Por Diario de Avisos • julio 18, 2015

El Destacamento del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil de la isla de la Palma (Seprona) en la Caldera de Taburiente procedió el pasado día 15 al apoyo a inspectores de Sanidad y confección de las correspondientes actas por graves irregularidades detectadas en establecimientos de comidas abiertos al público en el barrio de El Remo (Los Llanos de Aridane), en información facilitada desde la Comandancia provincial del Instituto Armado.

La inspección tuvo como antecedente la denuncia de un ciudadano que ponía en conocimiento que en un restaurante a pie de playa de El Remo el propietario de la instalación guardaba en el interior de los congeladores utilizados para almacenar productos para consumo humano cadáveres de animales utilizados para conjuros. Si bien no se localizaron restos de cadáveres de animales, si se constata el estado deplorable de salubridad del local, siendo peligroso para la salud pública, por lo que los inspectores proceden a su cierre cautelar. A su vez se procede a la destrucción de todos los alimentos que pudieran suponer un peligro para la salud pública, unos 40 kilos de pescado, pulpos, lapas, etc., donde el propietario no puede justificar su procedencia. También se constata que las mesas del kiosco ocupaban el dominio público marítimo terrestre sin presentar concesión administrativa de ocupación.

Asimismo se inspeccionó otro establecimiento situado a 150 metros y que se encontraba en situaciones similares. El pescado que tenían en la cocina, unos 60 kilogramos, era de procedencia desconocida, sin poder acreditar el propietario la trazabilidad legal del pescado en su poder. Como en el anterior caso, se procede cautelarmente al cierre del establecimiento a la espera de una decisión de Sanidad.

   

Málaga Hoy. RAQUEL GARRIDO MÁLAGA | ACTUALIZADO 18.07.2015 – 01:00

La medida ha sido solicitada de forma transitoria mientras se realiza un estudio que determine si esa actividad supone o no una afección en la zona de servidumbre aeronáutica

La práctica de kitesurf y de cualquier otro deporte acuático que utilice un sistema de propulsión o sustentación aérea quedará prohibida, al menos, de forma transitoria en la zona cercana al aeropuerto de Málaga por razones de seguridad. Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) ha pedido que se suspenda cualquier autorización actual hasta que determine si esta actividad deportiva supone una afección dentro de la zona de servidumbre aeronáutica del aeródromo. El organismo dependiente del Ministerio de Fomento quiere de esta forma adaptarse a la última reforma de Real Decreto de Navegación y Seguridad Aérea 297/2013, de 26 de abril, donde se establece una servidumbre de limitación de actividades deportivas como ésta, y que supone una práctica habitual los días de viento en la zona de Guadalmar donde está autorizada según el plan de playas del municipio.

Según relata Aena en su escrito, fechado el pasado 8 de julio, el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha tenido conocimiento de que la zona establecida por el Ayuntamiento de la capital para la práctica de kitesurf en Guadalmar, frente al parador, “puede suponer un riesgo para la navegación aérea al estar comprendida dentro de la proyección ortogonal sobre el terreno de las servidumbres aeronáuticas de este aeródromo”.

El escrito ha sido enviado a la Demarcación de Costas, el Ayuntamiento de la capital y Capitanía Marítima para que tomen de inmediato las medidas oportunas para limitar la actividad de kitesurf, paramotor y arrastre de paracaídas dentro de una zona delimitada mediante unas coordenadas, que corresponden de forma aproximada al tramo de dominio público marítimo-terrestre comprendido entre la playa de Guadalmar y el límite con el término municipal de Torremolinos y que tiene una longitud de alrededor de un kilómetro a ambos lados de la alineación de la pista de vuelo del aeropuerto.

Aena justifica la decisión en que se trata de una medida de prevención mientras realiza el estudio de seguridad que pretende iniciar en las próximas semanas y que será remitido la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para que resuelva si se limita definitivamente o no la práctica de kitesurf -o cualquier otra que requiera el uso de cometas, paracaídas o similares- en la zona de servidumbre aeronáutica del aeropuerto malagueño.
Todas las administraciones implicadas en esta solicitud ya han tomado cartas en el asunto. La Demarcación de Costas de Málaga ha remitido a su vez el escrito a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que tiene las competencias desde 2011 para la concesión de los títulos que permiten la ocupación de dominio público marítimo-terrestre.

Según explicó el director del organismo dependiente del Ministerio de medio Ambiente, Ángel González, “le hemos notificado a la Junta que o bien modifique las actuales autorizaciones y las traslade a otro sitio o directamente las revoque porque el informe preceptivo de Costas será negativo mientras Aena no concrete si existe o no un riesgo para la navegación aérea”.

Sin embargo, el problema es que la mayoría de los aficionados al kitesurf que acuden a la zona de Guadalmar para practicarlo los días de viento, lo hacen de forma privada. Razón por la cual Costas ha notificado también la solicitud de Aena a Capitanía Marítima y a la Subdelegación del Gobierno en Málaga para que el servicio marítimo de la Guardia Civil esté en sobreaviso de la prohibición temporal de esta actividad deportiva.
Para advertir a los aficionados al kitesurf, el Ayuntamiento de Málaga también prevé instalar en los próximos días unos carteles informativos en toda la zona en la que quedará limitado este deporte en cuanto a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se pronuncie. La concejal responsable de Playas en el Consistorio malagueño, Teresa Porras, aseguró que “ante una cuestión de seguridad aérea nosotros vamos a hacer lo que se nos pida”.

Es la única zona que cuenta con autorización en la capital malagueña para la práctica del kitesurf y hay tres escuelas -una con sede en Málaga y dos en Torremolinos- que imparten cursos de formación en esa playa, donde se pueden llegar a concentrar hasta 200 personas. Los aficionados a este deporte han iniciado una recogida de firmas para protestar por la decisión.

   

El Diario – Tachi Izquierdo – Candelaria – 15/07/2015 – 09:32h

Las resoluciones judiciales dibujan un panorama diferente cada día en este enclave de Candelaria. Tras un reciente fallo que casi da por derribadas las casas, otro del alto tribunal canario posibilita lo contrario

El enclave costero de Bajo La Cuesta, en el municipio de Candelaria, está sometido, desde hace años, a las sensaciones que les marca las resoluciones jurídicas que, como en una montaña rusa, elevan o bajan de golpe sus sentimientos y esperanzas porque, en unos casos el asentamiento está a punto de desaparecer, mientras que en otras parece que por fin se les va a dejar en paz, tanto en el contencioso interminable por su deslinde emprendido por Costas, como ahora con la resolución que pretende desalojarlos de sus casas a consecuencia del riesgo de desprendimiento.

El abogado de los vecinos, el experto en la Ley de Costas, e incansable activista en contra de los excesos de dicho texto, José Ortega, acaba de exponer una nueva resolución judicial que, según él, “paraliza toda posibilidad de desalojo de los residentes de Bajo La Cuesta”.

El letrado explicó, que el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) “en el pleito por la recuperación sucesoria, es decir por los derribos, en el que, si bien no nos da la razón en el fondo, sin embargo, se anulan muchos procedimientos de recuperación por caducidad del expediente”.

En este sentido, el letrado anunció que, “ahora mismo en Bajo La Cuesta no se pueden derribar, por lo menos, las
viviendas de estas personas afectadas por estos expedientes” y anunció que en el momento en el que se vuelvan a tramitar de nuevo todos estos expedientes, “expondré argumentos absolutamente sólidos, que no estaban en el año 2007, con los que se podrá evitar los derribos”.

Esta sentencia del TSJC es de mediados del pasado mes de junio, y el letrado advirtió que, con la misma, “no se va a poder hacer nada en este enclave”, a la vez que advirtió que, a diferencia de lo ocurrido hace 7 años, “ahora no nos van a coger desprevenidos, porque hemos acumulado argumentos que son indiscutibles, especialmente el que demuestra que el deslinde de 1969, que aplicó la ley de costas de 1880, en la que se definía la zona marítimo terrestre, era la marea alta, pero el deslinde de 2006 se ha fijado en cotas desiguales, algo que la juez no ha querido ni mirar”.

Así, señaló que “es ridículo que solo Costas y en los jugados, quieran aplicar unos deslindes que todo el mundo sabe y ve que no es así, porque sitúan la marea alta un montón de metros por encima de su propio límite”, además de explicar que cuando se aprobó el deslinde de la ley de costas “no asignaba ninguna eficacia civil a un deslinde, tampoco en la ley de 1969”.

Otro fallo y recurso
Sin embargo, en otra sentencia más reciente, un juzgado vuelve a poner sobre la mesa todos los fantasmas del derribo a consecuencia del deslinde, resolución ante la cual, según Ortega, “más que temor, soy crítico ante ella”, pues dijo que “tiene deficiencias carencias extraordinarias de calidad y es contradictoria e incoherente, porque dice unas cosas en una parte, y lo contario en otra”.

Calificó el contenido de esta última resolución de “sub realismo puro”, ya que explicó que contiene un discurso que nada tiene que ver con el tema concreto, “metiendo la pata porque se confunde lo que se está pidiendo en la demanda”, en el sentido de que lo que se reclamó fue que tuviera en cuenta que como indicio de que Costas no consideraba dicho espacio como dominio público, que desde el año 1987 las Normas Subsidiarias lo habían calificado como suelo urbano.

Así, señala que en la sentencia, “que es incomprensible, se nos dice que las Normas Subsidiarias se hicieron antes de la ley, pero que no tenemos razón porque no se hizo la toma de razón definitiva hasta después de la ley”.

José Ortega mostró su descontento porque después de acudir a un juez, con un planteamiento concreto, “te salga por peteneras sobre lo que le estás planteando, pero en este caso no lo ha entendido o no lo ha querido entender”, por lo que anunció que, como primera medida, está la interposición de un recurso de apelación, que lo tendrá que resolver la Audiencia Provincial.

