
Fuente La Moncloa
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El ministro ha explicado que la reforma de la Ley de Costas se va a centrar en dos objetivos fundamentales: “mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa y compatibilizar la protección del espacio natural con actividades económicas”.
Miguel Arias Cañete ha avanzado que se está estudiando la posibilidad de aumentar el plazo de las concesiones aproximando en este ámbito la legislación de costas a las normas que regulan las concesiones de otros bienes de dominio público”. Además, el ministro ha explicado que se van a analizar “los requisitos para la realización de determinadas obras, necesarias para dotar de sentido y utilidad las ocupaciones, y para el mantenimiento y conservación del buen estado del litoral. También estamos analizando la posibilidad de transmisión de los derechos de ocupación”.
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A través de un amplio consenso parlamentario, el ministro ha explicado que lo que se quiere resolver es “la inquietud en los propietarios de viviendas y de los que poseen pequeñas parcelas en la costa, sin impacto negativo sobre el medio ambiente costero, cuyos plazos concesionales de 30 años empezarán a expirar a partir de 2018″.
El ministro ha recordado cómo esta polémica ha llevado al Parlamento Europeo a pedir en el informe AUKEN que se modifique, la Ley de Costas, “a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero”.
LEY DE COSTAS
El titular de Medio Ambiente detalló cómo, para la efectiva protección de las costas españolas, se llevará a cabo una “profunda” reforma de la normativa sobre protección del dominio público marítimo-terrestre, con el objetivo de compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo de actividades económicas no perjudiciales.
Indicó que la reforma de la Ley de Costas, que data de 1988, será un vehículo eficaz para lograr mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costa, para fomentar una adecuada ordenación de la actividad económica y para valorar económicamente aquellas zonas ya degradadas y sin valor medioambiental.
Según Arias Cañete, la reforma buscará también la protección de los sistemas litorales, la recuperación de las zonas degradadas, la lucha contra la erosión y la garantía y acceso público de las costas españolas.
Arias canete anuncia un nuevo plan hidrológico nacional y una “profunda” reforma de la ley de costas

El anuncio del Ministro Arias Cañete de una profunda reforma en la ley de costas ha despertado un debate social y en particular la reacción de los grupos ecologistas que temen una nueva colonización de las playas con cemento.
La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, pionera en la defensa colectiva frente a los abusos de la ley de costas y principal promotor de la reforma, no cuenta en su seno con constructores, promotores o especuladores, sino con ciudadanos de la clase media que se vieron sorprendidos cuando el gobierno dibujó una línea y les expropió unas viviendas plenamente legales y obtenidas con mucho ahorro y sacrificio. Por tanto, no respaldamos ni mucho menos pedimos una nueva oleada de cemento en la arena, sino la justicia a que las víctimas tienen derecho.
Hasta el último miembro de un colectivo ecologista elevaría su voz contra estos abusos si le hubiera tocado en fortuna poseer una casa en la costa y viera cómo de pronto se queda sin nada o incluso cómo el gobierno derriba esa casa y le obliga a abonar el importe del derribo. Éstos son los abusos contra los que estamos luchando desde nuestra fundación y las situaciones que queremos corregir por considerarlas incompatibles con la razón, la justicia y el derecho.
El reciente movimiento del Ministro trae cuenta principalmente de la declaración del pleno del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2009, que a instancias de la Plataforma afirmaba que España estaba aplicando la ley de costas de forma retroactiva, con arbitrariedad y sin indemnización suficiente, y que reclamaba de forma expresa su reforma. No fueron los constructores, los promotores ni los especuladores quienes redactaron esa propuesta, sino el grupo europeo de los verdes, que debería quedar libre de toda sospecha de los colectivos ecologistas españoles. Por tanto, no deseamos un enfrentamiento artificial con ellos y sí un debate social limpio, preciso y de altura.
La Plataforma confía en la buena voluntad y buen hacer del nuevo Gobierno y el nuevo Parlamento y espera que no nos encontremos ante una reforma legal hecha con la calculadora para estimar el incremento de la actividad económica que puede producirse en las playas como aliviadero de la crisis. Desde el inicio hemos planteado a la sociedad un problema humano y moral especialmente grave y en consecuencia reclamamos una reforma que resuelva ese problema a satisfacción.
