http://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2016/01/20/xunta-fija-nuevo-fondeo-nautico/1033620.html

Portos solicitó en 2013 la ampliación de la lámina de agua de Lorbé en 74.568 metros cuadrados pero Costas lo vio injustificado y ahora se limita a pedir 47.574

2016|01|20 Marta Villar A Coruña

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Plano de distribución de usos en el puerto de Lorbé y previsión del nuevo fondeo junto al actual

 

El Gobierno gallego parece que por fin tiene intención de dar al puerto de Lorbé el tratamiento que merece y necesita para desarrollar todo su potencial después de años de abandono en favor de otras dársenas: acaba de redactar la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios, un documento previo a la elaboración de un plan especial que será el que ordene todo el espacio portuario. Este plan de usos, desde hoy en exposición pública, recoge la ampliación de la actual lámina de agua en 47.574 metros cuadrados (la petición inicial de 74.568 fue descartada), y la delimitación de un segundo polígono de fondeo (el actual es para embarcaciones pesqueras) que se destinará a embarcaciones náutico-deportivas.
Esta buena noticia se une a otra que le confirmó ayer el presidente de la Xunta al alcalde en un encuentro mantenido en Santiago: el Ejecutivo autonómico iniciará “este año” la ejecución de los “accesos” al puerto de Lorbé, que ahora tiene una carretera de cuarta categoría, pero sin especifi-car si esos accesos incluyen la conexión con la vía ártabra aún pendiente. En el plan de usos ahora en exposición se menciona que hay acceso al puerto desde la ártabra, aunque realmente aún no está la nueva conexión.
En este plan de usos elaborado por Portos de Galicia se asegura que el objetivo es “potenciar el desarrollo del sector náutico-deportivo” y para “fortalecer” el desarrollo y competitividad del pósito, por eso es necesario ordenar una superficie en el mar y en tierra para instalaciones auxiliares. Aunque se expresa la apuesta de Portos por la náutica en Lorbé, después apenas se mencionan datos sobre este uso: solo en una página del documento se habla de que la “disposición de los pantalanes flotantes” reflejada en los planos podrá variar, pero en dichos planos aparece el dibujo de lo parecen ser las dos zonas de fondeo y una de ellas sería la de náutica, aunque no se espe-cifica.
Para el uso náutico son necesarias también instalaciones en tierra, pero al respecto solo se men-ciona que en las parcelas para depositar embarcaciones pesqueras en seco, se pueden colocar también las deportivas, pero solo si no necesitan el espacio los de la flota pesquera y si no interfie-ren con ella.
Portos inició la tramitación de la ampliación de la lámina de agua en 2008, y desde entonces, ocho años, según figura en el documento, se ha retrasado por falta de documentación y justificaciones que Demarcación de Costas le ha ido reclamando. En ese año 2008 la Xunta sacó el Plan Director das Instalacións Náutico Deportivas de Galicia, en el que se planteaba la instalación de 290 ama-rres en Lorbé y otros tantos en Mera. Ya decían que eso era una previsión para el horizonte 2015-2020. Para el caso de Mera se veía viable a nivel económico y ambiental pero no por la afección a la dinámica de la playa. En el caso de Lorbé, se veía viable técnica y económicamente, sin afec-ción a la dinámica de litoral pero “poco viable” ambientalmente.
En esta delimitación que ha redactado, Portos delimita una zona de uso pesquero (8.824 metros cuadrados), que incluye el dique, los muelles de atraque y la rampa de descarga, además de las naves de rederas y las parcelas para embarcaciones en seco. Fija también un uso de infraestruc-turas básicas que se refiere a la carretera de acceso al puerto y un uso para actividades comple-mentarias portuarias (2.631 metros cuadrados), que incluye la zona de varada y de reparación de embarcaciones (taller). También se incluye aquí parte del edificio existente para los departamentos de usuarios porque aunque son para pesca, en ellos también hay actividades complementarias.
Dentro del área delimitada para uso complementario Portos incluye actividades logísticas y de almacenaje, para el uso de empresas industriales o comerciales, reparación naval, efectos nava-les, transformación y manipulación de la pesca, depuración de moluscos, avituallamiento, actividad comercial y distribución y también “ocio y hostelería, aparcamientos, etc”.
Tras el deslinde de 2006 Demarcación de Costas en Galicia planteó una regularización de la ads-cripción de los bienes de dominio marítimo-terrestre adscritos al puerto de Lorbé. Portos no solicitó hasta agosto de 2013 la ampliación de una lámina de agua, concretamente una adscripción adicional de 74.568 metros cuadrados de lámina (incluyendo terrenos, llegaba a los 75.474), lo que suponía aumentar un 140% la superficie existente. Costas replicó que no se justificó la necesidad de ocupar tanto espacio ni en el agua ni en tierra, y además se incluía incluso, en una zona de fondeo, un área de rocas emergidas donde no pueden ir las embarcaciones.
Portos por lo tanto reduce ahora la petición de ampliación a 47.574 metros cuadrados. Costas, en un informe de marzo del año pasado, informó favorablemente esta petición de ampliación pero puso como condiciones redactar primero un plan de usos que justifique una ampliación, y que ésta sea la mínima, y es lo que ha hecho ahora la Xunta, quien también ha procedido a regularizar la situación en los terrenos portuarios de Lorbé: de forma paralela tramita la regularización como concesión del taller-carpintería de ribera y los galpones anexos.

   

http://www.lavanguardia.com/vida/20160119/301520148508/el-ts-libra-a-la-oliva-de-134-millones-de-indemnizacion-por-costa-del-faro.html

2016|01|19 Las Palmas de Gran Canaria.

El Tribunal Supremo ha desestimado la demanda de una empresa que exigía 134 millones de euros de indemnización al Ayuntamiento de La Oliva, el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias por el fracaso de sus planes para construir seis hoteles en Costa del Faro, en El Cotillo.
El Supremo pone fin con esta sentencia a un historial de litigios que arranca en 1988, con el acuerdo al que llegaron cuatro empresas para desarrollar urbanísticamente esa zona del norte de Fuerteventura a través de la recalificación de 1,7 millones metros cuadrados con la participación del Ayuntamiento de La Oliva, que recibía a cambio 250.000 metros cuadrados para habilitar un camping.
Esos planes no llegaron a materializarse, porque las cuatro empresas que los iniciaron acabaron pleiteando entre ellas y, pasado el tiempo, los tribunales declararon nulas las normas urbanísticas de La Oliva que les daban cobertura, entre otros motivos, por apreciar “desviación de poder” en las decisiones del Consistorio.
Y cuando otra empresa se subrogó en los derechos de los anteriores dueños de todos esos terre-nos, el decreto del Gobierno de Canarias de enero de 2001 con el que estableció la moratoria turística en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote dio al traste definitiva-mente con el proyecto.
La empresa Oliva Oceánidas alegaba en su favor que el Ayuntamiento de La Oliva le había apro-bado el proyecto de urbanización del plan parcial Costa del Faro el 12 de enero de 2001 (tres días antes de dictarse el decreto de la moratoria) y le había concedido licencias para construir en esos suelos seis hoteles el 7 de abril de 2001 (cuatro meses antes de que el Parlamento aprobara la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación del Territorio).
Su petición de indemnización ya había sido desestimada en 2013 por el Tribunal Superior de Jus-ticia de Canarias (TSJC), pero el Supremo invalida esa sentencia por considerar que la Sala de lo Contencioso Administrativo asumió de forma “acrítica” un informe del Gobierno de Canarias y no explicó suficientemente las razones legales que le llevaban a tomar su decisión.
Sin embargo, el Alto Tribunal corrige la sentencia del TSJC para llegar a su misma conclusión: no procede que las administraciones públicas canarias paguen nada a Oliva Oceánidas por el fracaso de sus planes para construir hoteles en El Cotillo.
El Supremo considera que la empresa era consciente de que sus planes carecían de cobertura normativa, que asumió unos riesgos al seguir adelante con ellos de los que no debe responder el erario público y que durante todo este largo litigio más de 25 años ha venido “defendiendo lo inde-fendible”.
En este sentido, subraya que la aprobación del plan parcial que le concedió “de forma sui géneris” el Ayuntamiento de La Oliva tres días antes de dictarse el decreto de la moratoria carecía de vali-dez, porque estaba condicionado a obtener un permiso de la Demarcación de Costas. Y ese per-miso, añade, no lo iba a poder obtener precisamente por el efecto de la suspensión de licencias.
En cuanto a las licencias para seis hoteles concedidas en abril de 2001 por el Ayuntamiento de La Oliva, explica el Supremo, ocurre lo mismo: estaban condicionadas a obtener previamente la pre-ceptiva autorización turística, que el Cabildo de Fuerteventura le denegó pasados unos meses, en septiembre de ese mismo año.
Por lo tanto, recalcan los magistrados, cuando la empresa inició las obras del primero de los hote-les a principios de 2002, lo hizo “careciendo del imprescindible soporte urbanístico habilitante para el desarrollo de un plan parcial que nunca tuvo eficacia” y, en consecuencia, había quedado afec-tado por la moratoria turística.
En este caso, Oliva Oceánidas reclamaba a las administraciones casi 14 millones de euros por el coste las obras que realizó en los terrenos y que luego no sirvieron de nada y otros 120 millones por la pérdida de los aprovechamientos urbanísticos a los que creía tener derecho.