Dijo que, personalmente, “cuando recibí esta sentencia, no me lo podía creer”, una resolución que, advirtió, forma parte de la postura que adoptan muchos juzgados cuando se trata de la Ley de Costas, “ya que puede pasar cualquier cosa”, hasta el punto de que, “independientemente de lo que argumentes, a veces tienes que dar las cosas por perdidas, y ya voy sin esperanzas de nada”.

   

Diario de Avisos Por Norberto Chijeb • julio 15, 2015

“La sentencia sobre el deslinde de Bajo la Cuesta es una tomadura de pelo, no tiene ni pies ni cabeza, es una mafia pura”, así de contundente se mostró José Ortega, el abogado de los vecinos de este pequeño núcleo costero de Candelaria sujeto a la Ley de Costas y también a un inminente desalojo por la inseguridad del lugar, según un estudio técnico encargado por el Ayuntamiento de Candelaria.

El letrado valenciano se refería así, en Teide Radio, a la sentencia del día de 8 del presente mes del Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que ratifica que las viviendas de Bajo la Cuesta están en dominio público marítimo-terrestre y que no formaba una trama urbana cuando entró en vigor la Ley de Costas de 1988.
Ortega insiste en que las normas subsidiarias de Candelaria recogían al núcleo de Bajo la Cuesta como “suelo urbano” en 1987, un año antes de la referida Ley de Costas.
Para el abogado de los vecinos de Bajo la Cuesta el asunto “es más que turbio” porque insiste en que Costas se niega a entregarle el informe geomorfológico de 2012 que encargó el anterior director general de Costas”, pese a las reiteradas peticiones en Madrid y en Tenerife, en Costas y en la Subdelegación de Gobierno. “Nos han toreado, pese a la reiteradas peticiones por escrito solicitando ese informe que es trascendental para nuestra defensa”, tanto es así que José Ortega va a elevar una queja ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo “por obstruccionismo de la Jefatura Provincial de Costas de Tenerife”, porque, según él, está cometiendo “una infracción de libro”.
Una queja que ha encontrado el respaldo de la alcaldesa de Candelaria de Candelaria. Mari Brito se mostró receptiva a la solicitud de los vecinos y de su abogado acerca de las trabas que ha puesto Costas y la administración estatal en todo el proceso judicial que mantiene Bajo la Cuesta acerca del reseñado informe geomorfológico, que podría aclarar, según los vecinos, de manera definitiva que tienen razón en sus argumentaciones.
La alcaldesa recordaba ayer que “en el mes de marzo de 2015, solicitamos a Costas copia del estudio geomorfológico, anteriormente solicitado por los vecinos, así como que se le tenga como parte interesada en el expediente de determinación de la ribera del mar, que en su caso se inicie, a lo que el Servicio Provincial de Costas respondió que lo está analizando para ver si procede que se formule una propuesta que contemple la línea de ribera del mar”, pero Brito va más allá, porque indica que “el Ayuntamiento en abril vuelve a reiterar la petición del informe, cuestión que no ha sido respondida”.
Después de la última reunión con José Ortega el pasado martes 7 de julio, se acordó entre el Ayuntamiento y los vecinos que se hará una nueva solicitud de dicho informe, que en estos momentos el Ayuntamiento está tramitando. En caso negativo, según confirmó el abogado de los vecinos, la petición se llevaría al Diputado del Común.
Brito: “Colaboraremos en todo lo que proceda”

La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, explicó ayer que en relación a la reclamación que los vecinos de Bajo La Cuesta presentaron a la Dirección General de Costas respecto al deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre, “la nueva Corporación se ha reunido en dos ocasiones con los vecinos, en las que se abordó entre otros asuntos este tema, y una con su abogado por videoconferencia. En las reuniones hemos mostrado nuestra disposición a colaborar con los vecinos en lo que proceda y en virtud de las competencias municipales, ya que el Ayuntamiento no es el responsable de la delimitación del Dominio Público Marítimo Terrestre, sino que es la Dirección General de Costas”.

   

LAS PEORES PLAYAS ESPAÑOLAS SEGUN GREENPEACE

Posted 20 julio, 2015 By cliff_carter

Crónica Norte. Enviado por Redaccion 2 on 14 julio 2015

Greenpeace ha realizado una lista con las peores playas de España debido a sus condiciones medioambientales. La playa del Algarrobico en Almería, la de Os Praceres en Pontevedra o algunas de Ibiza se encuentran en este ranking.

“Debido a la urbanización masiva de su litoral, al despilfarro de dinero público, a la contaminación de las aguas, al modelo insostenible, al ruido, a la destrucción de sus dunas o corales”, Greenpeace ha realizado una lista con las peores playas españolas.

Las peores playas de España

La playa del Algarrobico (Almería)
La Bióloga marina y MSC en gestión de recursos naturales, Pilar Marcos, explica en el blog de Greenpeace que “este tramo del litoral de inigualable belleza, tiene a sus espaldas una mole de hormigón de 21 plantas. Y todo ello a pesar de que, por sentencia no recurrible, las primeras 14 plantas del hotel han sido declaradas ilegales por el Tribunal Supremo”.

La playa de Os Praceres (Pontevedra)
Sobre este tramo de la ría de Pontevedra se construyó la papelera de ENCE, “un complejo industrial que causa graves problemas de salud a las poblaciones cercanas y que gracias a la nueva Ley de Costas, no ve caducada su concesión a pesar que tenía que abandonar la ría en 2018 por su daño ambiental”, explica Marcos.

Ibiza, sur y sureste
Pilar Marcos protesta por este “modelo insostenible de uso del litoral, donde en muchos tramos de la isla, las playas se han convertido en un centro comercial”.

Los macro-chiringuitos de las playas de Alicante
La nueva Ley de Costas permitirá que los chiringuitos pasen de 20 a 70 metros cuadrados, más del triple de su superficie. “Si buscas tranquilidad, poco ruido y pocas hamacas, estas no son tus playas” afirma.
Punta de Langosteira (A Coruña)
A Coruña mantiene un puerto que ha costado unos 750 millones de euros. “Un importante caladero de pesca en una zona maravillosa de acantilado que iba a ser destinado a puerto refugio tras el Prestige y que va a acabar de puerto de Repsol”, explica Marcos.

Marismas del río Tinto (Huelva)
Esta zona está contaminada por 120 millones de residuos tóxicos, según esta bióloga. “Existe una industria: Fertiberia. En estas marismas, en vez de ánades y flamencos hay depositados 120 millones de toneladas de residuos tóxicos”.

Punta del Cascajo, en Tazacorte (La Palma)
“Un muelle fantasma que costó 90 millones de euros en un tranquilo pueblo de marineros. Un proyecto faraónico destinado a puerto de mercancías comercial y dónde solo atracan hoy barcos de recreo”.

La playa de Muskiz (Bizkaia)
Una playa que, según Greenpeace, se encuentra estropeada debido a la presencia de la refinería de Petronor. En su día, este tramo de litoral fueron unas marismas. La refinería, también amnistiada por la nueva Ley de Costas llega incluso a emitir partículas de coque (un derivado del petróleo) altamente tóxico.

La bahía de Algeciras (Cádiz)
“Poco queda de ese puerto refugio natural donde los fenicios se asentaron y calaron sus almadrabas para la pesca del atún rojo. Hoy toda la bahía es un polo industrial, donde las gasolineras flotantes campan a sus anchas”, afirma Pilar Marcos.

   

Andalucía Información VCG 09/07/2015 19:44

El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, no ha ocultado su “extrañeza y enfado” porque ningún representante del Ayuntamiento de San Roque ha sido invitado a participar en la reunión sobre la playa de Sotogrande que ha convocado hoy, jueves, el subdelegado del Gobierno Central en la provincia de Cádiz, Javier de Torre. El primer edil recordó que reiteradamente ha intentado hablar con De Torre sobre el asunto, “pero nunca atiende al teléfono”.

Ruiz Boix explicó que supo de la reunión de hoy al ser informado por un vecino de Sotogrande, y mostró una copia de un documento en el que se convoca a dicho encuentro, que ha tenido lugar a las 12.30 en la sede de la Subdelegación del Gobierno “con el fin de abordar la situación en la que se encuentra la playa de la Urbanización de Sotogrande, T.M. De San Roque”, según se señala en el texto. Hay que recordar que desde el Ayuntamiento se ha reclamado por escrito en repetidas ocasiones a la Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente que se realicen obras de urgencia en ese tramo de litoral, ante el peligro que la falta de arena provoca en las viviendas situadas a pie de playa.

El regidor sanroqueño considera que De Torre no ha mostrado “lealtad institucional con este Gobierno Municipal, porque podríamos haber asistido este alcalde o un concejal delegado para tratar sobre un tema que nos preocupa mucho. Este Ayuntamiento ha tenido que hacer incluso de promotor para que se realice la obra del espigón, para dar así seguridad a las viviendas de la zona del Club de Playa Cucurucho y de los apartamentos Playa Sotogrande, así como para mejorar su imagen de cara al turismo”.

“Llevamos meses -continuó- solicitando un encuentro y denunciando la situación. De hecho, la Demarcación de Costas ha destinado este 2015 la cantidad de 4,3 millones de euros para regenerar las playas de la provincia de Cádiz, una partida muy similar a la que se ha invertido en este fin durante los cuatro años anteriores. Y en estos cuatro años, en San Roque se ha invertido la cantidad de cero euros en la regeneración de nuestras costas por parte del Gobierno de España”.

“Consideramos -explicó el alcalde- que se está dando un comportamiento sectario, porque siempre benefician estas obras a municipios donde el gobierno municipal coincide en el color político con el del Gobierno de España”

“No creo -sostuvo Ruiz Boix- que exista en toda la provincia un caso (de pérdida de arena) tan grave como el que denunciamos. Pero como respuesta sólo hemos recibido declaraciones incendiarias por parte del señor De Torre en los medios de comunicación y ninguna llamada a este alcalde para solucionar el problema. De hecho, cuando hemos intentando ponernos en contacto tanto a través de su secretaria como de manera personal, nunca atiende al teléfono”.

“Este alcalde -recalcó- se ocupa y preocupa por este asunto. Las viviendas están hoy día prácticamente dentro del agua por la no actuación de la Demarcación de Costas. Pero el subdelegado del Gobierno siempre mira a otro lado” en este asunto cuando se le reclama una respuesta activa.

