es incomprensible que el técnico reconozca ignorar todo lo relativo al estado de conservación de la malla metalizada que el Gobierno de Canarias instaló en su día en el acantilado
Jefa del Servicio Jurídico, favorable al desalojo. Casualmente la jefa del servicio jurídico no es funcionario sino personal laboral.
Sociedad ICinco, favorable al desalojo que concluye que existe peligro de desprendimientos y deslizamientos y que es una sociedad totalmente privada. El estudio es es superficial, limitado, genérico, disociado del caso concreto, incompleto e insuficiente para concluir que existe un riesgo real de desprendimientos o deslizamientos. Parece ser que este estudio se hizo mediante examen visual a través de fotografías o vídeos que fueran obtenidos con un dron. Se acompañara informe donde así consta elaborado por el Ingeniero de Caminos don Juan Jose Cabrera, que se acompaña como anexo.

A lo anterior hay que añadir que el Secretario del Ayuntamiento, que por su misión estatutaria es el encargado de controlar la legalidad de los actos de la Corporación, no solamente no fue consultado sino que según sus propias manifestaciones su primer conocimiento del tema tuvo lugar cuando se iba a firmar el acto combatido. Curiosamente, el Secretario sí es funcionario público.

Esto denota una actividad puramente clandestina del entonces Alcalde, Don José Gumersindo a Garcia Trujillo. Parece obvio que el Secretario, si no se le hubiera ocultado la iniciativa, habría exigido la previa tramitación de expediente contradictorio, y justamente eso era lo que el Alcalde quería evitar. Estas auténticas maquinaciones fraudulentas del Alcalde sin lo que permite confirmar que existe delito de prevaricación, pues resulta extremadamente probable que el personal laboral carecía de independencia y estabilidad en el puesto, por lo que sus informes fueron sesgados. De aquí concluimos que al Alcalde no le interesaba ni la seguridad, ni el tiempo, ni la objetividad, ni mucho menos los derechos de los vecinos. Lo único que sí le interesaba es aprovechar el hecho de que había crudo una piedra para proceder al desalojo definitivo y permanente de los vecinos.

Desde luego cuanto se ha expuesto deberá ser objeto de las adecuadas comprobaciones por esa Fiscalía.

A lo dicho hay que añadir que en reunión previamente mantenida con los vecinos por los Alcaldes entrante y saliente, se hizo saber a éstos que los terrenos del acantilado, en contra de lo que se pudiera pensar, tienen propietario, siendo uno de ellos un ciudadano particular y el otro nada menos que la mercantil UNELCO, como ya se ha dicho filial de ENDESA. Como se puede comprobar, los poderes públicos parecen extraordinariamente sensibles ante esta poderosa sociedad anónima y muestran una especial renuencia a contrariarla o a tomar cualquier determinación que pueda perjudicar sus intereses, porque además de lo ya dicho sobre el deslinde los Alcaldes saliente y entrante se negaron a practicar el requerimiento que se les pedía para que estos propietarios asegurasen el acantilado a su costa. Este Letrado considera que hay prevaricación.

Finalmente, el Decreto incluye transcripción del informe del responsable municipal de protección civil. Ni siquiera consta en este informe, como en el de ICinco, si la piedra pudo haber caído de esa parte a causa de un mal estado o una deficiente fijación de la malla.
La Alcaldesa ha anunciado a los medios de comunicación su intención de ejecutar el desalojo incluso antes de resolver el recurso de reposición que fue inmediatamente presentado por los vecinos, lo que, aunque se ajuste a derecho, resulta muy poco habitual en el marco de la practica administrativa, denota una agresividad innecesaria que este Letrado ni siquiera ha visto en la práctica de la Jefatura de Costas e implica una declaración de guerra explícita contra los vecinos.

Parece ser que la Alcaldesa pretende poner en marcha con carácter inmediato un fraude de ley prohibiendo el acceso a la calle Manuel Oliva Martin. De esta manera no se produce una violación directa del artículo 18 de la Constitución pero sí su vaciado de contenido, puesto que para poder entrar en sus casas y ejercer un derecho fundamental de la persona como es el derecho al domicilio, los vecinos se verán obligados a desobedecer la prohibición, por lo que es previsible que lluevan las denuncias por desacato. Puede entender esa Fiscalia que el fraude de ley de consuma impidiendo el ejercicio de ese derecho constitucional por la vía indirecta que se dice.
El desalojo no solo es indefinido, hasta que se asegure el acantilado: Es también definitivo, puesto que según ICinco el presupuesto para su óptimo aseguramiento es de 1.600.000 euros y no parece que ninguna Administración pública vaya a hacerse cargo de ese coste.Por tanto, lo que se está exigiendo de los vecinos, sin decirlo así el Decreto, es que contraten cada uno de ellos un camión de mudanzas y se marchen para siempre llevando consigo todos sus enseres y muebles. También aquí nos encontramos con una decisión extremadamente violenta y en apariencia disimulada en forma de orden de desalojo temporal. Por tanto, se trata de un nuevo engaño, o si se quiere de un nuevo fraude de una Alcaldesa a la que parece ser que le satisface la y antidemocratica forma en la que su antecesor trató la cuestión, es decir tramitando el expediente en completo secreto, como si en vez de encontrarnos con una institución democrática como es un Ayuntamiento estuviéramos en el seno mismo del CNI.

DECIMOSEXTO.- Poco antes de su muerte, el ingeniero de caminos D. Manuel González Becerra, que fue jefe de dominio público de la Jefatura de Costas, dijo a este Letrado en conversación telefónica que en la Dirección General había una especial obsesión por derribar el barrio de Bajo la Cuesta.
Cuanto se acaba de exponer confirma esa impresión. No puede negarse una actitud no solo especialmente ajena al deber constitucional de objetividad de la Administración en todo el extenso cúmulo de datos que se acaba de exponer, sino una saña particularmente intensa contra los vecinos, a quienes negándoles información y procurando por todos los medios (ilegítimos e inmorales) desalojar y derribar sus viviendas, se puede afirmar que están tratando como a perros.

Aunque algunos de esos datos pueden constituir por sí delito de prevaricación (como la fijación del dominio público natural por la escollera de la central térmica , la estudiada y decidida pasividad de la Dirección General en relación a las peticiones de replanteo del deslinde antiguo y revision del nuevo), la negativa de la Jefatura de Costas a entregar copia del informe geomorfologico, las maquinaciones fraudulentas del Alcalde y la decisión de la Alcaldesa de requerir a los propietarios del terreno) o de falsedad en documento oficial (la afirmación relativa a la inclinación del acantilado), lo que realmente permite discernir la artificiosa y pienso que delictiva animadversión de los poderes públicos hacia los vecinos es la visión de conjunto que se desprende de todo este relato.

No obstante, incluso constatando esta animadversión no solucionamos gran cosa. Para entender qué está sucediendo aquí es preciso penetrar la pantalla de las apariencias y encontrar las claves que nos den luz y nos guíen a través de un hilo conductor coherente. La irracional persecución de que son objeto los vecinos por parte de Costas no tiene sentido entendida a través de sus manifestaciones aisladas, como tampoco la innecesaria orden de desalojo. Pero una reconstrucción de los hechos que no se ven y una interpretación de las influencias que pueden estar moviéndose en la sombra y del oculto impulso de las iniciativas de los poderes públicos, sí pueden darnos una idea de los procesos y las razones invisibles.
El Plan Insular de Ordenación Territorial incluye entre sus determinaciones la construcción de un puerto deportivo en un paraje que denomina Las Caletillas, y que coincide con el espacio al que nos venimos refiriendo. Es curioso, pero significativo, que en el pleno municipal celebrado el pasado viernes se discutió sobre este tema al hilo de las declaraciones de este Letrado a un medio de comunicación y en el debate la Alcaldesa incurrió en la imprudencia de negarlo, diciendo que era incierto que el PIOT recogiera la determinación que se acaba de exponer. Pero es así, y ella no lo puede cambiar.

Cerca de Bajo la Cuesta hay una urbanización llamada Radazul, donde los promotores hicieron desmontes en los acantilados para dejar sitio a las enormes torres de apartamentos allí construidas. A la Jefatura de Costas parece no haberle importado que el artículo 45.2 del reglamento de costas ingente hasta 2014 limitase los desmontes autorizables en servidumbre de protección (donde aparentemente se encuentran las torres) a los que sean inferiores a tres metros, y que éstos de Radazul tengan treinta o cuarenta. El caso ilustra que el empuje del dinero al calor de nuevas urbanizaciones puede no sólo llegar a ser irresistible,sino además transmitirse a Bajo la Cuesta siempre que algún promotor se decidiera a ponerle realidad a la previsión del PIOT. Y para ello no seria ningún problema el carácter de dominio público natural que tiene asignado la zona.
La rigurosa prohibición de usos residenciales en los recintos portuarios, presente en l aredacción original de la ley de puertos de 1992 desapareció hace ya años,de tal forma que en la actualidad no hay restricción alguna para estos usos y de tal forma que no solo la construcción del puerto deportivo sino también el aseguramiento definitivo del acantilado podrían financiarse con una promoción de apartamentos bien planificada y publicitada.
Hace años se hablaba mucho de la desafectación de una zona de Alicante llamada La Albufereta. Los primeros intentos se encontraron con el inconveniente de que muchos vecinos de otras zonas pidieron igualmente la desafectación de sus propios tramos de costa. Para sortear este grave inconveniente, los poderes públicos idearon la fórmula de instalar en la zona un puerto deportivo sabiendo que ello tendría como sencilla consecuencia que los terrenos pasarían de ser dominio público marítimo terrestre (donde los usos residenciales están prohibidos) a ser dominio público portuario (donde están permitidos). La claridad de este precedente sugiere que la posibilidad de una operación parecida en Bajo la Cuesta es real. Éste podría ser el hilo conductor que diera coherencia a todo el cúmulo de aberraciones que se ha expuesto con este escrito y explicara la saña con que estos ciudadanos han venido siendo perseguidos, engañados y humillados.

DECIMOSÉPTIMO.- la presente denuncia se limita a exponer una suma de hechos intensamente antijurídicos y a poner de manifiesto una hostilidad de los poderes públicos hacia los vecinos que resulta totalmente artificiosa y que debería obedecer a un plan. No es ni razonable ni prudente, por ejemplo, que al Abogado del Estado se me ocurra sugerir que materiales geológicos que llevan millones de años bajo la berma fueron llevados allí por los propios vecinos. Estos puntos de vista serían risibles si sus consecuencias no resultaran tan dramáticas,
A juicio de este Letrado, no existe justificación para la pretensión de derribo de las viviendas pero tampoco para su desalojo. Antes de 2010 no constaba desprendimiento alguno del acantilado y después sólo de tiene noticia de la caída de una piedra. Parece excesivo echar a estas familias de sus casas de modo definitivo sólo por eso. Incluso aunque la seguridad no deba ser tomada a la ligera, la medida de colocar carteles advirtiendo de los posibles desprendimientos parece mucho más adecuada a la naturaleza del problema.
Pero todo quedaría bien sometido a un patrón de racionalidad en la hipótesis de que una mano negra muy poderosa estuviera moviendo los hilos para echar a los vecinos y poder enriquecerse con una promoción de viviendas al calor de un puerto deportivo.
En este supuesto, nos encontraríamos con que todos los poderes públicos habrían estado prevaricando en favor de oscuros y a esta fecha desconocidos intereses económicos muy privados, y todo esto con arreglo al siguiente plan:

-Primero, desalojo forzoso a fin de dejar el barrio desierto.
Segundo, derribo de las viviendas sin broncas ni escándalos como sucedió en Cho Vito.
Tercero, promoción y construcción de urbanización y puerto deportivo.

El desalojo de las viviendas es una medida necesaria para que un futuro derribo de todo el barrio a fin de dejar paso a las futuras posibles torres de apartamentos pueda hacerse no sólo sin violencia pública, sino también sin testigos. Existen numerosos precedentes en los que Costas ha cortado el acceso a una zona en la que iba a practicar derribos, pero no por seguridad, sino paro oscurantismo. En nuestro caso es muy fácil hacerlo así a fin de que ni un solo periodista pueda ver, grabar y contar lo sucedido. Bastaría cortar la calle Antonio Oliva Martin, que vare e de salida. Lo que sucede es que por suerte hoy la comunicación apenas tiene limites y que si se permite que los vecinos continúen en sus casas hasta el último momento, nada impedirá que graben docenas de vídeos con sus teléfonos móviles y que esa información esté a disposición de las agencias de noticias en cuestión de minutos. Claro está que esto sigue siendo una hipótesis, pero a vista de la extensa y densa experiencia de este Letrado en cuestiones de derribos, se trata de una hipótesis total y absolutamente coherente.
Pues bien, con sólo estos hechos y constataciones no resulta posible a los vecinos formular querella, pues el juez no los consideraría concluyentes. En cambio sí que pueden formular la presente denuncia ante esa Fiscalía para que por la misma se tramiten las diligencias preliminares de investigación y comprobacion que resulten pertinentes a fin de aclarar unos hechos tan anormales e indebidos como los que se describen.
No se presenta esta denuncia contra persona determinada, pero se pide a la Fiscalía que use de su autoridad para investigar y, si de ello resultara la comisión de delito, formular querella. No obstante, sí se considera que hay delito de prevaricación individualizado en las siguientes conductas, muy señaladas y claras

:
-Orden Ministerial aprobatoria del deslinde de 2006, por no incluir la misma el espacio ocupado por la central térmica (aparece como responsable la autoridad que firma por delegación

)
-Silencio de la Dirección General en relación a las solicitudes de replanteo y Revision de 2013 (aparece como responsable el titular de la Dirección General)
-Negativa de la Jefatura de Costas a entregar copia del informe geomorfologico que habría de servir de base a la desafectación.

-Elaboración del Decreto de desalojo con maquinaciones fraudulentas del Alcalde (como responsable aparece el propio Alcalde).

Decisión de la Alcaldesa de no requerir a los propietarios de los terrenos para que los aseguren a su costa (aparece como responsable la Alcaldesa).
Y delito de falsedad en documento oficial del apartado cuarto del artículo 390.1.4 del código penal, consistente en faltar el funcionario público a la verdad en la narración de los hechos, cuando el autor del estudio geomorfologico previo al deslinde de 2006 pretende que la inclinación del acantilado es inferior a sesenta grados (aparece como responsable quien firma el documento, aunque también incurre en delito de prevaricación por este motivo).

En su virtud,

SOLICITO A LA FISCALÍA: Que, teniendo por formulada la presente denuncia y por aportados los documentos que se acompañan, lo admita y se sirva practicar las diligencias de investigación precisas para la comprobacion de los hechos, formulando querella en caso de desprenderse de dicha investigación la go misión de uno o varios delitos.

OTROSI DIGO: Que acompaño copia de los siguientes documentos:

Informe del ingeniero de caminos Don Juan José Cabrera

Decreto de desalojo.
Hoja del Plan de Insular de Ordenación Territorial donde consta la previsión de puerto deportivo en Las Caletillas

Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en recurso contra desestimación de replanteo.

Anuncio de casacion contra la anterior sentencia

Solicitud de replanteo del deslinde de 1969.

Solicitud a la Dirección General de copia del estudio geomorfologico bajo apercibimiento de querella.

Demanda civil

Solicitud de replanteo del deslinde de 1969 con nuevos argumentos

Solicitud de revisión del deslinde

Recurso de alzada contra desestimación de replanteo.
Desestimación de recurso por denegación de replanteo

Demanda y conclusiones en recurso contencioso administrativo contra el deslinde.

Demanda y conclusiones contencioso administrativa contra órdenes de recuperación posesoria.

Orden ministerial aprobatoria del deslinde de 22 de mayo de 2006.

y anuncio la aportación de los siguientes documentos:

Sentencia de la Audiencia Nacional sobre la impugnación del deslinde.
Plano oficial de este último deslinde.
Resolución aprobatoria del deslinde de 24 de enero de 1969.
Acta de deslinde (1969).
Estudio geomorfologico previo contenido en el expediente de deslinde de 22 de mayo de 2006.

CD con grabación en video de ratificación de peritos en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y sus correspondientes informes escritos.

Dos Cd con grabación de juicio civil.

   

junio 28, 2015
@abogadodelmar
Para quienes quieran ayudar a los vecinos de Bajo la Cuesta. Hay que poner los datos personales, firmarlo y llevarlo a la fiscalía

@abogadodelmar

MODELO DE DENUNCIA A LA FISCALÍA PARA QUIEN QUIERA AYUDAR A LOS VECINOS DE BAJO LA CUESTA
A LA FISCALÍA
…………………, mayor de edad, con domicilio en …………. y DNI………….comparezco DIGO:
Que, mediante el presente escrito pongo en conocimiento de esa Fiscalía los hechos que a continuación se exponen:
PRIMERO.- En el término de Candelaria existe un barrio Llamado Bajo la Cuesta – Risco de las Tablas, aunque igualmente se lo conoce como Las Caletillas.
La zona está configurada como un acantilado que forma a su pie una berma originalmente de superficie irregular y de unos cinco metros de anchura como promedio. Un número de ciudadanos que procedían en su mayoría de Igueste compraron esos terrenos de la berma a su entonces propietario y construyeron en ellos una serie de viviendas cueva, dando origen a lo que es hoy un barrio formado por viviendas en línea y una única calle llamada Manuel Oliva Martín, de las que lo único visible son son fachadas, jardines o porches, ya que los espacios habitables fueron excavados en la roca.
La excavación de las cuevas tuvo lugar a principio de los años setenta, después del deslinde que luego se dirá.
En el presente relato de hechos se describirán conductas observadas por Autoridades y funcionarios públicos que pueden ser constitutivas de delito a pesar de que en principio pueda parecer que tales conductas se presentan bajo la forma de simples lícitos administrativos.
SEGUNDO.- con fecha 24 de enero de 1969 se aprobó un deslinde de zona marítimo terrestre cuya línea delimitadora quedó fijada por el borde de la berma, dejando la berma misma fuera del dominio público. Se dio lugar a continuación al amojonamiento con hitos físicos físicos consistentes en bloques de piedra.
TERCERO.- En 1977 la construcción de la autopista de Santa Cruz a Los Cristianos, que discurría por la coronación del acantilado, originó la caída sobre la berma de escombros que fueron aprovechados para nivelar y allanar ésta última, haciendo así el espacio más habitable. Por otro lado, estos escombros sepultaron los hitos y cuando la pala mecánica los explanó se llevó por delante los hitos de piedra, que desaparecieron.
Algo mas tarde, la adición de un tercer carril a la autopista dio lugar a la caída de nuevos escombros, que esta vez se emplearon para ampliar la berma, ganando terrenos al mar.
CUARTO.- La berma pasó a formar parte del dominio público marítimo terrestre mediante deslinde aprobado por orden ministerial de 22 de mayo de 2006, encontrándose las viviendas situadas entre los vértices V-233 y V-241 del plano oficial.
La denominación oficial del expediente es la siguiente: Deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre del tramo de costa de unos tres mil sesenta y dos metros de longitud, comprendidos entre la playa El Chovito y Barranco Hondo, en el término municipal de Candelaria (Isla de Tenerife), ref. DL-107-TENERIFE VHA.
El contenido de esta resolución es sorprendente por los siguientes motivos:
-El plano oficial del deslinde contiene grafía de la línea de zona marítimo terrestre de 1969, que en lugar de discurrir por el borde de la berma se había dibujado por la pared del acantilado y en cotas variables de hasta treinta metros. Esta línea se hacia coincidir en determinados subtramos (no en todos) con el deslinde de dominio público marítimo terrestre. Esto implicaba la pretensión de que la ocupación de los terrenos se había hecho cuando los mismos ya pertenecían a la zona marítimo terrestre, por lo que se trataba con arreglo a esa suposición de ocupaciones ilegales.
-La línea de deslinde de dominio público marítimo terrestre, donde no era coincidente con la anterior, se situaba a cotas similares o incluso superiores sobre la pared del acantilado debido al supuesto alcance de los máximos temporales conocidos, con arreglo a la definición legal del artículo 3.1.a) de la ley de costas. Esta determinación del alcance de los temporales se hizo, según reconoce el autodenominado estudio geomorfologico, por observación directa, es decir sin previo estudio técnico o científico y sin seguirse los criterios del reglamento de costas entonces vigente, cuando mandaba que se tengan en cuenta las “referencias comprobadas de que se disponga”.
QUINTO.- la grafía de la línea de 1969 en el plano del deslinde de 2006 viene afectada por las siguientes distorsiones:
-La primera, errores matemáticos y topográficos en el replanteo ( se analizará a continuación)
La segunda, que la línea se grafía en espacio incompatible con la definición legal entonces vigente de zona marítimo terrestre (se analizará más adelante para mantener el relato de hechos por orden cronológico).
En cuanto a los errores matemáticos y topográficos: El deslinde de 1969 aprueba un plano sin referencias claras, puesto que en aquel momento no existían las viviendas. Ese plano estaba dibujado a mano y constituía poco mas que un croquis sujeto a imprecisiones derivadas incluso del grosor de la línea poligonal del deslinde. En el mismo se ve solo la línea poligonal un poco al interior de un espacio rocoso que esta parte dice que es el borde de la berna y que la administración pretende que es la pared del acantilado.
Como todos los planos o croquis de la época, se había elaborado con un teodolito y mediante el procedimiento de fijar un punto inicial y a partir de él ir trazando los segmentos de la poligonal, que quedaban delimitados y fijados según dos variables: La distancia del segmento y el ángulo del vértice firmado por el segmento entrante y el saliente.
Esto podría producir serios problemas técnicos arrastrados en caso de error en el cálculo de un ángulo o distancia y por ese motivo en todos los deslindes de la época incluían una serie de puntos fijos que no eran más que esquinas de edificaciones existentes.Estos puntos se distribuían por todo el tramo.
En el caso del deslinde que nos ocupa, la delimitación era de todo el término municipal y los puntos fijos más próximos a nuestra zona fueron designados como I y J. Estos puntos se encontraban en el mismo punto donde hoy podemos ver la central térmica que hay a la entrada de la calle Manuel Oliva Martín y desaparecieron con motivo de la construcción de la central y la demolición de los edificios preexistentes.
La desaparición de estos puntos fijos dio lugar a que los técnicos que elaboraron el deslinde de 2006 tuvieran que forzar cálculos complementarios. Con motivo de ellos incurrieron en un error al asignar valor al ángulo 34 del deslinde nuevo. Este error fue en su día perfectamente aislado y diagnosticado por el arquitecto técnico Don David Rodriguez Amador como el origen de un desvío absurdo en la línea resultante, que se llevó en este replanteo erróneo por la pared del acantilado y que como se ha dicho es la que da lugar a la suposición de que las viviendas se construyeron o excavaron dentro de lo que ya era zona marítimo terrestre y por tanto espacio público.
Por otro lado, tres observaciones:
-Si fuera cierto que el deslinde de 1969 discurría ya por una pared prácticamente vertical, habría sido imposible fijar sobre ella el trípode que sostiene el teodolito.
-Igualmente, si fuera cierto lo anterior, el amojonamiento físico de la zona, que efectivamente se hizo con hitos de piedra como se hacía siempre en esa época como medio de comprobación de la ubicación de cada hito (ya que no existía GPS).
-Finalmente, si fuera cierto que los hitos de la poligonal del deslinde de 1969 discurrían por la pared del acantilado, es obvio que los mismos no habrían desaparecido cuando los rellenos fueron explanados, ya que dicha explanación se hizo por la berma y naturalmente no por la pared. Y como es cierto y consta que hubo amojonamiento, el hecho de que no haya ningún hito de piedra en la pared indica que los hitos en cuestión se situaron en la superficie horizontal de la berma y mas tarde desaparecieron por los motivos arriba expuestos.

