viernes 23 de julio de 2010

Información sobre las líneas de deslinde del litoral español


Direccion General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar
De conformidad con lo previsto en la legislación de costas, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, lleva a cabo el Plan de deslindes, tramitando y aprobando los expedientes que definen la línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre.
Con el objeto de facilitar el conocimiento de estos trabajos, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha puesto en marcha un proyecto que permite consultar la línea de deslinde del dominio público marítimo-terrestre y los terrenos privados afectados por la zona de servidumbre de protección sobre la cartografía de las localidades costeras de España, o bien sobre las fotografías aéreas disponibles. De este modo, cualquiera que esté interesado en un inmueble situado en la costa verá de forma sencilla e inmediata si esa propiedad podría estar afectada por la delimitación del dominio público marítimo-terrestre.

El acceso a esta información se puede realizar de dos formas:

A través del Visor del Ministerio
A través de la Sede Electrónica del Catastro, del Ministerio de Economía y Hacienda, http://www.sedecatastro.gob.es/ sin necesidad de firma electrónica y disponible en español y en inglés para facilitar su consulta a los ciudadanos de otros países.

En la actualidad la herramienta permite consultar la información de Baleares, Tarragona, Granada y Lugo, si bien está prevista la ampliación paulatina al resto de provincias costeras.

Los datos disponibles en esta nueva herramienta de consulta tienen un carácter meramente informativo. Su función principal consiste en divulgar y difundir los trabajos elaborados hasta la fecha por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar para ofrecer una mejor información al ciudadano. En todo caso, la información podrá ser contrastada en cada uno de los Servicios Periféricos de costas.

En el visor se publican dos zonas: la delimitada por la línea amarilla hacia el mar, que constituye el dominio público marítimo-terrestre y la comprendida entre la línea amarilla y la verde, denominada zona de servidumbre de protección, que constituye el área de terreno de propiedad privada afectada por delimitación de uso. Para una mayor información sobre los efectos del deslinde pueden dirigirse a la sección de preguntas frecuentes.

http://www.mma.es/portal/secciones/aguas_marinas_litoral/gdpmt/linea_deslinde.htm

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domingo 18 de julio de 2010

Afectados por la Ley de Costas piden que se ponga freno a los abusos

A. Herrero/P. L. Cuntín/I. Moreno. Madrid LA GACETA DE INTERECONOMIA

Recuperar el litoral. Eso persiguen las autoridades que obligan a cumplir la Ley de Costas, en vigor desde hace 22 años y que impide edificar a menos de 100 metros de la orilla del mar y 20 metros si es suelo urbano. Las viviendas que no cumplan estos requisitos pueden ser demolidas. Esto es ya una realidad: cientos de propietarios han perdido sus casas en la costa, y aún quedan 1.000 kilómetros por deslindar. Pero ¿con qué criterio se establecen las líneas divisorias de la propiedad pública y la privada?, ¿existen intereses, más allá de los medioambientales, a la hora de establecer los deslindes? El debate se reabre tras las propuestas presentadas por el Partido Popular de Galicia y Cantabria, CIU y Coalición Canaria para modificar la Ley de Costas que se aprobó en 1988. Ésta nació con un objetivo claro: paliar la situación en la que se encontraba el litoral español. Sin embargo, lo ocurrido en los últimos 22 años en España demuestra que esta Ley y su reglamento no han cumplido plenamente con sus objetivos. Desde 1987 a 2005, un total de 7,7 hectáreas de costa al día han sido sustituidas por urbanizaciones, hoteles y puertos. Las zonas de Levante y Canarias han sido las más afectadas.
La senadora popular por Cantabria, Leticia Díaz, fue una de las que dio la voz de alarma. Presentó el pasado martes una propuesta “de mínimos” para que se mantenga la situación jurídica de todas las concesiones anteriores a su aprobación en 1988, hasta que se arbitre un instrumento de planeamiento urbanístico que determine qué usos son compatibles con la preservación ambiental y se establezca una valoración. Leticia ha declarado a LA GACETA que “Costas no ha frenado los desmanes urbanísticos, ni los de antes ni los posteriores a la ley”. En lo que respecta a la propia Ley, Díaz denunció que no le parece adecuada “la confiscación de propiedades privadas, ni su efecto retroactivo”. Y es que la Ley tiene, según José Antonio García-Trevijano, jurista especializado en Derecho Público, dos grandes problemas: “El primero es que define el dominio público en términos imprecisos, con lo cual el Gobierno de turno sitúa los deslindes (líneas que separan la propiedad privada de la pública) donde quiere”. Esto ocasiona, según Trevijano, que existan casos como la playa de Cadabedo en Asturias, donde la línea de dominio público está a dos kilómetros del mar y en otros sitios a 100 metros. Existen deslindes que son “auténticos zigzags”.
Concesiones
El segundo problema grave que plantea la Ley es que el TC aprobó en 1991 que a los propietarios de terrenos que estuvieron afectados por Costas no había que aplicarles la expropiación sino la concesión. “Como no hay dinero para realojar a la cantidad de personas afectadas, se les permite permanecer en sus casas 30 años prorrogables a otros 30, es decir, pueden permanecer en sus casas, eso sí, sin reformarlas, ni siquiera pintarlas, hasta 2018 o incluso hasta 2048. Y, después, a la calle. Sin indemnización, ni casa. Eso si a Costas no se le antoja echarlos antes. Esto, en Europa, es inaudito”, explica el abogado.
Actualmente, Costas ha deslindado ya un 92% del litoral español; quedan 1.000 kilómetros de costa por dividir. Las casas de pescadores de El Puig en Valencia serán las próximas en ser derribadas. Será en septiembre. Los habitantes de Puntas de Calnegre, en Murcia, están en espera de la sentencia del Supremo. Los propietarios de las viviendas situadas en Playa de la Viuda, Ojos de Garza y otras poblaciones costeras tradicionales de las Islas Canarias han recibido cartas con órdenes de derribo. Así también comenzó la historia de los habitantes de la población tinerfeña de El Cho Vito, demolida por Costas en octubre de 2008.
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http://www.intereconomia.com/noticias-gaceta/sociedad/afectados-ley-costas-piden-que-se-ponga-freno-los-abusos