   

http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2016/01/19/o-grove-retoma-vieja-lucha/1388022.html

El pleno volverá a tratar la recuperación de las parcelas que carecen de utilidad pesquera y están ocupadas por negocios y jardines

2016|01|19 Manuel Ménde, O Grove

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Parte de la zona que el Concello reclama, pues pertenece a Portos y carece de interés marítimo. // Muñiz

 

El Concello de O Grove vuelve a la carga para tratar de conseguir que pasen a su poder y pleno dominio los terrenos de la zona portuaria de O Corgo que ya no tienen ningún tipo de vinculación a la actividad pesquera y marisquera. Se trata de la amplia franja de terreno que actualmente ocupan diversos negocios de hostelería, jardines, carreteras, rotondas, la estación intermodal y espacios de aparcamiento público.
Antiguamente todo este espacio tenía carácter portuario, e incluso estaba cubierto de mar, pero ahora es un apéndice más del núcleo urbano de O Grove, de forma que el Concello asume gastos como el alumbrado, mantenimiento, limpieza y otros muchos, a pesar de lo cual se sigue pagando el canon de ocupación a Portos de Galicia, por ejemplo para instalar el mercadillo ambulante o las carpas de la Festa do Marisco.
Lo que se quiere es que todo eso pase a manos de la Administración local, y para ello el gobierno del socialista Antonio Cacabelos pretende elevar al próximo pleno un expediente dirigido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el que, precisamente, se solicita que a través del departamento de Costas del Estado proceda a devolver los terrenos al pueblo meco.
Y no es la primera vez que esto se demanda, ni mucho menos. Hay que recordar que el propio Cacabelos, en su anterior etapa como alcalde (2007-2011), ya había viajado a Madrid por lo mismo, y allí le recomendaron que negociara la desafectación de O Corgo con Portos de Galicia, que en los últimos años diseñó el plan especial de usos de dicho espacio.
También pueden recordarse posicionamientos en este sentido de todos los grupos políticos y mociones como la presentada a pleno por el galeguista Alfredo Bea García en 2010, cuando era socio del propio Cacabelos y proponía lo mismo, logrando el respaldo de la corporación.
“No nos importa volver a votar lo mismo y que se apruebe todas las veces que haga falta porque esos terrenos deben ser recuperados para el pueblo, pero debo recordar que todo esto ya se trató en infinidad de ocasiones”, esgrimía ayer el propio Bea.
A este respecto, recuerda que “en su momento también propuse, y sigo haciéndolo, que del mismo modo que Portos nos cobra por ocupar este espacio procedamos nosotros a cobrar a ese departamento por lo que gastamos en mantenimiento y servicios en esta zona”.
Al margen de interpretaciones puede recordarse que en verano de 2010, cuando Cacabelos viajó a Madrid para reivindicar O Corgo, le recomendaron en Costas que negociara esa desafección directamente con Portos.
Su intención era lograr los terrenos -donde el gobierno del PP había previsto construir el centro de interpretación de la carpintería de Ribera- para hacer realidad un parking con capacidad para 300 plazas. Por aquel entonces el socialista dijo que “una posibilidad es efectuar un trámite de desadscripción, para que Costas recupere los terrenos que en su día se cedieron a Portos y nos los entregue a nosotros, pero como me explicaron en Madrid, y como yo también considero razonable y más ágil, lo ideal es negociar con Portos directamente, y confío en que este departamento autonómico sea sensible a nuestras demandas”.
Transcurridos seis años desde entonces vuelve a insistir ante el pleno para buscar la reversión de O Corgo a través del Estado central.
En 2011 también quedó claro que todos los grupos políticos están de acuerdo en la reordenación portuaria. En una reunión con Portos ediles como el portavoz de Esquerda Unida, Juan Lamelas, también hacían especial hincapié en la desafectación de O Corgo.
Al año siguiente el galeguista Alfredo Bea elaboró una nueva moción para recuperar O Corgo y a diferencia de ocasiones anteriores en ella planteaba incluso la posibilidad de presentar una demanda ante el Tribunal Supremo, convencido de que la Justicia puede avalar los intereses vecinales.
Aunque aquella idea quedaba sin recorrido, la expuso porque supo que el Supremo había dictado días antes una sentencia que creaba jurisprudencia y daba la razón a los vecinos de la localidad de Redes, anulando el deslinde efectuado por Costas en el año 2000.
El alto tribunal ordenaba al Ministerio de Medio Ambiente que efectuara nuevos deslindes, y eso es lo que planteaba Bea para O Corgo, reclamando entonces un informe jurídico en el que se determine la viabilidad de presentar una demanda contra todos los deslindes existentes “con la finalidad de recuperar los terrenos para todos nuestros vecinos y los futuros herederos”.
Ya en 2013 Portos anunciaba una rebaja de tasas portuarias para 2014 y desde O Grove volvieron a surgir las voces que reclamaban la desafectación o reversión de los terrenos de O Corgo.
Bea manifestaba que “todo eso de la rebaja de tasas está bien, pero lo que tienen que hacer es dar al Concello los terrenos de O Corgo, que realmente ya no tienen usos portuarios y en los que se asientan las terrazas de los establecimientos de hostelería y los jardines; es la Xunta la que cobra, pero somos nosotros los que con fondos municipales prestamos los servicios de limpieza, alumbrado, abastecimiento, seguridad ciudadana y demás”.
Y añadía: “Lo que tiene que hacer Portos es dejar de reclamarnos los 27.000 euros anuales que nos cobra por ocupar el espacio de O Corgo con las carpas de la Festa do Marisco, con las actividades del Carmen y cualquier otra actividad; y en caso contrario quizás lo que debamos hacer sea empezar a cobrar nosotros a la Xunta por los servicios que prestamos en esos terrenos supuestamente portuarios”.
Evidentemente el debate vuelve a abrirse.. Con seguridad a partir de ahora se escucharán de nuevo los argumentos aquí expuestos relativos a esta larga lucha política por la titularidad de O Corgo.

   

http://www.inmoley.com/NOTICIAS/1612345/2016-1-inmobiliario-urbanismo-vivienda/01-16-inmobiliario-018-21.html

¿Qué aprendo?

2016|01|19

En noviembre de 2012, el Tribunal Supremo negó a la empresa promotora del hotel de El Algarrobico una indemnización en caso de derribo al considerar que el Estado no tiene responsabilidad patrimonial, confirmando que la “incuria” de la Administración es “independiente” al deber de la empresa de adaptar el proyecto a la Ley de Costas. Pero el futuro del hotel de El Algarrobico no se juzga únicamente en el Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional tramita en un único procedimiento las tres demandas por responsabilidad patrimonial elevadas por Azata del Sol contra el Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Reclama una indemnización de 70 millones de euros para resarcir los “daños y perjuicios” derivados de lo que considera un “anormal funcionamiento” de la administración. Azata del Sol cuantifica la responsabilidad patrimonial de Estado, Junta y Ayuntamiento carbonero, conjunta y de manera solidaria, en 70.042.712 euros, cifra que incluye un 5 por ciento por daño moral según la tasación realizada por la sociedad Tinsa de acuerdo no solo al valor del suelo y del hotel, sino también teniendo en cuenta “el daño moral, material y el descrédito empresarial” a la mercantil.

El Tribunal Supremo (TS) decidirá el 2 de febrero si el suelo sobre el que se asienta el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) es no urbanizable de especial protección tal y como se falló en una sentencia de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) o si, por el contrario, tiene la calificación de urbanizable tal y como concluyó el mismo órgano y la misma sala en marzo de 2014. Así lo ha indicado el Alto Tribunal, que ha trasladado que, por otro lado, para el día 3, se ha señalado la votación y fallo para dirimir si la Junta de Andalucía ejerció conforme a la ley el derecho de retracto sobre las fincas que ocupa el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones por 2,3 millones de euros.
El TSJA sentenció en tres resoluciones, una de ellas firme, que sí fue correcto pero la promotora y constructora del hotel, Azata del Sol, recurrió dos de ellas. Los tres recursos serán resueltos por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que se encarga de los asuntos medioambientales. Cabe recordar que, en la actualidad, la licencia municipal de obras concedida en 2003 es legal en virtud de la sentencia firme de julio de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) pero aún queda dirimir si el suelo sobre el que se edificó es urbanizable o, por el contrario, cuenta con la calificación de espacio protegido. Y lo que el Supremo sentencie al respecto se adivina como un hito para su futuro.
El Supremo tendrá que dictaminar el 2 de febrero si se podía o no edificar en el sector ST-1 de Carboneras. Y lo tiene que hacer ante la existencia de dos sentencias del TSJA a este respecto que se contradicen entre sí en sus pronunciamientos. En 2012, la Sección Primera del Alto Tribunal andaluz concluyó que el paraje de El Algarrobico se localiza en zona C1 o de interés general, y por tanto, no urbanizable de acuerdo a la normativa ambiental de 1994, derogada en 2008, que regía el parque natural de Cabo de Gata-Níjar cuando se construyó el hotel.
Incluso afirma que, para corregir esta actuación irregular en alusión a la construcción del hotel, no era “necesario más que aplicar las medidas de disciplina urbanística establecidas en el Real Decreto Legislativo 1/92 de 26 de junio” que en su articulado estipula que las edificaciones contrarias al planeamiento deben ser demolidas sin indemnización. Dos años después, en marzo de 2014, cuando la Junta de Andalucía había oficializado ya la condición de protegido del paraje mediante su publicación en su boletín oficial (BOJA), la Sección Tercera del mismo tribunal hacía suyas las tesis de la promotora y dictaminaba que, al suelo sobre el que se levanta el hotel, le corresponde el nivel de zonificación D2 o “suelos urbanizables cuyo desarrollo no resulta ‘a priori’ contrario a los valores del espacio protegido”. La última palabra al respecto la tiene ahora el Tribunal Supremo.
Por otro lado, el TSJA le denegó por segunda vez el pasado mes de diciembre a la Junta de Andalucía, la primera de ellas fue en junio, el “auxilio judicial” que le pidió y rechazase darle “autorización de entrada” para “tomar posesión de la finca” sobre la que se levanta el hotel al tiempo que le instaba a acudir a la vía civil. La Junta lo solicitó para hacer efectivo el retracto que ejerció en 2006 por 2,3 millones de euros sobre el terreno y avalado en tres sentencias, de las que una es firme. A la hora de pronunciarse sobre si el derecho de retracto del Gobierno andaluz fue o no conforme a derecho, el Alto Tribunal no tuvo dudas en 2013. Lo respaldó en hasta tres sentencias dado el “notorio interés medioambiental” del paraje, bajó la protección de “seis figuras conservacionistas europeas” pero, de nuevo, la última palabra la tiene el Tribunal Supremo (TS). La promotora de la edificación recurrió dos de ellas. El Ayuntamiento no lo hizo y el fallo en el que era parte devino en firme, lo que sirvió a la Junta para solicitar su ejecución, fallida, por lo que deberá recurrir a la vía civil.
El Supremo debe fallar, así, el día 3 de febrero sobre los dos recursos de la mercantil contra las resoluciones contrarias a sus intereses y que, según remarca Azata, fueron adoptadas con anterioridad a las dos resoluciones que califican de urbanizable el suelo y declaran la licencia de obras conforme a derecho.

