2012/07/14 Borrador de Anteproyecto de (PUSoL) Ley De Proteccion y uso Sostenible del Litoral y de Modificacion De La Ley 22/1988, DE 28 DE COSTAS

ANTEPROYECTO PUSoL+ ley de costas 2012 07 13 PDF

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACiÓN Y MEDIO AMBIENTE
SECRETARIA DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE
BORRADOR DE ANTEPROYECTO DE LEY DE PROTECCiÓN Y USO
SOSTENIBLE DEL LITORAL Y DE MODIFICACiÓN DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE
JULIO, DE COSTAS.

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS
La necesidad de reformar, en este momento, la Ley de Costas surge de la
concepción marcadamente transitoria con la que se reguló el dominio público maritimoterrestre.
Los efectos últimos de muchas de las disposiciones promulgadas en 1988, que
ahora se modifican, se diferian en ei tiempo. Sin embargo, ha sido precisamente la fuerza
con la que el tiempo se impone y consolida situaciones, la que exige someter a aquel
régimen a una profunda revisión. Ya no desde una perspectiva meramente axiomática, sino desde una visión integradora que garantice la protección del litoral y dote de verdadera seguridad juridica a las relaciones que alli se desenvuelven.
Se parte del análisis critico de la aplicación de la ley anterior, que en ciertas
ocasiones ha tolerado resuitados inaceptabies medioambientalmente. Superando esta
circunstancia la reforma pretende ser un medio eficaz para proteger la integridad del dominio público maritimo-terrestre y preservar su uso común,

La reforma respeta el complejo reparto competencial que se da sobre el litoral. Marco
en el que el Estado asume la función de garante de la protección y defensa del demanio
maritimo-terrestre, de acuerdo con ei articulo 132.2 de la Constitución. Al tiempo, dispone de dos tituios competenciales generales para dictar esta norma, a saber, el relativo a la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales (articulo 149.1.1.”), como el que le atribuye la competencia para dictar la legislación básica sobre protección del medio ambiente (articulo 149.1.23.’).
La presente ley se estructura en dos grandes bloques, el primero implica una
modificación parcial y profunda de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y el segundo establece el nuevo régimen de prórroga selectiva de las concesiones otorgadas al amparo de la legislación anterior, y un conjunto heterogéneo de disposiciones que complementan a la modificación de la Ley de Costas. En definitiva, constituye un todo integrado que se orienta a garantizar la protección del litoral y otorgar seguridad jurídica.
11
La protección del litoral constituye un objetivo fundamental de esta reforma. Los
elementos que con esta finalidad se introducen son principalmente preventivos, no obstante, se incorpora un mecanismo defensivo.
Se modifica la Ley de Costas para posibilitar que el Delegado de Gobierno, a
instancia del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pueda suspender en
via administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la
integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección. Se trata
de posibilitar una actuación cautelar rápida y eficaz que evite la ejecución de un acto ilegal,
sin perjuicio de que en el plazo de diez días deba recurrirse el mismo ante los tribunales de
lo Contencioso-Administrativo.
La prevención resulta fundamental para la conservación del medio, y un modo eficaz
de prevenir lo encarna la regulación especifica que atiende a las caracteristicas peculiares
del objeto regulado. Asi, se introduce una reforma en relación con el uso de las playas,
posibilitando que el posterior desarrollo reglamentario establezca un régimen diferenciado
para las playas urbanas -las contiguas con suelos urbanizados- y para las playas
naturales -las contiguas a espacios protegidos o suelo rural-, determinando que respecto
de estas últimas se imponga un nivel de protección alto y se restrinjan las ocupaciones.
Finalmente, en el ámbito de la protección preventiva debe subrayarse la introducción
de criterios de eficiencia energética y ahorro de agua en las reformas de edificios que la
legislación de costas permite realizar.
11I
El nuevo marco normativo pretende dotar a las relaciones juridicas que se dan en el
litoral de una mayor seguridad juridica. Su ausencia ha generado problemas que van más
allá de los estrictamente jurldicos, y que han provocado desconfianza y desconcierto.