PNALC
La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas ha recibido con satisfacción el anuncio del Ministro Arias Cañete de una próxima reforma en profundidad de dicha ley de costas y pide que la reforma sirva para resolver la situación de las víctimas y no para promover la ocupación del litoral con nuevas obras y construcciones.
La Plataforma reclama que esta reforma se haga con su participación y colaboración, teniendo en cuenta no sólo su representatividad entre los afectados, sino también su solvencia técnica y su curriculum al ser autora entre otras cosas del único proyecto existente de reforma de la ley de costas. Este proyecto fue elaborado poco después de la resolución del pleno del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 2009 que reclamaba a España una reforma de la ley y se presentó ante los medios de comunicación y se distribuyó entre los partidos en mayo de ese mismo año. De hecho, aquella resolución del Parlamento Europeo fue la respuesta a la denuncia presentada por la Plataforma ante ese organismo en 1 de febrero de 2008, acompañando a un extenso informe sobre aplicación abusiva, arbitraria y retroactiva de la ley de costas.
La Plataforma también redactó una importante enmienda a la ley de navegación marítima, con la que el gobierno socialista intentó en diciembre de 2008 reformar la disposición transitoria primera de la ley de costas. El objeto de la enmienda era ampliar los casos en los que cabe otorgar la concesión por privación de la propiedad y se elaboró a fin de salvar del derribo multitud de poblados litorales tradicionales, en especial en Canarias y Galicia. La enmienda fue presentada en el Congreso por Coalición Canaria.
Finalmente, la Plataforma jugó un papel activo en la reforma de la disposición transitoria segunda de la ley de costas aprobada por el Senado el pasado mes de febrero, ya que ayudó a su redacción a solicitud del Partido Popular.
La Plataforma considera que esta iniciativa del Ministro es la culminación de un proceso de lucha tranquila, explicada y razonada de la sociedad frente al Estado y felicita a todos aquellos que han tenido el coraje de seguir luchando durante todos estos años tan difíciles.
Jose Ortega

Fuente :- El Pais Rafael Mendez
Medio Ambiente justifica que quiere “poner en valor” el litoral y dar “seguridad jurídica”
El ministerio estudia alargar las concesiones y autorizar nuevos usos en primera línea
El Gobierno prepara una “simplificación de la normativa ambiental” para agilizar trámites
La actual Ley de Costas, vigente desde 1988 sin apenas modificaciones, tiene los días contados. La norma, que delimita el uso público del litoral, sufrirá una “reforma muy profunda” para “poner en valor” el litoral, según ha anunciado el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en su primera comparecencia sobre medio ambiente. Lo ha hecho en la toma de posesión de altos cargos del departamento y su discurso destilaba una idea: que el medio ambiente no puede frenar el desarrollo económico. En esa línea ha anunciado que “simplificará trámites ambientales” y potenciará el turismo en parques nacionales.
En la oposición, el PP ya votó en el Congreso y el Senado para suavizar la Ley de Costas y Rajoy sentenció hace un año: “Nos gustan los chiringuitos”, que se habían convertido en un símbolo de la utilización política de la ley. La idea del ministerio es estudiar cómo alargar concesiones y autorizar nuevos usos en la costa, aunque el departamento insiste en que es pronto para conocer cómo quedará la ley.
Personalidades relevantes del PP como Pío García Escudero, Jaime Mayor Oreja y José Manuel García-Margallo habían mantenido la pasada legislatura reuniones con los afectados por los deslindes y las expropiaciones de la Ley de Costas y FAES, la fundación del PP, estaba preparando documentación sobre cómo se debería reformar.
Aunque el programa electoral del PP no citaba una modificación de la ley, Cañete ha anunciado hoy una reforma legal a fondo para “poner en valor el litoral” para “armonizar el desarrollo económico con la decida protección de los recursos naturales”.
Fuentes del departamento explican que la norma ha creado un grave problema de inseguridad jurídica, que se trata de una ley muy compleja con aplicaciones distintas según el sitio. Además, hay presiones de países como Reino Unido o Alemania y quejas de eurodiputados extranjeros porque hay miles de extranjeros afectados.
La norma, que el Ejecutivo de Aznar no tocó, fija el uso público de toda la playa, pero no establece una distancia concreta sino que usa conceptos geográficos. Así, son de dominio público “las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas, gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, tengan o no vegetación” y hasta donde hayan llegado los mayores temporales conocidos.
