2013/03/20 Enmiendas del GPP al proyecto de la Ley de Costas 2013 en el Senado

EXPOSICION de MOTIVOS. III GPP 2
enmienda número 169 de modificación
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Exposición de Motivos. III.

ENMIENDA De modificación.
Modificación del párrafo 1 del apartado III

“El nuevo marco normativo pretende dotar a las relaciones jurídicas que se dan en el litoral de una mayor seguridad jurídica. Su ausencia ha generado problemas que van más allá de los estrictamente jurídicos, y que han provocado desconfianza y desconcierto. Hasta el punto de que un informe del Parlamento Europeo de 20 de febrero de 2009, insta a las autoridades españolas «a que revisen urgentemente y, en su caso modifiquen la Ley de Costas a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquellos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero…». Estos derechos deben ser contemplados por la Ley de Costas, ignorarlos es tanto como desconocer la realidad preexistente que la propia ley debe regular.”

Modificación del párrafo décimo del apartado III

“El artículo segundo de la ley establece una prórroga extraordinaria para las concesiones existentes, otorgadas al amparo de la normativa anterior. incluyendo no solo las previstas en la legislación de costas, sino todas aquellas que, con independencia de la legislación en que se amparen, impliquen la ocupación del dominio público marítimo-terrestre que no tenga la condición de dominio público portuario estatal. También se prevé expresamente la aplicación de esta prórroga a aquellos que sin ser concesionarios, sí son titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre, de acuerdo con la disposición transitoria primera de la Ley de Costas. Si bien, con carácter previo deberá solicitarse la correspondiente concesión.”

Modificación del párrafo undécimo del apartado III

“De este modo, se da respuesta, entre otras situaciones, a la extinción de las concesiones que comenzarían a expirar en 2018. Debe subrayarse que no se trata de una prórroga indiscriminada, sino que su otorgamiento requiere un informe del órgano ambiental autonómico, en los casos en que se trate de ocupaciones para usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. Este es un ejemplo donde la seguridad jurídica que supone la continuidad de la ocupación se conjuga con la protección del litoral que podrá conllevar la expulsión efectiva de todas aquellas concesiones que no sean ambientalmente sostenibles. Con carácter general, el plazo máximo de esta prórroga extraordinaria se fija en setenta y cinco años para hacerla coincidir con el nuevo plazo máximo por el que se podrán otorgar las concesiones. Con ello se busca estabilizar los derechos y adaptarlos a un horizonte temporal que sea semejante.

Justificación

Adaptar la Exposición de Motivos a los nuevos contenidos propuestos por las enmiendas al articulado, singularmente los relativos a la lucha contra los efectos del cambio climático sobre la costa, así como introducir alguna mejora técnica.

enmienda número 170 de adición
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Exposición de Motivos. III.

ENMIENDA De adición.
Adición de dos últimos párrafos al apartado III

“Finalmente, debe subrayarse que esta reforma incorpora a la Ley de Costas regulaciones específicas para afrontar con garantías la lucha contra los efectos del cambio climático en el litoral. Se introduce un régimen específico para los tramos del litoral que se encuentren en riesgo grave de regresión. La definición de esta situación se establecerá reglamentariamente y en atención a criterios científicos contrastados. En las áreas así declaradas, se limitan las ocupaciones y se prevé que la Administración pueda realizar actuaciones de defensa o restauración, respecto de las que podrá establecer contribuciones especiales, otra de las novedades de esta reforma. También se exige que a los proyectos para la ocupación del dominio público se acompañe una evaluación prospectiva sobre los posibles efectos del cambio climático. Además, se incorpora como causa de extinción de las concesiones, el supuesto de que las obras o instalaciones estén en riesgo cierto de ser alcanzadas por el mar.

Junto a estas medidas de carácter jurídico, la Ley impone al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la obligación de elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático. Con ello, se conseguirá disponer de un diagnóstico riguroso de los riesgos asociados al cambio climático que afectan a nuestra costa, y de una serie de medidas que permitan mitigarlos.”

Justificación

Adaptar la Exposición de Motivos a los nuevos contenidos propuestos por las enmiendas al articulado, singularmente los relativos a la lucha contra los efectos del cambio climático sobre la costa, así como introducir alguna mejora técnica.

ARTICULO PRIMERO.CUATRO GPP 1
enmienda número 171 de modificación
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA De adición.
Se modifica el segundo párrafo del artículo 12.2, contenido en el apartado cuatro del artículo uno del Proyecto de Ley, para sustituir el plazo de “un mes” por “dos meses” quedando el texto redactado como sigue:

“2. En el procedimiento serán oídos……….

Cuando el deslinde afecte al dominio público portuario estatal, se remitirá el expediente de deslinde, antes de su aprobación, al Ministerio de Fomento para que en el plazo de dos meses emita un informe sobre las materias que afecten a sus competencias. En caso de discrepancia entre ambos Ministerios sobre el deslinde del dominio público portuario, decidirá el Consejo de Ministros.”

Justificación

La enmienda pretende adecuar un procedimiento adecuado a las características específicas de determinados deslindes.

