UNA BARRERA FÍSICA SIN AMPARO LEGAL

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04.02.2018 | 02:31

 

La Ley de Costas establece limitaciones y servidumbres a los terrenos colindantes con el dominio público marítimo-terrestre con el fin, entre otros, de garantizar el tránsito y dejar una zona expedita para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento.

La isla de Toralla no es una excepción y su urbanización debiera garantizar el “acceso público y gratuito al mar” en todo su perímetro, pero la propia orografía de la isla y la ocupación irregular del suelo en el borde litoral impiden ahora mismo ejercer este derecho en un tramo del islote. A esta circunstancia propiciada por causas naturales y urbanísticas se suma el hecho de que existe una caseta de control de accesos que limita el paso a los alrededor de 170 habitantes, los investigadores de la Estación de Ciencias Marinas y el Servicio de Salvamento Marítimo.

 

Aunque legalmente no debiera ser así. Los viales interiores son privados, pero debe permitirse el acceso peatonal público para que cualquier ciudadano puedan llegar a la ribera del mar de la isla a pie. Consciente de esta irregularidad, el entonces Ministerio de Medio Ambiente emprendió en 2008 el proyecto de “Recuperación del DPMT y apertura al tránsito en la isla de Toralla” que finalmente fue aparcado por razones presupuestarias. Su cometido era cumplir la legislación y hacer accesible la isla, que solo recibe visitantes en la playa a ambos lados del puente.

No hay base legal para impedir la entrada de los peatones, pero lo cierto es que la existencia de una barrera física convierte Toralla, en la práctica, en un recinto privado. La sociedad Toralla S.A., que administra los servicios comunitarios de los vecinos, defiende con razón que las fincas y los viales interiores son de titularidad privada. Adquirieron la finca en 1965 y construyeron el puente con una concesión durante 99 años impidiendo el acceso público hasta que por orden ministerial se estableció en 1990 la obligatoriedad de liberalizar el paso.