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viernes 9 de julio de 2010

Nunca Debemos Perder la Esperanza, MG

El Congreso debate por primera vez rebajar la Ley de Costas de 1988

Coalición Canaria y CiU fuerzan la votación sobre cómo frenar los derribos
RAFAEL MÉNDEZ – Madrid – 09/07/2010 EL PAIS

El Congreso debatirá por primera vez una reforma de calado para rebajar la Ley de Costas, de 1988. Lo hará en otra norma que no tiene mucho que ver, la Ley de Medio Marino, a la que Coalición Canaria ha presentado enmiendas para reducir los derribos y respetar las casas ya construidas en dominio público. El PSOE se opone y el PP no ve con malos ojos un recorte de la política de derribos que tantos votos cuesta y quebraderos de cabeza genera.

La Ley de Costas era un melón que nadie se atrevía a abrir. Aprobada en 1988, la norma declaró público todo el litoral español. Para quienes tuvieran una casa construida legalmente en la arena, la ley ideó un sistema peculiar de compensación: el Estado les dejaba usar sus propiedades hasta un máximo de 60 años pero no podían venderlas. Tras ese periodo pasarían a manos del Estado para ser derribadas. La idea era limpiar el litoral de cemento.
La ley fue cumplida a medio gas hasta 2004, cuando el ministerio que dirigía Cristina Narbona aceleró los deslindes (el trámite para delimitar la zona pública y la privada de costa). Actualmente está deslindado el 92% de los casi 8.000 kilómetros de costa y con el trámite llegan los pleitos, los derribos, las quejas a Bruselas, la movilización y, finalmente, el debate parlamentario.
El portavoz popular en Medio Ambiente, Carlos Floriano, asegura que aún no tienen postura fijada pero no rehúye el debate: “Se ha sacralizado una ley que no ha cumplido su objetivo, ya que en estos 20 años de vigencia de la norma es cuando la costa ha sufrido más agresiones. No ha conseguido compatibilizar el medio ambiente y el respeto a la propiedad privada.
Se están vulnerando derechos adquiridos de mucha gente mediante un procedimiento confiscatorio”.
Una enmienda de CiU pide reformar la ley en tres meses para “revisar los criterios de deslinde de dominio público marítimo-terrestre aplicables a aquellas áreas urbanas consolidadas con singularidades propias” y pone como ejemplos la urbanización de Santa Margarida (Roses, Girona) o la Marina de Empuriabrava. Pere Macías, de CiU, afirma que “en algunos casos la ley es excesiva” y que casos como los que cita “los hay en toda España”. Macías destaca que muchos de los afectados por la ley son extranjeros, lo que le ha valido al Gobierno quejas del Reino Unido y Alemania.
Las enmiendas de Coalición Canaria (CC) van mucho más allá y otorgan competencias en materia de costa a las comunidades. El partido pide “respetar las construcciones y usos ya existentes” en la costa aunque a la entrada en vigor de la ley no estuviera clasificado como suelo urbano. CC y PP aprobaron una ley autonómica que salvaba viviendas en la playa por su “valor etnográfico”, pero la norma está recurrida por el Gobierno en el Constitucional. Ahora pretende introducir en el Congreso que las comunidades designarán las construcciones con “valores históricos, etnográficos, arquitectónicos o pintorescos, que resulte conveniente conservar en función de su antigüedad, integración en el litoral y finalidad social”.