ARTICULO PRIMERO.SEIS GPP 1
enmienda número 172 de modificación
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA De modificación.
Se modifica la primera frase del último párrafo del apartado 3 del artículo 13 bis, recogido en el apartado seis del artículo primero del Proyecto de Ley, que queda redactada como sigue:

“Las circunstancias a las que se refiere este apartado deberán acreditarse ante la Administración autonómica, mediante una declaración responsable, de acuerdo con lo previsto en el…” (resto igual)

Justificación

Mejora técnica

ARTICULO PRIMERO.NUEVE GPP 1
enmienda número 173 de modificación
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA De modificación.
Se modifica el artículo 33.6, contenido en el apartado nueve del artículo primero del Proyecto de Ley, para añadir al final del apartado una frase, quedando el texto redactado del siguiente modo:

“6. Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ocupación y uso de las playas atendiendo a su naturaleza. Se dotará a los tramos naturales de las playas de un elevado nivel de protección que restrinja las ocupaciones, autorizando únicamente las que sean indispensables o estén previstas en la normativa aplicable. Se regulará la ocupación y uso de los tramos urbanos de las playas de modo que se garantice una adecuada prestación de los servicios, que sea compatible con el uso común. En los tramos urbanos, podrá autorizarse la celebración de aquellos eventos de interés turístico que cumplan los requisitos que reglamentariamente se establezcan, en particular los relativos a superficie y tiempo de ocupación física, debiendo, en todo caso, garantizarse la inmediata y completa restauración del tramo de playa ocupado, una vez finalizada la ocupación”

Justificación

La enmienda pretende fijar los supuestos en que puedan celebrarse eventos en tramos urbanos de playas, que habrán de respetar las limitaciones legales y reglamentarias y, en todo caso, asegurarse la plena e inmediata restauración de los tramos ocupados.

ARTICULO PRIMERO.DOCE GPP 1
enmienda número 174 de adición
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA De adición.
Se añade, en el apartado doce del artículo primero del Proyecto de Ley, un nuevo apartado 4 al artículo 49, que queda redactado del siguiente modo:

“4. En la zona de servicio portuaria de los bienes de dominio público marítimo- terrestre adscritos, que no reúnan las características del artículo 3, además de los usos necesarios para el desarrollo de la actividad portuaria, se podrán permitir usos comerciales y de restauración, siempre que no se perjudique el dominio público marítimo-terrestre, ni la actividad portuaria y se ajusten a lo establecido en el planeamiento urbanístico. En todo caso, se prohíben las edificaciones destinadas a residencia o habitación.

Reglamentariamente se fijarán los criterios de asignación de superficie máxima para los usos previstos en el párrafo anterior, teniendo en cuenta el número de amarres del puerto y los demás requisitos necesarios para no perjudicar el dominio público marítimo-terrestre, ni la actividad portuaria.”

Justificación

La enmienda pretende regular el régimen de los usos compatibles con los usos portuarios en las zonas de servicio portuario de los puertos adscritos a las Comunidades Autónomas, dentro del respeto a las competencias de aquellas.

ARTICULO PRIMERO.VEINTECINCO GPP 1
enmienda número 175 de modificación
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticinco.

ENMIENDA De modificación.
Se modifica el apartado veinticinco del artículo primero del Proyecto de ley, que contiene la disposición adicional décima; en concreto, se modifica la letra a) del apartado 3, sustituyendo la expresión “garaje” por “estacionamiento” y añadiendo una frase al final; se añade un nuevo apartado 4, pasando el apartado 4 a ser el apartado 5, que también se modifica. El texto queda como sigue:

“3.
a) El terreno inundado se incorporará al dominio público marítimo-terrestre. No obstante, no se incluirán en el dominio público marítimo-terrestre los terrenos de propiedad privada colindantes a la vivienda y retranqueados respecto del canal navegable que se destinen a estacionamiento náutico individual y privado. Tampoco se incorporarán al dominio público marítimo-terrestre los terrenos de titularidad privada colindantes con el canal navegable e inundados como consecuencia de excavaciones, que se destinen a estacionamiento náutico colectivo y privado.

b) …igual

c)… igual

4. Los propietarios de las viviendas contiguas a los canales navegables tendrán un derecho de uso de los amarres situados frente a las viviendas. Este derecho está vinculado a la propiedad de la vivienda y solo será transmisible junto a ella.

5. Las obras para la construcción de los canales navegables y los estacionamientos náuticos a los que se refiere la letra a) del apartado 3, precisarán del correspondiente título administrativo para su realización y en ningún caso afectarán a tramos de costa que constituyan playa o espacios protegidos, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente”.

Justificación

La enmienda pretende completar la regulación de las urbanizaciones marítimo-terrestres en cuanto a la delimitación y utilización del dominio público marítimo-terrestre.

