Lo que saben los ciudadanos de la servidumbre de protección es que es una franja de terreno en la que no se puede construir nada nuevo ni ampliar lo construido. Cada uno de los conflictos originados en torno a ella tiene que ver con el derecho a construir y sobre todo con el derecho a reformar, que padece una frontera borrosa entre lo que se puede y lo que no se puede hacer.
Lo que creo que muchos ignoran es que en la servidumbre de protección el uso residencial está prohibido. Sí, prohibido. Significa que no puede haber nadie viviendo en ese espacio. Podrá haber talleres de reparación de automóviles, expendedurías de carne de caballo o farmacias, pero no viviendas.
¿Cómo es, entonces, que todo el mundo continua viviendo en sus casas a pesar de que se encuentren en esa franja de protección? Merced a los derechos transitorios recogidos en la ley de costas. De la misma forma que se toleran los edificios construidos legalmente antes de su entrada en vigor, también se toleran los usos residenciales cuando eran anteriores.
En cierta ocasión me tocó defender a un colectivo de casi mil familias enfurecidas porque una obra pública en Bellreguard había dejado las torres de primera linea dentro de la servidumbre de protección. En aquellas fechas se había prendido fuego en Madrid al edificio Windsor y en las asambleas se consideraba con horror la posibilidad de que alguna de las torres sufriera un siniestro similar y hubiera de ser demolida, en cuyo caso, con arreglo a las disposiciones transitorias de la ley de costas, ya no podría ser objeto de reconstrucción. Pero eso no era exactamente así. De forma sorprendente, la ley sí que admite la reconstrucción de esos edificios, pero no la continuación de su primitivo uso residencial, puesto que la demolición habría roto el vinculo con una situación anterior a la ley de costas y por tanto con el derecho transitorio. En tal caso, entraría a aplicarse con toda su gloria y todo su esplendor la prohibición de uso residencial. La ley, entonces, no rechazaría que los edificios se destinaran a oficinas, por ejemplo, pero definitivamente dentro de ellos no se podría pernoctar, hacer la cena o ver la tele (por supuesto nada de sexo).
Reconozco que en España sabemos hacer muchas cosas además de servir calamares a la romana, pero esas otras cosas ocupan un espacio modesto en el PIB si lo comparamos con el turismo, cuyos componentes fundamentales son efectivamente dichos calamares a la romana, el sol y las tumbonas. Por cierto que el turismo es la única actividad económica que no debe temer a la deslocalizacion. Había una fabrica de Nokia en el Reino Unido. Daba trabajo a muchas familias y todo iba bien hasta que un día decidieron cerrarla y salir pitando para Rumania porque allí era más barato producir. Los rumanos se pusieron tan frenéticos de alegría que incluso pusieron una vía férrea especial para la nueva fábrica. El otro día escuché en la BBC que Nokia había decidido cerrar la planta y trasladarse a donde podéis imaginar, es decir, a ese país tan comunista como capitalista llamado China, y habían dejado a los rumanos pasando la mano por la pared.
Esto es algo que no puede suceder con el sol ni con la playa, lo que confirma la necesidad de que nuestra patria afiance un negocio turístico que siempre se a a quedar aquí. Resulta evidente que en el presente contexto de recesión económica esa necesidad se centuplica e imagino que ésta es una buena causa de que el Ministro Cañete haya decidido flexibilizar la ley de costas para permitir más negocio en las playas.
Pues bien, atendamos ahora, queridos amigos, al dibujo teórico del litoral que quiere la ley de costas: Dentro del dominio público los usos residenciales están prohibidos, pero también lo están en una franja de cien metros situada a continuación. Digo cien metros, y digo bien porque la servidumbre de protección de veinte metros es excepcional y también obedece a derechos transitorios que aquí seria algo latoso explicar.
El dominio público carece de anchura fija, pero puede extenderse profundamente al interior. En La playa de El Saler, por ejemplo, puede alcanzar unos doscientos metros de anchura, y he visto una línea en Lanzarote bastante más al interior. Sumemos a ello los cien metros de la servidumbre de protección y tendremos una imagen de lo que los padres de la ley de costas querían para nuestro litoral: Que no hubiera alma humana que pudiera vivir en una media de doscientos metros de la orilla. A margen de la bondad medioambiental de ese esquema, la pregunta es si eso es algo que tenga sentido en un país que vive o pretende vivir del turismo.
Ved nuestras costas. Vedlas saturadas de construcciones hasta el borde del mar. Ved cómo la densidad de población en primera línea supera a la de cualquier otro segmento del territorio ¿no percibís un nuevo y adorable ejemplo del foso entre la España oficial y la España real? ¿Quién diría que esas aglomeraciones urbanas y humanas se dan en un país que tiene prohibido todo uso residencial en los primeros doscientos metros de costa como media?
Puedo contaros algunas situaciones aún más singulares. Si tenéis una vivienda en servidumbre de protección ni se os ocurra acometer una obra concienzuda de reforzamiento de pilares, porque en el marco de la borrosa frontera a la que me he referido antes, os dirán que la obra está prohibida y os ordenaran (aunque esto sea arquitectónicamente imposible) volver a dejar los pilares en su primitivo estado de deterioro. El motivo es claro: el propósito de la ley es que estos edificios se vayan cayendo poco a poco hasta que en un momento idealizado del futuro toda la anchura fe la servidumbre de protección se transforme en un prado, un arenal o un pedregal que se asemeje lo más posible a su estado en lo tiempos de Adán y Eva.
Pero entretanto los que están delante, es decir, los que han conseguido la concesión de la disposición transitoria primera, apartado primero, habiendo consolidado su derecho a permanecer no ya en la servidumbre de protección sino en el dominio público, podrán desde luego reforzar pilares, reconstruir sus muros perimetrales y todo lo que sea preciso para ejercer su derecho a permanecer viviendo en aquel edificio durante los próximos sesenta años.
¿Percibís la absurda contradicción? Los edificios situados en el dominio público, en un suelo que con razón o sin ella pertenece a todos, podrán ser reformados, reforzados, adecentados y reconstruidos, mientras que los situados sobre propiedad privada aunque sujetos a la servidumbre de protección deberán experimentar una decadencia forzada hasta que sus habitantes se vean obligados a escapar de allí por miedo a que el techo se les venga encima y hasta que acto seguido sobrevenga la total y definitiva ruina. Así nos encontraremos con un paisaje surrealista en el que el proteccionismo del Estado habrá dado lugar a una florida y pujante primera línea de viviendas sobre la arena a cuya espalda, en una extensión de cien metros, se extenderá un baldío pelado y solitario.
No sé si esto es lo que había en la cabeza de los señores y las señoras que inventaron la ley de costas, pero no cabe duda de que es la consecuencia de sus pensamientos.
Por eso he pedido al Director General de Costas que al redactar la reforma tenga en cuenta esta situación, se pregunte si un país que vive del turismo en la playa puede mantener la prohibición de uso residencial de la franja costera, y que actúe en consecuencia.

José Ortega
Abogado joseortega@costasmaritimas.es

arias-canete-entregar-lobbies-empresariales-competencias-gestionarmedio-
ambiente-20120517185244.html
Viernes, 18 de mayo 2012
El PSOE acusa a Arias Cañete de “entregar a los lobbies empresariales las
competencias para gestionar el medio ambiente”
MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -
El Secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo
Morán, ha acusado a Arias Cañete de “entregar a los lobbies empresariales las
competencias para gestionar el medio ambiente en España”, tras el debate
celebrado en el Congreso para convalidar el Real Decreto Ley de medidas
urgentes en este campo.
Morán insiste en que se trata de todo un paquete de modificaciones normativas
de fondo que afectan a Leyes fundamentales de protección ambiental, como la
Ley de Aguas, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, la Ley del
Patrimonio Natural y la Biodiversidad, o la anunciada reforma de la Ley de
Costas.
“Algo no demasiado claro se oculta tras la urgencia no justificada en la
modificación de leyes ambientales a la carta, a petición de lobbies empresariales
que llevan años solicitando la privatización de bienes públicos ambientales”, ha
afirmado el protavoz socialista.
Por otra parte, ha denunciado que Arias Cañete haya “convertido a su
departamento en un auténtico ministerio de propaganda”. En este sentido, ha
señalado que el ministro de Medio Ambiente y su secretario de estado, son “los
responsables del gobierno que más se prodigan en declaraciones
grandilocuentes que se quedan simplemente en eso, meras palabras”.

DIARIO EL MUNDO
IU exige la demolición inmediata
PSOE e IU escenifican su primer desencuentro en el Algarrobico
El hotel a medio construir en la playa del Algarrobico. | Miguel Cabrera
El PSOE quiere ganar tiempo mientras los tribunales terminan de resolver
Para IU, la demolición era una promesa y un pilar del acierdo de gobierno
La diputada Rosalía Martín dice que es una ‘línea roja’ que no se puede pasar
Luis Planas dijo que el edificio se demolerá ‘cuando se pueda judicialmente’
Miguel Cabrera | Almería
La parlamentaria de IU por Almería Rosalía Martín ha reclamado al consejero
de Medio Ambiente que inicie “ya” el expediente de demolición del hotel de El
Algarrobico, después de que Luis Planas haya repetido los mismos argumentos
de su antecesor y haya anunciado que el hotel ilegal del Parque Natural de
Cabo de Gata-Níjar será derribado “cuando se pueda judicialmente”.
Martín apenas dejó pasar unas horas para responder con firmeza al consejero, al
entender, como dijo a ELMUNDO.es, que para IU “el Algarrobico es una línea
roja que no se puede traspasar”, y que la coalición no está dispuesta a dar
marcha atrás a su promesa para la demolición “inmediata” del hotel. Una
demolición que se encuentra, además, dentro de los acuerdos “más
importantes” alcanzados con el PSOE para formar un gobierno de coalición.
Y es que para la coordinadora provincial de IU por Almería “hay ya suficientes
argumentos legales para derribar el hotel”, por lo que no está en absoluto de
acuerdo con esperar las numerosas resoluciones judiciales todavía pendientes
sobre el caso, como dijo el lunes el consejero en una entrevista en Canal Sur.
La diputada de IU Rosalía Martín. | M.C.
“Existen mecanismos en la Junta de Andalucía para llevarlo a efecto”, apunta
Martín, que recuerda que existen pronunciamientos judiciales del Tribunal
Supremo que decretan la demolición del hotel de El Algarrobico por ser
contrario a la ley de Costas, al determinar su ilegalidad el pasado 20 de marzo
por situarse dentro de los 100 metros de la zona de servidumbre y protección,
ser contrario a la Ley de Costas, constituir una agresión ambiental y atentar
contra la ordenación del territorio, añade la parlamentaria.
Ante estos hechos, Rosalía Martín “insta” al consejero a iniciar cuanto antes los
trámites junto con el Gobierno central para proceder a la recuperación del
espacio natural de Carboneras, “que nunca debió vulnerarse”.
La posición de IU es tajante y la parlamentaria cree que la Junta tiene en su
mano la adopción de medidas necesarias para iniciar los trámites para la
demolición inmediata del edificio, aún al margen del acuerdo firmado con el
Gobierno antes de las elecciones, que el ejecutivo de Rajoy no considera ahora
legal.
“Que lo hagan como sea pero que lo hagan, y le corresponde a la Consejería de
Medio Ambiente tomar las disposiciones oportunas”, proclama Martín, quien
no se muestra dispuesta a esperar a que culminen todos los pleitos pendientes,
que podrían prolongar el derribo incluso décadas. “En IU no vamos a esperar
más porque es una promesa a los ciudadanos”.
Y es que aguardar la resolución de los pleitos pendientes, sobre todo el
relacionado con la nulidad de la licencia de obras, podría obligar a esperar aún
muchos años, teniendo en cuenta la posibilidad de la empresa constructora,
Azata del Sol, de recurrir ante el Tribunal Supremo la futura sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que se espera para los próximos
meses.
La parlamentaria reconoce no haber hablado sobre este asunto con el consejero,
y estima que, en cualquier caso, la postura de IU no debe provocar ningún
enfrentamiento con el PSOE, “porque la demolición es uno de los puntos más
importantes del acuerdo” de gobierno.
Martín también ha criticado que el Gobierno del PP haya rechazado crear una
comisión de investigación para depurar las responsabilidades sobre la
construcción del hotel en la playa almeriense del Algarrobico, tal y como
presentó IU en una proposición no de ley en la que emplazaba al ejecutivo a
iniciar los procedimientos dirigidos a recuperar la playa.
‘El desastre del Algarrobico’
La firme respuesta de IU se produce después de que Luis Planas considerara el
hotel construido en la playa de Carboneras como “un auténtico desastre
medioambiental”, aunque, de la misma forma que hizo su antecesor, José Juan
Díaz Trillo, puntualizó que se derribará “cuando sea legalmente posible”, a
pesar del acuerdo alcanzado con IU para iniciar los trámites para su demolición
inmediata.
Planas añadió en una entrevista en Canal Sur Televisión, a que “se está
subestimando el Algarrobico, pues para la imagen de Andalucía y España es
uno de los peores anuncios de nuestra identidad como industria y nuestra
presencia turística a nivel nacional e internacional”.
El consejero apuntó también que deberá estudiar con el Gobierno central el
coste económico del derribo, aunque no dio más detalles.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2012/05/16/medio-ambienterevisara-

ley-conjugar-proteccion-actividadeseconomicas/
00031337196607015925796.htm
DIARIO LA VOZ DE GALICIA
Eonomía
Medio Ambiente revisará la ley para conjugar la protección y actividades
económicas
El objetivo será corregir los «solapamientos, incoherencias y trabas
administrativas» que existen ahora
EFE
16 de mayo de 2012
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El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha anunciado hoy
una revisión de la normativa que cumpla los objetivos de conservación sin ser
«un lastre» para las actividades económicas que creen empleo y riqueza.
Durante su comparecencia en la comisión de Medio Ambiente en el Congreso
de los Diputados para hablar de las líneas de actuación de su secretaría, Ramos
ha afirmado que se llevará a cabo una «profunda revisión del sistema de
evaluación ambiental» con el objetivo de corregir los «solapamientos,
incoherencias y trabas administrativas» que ahora existen.
«El desorden jurídico puede ser igual de devastador y de generador de
ineficiencias y desigualdades que la ausencia de recursos económicos», ha
señalado Ramos.
El secretario de Estado ha destacado que el futuro modelo normativo
proporcionará seguridad jurídica a los agentes económicos, en especial a
aquellas empresas que buscan la reducción de la contaminación y la gestión de
residuos.
Así, en cuanto a la política de costas, Ramos ha subrayado que el Ministerio
trabajará para que la protección del litoral «sea compatible» con la creación de
empleo y la conservación de recursos naturales.
«Es necesario contar con una normativa moderna que proteja nuestras costas,
pero que no cause perjuicio económico», ha insistido.
En este sentido, ha adelantado que la Secretaría de Estado prepara un código de
buenas prácticas para los titulares de concesiones en las playas que -ha
destacado- «serán los principales aliados en la protección, conservación y
desarrollo sostenible de estos espacios».
También ha anunciado la publicación en la página web del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la línea de deslinde en las
costas españolas.
Ramos ha avanzado, asimismo, que habrá una reforma de la Ley del Agua que
modificará la fórmula de cálculo de las tarifas, la seguridad regulatoria y
retribución de los costes en los servicios del agua, la gobernanza en la
explotación de las infraestructuras hidráulicas y nuevas medidas para fomentar
un gasto mas eficiente.
También ha señalado que el Ministerio tiene como objetivo la incorporación de
volúmenes de agua desalada para el consumo humano, debido a que el alto
coste de su producción dificulta su empleo en la agricultura.
Ramos ha destacado que en esta revisión del sistema de evaluación ambiental
trabajarán «estrechamente» con las Comunidades Autónomas.
«Es una tarea difícil, pero redundará en beneficio tanto de quienes quieran
desarrollar actividades económicas, como de la protección del medio
ambiente», ha indicado.
En cuanto a la política de Cambio Climático, ha anunciado que el Ministerio
prepara una estrategia de compra de unidades de carbono para cumplir con los
compromisos del Protocolo de Kioto.
La diputada del PSOE María José Rodríguez Ramírez ha lamentado que con la
política anunciada por el secretario de Estado «asistimos a la demolición de la
normativa» medioambiental que reduce los niveles de protección y ha apostado
por una fiscalidad ambiental como modelo de desarrollo sostenible.
Desde el PNV, han reclamado a Ramos que cumpla su compromiso de trabajar
en colaboración con las Comunidades Autónomas, mientras que desde
Izquierda Plural han criticado que los presupuestos aprobados por el Gobierno
«han borrado del mapa el medio ambiente».

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2012/05/17/constitucional-cierrasalida-

nucleos-afectados-ley-costas/0003_201205G17P7993.htm
DIARIO LA VOZ DE GALICIA
Galicia
El Constitucional cierra una salida para los núcleos afectados por la Ley de
Costas
La Xunta actual ha iniciado los contactos con el Ministerio de Medio Ambiente
para intentar solventar la situación de esos núcleos singulares a través de una
modificación
santiago / la voz
El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la sentencia por la que el Tribunal
Constitucional declara inconstitucional la disposición adicional incorporada a la
Lei do Solo (9/2002) con la intención de dar una solución y legalizar los núcleos
tradicionales afectados por la Ley de Costas, que son centenares a lo largo de
todo el litoral gallego.
Consciente de este rechazo, y de que el anterior Gobierno también denunció al
Tribunal Constitucional la vía propuesta por el bipartito en la Lei de Vivenda, la
Xunta actual ha iniciado los contactos con el Ministerio de Medio Ambiente
para intentar solventar la situación de esos núcleos singulares a través de una
modificación de la Ley de Costas.

http://torreguia.es/2012051730520/los-verdes-afirman-que-costas-amonesta-alayuntamiento-

por-iniciar-unas-obras-sin-autorizacion/
DIARIO TORREGUIA
Los Verdes afirman que Costas amonesta al Ayuntamiento por iniciar unas
obras «sin autorización»
www.torreguia.es · Jueves, 17 de mayo, 2012 · 0:07 h.
Los Verdes denuncian que el Servicio de Costas de Alicante ha denunciado al
Ayuntamiento por la ejecución de tareas de desbroce y el inicio de obras «sin
autorización previa» en el paraje Ilo-Ilo de Los Balcones, afectado por la Ley de
Costas, según constataron Los Verdes en un informe que Costas remitió a la
Consellería de Medio Ambiente. El grupo afirma que la Conselleria ordenó la
paralización de las obras al Ayuntamiento y denuncia que éste pidió la
autorización con la documentación «incompleta», al faltar los planos del
proyecto, señalan, lo que «paraliza» el proceso. Los Verdes consideran que el PP
muestra una «falta de respeto a la legalidad».

http://ultimahora.es/ibiza/noticia/noticias/local/canete-comprometeformentera-

tenga-tratamiento-especifico-ley-costas.html
DIARIO ULTIMA HORA IBIZA
Cañete se compromete a que Formentera tenga un «tratamiento específico» en
la Ley de Costas
El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, se reunió ayer con el ministro
Efe | Eivissa | 16/05/2012
El Ministerio de Agricultura y el Govern balear trabajarán juntos en la petición
al Estado de la elaboración de un régimen específico de insularidad que
contemple a nivel comunitario todas las demandas de esta comunidad dentro
de la reforma de la Política Agraria Común (PAC).
Así lo anunció el presidente de Balears, José Ramón Bauzá, tras reunirse en
Madrid con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete.
Bauzá y Cañete mantuvieron ayer un encuentro de casi dos horas para hablar
de la reforma de la PAC (en la que Balears aspira a que se incluyan
compensaciones por las desventajas de la insularidad) y sobre inversiones en
infraestructuras de recursos hídricos.
Conseller
El presidente balear, acompañado por Gabriel Company, conseller
d’Agricultura, Medi Ambient i Territori, apuntó que la reunión ha sido «más
que productiva, histórica para los intereses reivindicados durante muchas
décadas y años por los ciudadanos de las islas».
En este sentido, informó de que la isla de Formentera ha conseguido el
compromiso de Cañete de tener un «tratamiento específico», en relación a la
Ley de Costas. Un tratamiento que será recogido, dijo Bauzá, en una disposición
adicional que se presentará en el anteproyecto de ley en las próximas semanas.
En cuanto al resto de las islas, también se hizo un «análisis y un estudio de
rehabilitación y puesta al día de las edificaciones existentes para analizarlas y
ver cómo quedan afectadas».
En cuanto a la isla de Menorca, el presidente de Balears informó de que se ha
conseguido el compromiso de elaborar y redactar un convenio entre el
Gobierno central, el balear y la concesionaria para la puesta en marcha de la
desaladora ubicada en Ciutadella y su conexión a la red de distribución.
Las depuradoras
Un acuerdo al que también se ha llegado, según Bauzá, respecto a la desaladora
de Santa Eulàlia, en Eivissa.
Además, Cañete y Bauzá acordaron agilizar la tramitación de todo proyecto
ambiental, en relación a las depuradoras ya existentes, como la de Santa Eulària
o la de Vila, entre otra

HTTP://WWW.EUROPAPRESS.ES/SOCIEDAD/NOTICIA-MEDIOAMBIENTE-

ANUNCIA-PROFUNDA-REVISION-SISTEMAEVALUACION-
AMBIENTAL-EVITE-SOLAPAMIENTOS-
20120516201315.HTML
Jueves, 17 de mayo 2012
EN MATERIA DE AGUAS, COSTAS Y EVALUACIÓN AMBIENTAL
Medio Ambiente anuncia una “profunda revisión” del sistema de evaluación
ambiental que evite “solapamientos”
Dice que España no estaba jurídicamente preparada para realizar las subastas
de derechos de emisión y sí “erróneamente” gestionada
MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha anunciado una
“profunda revisión” en el sistema de evaluación ambiental para corregir
“solapamientos, incoherencias y trabas administrativas”, como parte de una
nueva política que cumplirá unos objetivos de conservación “exigentes”, pero
que “no será un lastre” para las nuevas actividades que creen empleo y riqueza.
“Las políticas medioambientales no pueden ser ajenas a la reforma que está
emprendiendo el Gobierno pero creemos que puede haber una sinergia con
otras medidas. A estos efectos vamos a revisar toda la normativa
medioambiental en materia de aguas, costas, evaluación ambiental y medio
natural”, ha agregado.
Así lo ha adelantado Ramos durante su comparecencia ante la comisión
parlamentaria de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la que ha
detallado la líneas generales que determinarán su actividad al frente de esta
secretaria de Estado.
“Promovemos certeza y confianza frente a incertidumbre e inseguridad”, ha
defendido Ramos, quien ha subrayado que un marco normativo “claro y
seguro” favorecerá que la sociedad avance hacia prácticas más respetuosas con
el medio ambiente. Con ello, ha avisado de que el “desorden jurídico” existente
en la actualidad puede ser “igual de devastador y generador de ineficiencias y
desigualdades” que la ausencia de recursos económicos.
En este sentido, ha destacado que el futuro modelo normativo proporcionará
seguridad jurídica a los agentes económicos, especialmente a las empresas, para
que puedan programar sus inversiones y, más concretamente, a las que tienen
objetivos de reducción de la contaminación y de gestión de residuos.
Además, ha detallado que, respecto a las distintas actuaciones en el ámbito de
la calidad, la evaluación ambiental y el medio natural, éstas se trabajarán
“estrechamente” con las comunidades autónomas, para establecer
procedimientos homogéneos.
NUEVA POLÍTICA DE CAMBIO CLIMÁTICO
Por otro lado, ha garantizado el compromiso de cumplir el Protocolo de Kioto, a
pesar de la “lamentable” situación de partida que a su juicio arrastra el país por
la anterior gestión medioamebiental y lejos de cumplir el protocolo, a pesar de
que se vaya a comenzar el segundo.
“Nuestras emisiones se han reducido pero por efectos de la crisis, que no es
para sentirse muy orgulloso. En 2011 subieron por efecto del decreto del carbón
que tuvo un coste muy importante y no sólo en millones de euros sino en
emisiones”, ha agregado.
Con ello ha recordado que las estimaciones actuales apuntan a que para
cumplir el primer periodo de Kioto se necesitarán 194 millones de toneladas, es
decir, “faltan entre 500 y mil millones de euros” para cumplir con las
obligaciones a las que España se había comprometido.
Para ello, ha señalado que el ministerio ultima una nueva estrategia de compra
de unidades de carbono, que permitirá cumplir con los compromisos
adquiridos y que los retornos a las empresas españolas sean “reales”, es decir,
que se concreten en proyectos ante los “pobres resultados” de la anterior
legislatura.
Asimismo ha planteado la necesidad de establecer la plataforma de Durban
para la adopción antes de 2015 de un nuevo instrumento legalmente aplicable a
todos los países a partir de 2020, así como la puesta en marcha del Fondo Verde
para el Clima y la continuación de Kioto, a través de un segundo periodo de
compromiso.
PROTECCIÓN DE COSTAS
En relación a la política de Costas, Ramos ha abogado por lograr una mejora de
la regulación y de la actuación administrativa sobre el dominio público
marítimo-terrestre y por emprender acciones que refuercen la garantía de
derechos.
Para ello, ha dicho que se aumentará la transparencia y la seguridad jurídica de
la política de costas mediante acciones como la publicación de la línea de
deslinde en la web además de que la secretaría de Estado elaborará un
inventario de ocupaciones en la costa española.
Ramos ha subrayado así que la futura Ley, en la que trabaja el ministerio, hará
posible que la protección del litoral sea compatible con la creación de empleo y
con la conservación de los recursos naturales. También, ha adelantado que la
secretaría de Estado ultima un código de buenas prácticas para los titulares de
concesiones en las playas, que serán también los “principales aliados” en la
protección, conservación y desarrollo sostenible de estos espacios.
Entre otros ejes de actuación y en relación a la biodiversidad marina, Federico
Ramos ha indicado que se consolidará la Red Natura 2000 y que se propondrán
nuevos Lugares de Importancia Comunitaria y se declararán zonas de Especial
Protección para Aves marinas.
SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA
Igualmente, ha apostado por la simplificación normativa en materia de medio
natural para evitar el solapamiento sobre un mismo espacio de distintas figuras
de protección, cada una con su propio régimen de ordenación. Esta
simplificación, según ha puntualizado, no supondrá “en ningún caso” una
merma en la protección medioambiental.
Sobre la revisión del Plan Nacional de Mejora de Calidad del Aire, como otra de
sus prioridades, Ramos ha indicado que van a incluirse medidas “realistas y
eficientes”, así como el desarrollo de una estrategia que permita cumplir con los
objetivos europeos de prevención y reciclado de residuos.
En materia de aguas, el secretario de Estado ha propuesto una política “seria,
realista y proyectada a largo y medio plazo” porque, en su opinión, es lo que
garantiza la sostenibilidad de un recurso “tan escaso como necesario”.
De hecho, ha recordado el “desorden de la etapa socialista” en la planificación,
así como el retraso en el cumplimiento de la directiva marco de agua, que a su
juicio ha provocado que España haya perdido crédito frente a la UE y que se
hayan puesto en riesgo la ejecución de nuevas obras con fondos europeos.
Así, ha puntualizado que con el decreto ley de medidas urgentes en medida de
medio ambiente, que se aprobará este jueves en el Congreso, el Gobierno
pretende resolver el desorden con distintas actuaciones en materia de agua y
que, según ha avanzado, se completarán con una reforma de la Ley de Agua.
Respecto a las acciones previstas con las desaladoras, Ramos ha indicado que
por el coste de su producción es “difícil” emplearlas de forma masiva en la
agricultura, aunque sí puede ser útil para el suministro urbano y turístico.
Para hacer sostenible esta red el ministerio trabaja en la incorporación de
volúmenes de agua desalada para consumo urbano, por lo que se han
planificado obras necesarias para poner en producción las plantas y ligarlas al
consumo urbano.

http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-ministerio-agriculturacompromete-

elaborar-regimen-insularidad-archipielago-balear-
20120516220800.html
Jueves, 17 de mayo 2012
FORMENTERA TENDRÁ UN “TRATAMIENTO ESPECÍFICO” EN LA LEY
DE COSTAS
El Ministerio de Agricultura se compromete a elaborar un régimen de
insularidad para el archipiélago balear
MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, ha calificado de “histórico” el
acuerdo con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Arias
Cañete, por el que éste liderará junto con el Govern balear la petición de la
elaboración de un régimen específico de insularidad para el archipiélago.
Bauzá ha afirmado que el régimen de insularidad contemplará “todas las
demandas de insularidad” a nivel comunitario en materia de política agraria
común. La reunión, mantenida este jueves en el Ministerio de Agricultura en
Madrid, ha sido para Bauzá “histórica” para los intereses de Baleares
“reivindicados durante décadas”
Otro de los temas tratados en esta reunión ha sido la Ley de Costas, en la que
Cañete se ha comprometido, según Bauzá, a aplicar un “tratamiento específico”
para Formentera en la aplicación de esta norma, que será recogido en una
disposición adicional a esta ley.
En cuanto al resto de las islas, Bauzá ha afirmado que se producirá un análisis y
estudio de la rehabilitación de las edificaciones que están afectadas por el
deslinde de la ley de costas.
POLÍTICA HÍDRICA
Tras la reunión con Cañete, Bauzá ha confirmado el acuerdo entre Gobierno
Central, Autonómico y la empresa concesionaria de una desaladora ubicada en
el municipio de Ciudadela, en Menorca, para ampliar el servicio de esta
infraestructura al resto de las localidades menorquinas mediante su conexión a
la red de distribución.
Asimismo, se ha llegado a otro acuerdo similar para ampliar el acceso de otra
desaladora situada en la isla de Ibiza. Bauzá también ha afirmado que se
“agilizará” la tramitación del proyecto ambiental que afectará a las depuradoras
de Can Picafort en Mallorca, Santa Eulalia e Ibiza en la propia isla de Ibiza y
finalmente la depuradora de Addaia en Menorca, para acelerar su ejecución.
El presidente balear ha anunciado que el Gobierno de España redactará y
licitará el proyecto para llevar a cabo las diferentes obras hidráulicas que
afectarán al eje sur-este de Mallorca en 2013 y el desarrollo del protocolo para
su desarrollo entre 2013 y 2020.
Durante la reunión también se ha abordado el pago del Convenio de los
Torrentes, que será efectivo durante entre el actual ejercicio y el 2013-2014
correspondiendo a cuatro millones de euros.
Finalmente, Bauzá ha calificado de “vandálicos y violentos” los actos contra uno
de los escoltas que le protegían a la entrada de la sede del PP en Manacor,
cuando algunas personas que estaban dentro de la multitud que protestaba allí,
les lanzaron objetos. “La intolerancia de una minoría que actúa con violencia,
nunca podrá suplantar la identidad de una mayoría silenciosa”.

http://www.notasdeprensacv.es/segun-los-verdes-de-torrevieja-elayuntamiento-

de-torrevieja-incumple-la-ley-de-costas-65724
FUNDACION UNIVERSITAS
Según los Verdes de Torrevieja el Ayuntamiento de Torrevieja incumple la Ley
de Costas
16 mayo 2012
El Servicio de Costas de Alicante ha denunciado al Ayuntamiento de Torrevieja
por la ejecucuón de tareas de desbroce y el comienzo de obras sin autorización
previa en la zona sur de Los Balcones, en terrenos afectados por la zona de
servidumbre de protección. Según ha podido conocer el GM Los Verdes, la
Consellería de Medio Ambiente recibió un informe del Sevicio de Costas de
Alicante donde según constata este organismo, las obras del paraje denominado
“Illo Illo” no cuentan con la preceptiva autorización administrativa en materia
de costas.
Asi mismo, en la documentación obtenida por Los Verdes, la Consellería le
recuerda al consistorio en el escrito que tuvo entrada el pasado 12 de abril que
el Art. 46 del Reglamento de Costas establece “que sólo se premitiran obras en
zonas de servidumbre cuando no puedan tener otra ubicación o presten
servicios necesarios o convenientes” Por ello,. las tareas que se están ejecutando
para el comienzo de las obras del “Proyecto de adecuación y jardinería de la
zona sur de la Urbanización Los Balcones”, el Servicio de Costas y Aeropuertos
manifiesta desconocer el alcance de este proyecto cuyo desarrollo podría
constituir una infracción grave de la normativa en materia de costas, por lo que
comunica que “se debería proceder a la paralización de las referidas obras”
También la chapuza queda patente en la solicitud de autorización por parte del
Ayuntamiento a la Conselleria de Infraestructuras y Medio Ambiente el pasado
día 4 de abril para la ejecución de estas obras siendo la documentación adjunta
incompleta al faltar los planos del proyecto, lo que paraliza la posible obtención
de licencia hasta completar la documentación necesaria.
Para LV los gobernantes del PP de Torrevieja manifiestan una clara falta de
respeto a la legalidad y el más absoluto desprecio a las leyes y normas
aprobadas por las Cortes Generales y Valencianas ya que ni han sido
paralizadas dichas obras ni obtenido las licencias pertinentes.
El Partido popular tropieza otra vez con la misma piedra al entender que la
aplicación de la legislación autonómica y estatal no es de obligado
cumplimiento en el término municipal de Torrevieja. Esta obtusa teoría le ha
costado ya demasiado dinero a los contribuyentes que como siempre han
tenidp que pagar de sus impuestos las muchas multas, sanciones y pleitos
derivados de este absurdo comportamiento que instauró el exalcalde
Hernández Mateo, y que ahora mantienen sus herederos políticos el PP
Asamblea de Torrevieja, 16 de mayo de 2012

http://www.veintepies.com/secciones/opinion_more.php?id=71259_0_9_0_M

VEINTEPIES.COM
Sobre la confirmación judicial de Dominio público marítimo-terrestre
deslindado en Sagunt
VM, 17/05/2012
El pasado 013 de abril de 2012, la Audiencia Nacional, mediante sentencia,
desestimó el recurso presentado por el Ajuntament de Sagunt contra la Orden
del Ministerio de medio ambiente, medio rural y marino de 13 de julio de 2010
que aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de
unos 3900 metros comprendidos en el propio término municipal de Sagunt, de
acuerdo con la normativa vigente de costas.
El Ajuntament de Sagunt alegaba que:
a) el contenido de la Orden Ministerial citada determina una linea que no se
correspondía con la reflejada en la normativa urbanística municipal ni con el
deslinde anterior aprobado por Orden Ministerial del año 1950.
b) el Plan Urbanístico de Sagunt obtuvo, en su momento, informe favorable de
la Demarcación ministerial de Costas.
c) el mantenimiento de la servidumbre fijada, en la referida Orden Ministerial,
con un ancho de 100 metros (en lugar de los 20 metros que debieran
corresponder según la entidad local) impide la correcta ejecución del
planeamiento urbanístico, supone la afectación de instalaciones como la nueva
desaladora e interfiere en los proyectos estatales de acceso viario sur al puerto
de Sagunt y de acceso ferroviario de dicho puerto comercial.
Ante ello, la sentencia de la Audiencia ha determinado que:
a) lo relevante no sea si existía o no un anterior deslinde, sino si el nuevamente
practicado se ajusta o no a los criterios y requisitos legalmente establecidos,
independientemente de que el ayuntamiento considere que determinados
terrenos no pueden incluirse en el dominio público marítimo-terrestre, máxime
cuando las características urbanísticas no pueden hacer perder a las zonas de
dominio público tal carácter.
b) el referido informe favorable de la Demarcación de Costas de Valencia fue
emitido a los solos efectos urbanísticos, como un trámite más dentro del
procedimiento de elaboración del planeamiento urbanístico, de ahí que no se
analizaran entonces las características físicas del terreno ni su consideración
demanial.
c) es procedente la aplicación de lo establecido en la ley de costas (art. 23 y
disposición transitoria 3ª- aptdo. 3º) y en su propio reglamento de costas
(disposición transitoria 9ª). Así, en el momento de la entrada en vigor de la Ley
de Costas, los terrenos tenían la clasificación de suelo no urbanizable protegido,
por lo que les corresponde una franja de servidumbre de 100 metros, resultando
indiferente la clasificación efectuada en posteriores Instrumentos de
planeamiento. También, con relación a la supuesta colisión de la anchura de la
servidumbre de protección con el planeamiento existente y con las
infraestructuras portuarias y ferroviarias proyectadas, recuerda el contenido de
la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 149/1991, de 4 de julio, que confirma
la competencia del Estado para delimitar tanto el Dominio público marítimoterrestre
como las servidumbres sobre los terrenos contiguos al dominio
público, destinadas a proteger su integridad física y jurídica y sus valores
medio ambientales, incidiendo en las competencias autonómicas y locales.
Además, respecto a la incidencia del deslinde en la infraestructura portuaria
proyectada, la Audiencia Nacional aplica el contenido del art. 18.3 del
Reglamento de la Ley de Costas, que dice expresamente: “En los puertos e
instalaciones portuarias, cualquiera que sea su titularidad, se practicará el
deslinde del dominio público marítimo-terrestre, con sujeción a lo establecido
en la Ley de Costas y este Reglamento, sea o no coincidente con la delimitación
de la zona de servicio portuaria. La definición de la zona de servicio se ajustará
a lo dispuesto en la legislación específica aplicable”.
Por todo ello, la Audiencia Nacional ha desestimado íntegramente el recurso
presentado por el Ajuntament de Sagunt y ha confirmado la legalidad de la
Orden Ministerial impugnada; siendo interesante recordar que:
- ni la existencia de un proceso urbanizador impide delimitar el dominio
público ni la existencia
de un instrumento urbanístico puede vincular la delimitación del dominio
público, como las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo (19-XI-2001, de
13-III-2002, entre otras) que han señalado que las características urbanísticas no
pueden hacer perder a las zonas de dominio público su carácter y que las
determinaciones del planeamiento urbanístico no pueden determinar una
desafectación de pertenencias demaniales como se desprende del contenido de
los art. 132 de la Constitución española así como del contenido de los art. 7, 8 , 9
, 11, 13.1 y concordantes de la Ley de Costas.
- el hecho de que la Demarcación de Costas de Valencia se mostrase en su día
conforme con esta determinación del planeamiento no contradice ni excluye la
posterior inclusión de esos mismos terrenos en el ámbito del dominio público
marítimo-terrestre pues una y otra consideración resultan enteramente
compatibles ya que responden a regulaciones y finalidades diferentes.
- el deslinde aprobado por la Orden Ministerial impugnada tuvo en
consideración la clasificación del terreno conforme al Planeamiento aprobado
en 1988, vigente en el momento de la entrada en vigor de la Ley de Costas, que
clasificaban los terrenos comprendidos entre los vértices M-61 a M-113 como
suelo no urbanizable protegido por lo que le correspondía una franja de
servidumbre de protección de 100 metros, conforme a la normativa antecitada.
- la delimitación de la anchura de la servidumbre de protección es competencia
de la Administración del Estado atendiendo a los criterios competenciales
antecitados, sin perjuicio del ejercicio de las competencias ejecutivas, por parte
de la Comunidad Autónoma Valenciana y de la entidad local-Ajuntament de
Sagunt, en la autorización de usos y licencias y la necesidad de que se busquen
mecanismos de colaboración o, en su caso, de coordinación para hacer viable el
ejercicio de las competencias concurrentes y para la salvaguarda de las
competencias respectivas.
- en estos supuestos, destaca la realidad física, esto es, que son las características
naturales del terreno las que determinan su calificación jurídica y las que han
de ser tenidas en el momento de trazar el deslinde.
Andrés Ortolá
Jurista Ambiental

