Costas ofrece a los vecinos de Calnegre una concesión administrativa de 30 años

Los vecinos reclaman que se les indulte igual que asentamientos y urbanizaciones como Ampuria Brava o Marina D’Or

Costas ofrece a los vecinos de Calnegre una concesión administrativa de 30 años

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LÁZARO GIMÉNEZ
PAQUI PÉREZ PEREGRÍN
Lorca

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y representantes de la Plataforma de Afectados de Calnegre se han reunido esta mañana con la directora general de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Raquel Orts.

 

El encuentro llega después de que la pasada semana el Congreso de los Diputados rechazara con el voto en contra del PP una proposición no de ley del PSOE para incluir a Calnegre en la relación de asentamientos desafectados en las disposiciones adicionales de la Ley de Costas aprobada en 2013.

 

En la antena de ‘Hoy por Hoy Lorca’, el presidente de la Plataforma vecinal, Juan de Dios Martínez, quien pedía el mismo trato que han recibido en esa ley otro tipo de asentamientos urbanos y grandes urbanizaciones como Isla Cristina, Ampuria Brava o Marina D’Or a los que se les ha “indultado” en esa ley.

Tras la reunión, el Ayuntamiento de Lorca informa de que el Ministerio, representado por la Directora General, Raquel Orts, ha explicado a los vecinos y al alcalde, que una hipotética inclusión del poblado en el anexo administrativo perjudicaría la situación de los vecinos, ya que les obligaría, entre otras cosas, a recomprar sus viviendas.

La solución planteada por el Ministerio a los vecinos es concederles un sistema de concesión administrativa de 30 años, prorrogables por periodos de 60 años, que se podrían acumular, en el caso de viviendas ubicadas en la ribera del mar. En el caso de viviendas existentes fuera de esta ribera el plazo prorrogable alcanzaría los 75 años.

Según fuentes municipales, esta solución otorga a los vecinos la tranquilidad, seguridad y certidumbre que necesitan. El Ayuntamiento también ha planteado la posibilidad de estudiar la bonificación del IBI para que los afectados abonen el canon anual correspondiente a su concesión. Además, pone a disposición de los vecinos, los servicios técnicos municipales para tramitar la documentación necesaria.