SEXTO.- La determinación del dominio público marítimo terrestre por el máximo alcance de los temporales en el plano de 2006 presenta las siguientes distorsiones:
En primer lugar, la fijación del deslinde en cotas de hasta treinta metros implica la existencia de olas en el mar muy superiores, ya que para llegar a tocar lapa red del acantilado a tal altura esa gigantesca ola habría de volar por encima de los aproximadamente veinte metros de la berma ampliada. Una ola de esas características debería haber alcanzado igualmente otras partes de la isla mucho más expuestas, creando desastres naturales de los que sin embargo no se ha tenido noticia.
-En segundo lugar, la Administración tuvo por no puesta la parte ampliada de la berma e hizo uso uso del artículo 6.2 del reglamento de costas vigente al tiempo del deslinde en su redacción que afirma que se tendrán por no puestos los obstáculos artificiales a la marea, considerándose que se inunda todo el espacio que por su cota resultase naturalmente inundable. El precepto, sin embargo, no es de aplicación a los temporales por la sencilla razón de que de la misma forma que la determinación de la cota que resultaría naturalmente inundable por la marea es una operación sencilla que solo precisa de trasladar los datos de los anuarios locales de mareas, tal cosa no puede decirse de los temporales porque la determinación de cual habría sido su alcance en caso de no existir el obstáculo, es algo que depende de las condiciones del viento, que son variables.
-En tercer lugar, resulta extraordinariamente escandaloso y muy revelador que mientras que en Bajo la Cuesta el temporal alcanza supuestamente cotas de hasta treinta metros, y esto veinte metros tierra adentro, teniéndose por no puesta la ampliación de la berma por ser artificial, en la vecina y cercana central térmica el alcance de los temporales ha quedado fijado en cotas de entre cinco y ocho metros justo en la escollera de protección, al mismo tiempo que la escollera misma, pese a su carácter artificial ha sido respetada como si de un arrecife natural se tratara y por supuesto el deslinde no penetra al interior ni el menor espacio de las instalaciones fue incluido en el dominio público.
Todo esto se expone para llevar a esa Fiscalía al convencimiento de que no nos encontramos ante un simple ilícito administrativo o ante una decisión a la que se pueda poner reparos de ajuste a la ley, sino ante decisiones arbitrarias cuya suma (como veremos) puede configurar un delito de prevaricación.
Por de pronto es fácil comprobar cómo esta posible prevaricación se desprende del trazado desigual y selectivo dado a la línea delimitadora del dominio público, en apariencia con el único fin de proteger al propietario de la entro térmica y no molestarlo incluyendo sus instalaciones en el espacio demanial.
Idéntica distorsión se deriva del hecho de que el acantilado a cuyo pie de excavaron las cuevas no fuera declarado dominio público. El artículo 4.4 de la ley de costas dice que pertenecen al dominio público las paredes de los acantilados sensiblemente verticales que estén en contacto con el mar o con su ribera, y el artículo 6.3 de su reglamento entonces en vigor decía que son sensiblemente verticales los acantilados cuyo grado de inclinación es superior a sesenta grados. Como quiera que la inclinación del acantilado que nos ocupa es muy superior a sesenta grados, durante años fue un misterio por qué motivo el autodenominado estudio geomorfologico pretende lo contrario al decir que su inclinación es inferior, con la consecuencia de que el espacio quedó fuera del dominio público.
Esa duda ha quedado aclarada en momentos recientes, cuando determinadas indagaciones relacionadas con la orden de desalojo que luego se dirá han dado como resultado que el acantilado constituye dos fincas catastrales que también figuran inscritas en el Registro de la Propiedad. El propietario de una de esas dos parcelas es ENDESA, que también lo es de la central térmica a través de su filial UNELCO. Por tanto, de los hechos se desprende que la Administración dictó una resolución injusta a sabiendas al fijar el dominio público natural por la escollera de la central térmica y además el responsable de la afirmación de que el acantilado presenta inclinación inferior a sesenta grados promovió esa prevaricación y además incurrió en el delito del artículo 390.4 del Código Penal consistente en faltar el funcionario a la verdad en la narración de los hechos.
A tener en cuenta por esa Fiscalia que estas determinaciones tan groseramente ilegales del deslinde se adoptaron para no molestar a una sociedad de extraordinario poder e influencia como es ENDESA, y que sin necesidad de que se haya producido ningún delito específico de cohecho, implican una rechazable sumisión de los poderes públicos a los poderes tácticos del dinero. A este respecto señalo que la ley orgánica de financiación de los partidos políticos indica que los partidos políticos pueden financiarse mediante donaciones privadas siempre que éstas no sean finalistas, y que los partidos sólo están obligados a informar al Tribunal de Cuentas de tales donaciones cuando éstas superen los 25000 euros al año (artículo 5.2).
Es coherente creer que una sociedad tan potente como Endesa siga la costumbre muy conocida en Estados Unidos de asegurarse el control político y normativo del país financiando a ambos partidos mayoritarios, y en tal caso, y con independencia del importe económico de la posible donación o donaciones, la hipótesis de que Endesa fuera donante podría explicar las indignas decisiones de los responsables del deslinde respecto de su central térmica. Esto convertiría la donación en finalista y por tanto nos situaría ante una violación de la ley orgánica antes mencionada. Debería incluirse por tanto entre las diligencias de investigación de esa Fiscalía consulta ordenada a averiguar esta circunstancia. Deberá tenerse en cuenta que el artículo 5.2.a) de la ley de financiación de los partidos políticos solo admite donaciones privadas de personas físicas, y no siéndolo la sociedad ENDESA debería estudiarse la posible intervención de persona física a título de testaferro.
SÉPTIMO.-El deslinde fue recurrido ante la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso con una sentencia en la que respecto al replanteo del deslinde anterior reprochaba al recurrente no haber aportado pruebas suficientes para acreditar los errores y en la que respecto al alcance del temporal aporta la nota tan original como pintoresca de anular un subtramo en el que dicho alcance había sido fijado en cota de 42 metros pero no el resto, donde se pretendía que la ola había llegado a treinta metros. Esto indica que al ponente (sin previo informe de perito) le parecía contraria a derecho y no justificada la pretensión de que la ola llegara a cuarenta y dos metros pero en cambio le parecía de perlas la de que alcanzaba los treinta, lo que no resulta precisamente muy comprensible.
OCTAVO.- Poco después de aprobarse el deslinde, Jefatura Provincial de Costas incoó expedientes de recuperación posesoria de oficio contra los propietarios de las viviendas con la finalidad de poner fin a las ocupaciones y proceder a su derribo.
Las decisiones fueron recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que tramitó dos procedimientos paralelos (183/2009 y 186/32009) que se encuentran totalmente terminados y pendientes de sentencia desde hace varios años, si bien es cierto que la deliberación y fallo ha tenido lugar recientemente, como se dirá. En estos procedimientos se practicaron diversas pruebas periciales, siendo una de ellas la de un ingeniero de la Jefatura de Costas de Tenerife llamado Don Secundino. Este hombre había aportado unas superposiciones de la aplicación Google Earth sobre diversos planos y durante su ratificación a presencia judicial no tuvo inconveniente en reconocer que había estirado y deformado los planos con la finalidad de conseguir que cuadrasen los elementos superpuestos que a él le interesaban, mientras que las regiones periféricas de descuadraban extraordinaria y escandalosamente.
No obstante, incluso así, en la zona en la que sí debía cuadrar todo a la perfección, que era la más cercana al área conflictiva, se apreciaba que la línea del deslinde antiguo discurría paralela a un antiguo muro de contención de cultivos (hoy soterrado) unas veces por la parte del mar y otras por la del interior, lo que denota que todo el informe había sido manipulado de propósitos y que el perito estaba tratando de engañar al tribunal.
NOVENO.- A vista de que todo el problema de las recuperaciones posesorias derivaba de un trazado erróneo del deslinde de 1969, los vecinos solicitaron a la Jefatura Provincial de Costas la incoación de expediente de replanteo. La petición fue denegada y la denegación recurrida en alzada. La resolución del recurso fue desestimatoria aunque la misma resolución, de forma sorprendente, incluye una más bien abstrusa invitación a los afectados a pasar por la Jefatura de Costas a fin de discutir las cuestiones técnicas derivadas del replanteo. Básicamente la razón de la Administración para desestimar el recurso era que el deslinde de 2006 ya contenía un replanteo suficiente de la línea antigua (aunque se había hecho sin intervención de los afectados)
Contra estos actos se formuló recurso contencioso administrativo que se siguió con el número 35/2010 y en el que acaba de recaer en fecha 9 de junio de 3015 sentencia desestimatoria que ha sido recurrida en casación a causa de la extrema pobreza de sus argumentos y a la insistente forma en la que hasta tres veces desestima alegaciones de la demanda que nunca existieron pero que nominalmente se parecen a las planteadas. Por ejemplo, una de las cosas que decía la demanda es que el hecho de que las NNSS hubiesen calificado el barrio como suelo urbano era un indicio indirecto de que que la Jefatura de Costas no tenía la zona como demanial, ya que en tal caro no habría permitido tal clasificación. Por increíble que esto pueda parecer, la sentencia desestima el argumento recordando que aunque dichas NNSS fueron aprobadas antes de la ley de costas, fueron objeto de publicación oficial con posterioridad a ésta, por lo que no podían ser tenidas en cuenta a los efectos de la disposición transitoria novena apartado tercero del reglamento de costas. El razonamiento es simplemente ininteligible, ya que esa disposición transitoria tiene por finalidad regular los procedimientos a seguir en caso de que la autoridad urbanística pretenda declarar que los terrenos eran urbanos antes de la entrada en vigor de la ley de costas a efectos de aplicar la extensión reducida de la servidumbre de protección. Por otro lado, la sentencia afirma que no procede incoar expediente de replanteo porque la anterior sentencia de la AN ya rechazó la existencia de errores en la grafía del deslinde de 1969. Con esto se ignora deliberadamente que lo que dice la sentencia es que la parte no había aportado pruebas suficientes para acreditar esos errores. Siendo esto así, debería entenderse que la parte está legitimada para aportar pruebas nuevas y mejores en este nuevo procedimiento, pero desde luego la Sala no quiso entenderlo si.
Como puede comprobarse, siendo cierto que la sentencia es desestimatoria, también lo es que su técnica jurídica es inexistente, que sus errores son de bulto y que su calidad está por debajo del mínimo.
Sea como fuere, la pretensión de base no era que la Administración admitiese errores en el replanteo de la línea antigua, sino que incoar expediente de replanteo sin perjuicio de su resultado. Por lo tanto, la pretensión tenía un contenido neutro y únicamente buscaba la investigación de la verdad. A los efectos de esta denuncia, tenga en cuenta esa Fiscalía la irracional cerrazón de los poderes públicos a que pudiera hacerse lo que no era más que una mera comprobación técnica ordenada a dicha investigación de la verdad y su incomprensible empeño en impedir que se abriera expediente contradictorio destinado a tal fin incluso cuando lo que estaba en juego era el derribo de cincuenta viviendas y la desgracia de cincuenta familias. Los poderes públicos no querían hacer esa comprobación. Querían solo derribar.
DÉCIMO.- En 2013, los vecinos formularon demanda civil ejerciendo contra el Estado acción declarativa del dominio. La demanda se basaba no solo en todo lo que ya ha sido expuesto, sino también en el hecho de que el deslinde de 1969, al haberse aprobado en 24 de enero, era anterior a la ley de costas de 26 de abril del mismo año. Por tanto, en el mismo se había aplicado el artículo 1.1 de la ley de puertos de 7 de mayo de 1880, que definía la zona marítimo terrestre como el espacio bañado por el mar en su flujo y reflujo. Esto era una extraordinaria novedad por significar que aquella línea no había sido fijada por el alcance de los temporales, ni siquiera ordinarios, sino de la marea alta. De aquí que fuera muy natural que el deslinde hubiera marcado la línea por el borde de la berma, y sobre todo que sea total y absolutamente absurda la pretensión de la Administración de que la línea antigua hubiera sido trazada en cotas de hasta treinta metros.
Las cotas de los planos de espacios donde las mareas son sensibles de miden a partir de la intermareal, siendo ésta la el punto medio entre las mareas alta y baja, lo que se llama la carrera de mareas. En nuestro caso la carrera de mareas es de cinco metros aproximadamente, por lo que la intermareal está a unos dos metros y medio por debajo de la marea alta. Esto significa que un vértice del deslinde de 1869 situado a una cota de treinta metros está veintisiete metros y medio por encima de la marea alta. Pero como el deslinde de 1969 se había fijado, conforme a la ley, por la mayor pleamar, esto solo significa que los ingenieros de Costas pusieron el punto que alcanzaba la marea alta veintisiete metros y medio por encima de la propia marea alta, lo que tierna la pretensión en ridícula además de errónea.
Por otro lado, el replanteo de la línea antigua la sitúa la en cotas desiguales, lo que resulta incompatible con un trazado que por definición se corresponde con una línea de marea siempre igual que de ninguna manera puede alcanzar cotas unas más altas que otras.
Esto seguiría siendo así, o si cabe es así con mas fuerza, incluso aunque fuera cierta la pretensión de Costas de que en esa parte de costa nunca existió una berma, sino que el acantilado de hundía a pico en el mar. Si así hubiera sido, los escombros caídos del acantilado debido a la construcción de la autopista no habrían quedado atrapados en la berma y no habrían podido ser aprovechados para nivelarla.
El Abogado del Estado solicitó en ese procedimiento civil una prueba a la que esta parte no se opuso. Consistía en calicatas para demostrar qué parte de la berma estaba formada por rellenos y a qué profundidad aparecía la roca original constitutiva de la berma. Esto solo es obvio que ya desmonta la pretensión de que en la zona nunca existió una berma natural, pero por lo que aquí interesa resulta que el resultado de la prueba fue que los materiales eran heterogéneos pero los rellenos aparecían superficialmente y en espesores moderados. Una de las capas de materiales resultó tener varios millones de años. Pues bien, aunque esto pueda sorprender, en sus conclusiones orales el Abogado del Estado se atrevió a sugerir que esos materiales (que estaban profundamente bajo la superficie) habían sido llevados allí por los propios vecinos.
A los efectos de esta denuncia, tenga en cuenta la Fiscalía el carácter extremadamente irrazonable de la pretensión.
El procedimiento esta pendiente de sentencia.
UNDÉCIMO.- En 2013, y a vista de las nuevas revelaciones derivadas de que el deslinde antiguo aplicó la ley de puertos de 1880, los vecinos se dirigieron a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar nueva solicitud de replanteo de aquel deslinde. Nada tenía que ver esta petición con la anteriormente formulada, ya que ahora se fundaba en que en 1969 la línea quedó fijada por la mayor pleamar y que el replanteo no podía fijar la pleamar por encima de la propia pleamar.
A pesar del mucho tiempo transcurrido, la Dirección General ha omitido toda respuesta. No es ya que conteste diciendo que ha decidido no acceder a lo solicitado: Es que no contesta, ni mueve un músculo ni hace nada, incluso a sabiendas de que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ordena que la Administración dé respuesta a todas las peticiones de los ciudadanos.
La diferencia entre la primera petición de replanteo y la segunda es simple: La primera se basaba en la existencia de un error técnico de carácter topográfico y por lo tanto era más o menos defendible por los ingenieros de costas con argumentos técnicos de carácter topográfico, campo en el que ostentan una abundancia de medios evidente. Sin embargo esta nueva solicitud de replanteo creo que no admite discusión porque evidencia que la fijación de la línea antigua es no solo errónea, sino además surrealista. No hay nada que la Administración pueda hacer, me parece, para discutir la solicitud ni para poner en duda sus fundamentos y por eso es coherente que su única defensa sea el silencio y hacer el vacío a la solicitud fingiendo que no existe. Pero es una defensa ilegítima constitutiva de delito de prevaricación.
DECIMOSEGUNDO.- en la misma fecha y por idénticos motivos, los vecinos solicitaron la revisión o revocación del deslinde de 2006 al amparo de los artículos 102 y 105 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Esta solicitud ha sufrido hasta la fecha la misma suerte que la anterior, por lo que consideró que también hay prevaricación.
DECIMOTECERO.- EN junio de 2012, el Director General de Costas adoptó la decisión de iniciar procedimiento que culminara con la desafectacion del barrio. Para ello habría que tramitar un nuevo deslinde que fijara la ribera del mar dejando libres las viviendas, con posterior declaración de innecesariedad de los terrenos sobrantes y su entrega al patrimonio del Estado y final devolución a los vecinos. A este fin, encargó estudio geomorfologico a empresa externa.
A los pocos meses Don Pedro Antonio Ríos cesó como titular de la Dirección General debido al cambio de Gobierno. A partir de ese momento nadie en la casa supo dar razón del paradero del informe.
En enero de 2015 los vecinos remitieron a la Dirección General comunicación dejando constancia de que la Intervención Delegada había autorizado el pago del informe geomorfologico y de que éste se había efectuado, lo que indicaba que el informe había sido efectivamente elaborado y entregado. Se advertía en esta comunicación que caso de que continuara sin aparecer presentaría querella por delito de infidelidad en la custodia de documentos. Esto causó un efecto admirable puesto que el documento apareció efectivamente, aunque la Dirección General dijo haberlo remitido a la Jefatura Provincial para su valoración.
Sin embargo, cuando los interesados se personaron en las oficinas de la Jefatura de Costas para reclamar una copia, sus responsables se negaron a ello. Por este motivo a esta fecha aún no hemos podido conocer el resultado de un estudio técnico que es obvio que afecta a los vecinos de Bajo la Cuesta de forma especialmente sensible.
DECIMOCUARTO.- En el invierno de 2010, coincidiendo con una época de vientos huracanados en la isla, un desafortunado accidente causó la muerte de dos turistas en Los Gigantes cuando se desprendió parte de un acantilado.
El 26 de febrero de ese año, el entonces Alcalde de Candelaria, a quien ya se ha nombrado, a vista de la persistencia de los vientos, dictó Decreto de desalojo de los vecinos de Bajo la Cuesta para prevenir posibles desprendimientos del acantilado al que me he referido en este escrito. La decisión fue adoptada sin previa audiencia y de forma tan abrupta como unilateral, sorprendiendo a los vecinos, que desde luego se quedaron en sus casas.
En mayo de 2015 una piedra se desprendió del acantilado e impactó contra un vehículo particular, que presentó denuncia. El Alcalde, incluso en funciones, firmó Decreto ordenando el desalojo. La decisión se adoptó nuevamente sin audiencia y previo informe geológico de la sociedad ICinco cuyo contenido es muy limitado y cuyo estudio no resulta concluyente al incorporar nada más que consideraciones teóricas y genéricas no incluir toma y análisis de muestras. Parece ser que este estudio se hizo mediante examen visual a través de fotografías o vídeos que fueran obtenidos con un dron.
El procedimiento se tramitó totalmente en secreto y sin que se respetara el derecho de los vecinos ni tan siguiera a conocer este informe geotécnico. Por otro lado, en reunión previamente mantenida por los Alcaldes entrante y saliente, se hizo saber a éstos que los terrenos del acantilado, en contra de lo que se pudiera pensar, tienen propietario, siendo uno de ellos un ciudadano particular y el otro nada menos que la mercantil UNELCO, como ya se ha dicho filial de ENDESA. Como se puede comprobar, los poderes públicos parecen extraordinariamente sensibles ante esta poderosa sociedad anónima y muestran una especial renuencia a contrariarla o a tomar cualquier determinación que pueda perjudicar sus intereses, porque los Alcaldes saliente y entrante se negaron a practicar el requerimiento que se les pedía para que estos propietarios asegurasen el acantilado a su costa. Hay prevaricación.
Finalmente, el Decreto incluye el informe del responsable municipal de protección civil. Es incomprensible que el mismo afirme ignorar todo lo relativo al estado de conservación de la malla metalizada que el Gobierno de Canarias instaló en su día en el acantilado. Ni siquiera consta en este informe, como en el de ICinco, si la piedra pudo haber caído de esa parte a causa de un mal estado o una deficiente fijación de la malla.
La Alcaldesa ha anunciado a los medios de comunicación su intención de ejecutar el desalojo incluso antes de resolver el recurso de reposición que fue inmediatamente presentado por los vecinos, lo que, aunque se ajuste a derecho, resulta muy poco habitual en el marco de la practica administrativa, denota una agresividad innecesaria e implica una declaración de guerra explícita contra los vecinos.
Parece ser que la Alcaldesa pretende prohibir el acceso a la calle Manuel Oliva Martín. De esta manera no se produce una violación directa del artículo 18 de la Constitución pero sí su vaciado de contenido, puesto que para poder entrar en sus casas y ejercer un derecho fundamental de la persona como es el derecho al domicilio, los vecinos se verán obligados a desobedecer la prohibición, por lo que es previsible que lluevan las denuncias por desacato.
El desalojo no solo es indefinido, hasta que se asegure el acantilado: Es también definitivo, puesto que según ICinco el presupuesto para su óptimo aseguramiento es de 1.600.000 euros y no parece que ninguna Administración pública vaya a hacerse cargo de ese coste.Por tanto, lo que se está exigiendo de los vecinos, sin decirlo así el Decreto, es que contraten cada uno de ellos un camión de mudanzas y se marchen para siempre llevando consigo todos sus enseres y muebles. Nos encontramos con una decisión extremadamente violenta y en apariencia disimulada en forma de orden de desalojo temporal. Por tanto, se trata de un nuevo engaño, o si se quiere de un nuevo fraude de una Alcaldesa a la que parece ser que le satisface la vergonzosa y antidemocratica firma en la que su antecesor trató la cuestión, es decir tramitando el expediente en completo secreto, como si en vez de encontrarnos con una institución democrática como es un Ayuntamiento estuviéramos en el seno mismo del CNI.
DECIMOQUINTO.- No puede negarse una actitud no solo especialmente ajena al deber constitucional de objetividad de la Administración en todo el extenso cúmulo de datos que se acaba de exponer, sino una saña particularmente intensa contra los vecinos, a quienes negándoles información y procurando por todos los medios (ilegítimos e inmorales) desalojar y derribar sus viviendas, se puede afirmar que están tratando como a perros.
Aunque algunos de esos datos pueden constituir por sí delito de prevaricación (como la fijación del dominio público natural por la escollera de la central térmica , la estudiada y decidida pasividad de la Dirección General en relación a las peticiones de replanteo del deslinde antiguo y revisión del nuevo) y la negativa de la Jefatura de Costas a entregar copia del informe geomorfologico) o de falsedad en documento oficial (la afirmación relativa a la inclinación del acantilado), lo que realmente permite discernir la artificiosa y pienso que delictiva animadversión de los poderes públicos hacia los vecinos es la visión de conjunto que se desprende de todo este relato. No obstante, incluso constatando esta animadversión no solucionamos gran cosa. Para entender qué está sucediendo aquí es preciso penetrar la pantalla de las apariencias y encontrar las claves que nos den luz y nos guíen a través de un hilo conductor coherente. La irracional persecución de que son objeto los vecinos por parte de Costas no tiene sentido entendida a través de sus manifestaciones aisladas, como tampoco la innecesaria orden de desalojo. Pero una reconstrucción de los hechos que no se ven y una interpretación de las influencias que pueden estar moviéndose en la sombra y del oculto impulso de las iniciativas de los poderes públicos, sí puede darnos una idea de los procesos y las razones invisibles.
El Plan Insular de Ordenación Territorial incluye entre sus determinaciones la construcción de un puerto deportivo en un paraje que denomina Las Caletillas, y que coincide con el espacio al que nos venimos refiriendo.
Cerca de Bajo la Cuesta hay una urbanización llamada Radazul, donde los promotores hicieron desmontes en los acantilados para dejar sitio a las enormes torres de apartamentos allí instaladas. A la Jefatura de Costas parece no haberle importado que el artículo 45.2 del reglamento de costas limite los desmontes autorizables en servidumbre de protección (donde aparentemente se encuentran las torres) a los que sean inferiores a tres metros, y que éstos de Radazul tengan treinta o cuarenta. El caso ilustra que el empuje del dinero al calor de nuevas urbanizaciones puede no sólo llegar a ser irresistible,sino además transmitirse a Bajo la Cuesta siempre que algún promotor se decidiera a ponerle realidad a la previsión del PIOT. Y para ello no seria ningún problema el carácter de dominio público natural que tiene asignado la zona.
La rigurosa prohibición de usos residenciales en los recintos portuarios, presente en la redacción original de la ley de puertos de 1992 desapareció hace ya años,de tal forma que en la actualidad no hay restricción alguna para estos usos y de tal forma que no solo la construcción del puerto deportivo sino también el aseguramiento definitivo del acantilado podrían financiarse con una promoción de apartamentos bien planificada y publicitada.
Hace años se hablaba mucho de la desafectación de una zona de Alicante llamada La Albufereta. Los primeros intentos se encontraron con el inconveniente de que muchos vecinos de otras zonas pidieron igualmente la desafectación de sus propios tramos de costa. Para sortear este grave inconveniente, los poderes públicos idearon la fórmula de instalar en la zona un puerto deportivo sabiendo que ello tendría como sencilla consecuencia que los terrenos pasarían de ser dominio público marítimo terrestre (donde los usos residenciales están prohibidos) a ser dominio público portuario (donde están permitidos). La claridad de este precedente sugiere que la posibilidad de una operación parecida en Bajo la Cuesta es real. Éste podría ser el hilo conductor que diera coherencia a todo el cúmulo de aberraciones que se ha expuesto con este escrito y explicara la saña con que estos ciudadanos han venido siendo perseguidos, engañados y humillados.
DECIMOSEPTIMO.- la presente denuncia se limita a exponer una suma de hechos intensamente antijuridicos y a poner de manifiesto una hostilidad de los poderes públicos hacia los vecinos que resulta totalmente artificiosa y que debería obedecer a un plan. No es ni razonable ni prudente, por ejemplo, que al Abogado del Estado se me ocurra sugerir que materiales geológicos que llevan millones de años bajo la berma fueron llevados allí por los propios vecinos. Estos puntos de vista serían risibles si sus consecuencias no resultaran tan dramáticas,
No existe justificación para la pretensión de derribo de las viviendas pero tampoco para su desalojo. Antes de 2010 no constaba desprendimiento alguno del acantilado y después sólo de tiene noticia de la caída de una piedra. Parece excesivo echar a estas familias de sus casas de modo definitivo sólo por eso. Incluso aunque la seguridad no deba ser tomada a la ligera, la medida de colocar carteles advirtiendo de los posibles desprendimientos parece mucho más adecuada a la naturaleza del problema.
Pero todo quedaría bien sometido a un patrón de racionalidad en la hipótesis de que una mano negra muy poderosa estuviera moviendo los hilos para echar a los vecinos y poder enriquecerse con una promoción de viviendas al calor de un puerto deportivo.
En este supuesto, nos encontraríamos con que todos los poderes públicos habrían estado prevaricando en favor de oscuros y a esta fecha desconocidos intereses económicos muy privados, y todo esto con arreglo al siguiente plan:
-Primero, desalojo forzoso a fin de dejar el barrio desierto.
Segundo, derribo de las viviendas sin broncas ni escándalos como sucedió en Cho Vito.
Tercero, promoción y construcción de urbanización y puerto deportivo.
El desalojo de las viviendas es una medida necesaria para que un futuro derribo de todo el barrio a fin de dejar paso a las futuras posibles torres de apartamentos pueda hacerse no sólo sin violencia pública, sino también sin testigos. Existen numerosos precedentes en los que Costas ha cortado el acceso a una zona en la que iba a practicar derribos, pero no por seguridad, sino paro oscurantismo. En nuestro caso es muy fácil hacerlo así a fin de que ni un solo periodista pueda ver, grabar y contar lo sucedido. Lo que sucede es que por suerte hoy la comunicación apenas tiene limites y que si se permite que los vecinos continúen en sus casas hasta el último momento, nada impedirá que graben docenas de vídeos con sus teléfonos móviles y que esa información esté a disposición de las agencias de noticias en cuestión de minutos. Claro está que esto sigue siendo una hipótesis, pero total y absolutamente coherente.
Pues bien, con sólo estos hechos y constataciones no resulta posible a los vecinos formular querella, pues el juez no los consideraría concluyentes. En cambio sí que pueden formular la presente denuncia ante esa Fiscalía para que por la misma se tramiten las diligencias preliminares de investigación y comprobación que resulten pertinentes a fin de aclarar unos hechos tan anormales e indebidos como los que se describen.
No se presenta esta denuncia contra persona determinada, . pero se pide a la Fiscalía que use de su autoridad para investigar y, si de ello resultara la comisión de delito, formular querella. No obstante, sí se considera que hay delito de prevaricación individualizado en las siguientes conductas, muy señaladas y claras:
-Orden Ministerial aprobatoria del deslinde de 2006, por no incluir la misma el espacio ocupado por la central térmica.
-Silencio de la Dirección General en relación a las solicitudes de replanteo y Revisión de 2013.
-Negativa de la Jefatura de Costas a entregar copia del informe geomorfologico que habría de servir de base a la desafectación.
Decisión de la Alcaldesa de no requerir a los propietarios de los terrenos para que los aseguren a su costa.
Y delito de falsedad en documento oficial del apartado cuarto del artículo 390.1.4 del código penal, consistente en faltar el funcionario público a la verdad en la narración de los hechos, cuando el autor del estudio geomorfologico previo al deslinde de 2006 pretende que la inclinación del acantilado es inferior a sesenta grados.
En su virtud,
SOLICITO A LA FISCALÍA: Que, teniendo por formulada la presente denuncia y por aportados los documentos que se acompañan, lo admita y se sirva practicar las diligencias de investigación precisas para la Comprobación de los hechos, formulando querella en caso de desprenderse de dicha investigación la misión de uno o varios delitos.