ARTICULO PRIMERO. APARTADO NUEVO GPP 2
enmienda número 176 de adición
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA De adición.
Se añade un apartado veintiocho al artículo primero, con el siguiente texto:

“Veintiocho. Se agrupan las enmiendas al articulado de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas en materia relacionada con los efectos del cambio climático:

Uno. Se modifica el artículo 2, letra a), que queda redactado en los siguientes términos:

a) Determinar el dominio público marítimo-terrestre y asegurar su integridad y adecuada conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección, y restauración necesarias y, cuando proceda, de adaptación, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático.

Dos. Se modifica el artículo 6, apartado1 y se añade un nuevo apartado 3, que quedan redactados en los siguientes términos:

1. Los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, incluidos los efectos del cambio climático, podrán construir obras de defensa, previa autorización o concesión, siempre que no perjudiquen a la playa ni a la zona marítimo-terrestre, ni menoscaben las limitaciones y servidumbres legales correspondientes.

2. En otro caso, los terrenos invadidos pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre, según resulte del correspondiente deslinde.

3. Todo ello se entiende sin perjuicio de la aplicación del artículo 13 bis, cuando proceda.

Tres. Se añade un nuevo artículo 13 ter, que queda redactado del siguiente modo

1. La Administración del Estado podrá declarar en situación de regresión grave aquellos tramos del dominio público marítimo-terrestre en los que se verifique un retroceso en la línea de orilla en la longitud e intervalo temporal que se establezca reglamentariamente, de acuerdo con criterios técnicos, siempre que se estime que no puedan recuperar su estado anterior por procesos naturales.

2. En los terrenos declarados en situación de regresión grave no podrá otorgarse ningún nuevo título de ocupación del dominio público marítimo-terrestre.

3. Excepcionalmente y en las zonas en las que no exista riesgo cierto de inundación en los próximos 5 años, la declaración podrá prever que se otorguen derechos de ocupación destinados a servicios públicos acordes con lo establecido en el artículo 32. Estas ocupaciones no podrán otorgarse por un plazo que exceda de cinco años, prorrogables por periodos iguales dentro del máximo previsto en la presente ley.

4. Las construcciones amparadas por un derecho de ocupación, existentes en los terrenos declarados en situación de regresión grave se mantendrán, siempre que el mar no les alcance o exista riesgo cierto de que lo haga, en los términos del apartado anterior. En caso contrario, el derecho de ocupación se extinguirá de acuerdo con lo previsto en el artículo 78.

5. En los terrenos declarados en situación de regresión grave, la Administración del Estado podrá realizar actuaciones de defensa o restauración. En este caso podrá imponer contribuciones especiales de acuerdo con lo previsto en el artículo 87 bis.

6. La declaración de situación de regresión grave se hará por Orden Ministerial, previo informe de la Comunidad Autónoma correspondiente y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», así como en la sede electrónica del Ministerio.

7. Si las circunstancias que motivaron la declaración de situación de regresión grave desaparecieran, por Orden Ministerial se podrá revocar tal declaración, cesando todos sus efectos.

Cuatro. Se añade un segundo párrafo del artículo 44.2, que queda redactado del siguiente modo:

2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se encuentren situadas y en su caso, la influencia de la obra sobre la costa y los posibles efectos de regresión de ésta.

Asimismo, los proyectos deberán contener una evaluación de los posibles efectos del cambio climático sobre los terrenos donde se vaya a situar la obra, en la forma que se determine reglamentariamente,

Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 55, que queda redactado del siguiente modo:

1. Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración en cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés público, o menoscaben el uso público, cuando los terrenos ocupados soporten un riesgo cierto de que el mar les alcance y cuando resulten incompatibles con la normativa aprobada con posterioridad. En este último caso, solo se revocará la autorización, si en el plazo de tres meses desde que le fuera comunicada tal circunstancia a su titular, este no hubiera adaptado su ocupación a la nueva normativa o la adaptación no fuera posible física o jurídicamente.

Seis. Se modifica el apartado 2 del artículo 66, que queda redactado del siguiente modo:

2. El plazo será el que se determine en el título correspondiente, que en ningún caso podrá exceder de setenta y cinco años. Reglamentariamente, se establecerán los plazos máximos de duración de las concesiones en función de los usos a que las mismas se destinen. Los plazos máximos fijados para cada uso podrán ampliarse, en los términos que reglamentariamente se establezcan, respetando en todo caso el plazo máximo de 75 años, cuando el concesionario presente proyectos de regeneración de playas y de lucha contra la erosión y los efectos del cambio climático, aprobados por la Administración.”
.

Siete. Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 72, que queda redactado como sigue:

1. En todos los casos de extinción de una concesión, la Administración del Estado decidirá sobre el mantenimiento de las obras e instalaciones o su levantamiento y retirada del dominio público y de su zona de servidumbre de protección por el interesado y a sus expensas. Dicha decisión se adoptará de oficio o a instancia de aquél, a partir del momento anterior al vencimiento que reglamentariamente se determine en caso de extinción normal por cumplimiento del plazo, y en los demás supuestos de extinción en el momento de la resolución del correspondiente expediente.