Sin embargo, el trámite para trazar la línea de la zona pública, el deslinde, aún no ha concluido. Según los afectados, eso y la falta de control han hecho que mucha gente comprara su casa sin que ni el notario ni el banco les advirtiera de que estaba en dominio público y que como mucho podían tener una concesión de uso para 30 años, pero no una propiedad, por lo que tampoco pueden vender. Los ecologistas sostienen que cualquiera que se hubiera informado ya sabía que había una Ley de Costas y con preguntar se habría evitado problemas.
En lugar de reformar la ley, el PP podía haber optado por suavizar la aplicación. Un cambio legal es extremadamente complejo porque en los más de 20 años desde la aprobación ha habido expropiaciones y derribos de cientos de propiedades, y sus dueños ahora podrían pedir compensaciones al Estado.
El Gobierno socialista ya intentó un pequeño cambio legal a través de la Ley de Navegación Marítima pero encalló en el Congreso. Ahora, con este cambio, lo previsible es que se alarguen las concesiones de uso, ya que miles de ellas caducan en 2018, algo que sería “dramático”, según el equipo de Arias Cañete. Además, estudiarán si se autorizan nuevos usos en el litoral, actualmente limitado a pequeños chiringuitos desmontables.
Además, Arias Cañete ha anunciado una “simplificación de la normativa ambiental” para “agilizar trámites” y que no se frene la inversión. El ministerio tiene un atasco en las declaraciones de impacto ambiental que a veces duran años.
En la línea de reducir las trabas ambientales, Arias Cañete también ha anunciado que quiere potenciar “las actividades turísticas en los parques nacionales”.
Como sus predecesores, el ministro ha anunciado su intención de alcanzar un “pacto nacional” del agua. El anhelado pacto puede ahora ser más viable puesto que el PP también gobierna en Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Aragón y la Comunidad Valenciana, regiones clave para solucionar el déficit hídrico del Levante.

fuente
Publicado por Noticias de Lanzarote en
Por tercera vez consecutiva, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado una resolución de la Jefatura Provincial de Costas de Las Palmas aplicando una sanción y ordenando el desmontaje de determinadas instalaciones del restaurante Mar Azul en El Golfo.
La Jefatura Provincial de Costas pretendía la total retirada de la terraza del restaurante. Se da la circunstancia de que estas terrazas son justamente lo que da vida a El Golfo porque allí acuden los usuarios para cenar a media tarde mientras contemplan la puesta de sol. Sin esas instalaciones, la vida económica de la localidad quedaría totalmente arruinada.
Lo mismo que en sentencias anteriores similares, dictadas en los casos de los restaurantes Bogavante y Casa Plácido, la sentencia declara la nulidad de la orden por haberse causado indefensión, ya que la Jefatura Provincial de Costas no sólo no accedió a practicar la prueba pedida por el abogado de los propietarios del restaurante, sino que ni siquiera contestó a la petición. El abogado, José Ortega, considera que de esta manera la Administración ha sido víctima de su propia arrogancia.
Los afectados de El Golfo son miembros fundadores de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que fue creada por José Ortega en 2008 y que es responsable de la movilización de las instituciones europeas a favor de las víctimas de esta ley, y particularmente de la resolución del pleno del Parlamento Europeo de 26 de marzo de 1009 declarando que España está aplicando la ley de costas de manera arbitraria y retroactiva y expropiando bienes con indemnización insuficiente.
José Ortega
Abogado
http://www.cronicasdelanzarote.es
fuente Periodico Mediterraneo
YOLANDA CLARES 01/12/2011
La lucha para evitar los derribos de viviendas en la costa de la provincia ya ha llegado a Europa y ha obtenido sus frutos. Y es que el Parlamento Europeo aconsejará al Gobierno central que modifique la ley de Costas del año 1988. Así se lo hizo saber la presidenta de la Comisión de Peticiones, Erminia Mazzoni, a los diputados Vicent Sales y Mario García, quienes le entregaron ayer en Bruselas las más de 15.000 firmas recogidas por la Plataforma en Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense con las que se reclama la modificación de la actual normativa estatal. Leer el resto de esta entrada »
Hoy he estado en Jacomar, en lo más recóndito de Fuerteventura. Para llegar allí hay que tragar polvo a manta por una pista imposible y después caminar ochocientos metros por arrecifes resbaladizos. En un recodo del camino descubres el antiguo refugio pesquero, con sus casas de piedra bien alineadas y sus tejados rojizos, y lo primero que piensas es que estás ante un nuevo milagro en el que unas familias se han animado a humanizar un paisaje inhóspito.