ANTECEDENTES NOVIEMBRE DE 2012
El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado un incidente de nulidad promovido por la empresa promotora del hotel en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), y ha rechazado que tenga derecho a percibir indemnización por parte de la Administración en caso de derribo al considerar que empresa Azata tenía el “deber jurídico” de adaptar el proyecto a la Ley de Costas, que estipulaba una servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre de 100 metros.
El Alto Tribunal confirma que no existe responsabilidad patrimonial por parte de la Dirección General de Costas al tiempo que desvincula el perjuicio que la mercantil alega haber sufrido de la “actuación descuidada” del Estado al no haber promovido la revisión del Plan Parcial del sector ST-1 donde se asienta el inmueble y haber informado favorablemente la aprobación de la norma urbanística de Carboneras que calificaba el paraje como suelo urbanizable.
Sostiene el Supremo en su resolución, contra la que no cabe recurso, que el daño que argumenta Azata es una “cuestión completamente independiente” de la “incuria” que si le reconoce a la administración general del Estado y confirma, de este modo, la sentencia dictada el 18 de julio por la que dictaminaba que el hotel de una veintena de plantas y 411 habitaciones viola la Ley de Costas alinvadir parcialmente los 10 metros de servidumbre del dominio marítimo-terrestre.
La promotora del hotel presentó un incidente de nulidad contra el citado fallo al estimar que contradecía en sus pronunciamientos sobre la responsabilidad patrimonial del Estado a la sentencia previa de la misma sala y sección, fechada en marzo, por la que se ratificaba una resolución de la Audiencia Nacional (AN) que también declaraba la ilegalidad del hotel por contravenir la Ley de Costas.
En sentencia de julio, en la que Azata ve vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, el Supremo argumenta que la mercantil “como propietaria del suelo” tenía el “deber jurídico” de adaptar el proyecto, que situó el hotel a 50 metros de la línea litoral, a la Ley de Costas mientras que en su sentencia de marzo atribuía a la administración estatal “desatención o incuria” a la hora de actuar para asegurar la aplicación de la mencionada ley.
El TS concluye, en la providencia dictada el pasado día 2, que la resolución impugnada expresa “con toda claridad” que la causa “determinante” del perjuicio que esgrime la promotora es que “no efectuó reclamación previa en vía administrativa” y no cumplió su “deber jurídico”, por lo que no se contravino el principio de confianza legítima ya que el deslinde de 20 metros no estaba aprobado definitivamente cuando se empezó el proyecto.

La misma sala ya calificó de “cálculos precipitados” los que hizo Azata para levantar el hotel y consideró que “se precipitó” a adquirir suelo sujeto a un procedimiento de deslinde provisional y “más aún” al obtener licencias y permisos para acometer su construcción.
Indicó, asimismo, que para corregir esta actuación, en alusión a la construcción del hotel, “no es necesario más que aplicar las medidas de disciplina urbanística establecidas en el artículo 38.1 delReal Decreto Legislativo 1/92 de 26 de junio a las que remitía el PORN del 1994 y todo ello sin perjuicio del ejercicio de la competencia sancionadora de la administración”. Este artículo estipula que las edificaciones contrarias al planeamiento deben ser demolidas sin indemnización.

   

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2016/01/19/ence-inicia-derribo-campo-futbol-lourizan-acatando-orden-costas-sobre-finca/0003_201601P19C2994.htm

El San Andrés pide al Concello de Pontevedra una instalación deportiva para la parroquia

2016|01|19 MARCOS GAGO Pontevedra / La voz

PE19C2F2

 

R.LEIRO/ Los obreros empezaron ayer las obras de desmantelamiento de las instalaciones deportivas de Os Praceres

La demolición del campo de fútbol de Lourizán comenzó ayer. Los obreros empezaron a desmantelar los vestuarios y hoy está previsto que llegue la pala para empezar a derribar el grueso de las instalaciones. Ence cumple de esta forma el dictamen de Costas, que en su expediente de caducidad de la concesión, dejó claro que la instalación deportiva no podía seguir donde está. El campo no encuentra cobijo en el título concesional de la pastera. La depuradora de Os Praceres y el emisario submarino, ambos pertenecientes a la Xunta, tampoco pueden acogerse al título concesional de Ence, pero en estos casos, como en el del comedor de la pastera, Costas entiende que son legalizables y tienen cabida dentro de la Ley.
Ence señaló que la resolución de Costas no implica que la empresa tenga que construir un campo nuevo en la parroquia, sino garantizar que los dos clubes que utilizaban estas instalaciones puedan disponer de un lugar adecuado donde entrenar y jugar. La pastera sostiene que este trámite está cumplido, por lo que ya no había ningún obstáculo para el derribo.
El presidente del San Andrés, José Soto, manifestó su malestar por que Lourizán, la parroquia más poblada de Pontevedra, se quede sin un campo. Entiende que la solución está ahora en manos del Concello y de la Diputación. Del Concello porque Soto considera que le corresponde al gobierno de Lores negociar con Costas conseguir la autorización para la construcción de un campo de fútbol nuevo en los terrenos del viejo. Señala que si se pudo hacer eso en la Xunqueira, no hay razón para que no se pueda hacer en Lourizán donde, si se mantiene la EDAR, no ve que se vaya a recuperar el frente marítimo. De la Diputación, porque ha sufragado campos en toda la provincia y en Lourizán no entienden que a ellos se les deje sin ninguno.

   

http://www.malagahoy.es/article/malaga/2198668/nuevo/retraso/inicio/la/obra/maritima/los/banos/carmen.html

El proyecto elaborado por la Demarcación de Costas deberá pasar de nuevo el trámite de evaluación ambiental

2016|01|18 RAQUEL GARRIDO MÁLAGA

La posibilidad de que el inicio de la esperada obra marítima prevista en el entorno del antiguo balneario de los Baños del Carmen de la capital malagueña se produzca este año se desvanece. El proyecto elaborado por la Demarcación de Costas de Málaga, y valorado en unos 3,5 millones de euros, tendrá que pasar finalmente por el trámite de evaluación ambiental que implica irremediablemente un retraso mínimo de unos cuatro meses más.

Paralizada desde hace años por el conflicto surgido sobre la concesión de este espacio ubicado en dominio público hidráulico, la obra podría ser licitada en el mejor de los casos durante el verano y no antes como pretendía el organismo dependiente del Ministerio de Medio ambiente para que pudiera ser adjudicada y comenzar este mismo año.

Pero la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, también perteneciente al citado departamento, ha decidido finalmente que el proyecto debe pasar este trámite para adaptarse a la nueva ley de Evaluación Ambiental, según confirmaron a este periódico fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Málaga. Ese nuevo paso administrativo supondrá un retraso de entre tres y cuatro meses más, ya que requiere de la realización de nuevos informes por parte del propio Ministerio de Medio Ambiente y de la Junta de Andalucía.

Lo positivo es que, en previsión de que eso pudiera ocurrir, Costas ya tenía listo desde hace meses el documento ambiental del proyecto definitivo, una vez desgajada la parte marítima del plan especial que acordó con el Ayuntamiento de la capital en 2010, con la intención de desbloquear la rehabilitación de ese enclave ante el retraso que acumula por la guerra jurídica y administrativa que mantiene la Junta de Andalucía y el concesionario.

La Demarcación de Costas ha intentado hasta el último momento evitar tener que pasar por este trámite de nuevo para no prolongar más los plazos, pero al haber transcurrido ya varios años desde que se diseñó y aprobó el proyecto original no ha habido más remedio para adaptarse a la legislación ambiental. Ese nuevo plazo se une a los cuatro meses que tardaron los técnicos del organismo malagueño en rehacer el documento y enviarlo a Madrid para que recibiera el visto bueno definitivo.

Sin embargo, los planes de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar siguen siendo los mismos. Es decir, iniciar la maquinaria administrativa para al menos poder licitar la obra este mismo año para no dilatar por más tiempo el arreglo de esta zona que lleva 20 años paralizada. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente tiene garantizada la disponibilidad presupuestaria de los 3,4 millones de euros que se calcula que costará llevar a cabo la obra marítima prevista en el entorno del antiguo balneario.