DIARIO DE LANZAROTE
Numerosas propiedades privadas “ahora son del Estado”
El Parlamento pedirá la anulación del deslinde en Famara, que se adentra
“hasta tres kilómetros” desde la costa
El Parlamento de Canarias debatirá una proposición no de ley presentada
por el grupo nacionalista en la que se reclama la anulación del deslinde
efectuado por la Dirección General de Costas entre Caleta de Caballo y
Caleta de Famara, que afecta a una superficie de 70 hectáreas y se adentra en
el interior, en ciertos tramos, “hasta tres kilómetros desde la costa”.
M. Riveiro
[Martes, 15 de mayo de 2012] [11.30]
La proposición no de ley ha sido planteada por el diputado Juan Pedro
Hernández, antiguo alcalde de Teguise. En la iniciativa recalca que se trata
del “primer deslinde que se realiza en España a una distancia tan distante
de la costa”.
El deslinde aprobado por Costas afecta a una zona del litoral de más de
16.000 metros de la zona de Los Dises, en Caleta de Caballo, hasta el pueblo
de Caleta de Famara.
El diputado nacionalista resalta que “los criterios en los que se ha basado
Costas para justificar este nuevo deslinde” son “arbitrarios y poco
razonables”.
Hernández destaca la existencia de “diversos errores en el documento”
como es la procedencia del jable, que se ha tenido como fundamento para
trazar la línea del deslinde del dominio público marítimo terrestre y la zona
de servidumbre.
Desde el final de la Caleta de Famara hacia Caleta de Caballo la línea del
deslinde se aleja de la zona más próxima a la costa y se adentra
prácticamente hasta la carretera de Soo.
Tierra adentro
“Son numerosas las propiedades privadas afectadas por este deslinde que
ahora son del Estado y no de sus verdaderos titulares”, destaca el diputado
nacionalista en la iniciativa parlamentaria.
Recalca que las fincas incluidas dentro del área del deslinde, buena parte
“están en explotación agrícola, con cultivos específicos del jable como
batatas, sandías o melones”, que constituyen una “fuente de ingresos de los
habitantes de los núcleos cercanos”.
Hernández denuncia que aplicando la Ley de Costas, “estas fincas pierden
su carácter privado y, después de la declaración de posesión y titularidad
dominical, pasan a favor del Estado”.
Deslinde criticado
El Parlamento de Canarias, con seguridad al ser una propuesta de CC,
instará al Gobierno de Canarias, para que éste, a su vez, solicite al Gobierno
de España la anulación de este deslinde y se mantenga el vigente, que no
afecta a propietarios particulares.
En la iniciativa se pide que el deslinde definitivo coincida con el
planeamiento vigente en la zona, recogido en el plan rector del parque
natural del Archipiélago Chinijo, o que se haga “con unos criterios más
razonables”.
Parte del deslinde. La línea verde es el nuevo deslinde y la de
puntos la zona de servidumbre.

http://www.eldiariomontanes.es/v/20120516/santander/destacados/juezconfirma-

ocupacion-finca-20120516.html
EL DIARIO MONTANES
SANTANDER
El juez confirma la ocupación de una finca en Monte para realizar una senda
peatonal 16.05.12 – 00:31 -
G. S. | SANTANDER.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha confirmado una
resolución de la Demarcación de Costas del año 2008 que subrayaba la
necesidad de ocupar parte de los terrenos de una finca situada en el pueblo de
Monte (Santander) para realizar la senda peatonal entre el faro de Cabo Mayor
y la Virgen del Mar.
El propietario de la finca, denominada El Bocal, que resultaba afectada en 42,51
metros cuadrados, recurrió la resolución señalando que la senda peatonal es
innecesaria, ya que en el exterior de la finca, que se encuentra cerrada con muro
perimetral, tiene un paso de anchura suficiente que no requiere la invasión de
su propiedad. Destacaba además que, a pesar de estar afectados un número
«escaso» de metros cuadrados, ello supone el derribo del muro citado y de la
piscina próxima al mismo. También mantenía que desde su propiedad a la línea
de costa existen 28 ó 30 metros de anchura que permiten la construcción de la
senda peatonal.
Interés particular
La Administración demandada rebatió estos argumentos destacando que el
interés particular no puede prevalecer sobre el general. Para el TSJC, el trazado
de la senda es «escrupulosamente respetuoso» con la Ley de Costas, según la
cual la servidumbre de tránsito debe quedar expedita y libre de obras. Señala
que el título que en su día amparó la ejecución de la piscina y el muro de
cerramiento de la finca es una autorización municipal «en precario» de 1974.
En cuanto a la pretensión del recurrente de que se construya en los 28 ó 30
metros que existen entre su propiedad y la costa, precisa que debe discurrir
fuera de la ribera del mar, sin que pueda justificarse que se sitúe con la
exclusiva finalidad de no perjudicar sus intereses particulares

HTTP://WWW.EUROPAPRESS.ES/ANDALUCIA/ALMERIA-

00350/NOTICIA-MMARTIN-IU-DICE-DERRIBAR-HOTELALGARROBICO-
YA-POSIBLE-LEGALMENTE-20120515204359.HTML
Miércoles, 16 de mayo 2012
AMBIENTE
M.Martín (IU) dice que derribar el hotel del Algarrobico “ya es posible
legalmente”
ALMERÍA, 15 May. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora provincial de IULV-CA y parlamentaria, Rosalía Martín, ha
indicado este martes que la demolición del hotel de Azata del Sol en El
Algarrobico, en Carboneras, “ya es legalmente posible” y ha mostrado su
desacuerdo con el consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente,
Luis Planas. “El derribo forma parte del acuerdo de gobierno y deben iniciarse
los trámites cuanto antes”, ha señalado.
En un nota, Martín ha hecho referencia al pronunciamiento de marzo del
Tribunal Supremo (TS) que dictaminó que el establecimiento contraviene la Ley
de Costas y ha considerado que el hotel constituye “una agresión ambiental y
un atentado contra la ordenación del territorio”. “El Gobierno andaluz ha de
proceder al derribo porque existen mecanismos para llevarlo a efecto”, ha
remarcado.
En esta línea, ha asegurado que la demolición “forma parte del acuerdo” al que
IU ha llegado con el PSOE para “formar gobierno en la comunidad”, por lo que
ha instado a Planas a iniciar “cuanto antes” los trámites junto con el Gobierno
central para proceder a la “recuperación del espacio natural de Carboneras, que
nunca debió vulnerarse”.
Martín ha criticado que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy haya rechazado
crear una comisión de investigación para depurar las responsabilidades sobre la
construcción del hotel, tal y como solicito Izquierda Plural en una Proposición
No de Ley (PNL).
Planas ha señalado este lunes que considera que el hotel es un “auténtico
desastre medioambiental” que “administrativamente es inviable” y apunta que
se derribará “cuando sea legalmente posible”.

http://www.teleprensa.es/almeria/iu-almeria-insta-al-gobierno-andaluz-aderribar-

el-hotel-de-el-algarrobico.html
TELEPRENSA
PRIMER PERIÓDICO DIGITAL
DE ALMERIA
Hotel de El Algarrobico
IU Almería insta al Gobierno andaluz a derribar el hotel de El Algarrobico
15 de Mayo de 2012 19:10h
La coordinadora provincial, Rosalía Martín, pide la demolición inmediata de
esta construcción para dar cumplimiento al acuerdo para Andalucía
Hotel de El Algarrobico
ALMERÍA.- La coordinadora provincial de Izquierda Unida en Almería y
parlamentaria andaluza, Rosalía Martín, considera que el gobierno andaluz “ha
de proceder al derribo del hotel del Algarrobico” y no está de acuerdo con
esperar tal y como ha manifestado en declaraciones a la televisión andaluza el
consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, a quese derribe ‘cuando sea
legalmente posible’, porque ya lo es y porque existen mecanismos en la junta de
Andalucía para llevarlo a efecto”, apunta Martín.
Izquierda Unida recuerda que existen pronunciamientos judiciales del Tribunal
Supremo que decretan la demolición del hotel Algarrobico por ser contrario a la
ley de Costas y ya el pasado 20 de marzo el Tribunal Supremo dictó la
“ilegalidad” del hotel Algarrobico por situarse dentro de los 100 metros de la
zona de servidumbre y protección, ser contrario a la Ley de Costas, constituir
una agresión ambiental y atentar contra la ordenación del territorio”, pregunta
Martín.
La parlamentaria andaluza recuerda que la demolición de este hotel forma
parte del acuerdo de gobierno al que IU ha llegado con el PSOE en la Junta de
Andalucía, por lo que insta al consejero a iniciar cuanto antes los trámites junto
con el gobierno central para proceder a la recuperación del espacio natural de
Carboneras, que nunca debió vulnerarse.
Asimismo, Rosalía Martín ha criticado que el gobierno del PP haya rechazado
crear una comisión de investigación para depurar las responsabilidades sobre la
construcción del hotel en la playa almeriense del Algarrobico, tal y como
presentó la Izquierda Plural en una proposición no de ley en la que emplaza al
Gobierno a iniciar los procedimientos dirigidos a recuperar la playa de El
Algarrobico, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar

ural/legalizarlos/
DIARIO ATLÁNTICO
Costas pretende hacer urbano el núcleo rural para legalizarlos
Paz-Curbera confirma en Cangas la demolición de las naves de Ojea en
estado ruinoso
LUIS MARTINEZ.CANGAS – 12-05-2012
La nueva jefa del Servicio Provincial de Costas del Estado, Cristina de Paz-
Curbera y Llovet, afirmó ayer durante su visita al Concello de Cangas que el
Gobierno de España ‘está estudiando’ permitir por ley convertir en urbanos
los núcleos rurales próximos a la costa, dado que cuentan con todos los
servicios (agua, saneamiento, luz y demás), para así legalizar la situación de
esos inmuebles, como es el caso de algunas casas situadas en el lugar cangués
de Santa Marta.
La edil de Turismo, Berta Pérez, el alcalde y la jefa y el técnico de Costas,
ayer. (Foto: JLM)
Por otra parte, el alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo Villar, del PP, y Paz-
Curbera confirmaron la demolición de las tres naves del relleno de Ojea más
próximas al Concello, dado su peligroso estado, así como el acondicionamiento
de una senda de unos 2 metros de ancho en la zona de Nerga, entre la
piscifactoría y Area das Patas, además de ratificar la reconstrucción de la
pequeña rampa de Ojea.
Cristina de Paz-Curbera, en su segunda etapa al frente de Costas, realizó ayer
una primera visita al Concello de Cangas para analizar los asuntos pendientes,
además de desplazarse hasta los lugares en que están previstas actuaciones.
En el caso de las naves del relleno de Ojea, situadas entre la casa consistorial y
el mar, el alcalde adelantó que solicitarán la desafectación, dando Costas por
hecho que será concedida y pasarán a ser del Concello, aunque lo primero es
conocer el miércoles el estudio hecho por el arquitecto César Portela para su
adaptación a nuevos usos, el primero será museo. En ese sentido, Costas
confirmó también que demolerá las naves en mal estado, las más próximas al
Concello, hasta el almacén de Conservas Lago Paganini.
Por lo que se refiere a la senda costera de Nerga, la próxima semana podrían
comenzar los trabajos de desbroce para que Costas después, con zahorra
compactada, acondicione el paseo, paseo que en el futuro llegará hasta la playa
de Liméns, aprovechando en lo posible los caminos existentes.

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=260671

DIARIO CANARIAS 7
Tenerife
11/05/2012 Actualizada el 11/05 a las 18:42
El Juzgado de Güimar da la razón a los vecinos de Santa Lucía por la usurpación de sus
casas
El Juzgado de Güímar ha dado la razón a los vecinos del barrio de Santa Lucía y
ha decretado el sobreseimiento provisional y el archivo de la denuncia por
presunto delito de usurpación del Ayuntamiento güimarero contra cinco
vecinos, que volvieron a sus viviendas después de haber sido desalojados de
ellas hacía casi dos años.
Así lo afirma este viernes un comunicado donde se explica que el abogado de
los vecinos imputados y también representante de la Asociación Europea de
Perjudicados por la Ley de Costas, José Luis Langa, valora esta sentencia así
como la inmediatez de su resolución por parte del Juzgado de Güímar.
La resolución judicial, del 7 de mayo de 2012, afirma que “de las declaraciones
de los imputados se infiere que no ha podido incurrirse en un delito de
usurpación por cuanto éstos son los legítimos ocupantes de las viviendas (…)”.
El auto también indica que “se infiere que cuando acudieron a las viviendas ya
no existía precinto alguno y lo hicieron en conciencia por estimar que al haberse
efectuado las obras por el Ayuntamiento ya era posible ocupar nuevamente las
mismas”.
La sentencia entiende que no existe “una actitud deliberada” y “consciente de
incumplir con una orden de la autoridad”.
Las denuncias contra los cinco vecinos de Santa Lucía se produjeron a raíz de la
vuelta de éstos a sus viviendas, toda vez que llevaban fuera de ellas cerca de
dos años por posibles derrumbes, porque consideraron que ya no había peligro
pues supuestamente el Ayuntamiento había subsanado parte del derrumbe.

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2012/05/13/ence-20-anos-diezreconocerlo-

negar-evidencia/648220.html
DIARIO FARO DE VIGO
“Ence no es la de hace 20 años ni la de hace
diez; no reconocerlo es negar la evidencia”
“Estamos pendientes de lo que haga el
ministerio con la ley de Costas; es lo que nos
preocupa de verdad”
Jesús Graña, presidente del comité de empresa de Ence. // R. Vázquez
B. MÁRQUEZ – PONTEVEDRAReclama “sensatez” a los responsables políticos
que tienen en sus manos el futuro de la fábrica de Lourizán y apertura de miras
a unos ciudadanos que “no conocen” la realidad de una empresa referente a
nivel internacional. Advierte, eso sí, que los trabajadores no se quedarán
“quietos y callados” si la anunciada modificación de la Ley de Costas, en la que
confían, garantizar la continuidad de sus empleos.
– Dos sentencias recientes del Tribunal Supremo estrechan el cerco judicial
sobre la fábrica de Ence ¿cómo encaja este tipo de noticias?
– Mientras no conozcamos en profundidad los fallos judiciales (no las tenemos
todavía) no podemos opinar sobre el alcance real que puedan tener. Además
queremos conocer también la opinión de los asesores jurídicos de la empresa y
estamos pendientes de que el día 22 de mayo venga el consejero delegado
(Ignacio Colmenares) y nos facilite información al respecto.
– El conselleiro de Medio Ambiente insiste en que Ence debe abandonar
Lourizán en el 2018 (año en que vence la concesión estatal de sus terrenos) pero
el presidente de la Xunta y el ministro de Medio Ambiente asumen que tendrán
que hablar llegado el momento ¿cuál es, en su opinión, el escenario en el que
nos estamos moviendo?
– Es un tira y afloja continuo. Los trabajadores ya tenemos ganas de que, de una
vez por todas, se aclare qué se va a hacer con esta empresa: si se va a ordenar el
cierre, si van a prorrogar la concesión, por cuánto tiempo… Nosotros estamos
pendientes de lo que vaya a hacer el Ministerio de Medio Ambiente. Es lo que
nos preocupa más, lo que nos preocupa de verdad. Ya conocemos cual es, a día
de hoy, la opinión de la Xunta, lo que habrá que ver es que pasará después de
las próximas elecciones. Hay una propuesta de modificación de la Ley de
Costas y eso es lo que nos servirá para despejar el futuro.
– La fábrica de Ence está situada desde hace años en el epicentro del debate
político de Pontevedra.
– Sí, llevamos años en esta situación y estamos deseando que definitivamente se
aclare todo. Pedimos a los responsables políticos, independientemente de las
competencias que tenga cada quien, sensatez. Que tengan en cuenta que hay
que mantener la poca industria con la que contamos y con los puestos de
trabajo y las derivadas que genera. Pedimos sensatez a los responsables
políticos, solo eso.
– Pedirán los trabajadores de Lourizán explicaciones a unos y otros sobre sus
declaraciones. ¿Han solicitado entrevistas o algún tipo de gesto hacia ustedes?
– Al igual que tenemos contactos con la empresa, tenemos interés en hablar con
los responsables políticos que, en definitiva, son los que van a tomar una
decisión sobre nuestro futuro. Solicitamos una entrevista con el ministro de
Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, hace ya un par de meses aunque
todavía no tenemos contestación. Creemos que como parte implicada se nos
tiene que oír pues aunque ahora no se nos tenga en cuenta cuando llegue una
situación crítica igual tendremos que movilizarnos. Nosotros tenemos mucho
que perder y no nos quedaremos quietos y callados.
– ¿No les preocupa el posicionamiento de la Xunta?
– Creemos que no va a tardar mucho en aclarar su postura. Será cuando se
modifique la Ley de Costas lo que creemos que puede ser antes de las próximas
elecciones autonómicas. Tenemos esa esperanza.
– El consejero delegado Ignacio Colmenares informó ante la junta de accionistas
de Ence que la apuesta de la compañía es la permanencia en Lourizán, ¿les
tranquiliza este mensaje de firmeza?
– Coincidimos con Ence en que no hay posibilidad de montar otra fábrica como
esta ni en Galicia ni en Europa por las condiciones que necesita y porque es
inviable económicamente.
– ¿Temen que se pueda trasladar la producción de Ence-Pontevedra a Navia?
–Desgraciadamente eso es posible. Nosotros vamos a defender lo que tenemos
aquí, de nada nos sirve que se lleven todo a Asturias. La ampliación de las
instalaciones de Navia es una posibilidad real y más porque el Gobierno de
Asturias está dando todo tipo de facilidades.
– El consejero delegado de Ence entonó un cierto “mea culpa” al decir que las
cosas no siempre se hicieron bien en el pasado pero, aseguró, la situación es
otra y muchos no le creen. ¿Qué tendría que pasar para que Ence tenga
credibilidad entre la población?
– En primer lugar la gente, los ciudadanos de Pontevedra, tendrían que conocer
la realidad de la fábrica de Lourizán: su proceso de producción, la manera de
trabajar… Hay mucho desconocimiento sobre la planta de celulosas. Llevo
suficiente tiempo aquí para saber que la fábrica hizo muchas burradas en el
pasado, como tantas otras muchas industrias, porque el medio ambiente no
preocupaba a nadie. Sin embargo la fábrica de Ence de hoy no es la de hace
veinte años, ni la de hace diez. Hemos mejorado mucho y no reconocerlo es
negar la evidencia. Nosotros somos los primeros interesados en que el camino
de las mejoras continúe.
– ¿Los trabajadores harán algún tipo de campaña propia para defender la nueva
realidad de la fábrica y su permanencia en Lourizán?
– Estamos pendientes de lo que diga el Ministerio de Medio Ambiente, partir de
ahí actuaremos. La modificación de la Ley de Costas marcará un antes y un
después en nuestra actuación.
–¿Perciben entre la sociedad pontevedresa, de la que forman parte, un cambio
hacia una mayor aceptación de la empresa?
– La crítica situación económica y laboral está haciendo cambiar de opinión a
una parte de la población. Creo que la gente está asumiendo que hay que
aguantar el poco tejido industrial que se tiene. A lo mejor en una época de
bonanza se decía más alegremente que se cierre una empresa pero ahora ya no
es así.
– ¿En qué habría que incidir para que los pontevedreses valorasen al Grupo
Ence o cuando menos no cuestionasen su existencia?
– Los ciudadanos tienen que exigir a la empresa que cumpla todas las normas
medioambientaules y la legalidad y también que amplíe sus inversiones con,
por ejemplo, una central de biomasa que crearía más empleo y riquez y la
empresa debería atender estas demandas y explicar sus logros y posición
nacional e internacional.
– Sin embargo muchos pontevedreses no acaban de ver que las cosas hayan
cambiado de manera sustancial.
– Lo que tendrá que ocurrir es que todas estas mejoras se vean y ahora puede
ser el momento.. Por ejemplo, la empresa está desarrollando un plan corrector
del impacto ambiental para reducir olores, penachos de vapor… en poco
tiempo se notarán y verán los resultados y entonces los ciudadanos creerán que
estamos avanzando. Por otra parte entiendo que Ence tiene que ser más abierta
a todo tipo de colectivos que quieran conocer la fábrica, facilitarles la entrada y
organizar visitas guiadas a los interesados.
– ¿Considera que el problema de Ence en Pontevedra es una cuestión de
imagen?
– No ha sabido vender sus avances, que los ha habido y los hay. Si sabe
explicarlos se reducirá las críticas y solo se mantendrán en contra aquellos que
por una postura ideológica no quieren que exista la fábrica.

HTTP://WWW.ELPERIODICOMEDITERRANEO.COM/NOTICIAS/COMAR

CAS/TORREBLANCA-PRESIONA-A-COSTAS-PARA-QUE-SUSPENDADESLINDE-
DEL-PRAT_736488.HTML
EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO
TORREBLANCA EXPOLIODE TRES MILLONES DE M2
Torreblanca presiona a Costas para que suspenda el deslinde del Prat
El Ayuntamiento teme que la dilatación en el cambio de la ley costera precipite
la resolución del expediente. Acudirá a Madrid para exigir que el actual
aplazamiento de dos años se convierta en una resolución definitiva
YOLANDA CLARES 14/05/2012
Torreblanca pedirá la suspensión definitiva del deslinde marítimo que aprobó
el anterior Gobierno central, ya que teme que finalmente el expediente se
resuelva y se lleve a cabo lo que el Ayuntamiento considera como “un expolio
en toda regla”.
Costas aprobó en marzo ampliar el plazo de la resolución del expediente dos
años, por lo que se supone un balón de oxígeno, ya que durante este tiempo
está previsto que se modifique la ley de Costas. No obstante, para el consistorio
“es posible que este trámite se dilate mucho y que al final salga adelante el
deslinde”, indicó el portavoz del equipo de gobierno, José Antonio López.
Por este motivo, representantes del Ayuntamiento acudirán a Madrid a finales
de mes para reunirse con los responsables de Costas y tratar esta cuestión. Sin
embargo, López consideró que “con la nueva administración notamos que hay
más predisposición de colaborar y tenemos esperanzas de que se acabe de
manera definitiva con esta delimitación”.
Y es que el municipio está dispuesto “a llegar hasta el final” para zanjar esta
cuestión, e incluso no descarta acudir a los tribunales con tal de evitar que el
parque natural y las propiedades que hay en el enclave pasen a ser
denominadas como espacio marítimo terrestre y, por tanto, se expropien y sean
del Estado.
SIN SALINIDAD // El deslinde también afecta a Cabanes, municipio con el que
comparte la titularidad del espacio, y comprende un área de tres millones de
m2.
80 vecinos tienen parcelas en la superficie con plantaciones agrícolas y
pequeñas construcciones. Estos se han agrupado en una asociación que reclama
la paralización de la demarcación y que presentó alegaciones. Uno de los
principales argumentos contra las intenciones estatales es demostrar que el
parque es un humedal y no un espacio marino. Por ello, aportaron un estudio
del profesor Ignasi Morell en el que se demuestra que el nivel de salinidad es
casi inexistente. H

DIARIO DE LANZAROTE
Considera que el núcleo no era urbano al entrar en vigor la ley
El Supremo contradice al Gobierno y ratifica la zona de servidumbre de Costas
para Pedro Barba en 100 metros
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por un grupo de
afectados del pueblo de Pedro Barba, en la isla de La Graciosa, que
impugnaron el deslinde del dominio público marítimo terrestre establecido
por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente en
2008.
M. Riveiro
[Jueves, 10 de mayo de 2012] [13.22]
El Supremo ha ratificado el criterio de Costas de que la localidad, con
apenas una veintena de edificaciones construidas en la costa este de La
Graciosa, no tenía la consideración de suelo urbano cuando entró en vigor la
Ley de Costas en el año 1988.
La consecuencia es que la zona de servidumbre de protección, que establece
limitaciones para los propietarios de suelo, como no aumentar el volumen
de los inmuebles existentes o no construir edificaciones de nueva planta, se
ha fijado en 100 metros desde el deslinde del dominio público marítimo
terrestre.
El Supremo acogió el criterio de la Dirección General de Costas de que,
cuando entró en vigor la ley, Pedro Barba no estaba clasificado como suelo
urbano. El núcleo fue calificado como tal por el planeamiento de Teguise en
2001 aunque luego, en el plan rector del Archipiélago Chinijo, de 2005, se
reclasifica a rústico de asentamiento rural.
El Gobierno de Canarias emitió un informe para respaldar la consideración
de urbano del pueblo de Pedro Barba y que de esta manera la servidumbre
de protección se redujera a 20 metros, pero el Tribunal Supremo considera
que ni se aportaron planos ni documentación que acreditase que lo fuese.
Deslinde
El deslinde de Costas en Pedro Barba afecta a un tramo de litoral de unos
675 metros de longitud. La Dirección General señaló que el paseo marítimo
“se construyó sobre terrenos ganados al mar” y, por tanto, lo incluyó dentro
de los terrenos de dominio público.

http://nauta360.expansion.com/blogs/laleydelmar/2012/05/08/el-futuro-de-lasconcesiones-

en-2018.html
DIARIO LA LEY DEL MAR
La ley del mar
El futuro de las concesiones en 2018
08MAY 2012 19:25
Como criterio general las concesiones gozan del plazo concesional que
determina su pliego de condiciones. Pero la pregunta que muchos gestores
portuarios se formulan es: ‘¿Qué pasará el 29 de julio de 2018 con las
concesiones otorgadas con anterioridad a la ley de costas?’ Todas ellas tienen
un periodo de vigencia previsto superior al año 2018, pero las
Administraciones pueden decidir extinguir dichas concesiones en base a la
DT 14.3 del RD 1471/1989 del Reglamento de la Ley de Costas.
Para abordar el tema con solvencia, hemos de analizar de manera individualiza
el título concesional. Hay que averiguar si el gestor ostenta una concesión
estricta y exclusivamente demanial, o una concesión de obra pública, dado
que hay una clara diferencia en el régimen jurídico que regula ambos tipos de
concesiones.
La gran mayoría de títulos concesionales, que se otorgaron para la construcción
y explotación de los puertos deportivos anteriores a la ley de costas, lo fueron al
amparo de la Ley 55/1969 de puertos deportivos y su reglamento, el Real
Decreto 2486/1980.
El objeto de dichas concesiones hacía expresa referencia a la construcción y
explotación de un puerto deportivo, y tenía un claro componente de contrato de
concesión de obra pública. El objeto del contrato era la construcción de una obra
pública y recibían como contraprestación su explotación económica durante un
plazo determinado. Sin duda, el plazo concesional es un elemento esencial del
equilibrio económico del contrato.
La Ley 55/1969 marca a la Ley de Contratos del Estado de 1965 como norma
subsidiaria. Por ello, reafirma el carácter contractual de las concesiones que se
otorgaron.
El régimen concesional de los puertos y dársenas deportivas incluye dos
concesiones: una demanial para la ocupación del dominio público marítimo
terrestre que opera como soporte del puerto; y la otra, la concesión de
construcción y explotación del puerto, concesión de obra pública. Ambas son
otorgadas por el Estado, aunque entendiendo de que la concesión demanial está
dentro de la de obra pública, dada su relación de accesoriedad.
El plazo de la explotación económica útil es un elemento cardinal de la
contraprestación a la que el concesionario tiene derecho como pago en especie
por una obra ya realizada, y constituye un parámetro esencial del equilibrio
económico de la concesión, en tanto que el plazo de la explotación de servicio
público es inherente a la retribución que recibe el concesionario para la
construcción de la obra pública. Ello implica que cualquier modificación que
se realice sobre el plazo sería materialmente expropiatoria y,
consecuentemente, debería ser objeto de compensación. Existiría un derecho a
indemnización por alteración de las condiciones de la concesión.
Por ello, cualquier reducción de plazo que la administración quisiera imponer,
aunque sea derivado por el cambio legislativo establecido en la Disposición
Transitoria del Reglamento de la vigente Ley de Costas, facultaría al
concesionario a exigir la correspondiente indemnización, como así lo ha
recogido reiteradamente el Tribunal Constitucional 149 / 1991 y el Tribunal
Supremo en sus sentencias de 27 enero y 4 febrero 2004.
El plazo concesional es un derecho plenamente incorporado al patrimonio
jurídico del concesionario, a quien no se le puede privar sin la correspondiente
indemnización.

http://www.laverdad.es/murcia/v/20120511/region/manga-deberia-tener-paseo-

20120511.html
DIARIO LA VERDAD
REGIÓN MURCIA
«La Manga debería tener un paseo que corriera por ambas riberas»
11.05.12 – 01:00 -
GUILLERMO HERMIDA | MURCIA.
Andrés Martínez Muñoz Jefe de la Demarcación de Costas del Estado
El responsable estatal del litoral regional cree que Puerto Mayor se construirá,
pero que no podrá albergar construcciones hoteleras o residenciales
· Vídeo en: www.laverdad.es
Andrés Martínez Muñoz (Gerona, 1949) es ya el gestor público que supervisa
los 258 kilómetros de litoral murciano desde San Pedro a Águilas. Como nuevo
jefe de la Demarcación de Costas del Estado, ha heredado en la franja bastantes
puntos calientes, aunque gran parte del trabajo -el denominado deslinde de la
zona del dominio público marítimo terrestre- ya está «casi hecho».
- ¿Cuánto queda para que completemos el deslinde de nuestro litoral?
- Poco. Ya tenemos deslindado más del 99% y solo nos quedan dos puntos, Los
Nietos y las zonas de La Reya y La Isla en Mazarrón.
-¿Qué problemática hay en ellos para justificar el retraso?
- En Los Nietos hay un contencioso administrativo y en Mazarrón estamos
tramitando la caducidad de los expedientes de las casas de La Isla, junto con su
proyecto de regeneración y paseo. En La Reya, el conflicto es con el Hotel Bahía
y su expediente.
- El Gobierno central ha anunciado que la nueva Ley de Costas sería más
«flexible» para con la actividad económica en el dominio público…
- La reforma de la ley se espera para antes de fin de año y lo que va a hacer es
analizarlo todo desde todos los puntos de vista, no solamente desde criterios
medioambientales. Yo vengo de la Confederación Hidrográfica del Segura, y
allí, cuando una obra tenía que hacerse, se utilizaban herramientas como la
reconocida urgencia y se hacía. Aquí es distinto, porque estamos hablando de
viviendas, de negocios.
- Pero ¿va a seguir teniendo Mazarrón su hotel a pie de playa?
- La ley es clara y despeja hasta cien metros en zona no urbana. Eso sí, se va a
intentar analizar a fondo todas las concesiones actuales y estudiarlas para no
dañar a la economía y el empleo.
- ¿Se salvarán también entonces las pesquerías de La Ribera?
- Lo que sé de la nueva ley es que se va a ser más «sensible» en este aspecto,
sobre todo con los negocios más consolidados y con mayor impacto económico.
En esta línea, creo que los chiringuitos van a seguir formando parte de nuestro
paisaje y de la oferta turística de nuestra costa.
- Usted tiene casa en La Manga. ¿Hay algo que hacer en ella?
- Es imposible pasear por ella y es una pena. Quiero elevar al Ministerio una
propuesta para construir un paseo para ponerla en valor. La idea es no tener
que hacer expropiaciones para no encarecer el proyecto, y que discurra por las
dos riberas. Por ejemplo, en la zona de Monte Blanco discurriría por el
Mediterráneo y luego saltaría al Mar Menor.
- ¿Habrá acceso norte?
- Hablando como ingeniero, no habría problema, y a mi personalmente me
gustaría más un túnel que un puente, por el impacto visual. Pero habría que
analizar muy bien la parte medioambiental. Ese proyecto siempre va a ser
discutido y volverá a aparecer de forma cíclica.
- ¿Va a iniciarse al fin la regeneración de Portmán? Y me refiero a palas
sacando estériles…
- El Estado ha hecho un esfuerzo impresionante porque ha adelantado
presupuestariamente el dinero de los fondos europeos para que la obra no se
pare. Ahora se están seleccionando las ofertas, y creo que entre septiembre y
octubre se adjudicarán las obras, que podrían iniciarse antes de fin de año.
- ¿Se construirá el puerto ?
- Sí, pero nunca antes de que se culmine la regeneración, es decir, 2015. Ambas
obras son incompatibles.
- ¿En qué estado está el proyecto de Puerto Mayor?
- En litigio desde junio de 2005. Y por ahora no hay novedad. De todos modos,
el proyecto se revisará. Creo que al final se construirá el puerto, pero lo que está
claro por ley es que los terrenos ganados al mar son dominio público y por
tanto no pueden albergar infraestructuras hoteleras o de viviendas.
- ¿Y El Gorguel?
- De las siete posibles ubicaciones ya solo quedan tres (El Gorguel, Escombreras
y La Algameca) y mi departamento no tiene inconvenientes con ninguna. El
único punto de fricción sería que chocara con la regeneración de Portmán, y la
Autoridad Portuaria ya cambió el sentido de la bocana para evitarlo. Además,
el impacto visual del puerto desde la dársena de Portmán es mínimo.
- ¿Tendrán ustedes algo que decir en Marina de Cope una vez que las
declaraciones de impacto ambiental han sido superadas?
- Es un proyecto estratégico, un desarrollo turístico que, pese a la crisis,
despertó el interés de varios inversores. Sobre la marina y el puerto, cuando se
definan, deberemos decidir. Pero será entonces.

http://www.lasprovincias.es/v/20120511/horta-morvedre/sagunto-presentacostas-

proyecto-20120511.html
DIARIO LAS PROVINCIAS
L’Horta-Morvedre
Sagunto presenta a Costas el proyecto del paseo marítimo
11.05.12 – 00:46 -
M. COSTA | VALENCIA.
El anteproyecto del futuro paseo marítimo de Puerto de Sagunto, bloqueado
desde la anterior legislatura, volvió ayer a ponerse sobre la mesa del nuevo
director general de Costas, Pablo Saavedra, en Madrid.
La importancia de esta actuación que permanece congelada para impulsar este
tramo turístico pasa por varios aspectos fundamentales: la negativa de la
ciudad a retirar arena de playas del municipio para colmar otras deficitarias, la
necesidad de deslindar la línea marítimo terrestre para que no afecte a la
avenida del Mediterráneo y mantener las concesiones de los negocios y los
chiringuitos afectados por la ley de Costas.
Según explicó el alcalde Alfredo Castelló «hemos llevado el borrador del
proyecto de nuevo paseo marítimo de la playa de Puerto de Sagunto que hemos
elaborado entre todos los grupos políticos municipales», así como «del proyecto
de trasvase de arenas para las playas desde Burriana a Sagunto, tal y como nos
planteó Costas el pasado verano».
Esta circunstancia evitaría la polémica extracción de 400.000 metros cúbicos de
la playa de Puerto que se planteó al inicio, lo que bloqueó cualquier acuerdo
entre ambas administraciones

http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-bng-pidecanete-

defina-claridad-postura-traslado-ence-ria-pontevedra-
20120510191745.html
Viernes, 11 de mayo 2012
El BNG pide a Cañete que “defina con claridad” la postura sobre el traslado de
ENCE de la ría de Pontevedra
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 May. (EUROPA PRESS) -
La diputada del BNG en el Congreso, Olaia Fernández Davila, reclama al
ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que defina “con claridad y
rotundidad su postura” sobre el traslado de ENCE de la ría de Pontevedra,
antes del año 2018.
En este sentido, apoya la necesidad de esta iniciativa en base a las palabras del
presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y del consejero de Medio
Ambiente, Agustín Hernández.
El máximo mandatario autonómico indicó este lunes, tras reunirse con el
ministro, recordó que la Ley de Costas no permitirá la prórroga automática de
concesiones de establecimientos industriales y que la “Xunta y Gobierno tendrá
que evaluar el posicionamiento”. Por su parte, el consejero Hernández, quien se
refirió a que en esa fecha deberá abandonar su ubicación en la ría pontevedresa
y quien afirmó que “no habrá prórrogas”.
Además, la diputada nacionalista recuerda en su iniciativa las recientes
sentencias del Tribunal Supremo que dan respuesta a los recursos presentados
por la Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra y el propio
Ayuntamiento. En este sentido, señala que los fallos “anulan el plan sectorial de
incidencia supramunicipal” de ENCE que la Xunta aprobó en diciembre de
2003, con el fin de posibilitar la ampliación de la factoría.
Tras el pronunciamiento del alto tribunal, y después de que Cañete “se excusase
en el argumento de “no actuar precipitadamente”, Davila considera que es “el
momento idóneo” para que el ministerio “hable y explique su postura”.