No obstante lo anterior, en los supuestos de extinción de la concesión previstos en la letra m) del artículo 78, se procederá, en todo caso, al levantamiento y retirada de las obras e instalaciones del dominio público y de su zona de servidumbre de protección.

Ocho. Se añade una nueva letra m) en el artículo 76, que quedan redactadas del siguiente modo:

m) Obligación del adjudicatario de adoptar las medidas requeridas por la administración de adaptación a la subida del nivel del mar, los cambios en la dirección del oleaje u otros efectos del cambio climático.

Nueve. Se añade una nueva letra m) al apartado 1 del artículo 78, que queda redactada en los siguientes términos:

m) Revocación de la concesión cuando las obras e instalaciones soporten un riesgo cierto de ser alcanzadas por el mar.

Diez. Se añade un nuevo Capítulo II bis, titulado “Contribuciones especiales”, que incluye un nuevo articulo 87 bis, con la siguiente redacción:

Artículo 87 bis

1. Podrán imponerse contribuciones especiales cuando de la ejecución de las obras que se realicen en el dominio público marítimo-terrestre para su protección, defensa o mejora, o para la de los terrenos colindantes, resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, aunque éste no pueda fijarse en una cantidad concreta. El aumento de valor de determinadas fincas como consecuencia de la ejecución de las obras, tendrá a estos efectos, la consideración de beneficio especial.

2. Serán sujetos pasivos de estas contribuciones especiales quienes se beneficien de modo directo con las obras de protección, defensa y mejora del domino público marítimo-terrestre; y especialmente los titulares de derechos de ocupación, así como los propietarios de las fincas y establecimientos colindantes.

3. La base imponible se fijará en el real decreto por el que se acuerde la contribución especial no pudiendo exceder del cincuenta por ciento del coste total de las obras.

4. El importe total de la contribución especial se repartirá entre los sujetos pasivos, atendiendo a aquellos criterios objetivos que según la naturaleza de las obras y circunstancias concurrentes, se determinen entre los que figuran a continuación:

a) Superficie de las concesiones y fincas colindantes beneficiadas.
b) Plazo restante para la extinción del derecho de ocupación.
c) Los que determine el real decreto por el que se acuerde la contribución especial en atención a las circunstancias particulares que concurran en la obra.

5. El Gobierno, mediante real decreto aprobado a propuesta de los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, acordará el establecimiento de contribuciones especiales en los supuestos a que se refiere la presente Ley.

Justificación

La enmienda, que modifica diversos artículos de la Ley de Costas y añade nuevos preceptos, pretende establecer un régimen coherente para disponer de mecanismos adecuados para la defensa, protección y, en su caso, adaptación del dominio público marítimo-terrestre respecto de los efectos del cambio climático sobre el mismo. Se incorpora como novedad un régimen específico para los tramos del litoral que se encuentren en riesgo grave de regresión, al que se asocian diversos efectos jurídicos, como la limitación de las ocupaciones; la posibilidad de que la Administración realice actuaciones de defensa o restauración, incorporando el principio de colaboración de los beneficiarios mediante contribuciones especiales; la exigencia de que los proyectos para la ocupación del dominio público vayan acompañados de una evaluación prospectiva sobre los posibles efectos del cambio climático; y el establecimiento de una nueva causa de extinción de las concesiones, en el supuesto de que las obras o instalaciones estén en riesgo cierto de ser alcanzadas por el mar.

enmienda número 177 de adición
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA De adición.
Se añade un apartado veintinueve al artículo primero, con el siguiente texto:

“Veintinueve. Se agrupan las enmiendas al articulado de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas que modifican el régimen de infracciones y sanciones:

Uno. Se modifica el artículo 90, que queda redactado en los siguientes términos:

1. Las infracciones se clasificarán en leves y graves.

2. Se considerarán infracciones graves conforme a la presente Ley las siguientes:

a) La alteración de hitos de los deslindes.
b) La ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimo-terrestre, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la cesación de la conducta abusiva.
c) La ejecución no autorizada de obras e instalaciones en el dominio público marítimo-terrestre, así como el aumento de superficie, volumen o altura construidos sobre los autorizados.
d) La extracción no autorizada de áridos.
e) El incumplimiento de las limitaciones a la propiedad sobre los áridos establecidas en esta ley.
f) La interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito.
g) La realización de construcciones no autorizadas en las zonas de servidumbre de protección y tránsito y acceso al mar.
h) Las acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o seguridad de las personas, siempre que no constituyan delito, y, en todo caso, el vertido no autorizado de aguas residuales.
i) La utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para los usos no permitidos por la presente Ley.
j) La realización, sin título administrativo exigible conforme a esta Ley, de cualquier tipo de obras o instalaciones en las zonas de servidumbre definidas en esta Ley, siempre que se hubiera desatendido el requerimiento expreso de la Administración para la cesación de la conducta abusiva o que, habiéndose notificado la incoación de expediente sancionador, se hubiere persistido en tal conducta.
k) Las acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el dominio público o supongan grave obstáculo al ejercicio de las funciones de la Administración.
l) El falseamiento de la información suministrada a la Administración.
m) La reincidencia, por comisión en el término de dos años, de más de una infracción de carácter leve cuando así haya sido declarado por resolución firme.