A falta de que conozcan los detalles del proyecto finalmente diseñado en lo que se refiere exclusivamente a la obra marítima, el arreglar la playa del entorno del antiguo balneario de los Baños del Carmen y construir un espigón en forma de ele, que tendrá una parte sumergida y otra superficial, que la protejan frente a los temporales de poniente. Pero además, se ha incluido la construcción de un nuevo espigón provisional que pretende proteger la terraza del edificio con grave riesgo de derrumbe tras los daños sufridos con los temporales de levante. La actuación, en la que también se incluirá el vertido de unos 80.000 metros cúbicos de arena para estabilizar la playa, fue valorada en 2010 en unos cuatro millones de euros, por lo que se ahorro se explicaría debido al abaratamiento de la arena en estos años.

   

http://www.20minutos.es/noticia/2650639/0/salvemos-mojacar-espera-que-ts-sea-coherente-con-sentencias-que-ven-no-urbanizable-suelo-algarrobico/


La asociación ecologista Salvemos Mojácar espera que el Tribunal Supremo (TS) sea “coherente” con las sentencias ya dictadas anteriormente en las que se califica al suelo sobre el que se asienta el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), como “no urbanizable, por pertenecer a un Parque Natural”.

2016|01|17

La asociación ecologista Salvemos Mojácar espera que el Tribunal Supremo (TS) sea “coherente” con las sentencias ya dictadas anteriormente en las que se califica al suelo sobre el que se asienta el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), como “no urbanizable, por pertenecer a un Parque Natural”. Ampliar foto Así lo ha detallado este domingo, en declaraciones a Europa Press, el portavoz de Salvemos Mojácar, Jaime del Val, quien ha indicado “confiar en que el TS ponga orden en el caos y falta de seguridad jurídica que ha introducido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al haber fallado en sus últimas sentencias de modo favorable al hotel, contrariamente a sentencias anteriores”.
Del Val se ha pronunciado de esta manera tras conocerse que será el 2 de febrero cuando el TS decidirá si el suelo de El Algarrobico es no urbanizable de especial protección, tal y como se falló en una sentencia de 2012 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), o si, por el contrario, tiene la calificación de urbanizable, tal y como concluyó el mismo órgano y la misma sala en marzo de 2014, según indicó esta semana el Alto Tribunal. Por su parte, la responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha afirmado, también en declaraciones a Europa Press, “llevar meses esperando este fallo, que se ha ido retrasando desde septiembre, y del que nos enteramos siempre antes por la prensa que por vía judicial”, según ha lamentado. Igualmente, ha afirmado que el hotel construido “es totalmente ilegal”, al mismo tiempo que ha apuntado a un “cambio de planos a mano alzada por parte de la Junta de Andalucía respecto a este tema”, que esperan “se resuelva lo antes posible”.
El Alto Tribunal ha trasladado además, que, por otro lado, para el día 3, se ha señalado la votación y fallo para dirimir si la Junta de Andalucía ejerció conforme a la ley el derecho de retracto sobre las fincas que ocupa el establecimiento de una veintena de plantas y 411 habitaciones por 2,3 millones de euros. El TSJA sentenció en tres resoluciones, una de ellas firme, que sí fue correcto pero la promotora y constructora del hotel, Azata del Sol, recurrió dos de ellas. Los tres recursos serán resueltos por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que se encarga de los asuntos medioambientales. Cabe recordar que, en la actualidad, la licencia municipal de obras concedida en 2003 es legal en virtud de la sentencia firme de julio de 2014 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) pero aún queda dirimir si el suelo sobre el que se edificó es urbanizable o, por el contrario, cuenta con la calificación de espacio protegido. Y lo que el Supremo sentencie al respecto se adivina como un hito para su futuro.

   

http://www.diariodemallorca.es/part-forana/2016/01/16/costas-registra-1700-alegaciones-particulares/1086118.html

El GOB y la asociación de vecinos presentan enmiendas que instan a aplicar el “principio de precaución” ante la inexistencia de un plan de gestión

2016|01|16

 

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Los manifestantes firman alegaciones contra los chiringuitos, el domingo en Son Serra. biel capó / J. frau

 

La intención del ayuntamiento de Santa Margalida de instalar este año una serie de chiringuitos y otros servicios en la playa de Son Serra de Marina ha provocado una inusitada reacción social que se ha traducido en casi 1.700 alegaciones a título individual contra el proyecto, que ayer fueron registradas en la demarcación territorial de Costas junto a las presentadas por el GOB y la asociación de vecinos de Son Serra.
Las alegaciones personales han sido recogidas en menos de una semana, ya que empezaron a firmarse el pasado domingo con motivo de la cadena humana que congregó a más de 5.000 personas contra los chiringuitos.
El grupo ecologista GOB y la asociación vecinal de Son Serra presentaron sus propias alegaciones contra el proyecto municipal, basadas en el argumento de que las instalaciones de restauración y los servicios playeros afectarán el área protegida por la Xarxa Natura 2000, principalmente el Lugar de Interés Comunitario (LIC) de na Borges, donde está prevista la habilitación de un quiosco con terraza, sombrillas, sillas y otras instalaciones de ocio.
Según las alegaciones presentadas, esta zona LIC “no cuenta con un plan de gestión aprobado que definiría los usos compatibles con la conservación del espacio”. El GOB considera que “el hecho de no conocer su estado de conservación nos aboca a la necesidad de aplicar el principio de precaución ante cualquier nueva actividad que quiera desarrollarse en la zona”.
Además, las alegaciones instan a Costas a tener en cuenta que las instalaciones de temporada “pretenden colocarse sobre la zona de desembocadura del torrente de na Borges”, con el peligro que ello supone en caso de que el cauce se desbordara.
Asimismo, los textos presentados ayer en la demarcación territorial rechazan también la instalación de un chiringuito en un solar urbano que está ubicado en la zona de dominio público marítimo-terrestre. Tal y como publicó ayer este diario tras una denuncia del GOB, este solar ha sido objeto de un vertido de piedras y arena sin licencia que “contraviene la Ley de Costas”, según subraya el colectivo ecologista.
El GOB rechaza el argumento “recaudatorio” del Ayuntamiento y añade que “la preservación de un entorno excepcional y único debe prevalecer por encima de cualquier argumento económico”.

   

http://diariodelamanga.com/local/2016-01-15/tsj-impide-despachos-pedruchillo-se-conviertan-apartamentos-turisticos-2958/

2016|01|15 Por DLM

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El TSJ h declarado ilegal transformar despachos en apartamentos turísticos en El Pedruchillo (imagen de archivo) / PANORAMIO

 

Según publica el diario ABC la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) ha desestimado el recurso presentado por una empresa contra la resolución que le impuso una multa de 66.000 euros por convertir unos despachos en estudios turísticos extrahosteleros en un inmueble de El Pedruchillo, en La Manga del Mar Menor.
En su recurso, la empresa sancionada reclamó que se le reconociera su derecho a esa reconversión o, alternativamente, que se declarara que no era preciso solicitar autorización de cambio de uso por ser la construcción del edificio y los usos permitidos conformes con los derechos adquiridos.
Así mismo expuso que el cambio no interrumpía ni menoscababa el dominio público marítimo terrestre, ni la servidumbre de tránsito ni de acceso al mar.
Al desestimar el recurso, el TSJ comenta que la Ley de Costas establece que en la zona de servidumbre de protección estarán prohibidas “las edificaciones destinadas a residencia o habitación”.
Y añade que “es evidente que, en este caso, mediante el cambio de uso se está dando a los locales un destino de residencia o habitación”.
Los magistrados indica, así mismo, que “frente a lo que alega la recurrente, los locales no tienen un uso residencial ni hotelero, ni pueden tenerlo, pues se ubican en una servidumbre de protección, hecho este que es indiscutido y que, además, consta debidamente en las actuaciones”.

   

El GOB denuncia un vertido ilegal en Son Serra

Posted 15 enero, 2016 By cliff_carter

http://www.elmundo.es/baleares/2016/01/14/5697988e22601dd6088b45c9.html

 

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El solar con el vertido ilegal de arena. GOB

 

2016|01|14 Palma

El GOB ha denunciado ante Demarcación de Costas un vertido ilegal en el solar de dominio marítimo terrestre, en el que se prevé instalar un par de bares, en la zona de Son Serra, en el municipio mallorquín de Santa Margalida.
La entidad ecologista detalla en una nota de prensa que esta actuación infringe la ley de Costas, por lo que ha pedido a Demarcación que esclarezca los hechos y establezca responsables.
Explica que no tiene constancia de exista una licencia para verter piedras, tierra y arena en el indicado solar, con lo que este vertido implica “una infracción flagrante de la ley de Costas de acuerdo”, ya que estos terrenos deben conservar su estado natural.
Destaca que en esta misma finca, el Ayuntamiento de Santa Margalida ha solicitado permiso a Demarcación de Costas para instalar un bar con terraza para mesas, sombrillas y sillas y servicios en la zona de la playa incluida dentro del espacio natural protegido lindante al torrente de na Borges, que ha generado una gran oposición social.
Para el GOB es un hecho confuso, ya que se trata de un solar de dominio público en que una persona privada hace un relleno y el ayuntamiento pide instalar un bar.

