fuente Costas Maritimas

@abogadodelmar

En estos días muchos clientes del despacho me preguntan si es cierto que por fin las propiedades que han quedado en el dominio público se pueden vender. Suelen venir bastante intoxicados por la propaganda engañosa del gobierno y la respuesta a la consulta es no.

Las viviendas no se pueden ni de tu podrán vender porque con ellas se transmite el suelo y éste es dominio público, por lo que se trata de un bien extra comercium, es decir que no se puede vender, comprar ni tampoco gravar.

Lo que se puede comprar o vender es la concesiòn sobre las viviendas cuando ésta proceda, pero la cosa viene con sorpresa como explico inmediatamente.

Durante muchos años hubo bronca entre los beneficiarios de una concesión indemnizatoria y el gobierno porque éste último incluía en el pliego de condiciones una cláusula según la cual el plazo concesional comenzaba a contarse a partir de la fecha de aprobación del deslinde y los interesados decian que el plazo no debería iniciar la cuenta sino desde el momento de otorgamiento de la concesión. Las broncas en cuestión se resolvían siempre a favor de los ciudadanos y no cabe añadir aquí más glosa ni comentario porque la cuestión es de sentido común.

No obstante, una reciente senténcia ha cambiado el criterio, dándole la vuelta como a un calcetín, y ahora lo que dicen los tribunales es que efectivamente el plazo concesional comienza a contarse desde que se aprobó el deslinde. El argumento es a mi parecer particularmente marciano: Con tan extraordinaria como sorprendente y novedosa preocupación por el derecho de igualdad, razonan los jueces que quebraría este derecho, con perjuicio de los ciudadanos diligentes, en de que la concesion contase a Partie de du otorgamiento porque en tal caso resultarían comparativamente perjudicados quienes la hubieran reclamado cuando Dios manda, es decir dentro del plazo de un año desde el deslinde.

El motivo por el que el argumento es a mi juicio marciano es que deliberadamente ignora que el reglamento de costas carga al gobierno con la obligación de otorgar la concesión de oficio una vez vencido ese plazo de un año sin que los interesados la hayan solicitado, por lo que si el gobierno y los ingenieros de costas tuvieran algo de decencia, sería imposible que se diera la situación a la que aluden estas desafortunadas sentencias (situación que por lo demás es una pura hipótesis, pues la situación de desigualdad a la que se alude es meramente potencial y teórica y no se refiere a ningún caso concreto.

Ahora bien, no se pueden valorar estas decisiones judiciales de forma desconexionada con la práctica administrativa de los últimos casi treinta años. Quienes hayan visto el video de mi intervención en el Parlamento Europeo el 20 de enero de 3009 sabrán que allí comuniqué que el gobierno de España ya entonces se quejaba amargamente de insuficiencia de medios para reconocer y otorgar las concesiones y denuncié que tenía todos los medios para quitar la propiedad con un deslinde pero no los tenía en cambio para indemnizar esa privación de la propiedad mediante concesión.

Creo que fue el 28 de agosto de 2008 cuando la entonces Ministra del ramo, Selena Espinosa, anunció a bombo y platillo en el diario El País el denominado “programa de reconocimiento de derechos a loa afectados por la ley de costas”, que a pesar de lo ostentoso del título no era más que la (supuesta) intención del gobierno de lavar sus muchos y graves pecados mediante el simple procedimiento de cumplir con el reglamento de costas y otorgar de oficio las concesiones indemnizatorias. En la misma entrevista, la entonces Directora General, Alicia Paz, reconocía otra falta muy grave que por cierto yo había denunciado en Bruselas, y era que el gobierno había adquirido el vicio de otorgar las concesiones de oficio únicamente en el caso de qur hubiera que rescatarlas, y de aquí parte del contenido de mi segunda intervención en el Parlamento Europeo, en mayo de 2011, Cutanda denuncié que esta practica había conseguido que cuando el Gobierno viniera a dar una concesión, los beneficiarios tuvieran razones para echarse a temblar.

¿Sabéis qué sucedió a continuación de aquel anunció tan chillón del programa de reconocimiento de derechos a los afectados por la ley de costas? Nada. Todo siguió como estaba y los propietarios expropiados continuaron sumidos en la incertidumbre.

Los años pasaron y los efectos de la negligencia del gobierno se fueron acumulando en forma de docenas de miles de concesiones sin otorgar, introduciendo a los responsables en el pozo a que se refiere el título de este artículo y generándose así una situación insoluble y un ridículo internacional para España por ser incapaz de indemnizar la privación de la propiedad incluso mediante el deficiente procedí,ie to de la concesión.

Creo que Margret AUKEN no me escuchó con atención cuando hablé en
el Parlamento Europeo, porque su ponencia se lamentaba de que la compensación mediante por la privación de la propiedad derivada de un deslinde era una fórmula insuficiente, pero ojalá el problema hubiera sido ése, porque larealidad, y lo que denuncué, era que las concesiones ni siquiera se estaban otorgando.

Esta bola de nieve gigantesca la han originado al alimon unos ingenieros de costas medio chalados y un gobierno dedicado a coger moscas. Los primeros se ufanaban de la velocidad de vértigo a la que deslindaban el litoral, limitándose a trazar la rayita y luego dejándolo todo patas arriba, pasando al deslinde siguiente en lugar de detenerse a tramitar los expedientes de concesión El segundo parecia no enterarse de nada, confirmando así que la Dirección General de Costas es un virreinato en manos de los ingenieros de caminos que la controlan.

La situación era, pues, insoluble. Pero dejó de serlo cuando los tribunales decidieron acudir generosamente en auxilio del gobierno y de los ingenieros de costas con las sentencias a las que me he referido arriba, cuyo significado final expediente de deslinde de extraordinario alcance, porque si la concesión comienza a contar a partir del deslinde, la consecuencia es que loa afectados se encuentran ya, desde hace años, disfrutando de ella. De hecho, recientemente los representantes de un colectivo de casi ochocientos afectados visitaron la DGC para consultar qué pasaba con sus concesiones y escucharon con sorpresa que éstas ya les habían sido reconocidas aún sin haber sido otorgadas, lo que sin duda hay que atribuir a la nueva doctrina judicial. La nueva situación no deja de parecer una broma pesada si tenemos en cuenta que por ejemplo los afectados de Maspalomas llevan esperando la concesión desde 1994, luego les quedan sólo diez años, y los Arenales del Sol desde 1997, luego les restan sólo trece.

Por que Sta vía, los jueces han conseguido tres cosas. La primera, sacarse de la manga un esperpento incomible que consiste en una concesión a la que asiste la singular cualidad de ser Sl mismo tiempo existente e inexistente. La segunda, trasladar el problema a los pobres propietarios expropiados, que si quieren vender la concesión de ninguna manera podrán personarse en el notario haciendo valer ese derecho que no solo existe y al mísmo tiempo no existe, sino que no consta en documento alguno. La tercera, echar al gobierno laxa bale manita a la que se refiere el título del artículo, pues no es cosa pequeña que un problema de Estado consistente en la necesidad de instruir unos 400.000 expedientes de concesión pueda ser alguien viaja de un plumazo por Sus Complacientes Señorías sólo con poner una frase en una sentencia.
España, contra lo que pueda parecer, no fue siempre un país ridículo. Esto es algo que data de tiempos recientes y ha venido de la mano, entre otros y por lo que aquí se refiere, de políticos burros que no sabían lo que hacían los ingenieros de costas,my de unos ingenieros de costas feroces como lobos y soberbios hasta el aburrimiento, que trazaban rayita tras rayita sin importarles lo que sucediera después.,
Los que tenemos cierta edad podemos recordar un tiempo en el que, por increíble que pueda parecer, los jueces eran jueces, los profesionales eran rigurosos, a nadie en su sano juicio se le ocurriría especular con derechos que existen y al mismo tiempo no existen y España atesoraba una dignidad que hoy ha perdido.
Es esta bazofia lo que me hace sentir cierta nostalgia de no ser titular de un pasaporte de Madagascar, el Congo, o cualquier otro de los muchos países que manejan índices de civilización y cultura muy superiores a los nuestros.

José Ortega
Abogado

http://www.costasmaritimas.es

   

Que presenta el letrado D. José Ortega Ortega
para la Plataforma Nacional de Afectados por la
Ley de Costas en relación con el nuevo
Reglamento de Costas publicado por el
Gobierno.
Octubre de 2014
José Ortega Ortega
Abogado
Derecho de Costas Marítimas
abogadodelmar@gmail.com