Estoy defendiendo este poblado de la destrucción desde 2007 pero no lo había visto hasta hoy. Los tribunales me han dicho que no a todo y los ingenieros de Costas se movilizaron hace poco para proceder al derribo y de esta manera cumplir con su objetivo, consciente o inconsciente, de dinamitar un foco de civilización, borrar todo rastro del género humano, mandar a los niños de vuelta a la play station y exterminar la convivencia franca, sana y espontánea. La decisión del Estado es que aquí sólo queden las olas y las piedras, y de alguna manera insisten en que esto es conforme con los intereses generales.
No sólo pretenden echar a estas personas. Quieren también que paguen los costes del derribo. Llevo mucho tiempo discutiendo con los funcionarios, las autoridades, el abogado del Estado y los jueces para convencerlos de que la medida es ilegal por el motivo fantásticamente simple de que no hay un sólo precepto en el ordenamiento jurídico que así lo diga, es decir que condene a estas personas a pagar el importe de la demolición (que incluye la limpieza post mortem del lugar y el traslado a vertedero autorizado). Los funcionarios, las autoridades, el abogado del Estado y los jueces me contestan que no tengo razón, pero no me dicen por qué. No aportan ni un sólo argumento que merezca ese nombre, y sobre todo no me citan ningún precepto. En los últimos tiempos, algunos magistrados de Canarias, acorralados por unas demandas judiciales en las que los desafío a que me citen el articulo en cuestión, creen haber encontrado alivio en el articulo 95 de la ley de costas y me dicen que ese precepto es el que legitima la condena a los costes del derribo. Esto me resulta especialmente divertido, porque el articulo 95 se refiere a los expediente sancionadores y la recuperación posesoria no es un expediente sancionador. Por lo demás, un principio general del derecho prohíbe la interpretación analógica o extensiva de normas restrictivas de derechos individuales, que es justamente lo que han hecho esos magistrados. Por lo tanto, el argumento, repetido en bastantes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, no es más que el reconocimiento de que no tienen razón. O de que la tengo yo.
Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas:- Actividades que la PNALC ha llevado a cabo a lo largo de este año 2011
1º) Febrero de 2011. Aprobación por el Senado de una modificación de la Ley de Costas.
A propuesta de la asociación de Arenales del Sol, que había sido invitada a ir a Madrid por parte de Mercedes Alonso (entonces dirigente del PP en Elche) para asistir, en el Senado a una propuesta de reforma de la Ley de Costas presentada por el PP, varios miembros de la Plataforma Nacional se reunieron con miembros de este partido en su sede en Madrid, para ser informados de dicha propuesta.
De las conversaciones se observó que en el mismo día se presentaba otra propuesta por parte de CiU de modificación de la Ley de Costas. Se logró que ambos partidos se apoyasen mutuamente en sus propuestas por lo que ambas fueron finalmente aprobadas.
Estas propuestas a falta de su aprobación por el Congreso de los Diputados (no dio tiempo a presentarlas en los meses siguientes) introducen una importante modificación en la ley de Costas puesto que permite excluir de su aplicación a los núcleos urbanos consolidados.
2º) Marzo de 2011. Reunión con el director general de Costas en Madrid.
Miembros de la asociación de Arenales del Sol mantuvieron una entrevista en Madrid con el Sr. Pedro Antonio de los Rios y el subdirector de Costas, Sr. Cordero, para iniciar un diálogo acerca de las vías de solución para los casos de afectados que se encuentran en la PNALC. El director general mostró su disposición encontrar soluciones negociadas y pidió que se le presentaran caso por caso(lo que se hizo por parte de la dirección de la PNALC en una posterior entrevista en Junio de este año -ver mas adelante).
Además allí se les pidió explicaciones del porqué Costas se oponía a la modificación para los afectados por la ley de costas del tratamiento de las concesiones que se había aprobado recientemente para la ley de puertos. La contestación del Sr. Cordero es que desde Costas no había oposición a dicha modificación (sic). Este tema queda pues pendiente de nuevas reuniones.