DIARIO ABC
Xunta reafirma su postura sobre Ence pese a la reforma de la Ley de Costas
08-05-2012 / 14:10 h EFE
El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín
Hernández, ha asegurado esta mañana que Xunta y Gobierno central
mantienen la misma postura sobre el futuro de la planta de celusosa de Ence,
cuya concesión termina en 2018, y ha insistido en que la reforma de la Ley de
Costas que prepara el Gobierno no va suponer una prórroga inmediata.
“La concesión termina en 2018 y ese es un hecho incuestionable para el
Gobierno de la Xunta y también para la administración central” ha afirmado en
declaraciones a los periodistas en un acto en A Coruña.
Hernández ha asegurado que tanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez
Feijóo, como el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, “fueron meridianamente claros ayer en Madrid”.
“No va a haber prórrogas automáticas de concesiones”, ha repetido Hernández.
En el caso de grandes instalaciones, como la de Ence, deberán ser sometidas al
trámite de impacto ambiental y a la opinión de la Comunidad Autónoma.
Durante los últimos años la Xunta ha estado manteniendo la reubicación de la
factoría fuera de la ría como la mejor alternativa para el futuro de la planta.
DIARIO EL MUNDO
08-05-2012 03.00
España avanza en su Plan Integral de Turismo
Desde Turespaña se ha informado de que en la reunión de trabajo participaron
representantes de todos los Ministerios, de cara a poder avanzar en aspectos
relacionados como los Visados, la modificación de Ley de Costas, la ley de
Propiedad Intelectual, las tasas aéreas o el arrendamiento de suelo urbano.
José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía e Isabel Borrego, secretaria de
Estado para el Turismo, están avanzado en los aspectos fundamentales del Plan
Integral del sector turístico en el seno de la Comisión Interministerial
convocada a tal efecto.
Según ha podido trascender, a la Comisión acudieron la secretaria de Estado de
Empleo, Engracia Hidalgo; el secretario de Estado de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda, Rafael Catalá; el secretario de Estado de Relación con las
Cortes, José Luis Ayllón, la presidenta de Paradores, Ángeles Alarcó; el
presidente de Segittur, Antonio López de Ávila, y el director general de
Turespaña, Manuel Butler.
El ministro Soria se encuentra convencido de que se va a mejorar mucho la ‘hoja
de ruta’ de la política turística, fundamentalmente en los aspectos sobre los que
hay convencimiento de sus aportaciones.
La base del documento incluye, entre otras, reclamaciones como el IVA
reducido para el sector, las exenciones fiscales, la Ley de Huelga, la
estandarización de normativas turísticas, la reforma de la negociación colectiva,
un plan de marketing nacional, una mayor dotación para el IMSERSO y la
revisión de las tasas de aeropuertos.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/07/galicia/1336417923_118055.html

DIARIO EL PAIS
Gobierno y Xunta evitan ahora dar por definitiva la marcha de Ence
Feijóo anuncia que estudiará una prórroga de la concesión más allá de 2018
Feijóo junto al ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete / KIKO HUESCA
(EFE)
Si la planta de celulosa de Ence seguirá en la ría de Pontevedra más allá de 2018
es algo que no está claro. Aunque la Xunta lleva meses insistiendo en que esa
fecha, cuando termina su concesión para ocupar los terrenos, será la que
marque el traslado de la papelera, la Ley de Costas que prepara el Gobierno
abre la puerta a una prórroga. Ni el ministro de Agricultura y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, ni el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo,
descartaron ayer esa posibilidad.
“La Ley de Costas va a dar más seguridad jurídica. En caso de viviendas, la
prórroga de las concesiones administrativas será automática, pero es evidente
que las instalaciones industriales que pueden tener problemas
medioambientales tienen que estar sometidas a nuevos requisitos
medioambientales, a informes y a una serie de determinantes que pueden
conducir a que la prórroga no sea automática”, dijo Cañete, quien aseguró que
la voz de las comunidades autónomas será fundamental a la hora de tomar la
decisión. Feijóo replicó: “Es verdad que Ence caduca en 2018. La ley no hace
prórrogas automáticas y entre el ministerio y el Gobierno habrá que evaluar la
situación”.
También se apresuró a matizar Feijóo que la intención de la Xunta no ha
cambiado y que sigue siendo trasladar la papelera al interior de la comarca de
Pontevedra “para dar la mayor viabilidad económica, financiera técnica a esa
celulosa”. Aunque insistió en que no hay un cambio de postura, sí varía la
contundencia. Mientras el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández,
decía hace cuatro meses que mantener Ence en la ría más allá de 2018 sería un
“fraude para el elector”, su presidente se queda en un más tímido: “Tendremos
que valorar entre el Gobierno central y la comunidad autónoma el
posicionamiento”.
Estas respuestas sobre el futuro de Ence las dieron ayer Feijóo y Cañete en
Madrid tras la firma de un convenio entre ambas Administraciones por el que
invertirán 170 millones en el desarrollo rural durante los próximos cinco años.
Galicia es la segunda comunidad que se suma a este acuerdo tras La Rioja. Las
únicas, según subrayaron ambos mandatarios, que cumplen los requisitos de
estabilidad financiera para hacer tales inversiones.
Tras la firma, tanto el ministro como el presidente aseguraron que las más de
300 actuaciones comenzarán en las “próximas semanas”. Inversiones en
turismo, para uso extensivo de recursos pastales, infraestructuras
medioambientales, un laboratorio agroalimentario, cursos de formación de
seguridad e higiene en el trabajo, actuaciones de conservación de reservas,
subvenciones a comunidades de montes, ferias y planes de modernización del
comercio serán algunas de estas actuaciones. Ni Cañete ni Feijóo concretaron,
sin embargo, cuántos puestos de trabajo se crearán.
Feijóo aprovechó el encuentro con el ministro para plantear otros asuntos, como
el futuro del sector lácteo, en el que Galicia es la principal comunidad afectada
con un 40% de la producción total: “Hemos pedido que se clarifiquen las reglas
en el sector lácteo, que se concreten los precios”.
El PSdeG criticó el convenio firmado ayer por Feijóo y Arias Cañete, porque
“pospone en dos años la ejecución de los planes de la zona”, lo que en la práctica
supone “boicotear la cohesión social y la vertebración territorial” de Galicia,
acusó la diputada socialista Sonia Verdes.

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2012/05/09/hernandez-asumeahora-

gobierno-xunta-tendran-valorar-permanencia-ence/647119.html
DIARIO FARO DE VIGO
Hernández asume ahora que Gobierno y Xunta tendrán que valorar la
permanencia de Ence
El conselleiro de Medio Ambiente rebaja su contundente “la empresa tendrá
que dejar la ría en 2018″ por un ambiguo “no habrá prórrogas automáticas”
Instalaciones de Ence en Lourizán. // Rafa Vázquez
B. MÁRQUEZ – PONTEVEDRA”No habrá prórrogas automáticas de
concesiones”. Es el mensaje en el que hizo ayer hincapié el conselleiro de Medio
Ambiente, territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, al ser preguntado
por una eventual permanencia del complejo industrial de Ence en Lourizán más
allá del 2018, año en el que, en principio, caduca la concesión de los terrenos
que ocupa en dominio marítimo-terrestre a orillas de la ría de Pontevedra.
Se alineó así con la tesis mantenida apenas veinticuatro horas antes por el
ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete
y por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo quienes al ser
preguntados, en Madrid, por las consecuencias de la anunciada relajación de la
Ley de Costas sobre el futuro de Ence respondieron que “dicha modificación no
permitirá la prórroga automática de instalaciones industriales” y que llegado el
momento “la voz de las comunidades autonómicas será fundamental” para
adoptar una decisión.
El conselleiro Hernández dejó a un lado su contundente “hemos dicho por
activa y por pasiva a Ence que en 2018 tendrá que abandonar la ría” por un
ambiguo “no habrá prórrogas automáticas” para, a continuación, recogiendo el
guante del ministro Arias Cañete, señalar que llegado el momento “habría que
someter el expediente al trámite de impacto ambiental” para lo cual “será
necesaria la opinión de la administración autonómica”.
La Xunta apuesta por la reubicación de Ence dentro de la comarca de
Pontevedra para lo cual está dispuesta a colaborar a todos los niveles con la
empresa. Es la tesis que según el propio conselleiro Hernández traslado en
distintas ocasiones a los directivos de la compañía, haciéndoles ver que había
margen para una negociación. Esta supuesto diálogo, nunca confirmado por
Ence, se habría quebrado a finales del pasado año cuando el consejero delegado
Ignacio Colmenares comunicó oficialmente que “nuestra apuesta es por la
permanencia”. Una afirmación que avaló con el informe de una consultora que
acreditaba que un traslado es económicamente “inviable” (tendría un coste de
700 millones) y además no existe otro punto en Galicia “idóneo” para la
instalación.
Este posicionamiento, con los citados avales, y un informe sobre el peso
económico y laboral de Ence en Pontevedra y su comarca pero también en el
conjunto de Galicia, fue expuesto por Ignacio Colmenares en la reciente junta
general de accionistas de la compañía. Una argumentación que concluyó
diciendo que “estamos convencidos” de que todas estas razones “serán
valoradas” a la luz de la modificada Ley de Costas para dar luz verde a la
continuidad de la actividad industrial en Lourizán después de 2018.
Las sucesivas declaraciones del ministro de Medio Ambiente dejan entrever que
la modificación de la Ley de Costas conllevará una relajación en la protección
del litoral lo que preocupa al BNG y al PSOE, partidos que han exigido
explicaciones en el Congreso.
Acuerdo parlamentario
Ahora son los socialistas gallegos los que, por boca de la parlamentaria
autonómica y exconselleira de Pesca, Carmen Gallego, expresan su
preocupación por el cruce de declaraciones de la Xunta y el Gobierno central
sobre el futuro de la fábrica de celulosa y por ello exigirán al Gobierno de
Galicia que “cumpla el acuerdo parlamentario unánime, impulsado por el
PSdeG-PSOE, para que Ence salga de la ría de Pontevedra antes de 2018″.
Según este acuerdo parlamentario la Xunta debía: intentar negociar con la
empresa y los agentes sociales un plan industrial concertado, reubicar Ence
fuera de Lourizán pero en Galicia y cerrar el ciclo productivo del papel en la
comunidad autónoma.
Para Carmen Gallego desde que Mariano Rajoy llegó al Gobierno existe “un
cruce de declaraciones” que obedecen “más que nada a una estrategia electoral y
no al hondo convencimiento de que Ence debe salir de la ría cuando finalice su
concesión administrativa”.
La parlamentaria socialista advierte a la Xunta que no permitirán que “se use la
excusa “de la modificación de la Ley de Costas para autorizar la permanencia
de la pastera en su actual emplazamiento.
El Supremo avala el cobro del canon de saneamiento a Celulosas
El Tribunal Supremo avala la legalidad de las liquidaciones realizadas por el
organismo autónomo Augas de Galicia al Grupo Empresarial Ence SA en
concepto de canon de saneamiento, correspondientes al primer y segundo
trimestre del año 2004 y que ascienden a 545.500 euros.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del tribunal Supremo
desestima el recurso de casación presentado por la compañía contra la sentencia
del TSXG que daba cobertura legal a la modificación normativa que permitió
actualizar los precios del canon en el año 2004.
La empresa consideraba que la subida tarifaria era “arbitraria” y
“desproporcionada”, además de cuestionar el propio canon de saneamiento al
entender que gravaba el consumo de agua y que constituía una doble
imposición.
El Tribunal Supremo considera que estamos ante tributo propio de las
comunidades autónomas “claramente preventivo y disuasorio del hecho
contaminante” y además tiene la finalidad de “generar recursos para financiar
las inversiones en instalaciones de saneamiento de aguas residuales y de su
evacuación al mar”.
Para el alto tribunal lo que hizo el legislador gallego en 2003 fue “corregir para
2004 y ejercicios siguientes una situación de estancamiento tributario alejado de
la realidad económica, subyacente en actividades contaminantes como es la
propia de la mercantil recurrente”.
Los empresarios locales lamentan que la Justicia añada “incertidumbre” al
futuro de una empresa
Las dos últimas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo relativas a Ence,
que declaran la nulidad del proyecto sectorial Tisú de Lourizán y la declaración
de supramunicipalidad que lo amparaba, preocupan a los empresarios locales
por lo que suponen de cuestionamiento del presente y futuro de la compañía en
Lourizán. Una compañía por la que ellos sí apuestan.
“La incertidumbre es el peor lastre que puede tener una empresa, es un freno a
su potenciación y al desarrollo de su entorno” sostiene el presidente de la
Aempe, José María Corujo, quien recuerda que en momentos de crisis como los
actuales, el hecho de que Ence “sea noticia permanente”, que “esté
continuamente en entredicho” no beneficia a nadie.
“Yo ni pingo ni quito a Ence de la ría pero de una vez por todas debería
plantearse una alternativa seria: sea la permanencia o el traslado” apunta
Corujo Seguido quien considera que ni la comarca de Pontevedra ni Galicia
pueden permitirse prescindir del empleo y la actividad económica que genera.
También el presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Antonio
Gómez Rivera, considera que Ence “sí o sí” tiene que permanecer en
Pontevedra, municipio o comarca, para no perder uno de los principales
motores económicos de la provincia y de Galicia.
Para Gómez Rivera hay que incidir en la búsqueda de soluciones que “permitan
conciliar la preservación del territorio y el medio ambiente con la defensa de
una empresa-locomotora que no podemos perder”.

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2012/05/09/hernandez-asumeahora-

gobierno-xunta-tendran-valorar-permanencia-ence/647119.html
DIARIO FARO DE VIGO
Hernández asume ahora que Gobierno y Xunta tendrán que valorar la
permanencia de Ence
El conselleiro de Medio Ambiente rebaja su contundente “la empresa tendrá
que dejar la ría en 2018″ por un ambiguo “no habrá prórrogas automáticas”
Instalaciones de Ence en Lourizán. // Rafa Vázquez
B. MÁRQUEZ – PONTEVEDRA”No habrá prórrogas automáticas de
concesiones”. Es el mensaje en el que hizo ayer hincapié el conselleiro de Medio
Ambiente, territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, al ser preguntado
por una eventual permanencia del complejo industrial de Ence en Lourizán más
allá del 2018, año en el que, en principio, caduca la concesión de los terrenos
que ocupa en dominio marítimo-terrestre a orillas de la ría de Pontevedra.
Se alineó así con la tesis mantenida apenas veinticuatro horas antes por el
ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete
y por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo quienes al ser
preguntados, en Madrid, por las consecuencias de la anunciada relajación de la
Ley de Costas sobre el futuro de Ence respondieron que “dicha modificación no
permitirá la prórroga automática de instalaciones industriales” y que llegado el
momento “la voz de las comunidades autonómicas será fundamental” para
adoptar una decisión.
El conselleiro Hernández dejó a un lado su contundente “hemos dicho por
activa y por pasiva a Ence que en 2018 tendrá que abandonar la ría” por un
ambiguo “no habrá prórrogas automáticas” para, a continuación, recogiendo el
guante del ministro Arias Cañete, señalar que llegado el momento “habría que
someter el expediente al trámite de impacto ambiental” para lo cual “será
necesaria la opinión de la administración autonómica”.
La Xunta apuesta por la reubicación de Ence dentro de la comarca de
Pontevedra para lo cual está dispuesta a colaborar a todos los niveles con la
empresa. Es la tesis que según el propio conselleiro Hernández traslado en
distintas ocasiones a los directivos de la compañía, haciéndoles ver que había
margen para una negociación. Esta supuesto diálogo, nunca confirmado por
Ence, se habría quebrado a finales del pasado año cuando el consejero delegado
Ignacio Colmenares comunicó oficialmente que “nuestra apuesta es por la
permanencia”. Una afirmación que avaló con el informe de una consultora que
acreditaba que un traslado es económicamente “inviable” (tendría un coste de
700 millones) y además no existe otro punto en Galicia “idóneo” para la
instalación.
Este posicionamiento, con los citados avales, y un informe sobre el peso
económico y laboral de Ence en Pontevedra y su comarca pero también en el
conjunto de Galicia, fue expuesto por Ignacio Colmenares en la reciente junta
general de accionistas de la compañía. Una argumentación que concluyó
diciendo que “estamos convencidos” de que todas estas razones “serán
valoradas” a la luz de la modificada Ley de Costas para dar luz verde a la
continuidad de la actividad industrial en Lourizán después de 2018.
Las sucesivas declaraciones del ministro de Medio Ambiente dejan entrever que
la modificación de la Ley de Costas conllevará una relajación en la protección
del litoral lo que preocupa al BNG y al PSOE, partidos que han exigido
explicaciones en el Congreso.
Acuerdo parlamentario
Ahora son los socialistas gallegos los que, por boca de la parlamentaria
autonómica y exconselleira de Pesca, Carmen Gallego, expresan su
preocupación por el cruce de declaraciones de la Xunta y el Gobierno central
sobre el futuro de la fábrica de celulosa y por ello exigirán al Gobierno de
Galicia que “cumpla el acuerdo parlamentario unánime, impulsado por el
PSdeG-PSOE, para que Ence salga de la ría de Pontevedra antes de 2018″.
Según este acuerdo parlamentario la Xunta debía: intentar negociar con la
empresa y los agentes sociales un plan industrial concertado, reubicar Ence
fuera de Lourizán pero en Galicia y cerrar el ciclo productivo del papel en la
comunidad autónoma.
Para Carmen Gallego desde que Mariano Rajoy llegó al Gobierno existe “un
cruce de declaraciones” que obedecen “más que nada a una estrategia electoral y
no al hondo convencimiento de que Ence debe salir de la ría cuando finalice su
concesión administrativa”.
La parlamentaria socialista advierte a la Xunta que no permitirán que “se use la
excusa “de la modificación de la Ley de Costas para autorizar la permanencia
de la pastera en su actual emplazamiento.
El Supremo avala el cobro del canon de saneamiento a Celulosas
El Tribunal Supremo avala la legalidad de las liquidaciones realizadas por el
organismo autónomo Augas de Galicia al Grupo Empresarial Ence SA en
concepto de canon de saneamiento, correspondientes al primer y segundo
trimestre del año 2004 y que ascienden a 545.500 euros.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del tribunal Supremo
desestima el recurso de casación presentado por la compañía contra la sentencia
del TSXG que daba cobertura legal a la modificación normativa que permitió
actualizar los precios del canon en el año 2004.
La empresa consideraba que la subida tarifaria era “arbitraria” y
“desproporcionada”, además de cuestionar el propio canon de saneamiento al
entender que gravaba el consumo de agua y que constituía una doble
imposición.
El Tribunal Supremo considera que estamos ante tributo propio de las
comunidades autónomas “claramente preventivo y disuasorio del hecho
contaminante” y además tiene la finalidad de “generar recursos para financiar
las inversiones en instalaciones de saneamiento de aguas residuales y de su
evacuación al mar”.
Para el alto tribunal lo que hizo el legislador gallego en 2003 fue “corregir para
2004 y ejercicios siguientes una situación de estancamiento tributario alejado de
la realidad económica, subyacente en actividades contaminantes como es la
propia de la mercantil recurrente”.
Los empresarios locales lamentan que la Justicia añada “incertidumbre” al
futuro de una empresa
Las dos últimas sentencias dictadas por el Tribunal Supremo relativas a Ence,
que declaran la nulidad del proyecto sectorial Tisú de Lourizán y la declaración
de supramunicipalidad que lo amparaba, preocupan a los empresarios locales
por lo que suponen de cuestionamiento del presente y futuro de la compañía en
Lourizán. Una compañía por la que ellos sí apuestan.
“La incertidumbre es el peor lastre que puede tener una empresa, es un freno a
su potenciación y al desarrollo de su entorno” sostiene el presidente de la
Aempe, José María Corujo, quien recuerda que en momentos de crisis como los
actuales, el hecho de que Ence “sea noticia permanente”, que “esté
continuamente en entredicho” no beneficia a nadie.
“Yo ni pingo ni quito a Ence de la ría pero de una vez por todas debería
plantearse una alternativa seria: sea la permanencia o el traslado” apunta
Corujo Seguido quien considera que ni la comarca de Pontevedra ni Galicia
pueden permitirse prescindir del empleo y la actividad económica que genera.
También el presidente de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Antonio
Gómez Rivera, considera que Ence “sí o sí” tiene que permanecer en
Pontevedra, municipio o comarca, para no perder uno de los principales
motores económicos de la provincia y de Galicia.
Para Gómez Rivera hay que incidir en la búsqueda de soluciones que “permitan
conciliar la preservación del territorio y el medio ambiente con la defensa de
una empresa-locomotora que no podemos perder”.

http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2012/05/08/hernandez-descartaprorroga-

automatica-concesion-ence/606715.html
DIARIO LA OPINION DE CORUÑA
Hernández descarta una ´prórroga automática´ de la concesión de Ence
El conselleiro ha realizado estas declaraciones durante la firma de un convenio
con la Diputación de A Coruña para la ejecución de las obras de ampliación de
la rotonda del Polígono de Sabón
| A CORUÑAEl conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras,
Agustín Hernández, ha reiterado que no habrá “prórroga automática de
concesión” al ser preguntado si la nueva Ley de Costas abrirá la puerta a que
Ence permanezca en la ría de Pontevedra después de 2018.
A preguntas de los periodistas, Hernández ha tildado de “meridianamente
claros” los argumentos trasladados este lunes por el ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, y el presidente de la
Xunta, Alberto Núñez Feijóo, después de que afirmasen que la Ley de Costas no
permitirá la prórroga automática de concesiones de establecimientos
industriales.
Hernández ha calificado de “hecho incuestionable” tanto para la Administración
central como autonómica “que existe una concesión que termina en 2018″ y ha
insistido en que “no va a haber prórrogas automáticas”.
Asimismo, ha incidido en que en ese momento “habrá que someter el
expediente al trámite de impacto ambiental” y ha recalcado que será necesaria
“la opinión de la Administración autonómica”.
Hernández ha realizado estas declaraciones durante la firma de un convenio
con la Diputación de A Coruña para la ejecución de las obras de ampliación de
la rotonda del Polígono de Sabón, en el municipio coruñés de Arteixo.

http://www.malagahoy.es/article/malaga/1253518/la/junta/autoriza/temporalme

nte/los/chiringuitos/para/abrir/verano.html
DIARIO LA OPINION DE MALAGA
La Junta autoriza temporalmente a los chiringuitos para abrir en verano
Los ayuntamientos pueden solicitar esta opción para que los locales gocen de
seguridad jurídica mientras se tramita la concesión definitiva, aunque sólo
Rincón lo ha pedido
RAQUEL GARRIDO / MÁLAGA | ACTUALIZADO 09.05.2012 – 01:00
Será sólo de forma temporal y con el fin de que puedan desarrollar su
actividad durante la época de mayor afluencia turística de forma legal. La
Delegación provincial de Medio Ambiente ha ofrecido a todos los
ayuntamientos costeros de Málaga la posibilidad de conceder autorizaciones
provisionales para los chiringuitos que aún no cuenten con una concesión
que regularice definitivamente la situación de estos establecimientos para
cumplir con la Ley de Costas.
Una vez cuenten con la autorización evitarán las sanciones que pueden
derivarse de una situación que lleva años pendiente de solucionarse y que
desde el año pasado es una competencia propia de la Junta de Andalucía a
raíz del traspaso desde la Administración central.
En el escrito remitido a los municipios del litoral se aclara que en ningún
caso esta medida supondrá la adquisición de más derechos por parte del
propietario del chiringuito, que tendrá que tramitar igualmente la concesión
que le permitirá desarrollar su actividad de forma legal durante los
próximos 15 años.
Hasta ahora, únicamente el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha
contestado a la invitación. De hecho, la Consejería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía ha concedido ya autorización provisional y en precario
para 17 chiringuitos en este municipio. Se trata de un paso previo para que
en el período de un año, aproximadamente, la situación de estos
establecimientos sea regulada definitivamente por la Administración
autonómica mediante resolución y se les conceda la autorización definitiva
por cinco años y renovable hasta 15.
Estas concesiones administrativas se solicitaron a la Junta de Andalucía en
el Plan de Playas para 2012 y suponen dar estabilidad y eliminar la
temporalidad actual, siempre que los empresarios cumplan las condiciones
de interpuestas por la Junta de Andalucía como, por ejemplo, la obligación
de mantener el buen estado del dominio marítimo-terrestre.
Para obtener la concesión definitiva los requisitos son más exigentes. Así,
por ejemplo, se obliga a los chiringuitos a tener 150 metros de superficie con
sótano y baños de carácter público con superficie de 50 metros cuadrados.
Posteriormente será la Junta de Andalucía la que estudie cada expediente de
forma independiente para dar la autorización definitiva mediante
resolución.
Pero todavía quedan decenas de expedientes pendientes de tramitar. Sólo en
la provincia de Málaga, aún hay alrededor de 200 establecimientos,
alrededor del 60% del total, a la espera de que se tramite la concesión
definitiva. Cuando la Demarcación de Costas, organismo dependiente del
Ministerio de medio Ambiente, transfirió las competencias de los
chiringuitos a la Junta de Andalucía alrededor de un centenar de
expedientes ya estaban siendo tramitados.
El propio Ministerio de Medio Ambiente reconoció en 2009, que de los 322
establecimientos que hay en el litoral malagueño, solamente 68 contaban
con una concesión vigente al amparo de la Ley de Costas y muchos de ellos
incluso con dimensiones superiores a las permitidas. Unos 60 tenían los
permisos caducados y la gran mayoría ni siquiera disponían de ellos.

764237.html
DIARIO DE MALLORCA
El Estado no debe pagar un justiprecio
La vecina de Campos que impugnó la orden ministerial de deslinde de la playa
de es Trenc por incluir como bien público unas fincas de su propiedad situadas
en segunda línea de costa no deberá ser indemnizada por el Estado, según
dispone la Audiencia Nacional en su sentencia.
La recurrente pidió la exclusión de sus terrenos de la zona de dominio público
y, alternativamente, reclamó una compensación económica por la
“expropiación” de sus derechos a manos del Estado.
La demandante aludió al llamado Informe Auden, aprobado por el Parlamento
Europeo el 26 de marzo de 2009, y donde se equiparan las ampliaciones de los
deslindes costeros sobre terrenos privados consolidados con expropiaciones de
facto.
La Audiencia Nacional rechaza condenar al Estado a abonar indemnización
alguna a la vecina de Campos. La sentencia explica que la Ley de Costas
contempla mecanismos para compensar a los particulares afectados por las
ampliaciones del dominio público marítimo-terrestre, fórmulas basadas en las
concesiones públicas. La Ley de Costas permite a los afectados acceder a un
sistema de concesión pública, que “permite el mantenimiento de los usos y
aprovechamientos existentes por un plazo máximo de 60 años”, recuerda la sala
de la Audiencia Nacional. La demandante no había establecido la cantidad que
quería pedir como indemnización al Estado central y se limitó a reclamar “el
justiprecio”.

http://www.laverdad.es/murcia/v/20120508/region/gorguel-regeneracionportman-

retos-20120508.html
DIARIO LA VERDAD
REGIÓN MURCIA
El Gorguel y la regeneración de Portmán son los retos del nuevo jefe de Costas
Andrés Martínez Muñoz asume el cargo en una etapa marcada por la reforma
de la ley
08.05.12 – 00:36 -
Una etapa marcada por los recortes presupuestarios en las administraciones y la
reforma de la Ley de Costas. Este será el escenario por el que transcurrirá el
nuevo periplo que desde ayer asume Andrés Martínez Muñoz al frente de la
Demarcación de Costas.
Todo ello sin olvidar proyectos estratégicos para la Región de Murcia como la
regeneración de la Bahía de Portmán y el macropuerto del Gorguel. Estos serán
algunos de los grandes retos de este ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y
arquitecto técnico (nacido en 1949). Hasta ahora, Andrés Martínez Muñoz era
jefe de Servicio de Proyectos y Obras en la Confederación Hidrográfica del
Segura (CHS), con más de 26 años de experiencia en la redacción y ejecución de
proyectos de obras.
Martínez Muñoz estuvo acompañado en su toma de posesión por el delegado
del Gobierno, Joaquín Bascuñana, quien no dejó escapar la oportunidad para
hablar sobre la reforma de la Ley de Costas. En este sentido, Bascuñana subrayó
que «con la reforma, el Gobierno pretende básicamente dos objetivos: mejorar la
seguridad jurídica de los titulares de derechos y hacer compatible la protección
del espacio natural con una actividad generadora de empleo».
El delegado subrayó que «a la importancia legislativa de esta etapa se une la
incidencia que el binomio turismo y litoral tienen en la economía regional, que
esperamos aumente con esa compatibilización de la protección de la costa con
su uso».

http://www.europapress.es/murcia/noticia-andres-martinez-toma-posesionnuevo-

jefe-demarcacion-costas-region-20120507115754.html
Martes, 8 de mayo 2012
HASTA AHORA ERA JEFE DE SERVICIO DE PROYECTOS Y OBRAS DE
LA CHS
Andrés Martínez toma posesión como nuevo jefe de la Demarcación de Costas
de la Región
MURCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana García, ha dado este lunes
posesión de su cargo al nuevo jefe de la Demarcación de Costas, Andrés
Martínez Muñoz, según informaron fuentes de la Delegación en un
comunicado.
Martínez, nacido en 1949, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y
arquitecto técnico. Hasta ahora era jefe de Servicio de Proyectos y Obras en la
Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), organismo en el que ha
trabajado desde hace más de 26 años y en el que ha desarrollado una intensa
labor de redacción y ejecución de proyectos de obras.
Asimismo, cuenta con una destacada actividad en la realización de cursos y
congresos y en la redacción de ponencias sobre distintas materias relacionadas
con su actividad profesional.
En el acto de toma de posesión, Joaquín Bascuñana ha señalado que la etapa
que se inicia ahora en la Demarcación va a estar marcada por la reforma de la
Ley de Costas, “con la que el Gobierno pretende básicamente dos objetivos:
mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos y hacer compatible la
protección del espacio natural con una actividad generadora de empleo”.
El delegado del Gobierno ha añadido que “la nueva ley será respetuosa con el
reparto competencial establecido por la Constitución y los estatutos de
autonomía, se aplicará de forma homogénea en todo el territorio nacional y
garantizará la mejor protección del dominio público marítimo terrestre”.
Por último, ha señalado que “a la importancia legislativa de esta nueva etapa se
une la que se deriva de la incidencia que el binomio turismo/litoral tiene en la
economía regional, que esperamos aumente en los próximos años con esa
compatibilización de la protección de la costa con su uso”.
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VÍDEOS DESTACADOS

HTTP://WWW.EUROPAPRESS.ES/ECONOMIA/NOTICIA-ECONOMIA-TURISMO-SORIABORREGO-

AVANZAN-PLAN-INTEGRAL-TURISMO-COMISION-INTERMINISTERIAL-
20120507143709.HTML
Martes, 8 de mayo 2012
HAN ACUDIDO REPRESENTANTES DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS
Economía/Turismo.- Soria y Borrego avanzan en el Plan
Integral de Turismo tras la Comisión Interministerial
MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Industria, Energía y Turimso, José Manuel Soria, y la secretaria de
Estado para Turismo, Isabel Borrego, han avanzado en los aspectos
“fundamentales” del Plan Integral para el sector en la Comisión Interministerial que
han convocado este lunes a tal efecto.
Según han informado a Europa Press fuentes del Instituto de Turismo de España,
Turespaña, a la reunión de trabajo han acudido “representantes de todos los
Ministerios” para avanzar en temas referentes a visados, modificación de Ley de
Costas, aspectos de la ley de Propiedad Intelectual, tasas aéreas y arrendamiento de
suelo urbano.
“Los representantes de los distintos Departamentos han tenido la ocasión de
profundizar sobre estos y otros aspectos, con el Plan Integral de Turismo como
telón monográfico que engloba todos ellos”, han explicado las mismas fuentes
oficiales.
Entre los responsables ministeriales que han acudido a la Comisión se encuentran
la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo; el secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Rafael Catalá; el secretario de Estado de
Relación con las Cortes, José Luis Ayllón, además de la presidenta de Paradores,
Ángeles Alarcó; el presidente de Segittur, Antonio López de Ávila, y el director
general de Turespaña, Manuel Butler.
Soria ya aseguró el pasado mes que este plan nacional no podrá incluir todas las
reivindicaciones y peticiones del sector turístico, aunque mostró su convencimiento
en que con ellas se “mejorará mucho” la hoja de ruta de la política turística, sobre
todo en aquellos aspectos en los que hay convencimiento de sus aportaciones.
“Tenemos que ser sumamente cautos con lo que hacemos en determinadas políticas
para no perjudicar en otros sectores con otras políticas”, afirmó durante la clausura
de la III Cumbre de Turismo de la CEOE.
El documento recoge entre otras reclamaciones el IVA reducido para el sector,
exenciones fiscales, la Ley de Huelga, la estandarización de normativas turísticas, la
reforma de la negociación colectiva, un plan de marketing nacional, mayor
dotación para el IMSERSO y la revisión de las tasas aeroportuarias, entre otras
muchas.

HTTP://WWW.EUROPAPRESS.ES/CANTABRIA/NOTICIA-SUPREMOCONFIRMA-

DESLINDE-SAN-VICENTE-AFECTA-CAMPING-ROSAL-
20120507121903.HTML
Martes, 8 de mayo 2012
TRIBUNALES
El Supremo confirma el deslinde de San Vicente que afecta al camping de El
Rosal
SANTANDER, 7 May. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha confirmado el deslinde aprobado en 2006 por el
Ministerio de Medio Ambiente para San Vicente de la Barquera, que incluía
como zona de dominio público marítimo-terrestre a los terrenos sobre los que
se levanta el camping de El Rosal.
Esto quiere decir que se confirma que la zona pertenece a dominio público,
aunque se abre la posibilidad de que se pueda seguir la actividad si prueba que
existe una concesión para la actividad económica que desarrolla.
Este supuesto es uno de los que se baraja en la reforma de la Ley de Costas para
‘salvar’ actividades económicas o empresas afectadas por los deslindes.
La resolución que confirma esta sentencia fue dictada en junio de 2006 por el
Ministerio de Medio Ambiente, y fijaba el deslinde de los bienes de dominio
público marítimo-terrestre de unos 42.566 metros de longitud en San Vicente de
la Barquera, y que afectaba al camping El Rosal.
La empresa defendía que el deslinde afectaba a un terreno de un propietario
privado, y que además había sido calificado como urbana, en la que, además,
habían desaparecido las dunas que había inicialmente y que hubieran
justificado el deslinde.
En esa zona se había hecho un deslinde en 1961, solicitado por el Ayuntamiento
para instalar el camping, y en base a la concesión anterior de un balneario
(1892).
La empresa también denunciaba desviación de poder, porque el Ministerio de
Medio Ambiente, en su opinión, pretendía con esa decisión construir
aparcamientos, en contra de lo establecido en el PORN (Plan de Ordenación de
los Recursos Naturales) de Oyambre y provocando, aseguraban, la destrucción
del ecosistema de la zona.
En la misma línea, aseguraba que no se había dado igualdad ante la Ley, pues
se procedió a otros deslindes en los que no se incluyeron a otros campings.
El Supremo rechaza todos esos argumentos y confirma la sentencia de la
Audiencia Nacional recurrida y, en consecuencia, el deslinde que afecta al
camping El Rosal.