Por la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas se solicita informe al
Reglamento de la Ley de Costas publicado en el Boletín Oficial del Estado en fecha 11 de
Octubre de 2014.
El informe se emite en los términos siguientes:
El apartado 12 del artículo 4 introduce respecto del borrador un último inciso en relación a
las unas fijas con la siguiente redacción: “…salvo en aquellos casos excepcionales en que la mejor
evidencia científica disponible demuestre que la duna estabilizada es necesaria para garantizar la
estabilidad de la playa y la defensa de la costa”.
Considero que este último inciso destruye la objetividad de los principios expuestos en este
apartado c para determinar bajo qué condiciones los espacios e materiales sueltos son
necesarios o no para la estabilidad de la playa y la defensa de la costa. Se recordará que en
mi anterior informe dije que este precepto resultaba de utilidad para aplicar criterios claros
para discernir que dunas pertenecen al dominio público. Esta objetividad queda destruida
definitivamente con la nueva redacción, que mantiene siempre disponible la posibilidad de
que un informe científico pretenda erigirse como una excepción a lo establecido en el
artículo. Por otra parte la inseguridad jurídica derivada de esta redacción nueva se
incrementa porque parece quedar en manos de la Administración la determinación de lo
que sea “la mejor evidencia científica” y, ciertamente, si estamos hablando de la mejor
evidencia científica esto remite sin duda a informes de esa índole de gran calidad y
posiblemente elevadísimo coste cuyo precio está solo al alcance de la Administración y no
de los ciudadanos. Por lo tanto siempre va a quedar en manos de la Administración el
seguir o no los preceptos de este apartado c.
El apartado 3º del artículo 17 al aludir al archivo elevado de documentos y planos del
deslinde, añade un último inciso en el que se afirma que dichos instrumentos “serán públicos
para aquellos datos que deban tener esa naturaleza en aplicación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por
la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en
materia de medio ambiente”.
En mi primer informe sobre el borrador hice la observación de que los planos del deslinde
deberían publicarse en internet y quedar disponibles a los ciudadanos en todo momento.
En inciso final del precepto parece avanzar en ese mismo sentido, aunque, faltando a la
naturaleza que debe tener todo reglamento de proporcionar concreción, en lugar de
declarar que serán públicos y accesibles para todos los planos del deslinde, abre la puerta a
nuevos conflictos derivados del derecho a la información al remitirse a la mencionada Ley.
Esta observación no es precisamente teórica ni tampoco gratuita. En la pasada primavera
un ciudadano que se disponía a comprar un inmueble en la Manga del Mar Menor recurrió
a la Jefatura Provincial de Costas de Murcia para consultar el plano oficial del deslinde y se
encontró con la sorpresa de que el funcionario que le atendió le impidió obtener una
fotografía digital de la parte del plano en la que se había grafiado el inmueble. Este
oscurantismo de los funcionarios públicos, tan incomprensible, debía venir vedado de
forma clara y objetiva en el Reglamento de Costas mediante la fórmula que proponía en mi
anterior informe. En todo caso es indiscutible que el Reglamento debería garantizar que,
con o sin publicación en internet los planos del deslinde son públicos y accesibles a todos.
Esto, sin embargo, es una posibilidad no recogida en el Reglamento lo que resulta una
muestra más de que ese absurdo oscurantismo es realmente sustentado por el propio
Gobierno con independencia de la referencia que se pueda hacer a la Ley reguladora del
acceso a la información en materia de medio ambiente.
Los preceptos que regulan la tramitación del expediente de deslinde no cambian y a pesar
de ello considero necesario subrayar en el presente informe que la nueva regulación
constituye una oportunidad perdida de regulación de procedimiento de forma coherente y
compatible con los derechos individuales. Repito aquí, para empezar, lo ya dicho en mi
anterior informe sobre la inaceptable manipulación que supone que el inicio del cómputo el
plazo de tramitación venga determinado por la fecha de publicación del acuerdo de
incoación en lugar de por la fecha del propio acuerdo de incoación. Esto tiene por finalidad
el conseguir de forma ilegítima una ampliación del plazo de tramitación, cosa que muchas
veces resulta útil a la Administración puesto que en la práctica es común que ésta agote los
24 meses de plazo máximo de tramitación, traspasándolo incluso por unos días a pesar de
que el plazo es el más extenso que conozco para la tramitación de cualquier expediente
administrativo.
Parecen haber desaparecido del texto definitivo los artículos 186 y siguientes, por los que se
regulaba las actividades administrativas sujetas a pago de tasas. No obstante, ello carece de
consecuencias prácticas si tenemos en cuenta que la regulación desaparecida en el borrador
está recogida en el artículo 87 de la Ley de Costas, que establece que “la base imponible
estará constituida por los costes directamente imputables a la prestación del servicio” y que,
el tipo del gravamen será el 100% del valor de la base. En el caso de deslindes, esto supone
que los ciudadanos que soliciten la incoación de uno deberá hacer frente sus costes
íntegros, y ello sin ninguna garantía de que la línea llegue a quedar fijada conforme a sus
deseos.
Cambia la redacción del artículo 21. Si en el borrador afirmaba que “del procedimiento serán
oídos los propietarios colindantes, previa notificación, y demás personas que acrediten la condición de
interesados”, la redacción actual dice que “en el procedimiento serán oídos todos los propietarios que se
encuentren incluidos en el dominio público marítimo terrestre y los colindantes, previa citación, así como las
personas que acrediten la condición de interesados (…)”.
Esta nueva redacción resulta más congruente con los derechos individuales y parece seguir,
aunque tímidamente las observaciones de mi anterior informe criticando que no hubiera
notificaciones de oficio de la incoación del procedimiento a los afectados por la
servidumbre de protección sino que éstos debían adivinar la existencia del expediente.
No obstante bajo mi punto de vista la redacción es incompleta al no garantizar que serán
todos los afectados por la limitación provisional de la servidumbre de protección los que
tengan derecho a conocer desde el primer momento la existencia de un procedimiento que
afecta a sus intereses. A este respecto hay que tener en cuenta que cuando la servidumbre
de protección se establece en
100 metros lo más probable es que haya propietarios afectados por la misma que sin
embargo no sean colindantes con el dominio público y que por lo tanto ignoran la
incoación del procedimiento y no reciban noticia ni citación. Esto es simplemente
inaceptable e implica un posicionamiento del Gobierno nuevamente oscurantista, pero en
esta ocasión no ya por falta de atención o inercia, sino que después de haber sido
presentado dentro del plazo mi anterior informe de observaciones al borrador, no puede el
Gobierno alegar ignorancia. Por lo tanto nos encontramos ante una opción libremente
elegida en la cual el Gobierno ha decidido mantener en la ignorancia a un buen número de
propietarios que se verán afectados por el deslinde. Esto no es más que sembrar de forma
especialmente torpe e innecesaria la semilla de futuros conflictos que llenarán los
Tribunales de nuevos casos y permite por otro lado comprender que la saturación de los
Tribunales en cuestión es propiciada por el propio Gobierno mediante este tipo de
procedimientos tan desafortunados, tan desajustaos a derecho y tan nocivos para la
convivencia en paz de los ciudadanos y unas relaciones normalizadas de éstos con el poder.
El apartado c del artículo 21 parece haber experimentado un completo cambio en su
contenido. La anterior redacción se refería a la petición al Ayuntamiento o Centro Gestión
Catastral y Cooperación Tributaria de la relación de titulares catastrales de las parcelas
colindantes con el dominio público. En la redacción definitiva y este apartado c alude a la
ratificación al Registro de la Propiedad del acuerdo de incoación, plano y demás
documentación. Aparentemente ello viene determinado porque la Administración
considera suficientes los datos en su poder relativos a la identidad de los mercados. No
obstante este apartado c sigue conteniendo el mismo defecto señalado arriba, y es que en la
comunicación al Registro de la Propiedad solo se incluyen “los propietarios incluidos en el
expediente” y “cualesquiera otros que colinden o intersecten con el dominio público”. Esta redacción se
erige como una inapropiada garantía de profundización en los errores ya aludidos de falta
de notificación a propietarios afectados por la servidumbre de protección pero que no sean
colindantes con el dominio público.
En cuanto a la alusión de que el plano “del área afectada por el deslinde deberá constar
debidamente georeferenciado” constato, que el Gobierno no ha querido tener en cuenta
mis anteriores observaciones relativas a la peculiar situación propiciada por el Ministerio de
Medio Ambiente al ser su Dirección General de Sostenibilidad de la Costa el único
organismo del mundo que aplica todavía el anticuado sistema de coordenadas UTM del
llamado elipsoide de Hayford.
Aunque el Reglamento es aprobado oficialmente por el Gobierno, el empecinamiento en
un punto como éste lo atribuyo a la actitud de los altos funcionarios de la Dirección
General, que por algún motivo tan desconocido como absurdo parecen inhalar las enormes
ventajas que tendría el adoptar por una vez por todas los planos oficiales del deslinde el
sistema internacional de coordenadas basado en el elipsoide WGS-84, que es el que usan
todos los sistemas GPS y desde luego todos los planos de todos los Institutos y
Organizaciones del mundo que de alguna manera están relacionados con la geografía.
Como advertí en mi anterior informe, el erróneo uso del elipsoide de Hayford proporciona
distorsiones muy graves porque la ubicación de los vértices de la poligonal del deslinde con
el sistema GPS da como resultado un desplazamiento en la ubicación sobre el plano que
puede variar desde menos de un metro a varios cientos de ellos.
Normalmente la expresión del Reglamento “debidamente georeferenciado” debería dar
lugar por si al uso del elipsoide WGS-84, ya que los planos que usa el elipsoide de Hayford
están georeferenciados pero no están debidamente georeferenciados. No obstante, la
ausencia de flexibilidad de los altos funcionarios de costas y de los técnicos responsables de
la elaboración de los planos hace temer que esto no sea así.
Persiste el incomprensible error del artículo 22 cuando afirma que del acto de apeo se
podrá levantar acta en lugar de obligar a que dicha acta efectivamente sea levantada.
Nuevamente nos encontramos con una decidida voluntad de oscurantismo y con el germen
de nuevos e innecesarios conflictos ante los Tribunales propiciados únicamente por una
regulación del Reglamento en la que el Gobierno parece haber elegido ser incoherente.
La redacción definitiva del Reglamento persiste en los errores del borrador especialmente
en cuanto a la no inclusión de la posibilidad de un periodo probatorio. Como ya señalé en
mi anterior informe, los Tribunales están dictando sentencias en mi opinión bastante
desafortunadas pero desde luego en linea con el amor que dichos Tribunales parecen
profesar a las decisiones del Gobierno, según las cuales en el procedimiento de deslinde los
ciudadanos no tienen derecho a solicitar la apertura de un periodo probatorio, conforme a
los artículos 80 y 81 de LRJPAC, simplemente porque esa posibilidad no está prevista en la
regulación del procedimiento del Reglamento de Costas. Es importante que se tenga en
cuenta en toda la extensión del presente informe que la reacción definitiva del Reglamento
ha sido publicada en el Boletín Oficial después de una serie de extensas observaciones
hechas en el anterior informe elaborado por mí de 79 folios. Por lo tanto los aspectos no
atendidos o no corregidos implican todos ellos una especial contumacia del Gobierno y de
los altos funcionarios de la Dirección General, que en la mayoría de los casos como se está
viendo, inciden en el oscurantismo y la falta de transparencia. En este caso, el derecho a la
solicitud de apertura de un periodo probatorio está recogido en la LPAC que como es
lógico tiene superior jerarquía normativa que el Reglamento de Costas. Esta sola reflexión
debería ser suficiente para que los Tribunales hubieran defendido los derechos de los
ciudadanos proclamando que efectivamente los mismos pueden solicitar la apertura de un
periodo probatorio, pero como a la vista está que no es así con la consciente decisión del
Gobierno de no incluir ese derecho en la regulación del procedimiento de deslinde, se
transforma en una decisión consciente contra derechos de los ciudadanos que ya está
reconocido en la LPAC y por tanto en una actitud en mi opinión antidemocrática.
El artículo 25 regula las consecuencias de la modificación sustancial del proyecto de
deslinde posteriormente al apeo. El precepto se mantiene prácticamente en la redacción del
borrador, que a su ves coincide sensiblemente con la redacción del antiguo Reglamento,
según la cual la modificación sustancial del proyecto de deslinde no da lugar a la repetición
del apeo sino a una información pública. A lo ya dicho en mi anterior informe añado que
en la línea de secreto, oscurantismo, falta de información y laxitud en el respeto a los
derechos individuales que creo que preside la redacción, el Gobierno ha decidido no
corregir los ya tradicionales errores de redacción del reglamento antiguo y no establecer el
derecho a un nuevo apeo. Esto realmente no es de extrañar puesto que la defectuosa
regulación del procedimiento, según se ha avanzado, sienta las bases de continuos defectos
en la tramitación cuando determinados terceros afectados por la servidumbre de protección
no son citados al apeo ni reciben noticia alguna de la tramitación.
Estos defectos ejercen una considerable presión sobre el propio acto de apeo, que por su
regulación legal y por definición está predestinado a ser defectuoso en completo por esa
ausencia de notificaciones. Esta presión se incrementa cuando se produce una modificación
sustancial del proyecto de deslinde.
El artículo 26 regula la aprobación del deslinde sin cambiar la redacción del borrador y por
lo tanto sin atender al anterior informe, en el que subrayaba la necesidad de que las
notificaciones de la Orden Ministerial vinieran acompañadas de una copia del plano. De
nuevo y de forma reiterada el Gobierno se ha decidido por una solución opaca,
oscurantista y contraria a los derechos de información de los ciudadanos. Reitero lo dicho
anteriormente sobre que todo lo que hace la Orden Ministerial es aprobar un plano por lo
cual todas y cada una de las determinaciones de la Orden Ministerial no están contenidas en
ella “la Orden únicamente da soporte a la motivación del acto” sino en el propio plano.
Notificar la OM sin notificar al mismo tiempo el plano es igual a no notificar nada. Esta
nada es la que nos ofrece el Gobierno con el nuevo Reglamento.
El apartado 2º de este artículo 26 incorpora ciertos cambios, aunque insuficientes. La
redacción del borrador decía que la orden se notificara a los interesados que hayan
comparecido en el expediente, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento y Registro de la
Propiedad. La redacción definitiva extiende ese derecho a “los propietarios que se encuentren
incluidos en el dominio público marítimo terrestre y los colindantes y a quienes hayan comparecido en el
expediente acreditando su condición de interesados (…)”.
Los cambios en la redacción parece seguir la sugerencias de mi anterior informe, en el cual
se denunciaba como prácticamente aberrante la OM se notificara únicamente a quienes
hubieran compareció en el procedimiento, dejando al margen a quienes no lo hubieran
hecho incluso pudiendo ser afectados. No obstante la redacción sigue siendo insuficiente e
incumpliendo los principios básicos de garantías de derechos individuales al persistir
repetitivamente en reconocer el derecho a los incluidos en el dominio público y a los