“El colmo -subrayó Ruiz Boix- ha sido que haya tenido una reunión sobre el asunto a la que no han podido asistir los representantes del Ayuntamiento de San Roque por no haber sido convocados. Le pido que en el futuro tenga la mínima lealtad y respeto por las instituciones de San Roque ante problemas, como éste, que cada vez son más acuciantes y graves”.

Hay que recordar que mediante un escrito de fecha 22 de marzo de 2013 dirigido a la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico, se informa por el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, que con fecha 28 de abril de 2011, “el Ayuntamiento de San Roque, Sotogrande SA y la Comunidad de Propietarios Playa de Sotogrande suscribieron un convenio para desarrollar el proyecto de estabilización del frente litoral de la playa sur de la desembocadura del río Guadiaro”.

En dicho convenio se acordó, entre otras cosas, que el Ayuntamiento promovería la construcción de dos espigones de estabilización.

El 11 de enero de 2013 se recibió una resolución de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental con las condiciones de ocupación del dominio público marítimo terrestre, las cuales fueron aceptadas por el Pleno celebrado el 6 de febrero de ese año.

En la carta enviada el 22 de marzo se pide que parte de los 55.000 metros cúbicos de arena que se iban a extraer de la playa de Valdevaqueros de Tarifa, con un coste de 600 mil euros, se aportaran también a la playa de Sotogrande como complemento al proyecto de protección (espigones).

El 14 de abril de este año se vuelve a recordar por carta a la Demarcación de Costas de Andalucía el convenio firmado en abril de 2011, y la petición formulada en marzo de 2013.

Dado que el 12 de abril se anuncia que se van a invertir más de cuatro millones en extracción de arena y regeneración de playas de la provincia, se vuelve a solicitar arena para las playas de Sotogrande y Campamento-Puente Mayorga.

En el caso de Sotogrande se recuerda en la carta enviada a Costas que “llega incluso a afectar a las viviendas que están en primera línea de playa con el peligro que ello conlleva, no sólo a las viviendas, sino a las personas”.

La carta, firmada por el alcalde, finaliza con la petición expresa de que se incluya “en el plan de regeneración las playas de Sotogrande y Campamento-Puente Mayorga, en aras de mejorar estas playas tan castigadas por la erosión”.

   

La Opinión A Coruña M. Villar | A Coruña 09.07.2015 | 01:48

Costas recuerda que el arrendatario tiene concesión hasta julio de 2018 pero se pueden hacer obras de reparación en el edificio – El Ejecutivo ha pedido un informe

Demarcación de Costas ha incluido al edificio de La Terraza de Sada, una de las grandes obras del modernismo gallego, dentro del área de dominio público marítimo terrestre en su propuesta de deslinde que actualmente tiene a exposición pública. El inmueble por lo tanto continúa como hasta ahora, delimitado por la fachada trasera por la zona de deslinde y por la línea de servidumbre de Costas por su fachada delantera. En los planos del organismo por lo tanto se reconoce la situación actual de esta construcción, con una concesión estatal que está vigente hasta el 29 de julio de 2018. El actual Ejecutivo ha solicitado un informe sobre este deslinde a sus técnicos.

Costas trabaja actualmente en una propuesta de deslinde en el casco urbano de Sada porque no estaba ejecutado entre la desembocadura del río y la zona de Fontán en el puerto, debido a que en los últimos años se han ganado terrenos al mar y se ha construido el paseo marítimo y jardines en el relleno, por lo que la línea de deslinde ha tenido que ser retrasada hasta la ribera. Además estos terrenos ganados al mar quedan fuera del dominio público porque fueron cedidos ya por el Estado al Concello en 1985.

El proyecto de plan general del anterior Gobierno local incluía el edificio de La Terraza fuera de la zona de dominio marítimo, sobre suelo destinado a vial público y con calificación de equipamiento. El Ejecutivo incluso se reunió con autoridades de Costas del Estado en Madrid para solicitar que los terrenos de La Terraza quedasen fuera de la línea de deslinde para quedar también como cesión al Concello en lugar de una concesión y poder actuar en el inmueble, que está en muy mal estado de conservación.

El organismo marítimo no obstante mantiene el inmueble de principios del siglo XX en la zona de dominio público marítimo. Demarcación de Costas en Galicia, no obstante, recuerda que en inmuebles dentro de la zona de servidumbre de protección se pueden realizar algunas obras, tanto de reparación como de mejora, modernización y consolidación.

Estos trabajos podrían realizarse siempre que no implicasen aumento de volumen, altura ni superficie del actual edificio. La Terraza, un inmueble de 1912 trasladado en 1919 a Sada, nunca ha sido objeto de rehabilitación. Es un edificio delicado, de madera, hierro y vidrio. La madera tiene ya partes carcomidas y laminadas, toda la pintura exterior está levantada, tiene tablas que se han soltado y hay también grietas en algunas zonas.

Ingenieros de Costas aún trabajan esta semana en las mediciones y alineaciones exactas en Sada. El acta de apeo, la delimitación exacta junto a los propietarios y colindantes, será el 5 de agosto.

   

ANULAN UNA MULTA DE 27.000 € AL HOTEL FOMENTOR

Posted 14 julio, 2015 By cliff_carter

El Mundo EFE Palma Actualizado: 08/07/2015 16:23 horas

La infracción se produjo por impedir el acceso rodado al mar por la vía A-160 a vehículos

Si los responsables del hotel persisten en esa actuación pueden ser de nuevo sancionados

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha anulado una multa de 27.346 euros impuesta por Costas al Hotel Formentor, ante las dudas de si la presencia de un vigilante de seguridad en el cruce que lleva al establecimiento es para informar a los conductores o para impedirles el acceso al mar.

La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJIB ha estimado el recurso interpuesto por la empresa que regenta el hotel contra el expediente abierto por la Demarcación de Costas y la sanción que derivó de él, y ha declarado que ni el procedimiento ni la multa son conformes a derecho y que en este caso existen “dudas de hecho y de derecho”.

La multa de 27.346 euros la interpuso Costas al hotel en agosto de 2011 por interrumpir el acceso rodado al mar por la vía A-160 mediante la colocación de guardas de seguridad, al considerar que constituye una infracción de dos apartados del artículo 91 de la Ley de Costas.

La empresa Inmobiliaria Formentor recurrió la sanción por considerar que el expediente no especifica el tipo legal supuestamente infringido y que la resolución sancionadora “está huérfana por completo de la más mínima motivación” acerca de la culpabilidad de la sancionada.

El tribunal afirma en la sentencia que el procedimiento sancionador está regido por principio de culpabilidad y que “la culpa ni se presume ni se supone, sino que debe justificarse adecuadamente”.

La sala señala que la sanción “seguramente” tiene su origen en la problemática del acceso libre al litoral derivada de “la indeseable combinación del irrefrenable deseo de la gente de acercarse al máximo posible al mar con sus propios vehículos y la obstaculización ilícita, injusta y clandestina que con ello se ocasiona, a veces sin remedio, del tráfico rodado en vías públicas o privadas”.

El caso afecta a la intersección de la carretera Ma-2210 y la A-160 o calle Formentor, que conduce al hotel del mismo nombre.

La sala explica que ese cruce está más cerca del mar que el espacio habilitado para aparcar los vehículos de la gente que va a la playa, y además la calle Formentor “a primera vista se aproxima al mar, en tanto que la Ma-2210 se aleja hacia el cabo”.

Según la empresa sancionada, esta situación produce una aglomeración de vehículos que ni pueden aparcar en esa calle ni se dirigen al hotel.

El tribunal relata que, para paliar este problema, a los responsables del hotel se les ocurrió colocar un guarda de seguridad en la intersección que, según ellos, informa a los vehículos que se dirigen a la playa de que deben ir a aparcar al estacionamiento habilitado para ello, pero que la Administración considera que se dedica a “impedir el libre acceso al mar”.

Los jueces consideran que los hechos pueden ser como dicen los demandantes o como considera la Administración y que “muy probablemente, una leal comunicación entre las partes puede despejar de cuajo las dudas que puede abrigar la Administración”.

La sala advierte de que, si los responsables del hotel persisten en esa actuación en contra del criterio de la Administración, pueden ser de nuevo sancionados, pero “tendrá que serlo”, fijando qué infracción cometen y también “ofreciendo una motivación suficiente de la concurrencia de culpa”, que puede basarse en el precedente que se resuelve mediante esta sentencia.

   

La Opinión de A Coruña. M. Villar | Sada 08.07.2015 | 00:39

La línea de servidumbre de protección afecta al paseo marítimo, la mitad de un terreno anexo al colegio, la Casa del Mar y una finca vacía cerca de Ayudantía

Propietarios afectados y colindantes acudirán el 5 de agosto al acto de fijación de lindes

Demarcación de Costas de Galicia ha abierto expediente para realizar el deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre en la zona del casco urbano de Sada comprendida entre la desembocadura del río Maior y punta Fontán, un tramo de 2,4 kilómetros que hasta ahora no estaba delimitado. Los planos con las líneas de deslinde y servidumbre de protección ya están elaborados pero los ingenieros aún están con los últimos detalles en cuanto a mediciones y delimitaciones. De hecho ayer estuvieron todo el día en Sada realizando estos trabajos sobre el terreno.

La delimitación exacta se efectuará después de escuchar a los propietarios de los terrenos que quedan dentro de la zona de dominio público y colindantes, y que están llamados a acudir el próximo 5 de agosto al acto de apeo, donde junto a los ingenieros se fijan con precisión, sobre el terreno, los linderos de las fincas y la línea de dominio público. En este momento se redacta un acta con fecha, hora, identificación de los asistentes, descripción de los terrenos, situación, superficie y observaciones.