3º) Abril de 2011. Jornadas de debate acerca de la Ley de Costas.
La PNALC organizó (y financió parcialmente) unas jornadas de debate sobre la Ley de Costas de 1988, en particular de como esta ley y su aplicación en muchos casos con carácter retroactivo, estaba afectando negativamente a los derechos de propiedad legítimos de miles de ciudadanos españoles y europeos. En las jornadas, celebradas en la ciudad de Valencia se presentaron diversas ponencias de expertos en Costas tanto desde el punto de vista jurídico como medio ambiental y geográfico.
Además LOS ASOCIADOS de la PNALC tuvieron oportunidad de presentar un resumen de sus casos frente a los asistentes y medios de comunicación presentes. Las jornadas fueron un verdadero éxito contando como se ha indicado con la presencia de diversos políticos y medios de comunicación. Estas ponencias pueden consultarse por los asociados de la PNALC en la página de la misma.
Link: 4b TEXTO y DISPOSITIVAS Casos de la Plataforma PNALC
Link: 4a VIDEO Casos de la Plataforma PNALC
4º) Mayo de 2011. Asistencia al Comité de peticiones del Parlamento Europeo.
Miembros de la dirección de la Plataforma Nacional asistieron a la reunión que el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo celebró en mayo de este año para tratar de nuevo los casos de afectados por la Ley de Costas española de 1988. Aunque se expusieron nuestras posiciones en un tiempo muy escaso se logró que el parlamento Europeo mantenga abierto este caso contra el Gobierno español y se contactó a diversos europarlamentarios para mantenerlos informados y lograr su apoyo en este tema.
5º) Junio de 2011. Reunión en Madrid con el director de Costas.
El Presidente de la Plataforma Nacional y el Secretario se reunieron con el director general de Costas para presentarle un informe detallado de las soluciones que la PNALC ha estudiado y sugiere para cada uno de los casos de los asociados. Este informe fue recibido con interés por el director de costas afirmando que por primera vez se proponían soluciones factibles para los casos individuales. Entendemos que esta es una estrategia adecuada y complementaria respecto de la petición de modificación de la Ley.
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6º) Noviembre de 2011. Reunión con la alcaldesa de Elche y senadores del PP.
La Asociación de Arenales del Sol se reunió con la alcaldesa actual de Elche, Mercedes Alonso y diversos candidatos a diputados para el Congreso de Diputados, para tratar de este caso y presentarle propuestas de actuación con la PNALC a partir del nuevo curso político.
7º) Noviembre de 2011. Asamblea de la PNALC.
Se han acordado diversas acciones para los próximos meses que, confiamos, permitan solucionar los casos de los afectados por la ley de costas que se encuentran en la PNALC.
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Tenemos buenas expectativas pero necesitamos seguir insistiendo y luchando por nuestros derechos. Participa y colabora.
Alfredo Masó
Tesorero de la PNALC.
Presidente de la Asociación de Arenales del Sol
Miembro fundador de la PNALC
Alicante a 23 de Noviembre de 2011.

Fuente :- Costas Maritimas
El reglamento de costas fue redactado en un momento de euforia de los ingenieros. Los socialistas acababan de colar en las Cortes una ley de costas nueva y absolutamente revolucionaria y los capitanes de la casa se creyeron los dueños de España, su derecho y sus habitantes. Fueron estos capitanes, es decir, los ingenieros de caminos, los que redactaron el reglamento de costas. El hecho de que me una una saludable amistad y un probado respeto con uno de esos redactores, Paco Montoya, no impide la critica que viene ahora, que es igualmente respetuosa.
Para entender el por qué de las cosas suele ser precisa algo de historia. En este caso, conviene conocer la práctica histórica de la Administración a la hora de tramitar un deslinde. O, mejor, la profunda diferencia entre su modo de proceder antes y después del 28 de abril de 1998.
Antes de esa fecha, los ingenieros vivían felices y comían perdices. Un día subían de almorzar y decían “voy a dibujar una línea de dominio público”. Y con las mismas, como dicen en Cartagena, la trazaban por donde buenamente (o malamente) les parecía. Ni se les pasaba por su recta cabeza justificar por qué iba por ahí y no por allí. Era un modo de proceder cuartelero en el que no cabía sino bajar la cabeza.