colindantes con el, además de otros interesados que comparezcan, pero no a los afectados
por la servidumbre de protección que no son colindantes. A estos ciudadanos el Gobierno,
después de condenarlos e ignorarlo todo respecto de la incoación, tramitación del
expediente y apeo (por supuesto tampoco tienen derecho al trámite de vista y audiencia) los
condena ahora a ignorar también la aprobación de la OM. Con esto abre la posibilidad de
que cualquier ciudadano cuyos derechos de propiedad hayan sido limitados por inclusión
de sus bienes en la servidumbre de protección o bien pasen toda una vida ignorando esta
circunstancia o bien se aperciban de la misma casualmente pasados ya varios años desde la
aprobación del deslinde. En estos casos, y según mi experiencia profesional, la Audiencia
Nacional inadmitirá a trámite el recurso contencioso administrativo que estos afectados
pudieran formular.
El artículo 27 regula la llamada revisión del deslinde. A mi juicio es un precepto que
contiene alguna que otra trampa, quizás ordenada a aplicar cierta selectividad en los
ciudadanos que puedan optar a dicha revisión. En relación con el artículo 27 y la concesión
de 75 años recogida en el mismo, en mi opinión el Reglamento da lugar a una lesión al
derecho constitucional de igualdad al establecer lo que parece una concesión gratuita
mientras que la prórroga de concesiones indemnizatorias del artículo 2º de la Ley de
Reforma de la Ley de Costas, otorgándose igualmente por 75 años, está sujeta a canon.
El artículo 48 persiste en errores de bulto en cuanto a las competencias constitucionales
para dictar determinadas autorizaciones en la servidumbre de protección. De nada ha
servido que en mi anterior informe recordase que la sentencia 149/91 del Tribunal
Constitucional anuló parcialmente la Ley de Costas en su atribución de competencias a la
Administración del Estado en servidumbre de protección y asignó éstas a las Comunidades
Autónomas. Esto que expuse en aquel informe no es una cuestión de una interpretación
entre otras posibles del Ordenamiento Jurídico, sino una realidad recogida en una sentencia
y debidamente ejecutada mediante algo tan grave como la anulación parcial de una ley
formal por anticonstitucionalidad de algunos de sus preceptos. Resulta verdaderamente
singular la forma en la que el Gobierno persiste en los anteriores errores incluso después de
haber recibido las observaciones de este letrado. Nuevamente esta actitud del Gobierno
recogida en el Reglamento de Costas se conceptúa como la promesa de futuros conflictos
en los Tribunales que resultarían totalmente innecesarios solo con que el Gobierno se
hubiera avenido a algo tan simple como ajustarse a la sentencia en el Tribunal
Constitucional en lugar de expresar un acto de rebeldía contra ella que resulta patético.
El artículo 86, al regular el procedimiento a seguir los proyectos de obras en el dominio
público, no cambia su redacción al recoger un trámite de información pública pero no de
notificación a los ciudadanos afectados por el proyecto. Ya expresé en mi anterior informe
a mi parecer que la redacción era errónea y despreciaba los derechos individuales de los
ciudadanos al partir de una base conceptual que no se corresponde con la realidad como es
la de que no puede haber intereses privados que resulten afectados por las obras, de que no
puede haberlos de esa índole en el dominio público. Aludí en aquel informe a mi
intervención en el Parlamento Europeo en la que denunciaba esta situación, recordando
que no solamente pueden existir sino que efectivamente existen en el dominio público
numerosísimos derechos de concesión indemnizatoria de la Disposición Transitoria 1º de
la Ley de Costas. Ya que la Ley de Costas establece una vía que de forma algo grotesca
pretende ser compensación suficiente por la privación de la propiedad privada, y ya que el
Tribunal Constitucional en su sentencia 149/91 dijo que ese mecanismo era suficiente
como pago por una expropiación a los efectos del artículo 33.3 de la Constitución, el
Estado no tiene más remedio que aceptar la realidad de que existen ocupaciones en el
dominio público que son todas ellas legítimas y legales y que están consecuentemente
protegidas por el ordenamiento jurídico. Lo que el Estado no puede hacer es quedarse con
lo bueno y con lo que le interesa de cada una de las facetas de la situación que se deriva de
la aplicación de la Ley de Costas, y así de un lado no pagar un céntimo por lo que no es
más que una expropiación de la propiedad privada y por otro lado actuar como si
efectivamente se hubieran pagado las expropiaciones, a continuación se hubieran demolido
los edificios existentes en el dominio público y como consecuencia de todo ello pudiera
sostenerse que no hay ni un solo interés privado a respetar dentro del dominio público.
Esta actitud que queda así retratada resulta aberrante al dibujar el paisaje de fondo de un
Estado que maneja los asuntos públicos con una dosis de cinismo más propios de un barrio
portuario que en los salones donde se administran los asuntos de España, se supone que
con la objetividad ordenada por el artículo 103 de la Constitución. No puede decirse que
exista objetividad alguna, sino engaño agravado con el inmenso abuso de poder que se
deriva del monopolio del Boletín Oficial del Estado, cuando el Reglamento de Costas se
permite el lujo de regular expediente de proyectos de obras omitiendo de forma muy
cuidadosa y estudiada establecer la obligación de que se ponga en conocimiento de los
interesados la incoación y tramitación de esos expedientes.
Nuevamente recuerdo que estas observaciones ya fueron hechas en relación el borrador y
obran en poder del Gobierno, por lo que solo cabe concluir que existe una decisión
indiscutible a favor de la manipulación, el oscurantismo y una gestión opaca en este tipo de
expediente. Como se ve, ésta es la tónica general de mis comentarios que anteceden y
también la del propio Reglamento, que más parece una herramienta para ocultar la realidad
a los ciudadanos que una disposición general del Estado que de forma equilibrada que dirija
a regular y proteger los intereses generales.
El artículo 134 incorpora la sugerencia hecha con mi anterior informe para que las
limitaciones para contratar con la Administración Pública en el caso de concesiones que no
fuera de aplicación a las otorgadas con carácter indemnizatorio en aplicación de la
Disposición Transitoria 1º de la Ley de Costas.
El artículo 143 insiste en exigir la tramitación de que los herederos que pretendan
subrogarse en la concesión justifiquen estar al día del pago del canon de la misma, a pesar
de que ya señale en mi anterior informe de que la determinación es ilegal puesto que la
LPAC garantiza el derecho de los ciudadanos a no aportar a la Administración actuante
documentos que ya obren en poder de ésta. Nuevamente no nos encontramos ante una
cuestión derivada de una posible interpretación del derecho, sino de una realidad recogida
en la Ley. El Reglamento de Costas, aprobado por Real Decreto, tiene jerarquía normativa
inferior a la LPAC y por lo tanto la determinación que aquí comento es directamente ilegal.
Los documentos en los que, en su caso conste que el anterior concesionario estaba al día en
el abono del canon están bajo la custodia de la Administración de Costas, por lo que no
puede esa misma Administración de Costas exigir la aportación de tal documento.
El artículo 151, regulador de los pliegos de condiciones para el otorgamiento de
concesiones y autorizaciones no incorpora la sugerencia de mi anterior informe en la que se
pedía que se distinguiera en la redacción de tales pliegos entre las concesiones
indemnizatorias y las ordinarias. Esto parece que será de todos modos necesario, ya que
como hemos visto el Reglamento no exige a los titulares de concesiones indemnizatorias la
acreditación de no estar afectados por incompatibilidad para contratar con la
Administración. Y esa determinación es claro que forma parte en las que deberían incluirse
en el pliego de condiciones.
El artículo 174 mantiene la prórroga de concesiones indemnizatorias de la Disposición
Transitoria 1º de la Ley de Costas de 75 años.
El artículo 178 mantiene su determinación de necesidad de abono del pago de canon en
todo tipo de concesiones prorrogadas. Como ya indiqué en mi anterior informe, el canon
será del 8% sobre el valor de la base. Ningún efecto han tenido aquellas alegaciones en las
cuales aludía a la contradicción existente entre el pretendido mecanismo indemnizatorio de
la concesión y el hecho de que la prórroga de estas concesiones (en el caso de las
indemnizatorias) esté sujeto a un canon. Esto significa ni más ni menos que para que el
Estado nos pague la indemnización derivada de la privación de la propiedad, los
ciudadanos a su vez deberemos pagar al Estado. Nada hay más parecido a una burla del
derecho de propiedad y a un mecanismo turbio que se
asemeja de forma extraordinariamente convincente a una expropiación sin indemnización.
Desde luego ya no nos encontramos ante un borrador elaborado por los altos funcionarios
de la Dirección General, sino ante un texto definitivo salió del Gobierno de España, el cual
no era de esperar una obra de cinismo como ésta. Sin duda será necesaria una nueva queja
ante el Parlamento Europeo como consecuencia del más que defectuoso procedimiento
mediante el cual el Gobierno pretende compensar las expropiaciones.
Parece haber desaparecido del texto definitivo la referencia que ya fue denunciada en mi
anterior informe sobre el borrador a las tasas por prestación de servicios públicos entre las
que se contaban las correspondientes a deslindes de instancia de parte. En aquel informe
expresé una crítica relativa a que el tipo impositivo sería del 100% de la base imponible y la
base imponible en caso de deslindes sería el importe real del coste de la tramitación del
deslinde en cuestión. No obstante, la desaparición de esta regulación en el texto definitivo
puede ser debida a que el artículo 86 de la Ley de Costas ya contiene esa regulación. Una
valoración conjunta de la Ley y del Reglamento en este capítulo sugiere que podían haber
quedado abiertas las puertas y sentar las bases para posibles tratos de favor a ciudadanos a
ciudadanos económicamente poderosos, cadenas de hoteles o semejantes ya que en estos
casos los interesados creo que pueden estar en condiciones de negociar y pactar de
antemano con la Administración el trazado del nuevo deslinde que lleve de vuelta la ribera
de mar hacia el mar, lo que desde luego no parece que esté al alcance de los simples
ciudadanos.
En todo caso, soy escéptico en relación con la aplicabilidad de la disposición adicional
quinta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Este llevar de vuelta la ribera del
mar hacia el mar en la práctica no es otra cosa que la revisión del deslinde de las recogidas
en la disposición adicional quinta de la Ley de protección y uso sostenible del litoral y de
reforma de la Ley de Costas. De esta manera y en esta hipótesis los ciudadanos
económicamente privilegiados podrían terminar adquiriendo a precio de saldo terrenos en
primera línea de alto valor, donde el precio de saldo estaría representado por las tasas (de
igual valor al coste efectivo del deslinde), siempre de un coste inferior al valor de mercado
de los terrenos recuperados.
En todo caso, y a pesar de lo dicho, sigo siendo suspicaz en relación con la posibilidad real
de aplicación de la Disposición Adicional 5º de la Ley de Reforma de la Ley de Costas,
relativa a la revisión de los deslindes y consiguiente recuperación de la propiedad. Como ya
he expresado en otros informes a la mencionada Disposición Adicional 5º se opone el
artículo 4.5 de la Ley de Costas, que (quizás intencionadamente) no fue objeto de reforma.
La Disposición Adicional 5º alude a la posibilidad de que la línea de dominio público
marítimo terrestre que evolucione de vuelta hacia el mar liberando terrenos. Esto es
totalmente imposible, puesto que la línea de dominio público marítimo terrestre podemos
decir que se consolida, sin que haya retorno posible de ella hacia el mar puesto que el
artículo 4.5 de la Ley de Costas establece que serán dominio público los terrenos que hayan
perdido su primitivo carácter de zona marítimo terrestre o playa. Y de aquí que la línea que
efectivamente podría evolucionar de vuelta hacia el mar sería la de ribera del mar pero
nunca la del dominio público marítimo terrestre, que siempre quedará en la parte más de
tierra en la que hubiera quedado inicialmente fijada.
Este es el motivo por el que tengo la sospecha de que seremos testigos en la práctica
administrativa de futuro de que los ciudadanos económicamente favorecidos y las cadenas
de hoteles (dejando ahora al margen el mecanismo de las tasas) podrán beneficiarse de la
Disposición Adicional 5º de la Ley de Reforma mientras que los simples ciudadanos muy
posiblemente serán candidatos a que se les aplique el artículo 4.5 de la Ley de Costas y por
lo tanto nunca puedan verse beneficiados por la revisión de su deslinde.
La disposición transitoria decimocuarta apartado tercero del antiguo Reglamento de Costas
establecía una reducción a 30 años de las concesiones otorgadas con anterioridad por plazo
indefinido, a perpetuidad o por plazo superior a 30 años. Pues bien, de forma tan
sorprendente como decepcionante la regulación se ha endurecido de forma a mi juicio
arbitraria, con la nueva redacción que ahora está recogida en la disposición transitoria
decimosexta, su texto afirma que se presumen incompatibles con la ley de costas las
concesiones dadas a perpetuidad por plazo indefinido o noventa nueve años, ya firma
además que quedarán reducida a 30 años a partir de la entrada en vigor de la Ley de Costas
todas las concesiones otorgadas con anterioridad a la misma. Resulta totalmente
incomprensible y falto de razón porque puede conducir a que por ejemplo una concesión
dada para cuarenta o cincuenta años antes de la Ley de Costas para usos perfectamente
compatibles con ella quedará reducida sin ninguna justificación a solo 30. Como se puede
comprobar ha desaparecido aquí la posible base de razón de la antigua disposición
transitoria decimocuarta apartado tercero, que al menos proponía un razonamiento que
pretendía servir de base a la regulación. La nueva redacción hace tabla rasa con todo lo
anterior sin explicación ni justificación alguna y desde luego sin ninguna razón que pueda
ser entendida.
En resumen, y como valoración de conjunto, mi punto de vista sobre el texto definitivo es
el siguiente:
A. El tono general de la nueva regulación tiende a la opacidad, el oscurantismo y la falta de
transparencia en relación con el derecho de información de los ciudadanos. Reiteradamente
se percibe este carácter tanto en la regulación del expediente de deslinde, en el que se
refigura una inaceptable indefensión de los ciudadanos afectados por la servidumbre de
protección que no sean colindantes con el dominio público, como en los expedientes de
obras de la Administración en el dominio público, en los que los que se hurta a los titulares
de derechos legítimos en dicho espacio la posibilidad de ser notificado de oficio de la
incoación y tramitación de estos expedientes.
B. La totalidad del Reglamento de Costas constituye una especie de pantalla de humo
gigante y bastante espesa con la que el Gobierno pretende impedir que los ciudadanos
perciban la realidad evidente de que en muchísimas partes de la costa existe un problema
muy grave de erosión debido a obras públicas de la Administración, tales como puertos o
espigones. El RC a este efecto pone en marcha una escenografía en la que alude en
ocasiones a los efectos del cambio climático pero rehuyendo reconocer la anterior realidad
con tal ahínco que bien merece ser reconocido como obra de escenografía (al referirse al
cambio climático), ocultación (al omitir toda alusión al origen artificial de la erosión marina)
y en resumidas cuentas constituir una gigantesca herramienta de manipulación y mentira
que resulta en su conjunto contraria a la obligación constitucional de objetividad de la
Administración, consagrada en el artículo 103 de la Constitución.
C. El informe anteriormente presentado por este letrado en forma de observaciones al
borrador ha sido atendido en cuanto a la alusión a que la prohibición general para contratar
con la Administración los concesionarios por razones de incompatibilidad no será de
aplicación a las concesiones indemnizatorias.