   

http://www.cronicasdelanzarote.es/Teguise-busca-unanimidad-para-rechazar-el-deslinde-de-Costas-de-Soo-a-Famara.html

Teguise busca unanimidad para rechazar el deslinde de Costas de Soo a Famara

Este miércoles 4 de mayo el Ayuntamiento de Teguise celebra un pleno ordinario a partir de las 10:30 horas en el Palacio Spínola de Teguise. El alcalde, Juan Pedro Hernández destaca que uno de los puntos más relevantes del día es el referido al Acuerdo que se refiere al deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre entre “Los dises y la Caleta de La Villa”, medida que tomó la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente.

Según se recuerda desde el Ayuntamiento de Teguise n un comunicado, la franja marítima abarca 16.000 metros cuadrados, desde Caleta de Famara hasta pasado Soo. Afecta directamente a más de 200 vecinos que van a perder la titularidad de sus tierras.

El grupo de gobierno va a solicitar a todos los concejales, que apoyen por un lado, un contencioso administrativo que presentará el Ayuntamiento, y por otro la redacción de un recurso de reposición que proporcionarán a todos los vecinos afectados.

Además, también les pedirán que refuercen la petición que va a realizar de forma oficial el Ayuntamiento para que la medida sea secundada por el Cabildo de Lanzarote y el Gobierno de Canarias.

 

 

   

Las prospecciones en el mar lo tienen crudo

Posted 13 enero, 2016 By cliff_carter

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201601/13/prospecciones-tienen-crudo-20160112180726.html

El ecologismo celebra como un triunfo la retirada de las inspecciones petrolíferas en 2015, desde Canarias al Ártico

2016|01|13 JOSÉ MARI REVIRIEGO

El ecologismo hace balance del recién finalizado 2015, en un repaso con claroscuros para la situación del medio ambiente en el mundo. Por un lado, celebra el final de las perforaciones en busca de combustibles fósiles, en un cese que se ha producido en las aguas de Canarias y en las del Ártico, uno de los territorios más amenazados del planeta para los efectos del cambio climático. Por otro, lamenta la oportunidad perdida que ha tenido el Gobierno del PP de haber profundizado en las energías renovables en España como motor económico de futuro. Este es el resumen que hace Greenpeace del año que ha acabado:

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Manifestación en Tenerife. / AFP

Repsol deja Canarias, 16 de enero. La compañía abandona sin haber encontrado petróleo, tras una campaña en la que el Gobierno empleó un barco de la Armada para hacer frente a las protestas de los activistas contrarios a las prospecciones. La contaminación acústica que generaba esta operación afectaba a los cetáceos, mientras que la química, producida por los lodos y los materiales extraídos del pozo que son vertidos al mar por toneladas, también generan impactos importantes en la fauna y la flora a kilómetros de distancia del punto de sondeo, según Greenpeace.
Naciones Unidas protege los océanos, 24 de enero. Los gobiernos representados en la ONU elaboran un tratado jurídicamente vinculante para la protección y uso sostenible de la vida marina en aguas internacionales. Es decir, las que están más allá de las 200 millas marinas desde la costa, «el gran océano abierto». Con esta decisión, la asociación ecologista entiende que se ha iniciado el proceso para establecer las normas para crear santuarios marinos y proteger las aguas internacionales.
La destrucción de los bosques de Indonesia, sin financiación, 27 de febrero. La destrucción de los bosques tropicales de Indonesia, hábitat natural del orangután, entre otras especies en peligro de extinción, pierde buena parte de la financiación que recibía hasta ese momento. El banco Santander se comprometió a dejar de dar dinero a la segunda mayor empresa papelera de Indonesia, considerada por Greenpeace el mayor destructor de sus selvas. Después de verse retratado en las redes sociales y de recibir miles de mensajes y reclamaciones, la entidad financiera anunció que no renovará el préstamo a la papelera APRIL. Cualquier financiación futura estará condicionada a que la compañía ponga en marcha una política forestal de protección.
Campaña contra un herbicida peligroso, 23 de marzo. La Agencia para la Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasifica el glifosato, uno de los herbicidas más vendidos del mundo, como «probablemente cancerígeno para los seres humanos». Esta clasificación se basa en la evidencia limitada en seres humanos, pero de mayor gravedad en los animales. También se sospecha que actúa como «un disruptor endocrino y que es tóxico para la reproducción». La asociación medioambiental insiste en exigir su prohibición. En España está autorizado en más de cien productos.
Vertido de fuel en Canarias, 13 de abril. Tras varios días a la deriva, el hundimiento del buque ruso Oleg Naydenov provocó un vertido de fuel que, además de contaminar el mar, llegó a la playa de Veneguera, en el municipio de Mogán en Gran Canaria. Es uno de los pocos espacios que quedan sin urbanizar en la isla. Incluido en la Red Natura 2000 (Franja Marina de Mogán), está protegido por la Unión Europea por la presencia de tortugas y el amenazado delfín mular.
Reivindicación en Bilbao en favor de los océanos, 8 de junio.Activistas de Greenpeace despliegan una pancarta de 250 metros cuadrados bajo el puente La Salve de Bilbao para pedir la protección de los océanos. Greenpeace considera que la pesca destructiva es el principal problema de los mares. Emplaza a las administraciones de Euskadi a apoyar a los pescadores artesanales frente a las grandes empresas de la pesca industrial.
‘Impuesto al sol’, 9 de junio. El ministro de Industria, José Manuel Soria, aprueba el llamado ‘impuesto al sol’, que grava a quienes generan su propia energía y están conectados a la red eléctrica. Organizaciones empresariales del sector de las renovables, así como organizaciones ecologistas, sociales, sindicales y de consumidores expresaron su malestar con el proyecto de real decreto aprobado por el Consejo de Ministros porque, a su juicio, supone la implantación de un impuesto que frena el desarrollo de las energías vinculadas al sol.
4.000 millones del proyecto Castor, 17 de junio. El barco Artic Sunrise se acerca al depósito de gas Castor, situado a poca distancia de Castellón. Este proyecto abandonado, que le costará a la ciudadanía más de 4.000 millones de euros, es uno de los mejores ejemplos de lo que Greenpeace denuncia como «un modelo energético obsoleto y caro con graves consecuencias sociales». Castor era una antigua bolsa de gas y petróleo bajo el mar que, tras ser vaciada, pretendía ser usada como depósito de gas. Sin embargo, cuando comenzaron las pruebas de inyección se produjeron cientos de pequeños seísmos que obligaron a paralizar el proyecto. La empresa constructora ACS, propiedad de Florentino Pérez, cobró de las arcas del Estado por la cancelación de la operación, factura que deberán asumir los ciudadanos.
Pesca frenada en el Ártico, 30 de julio. Rusia, Noruega, Canadá, Groenlandia y Estados Unidos firman un acuerdo que impide temporalmente la pesca industrial en el Ártico. Las movilizaciones en favor de su protección se intensifican, logrando siete millones de firmas de apoyo a la medida.
El fraude de las emisiones, 18 de septiembre. Se destapa que Volkswagen trucó sus coches durante años para evitar los límites de las emisiones contaminantes.
Shell abandona el Ártico, 28 de septiembre. La empresa de hidrocarburos, dedicada a los sectores petrolífero y del gas natural, así como al refinado de gasolinas, anuncia que cancela sus operaciones en el Ártico, un mes después de que comenzase a perforar el fondo marino en Alaska. El Gobierno de Estados Unidos cierra esta zona a las prospecciones durante dos años, 2016 y 2017.
La ley de costas, corregida, 12 de noviembre. El Tribunal Constitucional tumba parcialmente la Ley. Especialmente en lo referente a lo que denunció Greenpeace en su día: la rebaja en la protección ambiental de la costa. La Ley, aprobada en mayo de 2013, dejaba desprotegidas las salinas que albergan una avifauna importantísima y una de las últimas joyas sin urbanizar del Mediterráneo, la isla de Formentera.
90.000 firmas contra el cambio climático, 10 de diciembre. Greenpeace, a través de sus representantes ciudadanos en la cumbre contra el cambio climático celebrado en París, entregó 90.000 firmas de apoyo para frenar el calentamiento global y reivindicar un modelo energético eficiente y renovable. Los respaldos fueron entregados en la capital francesa al Secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra.

   

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2016/01/13/supremo-exige-audiencia-nacional-incoe/1384694.html


Remite la resolución adoptada en diciembre para que se ejecute

La empresa no podría presentar una eventual prórroga de la concesión mientras Costas no resuelva este trámite

2016|01|13 Carlos García Pontevedra

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Instalaciones de Elnosa en el complejo fabril de Lourizán. // Rafa Vázquez

El Tribunal Supremo reclama a la Audiencia Nacional que se ordene ya la incoación del expediente de caducidad de la concesión de los terrenos de dominio marítimo-terrestre que ocupa Elnosa en Lourizán. Lo hizo el pasado 7 de enero, con la remisión a la Audiencia de su última resolución del pasado mes de diciembre en el que acordaba la apertura de este expediente de caducidad. Acompañaba el expediente con esta petición “a fin de que se proceda a la ejecución” de la sentencia por parte de la Audiencia Nacional e interesando además que el tribunal de instancia le dé acuse de recibo en el plazo de diez días.
El paso dado por el Supremo, y que ayer difundió el colectivo Salvemos Pontevedra, es la consecuencia inmediata de la sentencia dictada el pasado mes de diciembre y que obligará a Costas a seguir el mismo procedimiento que el año pasado ya superó Ence. El ente dependiente del Ministerio de Medio Ambiente deberá revisar la concesión otorgada a la clorera para averiguar si cumple o no con las condiciones establecidas en la misma. En el caso de Ence, Costas dio carpetazo al expediente concluyendo que la empresa de celulosas sí cumplía, por lo que una vez tramitado el expediente, se resolvió de forma favorable a la pastera con algunas matizaciones en relación al campo de fútbol de Lourizán.
Ahora Elnosa deberá someterse a este mismo examen. Tras la comunicación del Supremo, la Audiencia Nacional ordenará a Costas la apertura de un expediente en el que se escuchará a las distintas partes personadas y finalmente se emitirá una resolución. A expensas de lo que pueda determinar Costas en este expediente de caducidad, su apertura tendría como consecuencia inmediata el hecho de que Costas no podría tramitar una eventual petición de prórroga de la concesión actual por parte del grupo CUF.
Como es ya conocido, la aprobación de la nueva ley de Costas permite a las empresas situadas en este tipo de concesiones solicitar prórrogas que permitan su continuidad en estos terrenos más allá del final de las actuales concesiones, que en el caso de Elnosa, al igual que Ence, finaliza en 2018. Los miembros del comité de empresa de Elnosa ya manifestaron en más de una ocasión la intención del grupo CUF, propietario de la electroquímica, de solicitar esta prórroga de la concesión. Sin embargo, la ley establece que esta petición no podría tramitarse si existe un expediente de caducidad abierto.
Ence ya pasó por una situación similar, dado que tuvo que retrasar su petición de prórroga, actualmente en trámite ante Medio Ambiente, hasta que no se resolvió de forma favorable su expediente de caducidad de la concesión.