La seguridad jurídica es el pilar que sustenta esta reforma y su establecimiento
resultaba una tarea indispensable para superar el marco anterior. Este principio se
manifiesta en la determinación misma de la delimitación del concepto de dominio público
marítimo-terrestre, en la modificación de las reglas que rigen las concesiones y
autorizaciones, asl como en las limitaciones a la propiedad privada de los terrenos contiguos
al domino público.
La ley precisa el concepto de dominio público maritimo-terrestre, tanto en lo que se
refiere a la zona marltimo-terrestre como a las playas. También introduce definiciones de los
accidentes geográficos que se emplean en la definición el propio precepto.
En relación al concepto de dominio público marltimo-terrestre natural, la norma acota
el deslinde imponiendo que para la fijación de las olas en los mayores temporales conocidos
se esté a las referencias comprobadas que se dispongan. Se especifica en relación con los
terrenos Inundados artificialmente, que estos no pasaran a ser dominio público, salvo que
antes de la Inundación ya lo fueran.
En cuanto a las playas se eliminan del concepto de demanlo natural las dunas
artificiales y las dunas muertas, entendiendo por estas los sistemas arenosos de carácter fijo
que no contribuyen a garantizar la estabilidad de la playa y defensa de la costa.
Página 2 de 24 Ministeno
de A9″cl.lhura
AI;m.nlaciÓn y
Medio Ambenle
les permitirá realizar las obras de reparación, mejora, modernización y consolidación,
siempre que no impliquen un aumento de volumen, altura ni superficie. Eliminando para ello
el requisito de la autorización administrativa previa, por el de la declaración responsable. En
la que tendrán que incluir, como ya se ha Indicado, que tales obras cumplen con los
requisitos de eficiencia energética y ahorro de agua.
A su vez, también se prevé reducir el ancho de esta servidumbre de 100 metros a 20
metros en relación con los núcleos de población que sin poder acogerse a lo dispuesto en la
disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas, por no ser suelo calificado como urbano,
si tenian en aquella fecha características propias de él. Reducción que se contempla
también, como posibilidad excepcional, para las rias evitando que cuando algún tramo de
estas emerge tierra adentro, a distancia de la ribera del mar, genere, por defecto, una
servidumbre de 100 metros.
Se ha regulado, desde la perspectiva del dominio público maritimo-terrestre, el
régimen de las urbanizaciones maritimo-terrestres, garantizando que los canales
navegables sean dominio público y que el planeamiento urbanístico prevea, a través de
viales, el tránsito y el acceso a los canales.
La ley prevé que a los bienes declarados de interés cultural que ocupan el dominio
público, se les otorgue una concesión y se les aplique su régimen juridico propio.
En suma, esta reforma pretende sentar las bases de un uso del litoral que sea
sostenible en el tiempo y respetuoso con la protección medioambiental. Con este fin, los
cambios que se introducen otorgan certeza y claridad, al tiempo que resuelven los
problemas que a corto plazo planteaba la legislación anterior.
Artículo primero. Modificación de la Ley 2211988, de 28 de julio, de Costas.
Uno. Se modifica el articulo 3 que queda redactado del siguiente modo:
«Son bienes de dominio público maritimo-terrestre estatal, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 132.2 de la Constitución:
1. La ribera del mar y de las rias, que incluye:
a) La zona maritimo-terrestre o espacio comprendido entre la línea de
bajamar escorada o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcancen las
olas en los mayores temporales conocidos, de acuerdo con las referencias
comprobadas que se dispongan, o cuando lo supere, el de la línea de pleamar
máxima viva equinoccial. Esta zona se extiende también por las márgenes de los rios
hasta el sitio donde se haga sensible el efecto de las mareas.
Página 4 de 24 M,nisleflo
de Agricultura.
Alimentación y
Medio Ambienl.
Se consideran incluidas en esta zona las marismas, albuferas, marjales,
esteros y, en general, las partes de los terrenos bajos que se inundan como
consecuencia del flujo y reflujo de las mareas, de las olas o de la filtración del agua
del mar.
No obstante, no pasarán a formar parte del dominio público maritimo-terrestre
aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como
consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la
inundación no lo fueran».
b) Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, tales como arenas,
gravas y guijarros, incluyendo escarpes, bermas y dunas, que estén en desarrollo,
desplazamiento o evolución, formadas por la acción del mar o del viento marino, u
otras causas naturales, tengan o no vegetación. Las dunas se incluirán hasta el límite
gue resulte necesario para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la
costa.