   

FUENTE EN EL BOE:
El presente reglamento pretende ser un instrumento eficaz en la consecución de los principios que inspiraron la modificación de la legislación de costas, a saber, la protección del litoral y la seguridad jurídica.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Reglamento general para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, y cuantas normas de igual o inferior rango contradigan o se opongan a lo dispuesto en el reglamento que este real decreto aprueba.

La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,

ISABEL GARCÍA TEJERINA

REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS

Título preliminar. Objeto y finalidades (art. 1 y 2).

Título I. Bienes de dominio público marítimo-terrestre.

Capítulo I. Clasificación y definiciones (art. 3 a 9).

Capítulo II. Indisponibilidad.

Sección 1.ª Prevalencia del dominio público (art. 10 a 13).

Sección 2.ª Potestades de la administración (art. 14 a 16).

Capítulo III. Deslindes.

Sección 1.ª Objeto y principios generales (art. 17 y 18).

Sección 2.ª Procedimiento (art. 19 a 29).

Sección 3.ª Efectos (art. 30 a 32).

Sección 4.ª Inmatriculación de fincas colindantes con el dominio público marítimo-terrestre (art. 33 a 36).

Capítulo IV. Afectación y desafectación (art. 37 a 39).

Título II. Limitaciones de la propiedad sobre los terrenos contiguos a la ribera del mar por razones de protección del dominio público marítimo-terrestre.

Capítulo I. Objetivos y disposiciones generales (art. 40 a 43).

Capítulo II. Servidumbres legales.

Sección 1.ª Servidumbre de protección (art. 44 a 51).

Sección 2.ª Servidumbre de tránsito (art. 52).

Sección 3.ª Servidumbre de acceso al mar (art. 53 a 56).

Capítulo III. Otras limitaciones de la propiedad (art. 57 a 58).

Capítulo IV. Zona de influencia (art. 59).

Título III. Utilización del dominio público marítimo-terrestre.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Sección 1.ª Régimen general de utilización (art. 60 a 64).

Sección 2.ª Régimen de utilización de las playas (art. 65 a 74).

Sección 3.ª Otros principios comunes (art. 75 a 84).

Capítulo II. Proyectos y obras (art. 85 a 101).

Capítulo III. Reservas y adscripciones.

Sección 1.ª Reservas (art. 102 y 103).

Sección 2.ª Adscripciones (art. 104 a 109).

Capítulo IV. Autorizaciones.

Sección 1.ª Disposiciones generales (art. 110 a 112).

Sección 2.ª Servicios de temporada de playas (art. 113 y 114).

Sección 3.ª Vertidos (art. 115 a 125).

Sección 4.ª Extraccion de aridos y dragados (art. 126 a 130).

Capítulo V. Concesiones (art. 131 a 150).

Capítulo VI. Disposiciones comunes a autorizaciones y concesiones.

Sección 1.ª Pliegos de condiciones generales (art. 151).

Sección 2.ª Tramitación (art. 152 a 157).

Sección 3.ª Concursos para el otorgamiento (art. 158 a 160).

Sección 4.ª Condiciones de otorgamiento (art. 161).

Sección 5.ª Modificación (art. 162).

Sección 6.ª Extinción (art. 163 a 171).

Capítulo VII. Prórroga de las concesiones otorgadas al amparo de la normativa anterior a la ley 2/2013, de 29 de mayo (art. 172 a 178).

Título IV. Régimen económico-financiero de la utilización del dominio público marítimo-terrestre.

Capítulo I. Financiación de obras y otras actuaciones (art. 179 a 180).

Capítulo II. Cánones (art. 181 a 184).

Capítulo III. Fianzas (art. 185 a 189).

Capítulo IV. Valoración de rescates (art.190).

Título V. Infracciones y sanciones.

Capítulo I. Infracciones (art. 191 a 195).

Capítulo II. Sanciones.

Sección 1.ª Disposiciones generales (art. 196 a 200).

Sección 2.ª Multas (art. 201 a 206).

Sección 3.ª Restitución y reposición e indemnización (art. 207).

Sección 4.ª Abono de las multas e indemnizaciones (art. 208).

Capítulo III. Procedimiento y medios de ejecución.

Sección 1.ª Procedimiento (art. 209 a 214).

Sección 2.ª Ejecución forzosa (art. 215 a 218).

Sección 3.ª Accion pública (art. 219).

Título VI. Competencias administrativas.

Capítulo I. Competencias de la administración general del estado (art. 220 a 223).

Capítulo II. Competencias de las comunidades autónomas. (art. 224).

Capítulo III. Competencias municipales (art. 225).

Capítulo IV. Relaciones interadministrativas (art. 226 a 227).

Capítulo V. Impugnación de actos y acuerdos (art. 228).

Disposiciones adicionales.

Primera. Desarrollo disposición adicional tercera Ley 22/1988, de 28 de julio.

Segunda. Desarrollo apartado 1 disposición adicional décima Ley 22/1988, de 28 de julio.

Tercera. Desarrollo disposición adicional undécima Ley 22/1988, de 28 de julio.

Cuarta. Desarrollo disposición adicional segunda Ley 2/2013, de 29 de mayo.

Quinta. Desarrollo disposicion adicional tercera Ley 2/2013, de 29 de mayo.

Sexta. Desarrollo de la disposición adicional cuarta Ley 2/2013, de 29 de mayo.

Séptima. Desarrollo de las disposiciones adicionales quinta y sexta de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.

Octava. Régimen de las concesiones o autorizaciones otorgadas por las comunidades autónomas en puertos e instalaciones portuarias estatales transferidos.

Novena. Concepto de interesado de acuerdo con la ley 27/2006, de 18 de julio.

Décima. Competencia de los Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Disposiciones transitorias.

Primera. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria primera Ley 22/1988, de 28 de julio.

Segunda. Desarrollo apartado 2 disposición transitoria primera Ley 22/1988, de 28 de julio.

Tercera. Desarrollo apartado 3 disposición transitoria primera Ley 22/1988, de 28 de julio.

Cuarta. Desarrollo apartado 4 disposición transitoria primera Ley 22/1988, de 28 de julio.

Quinta. Desarrollo apartado 5 disposición transitoria primera Ley 22/1988, de 28 de julio.

Sexta. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria segunda Ley 22/1988, de 28 de julio.

Séptima. Desarrollo apartados 2 y 3 disposición transitoria segunda Ley 22/1988, de 28 de julio.

Octava. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria tercera Ley 22/1988, de 28 de julio.

Novena. Desarrollo apartado 2 disposición transitoria tercera Ley 22/1988, de 28 de julio.

Décima. Desarrollo apartado 3 disposición transitoria tercera Ley 22/1988, de 28 de julio.

Undécima. Adecuación de las normas de protección de la ordenación del territorio y urbanísticas.

Duodécima. Desarrollo apartados 5 y 6 disposición transitoria tercera Ley 22/1988, de 28 de julio.

Decimotercera. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria cuarta Ley 22/1988, de 28 de julio.

Decimocuarta. Desarrollo apartado 2 disposición transitoria cuarta Ley 22/1988, de 28 de julio.

Decimoquinta. Desarrollo apartado 3 disposición transitoria cuarta Ley 22/1988, de 28 de julio.

Decimosexta. Régimen de la revisión de concesiones otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/2013, de 29 de mayo.

Decimoséptima. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria sexta Ley 22/1988, de 28 de julio.

Decimoctava. Desarrollo apartado 2 disposición transitoria sexta Ley 22/1988, de 28 de julio.

Decimonovena. Desarrollo apartado 1 disposición transitoria séptima Ley 22/1988, de 28 de julio.

Vigésima. Desarrollo apartado 2 disposición transitoria séptima Ley 22/1988, de 28 de julio.

Vigesimoprimera. Desarrollo apartado 3 disposición transitoria séptima Ley 22/1988, de 28 de julio.

Vigesimosegunda. Desarrollo disposición transitoria primera Ley 2/2013, de 29 de mayo.

Vigesimotercera. Aplicación transitoria de los requisitos para ser concesionarios.

Vigesimocuarta. Plazo para la delimitación de los tramos naturales y urbanos de las playas.

Vigesimoquinta. Adaptación de los titulos concesionales prorrogados a las disposiciones de este reglamento.

Vigesimosexta. Ocupaciones existentes procedentes de titulos extinguidos o en tramitación.

   

FUENTE EFE
Madrid, EFE El Reglamento de la nueva y polémica Ley de Costas está “casi listo” para se aprobado en este último Consejo de Ministros antes de las vacaciones de verano o si no en los primeros que se celebren tras la vuelta de las fiestas estivales.

Así lo han informado a Efeverde fuentes del ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tras destacar que el reglamento busca garantizar la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral atendiendo a la realidad de las costas españolas.

El documento, que salvará de la piqueta a unas 10.000 viviendas, establece nuevos criterios para fijar el deslinde del domino público marítimo terrestre y amplia a 75 años más las concesiones otorgadas a los propietarios de casas construidas a pie del litoral.

Esta ampliación será de 30 años para los negocios de restauración, y para otras actividades económicas, de hasta 50.

Asimismo permitirá la celebración de actos de interés turístico o cultural en tramos de playas urbanas.

Una de las novedades es que modifica los criterios técnicos con los que venía determinándose la zona marítimo terrestre.

En la regulación anterior se extendía el dominio público hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos, a partir de ahora será necesario además que ese límite se haya alcanzado en “al menos cinco ocasiones en un periodo de cinco años”.

Ya no bastará con una sola prueba de una inundación ocurrida en el pasado o en la actualidad para poder solicitar la revisión, sino que ese episodio deberá acreditarse con el citado margen.

En el Reglamento General de Costas se han incorporado las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo, como la definición de la zona marítimo-terrestre con criterios exclusivamente físico-morfológicos y científicos y sin consideraciones de otra naturaleza, o el establecimiento de forma clara de la obligación de reparar el espacio costero cuando resulte perjudicado.