   

junio 28, 2015
@abogadodelmar

Yo no uso más pólvora ni más balas que las palabras, pero aquí dejo mi primera descarga de artillería como respuesta a la declaración de guerra anunciada por Mari Brito al anunciar que pretende ejecutar los desalojos incluso antes de resolver el recurso de reposición. Digo la primera porque tengo el armero repleto de esa pólvora virtual. La alcaldesa ha elegido situarse junto a su predecesor en el campo del oscurantismo y de los enemigos de la democracia, y es su responsabilidad. Nosotros vamos a plantar bien los pies sobre la tierra firme, vamos apretar los dientes y vamos a librar todas las batallas de esta guerra con tenacidad y sobre todo con inteligencia, y vamos a meterle el dedo en el ojo a todo el que se mueva contra los derechos de los vecinos. El éxito no lo puedo garantizar ,pero si el enemigo consiguiera sus sucios fines, garantizo que no saldrá indemne y anuncio que a partir de hoy a Mari Brito, dentro de mis modestas posibilidades, le voy a poner la legislatura bastante difícil.

Este escrito se presentará el lunes a primera hora o tan pronto como tenga organizada toda la documentación anexa.

A LA FISCALÍA

JOSÉ ORTEGA ORTEGA, abogado,…… En nombre y representación de …..
Comparezco DIGO:

Que, mediante el presente escrito pongo en conocimiento de esa Fiscalía los hechos que a continuación se exponen:

PRIMERO.- Mis representados son todos ellos ocupantes y antiguos propietarios, hasta la aprobación del deslinde, de terrenos y sus correspondientes viviendas situados en un espacio del término municipal de Candelaria conocido como Bajo la Cuesta – Risco de las Tablas, aunque igualmente se lo conoce como Las Caletillas.

La zona está configurada como un acantilado que forma a su pie una berma originalmente de superficie irregular y de unos cinco metros de anchura como promedio. Un número de ciudadanos que procedían en su mayoría de Igueste compraron esos terrenos de la berma a su entonces propietario y construyeron en ellos una serie de viviendas cueva, dando origen a lo que es hoy un barrio formado por viviendas en línea y una única calle llamada Manuel Oliva Martin, de las que lo único visible son son fachadas, jardines o porches, ya que los espacios habitables fueron excavados en la roca.

La excavación de las cuevas tuvo lugar a principio de los años setenta, después del deslinde que luego se dirá.

En el presente relato de hechos se describirán conductas observadas por Autoridades y funcionarios públicos que pueden ser constitutivas de delito a pesar de que en principio pueda parecer que tales conductas se presentan bajo la forma de simples lícitos administrativos.

SEGUNDO.- con fecha 24 de enero de 1969 se aprobó un deslinde de zona marítimo terrestre cuya línea delimitadora quedó fijada por el borde de la berma, dejando la berma misma fuera del dominio público. Se dio lugar a continuación al amojonamiento con hitos físicos físicos consistentes en bloques de piedra.

TERCERO.- En 1977 la construcción de la autopista de Santa Cruz a Los Cristanos, que discurría por la coronación del acantilado, originó la caída sobre la berma de escombros que fueron aprovechados para nivelar y allanar ésta última, haciendo así el espacio más habitable. Por otro lado, estos escombros sepultaron los hitos y cuando la pala mecánica los explanó se llevó por delante los hitos de piedra, que desaparecieron.

Algo mas tarde, la adición de un tercer carril a la autopista dio lugar a la caída de nuevos escombros, que esta vez se emplearon para ampliar la berma, ganando terrenos al mar.

CUARTO.- La berma pasó a formar parte del dominio público marítimo terrestre mediante deslinde aprobado por orden ministerial de 22 de mayo de 2006, encontrándose las viviendas situadas entre los vértices V-233 y V-241 del plano oficial.

La denominación oficial del expediente es la siguiente: Deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre del tramo de costa de unos tres mil sesenta y dos metros de longitud, comprendidos entre la playa El Chovito y Barranco Hondo, en el término municipal de Candelaria (Isla de Tenerife), ref. DL-107-TENERIFE VHA.

El contenido de esta resolución es sorprendente por los siguientes motivos:

-El plano oficial del deslinde contiene grafía de la línea de zona marítimo terrestre de 1969, que en lugar de discurrir por el borde de la berma se había dibujado por la pared del acantilado y en cotas variables de hasta treinta metros. Esta línea se hacia coincidir en determinados subtramos (no en todos) con el deslinde de dominio público marítimo terrestre. Esto implicaba la pretensión de que la ocupación de los terrenos se había hecho cuando los mismos ya pertenecían a la zona marítimo terrestre, por lo que se trataba con arreglo a esa suposición de ocupaciones ilegales.

-La línea de deslinde de dominio público marítimo terrestre, donde no era coincidente con la anterior, se situaba a cotas similares o incluso superiores sobre la pared del acantilado debido al supuesto alcance de los máximos temporales conocidos, con arreglo a la definición legal del artículo 3.1.a) de la ley de costas. Esta determinación del alcance de los temporales se hizo, según reconoce el autodenominado estudio geomorfologico, por observación directa, es decir sin previo estudio técnico o científico y sin seguirse los criterios del reglamento de costas entonces vigente, cuando mandaba que se tengan en cuenta las “referencias comprobadas de que se disponga”.

QUINTO.- la grafía de la línea de 1969 en el plano del deslinde de 2006 viene afectada por las siguientes distorsiones:

-La primera, errores matemáticos y topográficos en el replanteo ( se analizará a continuación)

La segunda, que la línea se grafía en espacio incompatible con la definición legal entonces vigente de zona marítimo terrestre (se analizará más adelante para mantener el relato de hechos por orden cronológico).

En cuanto a los errores matemáticos y topográficos: El deslinde de 1969 aprueba un plano sin referencias claras, puesto que en aquel momento no existían las viviendas. Ese plano estaba dibujado a mano y constituía poco mas que un croquis sujeto a imprecisiones derivadas incluso del grosor de la línea poligonal del deslinde. En el mismo se ve solo la línea poligonal un poco al interior de un espacio rocoso que esta parte dice que es el borde de la berna y que la administración pretende que es la pared del acantilado.

Como todos los planos o croquis de la época, se había elaborado con un teodolito y mediante el procedimiento de fijar un punto inicial y a partir de él ir trazando los segmentos de la poligonal, que quedaban delimitados y fijados según dos variables: La distancia del segmento y el ángulo del vértice firmado por el segmento entrante y el saliente.

Esto podría producir serios problemas técnicos arrastrados en caso de error en el cálculo de un ángulo o distancia y por ese motivo en todos los deslindes de la época incluían una serie de puntos fijos que no eran más que esquinas de edificaciones existentes.Estos puntos se distribuían por todo el tramo.

En el caso del deslinde que nos ocupa, la delimitación era de todo el término municipal y los puntos fijos más próximos a nuestra zona fueron designados como I y J. Estos puntos se encontraban en el mismo punto donde hoy podemos ver la central térmica que hay a la entrada de la calle Manuel Oliva Martin y desaparecieron con motivo de la construcción de la central y la demolición de los edificios preexistentes.

La desaparición de estos puntos fijos dio lugar a que los técnicos que elaboraron el deslinde de 2006 tuvieran que forzar cálculos complementarios. Con motivo de ellos incurrieron en un error al asignar valor al ángulo 34 del deslinde nuevo. Este error fue en su día perfectamente aislado y diagnosticado por el arquitecto técnico Don David Rodriguez Amador como el origen de un desvío absurdo en la línea resultante, que se llevó en este replanteo erróneo por la pared del acantilado y que como se ha dicho es la que da lugar a la suposición de que las viviendas se construyeron o excavaron dentro de lo que ya era zona marítimo terrestre y por tanto espacio público.

Por otro lado, tres observaciones:

-Si fuera cierto que el deslinde de 1969 discurría ya por una pared prácticamente vertical, habría sido imposible fijar sobre ella el trípode que sostiene el teodolito.

-Igualmente, si fuera cierto lo anterior, el amojonamiento físico de la zona, que efectivamente se hizo con hitos de piedra como se hacía siempre en esa época como medio de comprobacion de la ubicación de cada hito (ya que no existía GPS).

-Finalmente, si fuera cierto que los hitos de la poligonal del deslinde de 1969 discurrían por la pared del acantilado, es obvio que los mismos no habrían desaparecido cuando los rellenos fueron explanados, ya que dicha explanación se hizo por la berma y naturalmente no por la pared. Y como es cierto y consta que hubo amojonamiento, el hecho de que no haya ningún hito de piedra en la pared indica que los hitos en cuestión se situaron en la superficie horizontal de la berma y mas tarde desaparecieron por los motivos arriba expuestos.
SEXTO.- La determinación del dominio público marítimo terrestre por el máximo alcance de los temporales en el plano de 2006 presenta las siguientes distorsiones:

En primer lugar, la fijación del deslinde en cotas de hasta treinta metros implica la existencia de olas en el mar muy superiores, ya que para llegar a tocar lapa red del acantilado a tal altura esa gigantesca ola habría de volar por encima de los aproximadamente veinte metros de la berma ampliada. Una ola de esas características debería haber alcanzado igualmente otras partes de la isla mucho más expuestas, creando desastres naturales de los que sin embargo no se ha tenido noticia.

-En segundo lugar, la Administración tuvo por no puesta la parte ampliada de la berma e hizo uso uso del artículo 6.2 del reglamento de costas vigente al tiempo del deslinde en su redacción que afirma que se tendrán por no puestos los obstáculos artificiales a la marea, considerándose que se inunda todo el espacio que por su cota resultase naturalmente inundable. El precepto, sin embargo, no es de aplicación a los temporales por la sencilla razón de que de la misma forma que la determinación de la cota que resultaría naturalmente inundable por la marea es una operación sencilla que solo precisa de trasladar los datos de los anuarios locales de mareas, tal cosa no puede decirse de los temporales porque la determinación de cual habría sido su alcance en caso de no existir el obstáculo, es algo que depende de las condiciones del viento, que son variables.

-En tercer lugar, resulta extraordinariamente escandaloso y muy revelador que mientras que en Bajo la Cuesta el temporal alcanza supuestamente cotas de hasta treinta metros, y esto veinte metros tierra adentro, teniéndose por no puesta la ampliación de la berma por ser artificial, en la vecina y cercana central térmica el alcance de los temporales ha quedado fijado en cotas de entre cinco y ocho metros justo en la escollera de protección, al mismo tiempo que la escollera misma, pese a su carácter artificial ha sido respetada como si de un arrecife natural se tratara y por supuesto el deslinde no penetra al interior ni el menor espacio de las instalaciones fue incluido en el dominio público.

Todo esto se expone para llevar a esa Fiscalía al convencimiento de que no nos encontramos ante un simple ilícito administrativo o ante una decisión a la que se pueda poner reparos de ajuste a la ley, sino ante decisiones arbitrarias cuya suma (como veremos) puede configurar un delito de prevaricación.

Por de pronto es fácil comprobar cómo esta posible prevaricación se desprende del trazado desigual y selectivo dado a la línea delimitadora del dominio público, en apariencia con el único fin de proteger al propietario de la entro térmica y no molestarlo incluyendo sus instalaciones en el espacio demanial.

Idéntica distorsión se deriva del hecho de que el acantilado a cuyo pie de excavaron las cuevas no fuera declarado dominio público. El artículo 4.4 de la ley de costas dice que pertenecen al dominio público las paredes de los acantilados sensiblemente verticales que estén en contacto con el mar o con su ribera, y el artículo 6.3 de su reglamento entonces en vigor decía que son sensiblemente verticales los acantilados cuyo grado de inclinación es superior a sesenta grados. Como quiera que la inclinación del acantilado que nos ocupa es muy superior a sesenta grados, durante años fue un misterio para este Letrado por qué motivo el autodenominado estudio geomorfologico pretende lo contrario al decir que su inclinación es inferior, con la consecuencia de que el espacio quedó fuera del dominio público.

Esa duda ha quedado aclarada en momentos recientes, cuando determinadas indagaciones relacionadas con la orden de desalojo que luego se dirá han dado como resultado que el acantilado constituye dos fincas catastrales que también figuran inscritas en el Registro de la Propiedad. El propietario de una de esas dos parcelas es ENDESA, que también lo es de la central térmica a través de su filial UNELCO. Por tanto, de los hechos se desprende que la Administración dictó una resolución injusta a sabiendas al fijar el dominio público natural por la escollera de la central térmica y además el responsable de la afirmación de que el acantilado presenta inclinación inferior a sesenta grados promovió esa prevaricación y además incurrió en el delito del artículo 390.4 del Código Penal consistente en faltar el funcionario a la verdad en la narración de los hechos.

A tener en cuenta por esa Fiscalia que estas determinaciones tan groseramente ilegales del deslinde se adoptaron para no molestar a una sociedad de extraordinario poder e influencia como es ENDESA, y que sin necesidad de que se haya producido ningún delito específico de cohecho, implican una rechazable sumisión de los poderes públicos a los poderes tácticos del dinero. A este respecto señalo que la ley orgánica de financiación de los partidos políticos indica que los partidos políticos pueden financiarse mediante donaciones privadas siempre que éstas no sean finalistas, y que los partidos sólo están obligados a informar al Tribunal de Cuentas de tales donaciones cuando éstas superen los 25000 euros al año (artículo 5.2).

Es coherente creer que una sociedad tan potente como Endesa siga la costumbre muy conocida en Estados Unidos de asegurarse el control político y normativo del país financiando a ambos partidos mayoritarios, y en tal caso, y con independencia del importe económico de la posible donación o donaciones, la hipótesis de que Endesa fuera donante podría explicar las indignas decisiones de los responsables del deslinde respecto de su central térmica. Esto convertiría la donación en finalista y por tanto nos situaría ante una violación de la ley orgánica antes mencionada. Debería incluirse por tanto entre las diligencias de investigación de esa Fiscalía consulta ordenada a averiguar esta circunstancia. Deberá tenerse en cuenta que el artículo 5.2.a) de la ley de financiación de los partidos políticos solo admite donaciones privadas de personas físicas, y no siéndolo la sociedad ENDESA debería estudiarse la posible intervención de persona física a título de testaferro.

SÉPTIMO.-El deslinde fue recurrido ante la Audiencia Nacional, que desestimó el recurso con una sentencia en la que respecto al replanteo del deslinde anterior reprochaba al recurrente no haber aportado pruebas suficientes para acreditar los errores y en la que respecto al alcance del temporal aporta la nota tan original como pintoresca de anular un subtramo en el que dicho alcance había sido fijado en cota de 42 metros pero no el resto, donde se pretendía que la ola había llegado a treinta metros. Esto indica que al ponente (sin previo informe de perito) le parecía contraria a derecho y no justificada la pretensión de que la ola llegara a cuarenta y dos metros pero en cambio le parecía de perlas la de que alcanzaba los treinta, lo que no resulta precisamente muy comprensible.

OCTAVO.- Poco después de aprobarse el deslinde, Jefatura Provincial de Costas incoó expedientes de recuperación posesoria de oficio contra los propietarios de las viviendas con la finalidad de poner fin a las ocupaciones y proceder a su derribo.

Las decisiones fueron recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que tramitó dos procedimientos paralelos (183/2009 y 186/32009) que se encuentran totalmente terminados y pendientes de sentencia desde hace varios años, si bien es cierto que la deliberación y fallo ha tenido lugar recientemente, como se dirá. En estos procedimientos se practicaron diversas pruebas periciales, siendo una de ellas la de un ingeniero de la Jefatura de Costas de Tenerife llamado Don Secundino. Este hombre había aportado unas superposiciones de la aplicación Google Earth sobre diversos planos y durante su ratificación a presencia judicial no tuvo inconveniente en reconocer que había estirado y deformado los planos con la finalidad de conseguir que cuadrasen los elementos superpuestos que a él le interesaban, mientras que las regiones periféricas de descuadraban extraordinaria y escandalosamente.

No obstante, incluso así, en la zona en la que sí debía cuadrar todo a la perfección, que era la más cercana al área conflictiva, se apreciaba que la línea del deslinde antiguo discurría paralela a un antiguo muro de contención de cultivos (hoy soterrado) unas veces por la parte del mar y otras por la del interior, lo que denota que todo el informe había sido manipulado de propósitos y que el perito estaba tratando de engañar al tribunal.

NOVENO.- A vista de que todo el problema de las recuperaciones posesorias derivaba de un trazado erróneo del deslinde de 1969, los vecinos solicitaron a la Jefatura Provincial de Costas la incoación de expediente de replanteo. La petición fue denegada y la denegación recurrida en alzada. La resolución del recurso fue desestimatoria aunque la misma resolución, de forma sorprendente, incluye una más bien abstrusa invitación a los afectados a pasar por la Jefatura de Costas a fin de discutir las cuestiones técnicas derivadas del replanteo. Básicamente la razón de la Administración para desestimar el recurso era que el deslinde de 2006 ya contenía un replanteo suficiente de la línea antigua (aunque se había hecho sin intervención de los afectados)

Contra estos actos se formuló recurso contencioso administrativo que se siguió con el número 35/2010 y en el que acaba de recaer en fecha 9 de junio de 3015 sentencia desestimatoria que ha sido recurrida en casación a causa de la extrema pobreza de sus argumentos y a la insistente forma en la que hasta tres veces desestima alegaciones de la demanda que nunca existieron pero que nominalmente se parecen a las planteadas. Por ejemplo, una de las cosas que decía la demanda es que el hecho de que las NNSS hubiesen calificado el barrio como suelo urbano era un indicio indirecto de que que la Jefatura de Costas no tenía la zona como demanial, ya que en tal caro no habría permitido tal clasificacion. Por increíble que esto pueda parecer, la sentencia desestima el argumento recordando que aunque dichas NNSS fueron aprobadas antes de la ley de costas, fueron objeto de publicación oficial con posterioridad a ésta, por lo que no podían ser tenidas en cuenta a los efectos de la disposición transitoria novena apartado tercero del reglamento de costas. El razonamiento es simplemente ininteligible, ya que esa disposición transitoria tiene por finalidad regular los procedimientos a seguir en caso de que la autoridad urbanística pretenda declarar que los terrenos eran urbanos antes de la entrada en vigor de la ley de costas a efectos de aplicar la extensión reducida de la servidumbre de protección. Por otro lado, la sentencia afirma que no procede incoar expediente de replanteo porque la anterior sentencia de la AN ya rechazó la existencia de errores en la grafía del deslinde de 1969. Con esto se ignora deliberadamente que lo que dice la sentencia es que la parte no había aportado pruebas suficientes para acreditar esos errores. Siendo esto así, debería entenderse que la parte está legitimada para aportar pruebas nuevas y mejores en este nuevo procedimiento, pero desde luego la Sala no quiso entenderlo si.

Como puede comprobarse, siendo cierto que la sentencia es desestimatoria, también lo es que su técnica jurídica es inexistente, que sus errores son de bulto y que su calidad está por debajo del mínimo.

Sea como fuere, la pretensión de base no era que la Administración admitiese errores en el replanteo de la línea antigua, sino que incoar expediente de replanteo sin perjuicio de su resultado. Por lo tanto, la pretensión tenía un contenido neutro y únicamente buscaba la investigación de la verdad. A los efectos de esta denuncia, tenga en cuenta esa Fiscalía la irracional cerrazón de los poderes públicos a que pudiera hacerse lo que no era más que una mera comprobación técnica ordenada a dicha investigación de la verdad y su incomprensible empeño en impedir que se abriera expediente contradictorio destinado a tal fin incluso cuando lo que estaba en juego era el derribo de cincuenta viviendas y la desgracia de cincuenta familias. Los poderes públicos no querían hacer esacomprobacion. Querían solo derribar.

DÉCIMO.- En junio de 2012, este Letrado participó junto con el entonces Alcalde de Candelaria, Don Jose Gumersindo Garcia Trujillo, el Senador y Vicepresidente del Cabildo D. Aurelio Abreu, el Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Don Pedro Antonio Ríos, el Subdirector General de actuaciones en la Costa, Don Manuel Velasco Cabeza y un técnico de la Dirección General cuyo nombre se desconoce, en una reunión instada para aclarar el posible error técnico en el replanteo del deslinde antiguo. Siendo el responsable de dicho replanteo el técnico presente, el mismo confesó que no tenía muy claro por dónde iba el deslinde y que según las operaciones obligadas como consecuencia de la desaparición de los puntos fijos, había salido una línea que consideraba la más coherente de todas las posibles pero que no podía estar seguro de que fuera la correcta. Resulta estremecedor que incluso así la Administración de negase en redondo a tramitar expediente de replanteo e insistiese en derribar el barrio. A efectos de las responsabilidades penales que puedan desprenderse de esta denuncia, tenga en cuenta la Fiscalía lo anormal que resulta que la Administración siga adelante con sus planes de derribos masivos incluso sin estar segura de que tiene razón.

UNDÉCIMO.- En 2013, este Letrado formuló demanda civil ejerciendo contra el Estado acción declarativa del dominio. La demanda se basaba no solo en todo lo que ya ha sido expuesto, sino también en el hecho de que el deslinde de 1969, al haberse aprobado en 24 de enero, era anterior a la ley de costas de 26 de abril del mismo año. Por tanto, en el mismo se había aplicado el artículo 1.1 de la ley de puertos de 7 de mayo de 1880, que definía la zona marítimo terrestre como el espacio bañado por el mar en su flujo y reflujo. Esto era una extraordinaria novedad por significar que aquella línea no había sido fijada por el alcance de los temporales, ni siquiera ordinarios, sino de la marea alta. De aquí que fuera muy natural que el deslinde hubiera marcado la línea por el borde de la berma, y sobre todo que sea total y absolutamente absurda la pretensión de la Administración de que la línea antigua hubiera sido trazada en cotas de hasta treinta metros.

Las cotas de los planos de espacios donde las mareas s on sensibles de miden a partir de la intermareal, siendo ésta la el punto medio entre las mareas alta y baja, lo que se llama la carrera de mareas. En nuestro caso la carrera de mareas es de cinco metros aproximadamente, por lo que la intermareal está a unos dos metros y medio por debajo de la marea alta. Esto significa que un vértice del deslinde de 1869 situado a una cota de treinta metros está veintisiete metros y medio por encima de la marea alta. Pero como el deslinde de 1969 se había fijado, conforme a la ley, por la mayor pleamar, esto solo significa que los ingenieros de Costas pusieron el punto que alcanzaba la marea alta veintisiete metros y medio por encima de la propia marea alta, lo que tierna la pretensión en ridícula además de errónea.

Por otro lado, el replanteo de la línea antigua la sitúa la en cotas desiguales, lo que resulta incompatible con un trazado que por definición se corresponde con una línea de marea siempre igual que de ninguna manera puede alcanzar cotas unas más altas que otras.

Esto seguiría siendo así, o si cabe es así con mas fuerza, incluso aunque fuera cierta la pretensión de Costas de que en esa parte de costa nunca existió una berma, sino que el acantilado de hundía a pico en el mar. Si así hubiera sido, los escombros caídos del acantilado debido a la construcción de la autopista no habrían quedado atrapados en la berma y no habrían podido ser aprovechados para nivelarla.

El Abogado del Estado solicitó en ese procedimiento civil una prueba a la que esta parte no se opuso. Consistía en calicatas para demostrar qué parte de la berma estaba formada por rellenos y a qué profundidad aparecía la roca original constitutiva de la berma. Esto solo es obvio que ya desmonta la pretensión de que en la zona nunca existió una berma natural, pero por lo que aquí interesa resulta que el resultado de la prueba fue que los materiales eran heterogéneos pero los rellenos aparecían superficialmente y en espesores moderados. Una de las capas de materiales resultó tener varios millones de años. Pues bien, aunque esto pueda sorprender, en sus conclusiones orales el Abogado del Estado se atrevió a sugerir que esos materiales (que estaban profundamente bajo la superficie) habían sido llevados allí por los propios vecinos.

A los efectos de esta denuncia, tenga en cuenta la Fiscalía el carácter extremadamente irrazonable de la pretensión.

El procedimiento esta pendiente de sentencia.

DUODÉCIMO.- En 2013, y a vista de las nuevas revelaciones derivadas de que el deslinde antiguo aplicó la ley de puertos de 1880, este Letrado dirigió a la Dirección General deSistenibilidad de la Costa y el Mar nueva solicitud de replanteo de aquel deslinde. Nada tenía que ver esta petición con la anteriormente formulada, ya que ahora se fundaba en que en 1969 la línea quedó fijada por la mayor pleamar y que el replanteo no podía fijar la pleamar por encima de la propia pleamar.