El proyecto de Costas deja dentro de la zona de servidumbre de protección a los terrenos ganados al mar, el paseo marítimo y el aparcamiento. Prácticamente desde la mitad de la avenida das Mariñas hacia el mar, es zona de servidumbre. Estar en zona de servidumbre de protección implica que solo se permiten determinados usos por parte del Estado, como cultivos marinos, instalaciones deportivas descubiertas o casetas desmontables. Solo en casos de “excepcional importancia” se autorizan otro tipo de edificaciones y sujetas a concesión.

La propuesta que han realizado plantea un deslinde que bordea prácticamente la línea del mar en todo su recorrido mientras que la línea de servidumbre de protección se marca también, tal y como dicta la ley, a cien metros del borde marítimo (en la propuesta de plan general se delimitó solo a 50 metros).

Esta línea de servidumbre marítima pasa por la mitad de la rotonda situada junto a la calle de la Playa, sigue por el medio de la avenida das Mariñas, pasa por delante de La Terraza, atraviesa la glorieta frente al Consistorio viejo y sigue casi hasta el final, donde a la altura del hotel (que queda fuera) se desvía hacia el borde del mar y coge una parte del aparcamiento de autobuses.

Ya en la zona del puerto sadense, la línea de servidumbre de Costas bordea todos los edificios residenciales aunque sí coge la mitad del terreno anexo al colegio Sada y Contornos, que actualmente está sin edificar. También incluye dentro del dominio público marítimo al edificio de la Casa del Mar y una zona vacía que se usa como aparcamiento unos metros después de la Casa Consistorial del edificio de Ayudantía.

   

BANDERAS NEGRAS ANDALUCIA 2015

Posted 10 julio, 2015 By cliff_carter

ECOLOGISTAS EN ACCION

La campaña, nacida en 1999, es una denuncia pública de aquellas playas o tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas o cualquier otra actuación que ocasione una pérdida de calidad ambiental del litoral.

Los objetivos de “Banderas Negras” son:

Dar una información rigurosa a los andaluces, y a todos los usuarios de las playas, del estado ecológico en que se encuentran éstas.

Requerir a Ayuntamientos, resto de las Administraciones y a empresas, para que contribuyan al saneamiento de las playas y pongan fin a la degradación ambiental del litoral. La campaña, nacida en 1999, es una denuncia pública de aquellas playas o tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas o cualquiera otra actuación que ocasione una pérdida de calidad ambiental del litoral.

Las dos calificaciones negativas otorgadas son:

Bandera Negra: Impactos de mayor gravedad (vertidos contaminantes y/o agresiones urbanísticas).

Punto Negro: Impactos significativos, pero de menor gravedad.

Los “galardones” concedidos por la Federación para la educación ambiental para Europa, conocidos como “Banderas Azules”, en cambio, carecen de cualquier credibilidad, se basan en meros aspectos turísticos y no evalúan con rigor el estado medioambiental de las playas.
Confiemos de nuevo en que estas “distinciones” de Banderas Negras y Puntos Negros se truequen en verdaderas Banderas Azules de aguas y arenas limpias y de un litoral ecológicamente saludable y libre de las agresiones urbanísticas para el año próximo.

Como hemos remarcado en otras ocasiones, a pesar de que en nuestro litoral las intensas corrientes y mareas reducen los riesgos sanitarios, hay que empezar a considerar y estudiar los efectos de la contaminación orgánica sobre los ecosistemas marinos y marismeños de cuya gran biodiversidad dependen los recursos pesqueros y la pervivencia de numerosas especies marinas.

Insistimos como en años anteriores en que es imprescindible un plan de prevención de la contaminación del litoral, que elimine cualquier vertido contaminante, tanto desde tierra como desde el mar, con indicadores precisos y evaluables de la calidad ambiental. Los principios de acción preventiva y de corrección de los atentados al medio ambiente, preferentemente en la fuente misma, contenidos en la Directiva Marco de Aguas, deben aplicarse con seriedad.

Novedades positivas frustradas:

La aprobación por la Junta de Andalucía del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. La aprobación definitiva del Plan de Protección del Litoral por parte de la Junta de Andalucía ha frustrado el único intento de cambiar la política de promoción de la especulación urbanística promovida en las dos últimas décadas por los gobiernos centrales y de la Junta de Andalucía, y por la inmensa mayoría de los ayuntamientos, y que ha llevado a la ruina del país.

El Plan aprobado no sólo no ha ampliado y reforzado la insuficiente y limitada protección que proponía el Plan que se expuso a información pública, sino que se han eliminado muchas de las zonas que se incluían como protegidas, sin más justificación que las presiones de promotores urbanísticos y ayuntamientos.

Se siguen manteniendo como urbanizables millones de m2 para construir miles de viviendas innecesarias, en promociones fracasadas, incluyendo suelos embargados por entidades financieras que han terminado siendo costeados con dinero público y actualmente propiedad de la SAREB.

Si tenemos en el litoral un parque de 1.679.679 viviendas, con un incremento de 357.422 viviendas –un 27%- en la última década; si hay 224.178 vacías; si hay en el ámbito de los 500 metros 90 millones de metros cuadrados urbanizables y una previsión de 187.000 nuevas viviendas; y si ya era incomprensible que el Plan mantuviera la posibilidad de construir en esta franja de 500 metros 143.000 viviendas, no se entiende que se hayan eliminado protecciones y aumentado la posibilidad de urbanizar el litoral. Esta decisión política de la Consejería de MAyOT es un manifiesto disparate desde los puntos de vista económico, social y ambiental, que tendrá graves consecuencias en el futuro.

Además, el proceso de aprobación del Plan ha sido un ejemplo de desprecio a la participación ciudadana. No se ha contestado a las alegaciones y no se ha estimado prácticamente ninguna de las 138 alegaciones, todas muy justificadas y cargadas de sentido común, que presentó Ecologistas en Acción, que tenían como único objetivo proteger lo que queda de la costa sin urbanizar e impedir nuevas burbujas inmobiliarias que repitan el actual desastre socioeconómico y ambiental.

Novedades negativas:

La persistencia en realimentar las playas con arena.

La Dirección de Costas, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, repite año tras año la “regeneración de playas”: más movimientos de arena, más dragados, más desmontes de dunas para alimentar nuestras maltrechas playas, más inversiones inútiles,… y todo para que el año que viene, previsiblemente, se vuelva al lugar de partida. Nuestras playas han sido profundamente alteradas por la construcción de paseos marítimos, espigones, rellenos, dragados, construcciones en primera línea de playas, destrucción de cordones de dunas,… lo que ha motivado la pérdida progresiva de arena y la incapacidad para regenerarse de forma natural tras los temporales de invierno.

El intento continuado en ocupar las playas con chiringuitos contemplado en el futuro Reglamento de la Ley de Costas.

El borrador del Reglamento prevé duplicar el espacio que ahora pueden ocupar, para disponer de hasta 300 metros de superficie en total, manteniendo lo ya construido y otorgando más permisos para ocupar la costa.
En el capítulo de ocupación del Dominio Público Marítimo terrestre y de sus zonas de servidumbre, las tendencias a la privatización de zonas de dominio público, en beneficio de ocupaciones eternas por construcciones residenciales y chiringuitos no han hecho más que agravarse. Ampliaciones de espacios ocupados por chiringuitos inmensos, con mayor cantidad de estructuras estables y autorizados a destajo por las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Medio Ambiente, como un trámite rutinario que no contempla ni siquiera los riesgos que estas instalaciones pueden correr en una costa sometida a pérdidas de dunas y playas, en un contexto de cambio climático.

Ecologistas en Acción reitera su llamamiento a los ciudadanos que visitan y usan las maravillosas playas naturales que todavía quedan en nuestro litoral para que exijan de las instituciones responsables el respeto a estos maravillosos parajes. Hay que recordar que la sostenibilidad conlleva un uso y disfrute individual y colectivo de los recursos naturales guiado por el respeto a nuestro entorno, garantizando también su uso y disfrute para futuras generaciones.

Ecologistas en Acción pide también a la ciudadanía y al conjunto de los visitantes de nuestros espacios costeros que tenga una actitud responsable en el uso de los recursos que nos brinda nuestro privilegiado medio natural.

Retirar las basuras a los contenedores más cercanos, respetar la vegetación y los pasos peatonales recomendados, no utilizar vehículos destructores en espacios tan frágiles,… en definitiva, procurar dejar inalterados los espacios que hemos utilizado, es algo fundamental para nuestros usos futuros.

   

DIARIO BAHIA DE CADIZ. Redacción – 07/07/2015 (17:42h)

Semanas después de la publicación de la relación de banderas azules de cara al verano 2015, Ecologistas en Acción ha presentado su ya habitual listado de banderas negras para esta temporada y las ha ‘plantado’ por toda la Cádiz costera. La campaña, nacida en 1999, es una denuncia pública de aquellas playas o tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas o cualquiera otra actuación que ocasione una pérdida de calidad ambiental del litoral. En esta ocasión se han otorgado 15 banderas negras y se han fijado 13 puntos negros, muchos de ellos en la Bahía.

Semanas después de la publicación de la relación de banderas azules de cara al verano 2015 –que “carecen de cualquier credibilidad, se basan en meros aspectos turísticos y no evalúan con rigor el estado medioambiental de las playas”, según Ecologistas en Acción-, este colectivo ha presentado su ya habitual informe de banderas negras para esta temporada y las ha ‘plantado’ por toda la Cádiz costera. La campaña, nacida en 1999, es una denuncia pública de aquellas playas o tramos de litoral que sufren vertidos contaminantes, agresiones urbanísticas o cualquiera otra actuación que ocasione una pérdida de calidad ambiental del litoral. En esta ocasión se han otorgado 15 banderas negras -distintivo de impactos medioambientales de gravedad- y se han fijado 13 puntos negros -impactos significativos, pero de menor gravedad-.

Precisamente playas que presumen de banderas azules cuentan también con esta bandera negra, como es el caso de las playas de La Costilla (Rota), La Muralla (El Puerto), La Barrosa y Sancti Petri (Chiclana) y Roche (Conil).