Para las ONG como Ecologistas en Acción el Reglamento culmina la privatización iniciada con la reforma de la Ley de Costas, recurrida ante Constitucional el PSOE, y las comunidades autónomas de Canarias, Asturias y Andalucía, que alegan invasión de competencias y/o “privatización” de la costa.

Ecologistas en Acción ha presentado 36 alegaciones, en las que argumenta una “mercantilización” del dominio público marítimo-terrestre y pide específicamente que todo lo que se inunda por el mar se incluya en el Dominio Público Marítimo Terrestre: las salinas y piscifactorías, la totalidad de las urbanizaciones marinas, los márgenes de los ríos por los que entra el mar hasta 2000 m de su desembocadura etc.

Igualmente defiende que se prohíban determinados usos, que se consideran lesivos, como pueden ser la existencia de campings con elementos desmontables, la publicidad de cualquier tipo, la celebración de fiestas, y la instalación temporal de chiringuitos en playas naturales y la abundancia y tamaño de esas instalaciones fijas en playas urbanas.

Cada 150 metros se puede instalar un establecimiento con un total de 300 m2 (200 m2 de edificación, 70 m2 de terraza y 30 m2 de aseos).

   

2014/05/31 La Casbah es Legal LEVANTE

Posted 31 mayo, 2014 By cliff_carter

LUCIANO ROMERO 27 mayo 2014 casbah y arenales teveee1_0001
Qué pensaría usted si le quitan la casa y para vivir en ella ha de pagar un alquiler? Esta es la situación en que se encuentran los propietarios de las viviendas de la Casbah. Se trata de una urbanización resultante de un plan realizado en su día por el Ministerio de la Vivienda para el Ayuntamiento de Valencia, que vendió las parcelas. La Casbah, ubicada en el parque natural de la Devesa de El Saler es absolutamente legal desde sus orígenes. Después vino la Ley de Costas y los deslindes que pretendían salvaguardar el dominio pú-blico.
En las playas se han cometido muchas y grandes irregularidades. El litoral sufre acosos constantes que lo degradan y es preciso poner orden. Las ampliaciones del Puerto de Valencia, por ejemplo, han hecho cambiar el litoral. Ahí están creciendo las playas del norte y desapareciendo las del parque natural. Para corregir desmanes debe de estar la ley, pero no para crear problemas a inocentes.
No es lo mismo legalizar a quienes se pusieron en contra de la ley que ilegalizar a los que actuaron desde el principio dentro de ella. No es igual instalar un chiringuito en suelo público o ampliar una terraza fuera del espacio concedido, que edificar en una parcela urbanizada y comprada a su propietario. Las viviendas de la Casbah están edificadas en suelo urbano vendido por el ayuntamiento y han sido ilegalizados por la ley que, además, se les ha aplicado con carácter retroactivo.
La nueva Ley de Costas, aseguran, resultará muy ventajosa para legalizar a los que estaban fuera de ella, los ilegales que construyeron sobre terrenos donde no se debía; pero quienes estaban dentro de ella, los legales, han sido castigados. Curiosa ley y curiosas consecuencias. Pero ahora, además, se anuncia el reglamento. ¿Recuerdan aquel político que decía, «ellos que hagan la ley y yo me ocuparé del reglamento»? Pues ya se anuncia con detalle que quienes disfruten de una concesión tendrán que satisfacer un canon.
Así se cierra el círculo del gran dislate. A usted le pueden quitar la propiedad de su vivienda, la que promovió el ayuntamiento legalmente y compró pero, además, si desea ocuparla habrá de pagar un alquiler. Esta situación no es de chiste. Es una situación absolutamente real como la misma ley reformada.
No somos iguales ante la ley que legaliza a los ilegales e ilegaliza a los legales y crea una discriminación que resultará legal pero es injusta.

Fuente LEVANTE

   

Martes día 27, en la 1ª de RTVE, se emitio a las 22,30 en Comando Actualidad un reportaje llamado “MI CASA ES ILEGAL” que trata la problemática que nos afecta a todos con la Ley de Costas . Podéis ver en video completo en el siguiente link de la web del programa.

video completo

Podéis verla parte sobre La Casbah / Arenales del Sol en el siguiente link.
casbah arenales del sol

   

pnalc
FUENTE COSTAS MARITIMAS.COM
El Gobierno elabora durante un año un reglamento de costas enteramente nuevo, con más de doscientos artículos, y pretende que los ciudadanos opinemos sobre él dentro del plazo de quince días en el marco de la información pública.
Aún así, he podido presentar dentro del plazo un informe-propuesta extenso en nombre de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que resumo aqui brevemente:

ASPECTOS POSITIVOS DEL NUEVO REGLAMENTO:

Aporta condiciones para la determinación de la zona marítimo terrestre (se deberán registrar cinco temporales en cinco años para que el alcance del temporal pueda tenerse en cuenta a efectos de delimitar la línea).
Se fijan definiciones legales de los distintos tipos de duna y se fija con claridad la frontera indicando qué dunas constituyen dominio público y qué otras quedan fuera de él.
Se garantiza que la prórroga de las concesiones indemnizatorias será de 75 años.

ASPECTOS NEGATIVOS DEL NUEVO REGLAMENTO:

Frente a los afectados que hayan sido expropiados y aspiren a revisar su deslinde:

La determinación de la zona marítimo terrestre se hará sobre datos de altura de ola en el mar abierto, sin estudiar hasta dónde alcanza el temporal en la costa.

La frontera entre las dunas demaniales y las que no lo son queda fijada en la llamada duna secundaria (que es demanial) a pesar de que pueda estar cubierta de vegetación incluso leñosa, en un 75% de su superficie. Esto implica que un bosque litoral puede ser declarado dominio público.

El coste íntegro de la revisión de los deslindes deberá ser abonado por quienes los soliciten.

No se aclara la contradicción entre el artículo 45 de la ley de costas (los terrenos sobrantes de un deslinde siguen siendo dominio público) y la disposición adicional sexta de la ley de reforma (los terrenos sobrantes de un deslinde serán devueltos a sus antiguos propietarios).

La prórroga de 75 años podrá solicitarse después de que haya sido otorgada la concesión base, pero la Administración ni ha otorgado en la mayoría de los casos ni parece que pueda otorgar la concesión base, simplemente porque se han acumulado docenas de miles de casos que desde hace años están esperando a que la Administración cumpla con su obligación de otorgar la concesión de oficio.

Aunque la prórroga sea de 75 años, el reglamento no dice nada de la posibilidad recogida en el artículo segundo de la ley de reforma en cuanto a que se otorgue en sucesivos plazos inferiores prorrogables.

Frente a los afectados por la servidumbre de protección:

El reglamento no aclara si obras como la simple reparación de un muro o un reforzamiento de pilares vendrán sujetas a intervenciones complementarias y caras a fin de presentar la declaraci´jn de eficiencia energética.

Frente a los concesionarios de vivienda anteriores a la ley de costas de 1988

La limitación a 30 años desde la entrada en vigor de la ley de costas de estas concesiones, no se suprime, por lo que persiste la amenaza de derribo en 2018. El texto alude a la posibilidad de su renovación con arreglo al artículo segundo de la ley de reforma, pero esa renovación no parece posible por ser contraria a la disposición transitoria sexta de la ley de costas en relación con su artículo 32. De hecho, el texto no afirma que estas concesiones sean prorrogables. Se limita a decir “sin perjuicio de su renovación”, lo que no compromete a nada ni implica el reconocimiento de ningún derecho.

Frente a los afectados por la erosión marina

El texto omite cuidadosamente referirse a la erosión por causas artificiales y presenta una realidad ficticia, tal como si todos los problemas de regresión se debieran a procesos espontáneos de la naturaleza. En caso de regresión grave (que siempre se produce por causas artificiales) el Gobierno podrá adoptar medidas de urgencia si la costa no se recupera espontáneamente (por medios naturales), lo que resulta simplemente imposible.

Afectados de Canarias

Llevan comparativamente la peor parte. Sus deslindes podrían haber sido revisados a la baja en un 90% de los casos de no ser por el criterio establecido por el texto de tener en cuenta la máxima altura de ola en el mar.

La regulación del expediente de recuperación posesoria, que tanto sufrimiento y tantos derribos han causado en el archipiélago, continúan sin un solo retoque que obligue a la Administración a tramitar el procedimiento con garantías.

El mecanismo de cierre de derechos transitorios fijado en 1969 (está explicado en el informe) produce agravios comparativos contrarios al derecho constitucional de igualdad y es el responsable de que muchos asentamientos canarios hayan sido derribados o tengan orden de derribo pendiente de ejecución. Este mecanismo de cierre no se modifica en el borrador.

Tampoco se alude a la práctica tradicional, y a mi juicio fraudulenta, de la llamada “certificación de coincidencia”, consistente en que los responsables de la tramitación de los deslindes cuando no había otro anterior, consistente en certificar que el deslinde aprobado coincide con el que se habría aprobado con arreglo a la ley de costas de 1969. Esta práctica está pensada de propósito para dar lugar a una expropiación sin indemnización y resulta especialmente intensa (y evidente) en Canarias. El mecanismo debería haber introducido mecanismos correctores pero no lo ha hecho.

Frente a las CCAA

De forma muy sorprendente el texto reserva a favor del Consejo de Ministros la facultad de otorgar determinadas autorizaciones de usos en la servidumbre de protección, invadiendo con claridad competencias que corresponden a las CCAA en exclusiva.
Jose Ortega

El informe íntegro (78 páginas) puede descargarse pulsando en el siguiente gráfico:
Informe sobre borrador de reglamento de costas (marzo 2014)

   

No es un reglamento de Costas. Es una pesadilla por José Ortega
Fuente:- Costas Maritimas
Me parece que el nuevo reglamento de costas que el Gobierno ha sacado a información pública es una criatura mestiza entre alarde de cinismo y broma pesada. En el extenso texto, los beneficios para los afectados son como las incrustaciones de chocolate en una galleta: estupendos pero escasos. Por ejemplo, el alivio de saber que las concesiones indemnizatorias podrán prorrogarse por plazo de 75 años se acaba nada más enterarnos de que esas prórrogas estarán sujetas a canon.

Como se sabe, la concesión indemnizatoria es el pago por una expropiación y lo que nos dice el nuevo reglamento es que para que el Estado pague ese precio a los afectados (en forma de concesión), los afectados deberán pagar otro precio al Estado (en forma de canon). Se trata de una pura y simple expropiación sin indemnización, y por tanto de una forma delicada de robo en la que algún alto funcionario quizá pretende que la abundancia de sellos oficiales impida ver el engaño.

Todos los afectados, desde Fuerteventura a Finisterre, suspiran por acceder a la revisión de su deslinde después de que la reforma de la ley abriera esa posibilidad, pero no sospechan que el nuevo reglamento, al establecer tasas por prestación de servicios, impone a los ciudadanos el pago íntegro del coste de esos deslindes nuevos. Si tenemos en cuenta que este coste incluye un estudio geomorfológico no precisamente barato, calculo que estamos hablando en total de importes entre sesenta mil y y cien mil euros. Naturalmente, cuando la Administración presente a los interesados una factura por ese importe, será sin ningún compromiso respecto al resultado final del nuevo deslinde, por lo que ningún afectado en su sano juicio querrá meterse en ese jardín, y creo que esto permite certificar la muerte prematura de aquella esperanza colectiva en la revisión del deslinde.

¿Quien podrá asumir esa aventura? Los poderosos. Éstos, bien dotados no sólo de tesorería, sino también de influencia, no se verán obligados a actuar a la buena de Dios: Negociarán la solución antes de soltar un céntimo y terminarán beneficiándose de la extraña y sospechosa disposición adicional quinta de la ley de reforma de la ley de costas. Extraña y sospechosa por la solución extremadamente generosa que brinda a los espacios que resulten sobrantes en todos aquellos casos en los que el dominio público evolucione de vuelta hacia el mar, que podrán ser recuperados automáticamente por sus antiguos propietarios. Hasta ahora, con la ley de costas de 1988, el terreno sobrante continuaba siendo domino público igualmente, y con las leyes de costas anteriores se integraba en el Patrimonio del Estado. Nunca se había producido una solución tan dulce para los particulares como la recogida en esta disposición adicional quinta, que no parece precisamente pensada para los simples ciudadanos.