HTTP://WWW.EUROPAPRESS.ES/CANTABRIA/NOTICIAAYUNTAMIENTO-

DELEGACION-GOBIERNO-REUNIRAN-FORMAPERIODICA-
SEGUIR-PROYECTOS-COMUNES-20120507153930.HTML
Martes, 8 de mayo 2012
ASTILLERO
Ayuntamiento y Delegación del Gobierno se reunirán de forma periódica para
seguir proyectos comunes
Samuel Ruiz visita el municipio acompañado del alcalde, Carlos Cortina
ASTILLERO, 7 May. (EUROPA PRESS) -
El Delegado del Gobierno en Cantabria, Samuel Ruiz, y el alcalde de Astillero,
Carlos Cortina, han acordado reunirse de forma periódica para hacer un
seguimiento de los proyectos comunes a ambas administraciones.
Así lo han decidido este lunes, 7 de mayo, tras la visita que el delegado ha
realizado a este municipio. Entre estas iniciativas abordadas en este encuentro y
en los próximos, el regidor destacó la recuperación del medio ambiente, la
unión con Camargo a través de la Marismas Negras y las actuaciones
destinadas a facilitar los accesos de los vecinos a la Costa, así como las relativas
a la Ley de Costas y el deslinde de dominio público en el que Astillero está
inmerso.
“El Estado tiene mucha competencia en un municipio como Astillero, rodeado
de rías, con Costa, atravesado por infraestructuras como carreteras nacionales,
autovía, ferrocarril, etcétera”, apuntó el alcalde.
Tras conocer los trabajos de recuperación ambiental llevados a cabo en los
últimos años en los humedales del municipio, Ruiz felicitó al Ayuntamiento y
ponderó la “alta sensibilidad ambiental” del equipo de gobierno de Astillero.
En este sentido, se refirió a la posibilidad de colaborar en la segunda fase de la
restauración ambiental de la Marismas Negras con el fin de complementar las
inversiones efectuadas en años anteriores, aunque -dijo- este proyecto,
pendiente de licitación, se llevará a cabo “cuando haya disponibilidad
económica”, recordando en este sentido que el objetivo prioritario del Estado es
la reducción del déficit y la creación de empleo.
Otros proyectos abordados por el delegado del Gobierno y el alcalde de
Astillero fueron la desafectación de algunos espacios como La Fondona y el
campo de futbol de La Planchada, el apantallamiento de la zona que se ve
afectada por el paso del tren en las Marismas Negras así como en el entorno de
la Autovía con el fin de reducir la contaminación acústica además de la
posibilidad de ejecutar un enlace en las Marismas Negras que comunique
Astillero con Camargo.
Ruiz destacó al respecto que la gran mayoría de las actuaciones revisadas son
procedimientos administrativos y no requieren inversión o ejecución de obra.
Mencionó asimismo que la próxima entrada en funcionamiento de la Ronda de
la Bahía a finales del mes de julio, que permitirá descongestionar el tráfico de la
Autovía a su paso por Astillero, lo que redundará “en una mejora de la calidad
de vida de los vecinos, principalmente una menor contaminación acústica”.
Por último, Ruiz indicó que en junio se celebrará una reunión en la que se
abordará la seguridad ciudadana en Astillero, donde los índices de delitos están
por debajo de la media de la Comunidad Autónoma.

DIARIO EL PAIS
Galicia
Núcleo de Mórdomo, en Laxe, junto a la playa de Traba, en una imagen del
Plan de Ordenación del Litoral.
El Tribunal Constitucional acaba de anular una disposición de la Lei do Solo de
Galicia de 2002 vigente hasta ahora que pudo haber solucionado en parte el
problema de los núcleos litorales gallegos que no reconoce la Ley de Costas
estatal, lo que condiciona la propiedad de esas viviendas. El alto tribunal
invalida así la primera solución prevista para esos núcleos por el entonces
conselleiro popular José Cuiña, pero tiene aún pendiente de analizar una nueva
solución propuesta por el bipartito, que está en suspenso desde que fue
recurrida en 2009 por el Gobierno central.
La sentencia del Constitucional tiene su origen en un recurso presentado en
2003 por el Ayuntamiento de Laxe contra el deslinde marítimo-terrestre
aprobado entonces por la Dirección General de Costas para el núcleo de
Mórdomo, junto a la playa de Traba. El Ayuntamiento intentó anular ese
deslinde, que dejaba sin reconocer diversas viviendas preexistentes,
argumentando una disposición de la Lei do Solo impulsada por Cuiña unos
meses antes. En esa disposición se señalaba que a los “núcleos rurales
preexistentes de carácter tradicional” se les podría aplicar, a la hora de realizar
su deslinde marítimo-terrestre, una excepción que la Ley de Costas estatal de
1988 solo contemplaba para terrenos clasificados como suelo urbano. De
aplicarse esa excepción a Laxe, que luego se podría haber extendido a otros
núcleos gallegos, se habría rebajado la servidumbre de protección de costas,
quedando así esas viviendas regularizadas.
Al tener conocimiento de la ley autonómica esgrimida en ese recurso puntual
de Laxe, la Fiscalía General del Estado presentó una cuestión de
inconstitucionalidad contra esa disposición de la norma gallega, recurso
apoyado posteriormente por la Abogacía del Estado. En sentencia del 18 de
abril que en los próximos días se publicará en el Boletín Oficial del Estado el
Constitucional da la razón a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado y considera
que Galicia no puede “establecer supuestos de aplicación” de la norma estatal,
como hizo en la ley autonómica. Dice el Tribunal que “las comunidades
autónomas no pueden establecer disposición alguna al respecto, ni siquiera
para reproducir con exactitud las previsiones estatales”.
Esa disposición de la Lei do Solo ahora anulada por el Constitucional fue la
misma que quiso modificar el bipartito en 2009 a través de la denominada
“enmienda Lueje”, apellido del entonces director general de Urbanismo, que
reformulaba el texto original de 2002 para conseguir el mismo objetivo. Ese
cambio fue también impugnado por el Estado, que pidió y consiguió la
suspensión cautelar de esa modificación por parte del Constitucional. Esto es,
con la “enmienda Lueje” en suspenso desde 2009 a la espera de la sentencia del
Costitucional, era la redacción original de Cuiña de 2002 la que seguía vigente
en la actualidad, pero acaba de ser anulada.
No son estos dos los únicos intentos por solucionar el problema de los núcleos
del litoral gallegos que se han intentado en los últimos años. Los tres
principales partidos gallegos han intentado forzar una solución de una u otra
forma, ya sea a través de las dos reformas legales citadas o a través de decretos
específicos como los aprobados en su día por el popular Enrique López Veiga y
la socialista María José Caride.
Tras todos estos intentos, la solución a los núcleos gallegos podría venir de la
mano de la reforma de la Ley de Costas estatal que quiere acometer ahora el
Gobierno central y que los ecologistas miran con recelo por temor a que se abra
la mano a la construcción en el litoral.

http://www.elperiodic.com/pcastellon/noticias/172312_subdelegado-gobierno-trasladacostas-

peticiones-alcaldes-provincia.html
DIARIO EL PERIODIC
Urbanismo
El subdelegado del Gobierno traslada a Costas las peticiones de los alcaldes de la
provincia
04/05/2012 | elperiodic.com
El subdelegado del Gobierno en Castellón, David Barelles, se ha reunido esta
mañana en Madrid con el subdirector general de la Costa, Ángel Muñoz y la
subdirectora de general de Dominio Público – Marítimo Terrestre, Raquel Orts,
para trasladarle las principales demandas de los alcaldes de la provincia en
materia de costas que afectan al litoral castellonense, como la regresión o la
regeneración de las playas.
En la reunión, en la que también han participado los diputados provinciales,
Mario García y Andrés Martínez, se han abordado algunas cuestiones referidas
a la modificación de la Ley de Costas, que se encuentra actualmente en
redacción.
El subdelegado del Gobierno ha calificado el encuentro de “muy positivo”, al
tiempo que ha agradecido la “receptividad y sensibilidad del Ministerio por
atender las peticiones de los castellonenses”.

http://www.lavoz.com.ar/embalse/conflicto-concesion-costas-lago-embalse

DIARIO LA VOZ CIUDADANOS
Conflicto por concesión de costas en el lago de Embalse
La Provincia le retiró los derechos de uso a un club náutico y se los pasó al
municipio de Embalse. La entidad logró un recurso de amparo y discute la
“arbitrariedad” de la medida.
06/05/2012 00:01
El Club Náutico Embalse discute en la Justicia su derecho a seguir manteniendo
su actividad (La Voz).
 Embalse. Las tierras que ocupa el Club Náutico Embalse están en conflicto
judicial. No es cualquier espacio: es un sector de costas en un punto muy
atractivo del lago, sobre la ruta 5, donde está apostado el único sitio de amarre
de veleros y yates de ese lago.
El conflicto se desató el 7 de diciembre pasado, con la resolución 849 de la
Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia que resolvió la caducidad de la
concesión que desde hace más de 70 años tenía ese club, transfiriendo ese
derecho de uso precario a la Municipalidad de Embalse.
El hecho generó alguna alerta entre muchos clubes creados a partir de
concesiones de tierras costeras de lagos en Córdoba.
Días atrás, la Cámara Civil y Comercial de Río Tercero admitió una acción de
amparo, que antes había rechazado un juez de primera instancia. El abogado
del club planteó que la decisión oficial había sido “arbitraria y hasta
inconstitucional”. Le seguirá ahora una orden de “no innovar”, al menos hasta
que la misma Justicia se expida sobre la cuestión de fondo: si resulta legal o no
la caducidad de la concesión.
La resolución de Recursos Hídricos se fundamentó en “un pedido de la
Municipalidad de Embalse” para obtener el uso de ese predio “atento al estado
de deterioro y abandono en el que se encuentra”.
En su respuesta judicial, el abogado y socio del club Carlos Ríos rechazó esa
situación y planteó la contradicción de que, apenas una semana antes, la misma
repartición provincial había dictado otra resolución confirmando la concesión,
sin objetar ninguna cuestión, y sólo reajustando los límites del espacio. Además,
marcó que jamás hubo intimaciones por el estado del predio.
Ríos apuntó en su demanda que la decisión tendría “influencia política”, y la
vinculó a una “represalia” por una denuncia que el club había planteado un año
antes contra un tío del intendente Federico Alesandri, por un conflicto de
ocupación de tierras costeras.
Desde el municipio, el secretario de Gobierno, Adrián Cáceres, admitió que
pidieron a la Provincia el control de ese y otros espacios costeros “para
mejorarlos porque están deteriorados”, pero descartó “cualquier otro tipo de
intención”. También aseguró que mantienen una buena relación con el club y
que éste ha seguido funcionando sin alteraciones hasta hoy.
Miguel Farías, presidente del club, señaló que el intendente Alesandri les
aseguró que seguirían desarrollando allí sus actividades y que el club no
perdería su personería jurídica. El abogado Ríos duda de esa posibilidad si es
que se cancela la concesión que le daba razón a la única actividad y sede que
sostenía a la entidad.
Las cesiones de tierras costeras provinciales de lagos a clubes e instituciones
son, por norma, de uso precario. La ley habilita a que la Provincia pueda cesar
esa concesión si no se cumplen los requisitos que fija. En este caso, la discusión
–ahora en la Justicia– es si resultó arbitraria o no la medida.

http://www.lasprovincias.es/v/20120505/castellon/diputacion-solicitafacilidades-

para-20120505.html
DIARIO LAS PROVINCIAS
Castellón
La Diputación solicita más facilidades para instalar hamacas y chiringuitos
05.05.12 – 00:25 -
L. NOS | CASTELLÓN.
Aunque no era el tema central de la reunión, el vicepresidente de la Diputación
de Castellón y delegado de Turismo, Andrés Martínez y el responsable de
Medio Ambiente de la institución, Mario García, aprovecharon ayer su visita a
Madrid para hablar de hamacas y chiringuitos con los representantes del
ministerio de Medio Ambiente. Y es que ahora que se acerca la temporada
estival, la mayoría de municipios costeros se plantea la posibilidad de colocar
este tipo de infraestructuras para reactivar el turismo.
De momento, lo cierto es que, con el cambio de inquilinos en Moncloa, la
provincia ha visto facilitadas estas gestiones. De hecho, la Dirección Provincial
de Costas ya ha autorizado la instalación de más de una veintena de
chiringuitos y merenderos en las playas de diferentes municipios.
Es el caso, por ejemplo, del Grao de Castellón, que aspira a albergar un total de
cinco chiringuitos. Eso sí, con la restringida superficie de 150 metros cuadrados
que permite la actual y polémica Ley de Costas que el Ejecutivo de Rajoy ya se
ha comprometido a modificar.
Sin embargo, aún queda saber si Costas cede ante pueblos como Benicàssim y
autoriza la colocación de casetas en las playas para guardar las hamacas que se
alquilan a vecinos y turistas.
Al respecto, desde la Diputación se muestran «optimistas», sobre todo teniendo
en cuenta «la sensibilidad que ha mostrado desde un principio» con todos estos
asuntos el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el popular
Miguel Arias Cañete. Y es que no hay que olvidar que desde el mismo
momento en que asumió dicha cartera abogó por «corregir las arbitrariedades
que ha originado la errática aplicación e interpretación de la Ley de Costas».
Regeneración de playas
Por otro lado, desde la Diputación también se muestran «confiados» en la
política de regeneración de playas del nuevo Gobierno. «Es cierto que en Pascua
se recortó el presupuesto y los ayuntamientos tuvieron que hacer un
sobreesfuerzo, pero estamos convencidos de que este verano se habrán
arreglado muchas deficiencias», apuntaba Mario García, quien hablaba de dar
«un voto de confianza» a un Ejecutivo que acaba como quien dice de aterrizar
en Moncloa.
Así pues, parece que, tras años de desencuentros, el litoral de Castellón encara
una etapa de consensos que permitirá avanzar en sus reivindicaciones históricas

http://www.lasprovincias.es/v/20120505/castellon/costas-ultima-borradorpara-

20120505.html
DIARIO LAS PROVINCIAS
Castellón
Costas ultima el borrador para salvar las 600 casas pendientes de derribo
El ministerio valora la viabilidad del plan de construcción de 13 espigones
aprobado por el Gobierno en funciones de Zapatero
05.05.12 – 00:30 -
V. GIL | CASTELLÓN.
Medio Ambiente se compromete a tener listo el texto modificado «antes de
verano»
El ministerio de Medio Ambiente prevé tener listo antes de verano el borrador
de la modificación de la Ley de Costas, un documento que tendrá en cuenta las
reivindicaciones de la Diputación para conseguir salvar del derribo las más de
600 viviendas castellonenses amenazadas por la actual normativa. Así lo
anunciaron ayer fuentes del ente provincial a través de un comunicado, en el
cual se tildaba de «fructífera» la reunión mantenida horas antes por el
vicepresidente del ente, Andrés Martínez y el diputado de Medio Ambiente,
Mario García, con el director general de Sostenibilidad del Mar, Ángel Muñoz y
la subdirectora general de Dominio Público Marítimo-Terrestre, Raquel Orts.
Al respecto, señalar que durante dicho encuentro, que contó también con la
presencia del subdelegado del Gobierno en Castellón, David Barelles, los
representantes provinciales aprovecharon para trasladar al Ejecutivo de
Mariano Rajoy las principales reivindicaciones de la plataforma impulsada por
la Diputación para la defensa de las viviendas y propiedades del litoral
castellonense. Una plataforma que en estos momentos está pendiente de que la
Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo les dé fecha para defender el
informe que justifica una modificación de la Ley de Costas. Y es que cabe
recordar que la Unión Europea aceptó a trámite las más de 15.000 firmas
recogidas por esta entidad para llevar a cabo dicha reforma.
Desde la plataforma, que presta servicio a 14 municipios del litoral
castellonense, se denuncia que el anterior Gobierno llevó a cabo demoliciones
arbitrarias de propiedades adquiridas legítimamente que ahora, por la acción
progresiva del mar, se encuentran dentro del dominio público marítimoterrestre.
Al respecto, la Diputación solicita una moratoria en la ejecución de
expedientes hasta que entre en vigor la reforma de la ley, anunciada por el
ministro Miguel Arias Cañete poco después de asumir la cartera de Medio
Ambiente.
Pero lo cierto es que la reunión entre los diputados y el subdelegado del
Gobierno en Castellón con los representantes de Costas no sólo sirvió para
abordar la problemática de las viviendas afectadas por la citada normativa.
También se habló del plan de construcción de 13 espigones entre Burriana y
Sagunto aprobado ‘in extremis’ por el Ejecutivo del socialista José Luis
Rodríguez Zapatero apenas una semana antes de abandonar la Moncloa.
En este sentido, desde Medio Ambiente explicaron que se está revisando la
documentación y en breve se sabrá si se tira adelante o no con en proyecto,
inicialmente presupuestado en 60 millones de euros.
Por su parte, desde la Diputación defendían la necesidad de acometer los
trabajos alegando que diversos estudios confirman que el proceso de regresión
del litoral de Castellón es el más grave de la Comunitat Valenciana y uno de los
más preocupantes de España. Aún así, García y Martínez se mostraban
«satisfechos» ya que el Ministerio, decían, «ha demostrado su voluntad de
colaborar con la Administración provincial y de facilitar toda la información a
la plataforma así como a todos los afectados». «Se trata de un cambio de actitud
muy importante con respecto al anterior Gobierno», concluían.

http://www.levante-emv.com/castello/2012/05/05/costas-deja-aire-60-milloneslitoral-

castello-pese-reconocer-regresion/902565.html
DIARIO LEVANTE EMV
Costas deja en el aire 60 millones en el litoral de Castelló pese a reconocer su
regresión
El Ministerio de Medio Ambiente está estudiando la documentación y “en
breve” decidirá si se lleva a cabo o no el proyecto – La medida se aprobó días
antes de las últimas elecciones y planteaba construir 13 espigones entre
Burriana y Sagunt
Panorámica en la que se aprecia la regresión del mar en el litoral de
Almenara. c. costa
N. SORIANO / LDC CASTELLÓ
La Dirección General de Costas anunció ayer que, actualmente, el plan de
construcción de 13 espigones entre Burriana y Sagunto está en estudio y que,
tras revisar la documentación, “en breve” se sabrá si se sigue adelante con el
proyecto o no. De esta manera, Costas ha dejado en el aire el proyecto que
aprobó el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero días antes de las
elecciones y que supone una inversión de 60 millones de euros. Y todo, habida
cuenta de que la zona afectada es uno de los litorales más regresivos de España,
según diversos estudios.
El anuncio se hizo público ayer tras una reunión mantenida en Madrid el
director general de Sostenibilidad del Mar, Ángel Muñoz, y la subdirectora
general de Dominio Público Marítimo-Terrestres, Raquel Orts, con el
vicepresidente de la Diputación de Castelló, Andrés Martínez, y el diputado de
Medio Ambiente, Mario García. Una cita convocada para abordar el cambio de
la Ley de Costas y evitar los derribos.
La propuesta, aprobada con Zapatero aún de presidente, consiste en un sistema
de espigones y grava y está basado en un estudio elaborado por la Universidad
de Cantabria contra la erosión que fue presentado a los alcaldes antes de
proceder a la ratificación. Según el informe, el sector pendiente de regenerar se
dividiría en dos partes: “mediante un espigón perpendicular a la costa, en el
límite entre las dos provincias, así el tramo norte queda conformado por playas
de grava y el tramo sur con arena”.
Por otro lado, el ministerio también confirmó a los diputados provinciales que
antes del verano estará disponible el borrador de la modificación de la Ley de
Costas, “teniendo en cuenta las reivindicaciones de la diputación para conseguir
salvar del derribo los hogares, construidos legalmente antes de 1998, de cerca
de 600 familias”, tal como informaron ayer fuentes de la institución provincial
en un comunicado.
De este modo, Martínez y García explicaron que la plataforma impulsada por la
diputación para la defensa de las viviendas y propiedades del litoral
castellonense “está pendiente de que la Comisión de Peticiones del Parlamento
Europeo les dé fecha para defender el informe que justifica una modificación de
la Ley de Costas”. Además, recordaron que que la Unión Europea “aceptó a
trámite las más de 15.000 firmas recogidas por esta entidad para llevar a cabo
dicha reforma”.
Desde la plataforma, que presta servicio a 14 municipios de la costa de Castelló,
se denuncia que el anterior Gobierno llevó a cabo demoliciones “arbitrarias” de
propiedades adquiridas “legítimamente” que ahora, por la acción progresiva del
mar, “se encuentran dentro del dominio público marítimo terrestre”. Al
respecto, la diputación solicita una moratoria en la ejecución de expedientes
hasta que entre en vigor la reforma.

http://www.diariosur.es/v/20120506/turismo/turismo-muestra-cartas-

20120506.html
DIARIO SUR
Turismo
El turismo muestra sus cartas
Los empresarios turísticos han cerrado las propuestas que esperan que
incluya el Gobierno en el Plan Integral
06.05.12 – 01:31 -
PILAR MARTÍNEZ | MÁLAGA.
El turismo ha mostrado sus cartas al Gobierno en forma de propuestas que
consideran que son fundamentales para mantener el liderazgo. Ahora esperan
que comience la partida y que salga ganando esta industria con la inclusión por
parte del Ejecutivo de estas medidas en el Plan Integral del sector. Este proyecto
marcará la hoja de ruta de esta actividad. Por ello, las organizaciones
empresariales y el Consejo de Turismo de la CEOE piden al Gobierno y a las
administraciones públicas trece medidas que van desde una comisión
interministerial y nueva gobernanza de gestión hasta un IVA reducido al 5% o
modificaciones de normativas clave como la Ley de Costas.
En estas reivindicaciones ha participado el sector turístico de la Costa del Sol,
que ha dado prioridad a establecer un IVA del 5%, un mayor control de la
oferta ilegal y el desarrollo del Plan Litoral siglo XXI.
En el caso del IVA, el documento presentado al Gobierno precisa que España no
puede perder su competitividad y posición dentro del turismo mundial y que
en base a ello es preciso lograr un mayor avance mediante la reducción del tipo
impositivo del IVA aplicable a las actividades turísticas con la creación de un
nuevo tipo reducido del 5%, siempre y cuando no sea factible el tipo
superreducido del 4%. Además, añaden la aplicación de un tipo de IVA
reducido a las cuotas de inscripción a congresos, jornadas y similares de
carácter profesional y al sector de vehículos de alquiler.
Calidad
Desde la Costa del Sol se insiste en el punto de continuar y acentuar el Plan
Turismo Litoral siglo XXI, que contempla actuaciones para modernizar las
infraestructuras turísticas de los destinos costeros. «Tanto la calidad de nuestras
playas como la seguridad y modernización de nuestras instalaciones y destinos
deviene fundamental el desarrollo de este proyecto, que debe extenderse a las
zonas de interior», explicaron. Esta petición se incluye dentro de las propuestas
de calidad, en las que se insta al gobierno a seguir apostando por la marca ‘Q’, y
apoyar la evolución del sistema de calidad turística española hacia el concepto
de calidad percibida.
En el punto diez se encuentra una de las propuestas fundamentales para la
Costa: la lucha contra el intrusismo. «Se debe solucionar de forma definitiva el
problema de la existencia de miles de plazas de alojamiento turístico ilegales,
que no cumplen, en la mayoría de los casos, las exigencias técnicas necesarias
para un correcto alojamiento, y en ningún caso, las obligaciones fiscales»,
insistieron.
El turismo espera que el Ejecutivo acometa cambios en normas como la Ley de
Costas, para permitir una mayor flexibilidad en aquellos casos de fuerte
ocupación turística, o de playas urbanas con alto índice de urbanización que
permita una utilización más racional desde el punto de vista turístico,
haciéndose compatible con el mantenimiento del recurso natural. También
quieren modificaciones en la Ley de Huelga, Propiedad Intelectual y
Arrendamientos Urbanos, además de homogeneizar las normativas turísticas,
sin menoscabo de las competencias de las autonomías.
Además, piden diseñar una política de transportes y turismo coherente,
reforzándose la intermodalidad y estableciéndose estándares de conectividad.
Asimismo, instaron a mejorar el sistema actual de formación profesional para el
empleo.
Para el acceso a mercados emergentes, consideraron que se requiere una mayor
simplificación, agilización e inmediatez en su gestión, así como una mayor
duración de los visados en determinados países. «Es necesario aumentar los
recursos consulares para la tramitación de visados, dado el alto índice de
ingresos que este servicio genera al Estado», señalaron.

HTTP://WWW.EUROPAPRESS.ES/GALICIA/NOTICIA-SUPREMO-ORDENATSXG-

REVISAR-FALLO-FAVOR-SUPRAMUNICIPALIDAD-ENCEAPROBADA-
XUNTA-2003-20120505172256.HTML
Lunes, 7 de mayo 2012
APROTABA POR LA XUNTA EN 2003
El Supremo ordena revisar el fallo a favor de la supramunicipalidad de Ence
El Ayuntamiento de Pontevedra ve la sentencia de “varapalo” al TSXG, la Xunta
y la empresa, y prevé que tendrá “enormes” consecuencias prácticas
PONTEVEDRA, 5 May. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo (TS) ha dado la razón al Ayuntamiento de Pontevedra en
el recurso de casación que la Administración local presentó contra la decisión
del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de desestimar el recurso
contencioso-administrativo que motivó el fallo favorable al proyecto de
supramunicipalidad de Ence aprobado por la Xunta. El TS ordena que el TSXG
revise la sentencia porque “no aborda distintos elementos fácticos y jurídicos”
planteados por el Ayuntamiento de Pontevedra.
El concejal de Ordenación del Territorio de Pontevedra, César Mosquera, ha
calificado esta sentencia -ya firme- como “un varapalo en toda regla al TSXG, la
Xunta y Ence, que tendrá “enormes” consecuencias prácticas a nivel urbanístico
y relacionadas con la seguridad jurídica de la empresa pastera.
“Ence queda en una situación muchísimo más precaria de la que está”, ha
afirmado Mosquera, “a menos que venga Arias Cañete a salvarla”, ha añadido,
en alusión a la reforma de la Ley de Costas que planea el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El Supremo deja “anulada y sin efecto” la decisión del TSXG, del 20 de enero de
2010, de desestimar el contencioso-administrativo interpuesto desde
Pontevedra contra el acuerdo de la Xunta del 26 de diciembre de 2003 que
aprobaba el proyecto sectorial de incidencia supramunicipal para el
asentamiento industrial de Lourizán, promovido por Ence.
El recurso alegaba irregularidades de procedimiento, infracción urbanística y
omisión de informes preceptivos; y se oponía a la exención de licencia
municipal de las obras y la vulneración de la autonomía local, entre otros
argumentos.
RECURSO DE LA APDR
La respuesta que el TSXG le dio al ayuntamiento de Pontevedra y que ahora es
“impugnada” por el Tribunal Supremo, se limitaba a “reproducir literalmente”
los fundamentos de derecho de dos sentencias anteriores a sendos recursos
promovidos por la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) de Pontevedra y
Salvemos Pontevedra, que también se opusieron al acuerdo de
supramunicipalidad.
Precisamente, el TS también apoya el recurso de casación que también
interpuso la APDR contra el fallo del TSXG, estimando “en parte” su
contencioso-administrativo, al tiempo que ordena “retrotraer” las actuaciones al
momento anterior al dictado por el tribunal gallego. Así, la junta directiva de la
APDR va a mantener una reunión extraordinaria en las próximas horas para
valorar la decisión del Supremo y anuncia una comparecencia para este
próximo martes.
Por su parte, el edil nacionalista de Ordenación del Territorio en Pontevedra
interpreta que el Supremo viene a tildar de “chapuza”, según Mosquera, la
sentencia del TSXG que, en su momento, desde el ayuntamiento, criticaron que
era “política y tenía poco de judicial”. César Mosquera también acusó al tribunal
gallego de hacer “todo lo que pudo y más” para que no prosperase el recurso de
casación ante el TS.
En su escrito del pasado 26 de abril, el Supremo se refiere a la sentencia del
TSXG diciendo que “deja deliberadamente sin abordar” cuestiones planteadas
“oportunamente” por el Ayuntamiento de Pontevedra en su demanda y que “no
hace mención alguna a la abundante prueba practicada”. Por ello, “no puede
considerarse que la sentencia cumpla con los requisitos de motivación y
congruencia”, expone el TS.
CONSECUENCIAS
Para César Mosquera, el TSXG puede ahora “hacer desobediencia o anular el
proyecto sectorial”. A nivel inmediato, esta sentencia “demoledora” del TS
implicaría que “la Autorización Ambiental Integrada en la que se basa este
decreto se cae”, afirmó el concejal, que comparó la situación con “una mesa a la
que se le cae una pata”.
Asimismo, conllevaría que “vuelve a estar en vigor” el planeamiento urbanístico
que dejaba fuera de ordenación la zona en litigio. Además, supondría un
“obstáculo” menos para que la Xunta objete contra el nuevo PXOM que trata de
impulsar el Ayuntamiento de Pontevedra. “Esperamos que Arias Cañete no
modifique la Ley de Costas”, añadió Mosquera sobre la posibilidad de
prorrogar la concesión de los terrenos de dominio público marítimo-terrestre
que caduca en 2018, argumentando que “sería una barbaridad”.
OPOSICIÓN DE LA XUNTA
Mosquera también ha enfatizado que tanto Ence como la Xunta formalizaron su
oposición al recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de
Pontevedra ante el Supremo. El escrito de la Administración autonómica se
presentó el pasado 12 de diciembre de 2011, 14 días después de que lo
interpusiera la empresa pastera.
En este sentido, el concejal de Ordenación del Territorio criticó que la Xunta
actuase “defendiendo a Ence, mientras hace declaraciones para que Ence no se
consolide” en Lourizán.
En relación a Ence, César Mosquera equipara las circunstancias en las quedaría
Ence con la situación de Elnosa, cuya Autorización Ambiental Integrada es
temporal. “Si su previsión era quedarse ahí valiéndose del proyecto sectorial,
tendrá que empezar a pensar en marcharse”, ha afirmado Mosquera, “cosa que
antes no pensaba”.

http://www.laplanaaldia.com/castello/noticias/65451/el-ministerio-de-medioambiente-

se-compromete-a-colaborar-con-la-diputacion-en-la-mejora-de-la-leyde-
costas
LA PLANA AL DIA
Castelló: El Ministerio de Medio Ambiente se compromete a colaborar con la
Diputación en la mejora de la Ley de Costas
La Plana al Dia | Castelló | General | 05-05-2012
El vicepresidente de la Diputación de Castellón, Andrés Martínez, y el diputado
de Medio Ambiente, Mario García, han mantenido en el Ministerio de Medio
Ambiente una reunión con el director general de Sostenibilidad del Mar, Ángel
Muñoz, y la subdirectora general de Dominio Público Marítimo – Terrestre,
Raquel Orts, para exponer ante el Gobierno Central la situación del litoral
castellonense y defender los intereses de los ciudadanos afectados por la Ley de
Costas de 1998.
Así, el Ministerio ha confirmado a los diputados provinciales que antes del
verano estará disponible el borrador de la modificación de la Ley de Costas,
teniendo en cuenta las reivindicaciones de la Diputación para conseguir salvar
del derribo los hogares, construidos legalmente antes de 1998, de cerca de 600
familias.
De este modo, Martínez y García, que han estado acompañados por el
subdelegado del Gobierno en Castellón, David Barelles, han explicado que la
plataforma impulsada por la Diputación para la defensa de las viviendas y
propiedades del litoral castellonense está pendiente de que la Comisión de
Peticiones del Parlamento Europeo les dé fecha para defender el informe que
justifica una modificación de la Ley de Costas. Cabe recordar que la Unión
Europea aceptó a trámite las más de 15.000 firmas recogidas por esta entidad
para llevar a cabo dicha reforma.
Desde la plataforma, que presta servicio a 14 municipios de la costa de
Castellón, se denuncia que el anterior Gobierno llevó a cabo demoliciones
arbitrarias de propiedades adquiridas legítimamente que ahora, por la acción
progresiva del mar, se encuentran dentro del dominio público marítimo
terrestre. Al respecto, la Diputación solicita una moratoria en la ejecución de
expedientes hasta que entre en vigor la reforma de la ley, anunciada por el
ministro Miguel Arias Cañete el pasado mes de enero.
Los representantes provinciales también han preguntado si se va a mantener el
plan de construcción de 13 espigones entre Burriana y Sagunto, equivalente a
una inversión de 60 millones de euros, que resolvió el anterior Gobierno días
antes de dejar el poder. Se trata de aplicar dos alternativas descritas en un
estudio de la Universidad de Cantabria contra la erosión. La Dirección General
de Costas ha explicado que se está revisando la documentación y que en breve
se sabrá si se tira adelante con el proyecto. Cabe señalar que diversos estudios
confirman que el proceso de regresión del litoral de Castellón es el más grave
de la Comunidad Valenciana y uno de los más preocupantes de España.
Mario García ha valorado de forma “muy positiva esta reunión, ya que el
Ministerio ha demostrado su voluntad de colaborar con la administración
provincial y de facilitar toda la información a la plataforma así como a todos los
afectados. Se trata de un cambio de actitud muy importante, ya que el anterior
Gobierno ha sido hermético con nosotros respecto a esta problemática”.
“La defensa de las viviendas pasa necesariamente por la protección integral del
litoral de Castellón, ya que de lo contrario el mar seguirá ganándole terreno a la
costa y amenazando el bienestar de nuestros vecinos y el futuro desarrollo de
nuestras ciudades”, ha añadido García.
La apuesta de la Diputación por la plataforma responde a la petición de los
municipios afectados, quienes solicitaron el apoyo del ente provincial ante la
administración central y la Unión Europea, para coordinar las acciones
necesarias en relación a la defensa de los intereses de los ciudadanos y
preservar el litoral.

PROPONE-INCLUIR-PRESUPUESTOS-DEMOLICION-ANOALGARROBICO-
20120503162541.HTML
Viernes, 4 de mayo 2012
ENMIENDAS PARCIALES
PSOE propone incluir en los PGE la demolición de El Algarrobico este año
UPyD pide en dos enmiendas 4,5 millones de euros para derribar el hotel y
recuperar la playa
MADRID, 3 May. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha presentado en una de sus 700 enmiendas al proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado (PGE) que dichas cuentas del Estado para
2012 contemplen y garanticen este año la demolición del hotel construido en el
paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería).
Así lo ha asegurado en un encuentro informativo en el Congreso de los
Diputados este jueves la portavoz de Medio Ambiente del PSOE en el
Congreso, Leire Pajín, quien cree que es la forma más conveniente de asegurar
dicho derrumbe después de que se haya instado a ejecutar dicha demolición en
varias ocasiones al ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, además de las
sentencias que a su juicio obligan al Estado a proceder a la destrucción de dicho
hotel almeriense.
Arias Cañete ya señaló a finales de marzo que, aunque el Gobierno respeta la
decisión del TS de declarar ilegal el hotel, este caso aún tiene “un largo
recorrido jurídico”, ya que aún cuenta con dos procedimientos judiciales en
curso, uno contra la licencia de la obra y otro contra el plan urbanístico del
municipio. Es más, subrayó que es la Junta de Andalucía la que tiene la
competencia para, en su caso, decidir sobre el derribo en el momento en el que
“no haya impedimento jurídico”.
Con todo ello, lo que propone el PSOE es añadir una nueva disposición
adicional a estos PGE para 2012 en la que plantea la “demolición del hotel de
Azata del Sol” con el consiguiente texto: “Durante el año 2012 se realizarán las
actuaciones necesarias para la demolición del hotel Azata del sol, ubicado en el
paraje El Algarrobico, en el parque natural de Cabo de Gata (Carboneras),
habilitándose a tal efecto los créditos presupuestarios necesarios”.
En este sentido, argumenta que hay que dotar de los recursos suficientes para
dar cumplimiento a la sente
Ley de Costas de 1988, y a la distancia de 100 metros de servidumbre que
establece, obliga a la demolición de este hotel.
UPyD TAMBIÉN QUIERE LA DEMOLICIÓN EN LOS PGE
El PSOE no es la única formación que h
la demolición de El Algarrobico ya que UPyD ha registrado también dos
enmiendas parciales en las que reclama que las cuentas públicas incluyan 4,5
millones de euros para demoler el hotel y la posterior recuperación de
En concreto, la ‘formación magenta’ reclama 1,5 millones de euros para derribar
la construcción de la promotora Azata al considerar que la decisión del Tribunal
Supremo, que declaró ilegal parte del hotel “puede considerarse un
pronunciamiento judicial en firme”.
Así, UPyD pide que se lleve a cabo el protocolo que la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y del Mar firmó con la Junta de Andalucía, en
noviembre de 2011, para la recuperación de la playa ubicada en el Parque del
Cabo de Gata y por el cual se comprometía “siempre que no se contravenga lo
que dispongan los pronunciamientos judiciales que se dicten” y “de
conformidad con las disponibilidades presupuestarias”.
Para la posterior recuperación del paraje, la formación liderada por R
reclama tres millones de euros que, al igual que la partida que pide que se
destine a tirar la construcción, será detraída de la dotación correspondiente al
Fondo de Contingencia.

http://www.afectadosleydecostas.net/

2012/05/03 NOTA DE PRENSA El nuevo Director General de Costas se reúne
con la PNALC
4 de mayo de 2012 | Autor:
sentencia del Tribunal Supremo que, en aplicación de la
ha pedido una dotación en los PGE para
dicial Cliff_ks34_Carter
ncia a la playa.
Rosa Díez
3 de Mayo de 2012
El nuevo Director General de Costas se reúne con la Plataforma Nacional de
Afectados por la Ley de Costas
La reunión tenia como motivo cambiar impresiones con el Presidente de la
Plataforma, José Pedro Fernández y su abogado, José Ortega, sobre el contenido
de la futura reforma de la ley de costas.
En la sesión, el Director General y su equipo han empleado como guía el
proyecto de reforma de la ley de costas elaborado en 2009 por la Plataforma. Se
han ido discutiendo una a una todas las propuestas con un índice de acuerdo
muy alto, incluso en cuanto a la delicada cuestión de la modificación de las
definiciones del dominio público. En algunos artículos la coincidencia de
puntos de vista era tal que ni siquiera ha habido necesidad de leerlos. No ha
habido ni una sola de las reformas propuestas por la Plataforma que fuese
rechazada, si bien se han constatado dificultades técnicas para asumir alguna de
ellas.
El Director General de Costas ha valorado la coherencia y seriedad del
documento de la Plataforma, que es un texto articulado con una exposición de
motivos donde cada modificación en la ley queda cumplidamente justificada.
No obstante, este entendimiento no implica que las cuestiones estudiadas pasen
necesariamente al texto del proyecto de ley puesto que aun hay que asentar y
estructurar las ideas.
La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas inició sus
actividades en enero de 2008 elaborando un extenso informe sobre aplicación
abusiva de la ley de costas que presentó como denuncia ante el Parlamento
Europeo, consiguiendo que esta institución declarase en 26 de marzo de 2009
que España estaba aplicando la ley de costas con arbitrariedad, de forma
retroactiva y sin indemnización suficiente, reclamando su reforma. Ésta
declaración es la que movió a la Plataforma a elaborar el proyecto de reforma
legal que hoy se ha discutido.