“Tranquilos”

De hecho, desde el comité insistieron en que esta sentencia es algo que ya se esperaban y confían en que el resultado sea el mismo que el de su vecina pastera. Por este motivo, aseguraron estar “tranquilos” ante esta decisión y transmiten que la empresa “también lo está”. Y es que explican que la petición de prórroga de la concesión se podría presentar en cualquier momento hasta que quedan seis meses para el final de la actual concesión en 2018. En el caso de Ence, el expediente de caducidad se resolvió en unos 8 o 9 meses.
Estas decisiones judiciales llegan en medio de las movilizaciones de los trabajadores de la clorera y que tienen como objetivo lograr que Elnosa pueda permanecer en la ría de Pontevedra más allá de 2018, eso sí, después de realizar una modernización de las instalaciones sustituyendo su actual tecnología que utiliza el mercurio por otra libre de este producto. Desde el comité insisten en que la empresa está dispuesta a hacer la inversión necesaria para acometer este cambio de tecnología siempre y cuando la fábrica vaya a permanecer en Lourizán.

   

http://www.diarioinformacion.com/vega-baja/2016/01/12/diputacion-adjudica-obra-reforma-paseo/1715281.html

La remodelación de 11.750 m2 de la fachada marítima contempla un plazo de ejecución de 4 meses

2016|01|12 M. A. R.

La Diputación ha adjudicado la obra de reurbanización del paseo marítimo de Torrevieja en el tramo comprendido entre Punta Margalla (las columnas de la playa del Cura) y la Avenida de las Habaneras (la curva del Palangre) por un importe de 826.145,31 euros, IVA incluido, a la empresa Dipsa desarrollo integral de proyectos de obras y servicios ambientales. Esta previsto que la remodelación comience a ejecutarse en unas seis semanas y tiene previsto un plazo de realización de cuatro meses, por lo que en principio estaría lista para la campaña estival.
Según trasladaron ayer fuentes de la institución provincial, el decreto de adjudicación se firmó la última semana de diciembre con la empresa que presentó la oferta más ventajosa, con un presupuesto que supone un 25,7% menos del importe de licitación, fijado en 1.111.904,86 euros. La citada mercantil habría presentado además el mejor plan de obra pormenorizado mejorando asimismo lo que en términos técnicos se conoce como prestación definitiva de obra. La Diputación de Alicante subvencionará un 40% del importe total, mientras que el 60% restante correrá a cargo del Ayuntamiento. Ahora la mercantil tendrá que presentar el Plan de seguridad, tras lo cual se firmará el contrato y después comenzará el plazo de 30 días para firmar el acta de replanteo y el inicio de la obra.

Mejor accesibilidad

El paseo que será remodelado conecta la playa del Cura con la de los Locos y cuenta con una superficie de 11.750 metros cuadrados de suelo. Su construcción data de la década de los 90 y precisa de una actuación para mejorarlo tanto estéticamente como con un rediseño para mejorar la accesibilidad de los usuarios. La ejecución de la obra permitirá una nueva ordenación de los espacios destinados a jardines o zonas de juego de niños y áreas de descanso. Según la aprobación del proyecto publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado noviembre, la actuación posibilitará optimizar los materiales de urbanización, derribar las escaleras construidas en dominio público y la eliminación de la balaustrada que se ha caído ya en varias ocasiones. Asimismo se contempla la renovación del pavimento de la zona y la instalación de nuevas luminarias.
Se trata de una zona muy transitada de Torrevieja tanto en los periodos especialmente turísticos como durante el resto del año y son cientos de personas las que cada día la cruzan al conectar las dos playas. Para la tramitación de este proyecto fue necesaria la aprobación de la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que dio el visto bueno para utilizar el tramo de dominio público afectado por el deslinde en primera línea del litoral.
El citado organismo aprobó la ejecución del proyecto a finales de 2013 tras justificar el Ayuntamiento la necesidad de la actuación para aprovechar la servidumbre de tránsito debido al deterioro que sufre la actual, donde incluso varios bancos corren el peligro de ser arrastrados por el mar.

   

Plentzia busca el acuerdo definitivo con el Ministerio

Posted 12 enero, 2016 By cliff_carter

http://cadenaser.com/emisora/2016/01/11/radio_bilbao/1452506225_384980.html

El alcalde y el concejal de Deportes viajan mañana a Madrid, donde quieren hacer valer el informe favorable de Demarcación de Costas para lograr por fin el permiso para hacer las obras necesarias en el campo de fútbol

2016|01|11 JON EGAÑA / BILBAO

Mañana el Ayuntamiento de Plentzia buscará en Madrid el permiso definitivo para reformar su campo de fútbol. El estado de las instalaciones ha hecho peligrar incluso el futuro de un club que aglutina 300 federados en todas las categorías, y ahora el consistorio se entrevistará con el Ministerio con la esperanza de buscar un acuerdo que haga compatible las obras con la Ley de Costas.
Campo en ruinas

Un terreno de juego que se tuvo que dejar de utilizar porque su estado cochambroso hacía imposible jugar al fútbol, y porque incluso los futbolistas corrían el riesgo de caer lesionados. ¿El problema? Que su ubicación junto a la ría hacía necesario un permiso especial del Gobierno central para intervenir. El Ayuntamiento logró en su día el informe favorable de Demarcación de Costas. La posible solución, según nos cuenta el concejal de Deportes, Txelu Gómez, pasa por aprovechar los trabajos para realizar también un paseo que discurra en paralelo a la ría.

El concejal acompañará mañana al alcalde a Madrid, esperanzado por la buena sintonía lograda con los representantes del Estado en Bizkaia, pero prudente. Y en caso de conseguirse tocará después realizar un proyecto y ejecutarlo, o sea, sacar una cantidad importante de las arcas municipales, algo, que será también complicado para un ayuntamiento pequeño como el de Plentzia.

   

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/carballo/fisterra/2016/01/12/fisterra-trata-regularizar-costas-nucleos-tradicionales-calcoba-san-roque/0003_201601C12C5992.htm

José Marcote, que sabía de esos trámites aunque no conocía en detalle lo que había solicitado el anterior gobierno, destaca que todos estos proceso son lentos y complicados y que los principales problemas los tienen en el acceso al casco urbano

2016|01|12 Cee / La Voz

Fisterra es uno de los nueve concellos gallegos que se ha acogido a la posibilidad abierta por la Xunta para la regularización de los núcleos litorales tradicionales con acuerdo a la nueva Ley de Costas. Un proceso que, en este caso, como informa el exalcalde, José Manuel Traba, se solicitó para los casos de Calcoba, «que xa ten deslinde definitivo», y San Roque, donde este nuevo deslinde fue anulado por la Audiencia Nacional. «Reclamáronse estes dous porque tiñan máis visos de prosperar de acordo co informe da Demarcación de Costas», explica Traba.
El actual regidor, José Marcote, que sabía de esos trámites aunque no conocía en detalle lo que había solicitado el anterior gobierno, destaca que todos estos proceso son lentos y complicados y que los principales problemas los tienen en el acceso al casco urbano «porque nalgúns casos a liña de deslinde pasa ao outro lado da estrada». Una situación que ya fue objeto de un pleito con Costas, ganado por el Concello por cuestiones formales.
En cualquier caso, todos estos asuntos, como aclara la propia Xunta, se pueden resolver con un PXOM, que en Fisterra están tramitando.