Ahora bien, aunque esto sea increíble, la norma según la cual los terrenos sobrantes continúan siendo dominio público (el artículo 4.5 de la ley de costas) continúa en vigor. Podríamos preguntarnos como es posible la coexistencia de dos preceptos que dan cada uno una solución distinta a la misma situación de evolución hacia el mar de la ribera del mar, y para tan buena pregunta no tengo respuesta, aunque sí sospechas.

No manejo ninguna evidencia objetiva para creer que estas reformas estén pensadas sólo a fin de hacer la vida más fácil a los poderosos, y seguramente es muy tonta la sospecha de que que el artículo 4.5 de la ley de costas (los terrenos sobrantes seguirán siendo dominio público) será para el ciudadano común y la disposición adicional quinta de la ley de reforma (los terrenos sobrantes serán recuperados automáticamente por sus antiguos propietarios) se aplicará (sin mucha publicidad) a los poderosos. Pero es terrible el pálpito que me deja me deja este mecanismo en el que sólo los ricos podrán pagarse un deslinde nuevo y la lógica conclusión de que la inversión que hagan estos señores no va a resolverse por la vía del artículo 4.5 de la ley de costas.

El dibujo de fondo de ese mecanismo es simple: Venta a precio de saldo de terrenos demaniales. Los poderosos quizá estén ya manejando muy excitados la calculadora para negociar el pago de un deslinde a razón de cien mil euros para recuperar un terreno en primera línea de un millón de euros, mientras los ciudadanos pueden empezar a hacer lo mismo, pero para calcular el canon que deberán abonar a la Administración por unas concesiones que supuestamente son el precio que la Administración debe pagar a esos mismos ciudadanos por privarlos de su propiedad.

José Ortega

Abogado

Fundador de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas

   

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La Ley de Costas de 1988 se aplicó con carácter retroactivo sobre viviendas que habían sido construidas con todos los requisitos legales con anterioridad a dicha ley.

El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ante la denuncia formulada por esta Plataforma Nacional en 2008, elaboró un informe , Informe Auken, en el que pedía al Gobierno español que reconociera los derechos de propiedad de los ciudadanos europeos que habían sido vulnerados por la mencionada aplicación de la ley de Costas de 1988. Ese informe tuvo la aprobación del parlamento Europeo en pleno.

El Gobierno español constituido tras las elecciones de 2011 aceptó la recomendación y se propuso elaborar una nueva ley de Costas que diera solución a los problemas de vulneración de los derechos de propiedad legítimos que habían sido afectados compatibilizando dichos derechos con la necesidad de proteger la costa. Esta ley fue finalmente aprobada en Mayo de 2013.

En el preámbulo de la Reforma de la Ley de Costas, de 2013, apartado III, y como motivo justificativo de la misma se dice que: “El nuevo marco normativo pretende dotar a las relaciones jurídicas que se dan en el litoral de una mayor seguridad jurídica. Su ausencia ha generado problemas que van más allá de los estrictamente jurídicos y que han provocado desconfianza y desconcierto. Hasta el punto que un informe del parlamento europeo de 20 de febrero de 2009, el conocido informe Auken, insta a las autoridades españolas a que revisen urgentemente y, en su caso modifiquen la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en la zona de costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero”.

Sin embargo, los representantes de casos de afectados de toda España agrupados en la PNALC, afirmamos que la Reforma de la Ley de Costas no recoge ni protege los derechos de propiedad de los legítimos propietarios de viviendas que fueron afectados por la anterior ley, excepto para un privilegiado grupo de casos que han sido arbitrariamente desafectados por la actual ley. En el mismo sentido se pronuncia el Parlamento Europeo en el Informe Weithmann.

Ante las próximas elecciones al Parlamento Europeo, la PNALC exige a los diferentes partidos que nos van a representar, que se pronuncien con claridad ante los miles de afectados sobre la cuestiones siguientes:

1º) ¿Está usted de acuerdo en que el Gobierno Español debe cumplir las recomendaciones del Parlamento Europeo, no satisfechas en la actual Reforma de la Ley de Costas y realizar las modificaciones oportunas en la misma para garantizar el derecho de propiedad de los ciudadanos a los que se les priva del mismo tal y como indica el propio Parlamento Europeo?.

2º) ¿Considera usted que el otorgamiento de una concesión, arbitraria e incierta en su duración, es suficiente para compensar la pérdida de la propiedad que la Ley de Costas actual avala?.

Desearíamos que nuestras preguntas no quedasen sin respuesta al objeto de recobrar la fe en nuestros parlamentarios y pensar que, efectivamente, van al parlamento Europeo a defender los derechos de los ciudadanos respetando las decisiones del mismo.
PNALC elecciones parlamento europeo PDF

Alfredo Masó
Presidente de la PNALC
Marzo de 2014

   

11/03/2014
2014 reglament a discutir magrama
PROYECTO DE REAL DECRETO…../….., DE…. DE…., POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS.(Borrador del Reglamento Ley de Costas Reforma 2013)

Desarrolla esta Ley con el objetivo de garantizar la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral atendiendo a la realidad de las costas españolas

Incorpora las recomendaciones del Defensor del Pueblo para proteger mejor los recursos naturales de la costa y dar más seguridad y participación a los ciudadanos y más transparencia a la Administración

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) ha abierto hoy a consulta pública el Reglamento de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, aprobada el pasado mes de mayo, y que se ha publicado en el portal web del MAGRAMA (www.magrama.es).

Este Reglamento desarrolla la norma y concreta sus principales objetivos, entre los que se encuentran la protección del medio ambiente litoral y de los derechos de las personas, así como la seguridad jurídica para las actividades económicas que sean sostenibles para la costa.

La reforma de la Ley de Costas prohíbe expresamente la edificación en las costas españolas en la zona de dominio público marítimo-terrestre (ribera del mar y de las playas) y en su zona adyacente de servidumbre de protección, así como cualquier incremento de lo ya construido, al mismo tiempo que se facilita a todos los ciudadanos su uso público y gratuito.

Además, la Ley estableció la posibilidad de suspender las actuaciones urbanísticas ilegales en la costa antes del inicio de su construcción (“Cláusula Anti-Algarrobicos”).

MÁXIMA PROTECCIÓN DE LOS TRAMOS NATURALES DE LAS PLAYAS

La norma, además,diferencia entre los tramos urbanos y naturales de las playas. El Reglamento desarrolla esta diferenciación legal y concreta el régimen de ocupación y de uso de ambos tramos, restringiendo las ocupaciones en los tramos naturales de las playas, mientras que en los urbanos se garantiza una adecuada prestación de servicios siempre que sea compatible con su uso común. En todo caso, se garantiza el uso público de las playas, de cualquier clase, por todos los ciudadanos.

En cuanto a los eventos en las playas, la Ley de Costas regula esta cuestión y el Reglamento concreta los requisitos, límites y condiciones en los que es posible su ocupación, garantizando su conservación y entendiendo además que esas ocupaciones se restringen a los tramos urbanos. Así, solo se admiten los eventos de interés general y repercusión turística si se garantiza una completa conservación medioambiental de la playa,para lo que se exige la prestación de las debidas garantías económicas.

SEGURIDAD JURÍDICA Y TRANSPARENCIA

La reforma de la Ley de Costas refuerza la seguridad jurídica y garantiza la información a los ciudadanos sobre sus propiedades y otros derechos. Como novedad, se obliga a inscribir los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el Registro de la Propiedad, y se asegura esta información a los interesados en el caso de que se inicie un nuevo deslinde, desde el inicio del procedimiento. Además, se ofrecerá información gratuita a los ciudadanos sobre las líneas de deslinde a través de Internet.

El nuevo marco legal asegura la continuidad ordenada de las ocupaciones en el dominio público marítimo-terrestre y se evita el “efecto 2018”, es decir, las demoliciones masivas de viviendas e industrias, siempre con criterios medioambientales. Se abre la posibilidad de prorrogar estas concesiones por un plazo de hasta 75 años (en el caso de las autorizaciones de hasta 4 años), con el requisito de que se acredite su sostenibilidad ambiental.

La reforma de la normativa de Costas permite la transmisión de los derechos de la concesión de viviendas, previa autorización.

ESTRATEGIA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

Además, el Reglamento incorpora las previsiones de ley sobre los efectos del cambio climático en el litoral, y para ello se prevé la elaboración de una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático para disponer de un diagnóstico riguroso de los riesgos asociados al cambio climático que afectan a nuestra costa. Se prevé también la obligación para los adjudicatarios de título de ocupación del dominio público marítimo terrestre de adoptar medidas de adaptación a los efectos del cambio climático.

La Leyde Costas aporta más seguridad a los chiringuitos en cuanto a plazos y condiciones de la concesión, exigiéndoles asimismo más en términos de ordenación y cuidado de las playas. Por eso, el Reglamento establece criterios que compatibilicen la protección de la costa con el servicio público, y se restringe más su instalación en las playas naturales.

Además, el Reglamento, atendiendo al mandato legal, concreta el concepto de dominio público marítimo-terrestre, en particular el concepto de playa y de alcance de las olas. Para ello, establece una serie de criterios técnicos y objetivos que van a permitir saber a los ciudadanos, por primera vez, cuál debe ser la línea de deslinde y su aplicación uniforme en el conjunto del territorio.

INCORPORA RECOMENDACIONES DEFENSOR DEL PUEBLO

En este Reglamento se han incorporado las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo, en línea con los objetivos de la reforma de la Ley para proteger mejor los recursos naturales del litoral y dar más seguridad y participación a los ciudadanos y más transparencia a la actuación administrativa.

Así, tras estudiar las recomendaciones y sugerencias aportadas por el Defensor del Pueblo, el Ministerio valoró su indudable interés para la mejora de la protección del litoral y para enriquecer el texto normativo, por lo que las ha tenido en cuenta en los trabajos de revisión del Reglamento.

Entre las sugerencias del Defensor del Pueblo que se han incorporado en el Reglamento en los términos recomendados por la institución se encuentra la definición de la zona marítimo-terrestre con criterios exclusivamente físico-morfológicos y científicos y sin consideraciones de otra naturaleza; establecer de forma clara la obligación de reparar el espacio costero cuando resulte perjudicado; o garantizarla participación pública durante el proceso de elaboración del Reglamento.

También se propuso que la autorización de publicidadno suponga alteración del paisaje, ruido o pantallas visuales, e instóaque cuando se celebren eventos de interés general en las playas en que estén permitidos se aseguren las medidas preventivas y de restitución, aspectos que también se recogen en el nuevo Reglamento.