A pesar del mucho tiempo transcurrido, la Dirección General ha omitido toda respuesta. No es ya que conteste diciendo que ha decidido no acceder a lo solicitado: Es que no contesta, ni mueve un músculo ni hace nada, incluso a sabiendas de que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común ordena que la Administración dé respuesta a todas las peticiones de los ciudadanos.

En estimación de este Letrado, la diferencia entre la primera petición de replanteo y la segunda es simple: La primera se basaba en la existencia de un error técnico de carácter topográfico y por lo tanto era más o menos defendible por los ingenieros de costas con argumentos técnicos de carácter topográfico, campo en el que ostentan una abundancia de medios evidente. Sin embargo esta nueva solicitud de replanteo creo que no admite discusión porque evidencia que la fijación de la línea antigua es no solo errónea, sino además surrealista. No hay nada que la Administración pueda hacer, me parece, para discutir la solicitud ni para poner en duda sus fundamentos y por eso es coherente que su única defensa sea el silencio y hacer el vacío a la solicitud fingiendo que no existe. Pero es una defensa ilegítima constitutiva de delito de prevaricación a juicio de este Letrado.

DECIMOTECERO.- en la misma fecha y por idénticos motivos, este Letrado solicitó la revisión o revocación del deslinde de 2006 al amparo de los artículos 102 y 105 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Esta solicitud ha sufrido hasta la fecha la misma suerte que la anterior, por lo que consideró que también hay prevaricación.

DECIMOCUARTO.- En la reunión a la que me he referido anteriormente, de junio de 2012, el Director General de Costas adoptó la decisión de iniciar procedimiento que culminara con la desafectacion del barrio. Para ello habría que tramitar un nuevo deslinde que fijara la ribera del mar dejando libres las viviendas, con posterior declaración de innecesariedad de los terrenos sobrantes y su entrega al patrimonio del Estado y final devolución a los vecinos. A este fin, encargó estudio geomorfologico a empresa externa cuya identidad este Letrado desconoce.

A los pocos meses Don Pedro Antonio Ríos cesó como titular de la Direccion General debido al cambio de Gobierno. A partir de ese momento nadie en la casa supo dar razón del paradero del informe.

En enero de 2013, encontrándose en una reunión con la Subdirectora General, doña Raquel Orts Nebot, este Letrado le pidió que localizase el informe, cosa que no hizo. Transcurrido un año y en el curso de otra reunión, este Letrado insistió en la petición y doña Raquel, en vez de contestarle, se limitó a levantarse y marcharse pretextando que tenía cosas que hacer.

En enero de 2015 este Letrado remitió a la Dirección General comunicación dejando constancia de que la Intervención Delegada había autorizado el pago del informe geomorfologico y de que éste se había efectuado, lo que indicaba que el informe había sido efectivamente elaborado y entregado. Se advertía en esta comunicación que caso de que continuara sin aparecer presentaría querella por delito de infidelidad en la custodia de documentos. Esto causó un efecto admirable puesto que el documento apareció efectivamente, aunque la Dirección General dijo haberlo remitido a la Jefatura Provincial para su valoración.

Sin embargo, cuando los interesados se personaron en las oficinas de la Jefatura de Costas para reclamar una copia, sus responsables se negaron a ello. Por este motivo a esta fecha aún no hemos podido conocer el resultado de un estudio técnico que es obvio que afecta a los vecinos de Bajo la Cuesta de forma especialmente sensible.

Gestiones privadas entendidas con el Subdelegado del Gobierno han dado un resultado decepcionante ya que al parecer éste respalda la actitud de la Jefatura de Costas pretextando que el informe es un “documento interno” de la Administración. Pero tan alta Autoridad debería saber que el concepto “documento interno” de la Administración ni existe, ni está regulado en norma alguna ni tampoco es posible su existencia, supuesto que los documentos administrativos integrados en un expediente no resuelto, como es el caso, pueden ser consultados y copiados por los interesados, como bien establece el artículo 35.a) de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Como quiera que el estudio geomorfologico fue remitido por la Dirección General para que sirviera de base a la incoación de un expediente de deslinde, resulta indiscutible que el mismo forma efectivamente parte de un expediente como encabezamiento del mismo, por lo que los interesados tienen un derecho garantizado por la ley a obtener copia. El documento en cuestión no escapa a ese derecho de los ciudadanos al no estar calificado oficialmente de restringido, confidencial o secreto.

Este Letrado considera que hay prevaricación.

DECIMOQUINTO.- En el invierno de 2010, coincidiendo con una época de vientos huracanados en la isla, un desafortunado accidente causó la muerte de dos turistas en Los Gigantes cuando se desprendió parte de un acantilado.

El 26 de febrero de ese año, el entonces Alcalde de Candelaria, a quien ya se ha nombrado, a vista de la persistencia de los vientos, dictó Decreto de desalojo de los vecinos de Bajo la Cuesta para prevenir posibles desprendimientos del acantilado al que me he referido en este escrito. La decisión fue adoptada sin previa audiencia y de forma tan abrupta como unilateral, sorprendiendo a los vecinos, que desde luego se quedaron en sus casas.

En mayo de 2015 una piedra se desprendió del acantilado e impactó contra un vehículo particular, cuyo propietario presentó denuncia. El Alcalde, incluso en funciones, firmó Decreto ordenando el desalojo. La decisión se adoptó nuevamente sin audiencia y previo informe geológico de la sociedad ICinco cuyo contenido es muy limitado y cuyo estudio no resulta concluyente al incorporar nada más que consideraciones teóricas y genéricas no incluir toma y análisis de muestras. Parece ser que este estudio se hizo mediante examen visual a través de fotografías o vídeos que fueran obtenidos con un dron.

El procedimiento se tramitó totalmente en secreto y sin que se respetara el derecho de los vecinos ni tan siguiera a conocer este informe geotecnico. Por otro lado, en reunión previamente mantenida con los vecinos por los Alcaldes entrante y saliente, se hizo saber a éstos que los terrenos del acantilado, en contra de lo que se pudiera pensar, tienen propietario, siendo uno de ellos un ciudadano particular y el otro nada menos que la mercantil UNELCO, como ya se ha dicho filial de ENDESA. Como se puede comprobar, los poderes públicos parecen extraordinariamente sensibles ante esta poderosa sociedad anónima y muestran una especial renuencia a contrariarla o a tomar cualquier determinación que pueda perjudicar sus intereses, porque además de lo ya dicho sobre el deslinde los Alcaldes saliente y entrante se negaron a practicar el requerimiento que se les pedía para que estos propietarios asegurasen el acantilado a su costa. Este Letrado considera que hay prevaricación.

Finalmente, el Decreto incluye transcripción del informe del responsable municipal de protección civil. Es incomprensible que el mismo afirme ignorar todo lo relativo al estado de conservación de la malla metalizada que el Gobierno de Canarias instaló en su día en el acantilado. Ni siquiera consta en este informe, como en el de ICinco, si la piedra pudo haber caído de esa parte a causa de un mal estado o una deficiente fijación de la malla.

La Alcaldesa ha anunciado a los medios de comunicación su intención de ejecutar el desalojo incluso antes de resolver el recurso de reposición que fue inmediatamente presentado por los vecinos, lo que, aunque se ajuste a derecho, resulta muy poco habitual en el marco de la practica administrativa, denota una agresividad innecesaria que este Letrado ni siquiera ha visto en la práctica de la Jefatura de Costas e implica una declaración de guerra explícita contra los vecinos.

Parece ser que la Alcaldesa pretende poner en marcha con carácter inmediato un fraude de ley prohibiendo el acceso a la calle Manuel Oliva Martin. De esta manera no se produce una violación directa del artículo 18 de la Constitución pero sí su vaciado de contenido, puesto que para poder entrar en sus casas y ejercer un derecho fundamental de la persona como es el derecho al domicilio, los vecinos se verán obligados a desobedecer la prohibición, por lo que es previsible que lluevan las denuncias por desacato. Puede entender esa Fiscalia que el fraude de ley de consuma impidiendo el ejercicio de ese derecho constitucional por la vía indirecta que se dice.

El desalojo no solo es indefinido, hasta que se asegure el acantilado: Es también definitivo, puesto que según ICinco el presupuesto para su óptimo aseguramiento es de 1.600.000 euros y no parece que ninguna Administración pública vaya a hacerse cargo de ese coste.Por tanto, lo que se está exigiendo de los vecinos, sin decirlo así el Decreto, es que contraten cada uno de ellos un camión de mudanzas y se marchen para siempre llevando consigo todos sus enseres y muebles. También aquí nos encontramos con una decisión extremadamente violenta y en apariencia disimulada en forma de orden de desalojo temporal. Por tanto, se trata de un nuevo engaño, o si se quiere de un nuevo fraude de una Alcaldesa a la que parece ser que le satisface la yantidemocratica forma en la que su antecesor trató la cuestión, es decir tramitando el expediente en completo secreto, como si en vez de encontrarnos con una institución democratica como es un Ayuntamiento estuviéramos en el seno mismo del CNI.

DECIMOSEXTO.- Poco antes de su muerte, el ingeniero de caminos D. Manuel Gonzalez Becerra, que fue jefe de dominio público de la Jefatura de Costas, dijo a este Letrado en conversación telefónica que en la Dirección General había una especial obsesión por derribar el barrio de Bajo la Cuesta.

Cuanto se acaba de exponer confirma esa impresión. No puede negarse una actitud no solo especialmente ajena al deber constitucional de objetividad de la Administración en todo el extenso cúmulo de datos que se acaba de exponer, sino una saña particularmente intensa contra los vecinos, a quienes negándoles información y procurando por todos los medios (ilegítimos e inmorales) desalojar y derribar sus viviendas, se puede afirmar que están tratando como a perros.

Aunque algunos de esos datos pueden constituir por sí delito de prevaricación (como la fijación del dominio público natural por la escollera de la central térmica , la estudiada y decidida pasividad de la Dirección General en relación a las peticiones de replanteo del deslinde antiguo y revision del nuevo) y la negativa de la Jefatura de Costas a entregar copia del informe geomorfologico) o de falsedad en documento oficial (la afirmación relativa a la inclinación del acantilado), lo que realmente permite discernir la artificiosa y pienso que delictiva animadversión de los poderes públicos hacia los vecinos es la visión de conjunto que se desprende de todo este relato.

No obstante, incluso constatando esta animadversión no solucionamos gran cosa. Para entender qué está sucediendo aquí es preciso penetrar la pantalla de las apariencias y encontrar las claves que nos den luz y nos guíen a través de un hilo conductor coherente. La irracional persecución de que son objeto los vecinos por parte de Costas no tiene sentido entendida a través de sus manifestaciones aisladas, como tampoco la innecesaria orden de desalojo. Pero una reconstrucción de los hechos que no se ven y una interpretación de las influencias que pueden estar moviéndose en la sombra y del oculto impulso de las iniciativas de los poderes públicos, sí pueden darnos una idea de los procesos y las razones invisibles.

El Plan Insular de Ordenación Territorial incluye entre sus determinaciones la construcción de un puerto deportivo en un paraje que denomina Las Caletillas, y que coincide con el espacio al que nos venimos refiriendo. Es curioso, pero significativo, que en el pleno municipal celebrado el pasado viernes se discutió sobre este tema al hilo de las declaraciones de este Letrado a un medio de comunicación y en el debate la Alcaldesa incurrió en la imprudencia de negarlo, diciendo que era incierto que el PIOT recogiera la determinación que se acaba de exponer. Pero es así, y ella no lo puede cambiar.

Cerca de Bajo la Cuesta hay una urbanización llamada Radazul, donde los promotores hicieron desmontes en los acantilados para dejar sitio a las enormes torres de apartamentos allí construidas. A la Jefatura de Costas parece no haberle importado que el artículo 45.2 del reglamento de costas ingente hasta 2014 limitase los desmontes autorizables en servidumbre de protección (donde aparentemente se encuentran las torres) a los que sean inferiores a tres metros, y que éstos de Radazul tengan treinta o cuarenta. El caso ilustra que el empuje del dinero al calor de nuevas urbanizaciones puede no sólo llegar a ser irresistible,sino además transmitirse a Bajo la Cuesta siempre que algún promotor se decidiera a ponerle realidad a la previsión del PIOT. Y para ello no seria ningún problema el carácter de dominio público natural que tiene asignado la zona.

La rigurosa prohibición de usos residenciales en los recintos portuarios, presente en laredacción original de la ley de puertos de 1992 desapareció hace ya años,de tal forma que en la actualidad no hay restricción alguna para estos usos y de tal forma que no solo la construcción del puerto deportivo sino también el aseguramiento definitivo del acantilado podrían financiarse con una promoción de apartamentos bien planificada y publicitada.

Hace años se hablaba mucho de la desafectacion de una zona de Alicante llamada La Albufereta. Los primeros intentos se encontraron con el inconveniente de que muchos vecinos de otras zonas pidieron igualmente la desafectacion de sus propios tramos de costa. Para sortear este grave inconveniente, los poderes públicos idearon la fórmula de instalar en la zona un puerto deportivo sabiendo que ello tendría como sencilla consecuencia que los terrenos pasarían de ser dominio público marítimo terrestre (donde los usos residenciales están prohibidos) a ser dominio público portuario (donde están permitidos). La claridad de este precedente sugiere que la posibilidad de una operación parecida en Bajo la Cuesta es real. Éste podría ser el hilo conductor que diera coherencia a todo el cúmulo de aberraciones que se ha expuesto con este escrito y explicara la saña con que estos ciudadanos han venido siendo perseguidos, engañados y humillados.

DECIMOSEPTIMO.- la presente denuncia se limita a exponer una suma de hechos intensamente antijuridicos y a poner de manifiesto una hostilidad de los poderes públicos hacia los vecinos que resulta totalmente artificiosa y que debería obedecer a un plan. No es ni razonable ni prudente, por ejemplo, que al Abogado del Estado se me ocurra sugerir que materiales geológicos que llevan millones de años bajo la berma fueron llevados allí por los propios vecinos. Estos puntos de vista serían risibles si sus consecuencias no resultaran tan dramáticas,

A juicio de este Letrado, no existe justificación para la pretensión de derribo de las viviendas pero tampoco para su desalojo. Antes de 2010 no constaba desprendimiento alguno del acantilado y después sólo de tiene noticia de la caída de una piedra. Parece excesivo echar a estas familias de sus casas de modo definitivo sólo por eso. Incluso aunque la seguridad no deba ser tomada a la ligera, la medida de colocar carteles advirtiendo de los posibles desprendimientos parece mucho más adecuada a la naturaleza del problema.

Pero todo quedaría bien sometido a un patrón de racionalidad en la hipótesis de que una mano negra muy poderosa estuviera moviendo los hilos para echar a los vecinos y poder enriquecerse con una promoción de viviendas al calor de un puerto deportivo.

En este supuesto, nos encontraríamos con que todos los poderes públicos habrían estado prevaricando en favor de oscuros y a esta fecha desconocidos intereses económicos muy privados, y todo esto con arreglo al siguiente plan:

-Primero, desalojo forzoso a fin de dejar el barrio desierto.

Segundo, derribo de las viviendas sin broncas ni escándalos como sucedió en Cho Vito.

Tercero, promoción y construcción de urbanización y puerto deportivo.

El desalojo de las viviendas es una medida necesaria para que un futuro derribo de todo el barrio a fin de dejar paso a las futuras posibles torres de apartamentos pueda hacerse no sólo sin violencia pública, sino también sin testigos. Existen numerosos precedentes en los que Costas ha cortado el acceso a una zona en la que iba a practicar derribos, pero no por seguridad, sino paro oscurantismo. En nuestro caso es muy fácil hacerlo así a fin de que ni un solo periodista pueda ver, grabar y contar lo sucedido. Bastaría cortar la calle Antonio Oliva Martin, que vare e de salida. Lo que sucede es que por suerte hoy la comunicación apenas tiene limites y que si se permite que los vecinos continúen en sus casas hasta el último momento, nada impedirá que graben docenas de vídeos con sus teléfonos móviles y que esa información esté a disposición de las agencias de noticias en cuestión de minutos. Claro está que esto sigue siendo una hipótesis, pero a vista de la extensa y densa experiencia de este Letrado en cuestiones de derribos, se trata de una hipótesis total y absolutamente coherente.

Pues bien, con sólo estos hechos y constataciones no resulta posible a los vecinos formular querella, pues el juez no los consideraría concluyentes. En cambio sí que pueden formular la presente denuncia ante esa Fiscalía para que por la misma se tramiten las diligencias preliminares de investigación y comprobacion que resulten pertinentes a fin de aclarar unos hechos tan anormales e indebidos como los que se describen.

No se presenta esta denuncia contra persona determinada, . pero se pide a la Fiscalía que use de su autoridad para investigar y, si de ello resultara la comisión de delito, formular querella. No obstante, sí se considera que hay delito de prevaricación individualizado en las siguientes conductas, muy señaladas y claras:

-Orden Ministerial aprobatoria del deslinde de 2006, por no incluir la misma el espacio ocupado por la central térmica.

-Silencio de la Dirección General en relación a las solicitudes de replanteo y Revision de 2013.

-Negativa de la Jefatura de Costas a entregar copia del informe geomorfologico que habría de servir de base a la desafectación.

Decisión de la Alcaldesa de no requerir a los propietarios de los terrenos para que los aseguren a su costa.

Y delito de falsedad en documento oficial del apartado cuarto del artículo 390.1.4 del código penal, consistente en faltar el funcionario público a la verdad en la narración de los hechos, cuando el autor del estudio geomorfologico previo al deslinde de 2006 pretende que la inclinación del acantilado es inferior a sesenta grados.

En su virtud,

SOLICITO A LA FISCALÍA: Que, teniendo por formulada la presente denuncia y por aportados los documentos que se acompañan, lo admita y se sirva practicar las diligencias de investigación precisas para la comprobacion de los hechos, formulando querella en caso de desprenderse de dicha investigación la go misión de uno o varios delitos.

Santa Cruz de arenerife……

OTROSI DIGO: Que acompaño copia de los siguientes documentos:

Orden ministerial aprobatoria del deslinde de 22 de mayo de 2006,

Plano oficial de este último deslinde.

Resolución aprobatoria del deslinde de 24 de enero de 1969,

Acta de deslinde (1969)

Estudio geomorfologico previo contenido en el expediente de deslinde de 22 de mayo de 2006.

Demanda formulada en recurso contencioso administrativo contra el deslinde.

Sentencia de la Audiencia Nacional sobre la impugnación del deslinde.

Demanda contencioso administrativa contra órdenes de recuperación posesoria.

CD con grabación en video de ratificación de peritos en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y sus correspondientes informes escritos.

Solicitud de replanteo del deslinde de 1969

Desestimación de lado,invitad de replanteo

Recurso de alzada contra desestimación de replanteo

Demanda judicial en recurso contencioso administrativo contra desestimación de replanteo

Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en recurso contra desestimación de replanteo

nes de recuperación posesoria

Anuncio de recurso de casación contra la sentencia

Demanda civil.

Dos Cd con grabación de juicio civil.

Solicitud a la Dirección General de copia del estudio geomorfologico bajo apercibimiento de querella.

Decreto de desalojo.

Plan de Insular de Ordenación Territorial

José Ortega
ABOGADO
Derecho de costas marítimas
Plaza Mariano Benlliure 21 1
El Puig 46540 Valencia
TF 961471097 fax 961471287
Tf móvil 629511225
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junio 24, 2015
@abogadodelmat

Fuente

http://www.diariodeavisos.com/2015/06/alcalde-advierte-del-desalojo-vecinos-bajo-cuesta/

NORBERTO CHIJEB | Candelaria

Los 150 vecinos de las 40 viviendas del pequeño núcleo costero de Bajo la Cuesta, justo debajo de la TF-1, al lado de la central de Las Caletillas, están en vilo por el posible desalojo del barrio, según se les comunicó el domingo, por parte del alcalde, José Gumersindo García, debido al riesgo de desprendimientos.

Sin embargo, el decreto municipal de desalojo, inicialmente previsto para el viernes y luego para ayer, está todavía sobre la mesa, sin firmar por el regidor municipal, que en una escueta nota ayer comentaba que “hay informe de una empresa externa y de la Oficina Técnica Municipal, ahora se ha pasado a los servicios jurídicos y se está pendiente de la supervisión del secretario para ver cómo se procede”, cuando todo estaba previsto para ser firmado ayer mismo y notificado hoy a los afectados, después de que el viernes conocieran que el Ayuntamiento, atendiendo a un extenso informe (100 folios) de los técnicos de la empresa Icinco, iba a proceder al desalojo. Un informe externo que costó al Ayuntamiento unos 13.000 euros, realizados después de un desprendimiento ocurrido a mediados de enero que destrozó un coche y que ocasionó la denuncia de un vecino, justo al final del barrio, donde no llega la malla protectora puesta en su día por el Gobierno de Canarias.

Los propietarios de las 40 viviendas, la gran mayoría de primera ocupación, quieren permanecer allí pese al peligro que supone el talud, mientras que el Ayuntamiento dice verse obligado al desalojo para garantizar la seguridad de las personas.

El alcalde, en la reunión del domingo, en la que también estuvieron presentes su posible sucesora Mari Brito y la nacionalista Nazaret Díaz, comentó que los Servicios Sociales municipales estudiarían la situación de cada uno de ellos para ofrecerles reubicarlos en otras viviendas.

La oposición

Nazaret Díaz (CC) se mostró contraria a la orden de desalojo que pretende llevar acabo el Ayuntamiento, pues señaló que eso “es competencia de un juez”, añadiendo que “lo peor han sido las formas, hablando de desalojo”, mientras abogó por “hacer obras para asegurar la ladera”.

Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) envió un comunicado de repulsa al comentar que “lo canallesco es que una vez más sale una orden de desalojo después de las elecciones, como pasó con Cho Vito” y recuerdan que “el origen del conflicto puede estar en la recalificación del suelo que supuso el último PGO del municipio, donde ya parecía patente una trama contra los habitantes de Bajo la Cuesta”, aseveran desde ANC.

Miembros de Alternativa Sí se puede, también presentes en la crispada reunión del domingo -ayer un vecino se acercó al Ayuntamiento a pedir disculpas al alcalde-, manifiestan que “los vecinos de Bajo la Cuesta se sienten engañados y manipulados. Se ha esperado a que pasara la campaña electoral para desembarcar con este enrevesado asunto”.

José Fernando Gómez, concejal no adscrito, también estuvo presente el domingo. “No se les puede decir a los vecinos -comentó Gómez- que la solicitud de ese informe que ha costado 13.000 euros ha sido una decisión del Grupo Municipal Socialista, cuando su compañera y candidata anunció que no tenía conocimiento alguno del tema”.

“El único peligro verdadero es Sindo”

N. CHIJEB | Candelaria

Antonio Oliva, presidente de la asociación de vecinos de Bajo la Cuesta, fue muy claro ayer al manifestar que “el único peligro verdadero para Bajo la Cuesta es José Sindo”, en referencia al alcalde, que según él es el gran culpable, entre otras razones porque “el barrio estaba considerado por las normas subsidiarias como suelo urbano consolidado desde 1987, hasta que en el Plan General de 2007 se cambió por suelo rústico”, lo que ha dado pie para que Costas insista en que Bajo la Cuesta está bajo dominio público marítimo-terrestre, aunque los vecinos y su abogado, José Ortega, cuentan con un informe del anterior director general de Costas en el Gobierno socialista, Pedro Antonio Ríos, en el que se recoge “la desafectación de la Ley de Costas de 1988”.

Sin embargo, ahora el asunto que tiene en vilo al centenar largo de vecinos es el desalojo anunciado la semana pasada por el alcalde y comunicado en persona por él mismo al vecindario en una acalorada reunión en el propio barrio. Antonio Alonso reconoce que ha habido desprendimientos -el último el 15 de enero en una zona donde no hay malla, de donde nace el informe actual-, pero que de igual manera “también hay peligro cuando conduces por una carretera”.