Ese mundo feliz concluyó aquel 28 de abril. A partir de entonces no tuvieron más remedio aquellos ingenieros que entender que la vida no era como creían y se vieron obligados a reparar en la existencia de ciudadanos y de derechos y por tanto a salir de su autismo. En resumen: Que se tuvieron que poner a justificar por qué hacían las cosas. Que esas justificaciones estén amañadas y no sean serias es otro tema y además tampoco es noticia. La cosa es que al partir de aquella fecha todo cambió y dejadme que reconozca mi responsabilidad, puesto que fue un servidor quien consiguió aquella sentencia histórica en la que la Audiencia Nacional le preguntaba s los ingenieros que qué se habían creído y les advertía que no podían aprobar una delimitación sin previo estudio ni justificación.
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La Infraestructura de Datos Espaciales del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, IDE marm, integra los datos, metadatos, servicios e información de tipo geográfico competencia del Ministerio, conforme a las especificaciones del Open Geospatial Consortium (OGC). Alineándose con los objetivos de la directiva Europea (INSPIRE) y de la Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE).
Estos servicios de carácter público garantizan la interoperabilidad de la información geográfica del ministerio, su inclusión efectiva en la IDEE y dan cumplimiento a lo establecido en la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo del Consejo denominada INSPIRE y a la Ley sobre las infraestructuras y los servicios de información geográfica en España (14/2010 de 5 de julio), denominada LISIGE.
Servicios WMS de Costas
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EUGENIA PAIZ | TAZACORTE
Los propietarios de las 260 casas sobre las que pesan el mismo número de órdenes de derribo en la playa de La Bombilla, en Tazacorte, se agarran desde este lunes a la última esperanza para evitar la pérdida de sus hogares: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha admitido el estudio del recurso presentado por el abogado de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas.
El abogado José Ortega argumenta “la injusta y vergonzosa interpretación que hace la Audiencia Nacional de la Ley, reconociendo que el proyecto que Costas prevé hacer en La Bombilla pasa por la ribera del mar, lo que está prohibido taxativamente. Pese a todo, justifica su ejecución en el beneplácito con el que cuenta el proyecto por parte del Ayuntamiento, pese a que ni siquiera lo recoge en su Plan de Ordenación”.
Ortega, como los vecinos, entiende que “esta es una burla al Estado de Derecho y la consagración de la inseguridad jurídica en la que nos podríamos encontrar, dado que la Ley es igual para todos. No se puede ejecutar un paseo marítimo, tal y como quieren hacer, en una zona prohibida para tal fin”.
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Hay dos maneras de presentar una petición:
* por correo postal o
* por vía electrónica (formulario electrónico).
En cualquier caso, incluya en su petición toda la información pertinente y evite los detalles superfluos. Escríbala de forma clara y legible; añádale un resumen si lo cree conveniente.
Por correo postal:
Si desea usted presentar directamente una petición por escrito, en papel, no es necesario que rellene ningún formulario ni que siga un modelo determinado para redactarla.
No obstante, su petición debe reunir estas condiciones:
* deben constar en ella su nombre y apellidos, su nacionalidad y su domicilio (en el caso de una petición colectiva, el nombre, la nacionalidad y el domicilio de la persona que la presente o del primer firmante, por lo menos), y
* debe estar firmada.
Su petición puede incluir anexos, en particular copias de los documentos justificativos de que usted disponga.
La petición debe enviarse a:
European Parliament
The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS
Por vía electrónica (formulario en línea)
Si desea usted presentar una petición por vía electrónica:
* lea la información y las explicaciones que se ofrecen en línea en la sección de Peticiones del sitio Internet del Parlamento Europeo,
* rellene el formulario electrónico y acto seguido clique en «Enviar».
Cuando haya enviado su petición por vía electrónica deberá usted recibir un acuse de recibo por la misma vía.
La petición será transmitida seguidamente a la Comisión de Peticiones, competente para tramitar el procedimiento y formular las recomendaciones y conclusiones correspondientes. Las peticiones que hayan sido transmitidas a dicha comisión, pero en las que se emplee un lenguaje ofensivo o cuyo contenido no sea pertinente no serán examinadas por la Comisión de Peticiones ni recibirán respuesta.
Para toda la correspondencia posterior sobre el curso dado a su petición, la Comisión de Peticiones utilizará el correo postal.