   

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/vilagarcia-de-arousa/2016/01/12/interinidad-gobierno-retrasa-ejecucion-proyectos-ria/0003_201601A12C1993.htm

Los alcaldes se quejan de que no tienen interlocutores con los que despachar en Madrid, ni en Costas ni en Fomento

2016|01|12 SUSANA LUAÑA vilagarcía / la voz

Las elecciones generales fueron el 20 de diciembre, hace casi un mes, pero desde un trimestre antes, como ocurre siempre que hay comicios en lontananza, ya el Gobierno central trabajaba de forma interina, sin sacar adelante nuevos proyectos que pendían del resultado de las urnas. Pues bien, las urnas hablaron pero no aclararon cuál va a ser el color del futuro Gobierno de España; solo dijeron que difícilmente va a ser monocolor, como ocurría hasta ahora. Y en esa situación, todo el que tenía un asunto pendiente en Madrid, sigue con él bajo el brazo a la espera de que se sepa con quién tiene que hablar
Eso afecta a un buen número de proyectos pendientes de resolverse en la comarca. Sobre todo en Vilagarcía, pero no solo en la ciudad arousana: la estación intermodal que necesita Arousa para completar el diseño de su tren del futuro, el derribo del acuario y del palafito de A Compostela, el arreglo del paseo marítimo de Vilagarcía o los núcleos afectados por la Ley de Costas deberán seguir esperando a ver quién se sienta en Moncloa para pedirle audiencia.
En el caso del derribo del acuario, parecía que el camino estaba allanado y que se llevaría a cabo antes de que finalizase el 2015, pero fue Costas precisamente quien a última hora solicitó la redacción de un proyecto que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial de Pontevedra, pero ahora quedan veinte días de exposición pública. Una vez transcurridos, si no hay alegaciones, debería rematarse lo que ya se empezó, pero queda la incógnita de saber a quién se le piden después responsabilidades.
Y como con el acuario, otro tanto ocurre con el palafito, el mirador de madera de A Concha que también está pendiente de derribo por tratarse de una estructura deteriorada y peligrosa. El gobierno vilagarciano había previsto, además, aprovechar la buena relación que mantiene con la delegada provincial de Costas, Cristina Paz-Curbera, para incluir también en ese lote el arreglo de las baldosas del paseo marítimo de A Compostela, degradado por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Pero todo ello ha quedado aparcado desde las elecciones, porque Madrid tiene mucho que decir al respecto y, de momento, no se sabe quién debe decirlo.
Alberto Varela se quejó hace unos días de esa situación de interinidad. Lo hizo refiriéndose a la petición que quiere cursar ante Fomento para que Vilagarcía no quede al margen de las estaciones intermodales que se están construyendo en Galicia. El regidor pensaba dirigirse a la Consellería de Infraestruturas e Vivenda y al Adif, pero no sabe si habrá relevo a no al frente del Ministerio de Fomento, que es quien reparte el dinero. Por no hablar ya de la continuación del carril bici hasta Vilaxoán, proyecto que lleva años dormido.

Núcleos costeros

También los vecinos del litoral afectados por la Ley de Costas llevan años esperando por una solución para sus inmuebles. De momento, O Grove y Cambados se han sumado a un programa de ayudas de la Xunta para regularizar los núcleos tradicionales, una iniciativa del Gobierno autonómico que ofrece también asesoramiento para lidiar con una compleja tramitación que fue en buena parte responsable de que hace unos meses todas la peticiones llegadas de la comarca fueran rechazadas. También aquí el Gobierno central tiene la última palabra, pero no tiene quién la diga.

   

Tesis para salvar los núcleos costeros

Posted 12 enero, 2016 By cliff_carter

http://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2016/01/12/tesis-salvar-nucleos-costeros/1031063.html

Arteixo defiende que el Puerto de Suevos contaba con medio centenar de viviendas construidas en 1988 y disponía de carreteras, electricidad, abastecimiento y saneamiento
2016|01|12 Iván Aguiar | Arteixo

El Ayuntamiento argumenta ante Costas que el Puerto de Suevos, O Reiro, A Ponte y Sorrizo tenían un grado de consolidación (electricidad, abastecimiento, acceso rodado y saneamiento) superior al 67% (este es el mínimo que exige el Ministerio de Medio Ambiente para poder rebajar la línea de protección del dominio público de 100 a 20 metros). El núcleo que tenía más viviendas en 1988 era Suevos, donde el Concello asegura que había más de medio centenar de viviendas. El Concello espera la respuesta de Costas para conocer si legaliza estos asentamientos costeros.
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El Puerto de Suevos, O Reiro, A Ponte y Sorrizo son los núcleos costeros que Arteixo pretende salvar ante la Demarcación de Costas. El Ayuntamiento considera que la línea de protección puede rebajarse de 100 a 20 metros en esos enclaves, ya que la nueva Ley de Costas abre esa posibilidad para edificaciones que se quedaron en suelo rústico tras la ley de 1988. Así se lo transmitió en la propuesta que remitió a en septiembre para delimitar estos núcleos costeros.El Concello expone en el documento que estos cuatro núcleos tienen un grado de consolidación superior al 67% (mínimo exigido por el Gobierno central), es decir, que estas zonas estaban edificadas en sus dos terceras partes. Y que los terrenos contaban a la entrada de la Ley de Costas de 1988 con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica. El objetivo del Ayuntamiento es que Costas reconozca estos núcleos costeros. El visto bueno de Medio Ambiente no permitiría nuevas construcciones en la zona.
El Ayuntamiento explica en su propuesta para modificar la línea de protección que el Puerto de Suevos cuenta en la actualidad con más de 100 viviendas y que en 1988 disponía de 70 parcelas edificables, en las cuales había 58 edificaciones (50 serían casas). En total la delimitación del núcleo afectaría a 64.552 metros cuadrados y en 1988 tenía un grado de consolidación del 76%. Y asegura que en ese momento el núcleo contaba con viales, abastecimiento y electricidad.
En el núcleo de A Ponte, en Barrañán, había 39 parcelas edificables, 26 construidas en 1988 ( de las cuales serían 25 serían viviendas unifamiliares), según recoge la propuesta municipal remitida a Costas. En total este asentamiento costero mediría 39.869 metros cuadrados. El grado de consolidación de A Ponte era de un 82%. Es un desarrollo similar al de O Reiro, en la ría de Barrañán, también había 39 parcelas edificables a la entrada de la Ley de Costas. Entonces contaba con 26 casas y dos edificaciones más. Este núcleo mide 40.844 metros cuadrados. Su grado de consolidación es del 72%.
Sorrizo es el núcleo costero de Arteixo que contaba con menos casas en 1988. Había 16 parcelas construidas, en las cuales había 15 viviendas unifamiliares. Su grado de consolidación era de un 74% y mide 36.355 metros cuadrados.

   

Una propuesta jurídica de deslinde para Formentera

Posted 12 enero, 2016 By cliff_carter

http://www.diariodeibiza.es/opinion/2016/01/12/propuesta-juridica-deslinde-formentera/816413.html

