El Consejo Consultivo determina que la promotora de El Algarrobico no tiene derecho a indemnización

En su dictamen señala que los promotores “han de soportar el daño derivado por incumplir manifiestamente la Ley” y que “procede la demolición de lo ilegalmente construido

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  • MIGUEL CABRERA
  • Almería

http://www.elmundo.es/andalucia/2017/04/07/58e7d38f46163f74658b457c.html

El Consejo Consultivo de Andalucía ha determinado que Azata del Sol, la promotora del hotel El Algarrobico, en Carboneras, no tiene derecho a ser indemnizada con los más de 98 millones solicitados por los supuestos perjuicios causados por las administraciones respecto al edificio, ahora declarado ilegal por los tribunales y paralizado desde 2006, aunque en su día fue construido contando con la autorización y los parabienes de todos los organismos públicos necesarios, incluido el Gobierno autonómico.

En su dictamen, solicitado por la Consejería de Medio Ambiente en respuesta a la reclamación formulada por las mercantiles Azata del Sol SL y Azata Patrimonio SL, el Consejo Consultivo dice textualmente que ambas sociedades “han de soportar el daño derivado por incumplir manifiestamente la Ley, no precediendo indemnización sino la demolición de lo ilegalmente construido”.

El dictamen se refiere a las dos cuestiones fundamentales sobre las que se asientan las reclamaciones de Azata: el incumplimiento de la servidumbre de protección de la Ley de Costas y, en segundo lugar, la incidencia del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de Cabo de Gata, y respecto a la protección del suelo en que se asienta el hotel. Sobre ambos asuntos se han pronunciado ya los tribunales, que han determinado claramente la ilegalidad del hotel, al invadir la servidumbre y al construirse sobre terrenos no urbanizables y de especial protección.

Respecto al primer asunto, el dictamen apunta que el artículo 23.1 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, establece que la servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.

De ahí a que considere que la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Carboneras en enero de 2003 no se ajustaba a la legalidad, “si bien los promotores, con un deslinde ya en curso, prefirieron no darse por enterados y materializar una edificación en un claro gesto de política de hechos consumados”.

Y añade, por tanto, que el plan parcial en el que se ubica el hotel de la playa de El Algarrobico debió ser revisado tras la entrada en vigor de la Ley de Costas. No obstante, aunque el plan parcial no fuese revisado en su momento, como sucedió, “ello no autoriza a incumplir la servidumbre de protección de 100 metros. Sobre este punto concluye diciendo que “las entidades promotoras no pueden argumentar desconocimiento, menos aun cuando según sus propios escritos el deslinde se inicia en 1995 y concluye en el año 2005, de lo cual evidentemente tuvieron conocimiento”.

En lo que concierne a la incidencia del PORN y el argumento por parte de la promotora de que en base a todos los documentos oficiales el terreno era urbanizable cuando construyó el hotel, el Consejo Consultivo considera que “la desmejora o pérdida de valor que pudiera arrastrar la protección otorgada por el PORN a las fincas de que se trata, en este caso no se han producido, ya que en virtud del retracto legal el adquirente de los terrenos -Azata del Sol- ha sido resarcido del valor de lo que invirtió en su momento, ya que los compró como suelo urbanizable y en tal concepto hizo su pago a los vendedores”. En consecuencia, estima que no se ha producido decremento real y efectivo del precio por influencia de la ordenación del PORN, y que la promotora tampoco tiene derecho a ser indemnizado por ello.

El dictamen se apoya además en la sentencia del Tribunal Supremo de 2016 que afirma que el terreno estaba protegido por el PORN de 1994, lo que “obligaba, teóricamente, a que el planeamiento urbanístico de Carboneras se adaptase a la protección del PORN, puesto que sus normas prevalecen sobre la normativa urbanística municipal, algo que no se hizo, y de hecho todavía no se ha llevado a cabo.

Azata del Sol interpuso en 2013 una reclamación judicial por responsabilidad patrimonial contra la Administración Central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras en la que reclamaba más de 98 millones de euros que a su juicio debían pagar solidariamente por los supuestos daños y perjuicios ocasionados en relación al polémico edificio, cuyas obras están paralizadas desde 2006 cuando ya estaba prácticamente concluido en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

Azata exponía en su reclamación que los daños sufridos eran imputables a las administraciones, pues a su entender derivaban del mal funcionamiento de sus servicios públicos, “sin que concurrieran fuerzas de causa mayor, dolor, ni culpa de la empresa, pues a la sazón la compra y posterior edificación se llevó a cabo cumpliendo con la legalidad vigente en ese momento, que le venía refrendada por todos los permisos, licencias y autorizaciones que concedieron las diferentes administraciones públicas”.