Dos. Se modifica el artículo 91, que queda redactado del siguiente modo:

Tendrán el carácter de infracciones leves las acciones u omisiones, además de las que no que no estén comprendidas en el artículo 90, las siguientes:
a) La ocupación o la utilización sin el debido título administrativo del dominio público marítimo-terrestre no constitutivas de infracción grave.
b) La ejecución de trabajos, vertidos, cultivos, plantaciones o talas en el dominio público marítimo-terrestre sin el debido título administrativo.
c) Las acciones u omisiones que causen daños o menoscabo a los bienes del dominio público marítimo-terrestre o a su uso.
d) El incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbres y de las determinaciones contenidas en las normas aprobadas conforme a esta Ley.
e) El incumplimiento de las condiciones de los correspondientes títulos administrativos, sin perjuicio de su caducidad.
f) La publicidad no autorizada en el dominio público marítimo-terrestre o en la zona de servidumbre de protección.
g) El anuncio de actividades a realizar en el dominio público y sus zonas de servidumbre sin el debido título administrativo o en pugna con sus condiciones.
h) La obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la Administración.
i) La omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a la presente Ley.

Tres. Se modifica el artículo 92, que queda redactado del siguiente modo:

1. El plazo de prescripción de las infracciones será de dos años para las graves y de 6 meses para las leves contados a partir de su total consumación. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al presunto responsable.

2. El plazo de prescripción de las sanciones será de dos años para las graves y de un año para las leves contados a partir del día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si tal procedimiento estuviera paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al infractor.

Cuatro. Se modifica el artículo 93, que queda redactado en los siguientes términos:

1. Serán responsables de la infracción las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas siguientes:

a) En el caso de incumplimiento de las condiciones de un título administrativo, el titular de éste.
b) En otros casos, el promotor de la actividad, el empresario que la ejecuta y el técnico director de la misma, así como cualquier otro sujeto que intervenga por acción u omisión en la comisión del hecho constitutivo de la infracción.
c) En las infracciones derivadas del otorgamiento de títulos administrativos que resulten contrarios a lo establecido en la presente Ley y cuyo ejercicio ocasione daños graves al dominio público o a terceros, serán igualmente responsables:
Uno. Los funcionarios o empleados de cualquier Administración Pública que informen favorablemente el otorgamiento del correspondiente título, que serán sancionados por falta grave en vía disciplinaria, previo el correspondiente expediente.
Dos. Las autoridades y los miembros de órganos colegiados de cualesquiera Corporaciones o Entidades públicas que resuelvan o voten a favor del otorgamiento del título, desoyendo informes preceptivos y unánimes en que se advierta expresamente de la ilegalidad, o cuando no se hubieran recabado dichos informes. La sanción será de multa de la cuantía que corresponda en cada caso por aplicación de los criterios de la presente Ley.
La procedencia de indemnización por los daños y perjuicios que sufran los particulares en los supuestos contemplados en este apartado se determinará conforme a las normas que regulan con carácter general la responsabilidad de la Administración. En ningún caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al perjudicado.

2. En el caso de existir más de un sujeto responsable de la infracción, las consecuencias derivadas de ésta se exigirán con carácter solidario.

Cinco. Se modifica el apartado 2 del artículo 94, que queda redactado en los siguientes términos:

2. En el caso de que un mismo infractor cometa diversas acciones u omisiones susceptibles de ser consideradas como varias infracciones se impondrán tantas sanciones como infracciones se hubieran cometido. En el caso en que un mismo hecho u omisión fuera constitutivo de dos o más infracciones, se tomará en consideración únicamente aquella que comporte mayor sanción. En el caso en que unos hechos fueran constitutivos de una infracción calificable como medio o instrumento para asegurar la comisión de otros hechos, también constitutivos de infracción de modo que estos deriven necesariamente de aquellos, se impondrá la sanción más grave de las dos en su mitad superior. No obstante, los titulares de concesiones otorgadas con arreglo a la presente Ley podrán ser siempre sancionados por las infracciones que en ella se establecen, con independencia de otras responsabilidades que, en su caso, sean exigibles.

Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 95, que queda redactado del siguiente modo:

1.- Sin perjuicio de la sanción penal o administrativa que se imponga, el infractor estará obligado a la restitución de las cosas y reposición a su estado anterior, con la indemnización de daños irreparables y perjuicios causados, en el plazo que en cada caso se fije en la resolución correspondiente.

Esta obligación prescribirá a los quince años desde que la Administración acuerde su imposición, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.2 de esta Ley.

