Las competencias sobre costas

Como ejemplo de los intereses reales que el PP ha querido para nuestra costa basta recordar que las Directrices de Ordenación Territorial del Litoral vinieron acompañadas de la derogación de la Ley de Protección y Armonización de Usos del Litoral del Mar Menor, y la recalificación de suelos para la urbanización de grandes espacios costeros, especialmente Marina de Cope”

Pedro García Moreno / Director De Anse Y Geógrafo
16.07.2017 | 04:00

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/07/16/competencias-costas/845615.html

 

Decía el expresidente Pedro Antonio Sánchez al justificar la propuesta para que la Comunidad Autónoma asumiera las competencias de Costas en la reforma del Estatuto de Autonomía que «debe vincularse a un desarrollo sostenible que tenga en cuenta el medio ambiente como base de la economía. Por eso queremos implicarnos en mejorar el modelo de gestión actual de nuestra costa». Dicho coloquialmente, «para mear y no echar gota».

Y el diputado Domingo Segado añadía en la Asamblea Regional, para justificar la prioridad absoluta de esta reforma que «es un tema que verdaderamente preocupa a los ciudadanos, nos lo han pedido desde el sector náutico, hoteleros, hosteleros…».

Desde ANSE nos dirigimos a los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional para transmitirles nuestra preocupación por las consecuencias ambientales y sociales de la asunción de las transferencias de Costas por la Comunidad Autónoma. Afortunadamente, todos los partidos de la oposición actuaron de manera responsable y decidieron votar en contra de la propuesta del Partido Popular para esta reforma urgente. 
Sinceramente, nadie en su sano juicio creería que un Gobierno del Partido Popular asumiría las competencias de gestión de la costa de la Región de Murcia para hacer compatible la conservación del litoral con el desarrollo económico. Si algo ha caracterizado, precisamente, la gestión del litoral de la Región durante los últimos 20 años han sido los diferentes ´asaltos´ del Gobierno regional y de muchos Ayuntamientos para arrancar a la naturaleza costera algunos de sus últimos bastiones sin urbanizar.

Como ejemplo de los intereses reales que el Partido Popular ha querido para nuestra costa basta recordar que las Directrices de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia vinieron acompañadas de la derogación de la Ley de Protección y Armonización de Usos del Litoral del Mar Menor, y la recalificación de suelos para la urbanización de grandes espacios costeros, especialmente Marina de Cope, que no ha sido destruida por el desarrollo urbanístico y una marina deportiva gracias a la acción judicial de las organizaciones de defensa de la naturaleza y las protestas ciudadanas.

También en el proyecto de construcción de PuertoMayor, en La Manga, el Gobierno regional incumplió la normativa de costas para favorecer la destrucción de más de un kilómetro de playas para una nueva gran infraestructura portuaria en un entorno intensamente destruido.
El Gobierno regional también expresó que la asunción de las competencias de Costas facilitaría los trámites para la aprobación del proyecto del Macropuerto de El Gorguel, confiando en que supondría un espaldarazo a la economía regional; habría que preguntarse si sería parecido al fiasco del aeropuerto de Murcia-Corvera.

Además, la asunción de las competencias de Costas por nuestra Comunidad Autónoma supondría un coste económico imposible para una gestión responsable. Si durante tantos años nuestros representantes políticos protestan ante el Estado por el déficit de financiación autonómica, ¿vamos a asumir más competencias sin haber solucionado antes la supuesta deuda histórica y el desequilibrio presupuestario actual?
Asumir las competencias de Costas no conlleva solamente autorizar chiringuitos o infraestructuras portuarias, hoteles y urbanizaciones, sino asumir también la recuperación del litoral y/o protección de lo urbanizado coincidiendo con un grave proceso de regresión de la línea de costa, que obligará a tomar medidas muy costosas económica y socialmente para salvar al mismo turismo de sol y playa. No es creíble que el Gobierno regional vaya a ser capaz de hacerlo, y sus consecuencias económicas serían desastrosas para nuestra Comunidad

Y otro debate no menor, tal vez el más importante, sería el de si la gestión de un espacio con vocación pública, más allá de los intereses locales, como es la costa, debe ser regulado y gestionado desde una Comunidad Autónoma o un Ayuntamiento, pero no hay tiempo ni espacio para abordar aquí esta cuestión.