Este pendón simbólico (la bandera negra, que señala impactos de mayor gravedad, colmo vertidos contaminantes y/o agresiones urbanísticas), lo coloca Ecologistas este verano en la zona de playa comprendida entre Bonanza, Bajo de Guía y Las Piletas, en Sanlúcar de Barrameda (por el vertido continuo al estuario del Guadalquivir de las aguas mal depuradas); continúa en la playa urbana de la Costilla, en Rota (por el vertido sin depurar durante los meses de verano de más de la mitad del volumen de las aguas residuales del municipio); la playa de Fuentebravía, en El Puerto de Santa María (por las construcciones de edificios en el acantilado y rellenos en la playa y en el acantilado, y regeneración periódica e inadecuada); el litoral Las Murallas-La Calita, también en El Puerto (por el vertido de aguas residuales insuficientemente depuradas a través de un emisario submarino desde la EDAR Las Galeras); y en la playa de La Barrosa-Novo Sancti Petri, en Chiclana (por la ocupación intensa del territorio para uso residencial y hotelero y el estado del acuífero completamente contaminado).

Otras tantas banderas ‘negativas’, según recoge DIARIO Bahía de Cádiz de fuentes de Ecologistas, van a la playa y acantilado de Roche, en Conil (por construcciones en primera línea de costa, y muy mala depuración de las aguas residuales); la playa de El Palmar, en Vejer (por el descontrol urbanístico actual -más de 700 viviendas ilegales-, vertidos de aguas residuales sin depuración y el proyecto de apartahoteles en Malcucaña, en un entorno completamente virgen); la playa de Caños de Meca (Mari Sucia, Los Castillejos y La Laja) y Tómbolo de Trafalgar, en Barbate (por edificaciones en el dominio público marítimo terrestre, y nula depuración de aguas); la playa de El Carmen, en Barbate (por recibir las aguas contaminadas del río Barbate y las aguas residuales de la depuradora obsoleta que funciona deficientemente); la playa de Atlanterra, en Tarifa (por edificaciones desmesuradas ocupando ilegalmente suelo que no está clasificado como urbano y la destrucción de cordones dunares de alto interés ecológico); la playa de Los Lances, en Tarifa (por vertidos directos a la playa a la altura de la urbanización de Las Cañas; el proyecto de la EDAR es lo único que existe); la dársena El Saladillo y la dársena pesquera, en Algeciras (gran parte de las aguas residuales de la ciudad se vierten en este punto); la zona de litoral comprendida entre los ríos Palmones y Guadarranque, en Los Barrios (por vertidos industriales de la zona); la playa en los aledaños de la refinería de Cepsa, en San Roque (por vertidos industriales y pérdida de arena); y el ‘bunkering’ en el Mar de Alborán, Estrecho de Gibraltar y Bahía de Algeciras, y el litoral de Gibraltar (se producen derrames continuos de hidrocarburos ocasionados por estos barcos ‘gasolineras flotantes’).

PUNTOS NEGROS

Asimismo, el informe de los conservacionistas incluye también 13 puntos negros, que denuncian “impactos significativos, pero de menor gravedad” que las banderas negras. Según el colectivo ecologista, estos puntos negros se situarían –en el caso de la Bahía de Cádiz- en los Corrales de Rota; playa de Aguadulce desde Punta Candor a Costa Ballena, también Rota; la playa del Chorrillo colindante con la Base Naval roteña; la playa de La Ballena, entre Chipiona y Rota; sobre la playa del Almirante y del Aculadero, y el litoral de El Ancla y La Inmaculada, en El Puerto; y la playa de La Victoria, en Cádiz, junto al saco de la Bahía, donde se reprocha una vez más la inversión “desmesurada con injustificadas previsiones” de la nueva terminal de contenedores del puerto.

Más allá, este punto negativo llega también a las playas de La Jara en Sanlúcar y Montijo en Chipiona; las de la Fontanilla y Fuente del Gallo, en Conil; las de Paloma Baja y de los Alemanes, en Tarifa; y la zona litoral de la Bahía de Algeciras.
Entre las novedades negativas de este año, Ecologistas señala la “privatización” de la gestión del agua en El Puerto y Jerez, la “errónea y despilfarradora política de realimentar con arena las playas”, así como la “privatización” del molino de mareas de El Caño, en El Puerto, adjudicado al cocinero Ángel León para un uso hostelero privado.

Asimismo, se lamenta que la aprobación definitiva del Plan de Protección del Litoral por parte de la Junta “ha frustrado el único intento de cambiar la política de promoción de la especulación urbanística promovida en las dos últimas décadas por los gobiernos centrales y autonómico, y por la inmensa mayoría de los ayuntamientos, y que ha llevado a la ruina del país”. El plan, se añade, “no sólo no ha ampliado y reforzado la insuficiente y limitada protección que proponía el plan que se expuso a información pública, sino que se han eliminado muchas de las zonas que se incluían como protegidas, sin más justificación que las presiones de promotores urbanísticos y ayuntamientos”.

   

BAÑISTAS AQUI …… SURFISTAS ALLI

Posted 10 julio, 2015 By cliff_carter

NOTICIAS DE GIPUZCOA. UN REPORTAJE DE LORENA IRAEGUI. FOTOGRAFÍA AINARA GARCIA – Domingo, 5 de Julio de 2015 – Actualizado a las 06:16h

Aunque la mayoría de los usuarios de la Zurriola se muestra contento con la división de las zonas de baño, muchos deportistas se consideran perjudicados por el espacio que les queda

El verano ha llegado, el tiempo acompaña y los donostiarras aprovechan las vacaciones para refrescarse en la playa, aunque los que optan por la Zurriola se encuentran este año, como el pasado, con sus aguas divididas en tres zonas diferentes.

Varios banderines azules y rojos colocados en la orilla delimitan las zonas para escuelas de surf, bañistas y surfistas. La más próxima al Kur-saal está destinada a las escuelas y sus respectivos alumnos (tienen unos 100 o 150 metros), otros 300 metros en la zona más cercana a Sagüés son para los surfistas más experimentados y la parte central está a disposición de los bañistas. Pero este reparto no ha sido bienvenido por todos y está dando mucho que hablar entre los usuarios habituales de la Zurriola.

El reparto tiene su explicación. En los últimos años se ha ido percibiendo un incremento de surfistas y alumnos en las escuelas de surf, lo que provocaba encontronazos y situaciones de peligro entre bañistas y surfistas. Por ello, con el fin de evitar conflictos, el Consistorio tomó el año pasado la decisión de separarlos en distintas zonas de la playa. Además, un cambio en la Ley de Costas establece que surfistas y bañistas no pueden compartir el mismo espacio, lo que ha obligado a modificar la ordenanza de playas para incluir el reparto del agua.

“Ha habido que invertir”

No obstante, algunas escuelas aseguran verse perjudicadas por los cambios, como es el caso del club Bluemotion Surf&Bodyboard Academy. “Aún nos estamos adaptando y hemos tenido que hacer una gran inversión”, recalca un monitor de la escuela, Alain Lacambra.

La ordenanza contempla que únicamente quince personas por escuela pueden estar recibiendo clase en la zona de aprendizaje al mismo tiempo (en la parte más próxima al Kursaal), un condicionante importante para las escuelas. Los alumnos, por su parte, tienen que llevar trajes de distintos colores que los identifiquen, lo que corre a cuenta de las academias. Además, la reserva de este espacio para las clases tiene un horario determinado: de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 horas y los fines de semana, hasta las 12.00 horas. El resto del tiempo, ese espacio es para los bañistas.

“Hemos tenido que comprar neoprenos para que los alumnos estén identificados y, además, como hay un número limitado de personas que pueden entrar en el agua a la vez, nos hemos encontrado con que algunos se han tenido que quedar fuera porque las horas que les venían bien ya estaban llenas”, lamenta Lacambra. “La mayoría pide las clases a primera y última hora de la mañana y de la tarde”, añade. Así, en Bluemotion Surf&Bodyboard Academy han tenido que rechazar solicitudes y, al mismo tiempo, tienen horas vacías.

Los banderines, no obstante, no siempre son fijos, ya que son los socorristas los encargados de adaptarlos dependiendo de la meteorología y de las condiciones del mar. Por ello, en caso de que hiciera mucho calor, la zona de aprendizaje se abriría a los bañistas, pasando los alumnos a la parte cercana a Sagüés, donde surfean los que van por libre. “Si vamos a la zona de Sagüés, los alumnos no pueden llevar tablas duras”, afirma Lacambra, quien asegura que hasta ahora ha habido sol, pero aún no se ha tomado esa medida.

Ocurriría lo contrario en caso de que hiciera mal tiempo y la bandera roja ondeara en la playa. En ese caso habría más espacio para los surfistas, que podrían practicar el deporte a sus anchas, ya que los bañistas tendrían prohibido darse un chapuzón. Esa situación tampoco se ha dado de momento.
Eso sí, si los deportistas surfearan fuera del horario de los servicios de salvamento, tendrían que hacerlo bajo su total responsabilidad, como ocurre en invierno.

“Como sardinas en lata”

Los surfistas más experimentados situados en el otro extremo de la playa (en la zona de Sagüés) también ven inconvenientes en la ordenanza.

“Es cierto que este método nos favorece en parte a los surfistas, ya que no tenemos que estar pendientes de si nos chocamos con la gente o no”, asegura Asier Martínez. “Pero de esta manera estamos todos en un espacio bastante reducido y no es nada fácil surfear con tanta gente tan cerca de ti y haciendo lo mismo que tú. Me parece ridículo lo que se está haciendo con la playa o el hecho de que nos puedan multar si la corriente nos empuja a la parte que no nos corresponde”, añade.

Esto se debe a que la ordenanza de playas contempla sanciones leves de hasta 200 euros para los bañistas que se cuelen en la zona de práctica de surf y mantiene como infracción grave la presencia de tablas en áreas reservadas para bañistas, así como la realización de actividades lectivas sin autorización, con multas de hasta 500 euros. “Si un bañista se mete donde surfeamos nosotros es una falta leve, pero si lo hacemos los surfistas y nos metemos en su zona pasa a ser grave. Nos perjudica directamente a nosotros y no entiendo por qué”, lamenta Martínez.