El nuevo Director General de Costas se reúne con la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas

La reunión tenia como motivo cambiar impresiones con el Presidente de la Plataforma, José Pedro Fernández y su abogado, José Ortega, sobre el contenido de la futura reforma de la ley de costas.
En la sesión, el Director General y su equipo han empleado como guía el proyecto de reforma de la ley de costas elaborado en 2009 por la Plataforma. Se han ido discutiendo una a una todas las propuestas con un índice de acuerdo muy alto, incluso en cuanto a la delicada cuestión de la modificación de las definiciones del dominio público. En algunos artículos la coincidencia de puntos de vista era tal que ni siquiera ha habido necesidad de leerlos. No ha habido ni una sola de las reformas propuestas por la Plataforma que fuese rechazada, si bien se han constatado dificultades técnicas para asumir alguna de ellas.
El Director General de Costas ha valorado la coherencia y seriedad del documento de la Plataforma, que es un texto articulado con una exposición de motivos donde cada modificación en la ley queda cumplidamente justificada. No obstante, este entendimiento no implica que las cuestiones estudiadas pasen necesariamente al texto del proyecto de ley puesto que aun hay que asentar y estructurar las ideas.
La Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas inició sus actividades en enero de 2008 elaborando un extenso informe sobre aplicación abusiva de la ley de costas que presentó como denuncia ante el Parlamento Europeo, consiguiendo que esta institución declarase en 26 de marzo de 2009 que España estaba aplicando la ley de costas con arbitrariedad, de forma retroactiva y sin indemnización suficiente, reclamando su reforma. Ésta declaración es la que movió a la Plataforma a elaborar el proyecto de reforma legal que hoy se ha discutido.

Contacto: José Ortega 629511225

José Ortega
ABOGADO

dominio-publico-maritimo-terrestre
DIARIO ECONOTICIAS.COM
La Ley de Costas supondrá una clarificación de la ocupación del dominio
público-marítimo terrestre
Concretamente, el texto señala que se procederá a clarificar el concepto de
dominio público marítimo-terrestre, así como a flexibilizar los mecanismos
para su ocupación. Igualmente
El Gobierno precisa, en el documento sobre el Plan Nacional de Reformas
remitido esta semana a la Comisión Europea, que la reforma de la Ley de
Costas supondrá una clarificación y flexibilización de la ocupación del dominio
público-marítimo terrestre.
Concretamente, el texto señala que se procederá a clarificar el concepto de
dominio público marítimo-terrestre, así como a flexibilizar los mecanismos para
su ocupación. Igualmente, explica que se flexibilizarán los usos en servidumbre
de protección, al tiempo que se clarificará el régimen sancionador y la
tipificación de infracciones.
Pero, a la vez, el Ejecutivo adelanta que se actuará sobre el régimen de
compensaciones por la pérdida de propiedades y otros títulos y se mejorará la
coordinación y cooperación entre las administraciones públicas con
competencias sobre el litoral. Asimismo, se garantizará, según el Gobierno, el
acceso a la información sobre la situación de los bienes y derechos en el
dominio público marítimo terrestre.
Así, explica que el objetivo de estos cambios es aprobar un nuevo régimen
jurídico del dominio público marítimo terrestre dirigido a conciliar “la necesaria
protección del litoral con una mayor garantía y seguridad para los titulares de
derechos en el dominio público”.
“España cuenta con una importante longitud de costa (más de 10.000
kilómetros), sometida a una fuerte presión demográfica y turística, entre otros
factores. Ello, junto a la fragilidad física del litoral, determina la necesidad de
establecer un régimen de protección”, argumenta.
MÁS FLEXIBILIDAD EN LA GESTIÓN DEL AGUA
Por otro lado, el Ejecutivo detalla la reforma de la Ley de Aguas que llevará a
cabo para “contribuir a una gestión más eficaz y coordinada”. En este sentido,
plantea una gestión que preserve el “principio fundamental de unidad de
gestión de cuenca” y permita “reaccionar con rapidez ante los problemas que se
detecten en las masas de agua subterráneas, así como contar con una mayor
flexibilidad para gestionar las disponibilidades de agua en las masas que
cuenten con un plan de actuación”.
En este sentido, plantea la inclusión de figuras de proyección y mecanismos
administrativos de actuación ante situaciones atmosféricas desfavorables, como
las sequías que, en su opinión, “han de redundar en una mejora del estado tanto
cuantitativo como químico de las aguas subterráneas y de los sistemas terrestres
asociados”.
Además, asegura que se llevará a cabo una simplificación administrativa,
eliminando aquellos mecanismos de intervención que, por su propia
complejidad, resultan ineficaces e imponen demoras para los ciudadanos y
dificultades para las Administraciones Públicas.
Junto con ello, plantea incentivar, como mecanismo potestativo, la
transformación de los derechos de aprovechamiento privados de aguas a
derechos concesionales, con el objetivo, entre otros, de facilitar y mejorar la
gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables. Finalmente,
propone reforzar la potestad sancionadora en materia de aguas.

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2012/05/03/urbanismo-resuelveprimeras-

solicitudes-declaracion-viviendas-fuera-ordenacion/645452.html
DIARIO FARO DE VIGO
SANXENXO
Urbanismo resuelve las primeras solicitudes de declaración de viviendas fuera
de ordenación
El Concello recibió 86 peticiones para acogerse a esta disposición legal de
edificaciones ejecutadas sin licencia antes de 2003
REDACCIÓN – SANXENXOEl Concello de Sanxenxo ha contabilizado un total
de 86 solicitudes para acogerse a la Ley de Ordenación urbanística y protección
del medio ambiente de Galicia.
Tras finalizar el pasado día 20 el plazo establecido por la disposición transitoria
tercera de la Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación
de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del
medio rural de Galicia que propició la incursión en la situación legal de fuera
de ordenación de edificaciones ejecutadas sin licencia que estuvieran
terminadas antes del 1 de enero de 2003, el Concello de Sanxenxo ha
contabilizado estas 86 solicitudes para acogerse a esta medida.
De ellas, 45 corresponden a viviendas, 15 a edificaciones, 13 a uso hotelero, 6 a
naves, 2 a bares y 5 a construcciones de diversa índole.
Según explicó la concejala delegada de esta área, María Deza, la Xerencia
Municipal de Urbanismo ya ha resuelto favorablemente los seis primeros
expedientes tramitados en virtud de esta normativa.
Eso sí, para aquellas viviendas que se encuentran en suelo rústico de protección
de costas, de aguas o de espacios naturales es necesario también contar con el
visto bueno de la Comisión Superior de Urbanismo por lo que la tramitación se
dilata.
El objetivo de esta disposición no es otro que reforzar la seguridad jurídica y
alcanzar una mayor estabilidad en el tráfico inmobiliario, de forma que las
edificaciones realizadas sin permiso o sin la autorización autonómica
preceptiva, respecto de las cuales en el momento de entrada en vigor de la ley
hubiera transcurrido el plazo legalmente establecido en su artículo 210.2 sin que
la administración adoptase ninguna acción dirigida a la restauración de la
legalidad urbanística o medioambiental, queden incorporadas al patrimonio de
su titular.
En este sentido, María Deza insistió en que el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la disposición transitoria, no conlleva en ningún caso la
legalización de lo construido sino tan sólo la mera aceptación de una situación
de hecho.
Entre las exigencias marcadas destaca la necesidad demostrar que la
construcción culminó antes de 2003 y que fue acometida sin licencia o sin la
preceptiva autorización autonómica, que no esté ubicada sobre terrenos
calificados por el planeamiento como zona verde, espacio libre, dotación o
equipamiento público y que no hubiese sido objeto por parte de la
Administración de la adopción de medidas de restauración de la legalidad
urbanística o ambiental antes de la entrada en vigor de la Ley 2/2010.

Concretamente, el texto señala que se procederá a clarificar el concepto de dominio público marítimo-terrestre, así como a flexibilizar los mecanismos para su ocupación. Igualmente, explica que se flexibilizarán los usos en servidumbre de protección, al tiempo que se clarificará el régimen sancionador y la tipificación de infracciones.

Pero, a la vez, el Ejecutivo adelanta que se actuará sobre el régimen de compensaciones por la pérdida de propiedades y otros títulos y se mejorará la coordinación y cooperación entre las administraciones públicas con competencias sobre el litoral. Asimismo, se garantizará, según el Gobierno, el acceso a la información sobre la situación de los bienes y derechos en el dominio público marítimo terrestre.

Así, explica que el objetivo de estos cambios es aprobar un nuevo régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre dirigido a conciliar “la necesaria protección del litoral con una mayor garantía y seguridad para los titulares de derechos en el dominio público”.
“España cuenta con una importante longitud de costa (más de 10.000 kilómetros), sometida a una fuerte presión demográfica y turística, entre otros factores. Ello, junto a la fragilidad física del litoral, determina la necesidad de establecer un régimen de protección”, argumenta.
MÁS FLEXIBILIDAD EN LA GESTIÓN DEL AGUA

Por otro lado, el Ejecutivo detalla la reforma de la Ley de Aguas que llevará a cabo para “contribuir a una gestión más eficaz y coordinada”. En este sentido, plantea una gestión que preserve el “principio fundamental de unidad de gestión de cuenca” y permita “reaccionar con rapidez ante los problemas que se detecten en las masas de agua subterráneas, así como contar con una mayor flexibilidad para gestionar las disponibilidades de agua en las masas que cuenten con un plan de actuación”.

En este sentido, plantea la inclusión de figuras de proyección y mecanismos administrativos de actuación ante situaciones atmosféricas desfavorables, como las sequías que, en su opinión, “han de redundar en una mejora del estado tanto cuantitativo como químico de las aguas subterráneas y de los sistemas terrestres asociados”.

Además, asegura que se llevará a cabo una simplificación administrativa, eliminando aquellos mecanismos de intervención que, por su propia complejidad, resultan ineficaces e imponen demoras para los ciudadanos y dificultades para las Administraciones Públicas.

Junto con ello, plantea incentivar, como mecanismo potestativo, la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de aguas a derechos concesionales, con el objetivo, entre otros, de facilitar y mejorar la gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables. Finalmente, propone reforzar la potestad sancionadora en materia de aguas.

planta-local-biomasa-convencida-seguir-lourizan/644971.html
DIARIO FARO DE VIGO
Ence mantiene el proyecto de planta local de biomasa, convencida de seguir en
Lourizán
La empresa afirma que su apuesta por las renovables creará 2.600 empleos
directos e indirectos en Galicia
Instalaciones de la fábrica de Ence en Lourizán. // Rafa Vázquez
B. MÁRQUEZ – PONTEVEDRAEnce Energía y Celulosa mantiene “vivo” el
proyecto de construcción de una planta de biomasa en Lourizán, convencida de
que podrá permanecer en su actual ubicación más allá de 2018. Este
convencimiento fue expresado por Ignacio Colmenares, consejero delegado de
la compañía, en la reciente junta de accionistas celebrada en Madrid en la que
aludió a la controversia política y social existente en la ciudad del Lérez sobre la
continuidad o traslado de la fábrica de Pontevedra y a las buenas expectativas
generadas por el anuncio de modificación de la Ley de Costas (relajación de la
protección del litoral) hecho por el ministro de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
La central energética de biomasa local se inscribe en un plan más ambicioso de
inversiones para Galicia presentado, a finales del pasado año, a la Xunta y que
está ligado directamente “a la actividad de Ence en el sector forestal gallego y a
la producción de celulosa en el complejo de Pontevedra”, según explicó en su
día Colmenares. Se trataría de una planta de 50 Mw, con una capacidad de
generación de energía idéntica a la que se está construyendo en Huelva y que
será la más grande de las existentes en España.
Las previsiones de Ence sitúan el arranque de actividad de la planta de biomasa
onubense en el último trimestre del 2012. Paralelamente este año el grupo inicia
la construcción de una segunda central energética, de 20 Mw, en Mérida con el
objetivo de que esté operativa en el 2014.
Posibles localizaciones
Las inversiones proyectadas por el grupo empresarial que lidera Juan Luis
Arregui para Galicia contemplan, además de la planta de biomasa pensada para
el complejo de Lourizán, la puesta en funcionamiento de otras dos centrales de
40 Mw que se levantarían –las localizaciones exactas están por definir– en algún
punto entre Pontevedra y Santiago y en el norte de Galicia, en A Mariña lucense
o en la Costa da Morte.
El Grupo Ence cifra en aproximadamente 450 millones de euros la inversión
necesaria para la construcción de las tres plantas de energía renovables
pensadas para la Comunidad autónoma, las cuales conllevarían la creación de
cerca de 2.600 puestos de trabajo directos e indirectos y la compra de 1,3
millones de toneladas anuales de eucaliptos de explotaciones gallegas.
La materia prima de la biomasa está constituida por cortezas de madera,
residuos forestales y los residuos de cocción de madera (licor negro) generados
en las fábricas de celulosa.
El consejero delegado hace hincapié en los beneficios económicos y laborales
pero también en lo que significarían la puesta en marcha de estos proyectos de
fijación de la población rural.
Apuesta por Galicia
“Creo que son cifras elocuentes, especialmente en la difícil situación económica
que atravesamos, que reclama motores de desarrollo económico y de creación
de empleo y que justifican el mantenimiento de la presencia y las operaciones
de Ence en Galicia” señaló en una intervención en Santiago Ignacio Colmenares.
Ence está interesada en permanecer en Galicia, en donde posee una fábrica que
es referente mundial en producción de celulosa ecológica (totalmente libre de
cloro), es propietaria o gestiona un amplio patrimonio forestal y cuenta con
bases sólidas para el desarrollo, a medio plazo, de negocios de producción
energética.
Aún así, y fundamentalmente debido a la existencia de una contestación social
y política a su actividad industrial, la comunidad es fuente de “muchas
preocupaciones”, tal como reconoce el propio presidente de Ence, Juan Luis
Arregui, quien en cualquier caso confía en vencer las “resistencias” actuales y
mantener e incrementar la actividad de la compañía en Galicia.
Ence es ya a día de hoy una empresa líder en la producción de energía
renovable a partir de biomasa, aportando al mercado nacional el 36,4% de la
cuota de producción.
Además genera electricidad y calor en sus tres fábricas de celulosas
(Pontevedra, Navia-Asturias y Huelva) suficiente para sus respectivos
autoabastecimientos y vende el excedente a la red nacional. En la planta
pontevedresa, por ejemplo, produce una cantidad de electricidad anual
equivalente al consumo de 66.000 hogares.

http://www.laopiniondemalaga.es/costa-sol-occidental/2012/05/02/empresariohidropedales-

debera-compartir-zona-vez/503472.html
DIARIO LA OPINION DE MÁLAGA
Torremolinos
El empresario de hidropedales deberá compartir zona otra vez
El Ayuntamiento asegura que el año que viene convocará el concurso donde
volverá a obtener licencia y podrá escoger parcela
Daniel Pérez, tendrá que compartir zona un año más. Carmen Romera
Mientras, le ofrece una zona en La Carihuela
CARMEN ROMERAEl propietario del canal náutico para embarcaciones lentas
(hidropedales) de Torremolinos, Daniel Pérez, que lleva más de un año
pidiendo al Ayuntamiento del municipio que le devuelva su licencia para poder
trabajar, tendrá que utilizar una zona compartida en la playa de La Carihuela.
Así se lo ha indicado el propio Consistorio, que le ha ofrecido la zona después
de denegar a Pérez por segunda vez un permiso para poder ofrecer sus
servicios este verano en la zona que anteriormente ocupaba. Esto ocurre
después de que, según él mismo denunció, el Consistorio le quitara la licencia
porque no se cumplía la normativa aprobada en 2005 por la Ley de Costas, que
obligaba a establecer 400 metros entre las parcelas. Desde entonces, el
Ayuntamiento de Torremolinos y la Demarcación de Costas no hicieron más
que eximirse de culpa y responsabilizarse el uno al otro.
El Consistorio culpaba a la Demarcación de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente de haber denegado a Daniel Pérez la concesión para esta explotación,
y Costas devolvía la pelota al Consistorio alegando que le correspondía a éste
dicha competencia.
Lo cierto es que a Costas le concierne la autorización del Plan de Balizamiento
de las playas de la Costa del Sol Occidental pero el Consistorio es el responsable
de conceder estas licencias. Mientras tanto, Pérez realizó una huelga de hambre
para conseguir un permiso que nunca llegó.
No obstante, el Ayuntamiento permitió a Pérez compartir parcela con su vecino
y poder ofrecer sus servicios durante los últimos días del verano,
prometiéndole que «este año convocaría el concurso en el que podría elegir su
propia zona», explica el empresario a este rotativo. Sin embargo, todo parece
indicar que el concurso se celebrará finalmente el año que viene, por lo que la
oferta del Consistorio de Torremolinos ha sido la misma que el pasado año: una
zona compartida.
La solución no satisface a Daniel Pérez, aunque considera que si no acepta la
oferta perderá sus derechos y su antigüedad y no podrá escoger su zona
cuando se convoque el concurso. «Si digo que no, el Ayuntamiento hará un
escrito diciendo que reniego de la zona y perderé todos los derechos que tengo.
El problema es que el empresario con el que compartiría la zona, al que le
agradezco su disposición a hacerlo, también tiene hidropedales, además de
bananas y paracaídas. Esto supone que las ganancias no serían íntegras ni para
él ni para mí, y al final es lo comido por lo servido», cuenta. No obstante, va a
solicitar al Consistorio que al aceptar esta zona náutica compartida le cobren
sólo la mitad de lo que pagaba años anteriores por explotar una zona en
solitario.
Daniel Pérez lleva 23 años trabajando en este negocio. Tuvo una concesión para
canal de hidropedales en la playa de La Carihuela hasta 2009, momento en el
que lo trasladaron a Playamar. Fue entonces cuando inició el primer proceso
judicial contra el Ayuntamiento, que hasta el momento no ha sido resuelto.

http://www.laopinion.es/tenerife/2012/05/02/ayuntamiento-mojaigueste/

411048.html
DIARIO LA OPINION DE TENERIFE
El Ayuntamiento se moja con Igueste
El gobierno local exige a Costas una moratoria para evitar el derribo de las casas
que incumplen la Ley
Panorámica del núcleo costero de Igueste de San Andrés. josé luis gonzález
ANDRÉS LOBATO
SANTA CRUZ DE TENERIFEEl grupo de gobierno de Santa Cruz propondrá
durante el próxima pleno un mensaje de apoyo “rotundo y sin fisuras” a los
vecinos de Igueste de San Andrés en su pugna con la Dirección General de
Costas para mantener sus viviendas. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha
encargado la redacción de una moción institucional contra los derribos de los
inmuebles afectados por la Ley de Costas en este enclave del litoral chicharrero.
Una vez aprobada la moción, algo que no ofrece dudas por el apoyo ya
comprometido de la totalidad de los grupos políticos a los afectados de Igueste,
la propia administración capitalina remitirá el documento al Parlamento
Europeo. De este modo, el gobierno local pretende evitar la aplicación de la
normativa de Costas en este núcleo poblacional.
En la elaboración del texto colaborará el abogado y portavoz en Canarias de la
Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa, según
se acordó en un encuentro que este mantuvo con Bermúdez y al que también
asistieron el primer teniente alcalde y edil de Economía, Julio Pérez, el concejal
de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, y el responsable del Distrito
Anaga, Fernando Ballesteros, así como varios técnicos municipales.
Langa considera que la apertura de esta vía por parte de la administración
municipal “facilitar mucho” la lucha de los vecinos para preservar sus casas y
fincas. “Se trata de buscar soluciones para que los vecinos no pierdan sus
inmuebles y que prime el interés general”, señaló Langa. El abogado y portavoz
de la Asociación Europea de Afectados por la Ley de Costas apuntó que la
aprobación de la moción institucional busca que el Ministerio de Medio
Ambiente respete este enclave costero.
“Buscamos dar tranquilidad a los propietarios afectados. Nuestra intención es
que, al igual que sucede en otros puntos de Canarias como Valle Gran Rey o
Los Roques, la normativa no suponga una condena para la historia y la
tradición de las Islas”, añadió
La futura moción institucional se suma a otras acciones por parte del
Ayuntamiento en favor de los vecinos de Igueste de San Andrés afectados por
la normativa de Costas. En la última, hace apenas dos meses, la administración
capitalina ya ofreció sus servicios jurídicos para defender los inmuebles
situados dentro de los límites del dominio público marítimo terrestre. Por aquel
entonces, Bermúdez se comprometió en una reunión con los afectados y con
varios colectivos de la zona a poner a su disposición toda la ayuda posible.
Sentencia
La última sentencia de la Audiencia Nacional establece que 97 parcelas y 22
viviendas del barrio se encuentran dentro de los 100 metros fijados como los
límites del dominio público marítimo y que, por lo tanto, podrían ser
eliminadas en aplicación de la actual Ley de Costas.
La sentencia avala la postura de Medio Ambiente de establecer el deslinde del
dominio público marítimo terrestre en 100 metros, y no en los 20 que solicitaban
los propietarios afectados por la normativa de costas.
Según el documento de la magistrada Elisa Veiga, los terrenos afectados, que
constituyen prácticamente la mitad de todas las edificaciones de esta localidad,
no estaban calificados como suelo urbano en el Plan General de Ordenación de
1957. Del mismo modo, recuerda que en la reforma del planeamiento de 1992
dichos terrenos figuran como rústicos.
Durante la última reunión, el equipo de gobierno local también informó a José
Luis Langa de que la actual revisión del PGO no modificará la calificación de
estos terrenos. “Sabía que el Ayuntamiento no podría realizar este cambio, pero
quería conocer cuál era su postura sobre Igueste”, explicó para recordar que
presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para defender los
intereses de estos propietarios.

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2012/04/30/sociedad/euskadi/estancreando-

mecanismos-coactivos-para-lograr-la-sumision-del-ciudadano-con-elestado
DIARIO NOTICIAS DE GUPIZCOA
josé ortega abogado de la asociación española de afectados por la ley de costas
“Están creando mecanismos coactivos para lograr la sumisión del ciudadano
con el Estado”
Ortega es el abogado que más demandas ha ganado al Estado en materia de Ley
de Costas. Gracias a su labor, hoy se mantienen en pie varios pueblos enteros de
Canarias que el Estado quería derribar. A pesar de sus éxitos, denuncia la
precaria situación judicial que padecen los afectados
iraitz astarloa- Lunes, 30 de Abril de 2012 – Actualizado a las 05:28h
Donostia. Consciente de que el Estado gana el 99,9% de los litigios en materia
de costas, Ortega continúa luchando contra la injusta situación que padecen
400.000 familias de todo el Estado. Su estrategia: que el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos admita los casos de estos millares de afectados, ya que “no
se puede esperar nada” de los tribunales estatales.
¿En qué situación se encuentran ahora mismo los afectados?
Parece que puede haber una cierta moderación en la aplicación de la Ley de
Costas, lo que no significa que se hayan paralizado los derribos. Se puede decir
que se ha levantado el pie un poco del acelerador, pero sigue habiendo mucha
gente que está en el corredor de la muerte.
¿Puede atribuirse este cambio de actitud al cambio de Gobierno?
Yo no lo achacaría directamente a eso porque el cambio de gobierno todavía
tiene que notarse, se tienen que hacer con los cargos, con la situación… Además,
en el último año de Gobierno socialista ya hubo un giro de 180º en la aplicación
de la ley.
El pasado 9 de abril el ministro de Medio Ambiente informó de que la nueva
ley de costas llegará antes del verano.
Eso es absolutamente imposible. Ahora mismo no hay un texto escrito conocido
así, que a lo sumo se mandará al Parlamento un proyecto de ley. Ahora con la
mayoría absoluta todo es más fácil y puede que el proceso sea más rápido, pero
creo que dos años sería un plazo muy realista para que llegue la ley.
¿De qué manera va a afectar la nueva ley a las familias sometidas a la Ley de
Costas?
Pienso que la nueva ley no va a cambiar nada ni va a hacer absolutamente nada
por ellos. El Gobierno le va a dar una capita de barniz al tema, pero no creo que
cambie absolutamente nada.
Así que el cambio no invita a ser optimistas.
El ministro dijo que va a facilitar la desafección -dejar de considerar de dominio
público una zona así considerada- de las zonas degradadas, lo que puede
provocar arbitrariedades. Entiendo que las zonas degradadas son aquellas que
más urbanizadas están, es decir, barrios o grandes urbanizaciones que afectan a
miles de familias. Las cuatro o cinco familias que viven en su casita, aislados, no
viven en zonas degradadas porque están menos construidas, por lo que se va a
producir un trato más favorable por el mero hecho de pertenecer a un grupo
grande.
¿Tienen alguna posibilidad los afectados de ganar la batalla judicial al
Estado?
Lo que se está produciendo en la Audiencia Nacional es un espectáculo. Te
dicen a todo que no. Yo soy el abogado que más veces le ha ganado a Costas,
quien más deslindes he conseguido anular y, con todo, el Estado está ganando
el 99,9% de los litigios.
¿Qué ocurre con los Tribunales de primera instancia?
Primero, que te dicen a todo que no y luego, respecto a la calidad de la
sentencia, dan la vuelta a tus argumentos, los despiezan, los descomponen, los
separan de su contexto de una forma irritante en favor del Estado.
¿Cabe recurrir ante el Tribunal Supremo?
Desde hace tres años, en el Tribunal Supremo han decidido no admitir
absolutamente nada a trámite por motivos estrictamente formales. Hemos
llegado a una situación en la que no se están admitiendo recursos por escribir
una coma en lugar de un punto. Estamos en un proceso en el que la
administración de justicia se está disipando por los aires.
¿Qué ocurre con el Tribunal Constitucional?
Nos encontramos con que si ya era poca la subjetividad con la que aceptan las
sentencias, desde 2007 se ha introducido un nuevo requisito, que desde mi
punto de vista es una vergüenza enorme, para admitir los recursos a trámite.
Entienden que para admitirla a trámite tiene que tener relevancia
constitucional, es decir, te están diciendo que te pueden estar violentando uno o
más derechos fundamentales de la persona y, a pesar de todo, no te lo admiten
si no tiene especial relevancia en la interpretación de la Constitución.
¿Se enfrentan los afectados a alguna traba más?
Con la reforma de las leyes procesales se introdujo en concepto de la condena
en costas, es decir, que si tú pierdes el procedimiento, donde antes no existía
consecuencia económica alguna, ahora te condenan a pagar los honorarios del
abogado del Estado. Esto en una situación en la que tienes un 1% o 2% de
probabilidad de ganar el litigio se traduce en que están creando
legislativamente mecanismos coactivos para lograr la sumisión del ciudadano
contra el Estado, y esto es muy serio.
¿En que situación nos quedamos los ciudadanos?
No se puede esperar nada de los jueces en este país. El Estado se está
convirtiendo en una especie de vaca sagrada y lo que están haciendo los
tribunales es que no haya capacidad de reacción por parte de los ciudadanos
contra el Estado. Se está produciendo una sumisión-resignación entre los
ciudadanos y esto es absolutamente grave porque está haciendo peligrar la
calidad de la democracia.
¿Esta situación va a prolongarse mucho en el tiempo?
Tengo la sensación de que en un plazo de 10-15 años esta situación tan extraña
y tan injusta de los tribunales en España se va a tener que normalizar a
consecuencia de la cascada de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos de Estrasburgo.
¿Es esta la última instancia que les queda a los afectados?
La gente cree que es otra instancia más, pero no. Es un convenio por los
derechos fundamentales de la persona, por lo que yo lo que hago es, desde el
minuto cero, vincular el litigio con el convenio europeo de derechos humanos
porque, como en la vía judicial española no cabe esperar nada, la única opción
es que este tribunal admita el caso.

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2012/04/30/sociedad/euskadi/la-ley-decostas-

afecta-en-euskadi-a-19800-propiedades-y-59400-personas
DIARIO NOTICIAS DE GUIPUZCOA
La Ley de Costas afecta en Euskadi a 19.800 propiedades y 59.400 personas
el pnv pide que se detengan los derribos y denuncia que es una norma
inconstitucional
Muchos afectados se sumergen en batallas legales eternas a sabiendas de que el
Estado gana el 99% de los litigios
iraitz astarloa- Lunes, 30 de Abril de 2012 – Actualizado a las 05:28h
Donostia. Desde que entró en vigor a finales de los años 80, la Ley de Costas ha
estado envuelta en la polémica. Empuñando la bandera del ecologismo, se han
producido derribos arbitrarios, confiscaciones sistemáticas, se han dejado
abandonados prados costeros que antes cuidaban pastores y ganaderos, e,
incluso, se han intentado hacer desaparecer pueblos enteros del litoral. La ley
afecta a 1.400.000 personas en todo el Estado, 59.400 de ellas en Euskadi, lo que
se refleja en 19.800 propiedades. Muchos de ellos han visto peligrar unas
propiedades adquiridas legalmente y se han sumergido en batallas jurídicas
que se eternizan en el tiempo sin grandes esperanzas de conseguir resultados
positivos, ya que el Estado gana el 99% de los litigios.
La situación ha llegado a tal extremo que se han presentado varias mociones en
el Senado para paralizar las acciones contra los afectados. “Creemos que hay
que frenar toda esta actividad administrativa que está generando tanta
injusticia y queremos que no se produzca ningún derribo más hasta que no se
genere una ley más justa y más legal”, advierte Lorea Leanizbarrutia, portavoz
jeltzale en la Cámara Alta de Madrid. Y es que precisamente han sido los
nacionalistas quienes, vistas “las injusticias que se están produciendo”, han
presentado una moción para cambiar la ley.
“Es una ley incoherente que no tiene ningún sentido. Está hecha por gente que
desconoce totalmente el litoral de la península, que es muy del centro, de la
meseta, que ha hecho café con leche para todos, pero es que no es lo mismo el
Atlántico que el Mediterráneo y tampoco es lo mismo la degradación de la costa
en Levante que en el norte. Si el Manzanares fuese navegable, esta ley no habría
salido adelante”, denuncia Leanizbarrutia.
confiscaciones Una de las críticas que se hacen a esta ley es que, bajo el pretexto
del cuidado del litoral, el Estado ha intentado apropiarse de unos terrenos que
no le corresponden. “Esta ley estipula que todo lo que hay entre la marea alta y
la baja es propiedad del Estado y de nadie más. Por ello, se están confiscando
propiedades que las familias han adquirido legalmente, muchas incluso antes
de que la ley entrara en vigor, sin darles ningún tipo de indemnización a
cambio. Esto ha provocado que el Estado haya quitado su casa a familias que la
habían comprado de forma legal, al considerarlo que están construidas en
terrenos de dominio público, y, además, provoca que estas familias tengan que
seguir pagando una hipoteca, lo que es una auténtica barbarie”, califica.
Por su parte, los afectados vienen denunciando que se están produciendo
situaciones de gran arbitrariedad. “Hay personas a las que se les están
confiscando sus propiedades y a otras, que están en la misma situación, no. En
Urdaibai, por ejemplo, hay tres molinos de mareas en la misma zona y solo han
confiscado uno”, cuenta la jeltzale. “Pero es que además han ido a confiscar el
único ejemplar de molino de mareas con turbinas de piedra del mundo. Su
dueño no lo puede cuidar, ni reparar y, ahora, ya no sabemos ni si funciona. Les
da igual acabar con el patrimonio”, añade.
Pero es que además de atentar contra numerosos derechos de la propiedad
recogidos en la Constitución, esta ley interfiere con las competencias registradas
en los estatutos de autonomía. “La Constitución reconoce la figura de los
términos municipales y hay municipios que llegan hasta el mar. En este caso, al
pasar la zona de mareas a ser propiedad del Estado, si vives en esa franja de
tierra no pertenecerías a tu municipio sino a terrenos del Estado español”,
explica Leanizbarrutia. “Esto, como nacionalistas, no lo podemos permitir”,
insiste.
Además de todas las injusticias que se están produciendo, esta ley también está
acarreando importantes problemas medioambientales. “El Estado ha prohibido
utilizar los prados que se servían de zona de pasto para animales y que eran
terrenos cuidados por los propios caseros. Esto ha provocado que con la
polinización estén entrando un montón de malas hierbas y que se esté
generando un auténtico desastre medioambiental. Y es que no nos podemos
olvidar de que ha sido la mano del hombre la que ha ido generando el paisaje”,
manifiesta Leanizbarrutia. “El litoral se está deteriorando completamente
porque no se labra, no se trabaja la tierra. Se están generando insectos y
ecosistemas que son totalmente degradantes para el medio marino”, lamenta.
inconstitucionalidad Así, la mayor losa que arrastra esta Ley de Costas es que es
inconstitucional, ya que no respeta numerosos derechos recogidos en la
Constitución. “No respeta el derecho a la propiedad privada, porque no tiene en
cuenta el principio de legalidad y la irretroactividad de las disposiciones. No
respeta el derecho a la herencia atenta contra los derechos de los ciudadanos a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada y de los bienes adquiridos
legalmente, no cumple con el derecho de la legalidad y la proporcionalidad de
las penas, entre otros”, enumera Leanizbarrutia. “De acuerdo con que en el
Mediterráneo se han hecho barbaridades, pero si todo eso está construido
legalmente y, si tú has comprado de forma legal, que no te vengan luego con
gaitas de que no puedes vender, ni habitar, ni legar a tus hijos, ni arreglar”,
exclama Leanizbarrutia.
Pero, sin duda, lo que más lamentan los jeltzales es que la ley aprobada en 1986
por el PSOE, con el único voto en contra del PNV, recoge un artículo
contemplado en un proyecto de ley franquista. “A esta ley se le ha dado el tinte
de que el litoral tiene que ser patrimonio de la humanidad y de que la costa
tiene que ser de todos, pero en realidad, lo que pretende es que la costa sea del
Estado. En 1986 los socialistas nos vendieron esta ley como progresista y desde
el PNV nos negamos a votar en su favor, pero lo que nadie dice es que
contempla un artículo que en 1969 ya contemplaban los franquistas. Solo que
ellos consideraron que era tal dislate de ley que decidieron no ponerla en
marcha”, revela.
“Lo que están haciendo es crear una auténtica dictadura, provocando
verdaderos atropellos entre los afectados. Hay 400.000 familias afectadas en
todo el Estado y no todos son ricachones y especuladores. Lo que tienen que
hacer es solucionar todos esos entuertos urbanísticos que ha habido de otra
manera, pero no salpicando a todos”, advierte Leanizbarrutia a la vez que
recuerda que “en Euskadi no existe ninguna playa privada o zona en la que el
ciudadano no pueda acceder al mar porque esté cerrado. Aquí, el mar es de
todos”.