El PP se suma a las críticas a la norma y puede crear una mayoría de reforma

El BNG no ha enmendado la ley, pero no porque quiera mantenerla tal cual. Presentó otra proposición de ley para legalizar los núcleos rurales construidos antes de la ley pero no reconocidos en esta, como el caso de Marín (Pontevedra). “No queremos abrir el tema de los deslindes, pero sí estamos dispuestos a hablar sobre la forma de salvar estas construcciones que hay en la costa gallega y asturiana”, afirma la diputada Olaya Fernández.
El Ministerio de Medio Ambiente no ha querido comentar las enmiendas. El ministerio ya presentó una reforma de un punto de la norma para permitir comprar y vender las casas construidas legalmente en la playa antes de 1988. Ese cambio, introducido a través de otra ley, duerme desde hace año y medio en un cajón del Congreso. El ministerio sí ha optado por aplicar la ley con menos dureza, al menos públicamente, que el equipo anterior.
Los ecologistas temen que la presión acabe por imponer un recorte. “En España que la costa es pública está reconocido desde Alfonso X el Sabio. Por la seguridad de las personas, la franja costera no debería ocuparse y las ocupaciones ilegales no deben prevalecer sobre el interés general”, afirma Rita Rodríguez, de WWF, una organización que ve con alarma los movimientos contra una de las leyes más importantes y duraderas sobre medio ambiente.
EL PAIS http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Congreso/debate/primera/vez/rebajar/Ley/Costas/1988/elpepisoc/20100709elpepisoc_3/Tes

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jueves 1 de julio de 2010

Una sentencia pionera salva un inmueble del derribo de Costas por su interés cultural

El abogado del propietario afirma que la resolución evidencia ”insensibilidad” en la aplicación de la LeyNuevo golpe a las intenciones de la Dirección General de Costas en el Archipiélago.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictada el pasado 9 de abril, a la que ha tenido acceso este digital, anula la orden de derribo de una vivienda ubicada en Punta de la Seba, en el término municipal de La Oliva (Fuerteventura). La resolución es pionera en España porque, por primera vez hasta donde ha podido averiguar este periódico, un juzgado ‘tumba’ una orden de derribo de Costas en base al interés cultural de una construcción.
D.C. / Santa Cruz de Tenerife

Es el caso de la vivienda de Placido Estévez, maestro de profesión, que un día se topó no sólo con una orden de recuperación posesoria de su propiedad, a lo que nunca se ha opuesto, sino con un dictamen que conllevaba el derribo del preciado inmueble. La recuperación, de hecho, está justificada por la aprobación de un deslinde que deja la zona en cuestión dentro del dominio público. Lo incomprensible, tanto para el propietario como para el TSJC, es que Costas, además, se haya empecinado en derribar la propiedad más allá de recuperarla. Una situación que llevó a Estévez a ponerse en contacto con el abogado de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, José Ortega. Empezó entonces un intenso trabajo para poner de relieve los valores patrimoniales de la construcción, que se plasmó en un informe realizado por un arquitecto experto en la materia. Aunque fueron varios los argumentos esgrimidos, y posteriormente aceptados por la Justicia, destaca el hecho de que el inmueble tiene interés público ya que se encuentra incluido en la Carta Arqueológica de Fuerteventura, elaborada por el propio Cabildo insular.