Hay quienes han tomado otra actitud y han decidido dejar de ir a la playa de Gros en temporada estival. Es el caso de Cristina Rodríguez, quien asegura que la Zurriola en verano “siempre es un caos”. “Por eso mismo he dejado de ir. Es un agobio intentar surfear porque estás tú con otros 100 alrededor”. Además, tanto los más inexpertos como los profesionales están juntos en el agua, lo que ya ha provocado algún que otro encontronazo. “Al estar todos juntos me golpearon unos novatos y me hicieron un agujero en la tabla”, recuerda Rodríguez, que insiste en no volver a surfear en la Zurriola “mientras en el agua sigan como sardinas en lata”.

No a todos les ha parecido una mala idea. La surfista Bet Ancizar agradece esta separación, ya que, según afirma, “de esta manera pueden evitarse muchos accidentes”. Además, recalca que la delimitación de las zonas le parece un buen planteamiento y que si estuvieran todos juntos, “sería un peligro”.

“He pasado miedo”

Los bañistas, por su parte, tienen para ellos la zona central de la Zurriola. Muchos coinciden en que la separación evita riesgos, como es el caso de la paseante Eider Arrieta, quien insiste en que “esta fórmula está bien pensada”. “Otros años siempre he pasado miedo bañándome con gente haciendo surf cerca de mí, aunque ahora, a pesar de que tienen su zona, hay muchos que se acercan demasiado sin darse cuenta”, destaca.
Otro de los habituales usuarios de la playa de Gros, Jokin Irastorza, comparte la opinión anterior y añade que los banderines son un condicionante a la hora de colocarse en la playa. “Si quiero poner la toalla cerca de Sagüés porque me viene mejor porque vivo cerca, tengo que darme un gran paseo para bañarme”, manifiesta. Aunque agradece la separación: “Así me puedo refrescar tranquilamente con los niños sin estar pendiente de si una tabla se les cae encima”.

La Cruz Roja es la responsable de la vigilancia y salvamento en la playa y sus socorristas son quienes se encargan de colocar los banderines que delimitan las zonas. Sus coordinadores aseguran que con esta medida se intenta garantizar la seguridad de los bañistas y que en días de mucho calor se dejará la zona de las escuelas para que puedan refrescarse.

   

MALAGA HOY. MAYTE CORTÉS R. DE LA VICTORIA, RINCÓN DE LA VICTORIA | ACTUALIZADO 04.07.2015 – 05:01

La plataforma recoge más de setecientas firmas en contra de la medida que estudia el nuevo equipo de gobierno

La Asociación para la Defensa de los Valores Naturales del Paseo Marítimo de Torre de Benagalbón ha pedido a la Demarcación de Costas y del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil que intervenga ante la posible apertura del carril paralelo a la playa. Una medida que el nuevo equipo de gobierno de Rincón de la Victoria tiene en estudio tras la petición de los empresarios de playa que reclaman aparcamientos en la zona. En 2012 los vecinos solicitaron su cierre al Ayuntamiento en cumplimiento de la Ley de Costas. Además alertaban de la “peligrosidad existente en toda la zona debido a la confluencia del uso peatonal y rodado” proponiendo que las zonas de estacionamiento se establecieran fuera del dominio público marítimo terrestre. También denunciaban “la gran velocidad a la que pasaban los vehículos y el polvo que levantaban” así como la protección de la flora y de la fauna.

En 2013, el Partido Popular decidió cerrarlo al tráfico, y ahora el nuevo equipo de gobierno (PSOE, Ahora Rincón, PA e IU) ha planteado abrirlo, con modificaciones que inicialmente pasaban por un solo sentido o por la creación de bolsas en las zonas más espaciosas.

Ante esta posibilidad, se ha creado en la plataforma charge.org una recogida de firmas en las que han participado más de 700 vecinos en contra de su apertura. Paralelamente se ha constituido la Asociación para la Defensa de los Valores Naturales del Paseo Marítimo de Torre de Benagalbón a través de la cual pretende canalizar todas las reivindicaciones de los residentes en torno a esta infraestructura.

“Nuestra oposición es unánime de la hipotética nueva apertura del carril del paseo, por parte de las autoridades municipales del municipio, después de que el camino se convirtiera en peatonal, hemos sido miles de vecinos de Rincón y de todos los sitios los que por allí salimos a pasear a diario sin el grave riesgo de un atropello o simplemente de tener que ir esquivando vehículos y sin tener que tragar la polvareda que levantan todos esos vehículos”, explicó el presidente Antonio Trillo quien denunció que el pasado fin de semana han sido numerosos los vehículos que han entrado en el sendero a aparcar. “Esto ha sido circunstancial y nada ha tenido que ver con los informes que hemos encargado respecto a su apertura. Se ha roto los pivotes que impiden el acceso, los repusimos y se han vuelto a romper por lo que dimos parte a la Policía Local”, aclaró el edil de Desarrollo de la Economía Local, Pedro Fernández (IU) quien señaló que aunque han encargado los informes están “barajando otras opciones por la zona para favorecer la accesibilidad” tanto para la playa como para el chiringuito.

   

TACHERO SE ENCOMIENDA A SAN JUAN

Posted 10 julio, 2015 By cliff_carter

La Opinión de Tenerife. Patricia Ginovés 03.07.2015 | 02:20

El pueblo de Anaga es el único que Costas no reconoce como núcleo urbano – Los vecinos están preocupados y rezan al santo para reunirse con el alcalde y poder presentar un recurso

Tachero se ha convertido en el único pueblo de Anaga que no ha sido reconocido como núcleo urbano por la Dirección General de Costas. Pese a la indignación que ha causado dicha decisión entre sus habitantes, nada ha conseguido alterar la paz que se respira cada día en este pequeño pueblo escondido en el límite del Macizo. Sus vecinos no se rinden y solo 24 horas después de conocer la noticia, se pusieron en contacto con el Ayuntamiento de Santa Cruz para concertar una cita con el alcalde chicharrero José Manuel Bermúdez y poder conocer todos los detalles de la resolución emitida este martes por Costas. “Esto no ha hecho más que empezar”, aseguraron ayer los vecinos, quienes quieren saber cuáles son las opciones que tienen para mantener sus viviendas en pie.

Tachero es un núcleo de unas 20 casas que suelen ser utilizadas como segunda residencia. De este modo, el pueblo comienza a tomar vida estos días, cuando muchos inician sus vacaciones y, así, sus pequeñas calles se llenan ya de gente joven, muy diferente a la estampa que suele ofrecer a lo largo del año. La pequeña capilla dedicada a San Juan es el punto de encuentro de los escasos habitantes y a este santo se encomiendan ahora para que Costas cambie de opinión.

La historia de Tachero es bien larga. Lo que ahora son casas eran antes pequeñas bodegas en las que, más tarde, muchos de los actuales habitantes vivieron antes de que se construyeran sus actuales residencias. En aquellos primeros años, hace ya varios siglos, no había más que chozas de piedra con techos de junco y caña, de las que aún hoy quedan algunos vestigios. Fue en la década de los 70 del siglo pasado cuando los vecinos comenzaron a construir edificios de dos pisos de alto, que hoy conforman una estampa de viviendas blancas con puertas y ventanas verdes.

Domingo Suárez es uno de los vecinos de Taganana que, aunque no tiene casa en Tachero, se acerca muchos días para pasar largas horas en la playa junto a su familia. Sabe lo que han trabajado los habitantes de esta comunidad para lograr que Costas acepte las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento respecto a la protección de los núcleos costeros de Anaga y por eso, él también está dispuesto a seguir luchando para que Tachero no se quede sin su reconocimiento.

La alegría de María Pérez Negrín se tornó pronto en disgusto cuando comprendió que, si bien la mayoría de núcleos costeros de Anaga habían sido reconocidos como urbanos, su querido Tachero se quedaba fuera de la lista. “Pero yo llamé a mis amigos de Almáciga para felicitarles porque, aunque nosotros recibiéramos malas noticias, ellos tuvieron más suerte”, comentó Pérez ayer en la puerta de su casa, junto a la pequeña parroquia de San Juan.
Es precisamente por este templo por el que la anciana espera que el pueblo tenga suerte y, finalmente, se pueda salvar de la demolición. Fue su abuelo quien impulsó la construcción de este pequeño edificio. “A ver si, aunque sea por San Juan, no tiran nuestras casas”, dijo.

La anciana explica que hace ya ocho años que los vecinos se encuentran inmersos en el engorroso proceso de demostrar que sus casas fueron construidas antes de que entrara en vigor la Ley de Costas de 1988. Para ello, María Pérez, al igual que el resto de los habitantes de Tachero, han recopilado documentos que acreditan esta realidad, tanto fotografías como licencias de construcción y recibos del agua y de la luz.

Luis Carlos Jiménez es uno de los pocos habitantes de Tachero que permanece en el pequeño pueblo de Anaga durante todo el año. Conoció la decisión de Costas ayer por la mañana mientras desayunaba en un bar de Taganana y leía la prensa y durante todo el día se mostró enfadado. “No todos los pueblos de Anaga estamos contentos”, sentenció el vecino, quien se mostró molesto con las declaraciones realizadas por José Manuel Bermúdez después de que se hiciera pública la decisión de Costas y en las que “solo habla de los pueblos en los que todo salió bien”, comentó Jiménez.

Este vecino explicó que su casa fue levantada entre 1982 y 1983 aunque reconoció que después de eso realizó algunos trabajos pero “porque me gusta que mi casa luzca bien y por eso la he enfoscado y cambié las ventanas de madera por las de aluminio”, comentó.

Margarita Suárez también vive durante todo el año en Tachero y reconoció que está preocupada por lo que les pueda pasar a sus casas. Su vivienda fue construida en 1975 y, desde entonces, solo abandona el pequeño pueblo cuando el tiempo se pone realmente mal y pasa la noche en Taganana. “Aquí se vive muy bien y, aunque tengamos miedo por lo que le puede pasar a nuestras casas, mirando al mar se nos olvida”, comentó junto a la barandilla que separa la plaza de la playa.