   

junio 24, 2015
@abogadodelmar

http://www.laopinion.es/tenerife/2015/06/23/ayuntamiento-pedira-orden-judicial-desalojar/613846.html

Una lucha con el alma en vilo

Los vecinos del núcleo costero de Bajo la Cuesta desoyen el decreto de Alcaldía para que dejen sus casas por el riesgo de desprendimientos

Ylenia Lorenzo 24.06.2015 | 10:55

“Juegan con los sentimientos de todo el mundo y tenemos el alma en vilo”, lamentó Nayra García. “Pero seguimos en la lucha”, puntualizó Migdalia Galván. Ambas viven en Bajo la Cuesta, en Candelaria, desde hace más de una década y ayer se apoyaban la una a la otra en un día donde la incertidumbre vuelve a pesar sobre sus casas. Ayer terminaba el plazo que les dio el Ayuntamiento para que más del centenar de habitantes de este núcleo costero abandonaran sus residencias de forma voluntaria a raíz de un informe externo en el que se advierte del peligro de desprendimientos que existe en la zona. Pero todos ellos, sin embargo, permanecen desafiantes en sus hogares con una directriz bien clara: “Si viene la Policía, tenemos que encerrarnos en casa”. Hasta Ainara García, de tan solo seis años, sabía lo que debía hacerse.
Pero para el desalojo forzoso, tal y como ya ha advertido el abogado que les defiende, José Ortega, el Consistorio necesita la orden judicial y, aunque este periódico intentó contactar con la nueva alcaldesa de la Villa Mariana, María Concepción Brito, para ver si ya se ha solicitado ese permiso, al final no lo consiguió. Mientras, y con la esperanza de que la regidora local dé marcha atrás en la encomienda que le endosó su antecesor, José Gumersindo García, los afectados de Bajo la Cuesta intentan llevar su peculiar vida con normalidad. Pese a los intentos, los sobresaltos fueron inevitables cuando la Guardia Civil hizo dos rondas, en una misma mañana, por el pequeño barrio.
La primera de ellas fue a la hora del café, cuando decenas de vecinos disfrutaban bajo la sombra de los árboles de las tazas preparadas por Jessica Castro, que a sus 28 años lleva residiendo en Bajo la Cuesta desde hace seis porque su marido se crió allí. Y es que generación tras generación, han crecido en este núcleo donde todos forman una gran familia, un “sistema de vida” donde los “tenderetes” les alegran el día a día gracias a que “un vecino trae una cosita y el otro otra”, explicó Migdalia Delgado, que reconoció entre risas que llevaba “dándole a la lengua desde la siete de la mañana”.
Cuando ella llegó al pueblo, en los 80 y desde entonces con la central eléctrica como telón de fondo, había “muy poquitas casas”. Gracias a que sus padres le dieron el terreno “donde fabricar” cerca de su hermana, pudo hacerse su casa allí. “Tengo muchos recuerdos de este sitio y al principio no teníamos agua, luz ni teléfono”, dijo la sexagenaria. Está claro que los comienzos fueron duros, pues también lo fueron para su vecina Carmen Rosa Delgado. “Nos alumbrábamos con un motor”, añadió ella con la cédula de habitabilidad del año 83.
Su marido, Manuel Oliva, fue uno de los que luchó duramente para que esta población contara con todos los servicios públicos como cualquier otro y, de hecho, el alcalde de Candelaria que firmó el decreto de desalojo inauguró la calle que atraviesa Bajo la Cuesta y que homenajea a uno de los fundadores de este barrio.
Con un álbum de fotografías en la mano para hacer constar lo comentado, y acompañada por su madre y otras vecinas que se unieron a la conversación, Gloria Oliva destacó la labor desempeñada por su padre para que el núcleo se convirtiera en lo que es hoy. “Yo me vine con 18 años después de que mi padre vendiera su empresa. El dinero que ganó lo empleó aquí y construyó la cueva”. “Estuve 15 años viviendo aquí y ahora la disfruta mi hija y, ahora, nos quedamos sin nada”, manifestó con lágrimas en los ojos.
Aunque estaba disfrutando del frescor de los árboles en uno de los primeros días de verano del año, finalmente tuvo que entrar en su hogar porque “afloraron” sus sentimientos donde se juntaron diversos residentes al olor del café. Para ella, la lucha que mantienen abierta desde el año 2006 es una “injusticia”, porque además incluso destacó que fue el propio Ayuntamiento el que “puso suelo urbano” a ese territorio, pero Gloria Oliva no maneja bien los detalles técnicos, “eso más bien mi hermano”, apuntó. Pero de lo que ella “puede hablar de sentimientos, de la gran familia” que forman los alrededor de 150 habitantes de este núcleo, porque “no solo es una vivienda, es todo”, subrayó.
Y es que su hermano, precisamente, es el presidente de la Asociación de a Asociación de Vecinos Bajo la Cuesta-Risco las Tablas. Antonio Oliva trabaja en turno de tarde y llega a casa ya en la madrugada. Aunque intentó dormir en la mañana de ayer, no lo consiguió y a eso de las diez y media ya estaba en la calle junto a sus vecinos. Él fue el encargado de dar los detalles de esta guerra, no solo contra el Ayuntamiento, sino también contra la Dirección General de Costas. Al frescor de su terraza, recordó que sus problemas comenzaron en 2006, cuando la Corporación local modificó el Plan General de Ordenación y fue acompañado de un nuevo deslinde marítimo.
Ese organismo dependiente del Estado ordenó el derribo de Bajo la Cuesta en 2008 al considerar que las viviendas están en dominio público marítimo-terrestre, pero los afectados optaron por acudir ante la Justicia de la mano del abogado José Ortega. Aún esperan por resolución, pero lo que estos candelarieros tienen claro es que no han salido de ahí gracias a él.
Con esa decisión judicial en el aire, dos años después, en 2010, el Ayuntamiento también advirtió a los habitantes de que tenían que abandonar sus hogares por el riesgo de desprendimientos. En esa ocasión, no lo consiguió. En medio de ese día de café y tertulia, Migdalia Galván explicó que el intento de la Corporación local falló porque “el juez dijo que necesitaba un informe técnico que avalara el desalojo y, además, porque el Gobierno de Canarias dijo que no había problema, que la malla de protección estaban bien puestas y eso se quedó parado”.
Cuando el pueblo pesquero de Cho Vito, muy cerca de este núcleo, fue derribado bajo la misma premisa en 2012, “nos dio miedo y sabíamos que nosotros somos los siguientes”, reconoció Gloria Oliva, quien posteriormente se autoconvenció de que los casos “son diferentes porque nosotros tenemos más papeles que ellos”.
Pero Migdalia Galván aseguró no tener “miedo ninguno”, para añadir que es “un barrio como cualquier otro, porque pagamos todo, como la basura, que luego la tenemos que recoger nosotros”, apuntó.
La diferencia respecto a esa ocasión es que ahora el Consistorio se ampara en un informe externo que advierte del peligro de desprendimientos después de que en el pasado mes de enero cayera una piedra encima de un coche de un vecino y, de hecho, a la entrada de Bajo la Cuesta ya cuelgan los carteles de advertencia. Elvira Delgado, una de las afectadas que participaba en ese día de tertulia y café, advirtió que ese incidente se dio en la parte donde no hay malla de protección y subrayó que “nos hemos hecho responsables de vivir aquí” y que “siempre ha sido seguro”.
El presidente de la asociación, Antonio Oliva, defendió ayer que contra el decreto de desalojo voluntario se ha presentado un recurso que el Ayuntamiento aún no ha contestado. En él, según detalló, se pide la suspensión durante un mes de esa medida para que resuelva ese recurso de reposición y, además, los vecinos exigen que sean los dueños de los terrenos, un propietario privado y Unelco, los que lo arreglen el talud, una inversión de 1.600.000 euros, según recoge el documento en el que se respalda la Administración local.
El representante advirtió de que “posiblemente” lo que hay detrás del “empecinamiento” del Ayuntamiento de echarlos de sus casas es un “intento de pelotazo” para urbanizar la zona y denunció, de igual forma, que la nueva alcaldesa había quedado en reunirse con el abogado que los representa y “no lo ha hecho”. Pero el ánimo de los vecinos, incluido el de Antonio Oliva, no decae con el objetivo firme de no perder sus casas, porque “no nos queda otra que seguir luchando”, sentenció.
La única forma de que se muevan de sus hogares de forma voluntaria, según los afectados, es que haya una fecha de regreso firmada para que en un plazo estipulado arreglen el talud.

   

junio 24, 2015
@abogadodelmar

Fuente:

http://eldia.es/movil/sur/2015-06-09/0-vecinos-Cuesta-seran-desalojados-riesgo-corren.htm

Ya en 2010 lo intentaron y los afectados se opusieron. Lo mismo sucederá en esta ocasión si se cumple lo que anuncian los afectados. El alcalde en funciones, José Gumersindo García, y su previsible sustituta, Mari Brito, informaron a los habitantes de Bajo la Cuesta que esta semana les comunicarán el desalojo de sus viviendas. La causa es el contenido de un informe externo, encargado por el gobierno municipal, en el que se advierte de la existencia de riesgo para la integridad de cosas y de las personas por posible desprendimiento del talud.

Este enclave de Candelaria lo forman más de 50 viviendas construidas (casi todas ellas partiendo de una cueva) tanto en la calle Manuel Oliva Martín, la única del barrio, como en la zona conocida por Paseo de la Soga, situada más allá del tramo asfaltado.

La representación legal de Bajo la Cuesta advirtió ayer de que recurrirán el decreto del alcalde en funciones, que esperaban recibir ayer pero que, previsiblemente, les será entregado hoy a los afectados. El abogado, José Ortega, lamentó que “no nos hayan facilitado el estudio que encargó el ayuntamiento a una empresa privada”, poniendo en duda alguna de sus conclusiones. “Por ejemplo, en ese documento se asegura que asegurar el acantilado costaría millón y medio de euros”.

Durante el encuentro, el alcalde en funciones (dejará de serlo el sábado) trasladó a la población de Bajo la Cuesta que la medida tiene por objeto “garantizar la seguridad de los vecinos”.

El 26 de febrero de 2010, esta zona de la Villa Mariana recibió la primera notificación de desalojo. En aquella ocasión, el alcalde se basó en informes técnicos del Servicio de Costas de Tenerife y de los Servicios Técnicos del propio ayuntamiento, que recomendaron “que se prohíba totalmente el paso a personas y vehículos en la zona de Bajo La Cuesta y se proceda al desalojo de las personas que habitan en dichas viviendas, así como el corte de suministro de energía eléctrica de uso domiciliario, alumbrado público, telefonía y suministros de energía eléctrica de uso domiciliario, alumbrado público, telefonía y de agua potable”. La situación se agravó entonces por una a declaración de preemergencia máxima por vientos fuertes declarada por el Gobierno de Canarias.

Al negarse los vecinos a abandonar sus casas, el tema fue puesto en manos del juzgado.

Al tiempo, fue elaborado un informe por la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias cuyas conclusiones previas, dadas a conocer entonces, indicaban que no existía peligro de desprendimiento.

Cabe recordar que la Dirección General de Costas ordenó el derribo del poblado de Bajo la Cuesta en enero de 2008.

El alcalde no ha decretado nada, aún

El alcalde en funciones de Candelaria, José Gumersindo García, no ha decretado aún el desalojo de los vecinos de Bajo la Cuesta. Al respecto, el gobierno municipal en funciones explicó ayer que “hay informe de una empresa externa y de la Oficina Técnica Municipal”, documento que ha sido trasladado a los servicios jurídicos, estando a la espera de conocer el resultado de su estudio. La Alcaldía, además, “está pendiente de la supervisión del secretario para ver cómo se procede”.

Vecinos por Candelaria y ANC critican al gobierno

José Fernando Gómez, concejal en funciones y electo de Vecinos por Candelaria, critica la inversión de 13.000 euros en un informe externo que solo ratifica “lo que todos los vecinos saben, que ese riesgo existe y existirá toda la vida”. Gómez le pide a los vecinos “unidad, trabajo en equipo y que desconfíen de aquellos que han querido, primero, con el deslinde; después, con el decreto municipal de desalojo y, ahora, con este informe, conseguir una orden judicial que los saque de sus hogares”. Desde ANC se incidió en la negativa de las autoridades a firmar con los vecinos un compromiso de ayuda y apoyo en el caso de que se produzca el desalojo la solución y coincide con los afectados en que la solución real es reparar el talud.

4 COMENTARIOSCOMENTAR

Pilar

Que le investiguen al alcalde cuales son los verdaderos intereses que le mueven para montar este espectáculo bochornoso amparándose en la preocupación por la seguridad de los vecinos. Es que no se puede ser más cínico.

23:14

Díaz

Muchos vecinos de Candelaria han votado a PSOE a pesar de la TERRIBLE CORRUPCIÓN durante 14 años. Parece que no aprenden. Cada pueblo tiene lo que merece. Dicho queda.

16:15

Tin3r

Que valor deben de acompañar a estas persona, para vivir en esos lugares. Cuando ocurran las desgracia será cuando se clame aquello de: y donde estaban las autoridades que no supieron ver o permitieron esas construcciones…?

16:13

AGACHERO

GASTARSE MÁS de dos millones de pesetas (13.000 euros) en un informe externo, para ratificar lo obvia, es un despilfarro, y sus responsables deben pagar judicialmente por ello. Hay peligro sí, y manifiesto, pero en algunas viviendas concretas. La mayoría tiene riesgo mínimo al estar repartidas a lo largo del litoral. Donde sí lo hay es en Los Barrancos (Santa Lucía), perteneciente al Ayto. de Güímar, donde varias viviendas se encuentran literalmente dentro de una enorme cueva con toneladas de roca inestable por techo. Hago, desde este medio, un llamamiento a la autoridad judicial competente pera que gire visita ocular a la zona. No es necesario acompañarse de técnicos sino de sentido común y sensatez.

   

junio 24, 2015
@abogadodelmar
Fuente:

http://www.diariodeavisos.com/2015/06/ningun-vecino-bajo-cuesta-cumplira-desalojo-voluntario/

“Nadie se va a ir; cómo vamos a abandonar las que han sido nuestras casas desde hace casi 50 años”, comentaba ayer un vecino de Bajo la Cuesta, que no quiso dar su nombre, y que forma parte de la asociación vecinal que dirige Antonio Oliva, hijo de uno de los fundadores del pequeño núcleo cerca de Las Caletillas, que da nombre a la única calle del lugar, asfaltada en la etapa de Rodolfo Afonso como alcalde.

La resistencia del vecindario deberá comenzar a ser efectiva hoy, cuando comienza a cumplirse el plazo de aquellos a los que les fue notificado el miércoles el desalojo voluntario, pero “nadie se moverá de aquí, tal y como decidimos en la reunión del domingo y nos recomendó nuestro abogado”, indicó el mismo vecino. Mientras, a su derecha un par de jóvenes juntaban aulaga y madera para celebrar la hoguera de San Juan esta noche, y a su izquierda, dos operarios del Ayuntamiento, a bordo de una camión-grúa colocaban en lo alto de dos faroles los carteles anunciando el riesgo de desprendimientos.

De esta forma el Ayuntamiento de Candelaria quiere evitar cualquier denuncia por caídas de piedra, como ya sucedió en enero, que desencadenó que se retomara un decreto de desalojo que ya fue abortado en 2010 y que en esta ocasión firmó José Gumersindo García en su último día de mandato como alcalde (viernes, 12 de junio). El abogado valenciano José Ortega, representante de los vecinos, envió el viernes por burofax un recurso de reposición al Ayuntamiento. Señala el letrado que, habiendo recibido notificación del Decreto dictado el 12 de junio de 2015 número 2.282 mediante el que se ordena el desalojo de mis representados (…), mediante el presente escrito interpongo contra el mismo el siguiente recurso de reposición (…). Con arreglo a la Ley del Procedimiento Administrativo Común, la Autoridad a la que va dirigida este recurso debe resolverlo en el plazo de un mes.

Como quiera que desde el día 26 de febrero de 2010 lo único que ha sucedido es la caída de una piedra en el camino, no parece abusivo ni caprichoso el solicitar que la ejecución del acto combatido se suspenda durante plazo de un mes en el cual no cabe en principio esperar que se produzcan nuevos accidentes, al menos a vista de la estadística reciente. Debe además tenerse en cuenta que la ejecución provisional afectaría de forma extraordinariamente grave al derecho que recoge el artículo 18.1 de la Constitución, que es como es sabido un derecho fundamental de la persona”. El balance entre las dos opciones existentes (esperar a que el recurso quede resuelto en el plazo de un mes o ejecutarla cautelarmente) parece razonable esperar antes de ejecutar, señala Ortega, que, tras las amplias consideraciones, solicita “se sirva acceder a la suspensión del acto combatido”.

   

junio 24, 2015
@abogadodelmar

Fuente:

http://www.diariodeavisos.com/2015/06/van-pasar-anos-para-desalojo-vecinos-bajo-cuesta/

“Van a pasar años para el desalojo de los vecinos de Bajo la Cuesta”

Por: Norberto Chijeb junio 20, 2015 | Actualidad,Candelaria,Portada actualidad,Sur,Tenerife

“Le he recomendado a los vecinos que se atrincheren en sus casas, que vamos a recurrir al Contencioso Administrativo y ese desalojo que ha decretado el Ayuntamiento de Candelaria, de ejecutarse, tardará años”. Así de rotundo se mostró el abogo de los vecinos de Bajo la Cuesta, el valenciano José Ortega, que lleva defendiendo los intereses de los habitantes de ese pequeño núcleo costero desde 2006, cuando se modificó el deslinde de Costas de 1969.

Ortega, que esperaba hablar estos días con la nueva alcaldesa, Mari Brito, para “convencerla de que aceptara un recurso de reposición, al tener las espaldas cubiertas con el decreto”, señaló que los vecinos “me han trasmitido preocupación e inquietud porque crecen los abusos de los poderes públicos, cuando el único mal que han hecho es irse a vivir ahí, donde pagan sus impuestos como el resto de los candelarieros”, sentenció el letrado, que no dudó en poner en duda que “exista la democracia en España”.

El abogado se mostró contrariado por la forma de actuar del anterior alcalde, José Gumersindo García, al “esconder a los vecinos de Bajo la Cuesta el informe técnico que encargó”, según él “algo muy grave”, porque tenían derecho a conocerlo antes de que firmara el decreto en el último día de su mandato. Un informe externo que se dio a conocer a Antonio Oliva, presidente vecinal, el martes en el Ayuntamiento por parte de la nueva regidora municipal, Mari Brito.

Para José Ortega ese informe “está inflado y es ficticio”, porque si “asegurar el acantilado cuesta 1.600.000 euros no creo que se haga nunca, por lo que la expulsión de los vecinos del lugar sería para toda la vida”, exclamó.

Por otra parte, el letrado valenciano entiende que para hacerse cualquier trabajo en esa zona o para desalojarla, como se pretende, habría que hablar antes con los propietarios del terreno, un particular y la empresa Endesa, extrañándose de que no se les haya comunicado nada.

Para Ortega, el decreto de desalojo que debe cumplirse antes del martes “atenta contra el artículo 18 de la Constitución, en el que se recoge la intimidad e inviolabilidad de la vivienda, un derecho muy serio”, remarcó el letrado, que considera que “José Gumersindo García se podía haber ahorrado el decreto, porque no había ninguna urgencia ni la situación del acantilado es para estar tan preocupados”, recogiendo palabras de sus defendidos, que ya ganaron una primera batalla en 2010 cuando también se firmó un decreto de desalojo que no cumplieron, tras demostrar que no hubo desacato, algo que pretenden hacer también a partir del martes.

El abogado también se mostró convencido de ganar el pleito a Costas en la lucha jurídica por el deslinde de 2006, que obligó al Ayuntamiento a adaptarlo en su Plan General de Ordenación aprobado un año después.

El ingeniero de la autopista TF-1 declaró el desalojo de 2010 “desproporcionado”
El ingeniero jefe de la ampliación de la autopista del Sur (TF-1), Adolfo Hoyos, consideró “desproporcionado” el decreto de desalojo del barrio de Bajo la Cuesta que se dictó en 2010 y que posteriormente no se llegó a ejecutar, gracias a un informe de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, el mismo que colocó unas mallas protectora en el acantilado que hoy sigue siendo motivo de preocupación y que, cinco años después, ha determinado otro decreto de desalojo tras la denuncia de un vecino en enero, al caer una gran piedra que destrozó su vehículo.

A raíz de esa denuncia, el Ayuntamiento encargó un informe técnico a la empresa Icinco que recibió el 15 de mayo y no dio a conocer a los vecinos hasta este martes, tras ser advertidos del desalojo desde el 7 de junio, cuando el alcalde entonces, José Gumersindo García, se reunió con ellos en el barrio.

El informe es demoledor al hablar de riesgo de “derrumbes, desprendimientos y avalanchas” y cifra en 1.600.000 euros la cantidad necesaria para asegurar el talud. Mari Brito, actual alcaldesa candelariera, espera recibir ayudas del Gobierno y Cabildo para asegurar la zona y que los vecinos puedan vivir ahí.

   

junio 24, 2015
@abogadodelmar

Fuente:

http://www.laopinion.es/tenerife/2015/06/23/ayuntamiento-pedira-orden-judicial-desalojar/613846.html

El Ayuntamiento pedirá la orden judicial para poder desalojar Bajo la Cuesta

Los vecinos desafían al Consistorio y permanecerán ´encerrados´ en sus casas pese a que el plazo para abandonar sus hogares de forma voluntaria termina hoy

Ylenia Lorenzo 24.06.2015 | 03:48

Viviendas de Bajo la Cuesta, en Candelaria. LOT

“Los vecinos tienen instrucciones de quedarse en casa y de ahí no les saca ni Dios”. Así de tajante se mostró ayer el abogado de Bajo la Cuesta, José Ortega, que desde 2006 defiende a estos residentes del núcleo costero de Candelaria. Estos ciudadanos no solo tienen abierta una causa por la modificación del deslinde de Costas, sino que ahora además deben enfrentarse al Ayuntamiento de la Villa Mariana, que ha vuelto a amenazar con desalojarlos de sus viviendas ante un informe en el que se advierte del riesgo de desprendimientos que existe en la zona. Si ya lo ordenó en 2010, en esta ocasión el plazo que les dio para abandonar sus hogares de forma voluntaria termina hoy. Desde el Consistorio avisaron ayer de que la Policía se encargará de comprobar si han dejado sus casas y, si no ha sido así, el caso “se enviará al Juzgado, que será el que decida”.

Y parece lo más probable, porque “está claro que mañana [por hoy] no nos vamos a ir”, afirmó el presidente de la Asociación de Vecinos Bajo la Cuesta-Risco las Tablas, Antonio Oliva, quien resaltó que los alrededor de 150 afectados están “más unidos que nunca”. Aseveró que la Corporación local ha estado “preparando a su servicio jurídico para pedirle al Juzgado la entrada en los domicilios, pero no hay nada oficial y habrá que seguir esperando”. Aunque mostró su preocupación, dijo no obstante que están “tranquilos” porque el abogado que los ha defendido durante todos estos años les ha “mantenido en pie y en el barrio”. “Estoy confiado en que esto va a salir bien y quedará como un mal sueño”, agregó.

Por lo pronto, ya han presentado un recurso de reposición contra la orden de desalojo por parte del Ayuntamiento y contemplan acudir al Contencioso-Administrativo en caso de que sea desestimado por parte de la Administración municipal. Según explicó ayer el letrado, aunque su formalización no suspende la resolución administrativa, sí defendió que ese decreto “afecta a un derecho fundamental”: el artículo 18 de la Constitución, el cual recoge “la intimidad e inviolabilidad de la vivienda”, advirtió. Y es que subrayó que la Corporación local “no podrá hacer nada sin orden judicial”, por lo que debe contar con autorización para poder echarlos de las alrededor de 50 casas que forman este núcleo costero.
Por otro lado, José Ortega manifestó que el Consistorio candelariero debe responder al recurso de reposición y comunicar su decisión argumentándola. Lo normal para él es que desestime el decreto, ya que “le va a costar” seguir adelante con el proceso, “porque las razones” que se exponen en el documento “son difíciles de contradecir”. Entre ellas destacó que el expediente “entra en caducidad porque se ha tramitado como mínimo por cinco años” y, además, se ha llevado a cabo “de forma secreta”.

El abogado denunció al respecto que el Ayuntamiento “está obligado” a notificar a los vecinos el inicio de ese procedimiento, y eso “no se ha hecho”. Es más, ni siquiera el informe externo que advierte sobre el peligro de desprendimientos que existe en la zona, donde se calcula que hacen falta 1.600.000 euros para asegurar el talud, no se les facilitó antes de la firma del decreto por parte del anterior alcalde, José Gumersindo García, según han denunciado los afectados. Pero a estas razones José Ortega también suma que tampoco “se les ha requerido” a los propietarios de los terrenos, un particular y la empresa Endesa, su responsabilidad por los daños.

Desde el Administración informaron a principios de mes que se estudiarían las intervenciones que podrían acometerse en el talud de para evitar futuros derrumbes. Ayer, además, detallaron que, después de pasar los cinco días desde la notificación a los residente de Bajo la Cuesta, la Policía Local “comprobará si se ha producido el desalojo voluntario y, si no es así, se enviará al Juzgado, que será el que decida”, ya que hasta ayer no había orden judicial que permita echarlos de sus viviendas, según afirmaron.

   

junio 24, 2015
@abogadodelmar

Fuente:

http://www.mirametv.com/news/news/view.html?id=181/bajo-la-cuesta-desafia-al-ayuntamiento-candelariero

Sobre el núcleo costero de Bajo la Cuesta, en el municipio de Candelaria, vuelve a planear la posibilidad de que el Ayuntamiento desaloje a los vecinos por las advertencias de un informe sobre el riesgo de desprendimientos en la zona. Hoy martes se cumple el plazo que el Consistorio ha dado a los vecinos para abandonar sus hogares de forma voluntaria. La Policía visitará las cerca de medio centenar de viviendas a las que ha llegado la notificación de desalojo para comprobar si los vecinos afectados han abandonado sus casas. Todo apunta a que no será así puesto que el abogado de los vecinos, José Ortega, asegura que ha dado instrucciones “para que los vecinos se queden en casa, sin una orden judicial la Policía no puede entrar en las casas porque tiene que respetar el artículo 118 de la Constitución sobre la intimidad e inviolabilidad de la vivienda”. Según la alcaldesa del municipio, Mari Brito, si los vecinos no dejan sus casas “el caso se enviará al Juzgado que será el que decida qué va a pasar”. De momento, los vecinos ya han presentado un recurso de reposición contra la orden de desalojo por parte del Ayuntamiento y barajan la posibilidad de acudir al Contencioso-Administrativo en caso de que la Administración municipal lo desestime.
En la zona, el Ayuntamiento de Candelaria ya ha instalado carteles anunciativos sobre el riesgo de desprendimientos para evitar denuncias relacionadas con la caída de piedras, como ya sucedió a principios de año y que provocó que se retomara un decreto de desalojo que no llegó a ningún lado en el año 2010. Este decreto fue firmado hace apenas unos días por el anterior alcalde, José Gumersindo García, justo antes de agotar su mandato.
El informe externo que maneja el ayuntamiento ratifica la existencia de peligro de derrumbe con la consecuente peligrosidad para los habitantes del núcleo costero. Por lo tanto, la solución para Bajo la Cuesta pasa por aplicar medidas de seguridad en el talud que está justo debajo de la TF-1 entre Las Caletillas y Barranco Hondo. Así lo ha manifestado la nueva alcaldesa, quien asegura que están trabajando para saber si son competentes para llevar a cabo un proyecto que garantice la seguridad del talud.

   

junio 21, 2015
@abogadodelmar

Nunca hago esto, pero en esta ocasión la estrategia lo aconseja, así que previa autorización de los clientes aquí está el recurso.