Siete. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 97, que queda redactado como sigue:

1. Para las infracciones graves, la sanción será:

a) En los supuestos de los apartados a), f), h), i) y k) del artículo 90.2, multa de hasta 300.000,00 euros. Para el cálculo de la cuantía de la multa se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Uno.- En el caso de alteración de hitos, 1.000,00 euros por hito afectado.
Dos.-. En el caso de interrupción de los accesos públicos al mar y de la servidumbre de tránsito, entre 1.000,00 y 5.000,00 euros por cada día en que el acceso o el tránsito se encuentre interrumpido en función de la naturaleza del tramo de playa en que se cometa la infracción, de acuerdo con los criterios que se desarrollen reglamentariamente.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
Tres.- En el caso de acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la vida, salud o seguridad de las personas, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: la magnitud del riesgo producido, la cuantía de los daños ocasionados y el grado de intencionalidad apreciable en el infractor. La cuantía mínima será de 3.000,00 euros.
En el caso de incumplimiento de las normas de balizamiento marítimo, 300,00 euros diarios.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
En el supuesto de vertidos no autorizados de aguas residuales, el coste del tratamiento de vertido que hubiera sido impuesto, en su caso, para otorgar la autorización.
Cuatro.- En el supuesto de la utilización del dominio público marítimo-terrestre y de sus zonas de servidumbre para usos no permitidos por la legislación de costas, no contemplados en otros apartados, el beneficio estimado que obtenga el infractor y cuando éste no sea cuantificable, el valor de los daños y perjuicios causados al dominio público y como mínimo 150 euros.
En el caso de acampada, 40 euros por metro cuadrado ocupado y día, siendo esta la sanción mínima.
En el caso de estacionamiento o circulación no autorizada de vehículos, entre 50 y 150 euros, en función de los criterios que se establezcan reglamentariamente.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
Cinco.- En el supuesto de acciones u omisiones que produzcan daños irreparables o de difícil reparación en el dominio público o supongan grave obstáculo del ejercicio de las funciones de la Administración no contemplados en otros apartados, la cuantía de la multa se graduará en función de la gravedad de la acción u omisión, con un mínimo de 600 euros. Para su cálculo se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 100.2 de esta Ley.
b) En el supuesto del apartado b) del artículo 90.2, multa equivalente a 120,00 euros por metro cuadrado y día.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.
c) En los supuestos de los apartados c) g) y j) del artículo 90.2, multa del 50% del valor de las obras e instalaciones cuando estén en dominio público o en la zona de servidumbre de tránsito o de acceso al mar, y del 25% en el resto de la zona de servidumbre de protección, con un mínimo de 300 euros.
d) En el supuesto del apartado d) del artículo 90.2, multa equivalente a 20 euros por metro cúbico.
e) En el supuesto del apartado e) del artículo 90.2, el 10 por 100 del valor de la transmisión.
f) En el supuesto del apartado m) del artículo 90.2 la multa se obtendrá por la suma de las establecidas para cada una de las infracciones leves, considerando únicamente, en su caso, la reducción de la cuantía hasta la mitad, para la primera de ellas, el haber procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento.
g) En los supuestos de publicidad no autorizada, multa entre 100,00 y 250,00 euros, cuando la publicidad se realice por medios audiovisuales y entre 50,00 y 100,00 euros por metro cuadrado, cuando sea a través de vallas o carteles, de acuerdo con los criterios reglamentarios que se establezcan.
h) En los supuestos del apartado l) del artículo 90.2, 300 euros, incrementada en el beneficio obtenido por el infractor.

2. Para las infracciones leves la sanción será de multa, en la cuantía que se determine reglamentariamente para cada tipo de infracción, aplicando los criterios del apartado anterior, de modo que aquélla no sea superior a la mitad de la que resultaría con arreglo a dichos criterios, ni, en todo caso, a 60.000,00 euros.

En los casos siguientes la sanción será:
a) En los supuestos del apartado g) del artículo 91, con un mínimo de 50,00 euros, se calculará con arreglo a los siguientes criterios: el 25 % del coste del anuncio, cuando se trate de actividades sin el debido título administrativo y, cuando sea en contra de las condiciones establecidas en dicho título, la que se prevea en las cláusulas concesionales.
b) En los supuestos del apartado h) del artículo 91, la multa mínima, por obstrucción al ejercicio de las funciones de policía que corresponden a la Administración, será de 300,00 euros, incrementada en el beneficio obtenido por el infractor.
c) En los supuestos de daños al dominio público marítimo-terrestre no constitutivos de infracción grave, la multa será equivalente al valor del daño causado.
En caso de ocupación o utilización sin título, no constitutiva de infracción grave, de 20,00 euros por metro cuadrado y día.
Las infracciones por tiempo inferior a un día se calcularán proporcionalmente.

d) En los supuestos de cultivos, plantaciones o talas, la multa será de 120,00 euros por metro cuadrado.

e) En los supuestos de incumplimiento de las condiciones del título, la multa será de 200,00 euros por cada incumplimiento.

f) Para el incumplimiento de lo establecido en materia de servidumbre, que no constituya infracción grave de acuerdo con lo establecido en el artículo 90.2, multa de 150,00 euros por incumplimiento.