Si desea adjuntar información adicional o documentos justificativos a su petición, tenga la bondad de enviarlos por correo postal, mencionando el número de la petición, a:
European Parliament
Committee on Petitions
The Secretariat
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS
La Comisión de Peticiones está integrada por 34 miembros y presidida por un presidente y cuatro vicepresidentes.
I Antecedentes
Se que es pesado insistir en este tipo de temas que tan solo interesa o bien a los propietarios afectados o bien a las personas preocupadas por el medio ambiente. Sin embargo este tema trasciende en mi opinión esos intereses particulares y plantea un tema de fondo más complejo. Este tema es el del respeto a los derechos de propiedad legalmente obtenidos, la capacidad de los Gobiernos por modificarlos y la confianza de los ciudadanos nacionales y extranjeros en que sus derechos se respetarán, y por tanto en que sus inversiones en el país son fiables.
Con la Ley de Costas actual el resultado ha sido exactamente el opuesto a lo deseable. El Gobierno ha actuado sin respeto a los derechos de propiedad de los ciudadanos en base a un supuesto “buen fin” que justificaba el expoliar sus propiedades, esto es convertirlas en dominio público sin una compensación económica adecuada. Para entendernos, sin comprarlas.
El caso de Arenales del Sol está considerado como un caso clave en estos temas no solo por la magnitud de propiedades y personas afectadas (unas 800 propiedades), sino por las características del propio caso. Brevemente. Con arreglo a la Ley de Costas de 1969 esos terrenos no fueron considerados como dominio público y el estado en 1974 realizó un deslinde que los dejaba fuera de dicho dominio público. En base a que eran terrenos privados, fueron incluidos como terrenos urbanos en el plan de ordenación de Elche, se construyó y fueron vendidos con todos los parabienes y salvaguardas del Estado. Los que adquirieron esas propiedades no es que compraran de buena fe y fueran engañados, sino que compraron con las garantías de todas las administraciones del Estado. La cuestión clave es que si esas propiedades eran legales,¿como es que pasaron en 1997 a ser consideradas como ilegales tras el deslinde que se hizo ese año?. La razón de la sinrazón que diría Cervantes, está en que en 1988 se publica una nueva Ley de Costas que modifica el concepto de dominio público marítimo terrestre (ampliándolo) y aplica ese nuevo concepto con carácter retroactivo sobre terrenos y propiedades que ya habían sido deslindados. Este es el punto clave en mi opinión. ¿Puede un Estado hacer esto sin que se compense adecuadamente a los ciudadanos que confiaron en él?. Si en esa Ley se hubiera impuesto la obligación de añadir una memoria económica a cada caso que se iniciara con arreglo a la misma no se habría llegado a esta situación. Leer el resto de esta entrada »
El pasado miércoles el Presidente de la Plataforma y yo mantuvimos una extensa reunión de trabajo con el Director General de Costas para tratar los casos de la Plataforma y buscar posibles soluciones. La reunión, que duró tres horas, se desarrolló en un clima muy positivo y con una muy buena disposición por parte del Director General para dar respuesta a las cuestiones planteadas. Para ello, le propusimos una solución individualizada para cada caso incluyendo un cauce administrativo válido, lo que no siempre es fácil, tomó extensas notas de casos y propuestas y valoró especialmente el realismo de las fórmulas de solución que le proporcionamos para cada caso. Desde el despacho vamos a hacer todo lo posible para avanzar en los procesos de solución firmando los protocolos y convenios que en su caso sean precisos para dejar fijadas las diversas soluciones incluso después de que D. Pedro Antonio Ríos, actual titular, abandone el cargo.
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José Ortega Ortega
EU Property – Rights And Wrongs [SEMINAR] [Full Video] [EN]
EU Property – Rights And Wrongs [SEMINAR] [Video Summary] [EN]
When Tuesday 14 May 2011
Where Brussels.
The European Parliament has encountered a growing number of problems from European citizens who have purchased property across member state borders.
The failure to protect property rights across the European Union has consequences for the internal market, legal affairs and the fundamental right to property.
Using the experiences of academics, practitioners and citizens affected by flaws in the protection of property rights, the seminar will address the current state of affairs, and look at some practical steps, which might form the basis for future European solutions.