   

MALAGA HOY. M. CORTÉS RINCÓN DE LA VICTORIA, RINCÓN DE LA VICTORIA | ACTUALIZADO 02.07.2015 – 05:01

El grupo municipal del PP anuncia que denunciará la medida ante la Demarcación de Costas

La intención del equipo de gobierno de Rincón de la Victoria de abrir al tráfico rodado el carril paralelo a la playa de Torre de Benagalbón no fue muy bien acogida por los vecinos. La medida, que está en estudio, pretende facilitar el aparcamiento a los chiriquintos de la zona, como pidieron los empresarios. El concejal de Desarrollo de la Economía Local, Pedro Fernández, defendió la propuesta al entender que “el verano es el momento de mayor tirón económico” para estos negocios y aseguró que las asociaciones consultadas durante la precampaña estaban conformes.

Sin embargo, los vecinos en tres días han recogido cerca de 500 firmas en Charge.org para que continúe cerrado al tráfico como estimó en 2013 el anterior equipo de gobierno del PP. “Los avances conseguidos se perderían, es increíble que se valore primar el interés de dos o tres personas al general”, comentó Antonio Trillo, impulsor de la propuesta quien defendió la “seguridad” que produce tanto a mayores como niños el hecho de que los vehículos no recorran el carril. “Quiero un paseo marítimo para pasear y no para esquivar coches”, continuó, recordando que “los chiriguitos no venderán más porque los coches lleguen a la orilla, sino por tener buenos productos, buen servicio y precio razonable”.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento, Francisco Salado, anunció que su formación denunciará ante la Demarcación de Costas la apertura al tráfico rodado del paseo de Torre de Benagalbón, que estaba abierto solo para el uso peatonal desde 2013. Salado aseguró que con esta apertura el equipo de gobierno inclumple la actual Ley de Costas, puesto que los vehículos invadirían el espacio marítimo terrestre de dominio público.

   

MALAGA HOY. RAQUEL GARRIDO MÁLAGA | ACTUALIZADO 02.07.2015 – 01:00

El conjunto de empresarios que adquirieron en septiembre las acciones de la sociedad Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen, entre los que se encuentran los ex concejales del PP Damián Caneda y José Luis Ramos, han plantado cara a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio al haber alegado contra el procedimiento abierto para extinguir la concesión, cuya propiedad fue transmitida de manera presuntamente irregular por los verdaderos concesionarios Vera y Acha.

Los nuevos propietarios presentaron sus alegaciones el lunes dentro del plazo de 15 días dado por la Junta de Andalucía. Así lo confirmó ayer a este periódico Caneda, quien criticó la “desproporcionalidad de la medida adoptada” al entender que “aunque a lo mejor pueden llevar razón en que no informamos antes de la operación, hay argumentaciones jurídicas y de sentido común para buscar una solución y que la concesión no se extinga”.

En cambio, la resolución de la Delegación territorial de Medio Ambiente en Málaga emitida el pasado mes justifica el paso adoptado en el incumplimiento del artículo 70.2 de la Ley de Costas, por el que se considera motivo suficiente para la extinción el hecho de que la operación de compraventa de las acciones de la sociedad Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen, que ascendió a un millón de euros, se produjo antes de haber sido notificada a la Administración regional.

En ese sentido, la resolución es clara y se ampara en que mientras la transmisión de las acciones se formalizó ante notario el 30 de septiembre del año pasado, la comunicación de esta operación a la Junta no se produjo hasta los días 14 y 15 de octubre siguientes. Según Caneda, “enviamos los datos de la operación a las distintas administraciones antes de que nos lo requirieran y lo hicimos por cortesía porque no sabíamos que teníamos que advertirlo”.

Pero la base legal que emplea la Junta para iniciar el procedimiento de extinción es la misma que ya en noviembre del año pasado hacía ver la Dirección General de Costas ante las reclamaciones del Gobierno andaluz para que impulsase el rescate de los baños. El proceso puede prolongarse durante unos 18 meses, si bien la vigencia de la actual concesión caduca en 2018. Los empresarios afectados advierten de que si la Junta sigue adelante con el procedimiento administrativo “terminaremos en los tribunales” y lamentó que no se valore el hecho de que en seis meses “hemos demostrado ser óptimos para explotar este entorno que ha pasado de ser un estercolero a una maravilla”.

   

Iagua

Agradece a Federico Ramos el trabajo realizado en unos años de mejora para el medio ambiente español

Detalla los avances logrados en materia de agua, cambio climático, evaluación ambiental, biodiversidad y protección del litoral

Anima a Pablo Saavedra y Raquel Orts a culminar las iniciativas de protección del medio ambiente tan necesarias para el bienestar de los españoles

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha destacado que “el medio ambiente es de todos y para todos, a todos nos concierne y a todos nos beneficia y, por lo tanto, todos debemos contribuir a su mejora”. Para ello, la ministra considera necesario el consenso y la participación, “que ha sido el modo de trabajar de estos años y el que seguiremos manteniendo”.

Isabel García Tejerina ha presidido en la sede del Ministerio, la toma de posesión del secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra Inaraja, y de la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Raquel Orts Nebot, en un acto al que han asistido los altos cargos del Departamento.

En su intervención, García Tejerina ha agradecido al anterior secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, el gran trabajo realizado durante su mandato,“unos años de mejora para el medio ambiente español y que han servido para demostrar que el medio ambiente tiene que hacerse siempre desde abajo”.

Así, la ministra ha detallado que en materia de agua se ha hecho un ingente trabajo que debe continuar, y gracias a ello “hoy nuestros ríos están más limpios, más ordenados y el agua llega a más gente y cubre más necesidades”.

Asimismo, la ministra ha afirmado que la lucha contra el cambio climático es una tarea de todos, como demuestra la última iniciativa presentada hace pocos días por el Ministerio para alcanzar un millón de compromisos por el clima.

En materia de evaluación ambiental “también se ha buscado una protección que sea eficaz y ágil, que cuide el medio ambiente y, al mismo tiempo, ofrezca las garantías jurídicas que un país desarrollado como España debe ofrecer”.

Al mismo tiempo, García Tejerina ha asegurado que la biodiversidad está hoy más protegida, se ha mejorado la gestión de los Parques Nacionales y se ha ampliado la superficie especialmente protegida.
Y en relación con la costa, la ministra ha destacado la modificación de la Ley de Costas, que va a contribuir a la protección del litoral y dar seguridad jurídica a los ciudadanos.

Por otra parte, García Tejerina ha agradecido a Pablo Saavedra y Raquel Orts que hayan aceptado sus responsabilidades, para formar parte de un Gobierno que seguirá trabajando “a velocidad de crucero” en beneficio de los españoles.

En este sentido, la ministra ha reconocido la eficiencia, capacidad de diálogo, rigor en la gestión y la templanza de Pablo Saavedra en su anterior etapa como director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Y de la misma manera, la ministra ha destacado el trabajo “absolutamente decisivo” de Raquel Orts para que los distintos proyectos en los que ha colaborado sean hoy una realidad. A ambos les ha animado a culminar las distintas iniciativas de protección del medio ambiente tan necesarias para el bienestar de los españoles.

   

El Día, S/C de Tenerife 1/jul/15 01:26

Igueste, Almáciga y Roque de las Bodegas quedan protegidos, pero Costas mantiene los 100 metros de dominio público en Tachero El alcalde anuncia que seguirán “batallando”.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, recibió ayer “con gran alegría” la respuesta de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar que ha aceptado las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento capitalino respecto a la protección de los núcleos costeros de Igueste de San Andrés, Almáciga y Roque de Las Bodegas. Para el alcalde “se trata de la mejor noticia que podíamos recibir en esta materia, la gente de nuestro litoral de Anaga ya puede dormir tranquila gracias al esfuerzo conjunto que hemos realizado desde el Ayuntamiento de Santa Cruz y empresas como Emmasa y Endesa, a quienes también tenemos que agradecerles su colaboración”.

En la resolución emitida por Costas se concluye que tanto Igueste de San Andrés, Almáciga como el Roque de las Bodegas presentaban, a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, los servicios urbanísticos y el grado de consolidación que les liberan de cumplir con la actual línea de servidumbre, por lo que ahora será modificada. El alcalde aseguró que el Consistorio capitalino “seguirá batallando administrativamente para que esta decisión se extienda al núcleo de Tachero, ya que consideramos que también cumple con las condiciones adecuadas para su legalización”. Precisamente es este último núcleo en el que la Dirección General de Costas mantiene su criterio y no modifica la anchura de la línea de servidumbre.

El alcalde sí quiso aprovechar para “agradecer el trabajo y el esfuerzo realizado por los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, y por el anterior concejal José Ángel Martín, quienes junto a los trabajadores de los servicios públicos municipales y las empresas Emmasa y Endesa han sido fundamentales para este reconocimiento de la legalidad en el litoral de Anaga”. José Manuel Bermúdez comunicó ayer esta resolución a las asociaciones de vecinos de la zona, así como a José Luis Langa, representante del colectivo de Afectados por la Ley de Costas.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, explicó: “Lógicamente tenemos que felicitarnos todos por este logro, sin olvidar que ahora tenemos un período de dos meses para presentar un recurso ante el caso de Tachero”. El edil aseguró que, “además de las conversaciones que ya hemos mantenido con la Dirección General de Costas, vamos a retomar el trabajo sobre la situación legal de Tachero para intentar salvaguardar este núcleo costero”.

   

julio 1, 2015
@abogadodelmar

ASUNTO: INFORME SOBRE EL ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DEL TALUD DE “BAJO LA CUESTA”, LAS CALETILLAS, T.M. DE CANDELARIA (TENERIFE), realizado por el Laboratorio ICINCO.

PETICIONARIO: ASOCIACIÓN DE VECINOS BAJO LA CUESTA RISCO LAS TABLAS.