2. El mar territorial y las aguas interiores, con su lecho y subsuelo, definidos y
regulados por su legislación específica.
3. Los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental,
definidos y regulados por su legislación especifica.
4. A los efectos de esta ley se entiende por:
Albufera: cuerpos de aguas costeras que quedan fisicamente separados del
océano, en mayor o menor extensión por una franja de tierra.
Berma: parte casi horizontal de la playa, interior al escarpe o talud de fuerte
pendiente causada por el oleaje.
Duna: depósitos sedimentarios, constituidos por montículos de arena tengan
o no vegetación gue se forman en torno a algún obstáculo, y gue se alimentan de la
arena transportada desde la playa por la acción del mar, del viento marino o por otras
causas naturales.
Escarpe: escalón vertical en la playa formado por la erosión de la berma.
Estero: caños en una marisma.
Marisma: terreno muy llano y bajo gue se inunda periódicamente como
consecuencia del flujo y reflujo de las mareas.
Marjal: terreno bajo cubierto por un manto de agua gue da soporte a
abundante vegetación».
Página 5 de 24 Mini.terio
de Agricullura.
Alimenlación y
Medio Ambienle
iII
1I
11
Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 4 que queda redactado del siguiente
modo:
«Los terrenos cuya superficie sea invadida por el mar siempre y cuando la
invasión tenga lugar por causas ajenas a la intervención humana. Y en todo caso.
siempre gue los terrenos inundados sean navegables}).
Tres. El párrafo único del artícuio 11 pasa a ser el apartado 1 y se introduce un
nuevo apartado 2 que queda redactado del siguiente modo:
«2. Practicado el desiinde. la Administración del Estado deberá inscribir los
bienes de dominio público maritimo-terrestre, de acuerdo con la Ley 33/2003, de 3 de
noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas}).
Cuatro. Se modifica el apartado 4 del artículo 12, y se suprime el apartado 6 del
mismo precepto. El apartado 4 queda redactado del siguiente modo:
«4. El acuerdo de incoación del expediente de deslinde, acompañado del
plano del área afectada por el mismo y de la relación de propietarios afectados, se
notificará al Registro de la Propiedad, interesando certificación de dominio y cargas
de las fincas inscritas a nombre de los titulares gue resulten del expediente y de
cualesquiera otras fincas que resulten del plano aportado y de los sistemas de
georreferenciación de fincas registra les, así como la constancia de la incoación del
expediente en el folio de cada una de ellas.
Con carácter simultáneo a la expedición de la referida certificación, el
registrador extenderá nota marginal en el folio de las fincas de las que certifique, en
la gue hará constar:
al La incoación del expediente de deslinde.
bl La expedición de la certificación de dominio y cargas de las fincas
afectadas por el deslinde.
cl La advertencia de gue pueden guedar afectadas por el deslinde, pudiendo
asl, las fincas incorporarse, en todo o en parte, al dominio público maritimo-terrestre
o estar incluidas total o parcialmente en la zona de servidumbre de protección
d) La circunstancia de gue la resolución aprobatoria del procedimiento de
deslinde servirá de título para rectificar las situaciones juridico reglstrales
contradictorias con el deslinde}).
Cinco. Se modifica el apartado 2 del articulo 13 que queda redactado del siguiente
modo:
Página 6 de 24 M,”i.le~o
de Agricultura.
Alimentación y
Modio IIn’!.’.
Nueve. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 33 que queda redactado del
siguiente modo:
«Reglamentariamente se desarrollará el régimen de ocupación y uso de las
playas atendiendo a su naturaleza. Se dotará a las playas naturales de un elevado
nivel de protección gue restrinja las ocupaciones, autorizando únicamente las que
sean indispensables o estén previstas en la normativa aplicable. Se regulará la
Página 8 de 24 MlnlSt.n~
de Ag,jcultura
Alimentaci6n y
Med,o Ambiente
ocupación y uso de las playas urbanas de modo gue se garantice una adecuada
prestación de los servicios gue sea compatible con el uso común».
Diez. Se modifica el apartado 1 del articulo 38 que queda redactado del siguiente
modo:
«1. Estará prohibida la publicidad permanente a través de carteles o vallas o
por medios acústicos o audiovisuales.