Recurso de reposición contra
Decreto nº 2282

AL ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA

JOSE ORTEGA ORTEGA, abogado en ejercicio, con despacho en El Puig (46540 Valencia), plaza Mariano Benlliure pum. 21, primero, en nombre y representación de ………
como acredito con las copias de poder que acompaño, comparezco y, como mejor en derecho proceda, DIGO:

Que, habiendo recibido notificación del Decreto dictado en fecha 12 de junio de 2015 número 2282 mediante el que se ordena el desalojo de mis representados entre otros los vecinos del Barrio de Bajo La Cuesta de las Tablas, mediante el presente escrito interpongo contra el mismo el siguiente recurso de reposición en base a las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA.- Conforme al artículo 44,2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común al expediente le es de aplicación la institución de la caducidad al haber transcurrido con notable exceso el plazo máximo para su tramitación. El anterior precepto alude a procedimientos en los que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, y no cabe duda de que los efectos del acto combatido son claramente los que cita el artículo.

Bien es cierto que la decisión supuestamente trata de amparar los intereses generales lo que sin embargo no desmiente la anterior conclusión. Tomamos aquí como referencia la práctica judicial relativa a la tramitación de deslindes del dominio público marítimo terrestre en la cual los tribunales rechazaban por sistema la aplicación de la caducidad argumentando que la finalidad del deslinde era la de proteger los intereses generales. No obstante, este criterio hubo de cambiar con motivo de la Reforma de la LPAC de 1999 y los cambios introducidos en su regulación de la caducidad de los expedientes. A partir de ese momento, efectivamente se admite la aplicación de la caducidad de este tipo de procedimientos con consiguiente declaración de nulidad de los actos administrativos.

En nuestro caso no cabe duda de que nos encontramos ante un expediente administrativo incluso que sea bajo la la apariencia de caótica superposición de documentos e informes inconexos que presentan las actuaciones. Según se verá más tarde, al folio 5 del acto combatido se alude a determinado informe que queda consta en el expediente y al folio 16 se declara la tramitación de urgencia en el procedimiento lo que nos releva de ulteriores argumentaciones al respecto.

Para el debido cómputo del plazo sería precisa una fecha de inicio que debería coincidir con la providencia de coalición. En nuestro caso y en el marco del desbarajuste de trámites, documentos y de papeles a los que que denomina expediente, ni siquiera existe la providencia de incoación. No obstante resulta indiscutible que la fecha de inicio de expediente no puede ser posterior a la de 26 de febrero de 2010 en la que ya se adoptó una primera decisión sobre el desalojo.

El artículo 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, en su apartado tercero, establece que cuando las normas reguladoras no fijen el plazo máximo de tramitación éste será de tres meses. Será éste nuestro caso ya que no existe norma alguna que regule el procedimiento que se ha de seguir previo a un acto administrativo de esta naturaleza. Se debe añadir que la fijación de un plazo máximo de tres meses para la tramitación obedece al principio de eficacia de la actuación administrativa recogido en el artículo 3 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común así como en el artículo 6 de la Ley reguladora de Bases de Régimen Local en lo referido a los entes locales. No obstante en nuestro caso nos encontramos o nos encontrábamos cuando se inician las actuaciones ante una situación de supuesta grave emergencia para la seguridad.

Que el Ayuntamiento necesite invertir bastante más de cinco años para la tramitación de un expediente de esta naturaleza y que con arreglo a la ley debería haber quedado resuelto y notificado a los interesados a los tres meses de su incoación, resulta por tanto desajustado a derecho por razones que van más allá de las puras formalidades de la naturaleza del expediente.

SEGUNDA.- Nos encontramos no ante un conjunto inconexo de gestiones, informes y resoluciones, sino ante un procedimiento administrativo que, como todos, queda sujeto a las normas y garantías de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Esto es algo que simplemente se desprende de la naturaleza de las decisiones adoptadas pero que, por si alguna duda pudiera caber, resulta confirmado en el cuerpo de la propia resolución al menos en dos pasajes. Como ya se ha expuesto, al folio 5 literalmente se dice que consta en el expediente “Informe de fecha 15 mayo de 2005” y posteriormente en el folio 16 declara la urgencia del procedimiento reduciendo los plazos a la mitad.

En segundo lugar, si bien es cierto que los escritos de defensa y alegaciones de naturaleza administrativa deben dirigirse a su destinatario de forma impersonal (y así , en nuestro caso, deberíamos referirnos al acto combatido o en su caso a la institución que la dicta y no a la persona que en el momento de dictarse representa a tal institución) la resolución aquí combatida viene afectada por determinadas peculiaridades que incluso escapan al ámbito puramente administrativo para hacer una inclusión en el propiamente político. Y así, resulta que se da la circunstancia tan inesperada como sorprendente de que el Decreto de desalojo ha sido firmado por el Alcalde D. José Gumersindo García Trujillo cuando el mismo se encontraba aún en funciones y sin que el interesado fuera a repetir cargo como es por todos sabido. Por esta razón pedimos a la Autoridad a la que nos dirigimos que nos disculpe si en algunos pasajes de este recurso de reposición se personaliza más allá de lo que resulta ordinario al dirigir determinadas opiniones o criterios contra el modo de proceder del Alcalde saliente.

En particular se aprecia en las actuaciones una auténtica y desde luego anti democrática debacle de todo el sistema y garantías y derechos individuales recogidos no solamente en la Ley sino de modo muy especial en la Constitución. A este respecto es preciso tener en cuenta que, como bien cita el acto combatido en sus apartados fácticos, la resolución que aquí se combate trae cuenta de una previa decisión de trámite anterior dictada en 2010, que no llevarse a buen fin como consecuencia de la pasividad del Gobierno de Canarias que no habría emitido determinado informe técnico. Pues bien, esto implica que la inaceptable y brutal lesión de los derechos fundamentales de la persona que encierra el acto combatido no se reduce a los trámites desenvueltos durante el presente año sino que se extiende a todos los anteriores incluyendo las actuaciones previas a la resolución de 2010, por el simple hecho de que nos encontramos ante una decisión que bien pudiéramos calificar de “desahucio exprés” previamente a la cual que ninguna oportunidad se ha dado a los interesados de participar en la elaboración y decisión conforme al principio de participación, ni tampoco se han respetado los derechos de los artículos 31 (concepto de interesado), 35 (derecho a conocer el estado de tramitación de las actuaciones y a obtener copia de los documentos obrantes en el expediente), 80, 81 (posibilidad de pedir la apertura de un periodo probatorio y proponer prueba), 58 (notificación de decisiones que afecten a lo ciudadanos)y 84 (vista y audiencia del expediente) de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y 18 y (inviolabilidad del domicilio) 103 (objetividad de la Administración) de la Constitución y 6 y 18 de la Ley de Bases de Régimen local en cuanto a la obligación de objetividad del Ayuntamiento.
Desde el punto de vista técnico jurídico resulta ininteligible y desde el punto de vista democrático inaceptable que el ya ex Alcalde de Candelaria D. José Gumersindo García Trujillo, haya podido tener el atrevimiento de tramitar un expediente administrativo cuya resolución iba a afectar gravísimamente a los vecinos de Bajo La Cuesta en secreto, sin dar a los interesados la menor oportunidad como ya se ha adelantado de conocer la incoación ni el contenido del procedimiento. No sabemos ni corresponde aquí analizar si este defecto se debe a un lapsus histórico del Servicio Jurídico municipal o a una manía anti democrática de su antiguo alcalde pero sea cual sea la razón no puede caber duda alguna de que el acto combatido resulta nulo de pleno derecho en virtud de lo establecido en el artículo 62.1.a de la Ley de Procedimiento Administrativo Común en relación con los artículos 18,1 y 24 de la Constitución. Esto es así puesto que resulta innegable que la resolución incide de forma dramática el derecho a la inviolabilidad del domicilio lo mismo que también al derecho de defensa. Igualmente se incurre en motivo de nulidad del apartado quinto del artículo 62 al haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido para la elaboración del acto administrativo. A este respecto hay que considerar que aunque no parece existir una regulación legal específica de este tipo de procedimiento, existe un mínimo indiscutible incluso en este tipo de situaciones que exige como mínimo se tramite la vista y audiencia del artículo 84 del ley procedimental tantas veces citada. Esta es precisamente la solución que adopta la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias en todos aquellos casos en que procede ordenar la reposición de las cosas a su estado anterior por a infracción de las leyes de ordenación del territorio de Canarias constitutiva de falta que se encuentra ya prescrita. No existiendo regulación específica, el Gobierno de Canarias, con buen criterio, entiende que ello no es excusa para que la tramitación sea endogámica ni opaca y por lo tanto siempre se da lugar a la vista y audiencia. En este contexto puede comprobarse que se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento sin mermar ello la emisión de uno o cien informes internos.

Si bien es cierto que de ordinario la traslación al ámbito administrativo de la aplicabilidad del artículo 24 de la Constitución se limita a los expedientes sancionadores, no cabe duda alguna de que la decisión contenida en el acto combatido afecta a los vecinos de forma extraordinariamente más grave de lo que podría afectarles una sanción a vista de que la decisión implica la expulsión de su vivienda con carácter indefinido. Resulta inimaginable que pueda suceder una cosa así después de más de 40 años de democracia e inquietante el parecido de este modo de proceder de D. Gumersindo García Trujillo en las antiguas sanciones de plano propias de régimen anterior, como se sabe controlado por un General de ejército de Tierra llamado Francisco Franco. Las sanciones de plano eran sanciones administrativas sin previa tramitación de expediente y porque le daba la gana a Autoridad, mientras que el acto combatido resulta si cabe peor s porque además de implicar la adopción de una medida gravísima sin permitir que opinen los interesados, constituye una burla del ordenamiento jurídico al simular que previamente a la decisión se ha tramitado un expediente administrativo. Parece ser que o bien el ex-Alcalde o bien el Servicio Jurídico ignora el carácter y naturaleza de todo expediente administrativo, que no es otro que servir de cauce al punto de vista de los interesados en el mismo para que la decisión puede dictarse ya en base al ya nombrado principio de participación (16 LBRL). Pero si se tramita, como aquí, un procedimiento endogámico en el que se niega no ya toda participación sino ya todo conocimiento de su existencia de los interesados y que resulta ser un triste monólogo, esto no es precisamente un expediente administrativo sino una obra de teatro (propiamente un monólogo) y una mofa de los derechos más elementales de los ciudadanos.

En este contexto de lo que semeja total despiste de los Servicios Jurídicos municipales, el acto combatido incurre en la incoherencia de declarar el carácter de urgencia del procedimiento, con reducción a la mitad de los plazos de tramitación. La incoherencia se desprende de lo siguiente:

⁃ En primer lugar del hecho de que se acuerde la tramitación de urgencia del procedimiento cuando ya no existe procedimiento es decir en la resolución que le pone fin. Parece obvio, que el carácter de urgencia con la consiguiente reducción de plazos se debería haber adoptado o bien con la incoación o bien con una resolución de trámite. No obstante no sorprende que no haya sido así puesto que, como una muestra más de caos ni siquiera existe una providencia de incoación de ese cúmulo de actuaciones informales al que en algún momento el propio Ayuntamiento califica de expediente.

⁃ En segundo lugar, porque resulta surrealista la declaración de urgencia cuando, según ya se ha expuesto, las actuaciones traen cuenta de momentos anteriores a febrero de 2010 cuando se dicta una primera decisión de trámite relativa al desalojo. Habiendo transcurrido 5 años y medio resulta particularmente tonto que se hable ahora de urgencia.

Las excepcionales peculiaridades que rodean las actuaciones, y en particular el hecho de que el acto combatido haya sido dictado D. Gumersindo García Trujillo unos días antes de cesar definitivamente, así como el carácter extraordinariamente anti democrático de la decisión y la expansión hacia el campo puramente de los valores políticos que se deriva de todo ello, aconseja que la nueva Alcaldesa estudie con atención y estime el presente recurso de reposición, ya que de lo contrario se estaría identificando con la conducta que consideramos muy anti democrática de D. Gumersindo García Trujillo. En ese supuesto, todo lo que se ha expresado en el cuerpo del presente recurso podrá decirse también de ella misma y de su enfoque del problema que nos ocupa en el marco de una sociedad democrática.
Por lo pronto, y sin perjuicio de lo que dirá, consideramos que debe ser estimado el presente recurso con declaración de nulidad radical del acto combatido, procediendo la incoación de nuevo expediente conforme a derecho siempre que se mantengan y demuestren las actuales cicunstancias de riego. El expediente deberá principiar, en su caso, por providencia de incoación que sea debidamente notificada a los interesados a fin de que éstos puedan realizar las actuaciones que consideren, y continuarse su tramitación con respeto a todas y cada una de las garantías recogidas en la Ley de Procedimiento Administrativo Común incluyendo el derecho de los interesados a solicitar la apertura de un período probatorio y el de vista y audiencia del artículo 84 del mencionado texto legal.

TERCERA.- Deben tenerse en cuenta a la hora de resolver el presente recurso de reposición los siguientes artículos de nuestro ordenamiento jurídico y concordantes de los Tratados Internacionales:

El Derecho a una vivienda adecuada y la prohibición de desalojos arbitrarios.

El Estado Español reconoce expresamente el derecho a una vivienda digna y adecuada en el artículo 47 de su Constitución (CE).

Asimismo, ha ratificado varios tratados de Derechos Humanos que consagran el derecho a una vivienda adecuada y otros derechos que guardan una estrecha conexión con éste y con la prohibición de desalojos arbitrarios, como la integridad física, la intimidad, la inviolabilidad de domicilio o la vida privada y familiar. Dichos tratados forman parte del ordenamiento interno (artículos 96.1 y 10.2 CE) y son, junto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, un criterio decisivo para la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades reconocidas en la Constitución (art. 10.2 CE).

El derecho a una vivienda digna y adecuada se encuentra reconocido en el Capítulo III del Título I de la Constitución, titulado “De los Principios Rectores de la Política Social y Económica”.

Por otro lado, una lectura sistemática de la Constitución obliga a interpretar el derecho a la vivienda y a la prohibición de desalojos arbitrarios de la forma más garantista posible. Esto supone hacerlo, por un lado, en conexión con otros derechos y principios constitucionales que permitan delimitar su contenido, como el principio del Estado social y democrático de derecho (art. 1.1 CE), el de la dignidad de la persona y el derecho a su libre desarrollo (art. 10.1 CE), la integridad física (artículo 15) o la intimidad personal y familiar y la inviolabilidad de domicilio (art. 18 CE). Y por otro, con lo establecido por los tratados internacionales sobre derechos humanos. Algunos de estos tratados, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), reconocen el derecho a una vivienda adecuada de manera explícita (artículo 11.1). Otros, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), no lo hacen de manera directa, pero reconocen otros derechos que guardan una estrecha conexión con éste, como el derecho a no padecer tratos inhumanos y degradantes (artículo 3) o al respeto de la vida privada y familiar y del domicilio (artículo 8).

Del mismo modo, el Tribunal Constitucional también ha sostenido que la obligación de interpretar los derechos reconocidos en el Título I de la CE de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España no puede prescindir de la que, a su vez, llevan a cabo los órganos de garantía establecidos por esos tratados y acuerdos internacionales (STC 61/2013 del 14 de marzo, FJ 5).

Así, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC) de Naciones Unidas, órgano de interpretación y garantía del PIDESC, ha entendido que la prohibición de desalojos arbitrarios forma parte del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de su existencia (art.11.1).

En la Observación General Nº 7 al artículo 11.1 del PIDESC, el Comité DESC establece que “los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos. Y que cuando los afectados por el desalojo no dispongan de recursos, el Estado Parte deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda”

En este sentido, el pasado 15 de octubre de 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) paralizó cautelarmente el desalojo de dos familias que habitaban en un bloque de viviendas propiedad de la Sociedad de activos provenientes de la reestructuración bancaria (SAREB), de conformidad con los derechos contemplados en los artículos 3 y 8 del CEDH.

En este mismo sentido se había pronunciado el mismo tribunal al impedir cautelarmente el desalojo de su residencia habitual de dos familias de la ciudad de Madrid sin que previamente existiera una alternativa habitacional adecuada (Demanda Nº 77842/12 del 11 de diciembre de 2012 y Nº 3537/13 del 31 de enero de 2013).

Así, el TEDH ha calificado los desalojos como la forma más extrema de injerencia en el derecho a la protección del domicilio, condenando la ausencia de condiciones mínimas de habitabilidad y la obligación de proveer un realojo adecuado a partir de dichos derechos.

En el caso mencionado anteriormente de octubre de 2013 el TEDH impidió el desalojo de dos familias que residían en un bloque de viviendas de la localidad de Salt – Gerona, a partir de los artículos 3 y 8 del Convenio Europeo y exhortó al Estado Español a informar detalladamente cuáles eran las medidas que las autoridades internas se proponían adoptar en relación con los demandantes, particularmente los niños, a la luz de su vulnerabilidad, para prevenir la alegada vulneración del Convenio. En dicha decisión, el TEDH también inquiría a las autoridades competentes sobre las medidas relacionadas con el alojamiento y asistencia social que pensaban adoptar (Demanda Nº 62688/13 del 15 de octubre de 2013).

Con base en dicha jurisprudencia, el TEDH ha ratificado que el Estado es siempre responsable y garante del derecho a la vivienda y por tanto, quien debe procurar una solución habitacional frente a los desalojos forzosos, en especial cuando se afecta a colectivos vulnerables, como los niños, que a consecuencia del desalojo quedarán expuestos a la violación de los derechos tutelados en los artículos 3 y 8 del Convenio, íntimamente relacionados con el derecho a la vivienda adecuada.

Finalmente, con base en la jurisprudencia del TEDH adoptada en fecha 6 de diciembre de 2012 (solicitud Nº 77482) el Juzgado de Primera Instancia Nº 39 de Madrid en los autos de juicio verbal de desahucio Nº 1649/12 suspendió el lanzamiento de una familia integrada por una mujer y tres niños hasta tanto que los organismo públicos correspondientes informasen las medidas concretas que adoptarían a fin de garantizar su debido alojamiento. Por su parte el Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid paralizó un desalojo de forma temporal hasta que la familia encontrará una solución habitacional.

En consecuencia, la jurisprudencia del TEDH viene a garantizar unos contenidos mínimos en relación con los derechos fundamentales a partir de los cuales se determinará en el orden interno el contenido asegurado por el derecho propio, sin que en ningún caso pueda ser objeto de rebaja ese contenido mínimo garantizado por las normas del CEDH.

Así, una orden de desalojo que no se acompañe de un realojamiento adecuado desatiende abiertamente las declaraciones del TEDH cuando valora la necesidad y proporcionalidad de las medidas de desalojo, violando las garantías mínimas que el Estado debe atender frente a la vulneración de derechos fundamentales.

En un sentido similar, el Comité DESC ha sostenido que cuando el desalojo afecte a un colectivo vulnerable, donde residen hijos menores de edad, las autoridades están obligadas a hacer todo lo que esté a su alcance para impedir toda forma de discriminación y evitar prácticas desproporcionadas de desalojos forzosos (OG Nº 7 parraf. 11).

Por otra parte, España ha reconocido en su norma fundamental y de conformidad con la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas que los menores gozaran de todos los derechos en ellas contemplados sin discriminación alguna por razón de nacimiento, nacionalidad, raza, sexo, deficiencia o enfermedad, religión, lengua, cultura, opinión o cualquier otra circunstancia personal, familiar o social.

Asimismo, el art. 27.1 de la Convención de los Derechos del Niño establece que los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Y en ese sentido, es ineludible que el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada reconocido en el art. 47 CE forma parte del nivel de vida adecuado que los Estados se han obligado a garantizar.

En el presente caso existen multitud de motivos fundados para que se anule o en su caso se suspenda cautelarmente entre tanto no resuelva el presente recurso la resolución combatida:

Algunos miembros de la Plataforma se encuentran en situación de desempleo con personas a su cargo, y mi situación económica me impide el poder acceder a una vivienda de alquiler a precio de mercado por lo que preciso una moratoria puesto que es materialmente imposible realojar a mi familia. Además muchos de los vecinos como es sabido tienen hijos que están escolarizados en una escuela cercana al domicilio y para garantizar su correcto derecho a la educación y su escolarización y que sus estudios no se vean afectados por esta dramática situación, es preciso aplazar la orden hasta final de curso o al menos hasta que dispongamos de una opción de realojamiento.

CUARTA.- En relación con el acto combatido, hace un esfuerzo justifica la competencia del Alcalde para adoptar la medida. No obstante, tanto el artículo 21.1.m de la Ley de Bases de Régimen Local como el artículo 21 de la Ley de Protección Civil (citados en el acto combatido) condicionan la intervención a la ocurrencia de una situación de grave riesgo. En nuestro caso ese grave riesgo es más que discutible por los motivos que a continuación se exponen:

-Porque entre todo el tiempo que media entre febrero de 2010 (cuando ya se pretendía que existía este riesgo) hasta el momento en que un vehículo recibe el impacto de una piedra, no ha sucedido absolutamente nada, por lo que no el riesgo al que se alude parece ser más teórico que real.

-En segundo lugar, porque de forma que nos parece anormal y contraria a la obligación de objetividad del artículo 103 de la Constitución y 6 de la Ley de Bases de Régimen Local, la decisión se ha fundado en Informe elaborado por una empresa privada que no solamente alude a la existencia del supuesto riesgo sino que además en el apartado de posibles soluciones propone una obra con el desorbitante coste de 1.600.0000 euros. Sin que con esto se quiera poner en duda la profesionalidad de los autores del informe, como la naturaleza humana es débil y tiene sus servidumbres, consideramos que el informe en cuestión podría no haber sido lo suficientemente objetivo, en especial siembre que la empresa responsable pudiera albergar la expectativa de que en un futuro se le adjudicase el contrato para el aseguramiento del acantilado por el alto coste que se ha dicho.

Pese a que los vecinos no han conseguido obtener copia de este informe, parte del mismo queda transcrito en el acto combatido. Pues bien, de lo que hemos podido leer se desprenden al menos los siguientes defectos:

⁃ En primer lugar, se alude a la existencia de una malla metalizada de la zona 4 sin informar de su estado de conservación o fijación y por lo tanto sin que podamos saber si la única piedra que ha caído en la zona desde el día 26 de febrero de 2010 se desprendió justamente por un posible mal estado de esa malla o falta de fijación de la misma.
⁃ En segundo lugar el estudio es perfectamente teórico (en la parte del mismo que se transcribe en el acto combatido) y carece de las cautelas científicas más elementales para este tipo de casos, en especial el acceso directo y examen por parte de los técnicos a la propia pared y por supuesto la toma de muestras. Esto nos autoriza a dudar de la exactitud del Informe y sobre todo de sus conclusiones cuando alude a la existencia de riesgos de desprendimientos o o deslizamientos.

Por otro lado, en toda la extensísima exposición de antecedentes que hace el acto combatido no se incluye referencia alguna a la reiteración que pudo y debió hacerse al Gobierno de Canarias para que por el mismo se elaborase el Informe Técnico al que se había comprometido en 2010. Deberá la cuestión ser objeto de prueba este extremo y así se solicitará mediante otro sí para que se incorporen los oficios en los cuales, en su caso, el Ayuntamiento hubiera hecho llegar aquellas reiteraciones. Si nos encontrásemos con que no se hicieron, la conclusión sería que el Alcalde entonces en el cargo habría observado negligencia incluso a pesar de la pretendida situación de emergencia. Por otro lado, ese modo de proceder, que también lleva consigo una grave carga para las arcas municipales derivada de un informe de empresa privada que se ha debido abonar, evidenciaría, de haberse producido, falta de objetividad de los poderes públicos. Además, esa posible ausencia de toda reiteración por parte del Ayuntamiento de la solicitud de informe resultaría contraria al artículo 10 de la Ley de bases de Régimen Local cuando establece que la Administración local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.

Como es lógico y normal, los responsables de mantener la adecuada colaboración recíproca son todas las Administraciones sin que esté excluido el Ayuntamiento. Por este motivo consideramos a este último responsable de vulnerar el precepto que se cita por no haber reiterado en apariencia la solicitud de informe técnico.
QUINTA.- El acto combatido parte de la errónea premisa de que los terrenos del talud no pertenecen a nadie y por lo tanto no hay nada más que hacer excepto desalojar a los vecinos. Esta premisa es muy errónea puesto que los terrenos tienen sus correspondientes propietarios, a saber por una parte un ciudadano particular, y r otra parte la entidad UNELCO, al parecer dependiente de IBERDROLA. SA Los terrenos del talud constituyen dos parcelas catastrales, cuyas referencias constan en los documentos probatorios números 1 y 2, consistentes en las correspondientes certificaciones catastrales descriptivas y gráficas. En la reunión que tuvo lugar el pasado domingo entre los vecinos, el Alcalde saliente y la Alcaldesa entrante, se puso de manifiesto esta circunstancia y se trasladó a estas Autoridades el parecer de que previamente a la orden de desalojo deberían practicar requerimiento a los propietarios del talud para que fueran éstos quienes procedieran a su aseguramiento.

La Federación Nacional de Municipios y Provincias elaboró un proyecto básico de Ordenanza Municipal de de Seguridad y Convivencia cuyo artículo 19 en su apartado primero dice así:

De forma decepcionante ambos mandatarios, entrante y saliente declinar seguir la sugerencia. Al respecto es interesante observar que la Federación Nacional de Municipios y Provincias elaboró un modelo de ordenanza municipal de seguridad y convivencia cuyo artículo 18 dice:

Los propietarios de terrenos, construcciones y edificios tienen el deber de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y innato público.

Siendo cierto que la LRBRL no deja clara la competencia de los Ayuntamientos a ese fin ,también lo es que la Ordenanza ha sido adoptada de forma masiva por innumerables Ayuntamientos y esto indica que sus competencias generales no excluyen la capacidad de imponer la obligación transcrita.

No sabe esta parte si el Ayuntamiento de Candelaria está incluido entre los que adoptaron el modelo y en consecuencia publicaron su propia Ordenanza con arreglo al mismo, y en todo caso esta cuestión deberá ser objeto de prueba que se solicitará mediante otro sí. En cualquier caso, haya sido o no incorporado o no el modelo como Ordenanza propia, parece fuera de toda duda que entre las competencias de los municipios se encuentra la de exigir a los propietarios que las parcelas y terrenos se mantengan las condiciones precisas de seguridad y salubridad.