En el expediente, además, aparece un informe de un técnico de Patrimonio Histórico de la Corporación majorera. Según el especialista, y de manera literal, la descripción de la zona es la siguiente: “En Caleta de la Seba, según información de la Carta Arqueológica de Fuerteventura, obrante en este departamento, se recoge la existencia de un conjunto de estructuras de piedra seca compuesto por 18 construcciones, 17 de ellas próximas a la costa, en las que se localiza abundante material malacológico, lítico y cerámico. En la prospección superficial realizada no se constató la existencia de material arqueológico aborigen y, por ello, se le asignó al conjunto una adscripción cultural postconquista, con claros síntomas de reutilización por pescadores, campistas, etcétera, hasta la actualidad”. José Ortega, en declaraciones a eldigitaldecanarias.com, insistió en que esta sentencia “evidencia la falta de sensibilidad de Costas a la hora de aplicar la Ley”. En opinión del abogado valenciano, en una teoría apoyada por la resolución del TSJC, era suficiente, en base a la aplicación del deslinde, aplicar la recuperación posesoria. El ente estatal, sin embargo, quiso ir más allá con una orden de derribo que ahora ha sido anulada. Placido Estévez ha mostrado también su satisfacción por la sentencia, después de meses de una lucha cultural que le ha costado, como es obvio, poner dinero de su bolsillo. Este maestro de escuela, de hecho, siempre ha incidido en que su único interés era que no se demoliera el edificio, ya que tiene la costumbres de utilizar la vivienda, con el beneplácito de las administraciones, para realizar actividades extraescolares y complementarias para la formación de sus alumnos.

EL DIGITAL DE CANARIAS

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lunes 14 de junio de 2010

Denuncian que los ingenieros de Costas trabajan como «mafias»

El abogado Ortega cree que son una «casta» que pasa informes sesgados»

JAVIER REYES / SANTA CRUZ DE TENERIFE
Día 14/06/2010 – 12.58h
«La reforma de la Ley de Costas habría que abordarla por cuestiones mentales e higiénicas, pero más importante es un cambio en los funcionarios. Muchos tienen pensamientos extremos y dogmáticos porque con esta misma ley se podría hacer una aplicación más dulce». Es la reflexión en voz alta de José Ortega, abogado de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, que ha querido compartir con ABC la aplicación de un documento que trae de cabeza a muchas familias en las Islas, que cada noche se despiertan con la pesadilla de que su casa, en primera línea de mar, acabará demolida por las palas.
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Ortega sitúa el origen de todos los problemas en la redacción de la ley de 1988. ¿Por qué?, porque en ese momento se aplicó el criterio de «cuanto más mejor», de tal manera que quien fija los límites del dominio público serán los temporales máximos conocidos y no los ordinarios
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El abogado valenciano sostiene que la ley es «poco práctica» y tiene «defectos técnicos», aunque respeta su filosofía de evitar el agotamiento del litoral por culpa de la presión de la construcción
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Es muy inapropiado aplicar linealmente con escuadra y cartabón esta ley a Canarias. Aquí hay poblados que están muy metidos en el mar y tienen que estar así porque han estado siempre así ..

http://www.abc.es/20100614/local-murcia/ingenieros-mafias-201006141256.htm

ABC

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viernes 4 de junio de 2010

El comite de Peticiones del Parlamento Europeo, contesta a España por la Ley de Costas.