Excepcionalmente, y en las condiciones gue se establezcan
reglamentariamente se podrá autorizar la publicidad siempre gue sea parte
integrante o acompañe a instalaciones o actividades permitidas en el dominio público
marítimo-terrestre y siempre gue sea compatible con su protección>>.
Once. Se modifica el apartado 1 del artículo 49 que queda redactado dei siguiente
modo:
«La adscripción de bienes de dominio público maritimo-terrestre a las
Comunidades Autónomas para la construcción de nuevos puertos y vías de
transporte de titularidad de aquellas, o de ampliación o modificación de los
existentes, se formalizará por la Administración del Estado. La porción de dominio
público adscrita conservará tal calificación jurídica, correspondiendo a la Comunidad
Autónoma la utilización y gestión de la misma, adecuadas a su finalidad y con
sujeción a las disposiciones pertinentes. En todo caso, el plazo de las concesiones
que se otorguen en los bienes adscritos no podrá ser superior a setenta y cinco
años».
Doce. Se modifica el apartado 4 del artículo 52 que queda redactado del siguiente
modo:
«El plazo de vencimiento será el que se determine en el titulo
correspondiente, y no podrá exceder de cuatro años, salvo en los casos en que esta
Ley establece otro diferente».
Trece. Se modifica el apartado 1 del artículo 55 que queda redactado del siguiente
modo:
«Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmetne por la
Administración en cualquier momento, sin derecho a indemnización, cuando
produzcan daños en el dominio pÚ,blico, impidan su utilización para actividades de
mayor interés público o menoscaben el uso público y cuando resulten incompatibles
con la normativa aprobada con posterioridad. En este último caso, solo se revocará
la autorización, si en el plazo de tres meses desde gue le fuera comunicada tal
circunstancia a su titular, este no hubiera adaptado su ocupación a la nueva
normativa o la adaptación no fuera posible física o jurídicamente».
Página 9 de 24 Mj~i.I.,¡o
de Agricullura
Alimen\ación y
Modro Ambien!e
Catorce. El párrafo único del articuio 65 pasará a ser el apartado 1 y se introduce un
nuevo apartado 2 que queda redactado del siguiente modo:
«2. En ningún caso podrán ser titulares de concesiones las personas en
guienes concurra alguna de las prohibiciones de contratar previstas en el Real
Decreto Legislativo 3/2011. de 14 de noviembre. por el gue se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Cuando posteriormente al otorgamiento de la concesión, el titular incurra en
alguna de las prohibiciones de contratar se producirá la extinción de la concesión.
En caso de declaración de concurso y mientras no se haya producido la
apertura de la fase de iiquidación, no se producirá la extinción de la concesión, si su
titular prestare las garantías suficientes, a juicio de la Administración, para continuar
con la ocupación, en los términos previstos en ellítuio concesionai».
Quince, Se modifican los apartados 2 y 3 del articulo 66 que quedan redactados del
siguiente modo:
«2. El plazo será el que se determine en el titulo correspondiente, que en
ningún caso podrá exceder de setenta y cinco años».
«3. Cuando ei objeto de una concesión extinguida fuese una actividad
amparada por otra conesión de explotación de recursos mineros o energéticos
otorgada por la Administración del Estado por un plazo superior, su titular tendrá
derecho a que se le otorgue una nueva concesión de ocupación del dominio público
maritimo-terrestre por un plazo igual al que reste de viegencia a la concesión de
explotación, sin que en ningún caso pueda exceder de setenta y cinco años».
Dieciseis. Se modifica el apartado 2 del articulo 70 que queda redactado del
siguiente modo:
«Las concesiones serán transmisibles por actos intervivos y mortis causa.
La transmisión inter vivos solo será válida si con carácter previo la
Administración reconoce el cumplim iento, por parte dei adquirente. de las
condiciones establecidas en la concesión.
En caso de fallecimiento del concesionario, sus causahabientes, a título de
herencia o de legado, podrán subrogarse en los derechos y obligaciones de aquel,
siempre que en el plazo de cuatro años comuniquen expresamente a la
Administración el fallecimiento y la voluntad de subrogarse. Transcurrido dicho plazo
sin que se hubiera hecho la comunicación, la concesión quedará extinguida>>.
