El fin de las concesiones de la Ley de Costas pone en jaque a pequeños empresarios de la región

Mientras que grandes compañías han regularizado su situación, cientos de particulares esperan una prórroga de la concesión que caduca este año

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GONZALO SELLERS
Santander
 

Han pasado tres décadas desde que la Ley de Costas dio un vuelco a la protección de todo el litoral del país. Aquel Gobierno de Felipe González apostó por eliminar la propiedad privada en los terrenos ganados al mar para garantizar su recuperación ambiental. Una decisión empujada por la reciente entrada de España en la UE y para luchar contra la presión urbanística que sufrían el Sur y el Levante. En Cantabria, con un contexto muy distinto al de aquellas comunidades, la normativa chocó contra centenares de compañías y pequeños empresarios instalados cerca de la costa, no todos del sector turístico, pero sí con una importancia capital en la red industrial de la región.

Desde explotaciones ganaderas hasta pastos para animales, plantaciones, campos de golf y fábricas tan importantes como Bosch, Solvay, Astander, Equipos Nucleares o Ferroatlántica quedaron afectados. Aquella polémica ley otorgó unas concesiones a treinta años para amortiguar el golpe inicial. Pero ahora el tiempo se ha acabado. En julio de este año caducarán esos permisos y muchos de los propietarios de la región aún no saben si tendrán que cerrar sus negocios o marcharse de su casa al día siguiente. Dependen de que el Estado les conceda una prórroga.

Afectados por la Ley de Costas

El principal núcleo de perjudicados -por número- lo constituían entonces los inquilinos del polígono de Raos, pero había muchos otros repartidos en las riberas del laberinto de rías que forman el litoral cántabro, o levantadas sobre los muchos rellenos que fueron práctica habitual hasta bien entrado el siglo XX. También edificios emblemáticos, como el Cormorán o los balnearios de La Concha y La Magdalena.

En Cantabria hay, en total, 210 concesiones del Estado en dominio público marítimo-terrestre, según los datos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente, pero sólo 84 de ellas estaban señaladas por la Ley para prescribir este año. El problema es que cada una tiene impacto en muchos afectados.

Un estudio elaborado en 2010 por la Cámara de Comercio cifraba en 1.200 las empresas involucradas, con un volumen de negocio de 6.000 millones de euros. Además, alertaba del riesgo para 25.000 empleos. Pero ese desastre para las grandes firmas ha menguado mucho en los últimos años, gracias a la colaboración que han encontrado en la Administración para resolver el conflicto, mientras que los pequeños empresarios no han tenido esa suerte y, a día de hoy, desconocen lo que les depara el futuro.

 

Las claves

Ley de Costas.

Fue aprobada en 1988. El reglamento que la desarrolla se aprobó en diciembre de 1989. Estableció entonces que, en 30 años, todas las concesiones administrativas en el dominio público máritimo-terrestre caducarían.

Dominio Público.

Durante los últimos 30 años, técnicos de Costas vienen realizando deslindes del dominio público marítimo-terrestre para determinar qué zonas se encuentran sometidas a la influencia de la marea.

Concesiones administrativas.

Todas las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre caducan a los 30 años de la aprobación de la ley, es decir, en 2018. Excepto algunas que se han ido prorrogando en los últimos años.

Propiedades.

Todas las propiedades incluidas en el dominio público se convertirán en concesiones administrativas al cumplirse el plazo de 30 años a partir de la entrada en vigor de la ley.

Desde que en 2014 se aprobó el reglamento para prorrogar las concesiones, el Estado ha dado el visto bueno a ocho expedientes. Entre ellos el del polígono de Raos, que se incluyó en el ámbito de la ley de puertos y amplió la concesión 50 años. También se encontró una solución para Equipos Nucleares en Camargo, en tanto que Quesería Lafuente, en Heras, y Norgraft, en Requejada, se vieron favorecidas al cambiar el deslinde de la zona de servidumbre, lo que salvó la ampliación de sus naves. También el campo de golf del Abra del Pas, propiedad de Cantur, arañó diez años más prorrogables a treinta.

«A raíz de toda la presión que hicimos, conseguimos esa ordenanza que permitía las prórrogas. Si la ley no hubiera cambiado, mañana tendríamos que cerrar la región», señala Martín Silván, abogado especialista en la Ley de Costas y consultor de la CEOE.

Pero detrás de esos grandes nombres, hay centenares de empresarios anónimos a los que «el Gobierno ha dejado de lado durante estos años», según José Luis Thomas, el presidente de la asociación que durante estos últimos años ha protegido los intereses de los afectados. Muchos son propietarios de explotaciones ganaderas o pequeñas empresas familiares, pero también hay instalaciones turísticas, como los campings de El Joyel y Los Molinos, en Noja, que han presentado sus expedientes y no han tenido respuesta. Tras cuatro años sin noticias, la asociación mantuvo una reunión con la Demarcación de Costas el pasado mes de diciembre para desbloquear la situación. El calendario apremia. Dentro de solo dos semanas termina el plazo para que los damnificados soliciten una prórroga de la concesión, que varía entre los 50 y los 75 años, pero muchos aún no lo han hecho. Algunos por desconocimiento. Otros, porque no quieren reconocer ante el Estado que esa propiedad ya no les pertenece.

Concesiones del Estado en dominio público marítimo-terrestre caducaban este año en Cantabria

«La Administración tiene mucha urgencia de que se pidan las prórrogas. Tienen intención de resolver los expedientes favorablemente después de cuatro años en los que no se ha hecho nada y nos han tenido aparcados», señala Thomas.

¿Por qué se ha producido este retraso en conceder las prórrogas? Una de las causas principales ha sido la demora para efectuar los deslindes. La ley de 1988 estaba pensada para que se efectuara casi simultáneamente, o en un intervalo de pocos años después de su entrada en vigor, pero hay municipios en los que todavía no se han dibujado las líneas sobre el mapa.

En trámite

Otro de los retrasos se debió al cambio de interpretación de la Abogacía del Estado, que comenzó a declarar nulas las transmisiones consideradas como propiedad, y no como una concesión. El 99% de las transmisiones realizadas en Cantabria están en ese supuesto, porque siempre se entendía que lo que cambiaba de manos era una propiedad, cuando desde 1988 no era así.

En cualquier caso, el Ministerio calcula que el 85% de las concesiones han solicitado ese aumento de plazo y está pendiente de aprobación, mientras que el otro 15% no lo ha hecho y se arriesga a tener que dejar sus negocios y sus casas cuando venza la fecha, además de correr con los gastos de demolición de todas las instalaciones construidas en esos terrenos. Con un agravante: la ley no estableció ni indemnización ni compensación para ellos, sólo la renuncia a la propiedad de los terrenos.