TECNICO: JUAN JESÚS CABRERA OLIVA

El presente Informe tiene por objeto a petición de LA ASOCIACIÓN DE VECINOS BAJO LA CUESTA RISCO LAS TABLAS el verificar el soporte técnico en el cual se sustenta el ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DEL TALUD DE “BAJO LA CUESTA” realizado por el Laboratorio ICINCO por adjudicación el 15 de abril de 2015, para poder ratificar o refutar, en su caso, las conclusiones que de él dimanan.

Tras su análisis, este técnico entiende, que el citado ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO desde un punto de vista estadístico, genérico, teórico y académico es correcto, compartiendo muchos de los aspectos que allí se indican, siendo por tanto válido, como documento marco no finalista, en el proceso de análisis del TALUD de “BAJO LA CUESTA”.

1 ESTUDIO CABRERA, SL es una empresa de intermediación. Donde los técnico actuante por su designación asumen la responsabilidad de sus actos y opiniones eximiendo de cualquier responsabilidad sobre ella.

Si bien, convendremos, que para dar una opinión técnica unívoca sobre la situación fáctica del TALUD “BAJO LA CUESTA”, una vez definido el marco-genérico de actuación, se hace necesario realizar análisis pormenorizados del talud: toma de testigos de materiales, ensayos de Laboratorio, rotura de probetas, etc. cuestiones que no han sido abordadas en el ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO (sin entrar a valorar dicha falta de ensayos que entiendo que se infiere del propio Pliego de Condiciones)

Esto no quiere decir, y es necesario manifestarlo, que el ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉNICO realizado por ICINCO sea incorrecto sino que está realizado a una escala macro-estadística sin pruebas ni ensayos de Laboratorio contrastables, basado fundamentalmente en la Lex Artis de los firmantes, sin ponerla en duda, pero que estimo que es básico realizar análisis estadísticos SI pero en el número de toma de testigos y probetas en un determinado ámbito pero NO es válido usarlo en el resultado de los mismos, ya que para poder sacar conclusiones unívocas y certeras para un caso concreto es necesario caracterizar un suelo determinado, no valiendo simulaciones ni estudios genéricos de materiales análogos en situaciones diferentes a las que nos ocupa, habida cuenta de la casuística que se puede dar en los suelos de la Isla.

Ya en el fondo del asunto, dos son los análisis aportados por el ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO como soporte técnico para las conclusiones dadas: características geotécnicas basadas en programa RocLab distribuido por Rocscience y caracterización del macizo rocoso en base a la Clasificación Geomecánica de Bieniawski. Analicemos cada uno de ellos:

1. Características geotécnicas basadas en programa RocLab de Rocscience. Para poder determinar la posible rotura de un talud se puede realizar

siguiendo el criterio de Rotura de Mohr-Coulomb, siendo necesario para ello determinar los valores de cohesión y ángulo de rozamiento interno.

Pues bien, el programa RocLab distribuido por Rocscience, utilizado por el ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO, nos permite el cálculo de ambos parámetros (cohesión y rozamiento interno), en base a un cálculo estadístico con la introducción de los siguiente parámetros -sigi, mi, GSI y D- que son establecidos por medio de tablas y ábacos que incorpora el propio programa . Es decir, el ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTÉNICO ha obtenido los valores de cohesión y rozamiento interno de forma teórica-estadística y los ha traslado como discretos para nuestro Talud objeto de estudio.

Este técnico entiende que sería necesario analizar nuestro talud real (y no uno genérico) y para ello el propio programa RocLab distribuido por Rocscience establece que para poder obtener esos mismos datos (cohesión y rozamiento interno) de forma precisa, se puede realizar si se introducen los valores – sigi y mi- a partir de datos de laboratorio tras ensayos triaxiales de roca intacta y se incorporan éstos en lugar de los parámetros por defecto del programa (estos ensayos nos se han realizado). Cuestión ésta que hubiera hecho pasar, a nuestro entender, de una situación macro-teórica del ESTUDIO GEOTÉCNICO- GEOLÓGICO realizado por ICINCO a una situación real para nuestro Talud “Bajo la Cuesta” en concreto.

2. Caracterización del macizo rocoso en base Clasificación Geomecánica de Bieniawski.

El ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO realizado se basa en la clasificación realizada por Bieniawski y que para determinar la calidad de la roca se fundamente en el índice RMR en base a 6 parámetros:

 La resistencia a compresión simple del material
 El RQD (Rock Quality Designatios)
 El espaciamiento de las discontinuidades
 El estado de las discontinuidades
 La presencia de agua
 La orientación de las discontinuidades, según sea para cimentación,
túneles o taludes.

Pues bien, estos parámetros tienen que ser obtenidos mediante ensayos y pruebas para su determinación de forma concreta (si bien hay alguno que tiene cierto grado subjetividad en base a Lex Artis), por ejemplo es necesario realizar un ensayo a compresión simple de nuestro material (no realizado), es necesario cuantificar la presencia de agua en caudal (no realizado), hay que determinar el estado de las diaclasas (ensayo- medición no realizado)

También y en otro orden de cosas, establece EL ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO que la zona presenta riesgo de sismicidad de acuerdo con la aplicación del Real Decreto 637/07, de 18 de mayo, por el que se aprueba la norma de construcción sismoresistente: PUENTES (NCSP-07).

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 2 de la misma, dicha normativa no es de aplicación para el estudio de taludes.

CONCLUSIÓN

Tras el análisis del ESTUDIO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DEL TALUD DE “BAJO LA CUESTA” realizado por el Laboratorio ICINCO, este técnico concluye:

 El citado ESTUDIO GEOLÓGIGO-GEOTÉCNICO es correcto y es acorde con sus propias limitaciones, que se indican en el mismo (reconocimiento de materiales en campo y los resultados obtenidos de los distintos ensayos realizados y recopilados en materiales similares, p.21 del estudio) . Nos encontramos, por tanto, ante un ESTUDIO estadístico y teórico bien fundamentado desde ese prisma.
 Que como quiera que no se han realizado ensayos ni pruebas de laboratorio para nuestro caso concreto, este técnico que suscribe no puede definirse si el resultado y conclusiones dadas son acertadas o no, ya que es básico en cualquier documento científico el aportar datos objetivos para que pueda reproducirse los procedimientos realizados por un tercero, y se pueda ratificar o refutar los resultados allí expresados. Si nos basamos exclusivamente en la Lex Artis, por muy cualificada que sea, se hace imposible que otro técnico pueda definirse al respecto.
En Santa Cruz de Tenerife, a 26 de junio de 2015

Fdo.: Juan Jesús Cabrera Oliva

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos Arquitecto Ingeniero Industrial Ingeniero Mecánico

   

julio 1, 2015
@abogadodelmar

Bajo la Cuesta denuncia en la Fiscalía prevaricación y falsedad en documento. Los vecinos de Bajo la Cuesta denuncian ante la Fiscalía varios delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial presuntamente cometidos por autoridades y funcionarios en expedientes referidos a este barrio de Candelaria.

Señala a la Administración y a funcionarios por fijar el dominio público por la escollera de la central térmica, la pasividad de Costas en el replanteo y su negativa a entregar copia del informe geomorfológico.

En su denuncia, entienden que la supuesta prevaricación se aplicaría a hechos tales como “la fijación del dominio público natural por la escollera de la central térmica, la estudiada y decidida pasividad de la Dirección General de Costas en relación a las peticiones de replanteo del deslinde antiguo y en la revisión del nuevo, así como la negativa de la Jefatura de Costas Provincial a entregar copia del informe geomorfológico” elaborado antes del conocido actualmente.

Respecto a la falsedad en documento oficial, los denunciantes aluden a “la afirmación relativa a la inclinación del acantilado” para señalar la línea de deslinde marítimo terrestre, aspecto por el que Costas inició el expediente de demolición del barrio. La legislación establece que pertenecen al dominio público las paredes de los acantilados sensiblemente verticales, cuyo grado de inclinación es superior a 60 grados, siendo este el caso. En el estudio geomorfológico se señala que es inferior.

En la denuncia ante la Fiscalía, al abogado de los vecinos, José Ortega, le resulta “extraordinariamente escandaloso y muy revelador” que Costas determine que en Bajo la Cuesta el temporal alcanza, supuestamente, cotas de hasta 30 metros -y esto 20 metros tierra adentro-, mientras que “en la vecina y cercana central térmica el alcance de los temporales queda fijado en cotas de entre cinco y ocho metros justo en la escollera de protección (…) y, por supuesto, el deslinde no penetra al interior ni el menor espacio de las instalaciones fue incluido en el dominio público”.

Otro hecho sobre el que llama la atención es que el acantilado lo constituyen dos fincas catastrales inscritas en el Registro de la Propiedad siendo el propietario de una de esas dos parcelas Endesa, que también lo es de la central térmica. Ortega apunta a la Fiscalía que, “por tanto, de los hechos se desprende que la administración dictó una resolución injusta a sabiendas”.

Y sí, existe un estudio geomorfológico. Al menos es lo que trasladan a la Fiscalía los afectados, que no han podido acceder al mismo. Costas les hizo saber que se encontraba en la Jefatura Provincial, donde no les ha sido dado a conocer. Este estudio es definido como “documento interno” por la Subdelegación de Gobierno, según aparece en la denuncia.

En la narración de la historia de Bajo la Cuesta que trasladan a la Fiscalía, los afectados llaman la atención sobre el hecho de que el secretario del Ayuntamiento de Candelaria conoció la existencia del último decreto de desalojo “cuando se iba a firmar”, mientras que todo el procedimiento previo fue realizado por personal laboral y empresas externas. Eso, según el abogado, “denota una actividad puramente clandestina del entonces alcalde, José Gumersindo García Trujillo”.

El gobierno municipal anunció ayer que esta semana se hará la verificación, por parte de la Policía Local, de si se ha producido el desalojo. Cuando se constate que los vecinos se mantienen en sus casas, “habrá que elaborar un nuevo decreto solicitando el consentimiento de desalojo”. Asimismo, esta semana enviarán los escritos correspondientes al Cabildo y al Gobierno de Canarias y se solicitarán reuniones “en cuanto se conozca quiénes son los responsables en cada administración”.