Diecisiete. Se introducen dos nuevas letras, j) y k), al apartado 1 del artículo 78 que
quedan redactadas del siguiente modo:
Página 10 de 24 “llni.I.,io
d. Agricu!lma
Alimanl’C’m y
Medio Am”‘ent”
< >.
Veintiuno. Se modifican las letras a), b) y c) del apartado 2 de la disposición
transitoria cuarta, y se introduce un nuevo apartado 3 que quedan redactados del siguiente
modo:
«a) Si ocupan terrenos de dominio público maritimo-terrestre, serán
demolidas al extinguirse la concesión.
Mientras la concesión esté vigente, sus titulares podrán realizar obras de
reparación, mejora, consolidación y modernización siempre que no impliquen
aumento de volumen, altura ni superficie de las construcciones existentes».
«b) Si se emplazan en la zona de servidumbre de tránsito, los titulares de las
construcciones e instalaciones podrán realizar las obras de reparación, mejora,
consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen,
altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor
que aquelias comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. Tales
obras no podrán ser autorizadas por el órgano urbanistico competente, sin que con
carácter previo, la Administración del Estado emita un informe favorable en el que
conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada. Este informe deberá
emitirse en el plazo de dos meses desde su solicitud, si en dicho plazo no se emitiera
se entenderá que tiene carácter favorable».
«c) En el resto de la zona de servidumbre de protección y en los términos en
que la misma se aplica a las diferentes clases de suelo conforme a lo establecido en
la disposición transitoria tercera, podrán realizarse, obras de reparación, mejora,
consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen,
altura ni superficie de las construcciones existentes y sin que el incremento de valor
que aquéllas comporten pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. En
caso de demolición total o parcial, las nuevas construcciones deberán ajustarse
inteqramente a las disposiciones de esta ley».
Página 15 de 24 Ministerio
de Agricultura.
Alimenlación y
Medio Ambiante
«3. Las obras. a las que se refiere el apartado segundo de esta disposición
transitoria, cuando les sea aplicable, deberán:
al suponer una mejora en la eficiencia energética. A tal efecto, tendrán que
obtener una calificación energética final que alcance una mejora de dos letras o una
letra B, lo que se acreditará mediante la certificación de eficiencia enerqética, de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 42/2007, de 19 de enero, por el que se
aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de
edificios de nueva construcción o con renovaciones importantes, o lo que cualquier
otra norma pueda establecer en el futuro para la certificación de edificios existentes.
bl Emplear los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos
individuales y/o colectivos que suponqan un ahorro efectivo en el consumo de aqua.
En el caso de que afecten a jardines y espacios verdes, para su rieqo fomentarán el
uso de recursos hidricos marginales, tales como aguas regeneradas o aguas de
lluvia almacenadas.
No podrán ser autorizadas por el órgano urbanistico competente sin gue los
titulares de las concesiones acrediten haber presentado ante la Administración del
Estado y los de las construcciones e instalaciones ante los órganos competentes de
las Comunidades Autónomas o, en su caso, de los Ayuntamientos una declaración
responsable en la que de manera expresa y clara manifiesten que tales obras no
supondrán un aumento del volumen, altura ni superficie de las construcciones
existentes y que cumplen con los requisitos establecidos anteriormente sobre
eficiencia energética y ahorrro de agua, cuando les sean de aplicación. La
declaración responsable se ajustará a lo dispuesto en el articulo 71 bis de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común».
Veintidós, Se introduce una nueva disposición adicional décima, que queda
redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional décima.
1. Son urbanizaciones marítimo-terrestres los núcleos resídenciales en tierra
firme dotados de un sistema viario navegabíe, construido a partir de la inundación
artificiaí de terrenos prívados.
2. Las urbanizaciones marítimo-terrestres deberán contar con un plan
urbanístico que se ajuste a las prescripciones que en materia de dominío público
marítimo-terrestre se establecen en esta disposicíón y en sus normas de desarrollo.
3. La realización de las obras para consturir los canales navegables de la
urbanízación marítimo-terrestre que dan lugar a la invasión por el mar o por las
aguas de los dos hasta donde se hagan sensible el efecto de las mareas de terrenos
Página 16 de 24 Ministano
de AgriculltJra.