   

2013/01/13 Nuevos Deslindes Publicado Hoy en el BOE

Posted 14 enero, 2014 By cliff_carter

1) Aprobar el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de unos cuatrocientos setenta y seis (476) metros de la margen izquierda de la ría de Villaviciosa comprendido entre el club de piraguas “El Gaiteru” hasta el inicio del club “Albatros”, en el término municipal de Villaviciosa (Asturias), según se define en los planos fechados el 25 de septiembre de 2012.BOE-B-2014-915

2) Aprobar el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos cuatro mil ochocientos treinta y ocho (4.838) metros, comprendido entre los ríos Anna (incluido) y Mijares (excluido), en el término municipal de Burriana (Castellón), según se define en los planos que se integran en el proyecto y que están fechados el 31 de octubre de 2012 y firmados por el Jefe del Servicio de Gestión del Dominio Público y la Jefe del Servicio Provincial de Costas en Castellón. =BOE-B-2014-914

3) Aprobar el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos siete mil ciento setenta y seis (7.176) metros de longitud, correspondiente al tramo Norte, comprendido entre el límite con el término municipal de Elche y el puerto de Santa Pola (excluido), en el término municipal de Santa Pola (Alicante) según se define en los planos de al colección de escala 1/1000 fechados en octubre de 2012 y firmados por el Jefe de la Sección Técnica de Gestión del Dominio Público Marítimo-Terrestre y por la Jefa del Servicio Provincial de Costas en Alicante, salvo el numerado 7 que está fechado en junio de 2013 y firmado por el Jefe de la Sección Técnica y el Jefe del Servicio de Gestión del Dominio Público. B-2014-913

4) Aprobar el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de unos dieciocho mil setecientos treinta y seis (18.736) metros de longitud, correspondiente a la totalidad del término municipal de El Campello (Alicante), según se define en los planos de la colección de escala 1/1000 fechados en octubre de 2012 y firmados por el Jefe de la Sección Técnica de Gestión del Dominio Público Marítimo-Terrestre y por la Jefa del Servicio Provincial de Costas en Alicante salvo los numerados 13, 17 y 24, que están fechados en junio de 2013 y firmados por el Jefe de la Sección Técnica y el Jefe del Servicio de Gestión del Dominio Público. BOE-B-2014-912

   

•— Disposiciones publicadas en el BOE:

1.Título:Recurso de inconstitucionalidad n.º 4906-2013, contra el artículo primero, apartados 2, 11, 12, 18 y 38, y la disposición transitoria primera de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.Departamento:Tribunal ConstitucionalPublicación:BOE nº 250 de 18/10/2013, p. 84911 a 84911 (1 página)
Ver documento: BOE-A-2013-10905

2.Título:Recurso de inconstitucionalidad n.º 5009-2013, contra diversos artículos y disposiciones de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.Departamento:Tribunal ConstitucionalPublicación:BOE nº 250 de 18/10/2013, p. 84912 a 84912 (1 página)
Ver documento: BOE-A-2013-10906

3.Título:Recurso de inconstitucionalidad n.º 5012-2013, contra el artículo 1, apartados 2, 3, 10, 11, 12, 39, 40 y 41; el artículo 2; las disposiciones adicionales 2ª, 4ª.1, 5ª, 6ª, 7ª y 9ª; disposición transitoria 1ª y el anexo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.Departamento:Tribunal ConstitucionalPublicación:BOE nº 250 de 18/10/2013, p. 84913 a 84913 (1 página)
Ver documento: BOE-A-2013-10907
4.Título:Recurso de inconstitucionalidad n.º 5020-2013, contra el artículo primero, apartados ocho, subapartado 3; treinta y nueve, subapartado 5; cuarenta, subapartado 3; y cuarenta y uno de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.Departamento:Tribunal ConstitucionalPublicación:BOE nº 250 de 18/10/2013, p. 84914 a 84914 (1 página)
Ver documento: BOE-A-2013-10908
5.Recurso de inconstitucionalidad n.º 4912-2013, contra el artículo primero, apartados 12, 16, 38 y 41, y la disposición adicional octava, apartado 2, de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Ver documento: BOE-A-2013-11443

   

4 de octubre a las 18,30 h y el domingo 6 de octubre a las 13,30 h

Hace unos meses el gobierno aprobó la reforma de la Ley de Costas. Una modificación legislativa que ha suscitado muchas críticas por parte de las organizaciones ecologistas porque creen que abre la puerta a la privatización del litoral. Pero además hay más de 30.000 viviendas construidas legalmente antes de la ley de costas, que quedaron en dominio público tras su aplicación. Desde entonces estas familias se hallan en un limbo jurídico: sin propiedad, sin indemnización pero con todas las obligaciones que se derivan de ser dueño de un inmueble.

   

2013 03 21 angelika werthmann-520x330 EFEangelika werthmann
El PE lamenta que Ley de Costas no mejore protección jurídica de viviendas y pide a la Comisión que investigue EUROPA PRESS

Bruselas pide compensaciones justas para los afectados por la antigua Ley de Costas española Periodico EL MUNDO

VIDEO Aprobacion del Informe 2013/09/17 ES peticiones ley de costas 10M

Documento de trabajo DOCUMENTO EN Ingles

AGENDA para el mitin 16 de Agosto sde 2013
ITEM 17 Ref 510.751 DT Report on the Fact-finding visit to Madrid, Spain (21-22.03.2013) – consideration of amendments – approval of the FFV report

   

Articulo Completo en COSTASMARITIMAS.COM
Anuncia la tele que el PSOE ha formulado recurso de inconstitucionalidad contra la reforma de la ley de costas, aunque por ahí y por los papeles se explica poco sobre el contenido del recurso en cuestión. Sólo he leído cosas como por ejemplo lo siguiente:

Los socialistas, tal y como explicó su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, a principios del verano, buscan tratar de “para” una norma que únicamente responde a “intereses privados”.

Asimismo, recuerdan que la Constitución apunta que “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo” y los poderes públicos están obligados a hacer un uso “racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente”. Algo que no contemplaría esta norma.

Por otra parte, el PSOE ve arbitraria la decisión de prorrogar 75 años las concesiones en la zona de dominio público, ya que chocaría con las directivas de la Unión Europea.

El PSOE recurre ante el Constitucional 18 preceptos de la Ley de Costas EUROPA PRESS

Además de los socialistas, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias acordó el miércoles presentar también un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Costas. Desde el Ejecutivo de Javier Fernández se asegura que esta normativa “fomenta las desigualdades, apuesta por la arbitrariedad, antepone los intereses privados y supone además una subordinación intolerable de las competencias autonómicas en las que se inmiscuye de manera totalmente ilegítima”, según recoge ‘El País’.
Asturias recurre la Ley de Costas por “ideológica” y por invadir competencias EL PAIS

Teniendo en cuenta la parquedad de la información, mi punto de vista es que esta maniobra es una pose que obedece a una cuestión supuestamente de coherencia con el posicionamiento de este partido tan obrero y tan español y sobre todo tan socialista. Pero una cosa es la coherencia política y otra el mundo del derecho, que a pesar de que está siendo deshecho por ambos partidos políticos en una labor de demolición lenta pero eficaz, sigue siendo derecho.

En corto: Tal como lo veo, la reforma de la ley de costas es claramente contraria a la Constitución en determinados preceptos, aunque lo que el PSOE ha anunciado por ahí nada tiene que ver con ellos. Esto no quiere decir que las cuestiones a las que me voy a referir no vengan recogidas en su recurso. Quiere decir únicamente que no las he visto en la prensa.
Medio Ambiente defiende la constitucionalidad de la Ley de Costas ante las “críticas a la ligera del PSOE
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En resumen, yo pienso que lo que ha hecho hoy el partido socialista ha sido cumplir con un ritual que hasta donde sé y por lo que sale en prensa, está vacío de contenido. Ellos van, presentan el recurso y cumplen con el ritual aunque el recurso no tenga fundamento, lo mismo que otros van a misa los domingos y cumplen aunque no se acuerden de qué iba la homilía.
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Dicho esto, yo veo tres motivos de inconstitucionalidad en la ley de reforma de la ley de costas, aunque podría haber más.

Apartado segundo del artículo 119 de la ley de costas (según reforma):

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior y de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 67 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de bases del régimen local, el Delegado del Gobierno, a instancia del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, podrá suspender los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección o que supongan una infracción manifiesta de lo dispuesto en el artículo 25 de la presente Ley.

Sólo con mucha arrogancia es posible colocar un precepto como éste, en especial después de la sentencia 149/91 del Tribunal Constitucional, que como es sabido declaró la nulidad parcial de la ley de costas hecha por el partido socialista debido a que atribuía competencias al Estado en la gestión de la servidumbre de protección. El razonamiento más o menos era el siguiente: La servidumbre de protección es un concepto legal creado ex novo por la ley de costas de 1988 que tiene por finalidad proteger el dominio público de la excesiva presión urbanística. Su antecesora, la servidumbre de salvamento, tenía el propósito de dejar espacios libres para varada de embarcaciones y depósito de náufragos y mercancías en caso de naufragio. El Tribunal Constitucional dijo que la cuestión relativa a la presión urbanística es ordenación del territorio, y la ordenación del territorio es una materia que la Constitución reserva a las CCAA. Por tanto, hubo que reformar esta parte de la ley y por cierto éste es el motivo de que nos encontremos con el lío recurrente de una franja de seis metros desde la ribera del mar que es al mismo tiempo servidumbre de tránsito y de protección, y que está sometida a dos autoridades distintas en cuanto a lo que se puede o no se puede hacer en ella.

Es incomprensible cómo después de esos antecedentes el legislador (o sea, el gobierno, o sea los tres o cuatro ingenieros de costas que en esta materia son los jefes de España) se atreve a volver a atribuir al Estado competencias en la servidumbre de protección. Imagino que el Principado ha formulado recurso por este concepto (entre otros) y yo pienso que es seguro que el TC les dará la razón.

Disposición adicional sexta:

1. Se excluyen del dominio público marítimo-terrestre los terrenos correspondientes a los núcleos de población que se enumeran en el anexo de esta ley, en la extensión que se fija en la planimetría incorporada al propio anexo.

Entiendo que muchas familias han respirado tranquilas después de que les quitaran el muerto de encima mediante este procedimiento, especialmente mis amigos de Moaña, pero esto no significa que el procedimiento sea correcto en derecho. Y no lo es.

La cuestión es simple:

-El artículo 132.2 de la Constitución dicen que la zona marítimo terrestre y las playas son dominio público.

-El artículo 4 de la ley de costas introduce el concepto conocido oficiosamente como “dominio público artificial”, integrado por bienes que son demaniales por ministerio de la ley aunque no son dominio público natural o ribera del mar. Por ejemplo, los acantilados, los terrenos que compre el Gobierno para sumarlos al dominio público o aquéllos que hayan perdido su primitivo carácter de zmt o o playa.

-El artículo 18 de la ley de costas establece la posibilidad de desafectación de los bienes que formen parte del dominio público llamado artificial. Quiere esto decir que, respetando el artículo 132.2 de la Constitución, no es posible desafectar bienes de la ribera del mar o dominio público natural.

Pues bien: Lo que hace la disposición adicional sexta de la ley de reforma es decir que determinados bienes son dominio público natural y que aún así “se excluyen del dominio público”. Esto no es algo que pueda hacer el legislador porque es contrario al artículo 132.2 de la Constitución. Es así de simple.

No he dicho hasta ahora ni media palabra de esto para no perjudicar los procesos que en cada caso se hayan abierto para resolver los problemas de esos once núcleos de población. Pero dejadme que exprese ahora este punto de vista exclusivamente técnico que sólo tiene por finalidad clarificar y que ya no puede perjudicar a los interesados puesto que el tema está en manos de esos señores y esas señoras del Tribunal Constitucional, que son muy sabios.

Por lo demás, la disposición adicional sexta violenta con claridad el artículo 14 de la Constitución al establecer un privilegio no justificado frente a otros afectados que, encontrándose en una situación similar, no se han visto beneficiados por tan generosa medida como es la exclusión del dominio público.

De la arbitrariedad de la medida os puede servir de ejemplo la exclusión del casco urbano de Isla Cristina. El área es una península totalmente arenosa que constituye por mandato constitucional ribera del mar en toda su extensión. Los constructores se pusieron quiquos construyendo allí, incluso después de la ley de costas y en parte gracias a unos deslindes muy amables que dejaron fuera del dominio público esos terrenos que eran pura arena. En particular, llamo la atencion sobre el caso de un hotel muy majo construido encima de una arena muy suelta y fluida. Ved este video, que hice con el teléfono móvil que tenía en noviembre de 2008. El mar se encuentra a la derecha, es decir que yo estaba paralelo a la parte de atrás del hotel. Para construirlo se taló un pinar y si queréis saber más, sus propietarios tuvieran tantísima suerte que no solamente el deslinde estaba muy hacia el mar, sino que una gran casualidad hizo que la servidumbre de protección de cien metros terminara justo delante de donde empieza la edificación. También es una buenísima suerte que te dejen quitar los pinos de un bosque litoral y construir un hotel sobre la arena teniendo delante cien metros de materiales sueltos que pese a las imperiosas definiciones del artículo tercero de la ley de costas, NO son dominio público según el deslinde aprobado.
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Disposición adicional cuarta. Deslinde de la isla de Formentera

1. Con carácter excepcional y debido a la especial configuración geológica de la isla de Formentera, respecto de ella se entenderá que queda incluido en el dominio públicio marítimo-terrestre:

a) El espacio de territorio que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde sean sensbiles las mareas, y las mayores olas en los termporales ordinarios en donde no lo sean. A estos efectos, se entiende que son temporales ordinarios los que se han repetido, al menos, en tres ocasiones en los cinco años inmediatamente anteriores al momento en que se inicie el deslinde

b) Las playas, entendiendo por tales las riberas del mar o de las rías formadas por arenales o pedregales en superficie casi plana, con vegetación nula o escasa y característica.