Estimada Sra. Ministra:Quiero expresar en nombre del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, mi agradecimiento por la presencia de las autoridades españolas y en especial de Doña Alicia de Paz Antolín que intervino los pasados días 22 y 23 de Marzo de 2010 en la reunión de esta Comisión y explicó la posición de las autoridades españolas sobre la Ley de Costas (Ley 22/1988). Siento sin embargo, que el tiempo de palabra asignado, no fuera lo suficiente extenso para que pudiera replicar.Su intervención puso de relieve la importancia de dicha Ley para la conservación del litoral español, pero sin embargo, también se pudieron apreciar ciertas disfunciones en la Ley que ya habían sido señaladas por el informe realizado por la Sra. Magrette Auken sobre el impacto de la urbanización extensiva en España, en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho Comunitario (2008/2248(INI), aprobado en sesión plenaria en esta Cámara el 26/03/2009.En dicha resolución el Parlamento Europeo,” reconocía y apoyaba los esfuerzos de las autoridades españolas por proteger el medio ambiente costero y, allí donde fuera posible, la restauración del medio ambiente de forma favorable, la biodiversidad y la regeneración de las especies autóctonas de flora y fauna y, en este contexto específico, instaba a que revisase urgentemente y, en su caso, se modificase la Ley de Costas, a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero; se hacía hincapié en que dicha protección no debía concederse a proyectos de desarrollo especulativos que no respetasen las directivas de la UE sobre el medio ambiente; se proponía revisar las peticiones recibidas sobre este asunto a la vista de las respuestas de las autoridades españolas competentes.Durante el debate de la Comisión de Peticiones, los peticionarios pusieron de relieve varios aspectos de la Ley de Costas de 1988, que hoy quiero subrayar.El primer aspecto se refiere a la denominación del dominio marítimo terrestre, pues la Ley de Costas, ha querido ampliar qué es dominio público y ha ampliado el concepto de lo que se denomina dominio público marítimo terrestre, pero lo hace en términos imprecisos. Las autoridades españolas han aprobado unas instrucciones relativas a la aplicación de la Ley de Costas de 1988 que deberían definir qué es dominio público y qué dominio privado bajo parámetros claros y concisos. La ausencia de claridad de estas instrucciones ha tenido como consecuencia que las líneas de deslindes sean trazadas por ejemplo en zigzag. Ello da cabida a interpretaciones que pueden parecer arbitrarias en los deslindes. Durante sus intervenciones los peticionarios demostraron las diversas situaciones creadas por la Ley a las que se debería dar una solución. Los deslindes son una constante en las reclamaciones de los ciudadanos y los criterios necesarios para hacer dichos deslindes deberían aplicarse con igualdad en toda la costa española.El segundo aspecto, es que la Ley de Costas de 1988 no respeta las situaciones de propiedad privada anteriores a ella; los terrenos y edificaciones que estaban fuera del dominio público bajo los deslindes anteriores a la Ley de Costas de 1988, pasan a ser dominio público, fruto de la ampliadora definición de esta Ley. En lugar de preverse la expropiación de esos terrenos, La Ley ha convertido automáticamente a los propietarios en concesionarios por 30 años, plazo prorrogable por 30 años más. Creemos que no debieran pasarse por alto las situaciones de propiedad u ocupación preexistentes durante años y años. Podrían hacerse operaciones concretas de expropiación, pero ello requeriría una transparente explicación de cuál es el fin que se quiere lograr con esa expropiación, así como un régimen de cotejo y seguimiento de ese fin.Por último ha quedado de relieve en los debates que los terrenos y sus edificaciones que estaban inscritos en el Registro de la Propiedad, (organismo que debe ofrecer seguridad jurídica y social), como propiedad privada y por tanto, se presumía que pertenecían legítimamente a su propietario ya no lo están. La Ley de Costas de 1988 considera que su inscripción no es válida. Con el sólo trazado de la línea del deslinde por el Ministerio y no por los jueces, si pierde la propiedad y no se tiene derecho automático a la concesión. Este Comité es consciente de que el Tribunal Constitucional español, ha dicho que esto es ajustado a derecho español, pero el propietario pasa de tener una propiedad consolidad e incluso inscrita en el Registro como propia, tiene que ir a los Tribunales a demostrar que es suyo, pues la Ley de Costas, no reconoce su situación. Los peticionarios se han quejado de esta situación, pues no ofrece seguridad jurídica a los ciudadanos.Por todo ello, este Parlamento, le estaría muy agradecido si pudiera estudiar en profundidad las disfunciones producidas por esta Ley, así como concretar a esta Comisión de Peticiones, qué medidas piensa adoptar su Ministerio para intentar dar soluciones a los peticionarios. Todo ello redundaría en una mayor claridad y los ciudadanos, muchos de ellos en situaciones personales difíciles, se sentirían escuchados.No dudamos de que la acción de su Gobierno orientada a la conservación del litoral español, objetivo de la Ley, logre preservar las costas españolas, y esta Comisión de Peticiones se congratula por ello.Atentamente, reciba un cordial saludo,Erminia Mazzoni
Presidenta del Comité de Peticiones
Fuente:- http://elespritudechovito.blogspot.com/2010/06/el-comite-de-peticiones-del-parlamento.html

Publicado por Plataforma National de Afectados por la Ley de Costas en 00:41 0 comentarios

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