Alimentac¡~n y
Medio Ambiento
gue antes de dichas obras no sean de dominio público maritimo-terrestre. ni estén
afectadas por la servidumbre de protección. producirán los siguientes efectos:
al El terreno inundado se incorporará al dominio público maritimo-terrestre.
No obstante. no se incluirán en el dominio público maritimo-terrestre los terrenos de
propiedad privada colindantes a la vivienda y retrangueados respecto del canal
navegable gue se destinen a garaje náutico individual y privado.
bl La servidumbre de protección preexistente con anterioridad a las obras
mantendrá su vigencia. No se generará unas nuevas servidumbres de protección ni
de tránsito, en torno a los espacios inundados.
cl El planeamiento urbanistico deberá garantizar a través de viales el tránsito
y acceso a los canales. en la forma gue se establezca reglamentariamente.
4. Las obras para la construcción de los canales navegables precisarán del
correspondiente titulo administrativo para su realización yen ningún caso afectarán a
tramos de costa gue constituyan playa o espacios protegidos. de acuerdo con lo gue
se disponga reglamentariamente».
Veintitrés. Se introduce una nueva disposición adicional undécima que queda
redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional undécima.
1. Los bienes declarados de interés cultural situados en dominio público
marítimo-terrestre guedarán sujetos al régimen concesional previsto en la presente
ley. a cuyo efecto la Administración otorgará la correspondiente concesión. en el
plazo de un año a contar desde la fecha de la declaración de interés cultural.
2. A los bienes declarados de interés cultural gue se encuentren situados en
el dominio público maritimo-terrestre. la zona de servidumbre de tránsito. de
servidumbre de protección o de influencia se les aplicarán las medidas derivadas de
dicho régimen con preferencia a las contenidas en esta ley. sin perjuicio de lo
previsto en la disposición transitoria tercera apartado 3. 3.'” .
Articulo segundo. Prórroga de las concesiones otorgadas al amparo de fa
normativa anterior.
1. Las concesiones para la ocupación del dominio público marítimo terrestre
existentes. que hayan sido otorgadas antes de la entrada en vigor de la presente ley, podrán
ser prorrogadas, a instancia de su tituiar, de acuerdo con lo dispuesto en el presente
articulo.
Página 17 de 24 Mini5te~o
da Agricultura.
Alimentación y
Medio Ambiente
I
)
1
Esta prórroga se aplicará a las concesiones una vez que se extinga el plazo para el
que fueron concedidas, aunque no se hubiera agotado el plazo legal máximo previsto y el
título concesional previera su prórroga.
2. El concesionario solicitará esta prórroga durante los seis meses previos a la
extinción del plazo de la concesión.
3. La duración de esta prórroga en ningún caso excederá de setenta y cinco años. La
resolución por la que se acuerde la prórroga podrá fijar un plazo de duración inferior, y
prever, a su vez, prorrogas sucesivas dentro de aquel límite temporal.
4. En el caso de concesiones que amparen ocupaciones para usos destinados a la
industria extractiva, energética, química, petroquimica, textil y papelera, la prórroga solo
será concedida previo informe favorable del órgano am biental de la comunidad autónoma en
la que radique la ocupación. El informe determinará los efectos que ia ocupación tiene para
el medio ambiente e incluirá, en ios casos que proceda, las condiciones que deba
contemplar la concesión para garantízar una adecuada protección del medio ambiente. Si el
informe no fuera emitido en el plazo de tres meses se considerará que es desfavorable.
5. Las concesiones asi prorrogadas se regirán en todo io demás, por lo dispuesto en
la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas.
Disposición adicional primera. Publicación de la línea de deslinde
Las lineas de deslinde se publicarán en la sede electrónica del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Disposición adicional segunda. Revisión de los deslindes.
1. La Administración General del Estado deberá proceder a iniciar la revisión de los.
deslindes ya ejecutados y que se vean afectados como consecuencia de la aprobación de la
presente ley.
2. La Administración General del Estado revisará los deslindes en los casos en que
el limite interior de la zona marítimo-terrestre se hubiera fijado tomando como referencia los
mayores temporales conocidos, cuando estos, de acuerdo con las referencias comprobadas
que se dispongan, no hubieran alcanzado el limite establecido en el deslinde, en al menos
cinco ocasiones, en los diez años inmediatamente anteriores a la fecha en la que se haya
practícado el deslinde, o en defecto de referencias conocidas en ese periodo, en los diez
años inmediatamente anteriores a la entrada en vigor de esta ley.