Ocho. Se modifica el artículo 99, que queda redactado del siguiente modo:

1. La imposición de las multas corresponderá a la Administración competente por razón de la materia. Cuando lo sea la Administración del Estado, estarán facultados, con arreglo a los límites que se fijan a continuación, los siguientes órganos:
a) Jefe del servicio periférico, hasta 60.000,00 euros.
b) Director general, hasta 300.000,00 euros.
c) Ministro, hasta 1.200.000,00 euros.
d) Consejo de Ministros, más de 1.200.000, 00 euros.

2. Estos límites podrán ser actualizados mediante real decreto aprobado en Consejo de Ministros.

3. Las Comunidades Autónomas podrán imponer multas de hasta 1.200.000,00 de euros en el ámbito de su competencia de ejecución de la legislación estatal en materia de vertidos industriales y contaminantes.

4. Los Alcaldes, en materia de competencia municipal según esta Ley, podrán imponer multas de hasta 12.000 euros.

Nueve. Se modifica el artículo 106, que queda redactado del siguiente modo:

Durante el tiempo de paralización, prohibición o suspensión, la Administración no asumirá ningún tipo de obligación laboral del titular de la actividad afectada, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de prevención de riesgos laborales o en la normativa que, en su caso, se dicte al respecto.

Justificación

La enmienda propuesta pretende la modificación del régimen sancionador previsto en la Ley de Costas vigente. Los objetivos fundamentales de esta regulación son dos:

Por un lado, reforzar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad y de tipicidad de la potestad sancionadora que exigen una regulación mediante ley formal de los elementos definitorios de las infracciones y sus sanciones.

Por otro, la mejora de la técnica legislativa utilizada en la Ley de 1988, así como su adaptación a las leyes aprobadas con posterioridad, en especial a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y al Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora, con el fin de clarificar las conductas constitutivas de infracción administrativa y de las sanciones correspondientes, incluyendo las modificaciones realizadas en la Ley por el presente proyecto de ley.

ARTICULO SEGUNDO GPP 1
enmienda número 178 de modificación
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Artículo segundo.

ENMIENDA De modificación.
Se modifican los apartados 1, 3 y 4 del artículo segundo del Proyecto de Ley, quedando redactados como sigue:

1. Las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre existentes, que hayan sido otorgadas antes de la entrada en vigor de la presente ley, podrán ser prorrogadas, a instancia de su titular, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.

La prórroga se aplicará igualmente a los titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento amparado por la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, previa solicitud de la correspondiente concesión.

Esta prórroga no será de aplicación a las concesiones que amparen ocupaciones y actividades en la zona de servicio de los puertos.

2. (igual)

3. La duración de esta prórroga en ningún caso excederá de setenta y cinco años. En función de los usos, la resolución por la que se acuerde la prórroga podrá fijar un plazo de duración inferior, y prever, a su vez, prorrogas sucesivas dentro de aquel límite temporal.

No obstante lo anterior, si se trata de concesiones que amparan ocupaciones para usos portuarios en puertos que no son de interés general, la duración de esta prórroga no podrá ser superior al plazo máximo de vigencia establecido para las concesiones en la legislación estatal sobre puertos de interés general.

4. En el caso de concesiones que amparen ocupaciones para usos destinados a instalaciones e industrias incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, la prórroga será concedida previo informe favorable del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma en la que radique la ocupación. El informe determinará…(resto igual)

Justificación

Adecuación de la regulación a las peculiaridades de los puertos

DISPOSICION ADICIONAL SEXTA. 5 GPP 1
enmienda número 179 de supresión
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta. 5.

ENMIENDA De supresión.
Se suprime el apartado 5 de la disposición adicional sexta del Proyecto de Ley.

Justificación

Mejora técnica

DISPOSICION ADICIONAL NUEVA GPP 2
enmienda número 180 de adición
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA De adición.
Se añade una nueva disposición adicional séptima al Proyecto de Ley, con la siguiente redacción:

“Disposición adicional séptima. Informe sobre las posibles incidencias del cambio climático en el dominio público marítimo-terrestre.

1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente procederá, en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley, a elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, que se someterá a Evaluación Ambiental Estratégica, en la que se indicarán los distintos grados de vulnerabilidad y riesgo del litoral y se propondrán medidas para hacer frente a sus posibles efectos.

2. Igualmente las Comunidades Autónomas a las que se hayan adscrito terrenos de dominio público marítimo-terrestre, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas presentarán en el mismo plazo señalado en el apartado anterior, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para su aprobación, un Plan de adaptación de dichos terrenos y de las estructuras construidas sobre ellos para hacer frente a los posibles efectos del cambio climático.

Justificación

La enmienda tiene por objeto asegurar que se realicen, tanto por la Administración General del Estado, como por las Comunidades Autónomas planes de diagnóstico y medidas de adaptación a los posibles efectos del cambio climático; dentro del ámbito de competencias estatal en el caso de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre adscrito a las Comunidades Autónomas.

enmienda número 181 de adición
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA De adición.
Disposición adicional octava. Garantía del funcionamiento temporal de determinadas instalaciones de depuración.