DIARIO ABC
Noticias agencias
Costas estudia soluciones para evitar el deterioro del Puntal de Laredo
27-04-2012 / 18:31 h EFE
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a instancias de
los informes remitidos meses atrás por el Ayuntamiento de Laredo, ha
confirmado que se están realizando estudios para conocer el origen del grave
deterioro del Puntal de Laredo, así como sus posibles soluciones.
Además, valorará la adopción de medidas urgentes que eviten nuevos daños en
este ecosistema que “solo en los últimos meses ha perdido una superficie de
alrededor de 5.400 metros cuadrados”, ha estimado hoy el Ayuntamiento de
Laredo en un comunicado.
Así lo ha transmitido en Madrid el director general de Sostenibilidad de la
Costa y del Mar, Pablo Saavedra, al alcalde de Laredo, Ángel Vega, durante el
encuentro mantenido en el Ministerio de Medio Ambiente para abordar una
situación que preocupa por la dimensión de los destrozos padecidos en el litoral
pejino.
La reunión ha servido para que la delegación laredana transmitiese su
inquietud por actuaciones como el denominado Plan de Recuperación de las
Marismas que, ejecutado al 10 por ciento, “ha podido repercutir gravemente
sobre la playa de Laredo, especialmente en la zona del Puntal”, ha denunciado
el Consistorio pejino.
Como medida de emergencia, hasta tener los resultados de los estudios, la
delegación de Laredo ha puesto sobre la mesa la necesidad de disponer de
“algún medio defensivo”, circunscrito a la zona específica de la explanada del
Puntal, a fin evitar que aumente su destrucción.
En base a informes técnicos, desde el Ayuntamiento se ha propuesto una
escollera soterrada.
Una fórmula que pasaría por trasladar y hacer desaparecer las rocas que
delimitaban la bocana de la antigua dársena pesquera.
Por otro lado, los representantes laredanos han manifestado el “grave
problema” que viene padeciendo el municipio por el “constante” y “reiterado”
cegado de la desembocadura del río Mantilla por depósitos de arena.
En este sentido, Vega ha reclamado a la Dirección General de Sostenibilidad
que asuma, en base a sus competencias, las labores de limpieza de la arena para
favorecer un correcto discurrir del cauce que evite inundaciones en áreas
urbanas de la villa.
Asimismo, Vega ha expuesto la preocupación de los alcaldes de los municipios
cántabros afectados por los deslindes aprobados en el año 2011, en base a la Ley
de Costas.
Por su parte, el Director General de Sostenibilidad ha mostrado su interés por el
proyecto de regeneración del cordón dunar de todo el arenal pejino, impulsado
por el Ayuntamiento de Laredo en colaboración con la Universidad de
Cantabria y el Instituto de Hidráulica Ambiental.
Un proyecto que podría acogerse al programa europeo “LIFE” y que requeriría
la implicación del Gobierno de Cantabria y del Gobierno de España.

http://www.canariasahora.com/topsecret/ampliar/16794/

Lunes, 30 de abril de 2012 – Actualizado a las 13:28 hs.
Con nombres y apellidos
El poblado costero de Cho Vito.
Lo que no permite la ley es que cualquier inversor con mucho dinero, llegado
de Las Vegas o de las Tirajanas, plante un hotel de cinco estrellas por muy
lujoso que sea donde considere que puede ser más atractivo para sus futuros
clientes. Y quien habla de hoteles de cinco estrellas habla a continuación de
edificios emblemáticos en el islote del Francés, con viviendas de lujo, locales
comerciales tipo Boca Ratón y un aparcamiento público de pago. A esos usos se
refiere Soria cuando clama por una reforma de la Ley de Costas que permita
“equipamientos temáticos”, ¿o vamos a descubrir ahora cuáles son los intereses
que siempre ha defendido el presidente del PP canario? Porque tenemos que
descartar por completo, dónde va a parar, que tras esa ya descarnada
reclamación pública de que la Ley de Costas se reforme de manera integral, se
pretenda legalizar todos aquellos asentamientos humanos que, en el caso de
Canarias, han sufrido la rigidez de la norma y han acabado tras muchas
vicisitudes judiciales bajo la inclemencia de la piqueta. Casos como Cho Vito,
Ojos de Garza y, más recientemente y bajo una clara sospecha de estafa por
parte del promotor, Hoya Pozuelo, claman por una relajación que a estas
alturas se desconoce si estará incluida en esa generosa involución costera. A los
que nos tememos lo peor nos bastará con sentarnos a esperar a ver cuál va a ser
el modelo de apertura del litoral a esas generosas inversiones privadas, porque
estamos casi seguros de que algunas de ellas ya tienen sus nombres y sus
apellidos cuidadosamente escritos en alguna libreta tamaño DIN A 4.

http://www.elperiodicodeaqui.com/noticias/LaleydeCostasdeberiacambiarse

paraqueelturismoimpulsaraelcomercio/19969
DIARIO EL PERIODICO DE AQUI
CANET D’EN BERENGUER
‘‘La ley de Costas debería cambiarse para que el turismo impulsara el comercio’’
Rafa Corresa, nuevo edil de Canet. FOTO P. V.
Pulse en la imagen para ampliar
El nuevo edil se hará cargo de Mercados, Participación Ciudadana, Comercio,
Transportes y Juventud
P. V.
Rafa Corresa es el nuevo concejal del PP tras la dimisión de una compañera por
motivos personales. Ostentará las delegaciones de Comercio, Mercados,
Juventud, Participación Ciudadana y Transportes.
-¿Cuáles son los principales retos en Comercio?
-Pretendo realzar el comercio en Canet. Una de las primeras ideas es realizar un
foro anual de comerciantes y a partir de ahí veremos planes de ayuda.
-¿Y en Mercados?
-Es una concejalía que está muy afianzada, con un mercado municipal con más
de 160 puestos. Para el mercado de verano de los miércoles hay 300 solicitudes
en espera. En cuanto al mercado turístico estamos consolidando plazas en el
paseo marítimo. Estamos valorando que el mercado tenga más variedad, que no
se dediquen a lo mismo las 40 paradas. Queremos que sea un mercado vistoso.
Hay dos sectores, frente a la oficina de Turismo y detrás de Puerto Siles.
-¿Alguna novedad en la delegación de Juventud?
-Vamos a celebrar la novena edición del Xeckin, festival de grafitis, que está
muy consolidado y estamos pensando en hacer un Festival de Rock.
-¿Cómo va a impulsar la participación ciudadana?
-Es una concejalía nueva en Canet, que ha creado el PP. Estamos sentando las
bases para hacer sabedores a la gente y asociaciones del municipio de todo lo
que se hace a través de las redes sociales, donde podrán dar su opinión de
manera libre. Estamos valorando también dedicar un día a la semana para
atender las dudas sobre el Ayuntamiento, reuniones a las que acudiría el
concejal del ramo y un servidor.
-Por último, ¿qué se propone hacer en Transportes?
-Es un mal endémico de Canet. Vamos a ver de qué manera está el servicio
cubierto todo el año, que una Canet con la playa, Puerto, el hospital y Renfe.
-¿Hay posibilidades de colaborar con el Ayuntamientode Sagunto?
-Una de las cosas que me reclaman los comerciantes es una reunión con
Sagunto para valorar conjuntamente cómo mejorar la carretera de servicio, que
está en muy mal es tado, con varios socavones. Estamos preparando una
reunión en ese sentido.
-Son tres años los que tiene por delante. ¿Cuál va a ser su filosofía de trabajo en
todo este tiempo?
-Me quiero ganar el puesto y las delegaciones que me ha otorgado el alcalde
quero que sean valoradas por los ciudadanos. Vengo a trabajar con humildad,
pero con mucha ilusión y daré todo lo que esté de mi parte. El comercio ha sido
siempre un referente a nivel comarcal y provincial en algunos sectores y quiero
recuperar ese protagonismo que se ha perdido un poco por la crisis. Debemos
hacer piña a través de Eticanet y con la ayuda del Ayuntamiento. Tenemos
muchas ideas, pero todas son bienvenidas, de ahí la importancia del Foro del
pequeño y mediano comercio.
-¿Qué se puede hacer turísticamente para mejorar las perspectivas comerciales
de la localidad?
-Debería cambiarse la ley de Costas, que es muy restrictiva en la Comunitat
Valenciana, sobre todo si se compara con otras comunidades. Si tuviéramos por
ejemplo las mismas posibilidades que en otros sitios en concesiones y en
metros, haríamos que Canet tuviera un impulso comercial muy importante.
Trabajaremos en ello.

http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2012/04/27/ence-confiarelajacion-

ley-costas-garantizarse-permanencia-lourizan/643978.html
DIARIO FARO DE VIGO
Ence confía en la relajación de la Ley de Costas para garantizarse la
permanencia en Lourizán
Colmenares sostiene ante los accionistas que el traslado exigido por los políticos
locales es “inviable”
Junta general de accionistas de Ence celebrada ayer en Madrid.
B. MÁRQUEZ – MADRIDLa fábrica de Pontevedra estuvo presente, por
primera vez de manera explícita, en una junta general ordinaria de accionistas
de Ence. Fue por boca del consejero delegado de la compañía Ignacio
Colmenares que aludió, en la reunión celebrada ayer en Madrid, a la
controversia existente por la apuesta empresarial de permanecer en su actual
ubicación en Lourizán más allá del año 2018, fecha en la que finaliza la
concesión estatal de los terrenos que ocupa en dominio público marítimoterrestre.
Colmenares expresó su confianza en la relajación de la protección del litoral
(modificación de la Ley de Costas) anunciada por el ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, para que la planta no
tenga que abandonar la ría de Pontevedra.
En su opinión es la respuesta lógica frente a la exigencia de traslado planteada
por los políticos locales. Un traslado, recalcó, “totalmente inviable”: por su
elevado coste económico (700 millones de euros) y por la inexistencia de otro
emplazamiento idóneo en Galicia (precisa un suministro energético y de agua
con características muy concretas y estar próximo a un puerto).
También cuestionó que actitudes como las de los citados políticos locales
pongan en entredicho la continuidad de una industria que genera más de 5.000
empleos en Galicia, de ellos alrededor de 4.000 en el ámbito rural, que compra
el 50% de la madera gallega y supone el 10% del PIB de Pontevedra. Y por
último glosó la eficiencia y la condición de referencia mundial de la fábrica
pontevedresa, uno de las dos únicas que producen pasta totalmente libre de
cloro.
“Esperamos conocer la modificación de la Ley de Costas que haga Cañete pero
estamos convencidos de que el peso de todas estas razones justificarán la
pemanencia en Lourizán”.
Impacto visual y oloroso
Esta larga presentación de la encrucijada en la que se encuentra la planta de
celulosas de Lourizán dio pie al consejero delegado para anunciar la puesta en
marcha de un plan de minoración del impacto visual de la factoría
pontevedresa que se vertebrará en torno a tres ejes: la reducción de vapores,
una intervención sobre los edificios y el entorno que se está acabando de
perfilar y la instalación de una pantalla vegetal que oculte las instalaciones.
La intervención sobre el impacto visual se sumará a la que se está llevando a
cabo en las tres fábricas de Ence (Pontevedra, Huelva y Navia) para eliminar los
olores. La planta pontevedresa va a la cabeza de este plan corrector del impacto
oloroso que se pretende que pase a la historia en el año 2014.
Aunque el futuro de la fábrica de Lourizán preocupa a los responsables de la
compañía, esto no es óbice para que Ence deje a un lado lo que son sus
principales retos, además de mantenerse como referencia mundial en la
producción de celulosa ecológica, propiciar una producción de madera
sostenible y certificada en el marco de una apuesta por transformarse en gestor
forestar y desarrollar plantas de biomasa para la producción de energía.
Ence es celulosa pero también es energía. En este capítulo la compañía prevé
poner en funcionamiento la planta energética de biomasa de Huelva que está en
fase de construcción antes de que finalice 2012. De 50Mw será la más grande de
España.
A la espera de que se reordene el mapa de las energías renovables, Ence
mantiene la previsión de construir a medio plazo al menos una planta en
Galicia.
Madera gallega, asturiana y portuguesa para sus fábricas
Galicia, Asturias y Portugal producen la suficiente madera como para que Ence
no tenga que recurrir a la importación de productos forestales de Latinoamérica
o África. Bajo esta premisa la compañía promoverá prácticas de explotación
forestal sostenibles y certificadas con el fin de poder tener suministro suficiente
y de la calidad exigida para competir en mercados internacionales muy
escrupulosos con el respeto medioambiental. Ser gestores y no propietarios es el
camino que quieren recorrer.
No hay que olvidar que Ence exportó el pasado año el 86% de su producción a
Europa en donde tiene el 15% de la cuota de mercado. Alemania es el primer
destino.
Las dificultades del escenario europeo llevó el pasado año a Ence a abrirse paso
en otros mercados no tradicionales: Asia (China), Oriente Medio y Europa del
Este.
Patrimonio uruguayo
Ence tiene previsto vender activos forestales no estratégicos con el objetivo de
ingresar al menos 300 millones de euros en los próximos tres o cuatro años,
según explicó el consejero delegado Ignacio Colmenares. El grupo ha definido
como “no estratégicas” sus 27.000 hectáreas en Uruguay, un patrimonio que le
sobra tras fracasar el proyecto Gualeguaychú.
Arregui augura “unas perspectivas excelentes” tras obtener 41,2 millones de
beneficio neto el pasado año
Juan Luis Arregui auguró para el 2012 “unas perspectivas de futuro excelentes”
para la compañía que preside, la cual obtuvo un beneficio neto de 41,2 millones
de euros el pasado año. Este balance es más positivo si cabe si se tiene en cuenta
que se produce en un período de crisis internacional, con un aumento de
movimientos especuladores, con tensiones monetarias, en el que se incrementó
el precio de las materias primas y cayó la demanda de los países importadores
de su producto.
El presidente del Grupo Ence tomó la palabra en la junta general de accionistas
para lanzar un mensaje de optimismo al entender que la empresa está en una
situación ventajosa en el mercado de celulosa en donde son, por ejemplo,
“protagonistas ocultos” en el creciente negocio del papel tisú y líderes de
calidad en la producción de celulosa con madera de fibra corta.
Arregui reivindicó ante los accionistas la contribución que la compañía a la
marca España, al exportar el 90% de una producción valorada en los mercados
más exigentes.
Primer trimestre de 2012
Las buenas perspectivas de futuro vaticinadas por el presidente se hicieron
notar ya en el primer trimestre del año, período en el que Ence obtuvo un
beneficio neto de 6,6 millones de euros, cifra inferior en un 59,2% a la del mismo
periodo de 2011, cuando la empresa ganó 16,2 millones de euros en un contexto
de precios de celulosa “anormalmente altos”,.
Si se compara el dato con el último trimestre de 2011, el beneficio conseguido
entre enero y marzo de este año es un 128% superior, lo que ha atribuido al
buen comportamiento operativo y a las “fuertes” mejoras de productividad.

http://www.laprovincia.es/economia/2012/04/29/soria-reclama-libertadconstruir-

costa/454274.html
DIARIO LA PROVINCIA
Soria reclama más libertad para construir en la costa
El ministro señala que otros países ya lo hacen y lamenta que muchas
inversiones en Canarias se enreden en la actual normativa
El ministro pone el plan de formación como ejemplo para el entendimiento
Canarias-Estado . Economía
J. GUTIÉRREZEl ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria,
expresó ayer la necesidad de contar con una nueva legislación en materia de
costas que permita colocar en el litoral elementos que aporten valor añadido al
turismo. “Si lo hacen otros países que tienen costas, ¿cuál es la razón por la que
no podemos hacerlo en Canarias?”, se preguntó Soria quien lamentó que haya
“proyectos de hoteles de cinco estrellas, muelles deportivos y equipamientos
temáticos que no salen porque la legislación no lo permite”.
Soria se expresó en estos términos ante un foro compuesto en su gran mayoría
por cargos y militantes del PP, que acudieron a la firma de un plan del ministro
con el Cabildo de Gran Canaria para formar en excelencia turística.
El también presidente del PP de Canarias expresó su convencimiento sobre la
posibilidad de hacer compatible la inversión en infraestructuras en el litoral con
la preservación del entorno. En esa línea aseguró que trabaja su compañero en
el Gobierno de España Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura y Medio
Ambiente, que elabora una profunda reforma de la ley de Costas.
José Manuel Soria incidió en el efecto negativo que encierra el hecho de que la
actual normativa se aplique de manera “heterógenea, de una manera en unos
lados y de otra en otros”. Sobre la actual legislación en materia de costas fue
rotundo: “No lo podemos seguir soportando”.
La nueva norma en la que trabaja el Gobierno central debe permitir “la
conservación del territorio de verdad, pero que haga eso compatible con poder
incorporar valor mediante la utilización de ese entorno en la actividad
turística”, explicó el ministro de Turismo.
El papel de los empresarios
Sobre quién debe estar al frente de las inversiones, Soria señaló que ese no es un
papel reservado a las administraciones públicas. “Son los empresarios los que
saben lo que tienen invertir y cuándo y dónde invertirlo”, explicó. Al respecto
abogó por estrechar la relación entre lo público y lo privado para implicar a este
último sector en la “política de promoción y de remoción de obstáculos para
que esas inversiones puedan ser llevadas a cabo”.
En cuanto al positivo comportamiento del negocio turístico durante el pasado
año, el ministro canario volvió a insistir en que se debió “más a factores
exógenos que endógenos”, en referencia a las revueltas que sufrieron Túnez y
Egipto -competidores de Canarias- por la llamada primavera árabe.
Además, puso la vista en que las cifras récord del pasado año fueron
“compatibles con una tasa de paro del 31%”. A juicio del ministro, “de poco
sirve tener un sector tan importante si luego no hay otros que puedan tirar
cuando las cosas no van bien” y garantizar crecimientos superiores al 2% que
permitan la creación de puestos de trabajo.
Soria incidió en el hecho de que hayan sido los territorios con “una base
industrial fuerte” los que hasta el momento mejor comportamiento han
mostrado durante estos años de crisis y puso como ejemplo a Alemania. “No
podemos compararnos, pero sí nos sirve para saber que el turismo no bastará
por sí solo”, expresó, para abandonar las actuales dificultades económicas.
El ministro de Industria, Energía y Turismo ha insistido en los últimos meses en
los beneficios que tendrían para el desarrollo industrial en el Archipiélago las
prospecciones autorizadas a Repsol en las aguas que separan Canarias de
Marruecos.
El presidente del PP en Canarias expresó la “enorme oportunidad” ante la que
se encuentra el turismo español para poner distancia con sus rivales en la
captación de visitantes. Para conseguirlo pidió al sector turístico que se
reinvente.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2012/04/27/ence-disenapantalla-

vegetal-atenuar-impacto-visual/0003_201204P27C1991.htm
DIARIO LA VOZ DE GALICIA
Pontevedra
Ence diseña una pantalla vegetal para atenuar el impacto visual
Proyecta la supresión de humos a través de su aprovechamiento energético
Manuel Blanco
enviado especial madrid / la voz 27 de abril de 2012 05:00
La dirección de Ence ha trazado una hoja de ruta con el fin de explorar todas las
opciones para quedarse en la ría de Pontevedra. Y en ese proceso, que ha de
pasar inexcusablemente por la reforma de la Ley de Costas y la ampliación de la
concesión de la planta, tal y como aseguró ayer el consejero delegado, Ignacio
de Colmenares, los avances medioambientales y de integración de la factoría
serán cruciales. Colmenares dedicó una parte de su intervención ayer en la
junta de accionistas celebrada en Madrid a analizar la situación del complejo de
Lourizán y comprometió una serie de mejoras llamadas a atenuar su impacto
visual.
En concreto, la compañía está trabajando ya en la creación de una pantalla
vegetal que, a priori, suavizaría la imagen de la fábrica que se percibe desde el
litoral. Paralelamente, un grupo de arquitectos estudia una actuación de mayor
calado cuyo fin último no sería otro que mejorar la integración del complejo
industrial en el entorno.
Esta línea de trabajo se completaría, de acuerdo con lo avanzado por
Colmenares, con otras dos vías: la supresión de humos y de olores. Respecto a
la primera, los técnicos impulsan un programa para eliminarlos casi totalmente
por medio de procesos de aprovechamiento energético. Según explicaron desde
la empresa, este proyecto se puede sustanciar toda vez que la mayoría de las
columnas de humo que emanan de la planta son vapor de agua (se calcula que
un 90 %).
Avances notables
En relación con los olores, desde Ence señalan que los avances en este campo en
los últimos años han sido muy notables y sostienen que antes del 2014 habrá
culminado el plan de eliminación total de olores.
En última instancia, el consejero delegado admitió al término de la junta que
todo este trabajo se orienta al objetivo de evitar el traslado. Y acabar además con
los problemas que han lastrado la imagen de la factoría y que han
desencadenado su rechazo en un segmento de la sociedad pontevedresa. Sobre
este particular, Ignacio de Colmenares reconoció ayer ante los accionistas de
Ence que la empresa mantuvo una actuación medioambiental cuestionable
durante los años en los que la propiedad era pública, pero insistió una y otra
vez en que ese error se ha subsanado y que el camino ahora es el inverso. «Los
informes del Instituto Español de Oceanografía dicen que la ría de Pontevedra
figura hoy entre las que cuentan con las aguas más limpias». Y volvió a
defender la actual ubicación de la planta: «No hay otro emplazamiento en
Galicia».

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2012/04/27/ence-apela-cambioley-

costas-quedarse-ria-pontevedra/0003_201204G27P35992.htm
DIARIO LA VOZ DE GALICIA
Ence apela al cambio de la Ley de Costas para quedarse en la ría de Pontevedra
Sostiene que la planta ha subsanado sus problemas de contaminación
Manuel Blanco
madrid / enviado especial 27 de abril de 2012 05:00
Una reforma legal en ciernes para seguir en la ría de Pontevedra. Esa es la
estrategia a la que se ha consagrado la dirección de Ence para evitar el cierre de
la factoría ubicada a las orillas del Lérez, previsto para el 2018, fecha en la que
caducará la concesión administrativa que ampara la legalidad del complejo
industrial. Ocurre que en todo el litoral español hay decenas de fábricas de todo
tipo en la misma situación, por lo que el Ministerio de Medio Ambiente ha
proyectado una modificación de la Ley de Costas para evitar un cierre masivo
de empresas que azotaría aún más la maltrecha economía española.
El consejero delegado de Ence, Ignacio de Colmenares, insistió ayer en la
postura de la compañía en la junta de accionistas celebrada en Madrid. Rechazó
cualquier posibilidad de trasladar la planta de Pontevedra a otra zona de
Galicia -la tesis a la que aspira la Xunta- por la cuantía de la inversión, unos 700
millones. «Es inviable», advirtió.
Y fue en ese punto en el que dejó claro que el grupo pastero y energético ha
puesto todas sus esperanzas en una reforma legal de la que, por el momento,
apenas han trascendido detalles. En todo caso, para defender la posición de la
compañía, Colmenares hizo una encendida defensa de los avances
medioambientales que se han registrado en los últimos años. Un trabajo que
apenas se hizo, tal y como explicó a los accionistas, cuando la planta era de
titularidad pública (antes del 2001).
En esta misma línea, anunció que ya se han puesto en marcha proyectos para
acabar con la generación de humos de la planta, en este caso a través de un
proceso de aprovechamiento energético aún en estudio, y con el impacto visual,
para lo que se prevé levantar una pantalla vegetal.
El consejero delegado desgranó además la importancia de Ence para la
comunidad en el argumentario que expuso para cimentar la idea de que hay
razones sociales y económicas para evitar el traslado. «En Galicia creamos 5.000
empleos, 4.000 de ellos en zonas rurales, y la actividad de Ence genera el 10 %
del PIB primario de la provincia de Pontevedra».

http://www.malagahoy.es/article/provincia/1243718/benalmadena/anula/su/or

denanza/playas/antes/entre/vigor.html
DIARIO MALAGA HOY
Benalmádena anula su ordenanza de playas antes de que entre en vigor
El Pleno del Ayuntamiento da marcha a atrás en su intención de aprobar la
norma ante la posibilidad de que pueda vulnerar determinados aspectos de la
Ley de Costa
NURIA ALONSO / BENALMÁDENA, MEDIO AMBIENTE | ACTUALIZADO
27.04.2012 – 05:01
El primer teniente de alcalde dirigió el Pleno porque el alcalde estaba en el acto
del Día de la Provincia.
El Ayuntamiento de Benalmádena ha decidido cortar por lo sano con la que
iba a ser su primera ordenanza de playas. La normativa se ha convertido en
las últimas semanas en el centro de la polémica al detectarse que incumplía
el ordenamiento jurídico, una circunstancia que llevó ayer al Pleno
municipal a aprobó por unanimidad la propuesta de revocar la aprobación
inicial de este documento, que se realizó el pasado mes de febrero. Esta
determinación supone que el municipio no tenga ninguna norma específica
de cara a este verano que regule el uso del litoral benalmadense.
La controversia saltó hace poco más de dos semanas cuando se dio a
conocer que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
había remitido un escrito al Consistorio, en respuesta a las dudas de un
vecino, en el que se informaba de que la ordenanza no cumplía en
determinados artículos la Ley de Costas. Los principales puntos en
conflictos giraban alrededor del establecimiento de un horario para el baño,
a partir de las 11:00 en temporada alta, y la prohibición de colocar
sombrillas y toallas en las zonas comprendidas entre la orilla y las parcelas
de hamacas.
La administración autonómica concluyó que esos puntos podrían vulnerar
los artículos 31 y 33 de la Ley de Costas y el número 59 y 64 de su
reglamento, puesto que la utilización del dominio público marítimoterrestre
y, en su caso, del mar y su ribera “será libre, pública y gratuita”
para usos comunes. Tras mantener una reunión técnica con la Junta, el
Ayuntamiento decidió finalmente por dejar a un lado la ordenanza, la cual
era la primera de estas características que se aprobaba en el municipio.
En cuanto a esta decisión, el concejal del PP, Rafael Obrero, aseguró sentirse
“muy satisfecho” con la propuesta llevada por el equipo de gobierno, pues
advirtió de que la ordenanza no cumplía la ley, por lo que en varias
ocasiones su grupo político realizó fuertes críticas. “Espero que esto nos
sirva como precedente para que Benalmádena no se ponga de nuevo en el
disparadero nacional y autonómico”, aseveró.
Sin embargo, éste no fue el único punto que se trató en el orden del día de la
sesión plenaria. Sobre la mesa también se puso una modificación del
contrato del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, que se
mantiene con la empresa GSC, actual concesionaria de los trabajos. Al
respecto, el alcalde, Javier Carnero (PSOE), explicó que se realizarán
modificaciones para disminuir el coste del contrato, una reducción que
alcanzará los 351.000 euros netos anuales. Esta cifra supone un ahorro del
5,76% en lo que respecta al coste total del servicio, que está por encima de
los seis millones anuales.
El regidor informó de que la reforma se ha pactado con la entidad con el
objetivo de optimizar los medios y el coste anual para las arcas municipales.
De esta forma, por ejemplo, no se instalarán chips de control de peso en los
camiones, que podrían actuar también como localizadores, y se
reestructurará el servicio en lo que a medios técnicos se refiere.
Por su parte, el concejal de Servicios Operativos, Juan José Jiménez, informó
de que GSC realizará durante 2012 una serie de inversiones que alcanzarán
los 5 millones. “Esta modificación no supondrá ningún riesgo para los 77
empleados que actualmente conforman la plantilla”, ultimó.

http://www.periodicosantapola.es/spip.php?article4972

PERIODICO DE SANTA POLA
URBANISMO
El Ayuntamiento presentará alegaciones al deslinde de Costas en Santa Pola del
Este
Viernes 27 de abril de 2012
El 16 de abril se celebró en el Centro Cívico el acto de apeo para delimitar los
Bienes de Dominio Público Marítimo
zona norte de Santa Pola, en el tramo de litoral comprendido entre el puerto y
límite con el término municipal de Elche. El Ayuntamiento de Santa Pola, según
ha confirmado a este medio la edil de Urbanismo, Lola Gadea, tiene intención
de presentar alegaciones en el deslinde propuesto por Costas. “Nuestro interés
es que la primera línea de edificaciones de la costa se pueda mantener en unas
condiciones dignas de conservación”, explica Gadea. Así, la edil de Urbanismo
añade que el expediente propuesto por Costas “es casi perfecto en la zona de
Santiago Bernabéu, pero presenta dificul
Este”. En el año 1978 se urbanizó la zona del Este y se creó el paseo marítimo
que todos conocemos hoy día. Allí, solo en un pequeño tramo final, la zona
delimitada por la ribera de mar se dejó efectivamente en el mar y n
propio paseo marítimo. De aprobarse el deslinde en estos términos, esto
supondría que los vecinos de los inmuebles de primera línea tendrían muchas
dificultades para realizar una simple obra de rehabilitación para mantener sus
viviendas y Costas podría denegarles los permisos. Si la línea de la ribera del
mar se fija, como es lógico, en el mar, el permiso de obras lo debería conceder el
propio Ayuntamiento, con lo que el trámite sería mucho más sencillo. “Los
funcionarios que asistieron al acto
circunstancia a los propietarios, y ahora el Ayuntamiento presentará
alegaciones para que en el futuro no haya problemas”, señala la edil de
Urbanismo. Hay que tener en cuenta que de aprobarse esta versión definitiva
Marítimo-Terrestre y su zona de servidumbre en la
dificultades en la zona de Santa Pola del
as de apeo creo que no explicaron esta
el
tades no dentro del
del deslinde se perpetuaría una situación del litoral santapolero
correspondiente al año 1919 y no a la actual realidad urbanística. La línea de
ribera de mar estipula una servidumbre de paso de seis metros, lo que
supondría que esta servidumbre quedaría dentro de la propiedad de muchos
inmuebles de Santa Pola del Este. Los propietarios, a título particular, también
pueden presentar las alegaciones que estimen oportunas. En cuanto a la
posibilidad de que se reforme la Ley de Costas, muy criticada por su carácter
retroactivo, la edil de Urbanismo señala que “el espíritu de la Ley es muy
bueno, pero es retocable el articulado que desarrolla cómo se tiene que
gestionar y desarrollar la protección del litoral, yo pienso que es importante
mantener el entorno natural, pero hay que tener en cuenta que debe haber unos
medios materiales para mantenerlo”.

http://www.europapress.es/cantabria/canabria-sostenible-00437/noticia-costasestudia-

soluciones-evitar-deterioro-puntal-20120427165516.html
Lunes, 30 de abril 2012
Costas estudia soluciones para evitar el deterioro del Puntal
LAREDO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a instancias de
los informes remitidos meses atrás por el Ayuntamiento de Laredo, ha
confirmado que se están realizando estudios que permitan conocer el origen del
grave deterioro del Puntal de Laredo, así como sus posibles soluciones.
Además, valorará la adopción de medidas urgentes que eviten nuevos daños en
este ecosistema que sólo en los últimos meses ha perdido una superficie de
alrededor de 5.400 metros cuadrados.
Así se lo ha transmitido el director general de Sostenibilidad de la Costa y del
Mar, Pablo Saavedra, al alcalde de Laredo, Ángel Vega, durante el encuentro
mantenido este jueves en el Ministerio de Medio Ambiente, en Madrid, para
abordar una situación que preocupa por la dimensión de los “destrozos”
padecidos en el litoral pejino.
En dicha reunión estuvieron también presentes el teniente de alcalde, Ramón
Arenas, y la letrada-jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento pejino,
Mari Paz Villalobos, así como los subdirectores del Dominio Público Marítimo
Terrestre y de la Protección de la Costa, Raquel Orts y Ángel Muñoz,
respectivamente, según informa el Ayuntamiento de Laredo en un comunicado
de prensa.
La reunión, que se prolongó durante casi dos horas, sirvió para que la
delegación laredana transmitiese su “inquietud” por actuaciones como el
denominado Plan de Recuperación de las Marismas que, ejecutado al 10%, “ha
podido repercutir gravemente sobre la playa de Laredo, especialmente en la
zona del Puntal”.
Como medida de emergencia, hasta tener los resultados de los estudios, la
delegación pejina puso sobre la mesa la necesidad de disponer de algún medio
defensivo, circunscrito a la zona específica de la explanada del Puntal, para
evitar que aumente su destrucción. De acuerdo a informes técnicos, desde el
Ayuntamiento se ha propuesto una escollera soterrada. Una fórmula que
pasaría por trasladar y hacer desaparecer las rocas que delimitaban la bocana
de la antigua dársena pesquera.
RÍO MANTILLA
Los representantes laredanos transmitieron asimismo el “grave problema” que
viene padeciendo el municipio de Laredo por el “constante y reiterado” cegado
de la desembocadura del río Mantilla por depósitos de arena. El alcalde de
Laredo reclamó a la Dirección General de Sostenibilidad que asuma, en base a
sus competencias, las labores de desarenado para favorecer un correcto
discurrir del cauce que evite inundaciones en áreas urbanas de la villa.
Asimismo, Vega se interesó por los estudios de batimetría impulsados desde
Medio Ambiente, que debieran servir para determinar el lugar más idóneo para
verter las arenas procedentes de los dragados que periódicamente se realizan en
la barra para mejorar la navegabilidad ría adentro hacia los puertos de
Colindres y Santoña.
Igualmente, Ángel Vega transmitió al director general de Sostenibilidad la
necesidad de que los puestos de socorro de la Cruz Roja en la playa se puedan
disponer a pie de torre, mejorando su operatividad frente a la actual ubicación
en el Paseo Marítimo.
Por su parte, el director general de Sostenibilidad mostró su interés por el
proyecto de regeneración del cordón dunar de todo el arenal pejino, impulsado
por el Ayuntamiento de Laredo en colaboración con la Universidad de
Cantabria y el Instituto de Hidráulica Ambiental. Un proyecto que podría
acogerse al programa europeo “LIFE” y que requeriría la implicación del
Gobierno de Cantabria y del Gobierno de España, explica el Ayuntamiento.
LEY DE COSTAS
Finalmente, Ángel Vega expuso la preocupación de los alcaldes de los
municipios cántabros afectados por los deslindes aprobados en el año 2011, en
base a la Ley de Costas. Asimismo brindó al director general los informes
elaborados desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Laredo, que
dirige Mari Paz Villalobos, en torno a cuestiones como la desafectación de
terrenos, reforzados por una amplia jurisprudencia.