2016|01|12

La Ley de Costas de 1988 respondió a la necesidad de poner freno al doble fenómeno de la destrucción y privatización del litoral, buscando el equilibrio entre el progreso y la protección y conservación de sus valores y virtualidades naturales y culturales, procurando combinar el aprovechamiento racional de sus recursos y la garantía de su uso y disfrute abierto a todos. Al mismo tiempo, la Ley de Costas dio cumplimiento a la exigencia del artículo 132 de la Constitución de 1978, que dispuso que son bienes de dominio público estatal la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
Todo ello se plasmó en el artículo 3 de la Ley de Costas de 1988 que determinó los bienes integrantes del Dominio Público Marítimo Terrestre, entre los que se incluyeron –refiriéndonos solo a los puntos de mayor interés (y polémica) para la isla de Formentera–la zona marítimo-terrestre (espacio comprendido entre la línea de bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos), las playas y las dunas (tengan o no vegetación, formadas por la acción del mar o del viento marino, u otras causas naturales o artificiales).
Además de delimitar el Dominio Público (es decir los bienes que dejan de ser de propiedad privada) la Ley de Costas establece otras medidas de protección del litoral que no implican privación de propiedad para los particulares sino simples limitaciones de su derecho (impidiendo o condicionando la posibilidad de edificación y obligando a dejar zonas de libre tránsito y acceso), se trata de las llamadas las servidumbres de tránsito y protección y de la zona de influencia. En palabras de la profesora Marta García Pérez «no es necesario reproducir los datos sobre la situación del litoral español en la década de los ochenta para justificar la aprobación de la Ley de Costas. La realidad nos los ha mostrado con toda su crudeza a lo largo y ancho de nuestras costas. La oportunidad de la norma queda, por tanto, fuera de toda duda. Era una norma necesaria»..
La Ley de Costas se limita a definir en abstracto los elementos que integran el Dominio Público Marítimo Terrestre, pero su determinación se realiza por un acto posterior: el deslinde. El deslinde es un acto administrativo que tiene como finalidad determinar las concretas zonas de cada territorio que quedan integradas dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre y las que quedan afectadas por las citadas zonas de servidumbre de protección y tránsito e influencia.
El deslinde de Formentera culminó en el año 1997 y se concretó en un trazado demoledor para los derechos de muchos particulares que habían construido sus viviendas y negocios amparados por licencias (y, en el caso de los extranjeros, por permiso de la Autoridad Militar) regularmente tramitadas. Desde un punto de vista técnico, el deslinde de Formentera ha sido objeto de fundadas críticas (por extender el concepto de duna más allá de su única ubicación posible: la playa), incurre en arbitariedades (incluyendo en el dominio público edificaciones que se encuentran en la misma zona, clase de terreno y distancia al mar que otras que permanecen en el dominio privado) e ignora la calificación urbanística derivada de las Normas Subsidiarias de Formentera (tomando como rústicas zonas calificadas de urbanas).
Pese a lo dicho la mayoría de los recursos interpuestos ante los Tribunales frente al deslinde de Formentera no prosperaron y los que lo hicieron con éxito fueron reconducidos nuevamente al fracaso por la Demarcación de Costas: en efecto, y aunque resulte difícil de creer, una vez que estos propietarios consiguieron la anulación del deslinde en los Tribunales, la Demarcación de Costas les volvió a imponer un deslinde prácticamente idéntico al anulado.
La mayoría de los propietarios afectados por el deslinde de Formentera optaron por una posición de rebeldía frente a la situación creada y decidieron no solicitar la correspondiente concesión, necesaria legalmente para el uso y ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre estatal con obras o instalaciones no desmontables. Esta situación (mantenida hasta el día de hoy) supone ocupar un inmueble sin título legal que respalde esa situación; recuérdese que los propietarios particulares perdieron su derecho a raíz del deslinde y no han obtenido una concesión lo que origina importantes distorsiones desde el punto de vista jurídico y económico: ¿qué ocurrirá si un día un tercero ´ocupa´ una de esas viviendas y con qué título pretenderá el ´legítimo propietario´ el desalojo? ¿cuál es el fundamento legal de los rendimientos económicos obtenidos por la explotación de esas viviendas en régimen de alquiler o de esos negocios de restauración?
La publicación de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988, pareció el salvavidas que los afectados por el deslinde de Formentera estaban esperando; en la misma se definió el dominio público marítimo terrestre de Formentera de modo distinto a como se hace para el resto del Estado y así dispuso que «con carácter excepcional y debido a la especial configuración geomorfológica de la isla de Formentera», respecto de ella se entenderá que queda incluido en el dominio público marítimo-terrestre:
a) El espacio de territorio que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde sean sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales ordinarios en donde no lo sean. A estos efectos, se entiende que son temporales ordinarios los que se han repetido, al menos, en tres ocasiones en los cinco años inmediatamente anteriores al momento en que se inicie el deslinde.
b) Las playas, entendiendo por tales las riberas del mar o de las rías formadas por arenales o pedregales en superficie casi plana, con vegetación nula o escasa y característica.
Puede afirmarse que el BOE (el papel) lo aguanta todo y, en efecto, mañana mismo podría publicarse una norma que ordenase al sol salir por el Oeste (¡normas aún más absurdas padecemos!) y algo parecido hizo la Ley de 2013 pues, según argumenta el Tribunal Constitucional pretendió reducir, para una zona concreta del territorio del Estado, un elemento unitario y natural (exartículo 132 de la Constitución) basándose en unas pretendidas especificidades de su configuración geomorfológica que ni se enumeran ni mucho menos se demuestran. La sentencia del Tribunal Constitucional 233/2015 se dicta con el respaldo de todos los Magistrados del Alto Tribunal y es de una contundencia tal, que debería cerrar el paso a cualquier otro intento legislativo de modificar el Dominio Publico Marítimo Terrestre de Formentera por la vía de su (nuestra) especialidad, pues geomorfológicamente no existe tal especialidad.
¿Hay salida para esta situación? Desde un punto de vista jurídico y pese a la sentencia del Tribunal Constitucional la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas de 1988 ofrece una posible vía de desbloqueo de la situación de Formentera. Debe destacarse que tras la Ley de 2013, la Ley de Costas establece una nueva definición de alguno de los elementos que integran el Dominio Público Marítimo Terrestre estatal y en concreto en su artículo 3.4, al referirse a las dunas, dice que éstas tienen ahora carácter demanial solamente hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa. De esta forma las dunas que no cumplan esos requisitos han dejado de formar parte del Dominio Público, por lo que las mismas, y las edificaciones que, en su caso, se asienten sobre ellas son susceptibles de retornar al dominio privado.
Esta modificación del concepto de duna de dominio público (solo es tal aquélla que garantice la estabilidad de la playa y la defensa de la costa) debería abrir la puerta tanto a posibles recursos de los particulares afectados (por ejemplo en la zona sur de la isla, Migjorn) como a una revisión general del deslinde de la isla de Formentera.

   

http://www.gomeraactualidad.com/articulo/canarias/puede-cuestiona-necesidad-edificar-hotel-playa-tejita/20160111222333015213.html

2016|01|11 GomeraActualidad.com / Redacción

  • La organización recuerda que Jaime González Cejas es el único responsable de este atentado ambiental, al firmar un convenio urbanístico con los propietarios en el año 2002
  • Los ecosocialistas discuten que la supuesta instalación suponga ventajas para Granadilla y sus habitantes y advierten de su ilegalidad

Sí se puede cuestiona la necesidad de edificar un hotel en la Playa de La Tejita, en Granadilla, tal como anunció el alcalde Jaime González Cejas recientemente a través de una nota de prensa. Igualmente, la organización pone en entredicho que, de producirse, la instalación suponga ventajas para este municipio del sur de Tenerife y sus residentes, advirtiendo de su ilegalidad, al vulnerar la directiva de hábitats y normativa sectorial como la Ley de Costas.
Los ecosocialistas recuerdan que la posibilidad de instalar un hotel en la zona aledaña a la Reserva Especial de la Montaña Roja y Zona de Especial Conservación por la normativa comunitaria fue un acuerdo fraudulento del actual alcalde, Jaime González Cejas, que firmó un convenio urbanístico en el año 2002 con los propietarios para que se incluyera el uso hotelero en el Plan General de Ordenación (PGO).
Este convenio finalmente fue incorporado en el documento de aprobación definitiva por las presiones del grupo de gobierno socialista presidido por Jaime González Cejas, el mismo que en estos días ha anunciado el proyecto del hotel. En ese PGO se contempla para el sector Costabella-Costa Tejita un uso residencial turístico; “ahí está el problema”, señala Antonio Cabrera, portavoz del comité local de Sí se puede en Granadilla y ex concejal en el ayuntamiento sureño. “Desde el Avance, González Cejas estaba decidido a incluir el uso turístico en la zona como puede comprobarse en el citado Convenio Urbanístico”, ha recalcado el citado portavoz.
Al respecto, Cabrera recuerda que el proyecto de compensación aprobado por la Comisión de Gobierno en 2009 no pudo aprobar la instalación de un hotel, como erróneamente se está afirmando, porque esa autorización solo puede darla el PGO, y porque, como se sabe, el hotel aún hoy no tiene licencia municipal.
La Tejita se encuentra inserta en la Reserva Especial de la Montaña Roja y es Zona de Especial Conservación por la directiva Hábitats, lo que la convierte en un espacio con un grado de protección ambiental que garantiza el que esta joya natural permanezca virgen y salvaje en una zona de la costa tinerfeña absolutamente carcomida por la industria hotelera.
Por este motivo, la hipotética instalación de esta infraestructura debe contar previamente con los suficientes informes de impacto ambiental en el que se calculen los efectos nocivos de la instalación sobre el área natural protegida vecina a la instalación, de forma que, en virtud de sus conclusiones, pueda decidirse no conceder la autorización o exigir medidas correctoras y de restauración de esos impactos.
La organización ecosocialista considera que los retos económicos y sociales de Granadilla no se resuelven mediante la instalación de un hotel en este espacio natural, por tratarse de “una vuelta de tuerca más en un modelo de desarrollo obsoleto y depredador”, asegura el portavoz de Sí se puede en Granadilla. Tampoco se resuelve “con la ubicación en el municipio de otras empresas de las que el alcalde se jacta como si fuera uno de sus accionistas”.
El portavoz ecosocialista asegura que el desafío de Granadilla para garantizar un desarrollo económico sostenible y que sea capaz de generar y distribuir riqueza entre sus habitantes “apunta a otros ámbitos de la actividad económica distintos de la industria turística, como la generación de energías renovables, la potenciación del sector agropecuario local y la concentración de la actividad turística en turismo cultural, deportivo y de salud”.
Asimismo, la organización señala que el alcalde muestra su cara más caciquil cuando alardea de que el ayuntamiento negocia con estas empresas la política de contratación de ciudadanos del municipio, una práctica que “suele ir más allá de la recomendación de dar empleo a personas residentes en Granadilla y que acaba promoviendo contrataciones a cambio de lealtad al cacique y su partido en lo que no es más que una versión de esclavitud moderna, expresada en empleos temporales y voto cautivo”, según Cabrera.

Proyecto de compensación

Respecto a las falsas acusaciones difundidas recientemente en redes sociales y algunos medios locales, Sí se puede aclara que, en 2009, la Comisión de Gobierno municipal se limitó a aprobar inicialmente un proyecto de compensación, limitado por la obligación de ejecutar lo previsto en el PGO, sin autorización para eliminar el uso hotelero previsto y con el único fin de reparcelar sin que quepa otra opción que cumplir con lo que el PGO ya contempla. Se trata de “distribuir de forma equitativa, por acuerdo de los promotores, las cargas de las infraestructuras que se ubican en las diferentes parcelas del conjunto del sector, algo en lo que el ayuntamiento solo puede hacer sugerencias”, apunta Cabrera.

El portavoz ecosocialista asegura que “la autorización del hotel se basa en el PGO, que prevé una parcela hotelera, y que fue aprobado por el gobierno municipal socialista con Cejas a la cabeza”, aclara Cabrera. Por tanto, el proyecto de compensación no puede anular lo que dice el PGO de 2005, que es el que establece el uso residencial turístico, con base a un compromiso adquirido por Jaime González Cejas con los propietarios.
Antonio Cabrera asegura que las informaciones confusas son intencionadas y forman parte de “la estrategia de la mentira y la manipulación demagógica, con la intención de confundir a la opinión pública, algo habitual en el PSC de Granadilla, capaces incluso de promover denuncias falsas”.
El portavoz ecosocialista concluye que “el responsable del hotel de La Tejita es el actual grupo de gobierno, que era el mismo que en 2005 aprobó el PGO donde al sector Costabella-Costa Tejita figura como residencial turístico”. Según Cabrera, “lo que tienen que hacer el actual alcalde y algunos miembros de su grupo, pendientes de juicio oral, es no mentir más y marcharse del Ayuntamiento porque son un peligro para Granadilla”.