Valoramos en consecuencia de forma muy negativa la actitud de ambos representantes municipales de negarse a adoptar esta medida y consideramos que no se acuerda a derecho el Decreto de desalojo cuando el mismo se ha dictado sin que previamente haya efectuado el requerimiento que se dice.

SEXTA- Como es sabido, en el talud fue instalada por el organismo competente en materia de carreteras del Gobierno de Canarias una malla de contención con motivo de los trabajos de la ampliación de la autopista. Como es elemental, esa malla de contención tenía por finalidad prevenir y evitar la caída de piedras, y el accidente aislado al que se refiere el acto combatido podría significar que o bien se ha producido un deterioro de la red o bien se ha desprendido alguno de sus puntos de fijación. Siendo esto así, la respuesta a la situación generada ni es ni puede ser una orden de desalojo sino requerir al mencionado organismo de carreteras para que proceda al debido mantenimiento de la malla o a su reparación o fijación en los términos que sean precisos para garantizar la seguridad. Por lo tanto, se interesa de ese Ayuntamiento que proceda de conformidad con lo que se indica, y desde luego consideramos que al no haberse procedido previamente de esa manera, la resolución no reajusta a Derecho.

También deberá ser objeto de prueba si los Servicios Técnicos municipales han llegado a efectuar alguna comprobación o estudio del estado de la red.

Por otro lado, el informe del Técnico de Protección Civil de 6 de febrero de 2015 dice literalmente que “existen algunas medidas de protección mediante vallado de la que no se tiene referencia de su ejecución y mantenimiento”. A nuestro juicio resulta inaceptable que el Técnico de Protección Civil del Ayuntamiento de Candelaria deje constancia con esa aparente indiferencia de que no tiene ni la más remota idea de qué organismo fue el responsable de la colocación de la malla y sobre todo que no tiene ni remota idea y parece no haberse preocupado ni lo más mínimo de cuál es su estado de conservación. Consideramos muy irresponsable por parte del autor del informe la desgana y falta de interés con la que se limita a enunciar su propia ignorancia sobre el origen y especialmente sobre el estado de conservación de esta maya.

Por otro lado, la parte del informe privado de fecha 15 de mayo de 2015 que se ha transcrito en el acto combatido, dice que la construcción del tercer carril de la autopista “obligó a la colación de mayas metalizadas en toda la zona de cabecera, evitando el chineo superficial y al anclado de ciertas zonas del voladizo”, sin aportar informe o noticia sobre su eficacia y estado de conservación actuales, lo que revela la pobreza del informe en cuestión.

SÉPTIMA.- La resolución alude a informe del Técnico de Protección Civil de 6 de febrero de 2015 en el que recoge una referencia al “PEMU de Candelaria”, sin que sepamos a que se refiere el acrónimo. Por ello, interesa que se nos aclare en concreto que significa la voz PEMU. No obstante las dos primeras letras del acrónimo sugiere la posibilidad de que se aluda a Plan Especial, por lo que se solicitará como prueba documental la unión al expediente de dicho Plan Especial.

OCTAVA.- Como bien escribe González Pérez en su libro Los recursos administrativos, todo recurso de esta índole es precisamente un nuevo procedimiento administrativo que no se limita a la presentación del recurso, a la evacuación de informes y a la resolución del mismo. Conforme a ello esta parte solicitará la práctica de determinadas pruebas mediante otro sí.

En su virtud,

SOLICITO: Que, teniendo por formulado el presente recurso de reposición lo admita y se sirva:

a) Declarar la nulidad de pleno derecho del acto combatido por los motivos expuestos en el apartado primero pudiendo esa Administración incoar nuevo procedimiento con respeto a los derechos de defensa de los interesados siempre que persistan las razones objetivas que lo aconsejen. En este nuevo procedimiento, si se incoara deberían ser reconocidos como interesados los propietarios del talud, incluso aunque los mismos no reclamen su incoación y con arreglo al artículo 34 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

b) Subsidiariamente, y previa práctica de las pruebas que se interesa mediante otro sí, declare la nulidad por no ajustarse a derecho.

OTRO SÍ DIGO: Que, en base a los artículos 80 y 81 de la LPAC, intereso la apertura de un período de prueba y la práctica de las siguientes diligencias:

A) DOCUMENTAL: Para que por el Ayuntamiento de Candelaria se unan a las actuaciones los siguientes documentos:

1.- Oficios en los cuales, en su caso, el Ayuntamiento hubiera hecho llegar las reiteraciones de petición de Informe al Gobierno de Canarias.

2.- Ordenanza municipal de Seguridad y Convivencia Ciudadana o equivalente que, en su caso, hubiera publicado el Ayuntamiento según rl modelo de la Federación Nacional de Municipios y Provincias.

3.- Texto íntegro del PEMU de Candelaria (suponiendo que sea un texto).

4.- Copia del expediente íntegro de contratación del Informe “Estudio Geotécnico, Geológico del Talud Bajo la Cuesta” a favor de la Empresa Instituto Canario e Investigación de la Construcción SA.

El objeto de la prueba es el de comprobar si en el procedimiento se observaron y respetaron todos los requisitos establecidos en la normativa de contratación de las Administraciones Públicas, ya que como se sabe las pruebas obtenidas ilegalmente no pueden producir efecto alguno, y si no se hubieran observado los requisitos legales en la contratación, la conclusión, la prueba se habría obtenido de forma ilegal.

B) PERICIAL: Para que por los Servicios Técnicos Municipales se personen en la zona a fin de elaborar elaboren estudio técnico con el siguiente contenido mínimo:

a.- Estado del talud en cuanto a su estabilidad o falta de ella y la previsión de que en el futuro puedan producirse desprendimientos o deslizamientos.

b.- Revisión y comprobación de la malla instalada en su día por el organismo de carreteras del Gobierno de Canarias, señalando e identificando con la mayor precisión, los puntos donde exista, en su caso, deterioro, ausencia de fijación u otros problemas que puedan impedir o dificultar la función para la que fue instalada.

En su virtud,

SOLICITO: Se sirva acordar la apertura del periodo probatorio y la práctica de las diligencias interesadas.

SEGUNDO OTRO SI DIGO: Que interesa a mis representados la vista del expediente a fin de que podamos obtener copias de los documentos que sean de interés con arreglo al artículo 35.a) de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

TERCERO OTRO SÍ DIGO: Que, intereso la suspensión cautelar de la ejecución del acto combatido entre tanto se resuelve el recurso, en base a las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- Con arreglo al artículo 111.2.a de la Ley del Procedimiento Administrativo Común la ejecución puede causar efectos de imposible o difícil reparación. Debe tenerse en cuenta que el acto combatido se basa exclusivamente en el informe de 15 de mayo de 2015 en el que además de aludir a los pretendidos riesgos de desprendimientos y deslizamientos se alude a la necesaria reparación con obras cuyo importe ascendería a 1,600,000 euros. Como quiera que la orden de desalojo se ha de mantener hasta que desaparezca el riesgo resulta que la misma es con carácter indefinido y en la práctica posiblemente definitivo ya que no parece fácil que ninguna de las Administraciones Públicas con competencia asuma una inversión económica tan elevada. La consecuencia es que el acto administrativo produciría el éxodo de más de 50 familias con sus enseres y esta auténtica deportación masiva debido a su carácter indefinido y eventualmente permanente, no se limita a las personas sino también a los enseres personales y a los muebles. En caso de estimarse el recurso, el Ayuntamiento tendría que hacer frente a elevadas indemnizaciones relativas a los servicios de mudanzas, lo que es contrario a loa intereses generales.

Con arreglo a la Ley del Procedimiento Administrativo Común, la Autoridad a la que va dirigida este recurso debe resolverlo en el plazo de un mes. Como quiera que desde el día 26 de febrero de 2010 lo único que ha sucedido es la caída de una piedra en el camino no parece abusivo ni caprichoso el solicitar que la ejecución del acto combatido se suspenda durante ese plazo de un mes en el cual no cabe en principio esperar que se produzcan nuevos accidentes, al menos a vista de la estadística reciente. Debe además tenerse en cuenta que la ejecución provisional afectaría de forma extraordinariamente grave al derecho que recoge el artículo 18.1 de la Constitución que es como es sabido un derecho fundamental de la persona. El balance entre las dos opciones existentes (esperar a que el recurso quede resuelto en el plazo de un mes o ejecutarla cautelarmente) parece razonable esperar antes de ejecutar.

Por otro lado la ejecución provisional es seguro que producirá perjuicios de imposible o difícil reparación puesto que resulta difícil estimar los daños morales en caso de estimación del recurso. Estos daños morales estarían vinculados a sufrimiento emocional causado a quienes se ven forzados a abandonar una vivienda en la que han vivido toda o mayor parte de su vida, pero que en el caso de los Vecinos de Bajo La Cuesta se hacen extensivos a los lazos emocionales existentes en el seno de la comunidad. La calle Manuel Oliva Martín no sirve de paso a ningún otro sitio ni conduce a otro espacio. El único tránsito rodado allí es el de los propios vecinos y las únicas personas que se acercan por la zona distintas de éstos son solitarios pescadores de caña que aparecen de forma muy ocasional. Esto, junto con la bondad del clima, ha dado lugar a unas relaciones sociales muy peculiares en las que los vecinos hacen vida en común en los espacios abiertos existentes frente a las viviendas y junto al mar. En los bancos que allí pueden verse se sientan, conversan y meriendan. Se trata de un modo de vida muy opuesto alcomú, definido por el individualismo la desafección, el aislamiento y y la competitividad. Y todo ello sería destruido durante un periodo indeterminado en el caso de ejecución del desalojo, sin que exista ninguna guía ni criterio objetivo ni mucho menos legal o reglamentario que ayude a fijar la indemnización por daños morales que se podría derivar de una ejecución del acto combatido seguida de posterior estimación de este recurso. Por lo tanto, no es que los perjuicios que de modo efectivo se pueden producir sean de imposible o difícil reparación, sino que su incluso alcance económico puede ser de muy difícil valoración.

En segundo lugar, con arreglo al artículo 111.2.b la resolución que se impugna se basa en dos motivos de nulidad radical del artículo 62.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común según ha quedado expuesto en el expositivo. Recordamos la violación del artículo 18,1 de la Constitución y su artículo 24.1 en relación con el derecho de defensa.

En su virtud,

SOLICITO:

Se sirva acceder a la suspensión del acto combatido.
Candelaria, 19 de junio de 2015

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A LA COMISIÓN DE PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO
JOSÉ ORTEGA ORTEGA, Abogado en ejercicio, de nacionalidad española, con domicilio en El Puig plaza Mariano Benlliure 21,1º, 46540 (Valencia) en nombre y representación de la Plataforma Nacional de afectados de la Ley de Costas, comparezco y DIGO

Que mediante el presente escrito formulo queja contra el Reino de España relativa a violaciones de Derecho Comunitario contenidas en la Ley Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. (y el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Costas.

Esta demanda parte del artículo 6.2 de la versión consolidada de 2012 el Tratado Constitutivo de la UE, que establece que “la Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y tal y como resulta de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados Miembros como principios generales del derecho comunitario”.

Resulta de importancia recordar que en el debate de la Comisión de peticiones por queja de la aplicación de la Ley de Costas que tuvo lugar en marzo de 2010 se produjo un cambio de opiniones entre algunos reclamantes y el diputado del grupo socialista Sr Martínez a propósito de su el derecho de propiedad era o no “un derecho humano”. En ese debate los reclamantes (todos ellos legos en derecho y sin tener mucha idea de lo que decían) pretendían que el derecho de propiedad forma parte de los derechos humanos, a lo que el diputado Sr. Martínez respondía con ironías en las que entiendo que estaba implícita su percepción de la nula formación jurídica de los reclamantes en cuestión.

Cierto es que los llamados derechos humanos o derechos fundamentales de la persona son todos ellos derechos políticos asociados a la conquista de las libertades individuales con posterioridad a 1789, y que el derecho de propiedad en ese marco histórico significa todo lo contrario de los derechos humanos al estar vinculado en cierto sentido al antiguo régimen a los terratenientes y a los señores feudales. No obstante desde el punto de vista histórico, social y político las circunstancias han cambiado en el suelo europeo con la formación de una clase media integrada por los bisnietos de aquellos burgueses o ciudadanos que hicieron la revolución francesa, de tal manera que si el término burgués inicialmente iba asociado al concepto de ciudadano libre que habita en el burgo o ciudad, hoy día está vinculado este término al ciudadano instalado social y económicamente y con unos intereses económicos vinculados al derecho de propiedad.

Quizás por este motivo el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos en su redacción original mantenía fuera del texto el derecho de propiedad y se limitaba a proteger lo que históricamente son derechos fundamentales de la persona, es decir, de muchos políticos asociados a la conquista de las libertades tales como la inviolabilidad de domicilio, el derecho a la igualdad o a un juicio equitativo. No obstante, el protocolo adicional de 30 de marzo de 1952 introdujo la misma jerarquía normativa, la protección del derecho de propiedad, por lo que la remisión que hace el Tratado Constitutivo Europeo de DDHH debemos entenderla ampliada con todos sus protocolos adicionales.

De aquí que podamos estar en disposición de afirmar que aunque el derecho de propiedad no forma parte del proceso histórico que dio lugar al reconocimiento de los llamados derechos fundamentales de la persona, se encuentra incorporado al Derecho Comunitario Europeo como principio fundamental del mismo, lo cual habilita a esta parte para denunciar las lesiones al derecho de propiedad que procede de la Ley del Reglamento de Costas del Reino de España.

A la hora de analizar cuales sean esas vulneraciones es preciso tener en cuenta que la resolución del pleno en el Parlamento europeo de fecha 26 de marzo de 2009 , aprobando el informe Auken, (dictada a consecuencia de la denuncia presentada por esta Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas con fecha 1 de febrero de 2008 y tramitada con el número 178/2008) afirmaba entre otras cosas que las indemnizaciones establecidas en la Ley de Costas en forma de concesión gratuita eran insuficientes y que resultaba preciso reformar la Ley para que estas indemnizaciones se reconocieran y otorgaran de conformidad con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de Europa. A lo anterior debería añadirse que la protección del derecho de propiedad está recogida en el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita por la Asamblea General de Naciones Unidas con fecha 10 de diciembre de 1948.

Se formula queja contra los siguientes contenidos normativos:

El artículo … del Reglamento de Costas establece que la zona marítimo terrestre, en cuanto al alcance de las mareas podrá determinarse tomando datos estadísticos de la altura de ola procedentes de las boyas existentes en el mar. Esta forma de determinar el alcance del dominio público natural resulta arbitraria e injusta y lesiona el derecho de propiedad puesto que las boyas a las que se refiere el precepto están situadas en una batimetría considerable que nada tiene que ver con los fondos someros existentes en las costas. La altura de las olas depende no solo de la fuerza del viento sino también de la columna de agua existente y por lo tanto es posible registrar en alta mar olas de altura muy superior a las que puede verse en la costa. Este modo de regular los procedimientos para determinar el dominio público puede conducir a que los funcionarios correspondientes omitan todo estudio individualizado y específico del tramo de costa a delimitar y se conforme con aportar datos estadísticos de la altura de ola procedentes de las boyas en los términos expuestos. El informe que se acompaña sobre el entonces borrador del Reglamento de costas aporta información y ejemplos de detalle sobre esta cuestión.

La nueva regulación lesiona también el derecho de no discriminación recogido en el artículo 14 del Convenio. Esta violación de derechos queda más o menos prefigurada en la nueva normativa mediante la convivencia de dos preceptos que aparentemente se oponen entre sí y que podrían dar lugar a un trato extraordinariamente favorable para los ciudadanos ricos, los grandes empresarios, cadenas de hoteles y semejantes, por contraposición a los simples ciudadanos que no gozarían de esas facilidades o privilegios. Como ya se indica en el informe sobre la Ley de protección y uso sostenible del litoral y de reforma de la Ley de Costas que se acompaña como anexo, este mecanismo consiste en lo siguiente: la Disposición Adicional 5º de esta última Ley de reforma garantiza que si los deslindes se revisan como consecuencia de las nuevas definiciones de la Ley del dominio público recogidas en ella y de esto resultara que el dominio público se mueve de vuelta hacia el mar, los antiguos propietarios recuperarán automáticamente los terrenos sobrantes. Son embargo, el artículo 4.5 de la Ley de Costas que la Ley de reforma intencionadamente no modifica, sostiene lo contrario al afirmar que siguen siendo dominio público marítimo terrestre los terrenos que hayan perdido su primitivo carácter de zona marítimo terrestre o playa. Lo que dice este último precepto es que el dominio público se consolida y que sea cual sea la línea que delimita la ribera del mar (dominio público natural), el límite interior del demanio quedará fijado y petrificado en el punto más interior que haya alcanzado nunca el dominio público natural.

Puede comprenderse que ambas regulaciones se oponen entre sí y que la subsistencia del artículo 4.5 de la Ley de Costas hace imposible la aplicación de la Disposición Adicional 5º de la Ley de reforma. Comoquiera que resulta impensable que esta contradicción responda a un descuido del legislador, es lícito sospechar que en la práctica se reserva la Disposición Adicional 5 de la Ley de reforma para los empresarios pudientes y ciudadanos ricos y se dejará el artículo 4.5 de la Ley de Costas para su aplicación a los ciudadanos comunes.

Este posible mecanismo de desigualdad resulta más acusado (también como mera posibilidad de futuro) si tenemos en cuenta que la Ley de Costas establece los deslindes a instancia de parte estarán sujetos a una tasa cuyo tipo impositivo es el 100% de la base imponible y cuya base imponible es el 100% del coste de los trabajos de deslinde. Como éstos últimos incluyen la elaboración de estudios geomorfológicos bastante caros, resulta que los ciudadanos pueden verse en la obligación de reintegrar al Estado hasta el último céntimo de una tramitación que puede costar decenas de miles de euros. Una revisión del deslinde de la Disposición Adicional 5º de la Ley de reforma en realidad debería comenzar, si así interesa a los afectados por un deslinde a instancia de parte, de donde los ciudadanos que deseen recuperar por esa vía sus antiguas propiedades se verían sometidos al pago de importes muy cuantiosos en concepto de tasas, y ello sin ninguna garantía sobre el resultado final del expediente. Esto último, sin embargo, es algo mucho más accesible para los grandes empresarios y ciudadanos poderosos, que están en la práctica en condiciones de negociar con la Administración una revisión de su deslinde y que, si consiguiera los resultados apetecidos, podría redondear operaciones suculentas cuyo resultado final sería la adquisición a precio de saldo (el importe de las tasas) de terrenos en primera línea susceptibles de urbanización (estos terrenos quedarían sometidos a la servidumbre de protección, donde se permiten las piscinas y otras instalaciones deportivas descubiertas) y por lo tanto de un valor económico muy considerable y bastante superior al importe de las tasas.

Todo ello queda explicado, como se dice, en los informes anexos.

El derecho de propiedad recogido en el Convenio también resulta lesionado por el artículo … de la Ley de Costas reformada cuando afirma que en caso de regresión grave de la costa, las ocupaciones existentes deberán cesar. Esto, como ya se denuncia en los informes anexos, implica en la práctica una expropiación sin indemnización a la que se llega mediante un proceso insidioso por ser invisible en el cual el Gobierno de España no hace nada para contener la erosión marina en determinadas áreas como puede ser los arenales del sol (Elche) o la urbanización Casbah (Valencia), permitiendo que el mar se acerque progresivamente a las casas hasta que este proceso de lugar a la situación de hecho recogida en el precepto.

Esto resulta mucho más fraudulento si tenemos en cuenta que el nuevo bloque normativo pone especial empeño en no aludir al origen artificial de la mayoría de los procesos de erosión de la costa. Estos procesos se deben en todos los casos a la interposición de obstáculos artificiales, tales como puertos o espigones a la corriente norte sur que distribuye de forma natural los áridos por las playas. Esta realidad, que ya fue objeto de la extensa queja 178/2008, es sistemáticamente ignorada por la nueva normativa que sin embargo si alude a los efectos de cambio climático como una posible justificación de las medidas coercitivas que se adoptan aunque la verdad es que el cambio climático nada tiene que ver con los brutales procesos de erosión debidos a las obras de la Administración, entre otras cosas porque una posible subida del nivel del mar debida a la fusión de los casquetes polares afectaría por igual a toda la costa, cosa muy distinta de lo que sucede en la realidad ya que las áreas erosionadas siempre aparecen al sur de los obstáculos si hablamos de la costa del levante del mediterráneo y al poniente de ello si hablamos de la costa mediterránea andaluza.

Por otro lado, se levantó mucha expectación ante la reforma debido a las perspectivas que se abrían de que las concesiones anteriores a la Ley de Costas no terminasen en 2018 con derribos masivos de los numerosos núcleos de población formados por viviendas dadas en concesión durante la 2º República. La regulación que aseguraba el fin de estas condiciones y el derribo de los núcleos de población estaba recogida en la DA 14 del RC derogado. En esta se decía que se consideraba incompatible con la Ley de costas toda concesión dada por plazo indefinido, sin plazo o por 99 años. Se justificaba la norma porque la Ley de Costas limitaba a 30 años el plazo máximo de las concesiones y se decía que puesto que habida cuenta de dicha limitación temporal, las concesiones anteriores por plazo superior se entenderían reducidas a 30 años a partir de la entrada en vigor de la Ley de costas.

En contra de la propaganda del Gobierno, que remitió a los medios de comunicación nota de prensa pretendiendo que con el nuevo Reglamento de Costas quedaban amnistiadas solo en la Comunidad Valenciana 300 viviendas, lo cierto es que el nuevo reglamento ha empeorado extraordinariamente la situación. En contenido de la antigua Disposición Transitoria 14 viene ahora en la DT 16ª, donde se afirma por un lado que se consideran incompatibles con la Ley las concesiones por 99 años por plazo indefinido o sin plazo (lo que sugiere su anulación, aunque no se aclara así) y por otro lado se afirma que las concesiones otorgadas con anterioridad a la Ley de Costas de 1988 se verán reducidas a 30 años a partir de la entrada en vigor de la Ley, de donde continúa la amenaza de derribos de 2018. Es de notar que ha desaparecido la justificación anteriormente existente en la transitoria 14 (el plazo máximo legal de las concesiones es de 30 años) y que la nueva regulación no solamente no contiene justificación alguna y resulta sorprendentemente caprichosa sino que además en ella pueden quedar incluidas concesiones que si bien fueron otorgadas con anterioridad a la vigente Ley de costas no son ni por plazo indefinido ni carentes de plazo ni por plazo de 99 años. Es decir, que se está poniendo fin arbitrariamente a derechos confesionales legítimos por puro gusto y si se quiere por el único motivo de que esas concesiones fueron otorgadas antes de la Ley de Costas.

El Protocolo Adicional de 30 de marzo de 1952 del Convenio Europeo de Derechos Humanos protege ciertamente el derecho de propiedad y no el de concesión, pero puede afirmarse que existe un derecho de propiedad sobre la concesión y de hecho las concesiones se pueden inscribir en el Registro de la Propiedad y también en el catastro inmobiliario. Por este motivo se denuncia aquí también la arbitrariedad de la Disposición Transitoria 16ª, invocando el artículo 1º de dicho Protocolo Adicional como justificación de la vulneración que así se hace del derecho comunitario europeo.

La nueva normativa viola también el derecho de igualdad del Convenio en su fraudulento tratamiento del deslinde de la isla de Formentera. En la Disposición Adicional… se afirma que en esta isla y allí donde las mareas sean sensibles el deslinde quedará fijado siguiendo el alcance de los temporales ordinarios mientras que donde las mareas sean sensibles la línea quedará establecida por el alcance de las máximas mareas. El precepto se funda en una falsedad tan sorprendente como intencionada que consiste en fingir que en el Mediterráneo (donde se encuentra la isla de Formentera) las mareas puedan ser sensibles y también que pueda haber unas partes de lo que es poco más que un islote en cuyas riberas las mareas sean sensibles y otras partes en las que no.

La realidad es que las mareas no son sensibles en ninguna parte del Mediterráneo y por lo tanto el precepto carece de todo fundamento técnico o científico, de toda relación con la realidad y de toda base. No existe ni el menor intento de justificación de este trato injustificadamente favorable puesto que únicamente se alude a la pretendida “especial configuración geomorfológica de la isla”. De la misma forma que es falso que en el Mediterráneo puedan ser sensibles las mareas también lo es que la isla de Formentera tenga esa pretendida e inexistente configuración geomorfológica especial.

El precepto implica que allí donde le apetezca al Gobierno o a los funcionarios responsables el dominio quedará fijado por la marea alta, pero como la oscilación de las mareas en el Mediterráneo alcanza escasamente los 5 centímetros, el resultado es que allí donde le apetezca al gobierno o a los funcionarios el dominio público tendrá una extensión de 5 centímetros, lo que contrasta extraordinariamente con la anchura que se ha asignado al espacio demanial en zonas como El Saler, en Valencia (unos 300 metros) o la Caleta de Famara, en Lanzarote (en el apeo se señaló a la línea una profundidad de entorno a 1 kilómetro).

Tampoco existe justificación alguna para que en el resto de la isla la zona marítimo terrestre quede fijada por los temporales ordinarios en contra de el criterio legal seguido en el resto del territorio, que en todos los casos es el de los máximos temporales conocidos. El agravio resulta especialmente ofensivo con las islas canarias, donde el carácter abrupto del terreno ha empujado a la población a agolpar los hábitats en la costa y donde a pesar de que si son sensibles las mareas el dominio público se sigue fijando por el alcance de los temporales.