20120426.html
LAS PROVINCIAS
La Marina
Dénia defiende en Les Rotes 20 metros de deslinde por ser suelo consolidado
El informe para Costas que aprueba hoy el Consistorio refrenda el expediente
de 2010 que argumenta que no está justificado ampliar la reserva a 100 metros
26.04.12 – 00:33 -
R. GONZÁLEZ | DÉNIA.
DATOS
Proceso. El ministerio ha abierto el trámite de audiencia del expediente de
deslinde en Les Rotes.
Ayuntamiento. Remitirá a Costas un informe en el que pide que el deslinde se
limite a 20 metros al ser suelo consolidado.
Documentación. La postura municipal irá avalada por informes técnicos y
planos de la zona.
Veinte metros de deslinde en Les Rotes es suficiente. Esta es la postura que
defiende el Ayuntamiento de Dénia en el informe que aprobará hoy el pleno y
que remitirá a Costas. En el documento se argumenta que no está justificado
aplicar una afección de 100 metros en la zona ya que se trata de suelo
consolidado.
A principios de mes el servicio provincial de Costas hizo llegar a los vecinos
afectados y al consistorio una carta para informar de que se había abierto el
trámite de audiencia en el expediente de deslinde en varios puntos
comprendidos entre el barranco del Regatxo y el límite con Xàbia. En el caso del
Ayuntamiento de Dénia, la misiva reclamaba que completara «los informes
municipales de febrero y mayo de 2010 sobre el planeamiento vigente a la
entrada en vigor de la Ley de Costas».
Según reflejaba la carta, de la documentación presentada no se deducía que se
dieran las circunstancias para reducir la servidumbre a 20 metros.
Sin embargo, la postura municipal es bien distinta. La edil de Urbanismo de
Dénia, Pepa Font, recalca que, al igual que ya hizo hace dos años, el consistorio
sostiene que no existen motivos para ampliar la afección hasta los 100 metros. El
motivo es bien claro, pues «se trata de una zona consolidada desde hace años».
De hecho, la concejala hace hincapié en que la primera línea de Les Rotes cuenta
con «casas históricas» y, en su opinión, «no tiene sentido ahora ampliar a
servidumbre hasta el centenar de metros». Para avalar la postura municipal,
Dénia adjuntará a su respuesta informes técnicos y planos que recogen que los
tramos afectados por el deslinde son zonas consolidadas.
Vecinos afectados
Aunque el Ayuntamiento no ha calculado exactamente el número de viviendas
que se verían afectadas, Font estima que entre 30 y 40 casas se podrían ver
perjudicadas en caso de que el Ministerio de Medio Ambiente rechace la tesis
municipal. En concreto serían las ubicadas en las zonas «supuestamente
consolidadas entre los vértices aproximados M-164 a M-182 y M-189 a M-204»
No obstante, la edil de Urbanismo confía en que el informe aclare cualquier
duda al servicio provincial y que Costas y el Ministerio de Medio Ambiente
respalden la argumentación dianense. Pero antes, el documento pasará hoy por
pleno para recibir el respaldo de los grupos de la Corporación.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1153241

DIARIO ABC
Los ecologistas de Ceuta temen que la Ley de Costas perjudique al litoral
25-04-2012 / 13:40 h EFE
Los colectivos ecologistas de Ceuta han mostrado su desconfianza sobre la Ley
de Costas, en el sentido de que temen que el reglamento pueda perjudicar el
litoral, sobre todo en lugares como Ceuta donde no hay espacio para grandes
urbanizaciones.
Los ecologistas han asegurado que las limitaciones geográficas de Ceuta
impiden la realización de “grandes proyectos” en zonas de dominio público
terrestre pero temen que la nueva legislación pueda ser una “amenaza”.
El presidente de la asociación ecologista Septem Nostra, José Manuel Pérez, ha
mostrado hoy su respaldo a la creación de una plataforma llamada “No a
nuestra costa”, para “aunar fuerzas” y que se garantice la conservación del
litoral.
José Manuel Pérez ha entendido: “antes se actuaba con más diligencia y
rotundidad y la reforma de la ley y ser más permisivos con la construcción en
las zonas costeras podría ser perjudicial”.
Ha resaltado que la nueva ley restaría instrumentos jurídicos para luchar contra
la defensa del litoral “algo sumamente importante para Ceuta ya que está
rodeada de mar”.

http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/3922827/04/12/Alcaldescantabros-

impulsaran-un-frente-comun-de-municipios-afectados-por-la-Leyde-
Costas.html
Miércoles, 25 de Abril de 2012 Actualizado a las 19:58
Alcaldes cántabros impulsarán un frente común de municipios afectados por
la Ley de Costas
25/04/2012 – 19:58
Los alcaldes de Laredo, Noja, Camargo y Marina de Cudeyo han acordado
impulsar un “frente común” para defender los intereses de los municipios de la
región afectados por la Ley de Costas.
SANTANDER, 25 (EUROPA PRESS)
Se trata de las cuatro localidades de Cantabria que fueron objeto de deslindes
durante el año 2011 al amparo de una Ley cuya modificación consideran
“prioritaria” por considerarla “arbitraria, injusta e ineficaz”.
“Queremos hacer llegar al ministro de Medio Ambiente nuestra preocupación
por la situación que venimos padeciendo”, explicó este miércoles Ángel Vega,
quien hizo de anfitrión en la alcaldía pejina de sus homólogos Jesús Díaz, Diego
Movellán y Federico Aja.
Los cuatro acordaron tratar de sumar al consenso a los alcaldes de Polanco y
Astillero, municipios a los que el Ministerio de Medio Ambiente recientemente
ha ampliado en doce meses el plazo para resolver sus respectivos deslindes
marítimo terrestre.
Precisamente este será uno de los temas a abordar en la reunión que mañana
jueves mantendrá en Madrid el alcalde de Laredo con el Director General de
Sostenibilidad de la Costa del Mar, Pablo Saavedra.
La cita, concertada para abordar la adopción de medidas urgentes para proteger
el Puntal de Laredo, servirá así como punto de arranque de una estrategia de
actuación que pretende aglutinar el mayor consenso posible a nivel de
Cantabria.
Esta pauta de funcionamiento fue analizada hace quince días con la presidenta
de la CEOE cántabra, Gema Díaz, y se prevé que en un futuro inmediato se
pueda involucrar en la iniciativa a representantes del Gobierno regional, de la
Universidad, y de las plataformas de afectados por la Ley de Costas.
Los regidores municipales reunidos en la localidad pejina coincidieron en la
imperiosa necesidad de que “se dejen sin efecto los deslindes” en tanto se
redacta el articulado de la nueva Ley de Costas, en la línea de lo que acordó el
propio Senado el pasado mes de febrero.
En este sentido, consideraron “desconcertante” que en las últimas semanas se
hayan desestimado alegaciones planteadas por los afectados, agudizando la
sensación de “indefensión” que la actual legislación genera.
JURISPRUDENCIA
La participación en la reunión de técnicos municipales como la de la letrado-jefe
de los servicios jurídicos del Ayuntamiento laredano, Mari Paz Villalobos,
sirvió para poner de manifiesto las “flagrantes contradicciones” en la
interpretación de una misma norma legal a la hora de abordar situaciones
análogas en deslindes de municipios distintos.
De ahí que instaran a que cualquier directriz normativa “supere previamente la
prueba de constitucionalidad”.
Asimismo, los presentes repararon en la existencia de una “amplia
jurisprudencia” que avala la adopción de soluciones favorables para los
deslindes pendientes en todos los casos abordados.
Finalmente, acordaron trasladar al Ministerio de Medio Ambiente la necesidad
de que “se nos escuche y se coordinen con nosotros las aportaciones para
mejorar la futura Ley de Costas”, en aras a que se respete las especificidades
propias del litoral cántabro, que en algunos aspectos difiere sustancialmente de
la situación del Levante o la costa andaluza.
“Que se tenga en cuenta la realidad física sobre la que se desea actuar”,
insistieron.
Los alcaldes volverán a reunirse en breve para analizar los resultados del
encuentro que mañana llevará a Ángel Vega a Madrid para tratar de este y
otros asuntos con el Director General de Sostenibilidad.

http://www.laplanaaldia.com/castello/noticias/64925/diputacion-presenta-20-

propuestas-para-dinamizar-el-turismo-en-la-comunidad-valenciana
DIARIO LA PLANA AL DIA
Castelló: Diputación presenta 20 propuestas para dinamizar el turismo en la
Comunidad Valenciana
La Plana al Dia | Castelló | General | 26-04-2012
El vicepresidente segundo y diputado delegado de Turismo de la Diputación de
Castellón, Andrés Martínez, acaba de ser elegido como representante de las tres
diputaciones de la Comunidad Valenciana en este foro interdepartamental, el
nombramiento tendrá carácter rotatorio entre las tres diputaciones.
La Comisión Interdepartamental de Turismo de la Comunitat Valenciana tiene
como objetivo coordinar las actuaciones de las distintas consellerias de la
Administración de la Generalitat cuyas competencias están relacionadas con el
ámbito turístico, sentando, de este modo, las bases que permitan realizar el
seguimiento y evaluación de aquellas estrategias con repercusión directa e
indirecta sobre el sector turístico.
Martínez ha participado hoy por primera vez como miembro de esta comisión y
ha puesto sobre la mesa necesidades del sector turístico entre las que se
encuentran:
Legislación:
1 – Declaración de Municipio Turístico: Modificar los requisitos que delimitan la
consideración de “Municipio Turístico” en la actual Ley de Haciendas Locales
para que municipios con alta carga de visitantes, puedan equilibrar la
sobrecarga financiera que tienen para apoyar un gran sector productivo como
es el turismo.
2 – Legislación Turística: Centralizar en el Gobierno de España las competencias
de legislación turística con el objetivo de que todos los establecimientos de
alojamiento se rijan bajo los mismos parámetros a nivel nacional.
3 – Alegalidad e ilegalidad de los Apartamentos Turísticos: Solicitar la
modificación de la LAU (Ley de Arrendamiento Urbano) con el objetivo de que
los apartamentos que se destinan realmente a uso turístico se rijan bajo
parámetros que ordena la legislación turística y no la LAU con el objetivo de
asegurar infraestructuras y servicios de calidad en este tipo de alojamiento.
4 – Ley de Costas: Modificación de esta ley con el objetivo de defender la figura
de los “chiringuitos” en condiciones que favorezcan la captación de
empresarios interesados en gestionar este tipo de establecimientos en términos
de rentabilidad y asegurando al mismo tiempo el respeto al medio ambiente.
5 – Ley del Tabaco: Reivindicar la flexibilidad de crear zonas de fumadores en
aquellos establecimientos turísticos que cumplan la normativa tal y como estaba
antes de su última modificación que lo prohibió en su totalidad.
6 – Necesidad de analizar la legislación y ordenanzas municipales que puedan
desarrollarse para evitar que las autocaravanas aparquen y realicen
pernoctaciones en parkings públicos en lugar de hacerlo en Campings.
7 – Se hace necesario que algunas competencias asumidas por una pluralidad de
consellerias y referentes al sector turístico sean transferidas a la Conselleria de
Turismo, ente competente e interlocutor del sector turístico. Temas tan
importantes como la apertura y horarios de los establecimientos públicos
actualmente en Conselleria de Gobernación, aprovechamientos urbanísticos
turísticos en suelos no urbanizables o puesta en valor turístico de parques
naturales en Conselleria de Medio Ambiente, etc. deberían ser transferidos a la
Conselleria de Turismo.
Economía:
1 – Solicitar el IVA super reducido para el sector turístico ya que es el principal
motor de la economía española.
2 – Financiación a empresas del sector turístico: Creación de lineas de
financiación a empresas del sector a través del ICO para la rehabilitación de
establecimientos turísticos de alojamiento y restauración.
3 – La EPSAR (Entidad de saneamiento de aguas residuales) ha retomado el
cobro con carácter retroactivo de un canon de saneamiento sobre los campos de
golf, que puede suponer unos pagos de 40.000 a 80.000 € por campo. Se solicita
la eliminación de este canon que grava el agua de riego.
4 – Aprobar un plan de pagos por parte de la Generalitat Valenciana a
Organizaciones empresariales del sector turístico para liquidar las deudas
pendientes con estas entidades.
5 – Incrementar las fuerzas de seguridad en aquellos municipios donde la
presencia del “top manta” sea recurrente.
Infraestructuras:
1 – Celeridad en la apertura del aeropuerto de Castellón como medida de
urgente necesidad.
2 – Solicitar la ejecución de la A-68 que une Vinaròs-Vitoria y la CV-10 hasta
Tarragona.
3 – Persistir en la necesidad de acelerar la llegada del AVE a Castellón.
4 – Persistir en la necesidad de que el Parador de Morella se construya por parte
de Turespaña.
5 – Puesta en valor del numeroso patrimonio paleontológico y prehistórico
(Valltorta, dinosaurios del Ports…) a través de redes de micromuseos y
organización de jornadas y conferencias que incentivarían el turismo de
congresos y convenciones en el interior.
6 – Desdoblamiento del eje ferroviario a su paso por CULLERA. Actualmente la
falta de ese desdoblamiento, imposibilita unas buenas comunicaciones desde
Valencia en dirección hasta Gandia, ferroviariamente (trenes como el Alvia,
acercarían a los turistas a los principales destinos costeros de la provincia de
Valencia – Gandia y Cullera y a su vez beneficiaría a otros municipios de la
provincia, en su comunicación con la ciudad de Valencia.
7 – Señalización turística de carreteras. La Generalitat Valenciana, a través de la
Conselleria de Turisme promovió el plan de señalización turística de carreteras.
Diversas reuniones de distintos grupos de trabajo, en el que estaban
representados todos los agentes implicados en este tema, se han llevado a cabo
los últimos años. Incluso se acometieron experiencias piloto en algunas
comarcas de las tres provincias.
Sanidad:
1 – Que el plan de ajustes en materia de Sanidad que van a acometer el
Gobierno de España y el Consell, no merme la calidad del servicio durante los
meses de temporada alta en los principales destinos turísticos de la
C.Valenciana, pues durante estos meses las ciudades turísticas más
importantes, multiplican considerablemente su población.

http://www.laverdad.es/murcia/v/20120426/comarcas/pleno-pide-cambiocostas-

20120426.html
DIARIO LA VERDAD
El Pleno pide un cambio en la Ley de Costas
26.04.12 – 01:13 -
PEDRO CHICO. |
El Pleno aprobó una moción del Partido Popular en la que se insta al Gobierno
regional a que pida al Gobierno de la Nación a que legisle sobre la Ley de
Costas, para que facilite el uso y disfrute de las playas, posibilitando
actuaciones municipales, como la explotación de chiringuitos y otros usos
públicos de las playas.

http://www.levante-emv.com/castello/2012/04/26/diputacion-aboga-habilitarnuevo-

zonas-fumadores-establecimientos-turisticos/900250.html
DIARIO LEVANTE
La entidad insiste en la modificación de la Ley de Costas para que ampare a los
chiringuitos
CASTELLÓ
El vicepresidente segundo de la Diputación de Castelló, Andrés Martínez, acaba
de ser elegido como representante de las tres diputaciones valencianas en el
Foro Interdepartamental de Turismo de la Comunitat. Ayer participó por
primera vez como miembro de esta comisión y planteó las necesidades del
sector turístico, entre las que incluyó la petición de que se dé marcha atrás en la
Ley Antitabaco para que vuelvan a haber zonas habilitadas para fumadores en
los establecimientos.
La Comisión Interdepartamental de Turismo de la Comunitat Valenciana tiene
como objetivo coordinar las actuaciones de las distintas Administraciones
relacionadas con el ámbito turístico. Andrés Martínez incidió en varios
aspectos. En materia legislativa, abogó por modificar los requisitos que
delimitan la consideración de “Municipio Turístico” en la actual Ley de
Haciendas Locales . Por otra, propuso centralizar en el Gobierno de España las
competencias de legislación turística con el objetivo de que todos los
establecimientos de alojamiento se rijan bajo los mismos parámetros en ámbito
nacional. También planteó modificar la LAU (Ley de Arrendamiento Urbano)
con el objetivo de que los apartamentos que se destinan realmente a uso
turístico se rijan bajo parámetros que ordena la legislación turística y no la LAU.
Por otra parte, insistió en la modificación de la Ley de Costas con el objetivo de
defender la figura de los “chiringuitos” en condiciones que favorezcan la
captación de empresarios interesados en gestionar este tipo de establecimientos
en términos de rentabilidad y asegurando al mismo tiempo el respeto al medio
ambiente.
En cuanto a la Ley del Tabaco, reivindicó la flexibilidad de crear zonas de
fumadores en aquellos establecimientos turísticos que cumplan la normativa,
tal como estaba antes de su última modificación.
Comunicaciones y parador
En materia de infraestructuras, pidió celeridad en la apertura del aeropuerto de
Castelló y en la ejecución de la A-68 que une Vinaròs-Vitoria y la A-7 hasta
Tarragona.También incidió en la necesidad de acelerar la llegada del AVE a
Castelló y en que el Parador de Morella se construya por parte de Turespaña.

HTTP://WWW.ELPERIODICOMEDITERRANEO.COM/NOTICIAS/CASTEL

LON/LAS-PLAYAS-DEL-GRAO-TENDRAN-DOS-CHIRINGUITOS-YESTUDIAN-
OTROS-TRES_732878.HTML
EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO
EL AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN SACARÁ LAS NUEVAS
CONCESIONES EN BREVE
Las playas del Grao tendrán dos chiringuitos y estudian otros tres
El Ayuntamiento subastará también el contrato de cinco puestos de hamacas.
Mantendrán un año más los 150 metros de superficie de la ley de Costas actual
DAVID P. SOLVES 26/04/2012
Las playas de Castellón albergarán este verano dos chiringuitos con la
restringida superficie de 150 metros cuadrados que permite la actual y polémica
ley de Costas. El edil de Sostenibilidad de la capital, Gonzalo Romero, confirmó
ayer que los empresarios promotores han renovado esas dos concesiones un
año más pese a que el Ministerio de Medio Ambiente no ha cumplido aún su
promesa de modificar la regulación marítima para flexibilizarla.
Romero precisó que en las próximas semanas saldrá a concurso la concesión de
otros tres chiringuitos más en las mismas condiciones económicas del año
pasado. Sin embargo, el edil admitió que “no será fácil cumplir las expectativas
que nos hemos marcado porque la situación económica es la que es”.
El consistorio también tiene previsto subastar la concesión para la instalación de
cinco puestos de hamacas con una superficie de 100 metros cuadrados.
Adicionalmente, la oferta turística y de ocio de las tres playas del Grao se
completará con los puestos de alquiler de embarcaciones o quioscos, entre otras
dotaciones.
El silencio del Ministerio de Medio Ambiente respecto a la modificación de la
ley de Costas que impide instalar chiringuitos de más de 150 metros cuadrados
impedirá otro año resolver un conflicto que se repite cada verano. Los
empresarios hosteleros rechazan esa limitación de superficie porque la
consideran insuficiente para rentabilizar el negocio –no habrá discotecas–. El
PP, muy crítico en la pasada legislatura socialista, ha prometido modificar la
norma, si bien a día de hoy aún no está aprobada, así que no estará este verano.
INAUGURACIÓN OFICIAL // La pretensión municipal castellonense es
inaugurar la nueva temporada de chiringuitos el próximo 25 de mayo, aunque
se antoja muy difícil cumplir ese calendario. La Jefatura Provincial de Costas
todavía sigue sin responsable, por lo que los expedientes de autorización de las
concesiones costeras siguen ahora aparcados.
Como ya informó el periódico Mediterráneo el pasado mes de marzo, la
arquitecta municipal de Xilxes, Josefa Solernou, es quien tiene más papeletas
para ocupar el puesto vacante

DIARIO ABC
Hoteleros y constructores reclaman al Govern que acelere la Ley de Turismo
24-04-2012 / 14:21 h EFE
Las federaciones hoteleras de Mallorca, Menorca e Ibiza y Formentera, la
asociación de constructores, la de agencias de viajes de Baleares y la Federación
de Empresas de Comercio de Baleares (Afedeco) han reclamado hoy
conjuntamente al Govern que acelere la tramitación de la nueva Ley de
Turismo.
En un acto celebrado este mediodía, en el hotel Palas Atenea de Palma, han
reclamado la agilización de dicha norma que está tramitando el Govern y que
consideran que debería quedar aprobada este verano para llegar a tiempo a
planificar obras el próximo invierno, promover la dinamización de la economía
y mejorar la competitividad de Baleares como destino turístico.
La gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM),
Inmaculada Benito, ha opinado que aunque el proyecto fuera aprobado en el
Consell de Govern del próximo 4 de mayo, con trámites y comisiones que se
alargarían 6 semanas no llegaría a tiempo para este curso parlamentario, por lo
que ha pedido “que se habiliten sesiones extraordinarias” en el Parlament que
permitan avanzar la tramitación para aprobar la ley en julio.
Benito atribuye el retraso a que el período de exposición del proyecto fue largo
y se presentaron muchas alegaciones que han tenido que ser estudiadas y
considera que la tramitación de esta ley ha dejado claro que la Administración
“es demasiado engorrosa”.
Ha criticado que hay unos informes pendientes que “se podían hacer más
rápidamente y se están demorando en el tiempo”. “Se urge la aprobación de la
ley para que nos facilite la realización de obras durante la temporada de
invierno 2012-2013″, ha insistido.
Benito ha recalcado que es necesario tener tiempo para planificar las
actuaciones y que todos los entes implicados, como ayuntamientos o el
departamento de Costas, estudien e interpreten la normativa para elaborar sus
informes a los distintos expedientes de obra que se presenten.
También ha señalado que se prevé que otras entidades se adhieran al
documento.
Por su parte, el presidente de la patronal de comercio Afedeco, Bartolomé
Servera, ha asegurado que el documento firmado hoy supone “un mensaje
amable y cordial, pero muy serio” al Govern, sobre la necesidad de acelerar la
tramitación porque el sector turístico trabaja “por temporadas, no por años”. “Si
no llega cuando tiene que llegar, perdemos un año, no es que perdamos 3
meses”, ha dicho.
Ha aclarado que “no se trata de ser beligerantes con la Administración”, sino
“todo lo contrario”. “Consiste en ofrecerles el sentido común y la experiencia de
los distintos sectores, sobre cómo vemos las cosas”, ha indicado.
El presidente de la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome), Joan Melis, ha
recordado que “todas las voces de la Administración” están diciendo que el
turismo debe “tirar” de la situación económica ya que “afecta a entre el 80 y 90
%, en función de la isla, de la mano de obra y la producción económica”.
Melis ha pedido seguridad jurídica ante la necesidad de “planificar el futuro
para ser competitivos” respeto a mercados emisores que se han adelantado a
Baleares en el tiempo y ya han acometido mejoras. “En un mundo totalmente
globalizado, estamos en desventaja”, ha advertido.
Por parte de la Asociación de Constructores de Baleares, su presidente,
Eduardo López, ha alertado de que el único sector que “se está moviendo” es el
turístico por lo que es necesario darle facilidades a reformas, ampliaciones y
nuevos hoteles o el sector de la construcción “se queda igual de parado”.
“Nuestro sector va detrás del turístico, pero la economía, sin el sector de la
construcción que aglutina muchos oficios y destruye y crea empleos con
facilidad, no funciona”, ha dicho.
López ha pedido al Govern que “tome buena nota” de la reclamación de hoy
porque refleja la postura de “una parte importante de la sociedad balear,
dispuesta a arrimar el hombro y ayudar” para que la economía repunte.
También ha destacado que el documento incluye el compromiso de defender la
preservación del territorio y facilitar que todo lo que se lleva a cabo sea “con la
máxima calidad”.
La presidenta de la patronal de agencias Aviba, Sylvia Riera, ha reclamado que
la ley tenga en cuenta las alegaciones del sector.

http://www.elcomercio.es/v/20120425/oriente/ordenan-reposicion-estadooriginal-

20120425.html
DIARIO EL COMERCIO
Ordenan la reposición a su estado original de la casa del ‘Campu el gatu’ de
Llanes
La Consejería de Fomento sanciona al promotor por realizar «construcciones
no autorizadas» en zona de servidumbre de Costas
25.04.12 – 00:23 -
A. MORIYÓN | LLANES.
La Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente ha
ordenado la «reposición a su estado anterior en el plazo de un mes» del edificio
emplazado en la calle de Tomás Gutiérrez Herrero número 6 de Llanes, más
conocido como la casa del ‘Campu el gatu’. La Consejería acusa al promotor de
la obra, Miguel Castroviejo García, de acometer una infracción administrativa
tipificada como «grave» en la Ley de Costas por realizar «construcciones no
autorizadas» dentro de la zona de servidumbre de protección. Concretamente,
se habrían «demolido las fachadas Sur, Este y Norte de la segunda planta del
edificio, así como 14 metros cuadrados de la fachada Norte en las plantas
primera y baja».
Fue la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall) quien en su día dio la
voz de alarma mientras «el Ayuntamiento asistía impasible a tal
comportamiento por parte del propietario», critica el colectivo. La denuncia
vecinal hizo que la obra fuera paralizada por el Servicio de Disciplina
Urbanística del Principado y, hoy en día, los trabajos siguen parados pese a que
el promotor trató sin éxito de legalizar los hechos. «El Ayuntamiento,
tratándose de una obra que se ejecuta en medio de la villa, a la vista de todo el
mundo, pudo haberla paralizado al primer indicio de incumplimiento de los
condicionamientos de la licencia. Pero, para variar, no se movió, conduciendo
así al propietario a un callejón de costosísima salida, y al patrimonio
medioambiental de Llanes a una pérdida irreparable, pues la galería destruida,
que debió ser restaurada, ya es irrecuperable», lamentan desde el colectivo
vecinal.
El promotor deberá ahora restituir el edificio a su estado original antes de un
mes y pagar un multa simbólica de 602 euros. «Lo verdaderamente costoso es la
restitución, y no digamos si debe ejecutarlo de forma subsidiaria el Principado
en el caso de que el propietario no lo haga en el plazo que se le indica en la
resolución», apuntan desde Avall

http://www.lne.es/occidente/2012/04/25/valdes-pretende-elevar-180-numerocasetas-

playa-luarca/1232666.html
DIARIO LNE
Los recursos turísticos de la comarca
Valdés pretende elevar a 180 el número de casetas en la playa de Luarca
El Alcalde solicita a la Demarcación de Costas 36 instalaciones más que el
verano pasado para dar cobertura a todas las solicitudes
Dos turistas pasean por la playa de Luarca, en verano, con las casetas al
fondo. a. m. s.
Luarca (Valdés),
A. M. SERRANO
El Ayuntamiento de Valdés ha solicitado a la Demarción de Costas la
ampliación del número de casetas a instalar durante el período estival en la
playa urbana de Luarca. Las populares casetas de colores se convirtieron un
imagen turística de la capital valdesana hasta que en 2008 se promovió su
retirada para dar cumplimiento a la Ley de Costas.
El gobierno actual pretende que estas instalaciones prefabricadas vuelvan a ser
un icono turístico para Luarca y ofrezcan el servicio de antaño. El pasado
verano, el alcalde, José Modesto Vallejo, lideró una campaña para lograr que
estas instalaciones se mantuvieran más allá de septiembre, cuando la
Demarcación de Costas ordena su retirada. No fue posible. Ahora el gobierno
pretende ampliar el número de casetas permitidas. Su petición se fundamenta
en su deseo de dar cobertura a todas las solicitudes presentadas. En las
campañas pasadas, muchos usuarios (en torno a medio centenar) no pudieron
instalar sus casetas por falta de plazas.
El Ayuntamiento propone dar autorización para 180 casetas. En la conocida
como playa «primera» habrá 24 plazas, en la segunda, 50, y en la tercera, 106.
En total, son 36 casetas más que en años anteriores.
La iniciativa se enmarca en el plan propuesto por el gobierno del tripartito para
que las playas urbanas de Luarca ofrezcan un mejor servicio a sus usuarios, Así,
para este año está prevista la construcción de una escalera de acceso a un lugar
de baño habitual, al final de la playa segunda. Además, se ha elaborado un
documento para regular el acceso y explotación de los bares playa de los cuatro
arenales turístico del concejo. El Ayuntamiento de Valdés tenía previsto dar a
conocer ayer el pliego de condiciones de este concurso público, pero no fue
posible. Según confirmó el concejal de Obras y Servicios, Balbino Suárez,
existen diferencias entre las condiciones que el ejecutivo local quiere hacer
constar en el pliego de condiciones y las que considera oportunas el equipo
técnico del Ayuntamiento.
A poco tiempo del inicio de la temporada (la adjudicación comprende del 15 de
junio al 15 de septiembre) los empresarios interesados desconocen las
condiciones del concurso público. Según Suárez, uno de los principales escollos
es el precio de salida de cada uno de los bares. Los empresarios deberán hacer
su propuesta y se valorará, en primer término, el desembolso económico por la
explotación del bar y, en segunda instancia, la estética de la caseta.
Los bares playa se encuentran en Luarca, Otur, Cadavedo y Cueva. En las
últimas décadas eran explotados por particulares que directamente acudían a la
Demarcación de Costas a presentar la solicitud. Estos particulares,
normalmente, alquilaban el local a terceros. El Alcalde de Valdés asegura que
desea «no ser partícipe» de esta expotación de un recurso al que «todos
deberían tener acceso».

http://www.lne.es/oriente/2012/04/25/fomento-obliga-reconstruir-parte-edificioderruido-

llanes/1232649.html
DIARIO LNE
Fomento obliga a reconstruir parte de un edificio derruido en Llanes
El propietario del inmueble ha sido sancionado con una multa de 602 euros
Emilio G. CEA
La Consejería de Fomento Ordenación del territorio y Medio Ambiente del
Principado de Asturias ha sancionado al propietario de un inmueble situado en
la calle Tomás Gutiérrez Herrero por el incumplimiento de los condicionantes
impuestos por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de
Asturias (CUOTA) para llevar a cabo una obra de restauración del mismo. Se
trata, en concreto, de un edificio antiguo situado junto al puerto, en un lugar
popularmente conocido como «el campu del gatu». La Consejería ha impuesto
una multa de 602,25 euros al infractor y le obliga «a la restitución de las cosas y
su reposición a su estado anterior con la indemnización de daños irreparables y
perjuicios causados conforme establece el artículo 95.1 de la ley de costas en un
plazo máximo de un mes». Contra esta resolución de la Administración, el
propietario del inmueble podrá interponer cun recurso contencioso
administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.
La Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall) denunció hace un año el
incumplimiento de los condicionantes impuestos por la CUOTA en el
otorgamiento de la citada licencia municipal. Avall sostiene que se decidió a
denunciar esta situación al comprobar cómo el Ayuntamiento de Llanes asistía
impasible al comportamiento ilegal por parte del propietario del inmueble sin
intervenir.
El colectivo vecinal califica la resolución administrativa de «dura», aunque
especifica que lo de menos es la cuantía de la sanción. Para Avall lo
verdaderamente costoso «es la resolución que obliga a la restitución de las cosas
a su estado anterior, y no digamos si debe ejecutarlo de forma subsidiaria el
Principado en caso de que el propietario no lo haga en el plazo indicado».
La Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes critica el posicionamiento del
consistorio llanisco en este asunto, al no paralizar por el incumplimiento de las
condiciones de la licencia «una obra que se ejecutaba en medio de la villa y a la
vista de todo el mundo». Por este motivo Avall critica la pasividad del
Ayuntamiento de Llanes. «Su actitud ha conducido al propietario a un callejón
de costosísima salida, por un lado, y al patrimonio medioambiental de Llanes a
una pérdida irreparable, por otro, pues la galería destruida, entre otros
elementos de la casa que debieron ser restaurados en lugar de derruidos, a día
de hoy es irrecuperable» dicen.

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DIARIO DE LANZAROTE
Están dentro del dominio público marítimo terrestre
Saúl García (ACN)
[Lunes, 23 de abril de 2012] [13.35]
Los afectados por la Ley de Costas critican que el Estado mantenga 14
inmuebles de El Golfo en un limbo jurídico
El portavoz de la Plataforma de afectados por la Ley de Costas y abogado de
varios vecinos de El Golfo (Yaiza), José Ortega, asegura que el Gobierno
central mantiene a las 14 viviendas y restaurantes que se encuentran dentro
del dominio público marítimo terrestre en un “limbo jurídico” ya que no
dicta el derribo ni legaliza la situación mediante una concesión
administrativa.
Recientemente, el Tribunal Supremo rechazó el recurso del Ayuntamiento
de Yaiza, defendido por Felipe Fernández Camero, y validó el deslinde
marítimo terrestre aprobado por el Gobierno en 2006. Con esta sentencia, se
hace en la práctica casi imposible, según Ortega, que los recursos que
quedan por resolverse tengan un signo diferente.
Según el deslinde, 14 inmuebles queda dentro del dominio público
marítimo terrestre (todos los que están entre la carretera y la costa) por lo
que la propiedad pasa a ser del Estado pero puede otorgar una concesión,
que se solicitó en enero de 2007 y que aún no se ha resuelto. El resto de
edificaciones afectadas, dentro dela zona de servidumbre marítimo terrestre,
“no se van a tirar de ningún modo”, según Ortega.
Este abogado señala que a esos 14 inmuebles, en situación de limbo jurídico,
se les está sancionando por realizar cualquier tipo de obra, por necesaria que
sea. Señala que si Costas concediera la concesión se acabaría esta situación y
podrían seguir realizando la actividad que llevan a cabo en la actualidad,
bien de restauración o como residencia.
Según Ortega, hay varias claves que explican que se haya llegado a esta
situación. Por un lado, señala que Ayuntamiento, sobre todo al principio,
cuando era alcalde José Francisco Reyes, “seguía el procedimiento en un
ambiente de rivalidad y no de cooperación con los vecinos”.
Por otro lado, critica la actitud del consejero de política territorial del
Gobierno de Canarias, porque en lugar de realizar un informe para aportar
al procedimiento y determinar que dos tercios del núcleo poblacional eran
urbanos antes de 1988, hizo una resolución administrativa, dando a Costas
la oportunidad de recurrirla, y fue anulada, anticipando la sentencia
contraria a los vecinos.
“Berriel quiso resolver las cosas por su cuenta y a su manera”, asegura, y
critica que no facilitó que los vecinos se presentasen como codemandados en
ese procedimiento.
Respecto a Costas, Ortega señala que, para determinar el deslinde, no
presentó ninguna prueba, tan sólo una foto aérea en la que n se puede
distinguir si los materiales son de origen marino o terrestre (lo que
determina hasta donde puede llegar la marea y por tanto el deslinde)
mientras que los vecinos se gastaron 15.000 euros en un estudio que explica
las características de la costa de El Golfo, y al que no se le ha dado validez
por parte de los tribunales.

20120421.html
DIARIO EL COMERCIO
180 casetas para las playas de Luarca
El Ayuntamiento solicita autorización a Costas para incrementar el número
de vestuarios en los arenales segundo y tercero
21.04.12 – 00:17 -
I. GÓMEZ | LUARCA.
Los grupos políticos que integran el tripartito de Valdés siempre han sido muy
críticos con la retirada de las casetas de las playas de Luarca. De hecho, una de
sus primeras actuaciones al asumir el gobierno fue tratar de recuperar los
emblemáticos vestuarios, pero la ley de Costas impide su instalación
permanente. Así, el objetivo se centró en cubrir la demanda existente y para este
año el Ayuntamiento ha solicitado a la Demarcación de Costas la instalación de
180 casetas, una treintena más que el pasado verano.
Según la petición realizada por el Consistorio, la playa primera contará con 24
garitas, las mismas que se han instalado desde el verano de 2009, cuando los
usuarios tuvieron que realizar la primera solicitud formal en las oficinas
municipales para disponer de una caseta. Pero en las playas segunda y tercera,
este año habrá más. De atenderse la solicitud del gobierno valdesano, la
segunda contará con 50 garitas (diez más que en los años anteriores) y la tercera
con 106, lo que supone 26 más que en los últimos veranos.
De este modo, el Ayuntamiento confía en cubrir la demanda de vecinos y
turistas y evitar tener que sortear algunas de las construcciones, como ocurrió el
año pasado, ya que el número de casetas autorizadas no permitía cubrir el
elevado número de solicitudes.
La rampa, aplazada
Lo que las playas de Luarca no estrenarán este año será la rampa proyectada
para mejorar el acceso a la playa segunda. El concejal de Obras y Servicios,
Balbino Suárez, explicó que la Demarcación de Costas carece del presupuesto
necesario para ejecutar esta actuación, por lo que su construcción tendrá que
aplazarse.
Del mismo modo, está en el aire la ampliación del arenal. El Gobierno
valdesano estudió rellenarlo con material procedente del dragado de la ría de
Navia para aumentar su superficie y evitar que quede sin arena con la pleamar.
Sin embargo, la restricción financiera pone en duda que este proyecto pueda
llevarse a cabo este año.
Por el contrario, sí se está ejecutando el refuerzo del muro que bordea las dos
primeras playas, que ha sufrido serios daños a causa de los golpes de mar:
«Afectaba incluso a la carretera de acceso a las playas», anotó Suárez. Esta grave
situación ha obligado a Costas a intervenir para consolidar el talud y evitar
desprendimientos de roca y hundimientos en el paseo y en la carretera que
bordean los arenales de Luarca.

http://www.elfarodigital.es/ceuta/medio-ambiente/94695-los-ecologistastemen-

que-la-ley-de-costas-perjudique-el-litoral.html
DIARIO EL FARO DIGITAL
Los ecologistas temen que la Ley de Costas perjudique el litoral
Sábado, 21 de Abril de 2012 09:11 , Paloma Lopez Cortina
Aunque aseguran que en la ciudad no hay espacio para grandes
urbanizaciones, podrían alterarse espacios recuperados como el del paseo de la
barriada de Benítez Saben que por las limitaciones geográficas de la ciudad en
Ceuta “no caben grandes proyectos en zonas de dominio público terrestre”,
pero temen que la nueva Ley de Costas sea una amenaza ante lo conseguido
hasta ahora. Así lo explica el presidente de Septem Nostra, José Manuel Pérez
Rivera, que apoya la creación de una plataforma que bajo el nombre ‘No a
nuestra costa’, tratará de defenderse ante la actual Ley de Costas, y ante la
anunciada intención del Gobierno del PP de reformarla. La iniciativa la han
puesto en marcha Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace,
GOB, SEO/BirdLife y WWF. El objetivo es crear un movimiento ciudadano para
“aunar fuerzas” y que se garantice la conservación del litoral.
“Lo que está claro es que antes se actuaba con más diligencia y rotundidad y la
puesta en marcha de esa pretensión de reformarla y ser más permisivos con la
construcción en las zonas costeras en alguna medida podría perjudicarnos”.
Desde Septem Nostra se refieren a zonas como la de la barriada de Benítez, en
la que “se ha luchado mucho para recuperarla y echar abajo edificios que
ocupaban dominios públicos al lado de la costa y que si ahora se abre la mano a
estas restricciones podríamos perder esas zonas que tanto nos han costado
recuperar”, apuntan los ecologistas ceutíes.
La nueva ley, además, restaría instrumentos jurídicos para luchar contra la
defensa del litoral “algo sumamente importante para Ceuta, ya que está
rodeada de mar por lo que nos afectaría a pesar de nuestro pequeño tamaño”.
El informe Destrucción a Toda Costa 2010, de Greenpeace advertía de que
España degradaba 7,7 hectáreas de costa cada día que pasaba para crear
urbanizaciones, suelo industrial y comercial. La actual gestión del litoral
español ha provocado que en las últimas dos décadas la costa española haya
perdido una media de 50.000 hectáreas diarias, o lo que es lo mismo, una
superficie similar a ocho campos de fútbol cada día. Una pérdida que se podría
evitar con una correcta aplicación de la actual Ley de Costas en vigor.
La plataforma ‘No a nuestra cost’” desea convertirse en un movimiento
ciudadano y apartidista, que sume fuerzas y voces para garantizar el uso
público y libre de nuestra costa, así como la conservación del litoral. Desde la
plataforma esto es fundamental para la actividad económica sostenible a largo
plazo e insiste en que la aplicación correcta de la Ley de Costas, sin duda, ha de
conjugar la conservación y el desarrollo económico.