1. En atención a las actuales y extraordinarias circunstancias económicas que fuerzan la restricción del gasto público y las inversiones, las instalaciones de depuración de aguas residuales de interés general, construidas en dominio público marítimo-terrestre antes de la entrada en vigor de la presente ley, que deban ser reubicadas en cumplimiento de una resolución judicial, continuarán temporalmente su actividad, en el mismo emplazamiento, en las condiciones de servicio y explotación que sean necesarias para cumplir con los objetivos medioambientales exigidos por la normativa aplicable.

2. Una vez que las circunstancias económicas lo permitan deberán iniciarse las actuaciones tendentes a la adecuada sustitución de las instalaciones a las que se refiere el apartado anterior, de acuerdo con criterios de sostenibilidad de las inversiones, de modo que queden garantizadas aquellas otras inversiones que resulten imprescindibles para el cumplimiento de las obligaciones exigidas por la normativa europea y estatal en materia de instalaciones de depuración de interés general.

3. La presente disposición no se aplicará en ningún caso, a aquellas instalaciones de depuración de aguas residuales que se encuentren construidas en espacios protegidos o incluidos en la Red Natura 2000.

Justificación

La enmienda pretende asegurar temporalmente la prestación de los servicios de depuración de aguas residuales, por parte de las instalaciones en funcionamiento.

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA GPP 1
enmienda número 182 de modificación
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.

ENMIENDA De modificación.
Se modifican los apartados 1 y 3 de la disposición transitoria primera del Proyecto de Ley, que quedan redactados del siguiente modo:

“Disposición transitoria primera. Aplicación de la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, se podrá instar que el régimen previsto en la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se aplique igualmente a los núcleos o áreas que, a su entrada en vigor, no estuvieran clasificados como suelo urbano pero que, en ese momento, reunieran alguno de los siguientes requisitos:
a) Que contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica.
b) Que estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación, al menos, en un tercio de su superficie.
3. Las Administraciones urbanísticas que ya hayan delimitado o clasificado como suelo urbano a los núcleos o áreas a los que se refiere el apartado primero de esta disposición deberán solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el informe previsto en el apartado segundo de esta disposición en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente ley. El informe deberá emitirse en el plazo de dieciocho meses desde que haya sido solicitado. En caso de que no se emitiera en este plazo se entenderá que es favorable.

Justificación

Esta enmienda regula con mayor precisión los requisitos necesarios para que los núcleos urbanos no clasificados como tales en 1988, puedan acogerse a la posibilidad de aplicación del régimen de la zona de servidumbre de protección prevista en la disposición transitoria tercera, apartado 3, de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA GPP 1
enmienda número 183 de adición
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final segunda.

ENMIENDA De adición.
Se añade un último párrafo a la Disposición final segunda. Títulos competenciales, del Proyecto de Ley, con la siguiente redacción:

“La disposición final primera se dicta al amparo de las competencias que corresponden al Estado en materia de puertos de interés general y de hacienda general, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1, cláusulas 20ª y 14.ª de la Constitución.

Justificación
Incorporar los títulos competenciales que ampara la disposición final primera

DISPOSICION FINAL TERCERA GPP 1
enmienda número 184 de modificación
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda a la Disposición final tercera.

ENMIENDA De modificación.
Se modifica la disposición final tercera del Proyecto de Ley, que queda redactada del siguiente modo:

“Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley, el Gobierno aprobará la revisión del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y dictará las disposiciones reglamentarias precisas para el desarrollo y ejecución de esta Ley.”

Justificación

La enmienda propone habilitar expresamente al Gobierno para el desarrollo reglamentario de todo el Proyecto de Ley.

ANEXO GPP 1
enmienda número 185 de modificación
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado (GPP), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente enmienda al Anexo.

ENMIENDA De modificación.
Se modifica el ANEXO del Proyecto de Ley, al que se refiere su disposición adicional sexta, apartado 1, para añadir dos núcleos que cumplen con los requisitos reseñados en la Exposición de Motivos, quedando el Anexo, como sigue:

“ANEXO
Relación de núcleos que se excluyen del dominio público marítimo-terrestre en virtud de la disposición adicional sexta, en la extensión que se fija en la planimetría.

– Serra Grossa, término municipal de Alicante, provincia de Alicante
– Puerto de Santa Pola, término municipal de Santa Pola, provincia de Alicante
– Poblado Marítimo de Xilxes (Castellón), término municipal de Xilxes, provincia de Castellón.
– Empuriabrava, término municipal de Castelló d’Empuries, provincia de Girona
– Platja d’Aro, término municipal de Castell Platja d’Aro, provincia de Girona
– Ría Punta Umbría, término municipal de Punta Umbría, provincia de Huelva
– Caño del Cepo, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva
– Casco urbano, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva
– Pedregalejo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga
– El Palo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga
– Moaña, término municipal de Moaña, provincia de Pontevedra.
– Oliva, término municipal de Oliva, provincia de Valencia

Justificación

Los dos núcleos que se proponen excluir cumplen los requisitos a los que se refiere la Exposición de Motivos.

Enmienda 185 con mapas incluidas