Del mismo modo se lesiona el derecho de igualdad cuando la Disposición Adicional 6º de la Ley de Reforma establece un catálogo de determinados núcleos de población a los cuales se excluye del dominio público sin ninguna justificación. La Dirección General de Costas remitió al Congreso de los Diputados un fax conteniendo una explicación de los criterios que se habían seguido para excluir a estos núcleos pero resulta que los criterios en cuestión eran esqueléticos y notoriamente insuficientes. Muchos otros núcleos de población que no están incluidos en la Disposición Adicional 6º pueden cumplir y de hecho cumplen efectivamente con aquellos criterios. Baste como ejemplo que uno de los criterios en cuestión eran que los terrenos estuvieran antropizados. El poblado marítimo de Oliva, fue incorporado al dominio público por un deslinde tramitado de forma ilegal y sin audiencia de los interesados y aprobado en octubre de 1947 en pleno esplendor del régimen de franco. El poblado marítimo de Oliva es prácticamente una ciudad y no puede negarse que esté absolutamente antropizado que ls otros, lo que sucede es que parece que se ha querido incorporar a la Disposición Adicional 6º los núcleos de población en ella aludidos no por causas objetivas sino por la capacidad de influencia política de los presidentes en ellos o bien de los representantes vecinales.

La nueva normativa viola el artículo 6.1 del Convenio, que garantiza el derecho a un juicio equitativo. Es cierto que normalmente este precepto se refiere a procesos judiciales o en todo caso, cuando se trate de procedimientos administrativos, a los que tengan naturaleza sancionadora. No obstante, el procedimiento para la tramitación y aprobación de los deslindes puede tener consecuencias extraordinariamente más graves para los ciudadanos que un simple expediente sancionador, ya que el primero puede concluir con una decisión que les sustraiga parte o la totalidad de su patrimonio mientras que el segundo suele resolverse con una simple multa. Pues bien, el diseño de la tramitación de los expedientes de deslinde en el nuevo Reglamento de Costas deja intencionadamente en la ignorancia a un buen número de ciudadanos que queden afectados por la servidumbre de protección cuando ésta se ha fijado en 100 metros. Esto es así porque el Reglamento de Costas solo garantiza que se notificará a la incoación del expediente y se citará al apeo a los vecinos cuyas propiedades hayan quedado incluidas en el dominio público o cuyos terrenos sean colindantes con dicho dominio público. Por definición la servidumbre de protección es un espacio que colinda con el dominio público natural, pero la extensión de dicha servidumbre de fija en 100 metros es perfectamente posible que los terrenos en cuestión, estando afectados por la misma no sean colindantes con el mencionado dominio público. Esto implica que la regulación del procedimiento de deslinde sienta las bases de la indefensión de muchos ciudadanos que, siendo afectados por el procedimiento, no recibirán ninguna notificación de su incoación y tramitación ni serán citados al apeo.
Lo mismo se puede decir de la estudiada y cuidadosa ausencia de regulación de un periodo probatorio de los expedientes de deslinde. De forma muy poco entendible, las sentencia de los tribunales vienen confirmando que en los procedimientos de deslinde no cabe apertura de periodo probatorio a pesar de que tal periodo probatorio viene perfectamente recogido para todo tipo de procedimientos en los artículo 80 y 81 de LPAC, que es una Ley formal y por lo tanto de superior jerarquía al Reglamento de Costas. El Gobierno, alertado de estas deficiencias por el previo informe sobre el borrador del Reglamento emitido por este letrado, simplemente no ha querido resolver la situación y no ha incluido un periodo probatorio porque no ha querido hacerlo. Con esto resulta evidente que los derechos de defensa de los afectados queda mermados.

Igualmente queda violado el artículo 6.1 del Convenio por la regulación que se hace del expediente llamado de recuperación posesoria de oficio en el Reglamento de Costas. Este procedimiento es utilizado masivamente por el Gobierno para expulsar de sus viviendas a los ciudadanos cuya propiedad ha quedado incluida en el dominio público y su regulación reglamentaria es muy sumaria, constando únicamente de un acuerdo de inicio y un plazo de 8 días para formular alegaciones seguido de la resolución final.

Muy a menudo las situaciones generadas cuando una propiedad queda dentro del dominio público son jurídicamente complejas y es preciso investigar, estudiar y valorar no solo los títulos de propiedad sino el trazado de los anteriores deslindes. Del estudio de la Disposición Transitoria 1º de Costas y las concordantes de su reglamento se desprende que las diversas combinaciones que caben ofrecen 9 posibilidades distintas para los terrenos privados que quedan dentro del dominio publico. En unos casos esas posibilidades se concretan en la recuperación posesoria y el derribo y en otros en el otorgamiento de concesión indemnizatoria. Los estudios necesario a fin de discernir si cabe lo uno o lo otro no se puede hacer en el marco de un procedimiento sumario con la tramitación simplificada, sin periodo probatorio y sin propuesta de resolución tal como es el procedimiento de recuperación posesoria de oficio. Incluso se han dado casos concretos en que la Administración, después de aprobar la recuperación posesoria y el derribo, ha llegado a otorgar sobre el inmueble afectado concesión indemnziatoria reconociendo así de esta manera si error y demostrando que la regulación del procedimiento es tan apresurada como inadecuada.

Las violaciones de derecho comunitario europeo anteriormente señaladas tiene valor puramente indicativo y se pide a la Comisión de peticiones que estudie los 3 informes que se acompaña como anexos a efectos de obtener mejor detalle sobre la denuncia y de que queden incluidos en la misma otros contenidos no citados expresamente en el presente texto.

En su virtud, SOLICITO se sirva tener por formulada la presente queja.
OTRO SÍ DIGO: acompaño como anexo la siguiente documentación:

Informe sobre la Ley de protección y uso sostenible del literal y reforma de la Ley de Costas.
Informe sobre borrador del nuevo Reglamento de Costas.
Informe sobre texto de

   

Cuidado. Apartir de ahora los camaradas funcionarios de costas popdrán determinar el alcance de la zona marítimo terrestre en la costa sólo con mirar en la pantalla del ordenador laaltura de ola en el mar abierto.

CALAMIDADES DEL NUEVO REGLAMENTO DE COSTAS Y OTROS TEMAS (ENTREVISTA A JOSE ORTEGA EN CADENA SER LA PALMA)

http://www.ivoox.com/j0se-ortega-cadena-ser-palma-sobre-audios-mp3_rf_3393332_1.html

   

VER LA ENTREVISTA AQUI

   

FUENTE entera
Hace ya un tiempo estaba yo en casa muy tranquilo cuando me llamó una periodista de La Nueva España para consultar mi opinión sobre la iniciativa del Jefe de Costas de Asturias de denunciar ante la fiscalía a la señora X, una mia del colectivo de vecinos de la playa de Orur ( Asturias) por un delito contra el medí ambiente Todo lo que había hecho la vecina fue reparar su casa prefabricada (y emplazada sobre parcela que acababa de pasar al dominio público según recientísimo deslinde) de los daños causados por una riada y en opinión del Jefe de Costas eso la transformaba en delincuente. Pero además la criatura tuvo el mal gusto de informar a la prensa y en cambio no a la afectada, provocando que ésta se enterase Poe el periódico y de paso el resto de los asturianos. En la noticia aparecía perfectamente identificada con nombre y apellidos, nada de iniciales para respetar su intimidad y presunción de inocencia.
El fiscal formuló querella y se tramitaron diligencias previas que se archivaron sin necesidad de vista oral porque la acusación no tenía mucho sentido.no obstante, me tocó desde luego escribir y argumentar y también viajar a Luarca (Uy qué pena más grande) para asistir a las declaraciones judiciales de los vigilantes.
Pero la cosa no quedó ahí. El Jefe de Costas estaba tan desasosegado que abrió a la señora X expediente sancionador por los mismos hechos y dictó resolución imponiendo una multa de solamente 9000 euros con obligación de reposición de las cosas a su estado anterior (o sea, dere poner supongo que con ayuda de algún chapista las antiguas abolladuras y desperfectos).
Pero la cuestión era que antes de que se dictará resolución, un servidor había conseguido que la Audiencia Nacional declarase la nulidad del deslinde, que era justamente el que había metido en el dominio público la parcela de la señora X, así que presenté recurso de alzada haciendo valer,entre otras, esa razón.
La respuesta fue extraordinariamente ingeniosa a la par de francamente cínica: me decían los señoritos que sí, que muy bien, pero que el deslinde se había anulado por caducidad del expediente, es decir por motivos formales, y como se habían hecho todos los estudios técnicos precisos para confirmar que los terrenos eran dominio público, pues los terrenos eran dominio público por mucho que la Audiencia Nacional hubiera anulado la orden ministréis donde así se declaraba.
No sé si captáis la fina sutileza con la que estos personajes pretendían pasar de la cara de los tribunales pero el caso es que me desestimaron el recurso con ese argumento. Me fui a un recurso contencioso administrativo como Dios manda y acaba de dictarse sentencia diciendo que los arrogantes y todopoderosos ingenieros de Costas no tienen ni un poco de razón y que, como cabía esperar, un deslinde anulado por los tribunales está anulado, es decir muerto y bien muerto.Segundo batacazo de los ingenieros de Costas en cuestión de días después de su derrota en el asunto de una concesión en la ría de Tinamayor. Y segundo palo consecutivo que se llevan en Asturias

Me paso el día acusando a los ingenieros de costas de chulos, arrogantes, prepotentes y soberbios y esta mal incurrir en la misma actitud que ellos, pero ganar en los tribunales un asunto de costas es una empresa tan difícil que prácticamente todo lo que consigo allí son sinsabores, bastonazos y gorrazos. Por eso os pido indulgencia si me regodeo un poco en el significado de esta sentencia, que más o menos puede resumirse en que la inquina de los ingenieros contra los vecinos de la playa de Orur se viene estrellando constantemente contra un muro infranqueable y en Adturias deben estar ya más que hartos de su abogado, que soy justamente yo.
Y ya puestos, digo más y añado que Asturias es un territorio donde Costas lleva la negra conmigo. En los noventa conseguí que la Audiencia Nacional anulase el deslinde de la playa de Otur. Entonces dijeron no quieres caldo, pues toma dos tazas y se pusieron a trabajar en uno nuevo y màs agresivo, que metía toda la playa dentro del dominio público: Fui a la Audiencia Nacional y hace un año conseguí sentencia anulándolo también, algo nunca visto ni oído en la. Historia de nuestra afamada ley de costas.
También les anulé no hace no mucho el deslinde de la ría de Villaviciosa . Por cierto que SIDRA EL GAITERO, que tiene allí su fábrica, impugnó también el deslinde y la sentencia desestimó el recurso, pero la mía les vale igual, lo que significa que les he quitado( gratis total) el problema de que la fábrica en cuestión quede en el dominio público (como en el caso de l señora X). A pesar de eso no he recibido en el despacho ningúna caja de sidra y como mañana es Nochebuena no creo que la reciba ya.
También les he hecho la vida un poco más amarga obligándolos abandonar un disparatado proyecto de ordenación de la marina de Vegadeo. El proyecto preveía un paseo encima justo de terrenos que son ribera del mar, en contra de la previsión del Rriculo 44.5 de la ley de costas, que lo prohíbe expresamente. Impugné el proyecto ante l Audiencia Nacional y durante la tramitación del procedimiento el Avigado del Estado presentó escrito apartandose del procedimiento porque la Administración había decidido no ejecutar las obras.

Los únicos que creo que están mas cabreados conmigo que los ingenieros de Costas de Asturias son los de Gran Canaria, justo en la otra punta. A éstos los tengo muy quemados después de haberles parado varios derribos cuando las maquinas ya habían salido y estaban en carretera. Me imagino la mala leche del Jefe de Costas cuando tuviera que ordenarles que se volvieran a casa y supongo que esa rabia fue la que leimpulsó a expulsar de su despacho a una afectada solo porque dijo que era mi cliente, pero hijos míos eso es lo que tiene el Estado de Derecho. Si lo que a vosotros os gusta es abusar, pisotear y destruir, teníais que haber nacido en la Edad Mecipor cierto, que después de haber estado a veinte minutos de la destrucción en 2008, el poblado al que me refiero, El Puertito de los Molinos, en Fuerteventura, aún sigue en pie, feliz y contento, lo mismo que a pesar de vuestras trampas siguen en pie la casa de Pepe el Besugo en Puerto Lajas, las cincuenta viviendas de Bajo la Cuesta, en Candelaria (con orden ejecutiva de demolición desde 2007), la casa de la Señora X en Luarca y la de Patricia Aboal en Pontevedra, que pensabais derribar en diciembre de 2008 y no pudisteis.

No siempre vais a poder hacer lo que hicisteis en Villarrube, presentaros de madrugada en lo más crudo del otoño, protegidos por un ejército de guardia civiles y acompañados de una brigada de palas mecánicas, para sacar. Los vecinos de su casa y tirársela al suelo sin nada que se pareciera a una autorización judicial.

siempre gente pobre. Nunca os habéis atrevido con un gran empresario, un actor de renombre, un deportista famoso, un torero o un político. Sois cobardes, como ya comenté en un artículo anterior.

Pero mira, a veces a la justicia le entra la manía de ser justa y os tenéis que fastidiar un poco.

José Ortega

Abogado
Derecho de costas marítimas

   

FUENTE Entera
Artículo publicado previa autorización del cliente.
Hace un tiempo recibí en el despacho la llamada de una persona angustiada (una más de la cadena interminable que todos conocéis) porque los señoritos de Costas habían reconocido a sus padres, sobre su casa de toda la vida, un é trepo derecho de concesión que, teniendo carácter indemnizatorio, estaba sin embargo sujeto a canon.
Al interesarme por el tema me enteré de que la vivienda, situada junto a la ría de Tinamayor (Asturias) procedía de un antiguo establecimiento minero y se encontraba más o menos en una zona de marismas.
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.En mitad de todo ese proceso, en agosto de este 2014, visité a Rosama y a sus padres a fin de ver y entender cómo era todo aquello de la casa y la marisma, y aproveché para conocer a Sara, Lys y Josefina, que formaban y siguen formando equipo con Rosa María.
En mayo de este año tuve un tropiezo de salud que me mantuvo en parte allí y en parte acá, y después de eso me encontré con la sensación de que (sin ninguna base) lo peor que podía pasarme me había pasado ya, y dejé un poco al margen mi cautela habitual en relación a las consecuencias de mis actos.
Fue eso lo que me impulsó a comenzar lo que tendría que haber sido un ciclo de artículos bastante más que críticos con las Señorías de la Audiencia Nacional y otros tribunales de pro que la verdad es que me sacuden cada palo y me infligen cada humillación que después de leer unos cuantos folios de eso que ellos llaman sentencias, experimento la necesidad de colgar la toga y dedicarme a otra cosa.
Pero después de publicar mi primer artículo de esa serie, Rosa María, con bastante razon, me sugirió la conveniencia de esperar a su sentencia antes de seguir por esa línea, no fuera a ser que calentara a los magistrados al baño Maria hasta el extremo de que se les fundieran los plomos y le cascaran una sentencia rabiosa.
Como tenía razón, no me cabía sino reconocerlo e iniciar una paciente y esperanzada espera que acaba de concluir con la feliz resolución de su asunto en una sentencia de la Audiencia Nacional que nos da la razón en casi todo.
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En su virtud,

SOLICITO A LA SALA: Que, teniendo por formulada la demanda, la admita y se sirva dictar sentencia por la cual se declare la nulidad parcial de los actos combatidos y se condene a la Administración a otorgar concesión de la regulada en la DT Primera.1 de la ley de costas por remisión de la DT Primera.4 en relación a la Dt Tercera.4 del reglamento de costas sobre la totalidad de los bienes de mi representada a los que se refiere esta demanda en las siguientes condiciones:

-La concesión deberá ser de treinta años, prorrogable en los términos que procedan legalmente, sin obligación de pagar canon y con mantenimiento de los usos residenciales existentes al aprobarse el deslinde.

-Deberá extenderse la concesión a todos los edificios existentes en la parcela y no sólo al edificio principal.

-Deberá comenzar a contar el plazo de la concesión desde su otorgamiento.
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.Os pego también la sentencia, que dice así:
A U D I E N C I A N A C I O N A L

Sala de lo Contencioso-Administrativo
SECCIÓN PRIMERA
Núm. de Recurso:
0000513/2012
Tipo de Recurso:
PROCEDIMIENTO ORDINARIO
Núm. Registro General:
07721/2012
Demandante:
MARIA ROSA ESCOBEDO SANCHEZ
Procurador:
SONIA ALBA MONTESERIN
Letrado:
JOSE ORTEGA ORTEGA

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FALLAMOS
ESTIMAR EN PARTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña Sonia Alba Monteserín, en nombre y representación de doña María Rosa Escobedo Sánchez, contra la Orden Ministerial del Ministerio de Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino, dictada por el Director General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por delegación del Ministro, de fecha 8 de mayo de 2012, confirmada en reposición por resolución de fecha de 28 de septiembre de 2012 del Secretario General Técnico del mismo Departamento, dictada por delegación, por la que se acuerda otorgar a doña María Rosa Escobedo Sánchez la concesión para la ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre, en relación con una finca de 1.071 metros cuadrados, pertenecientes a la finca inscrita con el número 10.613 en el Registro de la Propiedad de Llanes, que se anula en parte por ser contraria a Derecho, declarando el derecho de la demandante al otorgamiento por parte de la Administración del Estado de una concesión en relación con dicha finca con arreglo al régimen previsto en la disposición transitoria primera, apartados 1 y 4, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en la disposición transitoria primera del Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, que aprueba el reglamento general para el desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, respecto de los usos y aprovechamientos relativos a una edificación existente en la misma destinada a vivienda, con una superficie de unos 127 m2 y a una huerta de tal finca, quedando fuera del objeto de la concesión una caseta auxiliar de unos 108,50 m2 y un tendejón con destino a acopio de leña de unos 7,50 m2, existentes en la finca, debiéndose computar el periodo de concesión desde el 29 de mayo de 2001.

No se condena al pago de las costas causadas a ninguna de las partes.

La presente sentencia no es susceptible de recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia en audiencia pública. Doy fe. Madrid a

Esta aventura ha concluido en forma extraordinariamente feliz. Agradezco a Rosa María y a sus padres que durante todos estos meses de tanta zozobra y de tan malos pensamientos hayan mantenido su confianza en mi, y por supuesto que les mando un abrazo.

José Ortega
ABOGADO
Derecho de costas marítimas

   


fuente Costas Maritimas

@abogadodelmar

En estos días muchos clientes del despacho me preguntan si es cierto que por fin las propiedades que han quedado en el dominio público se pueden vender. Suelen venir bastante intoxicados por la propaganda engañosa del gobierno y la respuesta a la consulta es no.

Las viviendas no se pueden ni de tu podrán vender porque con ellas se transmite el suelo y éste es dominio público, por lo que se trata de un bien extra comercium, es decir que no se puede vender, comprar ni tampoco gravar.

Lo que se puede comprar o vender es la concesiòn sobre las viviendas cuando ésta proceda, pero la cosa viene con sorpresa como explico inmediatamente.

Durante muchos años hubo bronca entre los beneficiarios de una concesión indemnizatoria y el gobierno porque éste último incluía en el pliego de condiciones una cláusula según la cual el plazo concesional comenzaba a contarse a partir de la fecha de aprobación del deslinde y los interesados decian que el plazo no debería iniciar la cuenta sino desde el momento de otorgamiento de la concesión. Las broncas en cuestión se resolvían siempre a favor de los ciudadanos y no cabe añadir aquí más glosa ni comentario porque la cuestión es de sentido común.

No obstante, una reciente senténcia ha cambiado el criterio, dándole la vuelta como a un calcetín, y ahora lo que dicen los tribunales es que efectivamente el plazo concesional comienza a contarse desde que se aprobó el deslinde. El argumento es a mi parecer particularmente marciano: Con tan extraordinaria como sorprendente y novedosa preocupación por el derecho de igualdad, razonan los jueces que quebraría este derecho, con perjuicio de los ciudadanos diligentes, en de que la concesion contase a Partie de du otorgamiento porque en tal caso resultarían comparativamente perjudicados quienes la hubieran reclamado cuando Dios manda, es decir dentro del plazo de un año desde el deslinde.

El motivo por el que el argumento es a mi juicio marciano es que deliberadamente ignora que el reglamento de costas carga al gobierno con la obligación de otorgar la concesión de oficio una vez vencido ese plazo de un año sin que los interesados la hayan solicitado, por lo que si el gobierno y los ingenieros de costas tuvieran algo de decencia, sería imposible que se diera la situación a la que aluden estas desafortunadas sentencias (situación que por lo demás es una pura hipótesis, pues la situación de desigualdad a la que se alude es meramente potencial y teórica y no se refiere a ningún caso concreto.

Ahora bien, no se pueden valorar estas decisiones judiciales de forma desconexionada con la práctica administrativa de los últimos casi treinta años. Quienes hayan visto el video de mi intervención en el Parlamento Europeo el 20 de enero de 3009 sabrán que allí comuniqué que el gobierno de España ya entonces se quejaba amargamente de insuficiencia de medios para reconocer y otorgar las concesiones y denuncié que tenía todos los medios para quitar la propiedad con un deslinde pero no los tenía en cambio para indemnizar esa privación de la propiedad mediante concesión.

Creo que fue el 28 de agosto de 2008 cuando la entonces Ministra del ramo, Selena Espinosa, anunció a bombo y platillo en el diario El País el denominado “programa de reconocimiento de derechos a loa afectados por la ley de costas”, que a pesar de lo ostentoso del título no era más que la (supuesta) intención del gobierno de lavar sus muchos y graves pecados mediante el simple procedimiento de cumplir con el reglamento de costas y otorgar de oficio las concesiones indemnizatorias. En la misma entrevista, la entonces Directora General, Alicia Paz, reconocía otra falta muy grave que por cierto yo había denunciado en Bruselas, y era que el gobierno había adquirido el vicio de otorgar las concesiones de oficio únicamente en el caso de qur hubiera que rescatarlas, y de aquí parte del contenido de mi segunda intervención en el Parlamento Europeo, en mayo de 2011, Cutanda denuncié que esta practica había conseguido que cuando el Gobierno viniera a dar una concesión, los beneficiarios tuvieran razones para echarse a temblar.

¿Sabéis qué sucedió a continuación de aquel anunció tan chillón del programa de reconocimiento de derechos a los afectados por la ley de costas? Nada. Todo siguió como estaba y los propietarios expropiados continuaron sumidos en la incertidumbre.

Los años pasaron y los efectos de la negligencia del gobierno se fueron acumulando en forma de docenas de miles de concesiones sin otorgar, introduciendo a los responsables en el pozo a que se refiere el título de este artículo y generándose así una situación insoluble y un ridículo internacional para España por ser incapaz de indemnizar la privación de la propiedad incluso mediante el deficiente procedí,ie to de la concesión.

Creo que Margret AUKEN no me escuchó con atención cuando hablé en
el Parlamento Europeo, porque su ponencia se lamentaba de que la compensación mediante por la privación de la propiedad derivada de un deslinde era una fórmula insuficiente, pero ojalá el problema hubiera sido ése, porque larealidad, y lo que denuncué, era que las concesiones ni siquiera se estaban otorgando.

Esta bola de nieve gigantesca la han originado al alimon unos ingenieros de costas medio chalados y un gobierno dedicado a coger moscas. Los primeros se ufanaban de la velocidad de vértigo a la que deslindaban el litoral, limitándose a trazar la rayita y luego dejándolo todo patas arriba, pasando al deslinde siguiente en lugar de detenerse a tramitar los expedientes de concesión El segundo parecia no enterarse de nada, confirmando así que la Dirección General de Costas es un virreinato en manos de los ingenieros de caminos que la controlan.

La situación era, pues, insoluble. Pero dejó de serlo cuando los tribunales decidieron acudir generosamente en auxilio del gobierno y de los ingenieros de costas con las sentencias a las que me he referido arriba, cuyo significado final expediente de deslinde de extraordinario alcance, porque si la concesión comienza a contar a partir del deslinde, la consecuencia es que loa afectados se encuentran ya, desde hace años, disfrutando de ella. De hecho, recientemente los representantes de un colectivo de casi ochocientos afectados visitaron la DGC para consultar qué pasaba con sus concesiones y escucharon con sorpresa que éstas ya les habían sido reconocidas aún sin haber sido otorgadas, lo que sin duda hay que atribuir a la nueva doctrina judicial. La nueva situación no deja de parecer una broma pesada si tenemos en cuenta que por ejemplo los afectados de Maspalomas llevan esperando la concesión desde 1994, luego les quedan sólo diez años, y los Arenales del Sol desde 1997, luego les restan sólo trece.

Por que Sta vía, los jueces han conseguido tres cosas. La primera, sacarse de la manga un esperpento incomible que consiste en una concesión a la que asiste la singular cualidad de ser Sl mismo tiempo existente e inexistente. La segunda, trasladar el problema a los pobres propietarios expropiados, que si quieren vender la concesión de ninguna manera podrán personarse en el notario haciendo valer ese derecho que no solo existe y al mísmo tiempo no existe, sino que no consta en documento alguno. La tercera, echar al gobierno laxa bale manita a la que se refiere el título del artículo, pues no es cosa pequeña que un problema de Estado consistente en la necesidad de instruir unos 400.000 expedientes de concesión pueda ser alguien viaja de un plumazo por Sus Complacientes Señorías sólo con poner una frase en una sentencia.
España, contra lo que pueda parecer, no fue siempre un país ridículo. Esto es algo que data de tiempos recientes y ha venido de la mano, entre otros y por lo que aquí se refiere, de políticos burros que no sabían lo que hacían los ingenieros de costas,my de unos ingenieros de costas feroces como lobos y soberbios hasta el aburrimiento, que trazaban rayita tras rayita sin importarles lo que sucediera después.,
Los que tenemos cierta edad podemos recordar un tiempo en el que, por increíble que pueda parecer, los jueces eran jueces, los profesionales eran rigurosos, a nadie en su sano juicio se le ocurriría especular con derechos que existen y al mismo tiempo no existen y España atesoraba una dignidad que hoy ha perdido.
Es esta bazofia lo que me hace sentir cierta nostalgia de no ser titular de un pasaporte de Madagascar, el Congo, o cualquier otro de los muchos países que manejan índices de civilización y cultura muy superiores a los nuestros.

José Ortega
Abogado

http://www.costasmaritimas.es