http://www.huelvainformacion.es/article/sociedad/1238090/las/desaladoras/fuer

on/una/improvisacion/millones.html
DIARIO HUELVA INFORMACIÓN
“Las desaladoras fueron una improvisación de 2.000 millones”
El responsable del PP asegura que con la reforma de la Ley de Costas no
pretenden “enladrillar el litoral” y que con el cambio climático “se vende mucho
humo”
CATY ARÉVALO (EFE) / MADRID | ACTUALIZADO 20.04.2012 – 05:01
Convencido de que el medio ambiente debe ser un aliado de la actividad
económica, el nuevo secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico
Ramos, considera que el plan de las desaladoras puesto en marcha por el
Gobierno socialista fue “una improvisación de 2.000 millones de euros”.
En entrevista con Efe, Ramos señala que con la reforma de la Ley de Costas
no quieren “enladrillar el litoral”, que la política del agua es competencia del
Estado, que no son partidarios de declarar protecciones, marinas y/o
terrestres, contra nada y contra nadie, y que en materia de cambio climático
se ha vendido “mucho humo” en España.
Procedente de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid,
este abogado del Estado, nacido en Madrid en 1973, y que antes de entrar en
política ejerció su profesión, entre otros, en el CSIC (Consejo Superior de
Investigaciones Científicas), quiso dejar muy claro que se ha impuesto como
obligación que el medio ambiente no se perciba como antagónico a la
actividad económica.
“Nuestra tarea es más difícil que la de prohibir o limitar, antes bien orientar,
encauzar y ser aliados de la actividad económica de la generación de empleo,
y no un obstáculo para la misma”, asegura en la entrevista.
El agua es, a su juicio, uno de los problemas “más trascendentes” por su
relevancia e implicaciones, y por lo básico que es para el sector de la
actividad humana, por eso, considera que es el tema que merece los “mayores
esfuerzos”.
En esta materia, señala, “no hay que ser cortoplacistas”, y considera que con el
plan de las desaladoras, el anterior Gobierno socialista lo fue.
En su opinión, las mismas han supuesto “una improvisación de más de 2.000
millones”, y “con un recurso tan valioso como el agua merece todas nuestras
críticas”.
“Nos hemos encontrado con una herencia envenenada”, con desaladoras
caras, sin funcionar y mal planificadas tanto desde el punto de vista de la
comercialización del agua como del de su propio funcionamiento.
Sobre la anunciada reforma de la Ley de Costas, el secretario de Estado de
Medio Ambiente asegura que, a pesar de lo que se ha dicho, el objetivo “no es
enladrillar la costa”, pero que hay mucho margen de mejora y que después de
los años de vigencia de esta ley (1988), hay nuevos usos y nuevas demandas
sociales relativas al litoral que “merecen ser reguladas porque no lo han sido
hasta ahora”. Nuevos usos, especifica, de ocio, de aprovechamiento energético
de tipo experimental, de cultivos marinos, demanda de puesta al día de
infraestructuras turísticas “a las que no estamos siendo capaces de dar
respuesta”.
En cuanto al cambio climático, Ramos sostiene que en esta materia se ha
hablado mucho en España, pero la realidad es que se “ha hecho poco, se ha
vendido mucho humo” porque “proyectos realmente plasmados no se han
llevado a cabo por parte de las administraciones”.
Así que el primer objetivo que se propone el ministerio es trabajar para
cumplir los compromisos internacionales asumidos y también, y antes de
seguir comprando derechos a países extranjeros para compensar el exceso de
emisión de gases invernadero en España, merece la pena trabajar
internamente en la búsqueda de proyectos que supongan su reducción
efectiva.
Por ello cree que puede ser una oportunidad para emprendedores españoles
trabajar en esta materia antes que seguir gastando dinero fuera, como se ha
hecho en las últimas legislaturas.
En este sentido, Ramos confirma que ya tienen proyectos concretos sobre la
mesa y de todo tipo, como los relativos a la eficiencia energética, a los
edificios o al transporte.

http://www.laprovincia.es/gran-canaria/2012/04/21/derribos-costa-norte-manosayuntamientos/

452651.html
DIARIO LA PROVINCIA
Las Palmas
Los derribos de la costa del Norte, en manos de los ayuntamientos
Más de 250 viviendas situadas en dominio marítimo terrestre están afectadas
por la Ley de Costas
Viviendas en el litoral de San Andrés, en el municipio de Arucas. i SANTI
BLANCO
JESÚS MONTESDEOCA El futuro de las viviendas ilegales en la costa de
Arucas, Moya, Guía y Gáldar queda en manos de los ayuntamientos. Ésa es la
principal modificación en el Plan de Ordenación del Litoral del Norte (PTP-15),
según adelantó ayer la consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran
Canaria, Ana Kursón, tras entrevistarse con representantes de esos cuatro
municipios.
El documento inicial, elaborado en la etapa del gobierno del PSOE y NC,
contemplaba un paseo marítimo único desde El Puertillo a San Felipe y el
consiguiente derribo de las edificaciones que incumplen la Ley de Costas, pero
los actuales responsables del PP en la corporación insular ceden ese
planeamiento a cada uno de los ayuntamientos, que decidirán junto a la
Demarcación de Costas qué viviendas se pueden salvar de la piqueta.
Kursón explicó que el Plan del Litoral del Norte se podrá aprobar de forma
provisional en un plazo de 15 días, después de que el Tribunal Supremo
anulara la variante de Bañaderos y obligara a cambiar toda la planificación de
las carreteras en esa zona de la isla. Respecto al futuro de las más de 250
viviendas que invaden el dominio marítimo-terrestre e impiden la construcción
de una avenida, la consejera dijo que el PTP-15 “ya no va a recoger la
ordenación de los paseos marítimos, sino que simplemente incluirá las
determinaciones obligatorias de la Ley de Costas y serán los ayuntamientos los
que hagan la ordenación pormenorizada de los dichos paseos”.
Consenso vecinal
El presidente de la Mancomunidad del Norte y alcalde de Arucas, Ángel Víctor
Torres, precisó que la demolición de las edificaciones ilegales es una
competencia de la Demarcación de Costas, por lo que las casas que están en
dominio público seguirán afectadas mientras no cambie la ley. “Mientras tanto”
-añadió el regidor de Arucas- “somos nosotros los que tenemos que definir en
nuestro planeamiento lo que queremos hacer en las costas, así como buscar la
financiación, porque es complicado lograr el dinero”.
Torres abogó por ordenar el litoral con el consenso de los vecinos, “lo que no
siempre es fácil”. Al respecto, recordó que en la creación del paseo marítimo de
El Puertillo se vieron afectadas algunas viviendas, como ocurrió en su momento
para construir el paseo de Las Canteras de la capital”. “Hay un interés público
básico, pero pensamos que se podrá hacer por consenso”, apuntó. Ni Kursón ni
Torres se aventuraron a calcular cuántas casas tendrán que ser derribadas para
hacer los paseos marítimos. Antes que nada, comentaron, habrá que esperar a
las modificaciones anunciadas en la Ley de Costas. “Hay que decir a los vecinos
que estén tranquilos”, agregó Torres.

http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-cabildo-gran-canariaayuntamientos-

norte-esperan-documento-solventar-ptp-15-aprobado-verano-
20120420142809.html
Lunes, 23 de abril 2012
Cabildo Gran Canaria y ayuntamientos del Norte esperan que el documento
para solventar el PTP-15 esté aprobado en verano
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Política Territorial, Arquitectura y Paisaje del Cabildo de Gran
Canaria, Ana Kurson, tras mantener este viernes un encuentro con los alcaldes
de la Mancomunidad del Norte para analizar el Plan Territorial Parcial, PTP-15
(Litoral del Norte), indicó que espera que dicho plan esté aprobado en verano.
El encuentro que respondía a una petición de la Mancomunidad se ha centrado
en la valoración de los trabajos del PTP-15, que en el tramo dos fue suspendido
por una sentencia del Tribunal Supremo (TS), y será ahora el PTP-15 el
documento que recoja la modificación de esa carretera con un nuevo trazado de
la autovía que unirá la circunvalación de la isla de Gran Canaria con la zona
Norte.
Para ello, explicó Kurson en declaraciones a los medios, se resolverán
problemas “muy importantes” en el tramo que “está pendiente de ejecución” en
la carretera, ya que existen zonas donde hay casas cercanas a la vía, de tal forma
que las personas salen de sus inmuebles y se encuentran con los coches.
Por ello, el documento que recoge las soluciones a estos hechos será analizado
ahora por los equipos del Cabildo de Gran Canaria y, posteriormente, se prevé
que en el plazo de 15 días el consejo de gobierno del Cabildo realice la
aprobación inicial para sacar el documento a información pública.
Kurson concretó algunas de las soluciones que recoge el documento, entre ellas,
la de que la vía continúe el trazado actual para preservar el paisaje de
plataneras y “simplemente ampliando dicho trazado para que cumpla con los
estándares que requiere una autovía”.
Asimismo, otra “importante modificación es que dicho documento ya no va a
recoger” la ordenación de los paseos marítimos sino que “simplemente”
recogerá las determinaciones obligatorias de Costas para que posteriormente
sean los ayuntamientos los que decidan cómo hacen los paseos marítimos.
En este sentido, las viviendas que se podrían ver afectadas por la construcción
de paseos marítimos será algo, puntualizó Kurson, que decidan los
ayuntamientos cuando vayan a realizar los paseos y tras convenios que hagan
con Costas pero recordó que actualmente están “pendiente de la modificación
de la Ley de Costas, es un tema en el que el PTP-15 no va a entrar”.
EL CRUCE DE BAÑADEROS
Respecto al cruce en la carretera de Bañaderos, en Arucas, señaló que el
documento expone la necesidad de que se le de “una solución que permita la
conexión, lo más transparente posible, entre lo que es El Portillo y Bañaderos”,
pero afirmó que será el proyecto de ejecución que redactará el Gobierno de
Canarias “el que decida” cómo hacerlo, si viaducto u otra tipo de construcción.
Asimismo, cuestionada sobre la construcción de un campo de golf y un hotel en
Santa María de Guía, Kurson matizó que se trata de una cuestión recogida pero
en el documento de campos de golf y que la construcción de los mismos
dependerá de si se quiere o no hacer, lo que se indica es que es “una zona
habilitada” para ello.
Respecto a la financiación de los trabajos, la consejera indicó que “hay un
compromiso por parte del Gobierno de Canarias de que esta carretera se iba a
terminar, se iba a unir el Norte con la circunvalación” aunque matizó que “lo
único que podía ocurrir es que en vez de contemplarse en la tercera fase de los
presupuestos pasaría a la cuarta fase”.
De todos modos, dijo, será el documento del proyecto de ejecución del
Gobierno de Canarias “el que determinará el final de esa carretera pero que
desde luego será mucho menor –la financiación– que el previsto dado que ya
no hay que hacer el túnel por medio de las plataneras”. Para Kurson se trata de
un plan que permitirá un desarrollo “importante de toda la costa Norte no sólo
por la carretera sino por el equipamiento”.
PLAN “CLAVE”
Por su parte, el presidente de la Mancomunidad del Norte, Ángel Víctor Torres,
recordó que a finales de 2011 ya se planteó la necesidad de que este plan
“caminará” e incluso se expuso la posibilidad de que antes de verano se podría
tener la aprobación provisional, lo que se ha ratificado aunque señaló que
queda todavía algún encuentro más.
Torres consideró que se trata de un plan “clave” para solventar la conexión entre
el Noroeste y Las Palmas de Gran Canaria junto con la cuarta fase, que es una
carretera que se está realizando, y que a pesar de los recortes se prevé que
continúe.
En cuanto a la posibilidad de derribos de viviendas cercanas a las costas y que
podrían verse afectadas, Torres apuntó que están a la espera de la modificación
de la Ley de Costas pero los ayuntamientos también tienen que hacer su
planeamiento para ver qué quieren hacer y posteriormente buscar financiación,
lo que “no es fácil” actualmente. Agregó que también será necesario el consenso
con los vecinos.

HTTP://WWW.EUROPAPRESS.ES/ANDALUCIA/SEVILLA-00357/NOTICIAIU-

INSTA-GOBIERNO-CONCRETE-DEMOLICION-HOTELALGARROBICO-
RECUPERAR-PLAYA-20120420140909.HTML
Lunes, 23 de abril 2012
INICIATIVA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
IU insta al Gobierno a que concrete la demolición del hotel de El Algarrobico
para recuperar la playa
MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Izquierda Unida Ascensión de las Heras ha registrado una
iniciativa en el Congreso, para su debate en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, por la que insta al Gobierno a iniciar los
procedimientos pertinentes con el objetivo de “recuperar la Playa de El
Algarrobico”, en el término municipal de Carboneras (Almería).
Dado que recientes pronunciamientos judiciales del Tribunal Supremo decretan
la demolición del hotel Algarrobico por ser contrario a la Ley de Costas,
Ascensión de las Heras ha reclamado al Ejecutivo que establezca una propuesta
concreta “con el correspondiente cálculo de costes, sobre la forma de deshacer la
edificación, recuperar el máximo de los materiales de construcción utilizados en
su día y programar la reutilización de dichos materiales recuperados”.
Para De las Heras, el edificio del hotel Algarrobico es “una de las mayores
agresiones urbanísticas sufridas por el litoral español”. En este sentido, ha
advertido de que desde el año 2002 se está asistiendo a un embrollo de
resoluciones judiciales y declaraciones políticas al respecto. Sin embargo, la
reivindicación ciudadana ha sido en todo momento muy clara solicitando
deshacer esa edificación y restaurar ambientalmente el paraje afectado.
En su proposición no de ley, IU urge a convocar la Comisión Mixta de
Seguimiento del Protocolo General para recuperar la playa del Paraje El
Algarrobico para “adoptar el plan de actuación, elaborar el acuerdo de
cofinanciación, efectuar el seguimiento del plan de actuación conjunto y velar
por su correcta aplicación”.
También propone que el Gobierno estudie la “viabilidad” de crear una comisión
parlamentaria, en colaboración con el Parlamento de Andalucía y el Pleno del
Ayuntamiento de Carboneras, para “investigar las posibles responsabilidades
patrimoniales, políticas y administrativas” que pudieran existir en los gobiernos
anteriores que autorizaron la construcción del hotel Algarrobico.

http://www.europapress.es/cantabria/noticia-pp-dice-hecho-meses-masafectados-

ley-montes-anterior-gobierno-anos-20120420145608.html
Lunes, 23 de abril 2012
El PP dice que “ha hecho en meses más por los afectados por la Ley de
Montes que el anterior Gobierno en 8 años”
SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El diputado regional del Partido Popular, Íñigo Fernández, ha afirmado que el
Gobierno de Ignacio Diego “ha hecho en meses más por los afectados por la Ley
de Montes que el anterior Gobierno (PRC-PSOE) en ocho años”, por lo que el
Partido Regionalista “ahora no tiene legitimidad para exigir nada”.
Fernández ha respondido así a las críticas formuladas este viernes por el
portavoz parlamentario regionalista, Rafael de la Sierra, quien ha calificado de
“engaño” la orden sobre los consorcios forestales y quien además ha instado al
Gobierno regional a que adopte las medidas necesarias para modificar la Ley de
Montes.
En este sentido, el portavoz del PP en el Parlamento de Cantabria en materia de
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural ha denunciado que durante los ocho años
en que el PRC estuvo al frente del Gobierno de Cantabria “no se preocuparon
por el problema de los afectados por la Ley de Montes” y ha lamentado que su
interés por este problema haya surgido ahora que no tienen responsabilidades
de gobierno.
“El PRC acaba de descubrir que en Cantabria hay afectados por la Ley de
Montes”, ha sentenciado Fernández, para quien resulta “sorprendente” que
precisamente ahora exijan soluciones quienes durante los últimos ocho años “no
plantearon ningún tipo de medida para este colectivo”, al que el expresidente
cántabro, Miguel Ángel Revilla, “sólo recibió una vez y en vísperas de las
elecciones”.
El diputado ha recordado que, en contra de lo manifestado este viernes en
rueda de prensa por el portavoz parlamentario regionalista, Rafael de la Sierra,
el PP, desde su llegada al Gobierno de Cantabria, ha puesto en marcha distintas
medidas para dar solución a los afectados por la Ley de Montes que “ya
empiezan a dar resultado”.
Al respecto, ha citado la orden que desbloquea los consorcios forestales, la
oficina de información, la contratación de cuatro asistencias para revisar los
deslindes, el informe que abre la vía para adquirir la propiedad a través de la
usucapión o la desafectación de parcelas con viviendas situadas en el dominio.
“El Gobierno de Ignacio Diego ha hecho en meses más por los afectados por la
Ley de Montes que el anterior Gobierno en ocho años”, ha aseverado
Fernández, quien, no obstante, ha indicado que “se necesita algún tiempo para
poder dar solución al problema de la mayoría de los afectados”.
“El PRC no solucionó en ocho años una sola situación de afectados por la Ley de
Montes, no atendió a un solo afectado por la Ley de Costas, no legalizó una sola
vivienda con sentencia de derribo ni indemnizó a un solo propietario. ¿Cómo se
puede exigir ahora urgencia?”, se ha preguntado el parlamentario, quien ha
contrapuesto el Gobierno del Partido Popular, que “no solo ha planteado
soluciones, sino que da la cara, mientras que el secretario general del PRC ni
siquiera recibía a los afectados”.

http://www.itweek.es/2012/04/la-ley-de-costas-y-los-grandes-desastres/

Itweek
La ley de costas y los grandes desastres
Publicado el 9 abril, 2012 por Saul K
En un país donde la llamada del
seductor turismo ha provocado un urbanismo descontrolado y especulador a
lo largo de la costa durante muchos años, se ha descuidado el medio
ambiente y el respeto a la naturaleza y el mar, por lo que ha sido necesaria la
implantación de una ley de costas que evitara los grandes desastres en el
paisaje costero. Ahora, ¿ha evitado los desastres o ha creado otros?
Urbanismo desbocado
España vive del turismo. Sin duda, nadie puede discutir esta afirmación, ya que
es ésta la principal actividad económica de este país, gracias, principalmente, o
así ha sido al menos durante muchos años, antes de la llegada del turismo más
intelectual llamado por la apertura de grandes museos, al sol que baña sus
costas durante unos cuantos meses del año. No obstante, los constructores
españoles, movidos por la ambición de la llamada del turismo, no dudaron en
levantar grandes urbanizaciones y hoteles a pocos metros de la costa,
provocando un desastre medioambiental que la ley de costas trata de evitar.
Así, no sólo se ha prohibido construir a menos de 200 metros, sino que todo lo
que hasta ahora había levantado dentro de este límite, debe desaparecer.
¿Es justo?
De esta forma, no resulta raro ver en muchas playas españolas, hoteles o
apartamentos a medio construir, pendientes de una orden de demolición
avalada por la ley de costas. Los ecologistas aplauden esta decisión, pero, ¿es
justo en todos los casos?. Por ejemplo, ha ocurrido a lo largo de toda la costa
que molinos de agua que habían sido declarados como patrimonio histórico y
sirven actualmente de vivienda para muchas familias también se hayan visto
afectados y tengan ahora que desaparecer…
Adiós a los chiringuitos
Otros que también se han visto afectados por la ley de costas han sido los
chiringuitos de las playas españolas, que ven peligrar el negocio que sustenta
también a familias enteras, e incluso a municipios enteros. No obstante, su
lucha por evitar la desaparición puede que les dé algún resultado y finalmente
puedan aguantar

actual-Ley-Costas.asp
DIARIO AMBIENTUM
100 organizaciones se unen en defensa de la actual Ley de Costas
19/4/2012
España
La nueva plataforma está en contra de la reforma
de la Ley de Costas./@stock.xchng
REDACCIÓN
redaccion@ambientum.com
Para las casi 100 organizaciones que forman de momento la Plataforma “No a
Nuestra Costa”, la Ley de Costas es una garantía para la conservación de los
ecosistemas litorales, el uso público en la costa y el freno a la especulación
urbanística.
Ayer se presentó en rueda de prensa en Madrid la Plataforma “No a Nuestra
Costa”, una iniciativa puesta en marcha por Amigos de la Tierra, Ecologistas en
Acción, Greenpeace, GOB, SEO/BirdLife y WWF por la defensa de la Ley de
Costas, ante los reiterados intentos de reforma de la misma.
La Plataforma está formada por decenas de organizaciones ecologistas, del
sector social y económico, y reúne a empresas de turismo activo y naturaleza,
asociaciones de vecinos del litoral, departamentos de diferentes universidades,
la Asociación de Jueces para la Democracia, formada por más de 500 jueces, el
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el Foro de Turismo
Responsable, ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones
Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos), o sindicatos como UGT, CCOO o
CGT, entre otras.
“No a nuestra costa” desea convertirse en un movimiento ciudadano y
apartidista, que sume fuerzas y voces para garantizar el uso público y libre de
nuestra costa, así como la conservación del litoral. Desde la plataforma, esto es
fundamental para la actividad económica sostenible a largo plazo e insiste en
que la aplicación correcta de la Ley de Costas, sin duda, ha de conjugar la
conservación y el desarrollo económico.
Con la presentación de la Plataforma, las organizaciones han lanzado también
una campaña de movilización ciudadana para que, a título personal, se pueda
apoyar la validez de la actual Ley de Costas.
La situación actual de nuestra costa
La entrada en vigor de la Ley de Costas, en 1988, avanzó decisivamente en la
conservación de los recursos naturales. Se establecieron claros límites al
proceso de desfiguración de la costa (iniciado hace 60 años), haciendo patente
el uso público de la costa para todos los ciudadanos, que recoge el artículo 132
de la Constitución. Además, salvaguarda los derechos legítimos de particulares
y empresas, dando un plazo de 30 años, que termina en 2018, y prorrogables
otros 30 más para buscar otra ubicación al gran número de industrias altamente
contaminantes que se asientan en la costa.
En dos décadas, la costa ha perdido una superficie similar a ocho campos de
fútbol cada día. Una costa mal conservada nos cuesta miles de millones de
euros cada año, dinero público que se destina a la restauración de paseos
marítimos, playas, infraestructuras costeras y al control de vertidos en una
espiral de gasto sin fin.
Desde la plataforma, se considera que la aplicación de la Ley de Costas tiene
que ser estricta, sin rebajas, eliminando las construcciones ilegales y
compensando a aquellos propietarios víctimas de la mala gestión
administrativa (estudiando caso por caso). Una reforma de la Ley de Costas, en
los términos planteados por el Gobierno, donde solo unos pocos se verían
favorecidos, implicaría un enorme coste para las arcas públicas.
La mejor política que se debe realizar es favorecer la conservación del entorno.
El respeto a los procesos ecológicos no es un freno al progreso, sino el camino
para salir de la crisis.

HTTP://WWW.COMPROMISORSE.COM/RSE/2012/04/19/UN-CENTENARDE-

ORGANIZACIONES-SE-ALIAN-PARA-DEFENDER-LA-LEY-DECOSTAS-/
DIARIO COMPROMISO RSE
PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA ‘NO A NUESTRA COSTA’ EN LA
SEDE MADRILEÑA DE GREENPEACE
Un centenar de organizaciones se alían para defender la Ley de Costas
19/04/2012 08:29:37 Casi un centenar de organizaciones de todo tipo han
sumado sus esfuerzos para crear la plataforma “No a nuestra costa”, que se
presentó ayer miércoles en la sede madrileña de Greenpeace. Esta plataforma,
que nace con vocación de movimiento ciudadano y apartidista, tiene como
objetivo conservar los ecosistemas litorales, el uso público en la costa y el
freno a la especulación urbanística.
Esta iniciativa ha sido puesta en marcha por Amigos de la Tierra, Ecologistas en
Acción, Greenpeace, GOB, SEO/BirdLife y WWF y cuenta con el apoyo de
ciudadanos, universidades, la Asociación de Jueces para la Democracia, el
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el Foro de Turismo
Responsable, ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones
Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos), o sindicatos como UGT, CCOO o
CGT, entre otras.
En nombre de todas las organizaciones que forman parte de la plataforma, el
director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha explicado que
la Plataforma nace como defensa a la Ley de Costas de 1988 que el actual
Gobierno pretende reformar. Según Mario Rodríguez, “la ley de costas ha sido
el intento más serio que ha habido en este país de dar valor real a la primera
línea de playa. Valor real significa no medir ese valor por el número de
chiringuitos o de infraestructuras que hay allí, sino por el valor real de sus
ecosistemas y como primera línea de defensa de un país tan expuesto al cambio
climático”. Pero a pesar de ello, el director ejecutivo de Greenpeace ha afirmado
que “esta ley ha sido ignorada desde siempre por parte de las administraciones
central, autonómicas y ayuntamientos que alegan que impide conjugar el
desarrollo económico con el medio ambiente”.
Según ha puesto de manifiesto la Plataforma “No a nuestra costa”, la actual
gestión del litoral español ha provocado que en las últimas dos décadas la costa
española haya perdido una media de 50.000 hectáreas diarias, o lo que es lo
mismo, una superficie similar a ocho campos de futbol cada día. Una pérdida
que se podría evitar con una correcta aplicación de la actual Ley de Costas en
vigor.
Por su parte, Miguel Ángel Losada, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la
ETSI de la Universidad de Granada, ha afirmado que “la Ley de Costas se
adelantó a su tiempo. En 1988 se trabajó sobre una ideología marcada por la
Constitución y abría un panorama donde la costa cumple una función en el
planeta, en la ciudadanía y en las economías, no una a costa de la otra sino una
contando con la otra. Esto es lo que debe tener en cuenta el Gobierno si quiere
modificar la Ley de Costas”.
“No a nuestra costa” desea convertirse en un movimiento ciudadano y
apartidista, que sume fuerzas y voces para garantizar el uso público y libre de
nuestra costa, así como la conservación del litoral. Desde la plataforma esto es
fundamental para la actividad económica sostenible a largo plazo e insiste en
que la aplicación correcta de la Ley de Costas, sin duda, ha de conjugar la
conservación y el desarrollo económico

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2012/04/19/nueva-plataformamodificacion-

ley-costas/549811.html
DIARIO DE IBIZA
Nace una plataforma contra la modificación de la Ley de Costas
´No a Nuestra Costa´ exige que se mantenga la normativa y que se aplique de
forma correcta, sin discriminaciones
Marià Marí y Hazel Morgan, en Platja d´en Bossa. VICENT MARÍ
N. G. G. | PLATJA D´EN BOSSAMarià Marí, del GEN-GOB, y Hazel Morgan,
de Amics de la Terra, presentaron ayer en Ibiza la plataforma ´No a Nuestra
Costa´, que busca evitar la modificación de la ley de Costas que prevé
«reimpulsar la degradación de la costa, la privatización de playas y la
especulación urbanística del litoral bajo el argumento de la dinamización
económica y la creación de puestos de trabajo», según recoge el comunicado
difundido.
«La ley de Costas es el mejor instrumento para la protección de la costa, que nos
ha salvado de las urbanizaciones y ha permitido el libre paso al litoral», resaltó
Morgan. Ella reivindicó que no se cambie la normativa y que «se aplique bien»,
con el personal necesario –«en Ibiza solo hay un celador que está de baja desde
hace dos años y no han sido sustituidos», afirmó–, respetándose todas las
denuncias y sin discriminaciones entre los distintos casos a la hora de
sancionar.
Marí señaló que cuando se aprobó la normativa, en 1988, fue porque «se habían
consumado hechos gravísimos» y recordó que el acuñado concepto de
balearización es sinónimo de «destrucción masiva del litoral» y muestra «los
graves problemas ocasionados».
Precisamente añadió que Platja d´en Bossa es un ejemplo de ello: «Las primeras
protestas en defensa de los espacios protegidos, cuando se tramitaba la ley,
fueron para salvar sa Sal Rosa. Habría bastado echar 50 metros atrás los
edificios para mantener el sistema dunar», subrayó Marí, quien apostilló que
ahora solo queda «un reducto de lo que fue Platja d´en Bossa».
Según Morgan, la mala gestión de la costa supone un gasto de «millones de
euros al año», mientras la buena gestión es «una manera de garantizar
ingresos». Marí añadió que es falso que incentivar la construcción pueda
impulsar la economía –Morgan recordó que esto ha estado en el origen de la
crisis– y que conservar el litoral es lo que permitirá atraer a visitantes, por ser
un atractivo turístico.
Esta iniciativa, impulsada por colectivos ecologistas en distintos puntos de
España, cuenta el con el apoyo de asociaciones de tipo social, económico, de la
educación y la justicia. En adelante se organizarán actuaciones, si bien todavía
no se han concretado.

http://www.ambientum.com/boletino/noticias/100-organizaciones-se-unendefensa-

actual-Ley-Costas.asp
DIARIO AMBIENTUM
100 organizaciones se unen en defensa de la actual Ley de Costas
19/4/2012
España
La nueva plataforma está en contra de la reforma
de la Ley de Costas./@stock.xchng
REDACCIÓN
redaccion@ambientum.com
Para las casi 100 organizaciones que forman de momento la Plataforma “No a
Nuestra Costa”, la Ley de Costas es una garantía para la conservación de los
ecosistemas litorales, el uso público en la costa y el freno a la especulación
urbanística.
Ayer se presentó en rueda de prensa en Madrid la Plataforma “No a Nuestra
Costa”, una iniciativa puesta en marcha por Amigos de la Tierra, Ecologistas en
Acción, Greenpeace, GOB, SEO/BirdLife y WWF por la defensa de la Ley de
Costas, ante los reiterados intentos de reforma de la misma.
La Plataforma está formada por decenas de organizaciones ecologistas, del
sector social y económico, y reúne a empresas de turismo activo y naturaleza,
asociaciones de vecinos del litoral, departamentos de diferentes universidades,
la Asociación de Jueces para la Democracia, formada por más de 500 jueces, el
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el Foro de Turismo
Responsable, ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones
Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos), o sindicatos como UGT, CCOO o
CGT, entre otras.
“No a nuestra costa” desea convertirse en un movimiento ciudadano y
apartidista, que sume fuerzas y voces para garantizar el uso público y libre de
nuestra costa, así como la conservación del litoral. Desde la plataforma, esto es
fundamental para la actividad económica sostenible a largo plazo e insiste en
que la aplicación correcta de la Ley de Costas, sin duda, ha de conjugar la
conservación y el desarrollo económico.
Con la presentación de la Plataforma, las organizaciones han lanzado también
una campaña de movilización ciudadana para que, a título personal, se pueda
apoyar la validez de la actual Ley de Costas.
La situación actual de nuestra costa
La entrada en vigor de la Ley de Costas, en 1988, avanzó decisivamente en la
conservación de los recursos naturales. Se establecieron claros límites al
proceso de desfiguración de la costa (iniciado hace 60 años), haciendo patente
el uso público de la costa para todos los ciudadanos, que recoge el artículo 132
de la Constitución. Además, salvaguarda los derechos legítimos de particulares
y empresas, dando un plazo de 30 años, que termina en 2018, y prorrogables
otros 30 más para buscar otra ubicación al gran número de industrias altamente
contaminantes que se asientan en la costa.
En dos décadas, la costa ha perdido una superficie similar a ocho campos de
fútbol cada día. Una costa mal conservada nos cuesta miles de millones de
euros cada año, dinero público que se destina a la restauración de paseos
marítimos, playas, infraestructuras costeras y al control de vertidos en una
espiral de gasto sin fin.
Desde la plataforma, se considera que la aplicación de la Ley de Costas tiene
que ser estricta, sin rebajas, eliminando las construcciones ilegales y
compensando a aquellos propietarios víctimas de la mala gestión
administrativa (estudiando caso por caso). Una reforma de la Ley de Costas, en
los términos planteados por el Gobierno, donde solo unos pocos se verían
favorecidos, implicaría un enorme coste para las arcas públicas.
La mejor política que se debe realizar es favorecer la conservación del entorno.
El respeto a los procesos ecológicos no es un freno al progreso, sino el camino
para salir de la crisis.

HTTP://WWW.COMPROMISORSE.COM/RSE/2012/04/19/UN-CENTENARDE-

ORGANIZACIONES-SE-ALIAN-PARA-DEFENDER-LA-LEY-DECOSTAS-/
DIARIO COMPROMISO RSE
PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA ‘NO A NUESTRA COSTA’ EN LA
SEDE MADRILEÑA DE GREENPEACE
Un centenar de organizaciones se alían para defender la Ley de Costas
19/04/2012 08:29:37 Casi un centenar de organizaciones de todo tipo han
sumado sus esfuerzos para crear la plataforma “No a nuestra costa”, que se
presentó ayer miércoles en la sede madrileña de Greenpeace. Esta plataforma,
que nace con vocación de movimiento ciudadano y apartidista, tiene como
objetivo conservar los ecosistemas litorales, el uso público en la costa y el
freno a la especulación urbanística.
Esta iniciativa ha sido puesta en marcha por Amigos de la Tierra, Ecologistas en
Acción, Greenpeace, GOB, SEO/BirdLife y WWF y cuenta con el apoyo de
ciudadanos, universidades, la Asociación de Jueces para la Democracia, el
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, el Foro de Turismo
Responsable, ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones
Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos), o sindicatos como UGT, CCOO o
CGT, entre otras.
En nombre de todas las organizaciones que forman parte de la plataforma, el
director ejecutivo de Greenpeace España, Mario Rodríguez, ha explicado que
la Plataforma nace como defensa a la Ley de Costas de 1988 que el actual
Gobierno pretende reformar. Según Mario Rodríguez, “la ley de costas ha sido
el intento más serio que ha habido en este país de dar valor real a la primera
línea de playa. Valor real significa no medir ese valor por el número de
chiringuitos o de infraestructuras que hay allí, sino por el valor real de sus
ecosistemas y como primera línea de defensa de un país tan expuesto al cambio
climático”. Pero a pesar de ello, el director ejecutivo de Greenpeace ha afirmado
que “esta ley ha sido ignorada desde siempre por parte de las administraciones
central, autonómicas y ayuntamientos que alegan que impide conjugar el
desarrollo económico con el medio ambiente”.
Según ha puesto de manifiesto la Plataforma “No a nuestra costa”, la actual
gestión del litoral español ha provocado que en las últimas dos décadas la costa
española haya perdido una media de 50.000 hectáreas diarias, o lo que es lo
mismo, una superficie similar a ocho campos de futbol cada día. Una pérdida
que se podría evitar con una correcta aplicación de la actual Ley de Costas en
vigor.
Por su parte, Miguel Ángel Losada, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la
ETSI de la Universidad de Granada, ha afirmado que “la Ley de Costas se
adelantó a su tiempo. En 1988 se trabajó sobre una ideología marcada por la
Constitución y abría un panorama donde la costa cumple una función en el
planeta, en la ciudadanía y en las economías, no una a costa de la otra sino una
contando con la otra. Esto es lo que debe tener en cuenta el Gobierno si quiere
modificar la Ley de Costas”.
“No a nuestra costa” desea convertirse en un movimiento ciudadano y
apartidista, que sume fuerzas y voces para garantizar el uso público y libre de
nuestra costa, así como la conservación del litoral. Desde la plataforma esto es
fundamental para la actividad económica sostenible a largo plazo e insiste en
que la aplicación correcta de la Ley de Costas, sin duda, ha de conjugar la
conservación y el desarrollo económico

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2012/04/19/nueva-plataformamodificacion-

ley-costas/549811.html
DIARIO DE IBIZA
Nace una plataforma contra la modificación de la Ley de Costas
´No a Nuestra Costa´ exige que se mantenga la normativa y que se aplique de
forma correcta, sin discriminaciones
Marià Marí y Hazel Morgan, en Platja d´en Bossa. VICENT MARÍ
N. G. G. | PLATJA D´EN BOSSAMarià Marí, del GEN-GOB, y Hazel Morgan,
de Amics de la Terra, presentaron ayer en Ibiza la plataforma ´No a Nuestra
Costa´, que busca evitar la modificación de la ley de Costas que prevé
«reimpulsar la degradación de la costa, la privatización de playas y la
especulación urbanística del litoral bajo el argumento de la dinamización
económica y la creación de puestos de trabajo», según recoge el comunicado
difundido.
«La ley de Costas es el mejor instrumento para la protección de la costa, que nos
ha salvado de las urbanizaciones y ha permitido el libre paso al litoral», resaltó
Morgan. Ella reivindicó que no se cambie la normativa y que «se aplique bien»,
con el personal necesario –«en Ibiza solo hay un celador que está de baja desde
hace dos años y no han sido sustituidos», afirmó–, respetándose todas las
denuncias y sin discriminaciones entre los distintos casos a la hora de
sancionar.
Marí señaló que cuando se aprobó la normativa, en 1988, fue porque «se habían
consumado hechos gravísimos» y recordó que el acuñado concepto de
balearización es sinónimo de «destrucción masiva del litoral» y muestra «los
graves problemas ocasionados».
Precisamente añadió que Platja d´en Bossa es un ejemplo de ello: «Las primeras
protestas en defensa de los espacios protegidos, cuando se tramitaba la ley,
fueron para salvar sa Sal Rosa. Habría bastado echar 50 metros atrás los
edificios para mantener el sistema dunar», subrayó Marí, quien apostilló que
ahora solo queda «un reducto de lo que fue Platja d´en Bossa».
Según Morgan, la mala gestión de la costa supone un gasto de «millones de
euros al año», mientras la buena gestión es «una manera de garantizar
ingresos». Marí añadió que es falso que incentivar la construcción pueda
impulsar la economía –Morgan recordó que esto ha estado en el origen de la
crisis– y que conservar el litoral es lo que permitirá atraer a visitantes, por ser
un atractivo turístico.
Esta iniciativa, impulsada por colectivos ecologistas en distintos puntos de
España, cuenta el con el apoyo de asociaciones de tipo social, económico, de la
educación y la justicia. En adelante se organizarán actuaciones, si bien todavía
no se han concretado.
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