European Property Rights and Wrongs; the role of the EU in protecting the right to property DRAFT
ALDE seminar hosted by Diana Wallis MEP Vice President of the European Parliament and Ramon Tremosa MEP
Speakers:
Introduction by Diana Wallis MEP ALDE:
Citizens of the EU have embraced the freedoms to move and settle and own property in other countries, enriching economies and cultures, has the EU supported this freedom with protection ? How can we work together to ensure citizens are informed and protected in purchasing property, embracing the opportunities of a true EU citizen and bringing closer ties between all EU nations ?
There are high profile cases which highlight some of the pitfalls that can be encountered when purchasing property cross-border, our intention is place these cases in the wider context of the aims of the EU market and economy and goals for legal and consumer regulation.
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El TSJ de Canarias acaba de dictar una sentencia por la que anula el derribo del restaurante EL BOGAVANTE, en la playa del Golfo.
En julio de 2006 quedó aprobado el deslinde de la playa del Golfo, que levantó bastante revuelo entre los vecinos ante el temor de que una parte importante del poblado fuera derribada. Casi todos los políticos de la isla dieron un paso adelante para resolver el problema: La Presidenta del Cabildo, el consejero del Cabildo Carlos Espino, el Consejero del Gobierno de Canarias Domingo Berriel y por supuesto el alcalde de Yaiza.
El Golfo vive de sus restaurantes, a los que acuden turistas y viajeros para cenar a media tarde mientras contemplan la puesta de sol. De forma inusual, nada más aprobarse el deslinde, la Jefatura Provincial de Costas de Las Palmas dirigió contra estos restaurantes una serie de expedientes sancionadores por la ocupación del dominio público o la servidumbre de tránsito, con orden de retirada de las terrazas. Esto era ni más ni menos que provocar desempleo, cierre de empresas y el hundimiento de la economía local.
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Desde el comienzo de mi andadura como eurodiputada he recibido infinidad de mensajes de ciudadanos británicos solicitando apoyo en su lucha por el respeto de sus derechos de propiedad en España.
Al escuchar los dramas por los que muchos están atravesando, me he sentido obligada a hacer algo por ellos y así descubrí que el tema afectaba no sólo a británicos sino también a ciudadanos de otras nacionalidades, incluídos los españoles.
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PE Comisión de Peticiones (PETI)
BRUSSELS 24 mayo 2011 mitin completo
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Ley de Costas part 1 of 3 peticionarios-p
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Ley de Costas part 2 of 3 comision y eurodiputados
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Ley de Costas part 3 of 3 mas peticionarios
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La Plataforma Nacional de Afectados por la ley de costas ha intervenido hoy ante la comision de peticiones del Parlamento Europeo para defender la queja 174/2008, por abusos de la ley de costas en España, presentada en febrero de 2008.
El portavoz de la Plataforma ha reconocido las esperanzas despertadas por el nuevo director general, Pedro Antonio Rios, aunque advirtiendo que está esperando su transformacion en hechos. Tambien ha informado de que se sigue produciendo el fenomeno de que los ciudadanos de pronto se transforman en ladrones a ojos del gobierno, y en consecuencia en vez de indeminzarlos por la perdida de sus viviendas, éstas les son derribadas y se los obliga a abonar los costos del derribo.
En el acto tambien han participado otros peticionarios individuales.
El debate ha girado en torno a las dudas sobre la competencia del Parlamento Europeo para estudiar la cuestion de la ley de costas de España. El portavoz de la Plataforma, Jose Ortega, ha evocado al respecto el punto de vista de los europarlamentarios britanicos en un debate anterior, cuando recordaron que la camara no es un tribunal de justicia apropiado para citar leyes y reglamentos y que su cometido es la defensa de los ciudadanos.
La comision de peticiones esta estudiando la posibilidad de abordar el problema desde el punto de vista de una agresion al derecho a la libre circulacion de capitales en la UE.
Contacto: Jose Ortega
Portavoz de la Plataforma
Tf 961471097 629511225
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Comentarios:-
La Comisión de Peticiones vuelve a analizar la aplicación de la Ley de Costas española —COMISION de PETICIONES
Lo Siento, Pero La Comision De Peticiones No Se Aclara —JOSE ORTEGA
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Ver 17 “Derechos de Propiedad” Ley de Costas Hora 9:30 a 11:30