El precepto causa estupor y es bajo mi punto de vista contrario a los artículos 9.3 y 14 de la Constitución. El primero prohibe la arbitrariedad de los poderes públicos. El segundo impide la discriminación.

¿Por qué el precepto incurre en arbitrariedad? En primer lugar porque ni se explican ni posiblemente existan las especiales condiciones geológicas a las que se refiere el apartado primero. En segundo lugar, porque pretender que en una parte de la isla las mareas sean sensibles y en otras no, es equivalente a admitir que en algunos días tontos el sol pueda salir por occidente y ponerse por oriente.

Como he escrito algunas veces ya, el famoso Vladimir Ilich Ulianov, escribió que una cosa es equivocarse al decir que dos y dos son igual a cinco y otra muy distinta equivocarse pretendiendo que dos y dos son igual a una zapatilla (en realidad él habló de un candelabro). Aquí estaríamos ante la zapatilla si no fuera porque esto no es un error, sino una burrería intencionada de quien hace como que no sabe ni geografía, ni geología, ni de mareas, ni de nada, aunque de lo que no sabe realmente es de decencia.

Cierto: Hace falta tener la cara muy dura para pretender lo que pretende el precepto. Todos loa navegantes, todos los prácticos de puerto, todos los pescadores, todos los bañistas, todos los viejos del lugar y todos los estudiantes saben que en el Mediterráneo no son sensibles las mareas y decir lo contrario en una ley es indicativo de que en España hemos llegado a un nivel sin precedentes de degradación de la vida pública.

¿Sabéis cuál es la consecuencia? En el Mediterráneo el nivel del mar puede subir como consecuencia de las mareas apenas unos centímetros. Pues bien: Donde el gobierno quiera, declarará que allí las mareas son sensibles, y entonces el dominio público tendrá una amplitud de centímetros. Sí: Centímetros. Alguien creo yo que saldrá beneficiado ¿No pensáis igual?

Por lo demás, es claro que el precepto lesiona el derecho de igualdad no sólo al introducir el invento de las mareas, sino también al definir la playa de acuerdo con la ley de costas de 1969, es decir, no incluyendo los campos dunares. El resto de los españoles no tienen esa suerte.

Así que veis cómo entre unos y otros nos marean y hacen lo que quieren con nosotros. Primero tocaba jugar al juego de fingir que se reformaba la ley de costas para beneficiar a los ciudadanos. Ahora jugamos al juego de estar indignados por los agravios al medio ambiente. Unos hacen una ley de reforma que no pasaría un control de calidad si lo hubiera. Los otros se apuntan a los tópicos para salir en la prensa. Unos y otros fingen rigor y seriedad para seguir arriba, haciendo lo que hacen y viviendo como viven.

José Ortega

   

2013 07 14 Ojos de Garza CANARIAS AHORA
La nueva ley del litoral es el bálsamo de fierabrás para unos y la oportunidad perdida de salvar los núcleos costeros canarios para otros.
FUENTE Canarias Ahora
El efecto inmediato de la reforma de la Ley de Costas ha sido generar más confusión aún sobre una legislación muy complicada que durante los últimos años ha dado lugar a auténticos quebraderos de cabeza entre los miles de propietarios afectados. El derribo de la treintena de viviendas de Cho Vito en Tenerife supuso un punto de inflexión y muchos tomaron conciencia de que no se estaba hablando de una simple línea dibujada sobre el papel. Desde hace tiempo fuerzas políticas e instituciones asumieron que el texto tenía que ser reformado e incluir algunas particularidades.

Por ejemplo, en la nueva Ley se recoge a Formentera de manera singularizada y también se contienen algunas referencias a Galicia. Pero en el caso de Canarias, lo cierto, es que habrá que buscar entre los recovecos del texto legal para poder salvar los múltiples caseríos cuyo futuro está en el aire. Los afectados por esta Ley calculan que hay 130.000 canarios que viven en casas situadas dentro de dominio público, de los que el Gobierno central estima que podrán salvarse algo menos de la mitad, unos 60.000. Hasta ahora a las viviendas afectadas se le imponían determinadas restricciones que básicamente consistían en meterlas en el cajón de sastre que supone el régimen de fuera de ordenación. De esta manera su valor catastral es mínimo y se limita la ejecución de obras hasta el punto de sólo permitirse las de simple conservación y bajo ningún concepto de ampliación. Pero en caso de que se vaya a ejecutar algún proyecto de interés general, como por ejemplo un paseo, se da vía libre al derribo sin demasiadas contemplaciones.

Las modificaciones introducidas apuntan a una mayor flexibilidad para reducir la zona de servidumbre de 100 a 20 metros, como se venía pidiendo incesantemente desde los principales núcleos afectados. Pero se incluyen nuevos criterios como es que los ayuntamientos o cualquier otra administración urbanística podrá facilitar los requisitos para que los asentamientos queden fuera de los rigores de la ley. A parte de las exigencias ya requeridas para considerarlas suelos urbanos antes de 1988, como que contasen con alcantarillado, abastecimiento de agua, luz, acceso rodado o aceras, ahora se introduce otro criterio. Y es básicamente que los ayuntamientos o el Gobierno de Canarias deben demostrar que antes de 1988 se había construido un tercio de los poblados. Un requisito que otorga un margen bastante amplio para garantizar su supervivencia. Desde ahora se ha dado un plazo de tres meses a los ayuntamientos y al ejecutivo autónomo para que inicien los trámites con el fin de salvar estos núcleos, mientras que el Estado dispondrá luego de un año y medio más para tomar su decisión final. Por ejemplo, se da por seguro que los asentamientos de Anaga en Santa Cruz de Tenerife, como son Roque Bermejo, Tachero, Almáciga o Igueste de San Andrés, donde viven más de 1.500 vecinos, podrán salvarse.
La visión de la diputada regional del Partido Popular (PP), Cristina Tavío sobre el resultado de esta modificación es casi exultante. “Dieciocho meses de Gobierno del PP han bastado para acabar con más de veinte años de incertidumbre sobre nuestros núcleos costeros“, señala. La también concejal en la capital tinerfeña trasladó personalmente la buena nueva a los vecinos de Anaga con los que se reunió recientemente. Pero la diputada cree que lo mismo ocurrirá con casi la totalidad de los núcleos de todo el Archipiélago. El PP sostiene que más de 15.000 viviendas podrán regularizarse en Canarias a través de un trámite que desde este partido se considera “sencillo y jurídicamente seguro”. El Gobierno no lo ve así y ha anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.
La diputada concluye que la tarea “no ha sido sencilla, y ahora que la reforma ha sido ratificada por las Cortes se puede asegurar que efectivamente ha habido momentos complicados durante su tramitación”. Las dificultades en el caso de Canarias se deben, según Tavío, a que el 80% del suelo de las islas no tiene actualizado su planeamiento y además acusa al Gobierno canario de “no haber sido capaz de catalogar, censar o delimitar nuestros poblados costeros de la forma debida”. Este paso, a su juicio, hubiese facilitado una solución más concreta como ha ocurrido con otros enclaves del litoral peninsular y balear. “Comprendo que después de todo este tiempo formaciones como el PSOE y CC se nieguen a aplaudir la reforma, pues el reconocimiento de la solución implicaría la admisión de su responsabilidad en la generación del problema. Sin embargo, no puedo entender que se empeñen en el error, y continúen sembrando la confusión y prologando una angustia que dura ya 25 años a las familias afectadas“, indica la representante del PP.
El abogado de la Plataforma nacional en contra de esta ley, José Ortega no es desde luego tan optimista. Cree que en realidad lo ocurrido es que se viene a reconocer que la aplicación de la norma efectivamente ha originado múltiples problemas. La principal novedad de la modificación, bajo su punto de vista, es la mayor facilidad para proceder a la reducción de la zona de servidumbre de 100 a 20 metros. “Se quiere dar una segunda oportunidad a estos caseríos y me parece razonable”, dice el abogado quien considera que tampoco se va a ver afectado el medio ambiente ya que se tratan de tramos ocupados desde hace años. “Esa parte sí me parece interesante pero no hemos tenido igual suerte con otros determinantes”, entre ellos los criterios para determinar el alcance de los temporales, lo que es conocido como la última ola. En la Península para calcular esta zona de dominio público se encargan estudios pero en Canarias generalmente se ha hecho a través de decisiones de los técnicos. En el primer borrador se indicaba que eran necesarios al menos diez temporales durante otros tantos años para poder acreditar la zona de afección. “Sin embargo, aquí alguien dio un puñetazo sobre la mesa y no se incluyó en la ley”, apunta. El abogado indica que cabe la posibilidad de que cuando se publiquen los reglamentos, “habrá que revisar uno por uno todos los deslindes realizados en Canarias” durante los últimos 25 años. Una especie de esfuerzo inútil al mejor estilo de un Sísifo condenado a subir y bajar eternamente la misma piedra por una montaña o Penélope descosiendo por la noche lo que había tejido por la mañana.
En cualquier caso Ortega considera que en todo este proceso van a participar los mismos técnicos que hasta ahora han condenado a algunos caseríos canarios, “con lo cual no sé si en realidad el resultado final va a ser muy gratificante para los vecinos”. La reforma contempla también la posibilidad de salvar viviendas cuando invadan el primer deslinde si están inscritas en el Registro de la Propiedad o existe algún otro documento que permita obtener un derecho a la concesión. “Sin embargo, todo esto es muy poco probable que ocurra en Canarias porque hay mucha gente que no tiene escritura. La solución en teoría podría ser buena para impedir los derribos pero en la práctica no servirá para nada”. Sobre el papel fundamental que se da a los ayuntamientos o al Gobierno de Canarias para demostrar la consolidación de estos núcleos, el abogado, indica que el problema real es que casi ninguno está delimitado.
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2013/07/09 La Comisión Europea avisa de que vigilará el desarrollo de nueva la Ley de Costas EUROPA PRESS

   

REFORMA LEY DE COSTAS 2013 (Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas) entra en vigor hoy

   

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Ante la aprobación de la reforma de la ley de costas, la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas desea dejar constancia de su decepción ante el contenido de la reforma y de su temor de que la misma pueda convertirse en una herramienta de arbitrariedad aún más marcada que lo que hemos visto hasta la fecha.

Las definiciones de dominio público se mantienen inalterables y el régimen de compensaciones se transforma en un desastre al romperse la seguridad jurídica de la pobre pero cierta indemnización de la disposición transitoria primera de la ley de 1988, cuando garantizaba el disfrute de los inmuebles por un periodo global de sesenta años. A partir de ahora la prórroga de las concesiones será por el periodo que desee el funcionario de turno, con posibilidad de tramos más cortos prorrogables a su vez, a fin de facilitar un rescate barato o gratuito, lo que se resume en una expropiación sin indemnización.

También sienta la reforma las bases de una expropiación sin indemnización cuando establece que caducará todo derecho de ocupación cuando el mar se aproxime peligrosamente a las viviendas, lo que sucede como consecuencia del efecto sombra de los puertos y por tanto por culpa de la mano del hombre, y no por el cambio climático, como se pretende.

No es cierto que con esta ley se solvente el problema de los derribos masivos de concesiones anteriores a 1988, previsto para 2018. El precepto de la ley de costas original que prohibe la prórroga de concesiones que se opongan a las prescripciones de la misma no se reforma y estas concesiones para vivienda, otorgadas en la República, son efectivamente contrarias a la ley, por lo que no se podrán prorrogar.

La Plataforma tendrá que seguir luchando en defensa de los derechos y la dignidad de las víctimas.

   


Con alusión a las deficientes compensaciones por la privación de la propiedad, el incremento de inseguridad jurídica, los efectos de la erosión marina sobre los derechos de los afectados, las novedad de que serán los vecinos quienes paguen los paseos marítimos, el despiste en relación con la pretendida reducción de la servidumbre de protección y el engaño a los titulares de concesiones otorgadas en la República y en la postguerra civil sobre la posibilidad de que sus concesiones sean renovadas.