Disposición adicíonal tercera. Deslinde en determinados paseos marítimos
La linea exterior de los paseos maritímos que la Administración General del Estado
haya construido, durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la Ley
Página 18 de 24 Mim,jerio
d. Ag,icullura.
A~men(ac¡ón y
M~dio Ambienle
22/1988, de 28 de julio, de Costas y la entrada en vigor de la presente ley, se entenderá a
todos los efectos como línea interior de la ribera del mar.
A efectos de esta disposición no se considerarán paseos maritimos aquellas
instalaciones que no hayan supuesto una alteración del terreno que les sirve de soporte,
tales como las pasarelas o los intinerarios de madera apoyados sobre el terreno o sobre
pilotes.
Disposición adicional cuarta. Deslinde de la isla de Formentera
1. Con carácter excepcional y debido a la especial configuración geológica de la isla
de Formentera, respecto de ella se entenderá que queda incluido en el dominio públicio
marítimo-terrestre:
a) El espacio de territorio que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde sean
sensbiles las mareas, y las mayores olas en los termporales ordinarios en donde no lo sean.
A estos efectos, se entiende que son temporales ordinarios los que se han repetido, al
menos, en tres ocasiones en los cinco años inmediatamente anteriores al momento en que
se inicie el deslinde
b) Las playas, entendiendo por tales las riberas del mar o de las rías formadas por
arenales o pedregales en superficie casi plana, con vegetación nula o escasa y
caracteristica.
2. En eí plazo de dos años desde la entrada en vigor de la ley, la Administración
General del Estado practicará el correspondiente deslinde, de acuerdo con lo establecido en
el apartado anterior.
3. A las construcciones e instalaciones emplazadas en la zona de servidumbre de
tránsito o protección les será de aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria cuarta
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
La servidumbre de protección tendrá, en todo caso, una extensión de cien metros
medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.
4. Los propietarios de los terrenos de la isla de Formentera que no formen parte del
dominio público maritimo-terrestre y que dispusieren de título inscrito en el Registro de la
Propiedad podrán reclamar la propiedad, de acuerdo con la disposición adicional quinta de
esta ley.
Disposición adicional quinta. Reclamación del derecho de propiedad sobre los
terrenos que han dejado de ser dominio público marítimo-terrestre.
Los propietarios de terrenos que de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley no
formen parte del dominio público, y que dispusieran de título inscrito en el Registro de la
Propiedad con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julío, de
Página 19 de 24 Minislerio
de Agricultura.
Alimentación y
Modio Aml>.nla
¡
~I
I1
iI
Costas, pueden reclamar su derecho de propiedad sobre tales terrenos ante la Jurisdicción
Civil. El derecho de propiedad se reconocerá sin perjuicio de lo señalado en el articulo 4.5
de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
Disposición adicional sexta; Exclusión de determinados núcleos de población del
dominio público marítimo-terrestre.
1. Se excluyen del dominio público-maritimo terrestre los núcleos de población que
se enumeran en el anexo de esta ley, en la extensión que se fija en la planimetría
incorporada al propio anexo.
2. Los terrenos excluidos del dominio público maritimo-terrestre, de acuerdo con el
apartado anterior, se incorporarán al Patrimonio del Estado como bienes patrimoniales y se
regirán por lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas.
Disposición transitoria primera. Titulares registrales de terrenos situados en el
dominio público marítimo terrestre.
1. Los titulares de ios terrenos a los que se refieren los apartados segundo y tercero
de la disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, podrán
solicitar la concesión prevista en aquella disposición en el plazo de seis meses desde la
entrada en vigor de esta ley.
2. Aquellos titulares de una concesión u otro derecho de ocupación o
aprovechamiento obtenidos de acuerdo con lo previsto en el apartado segundo de la
disposición transitoria primera de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, podrán optar por
mantener su derecho o solicitar una nueva concesión en los términos previstos en el anterior
apartado.
Disposición transitoria segunda. Aplicación de la disposición transitoria tercera
apartado 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas.
1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente ley, se podrá
instar que el régimen previsto en la disposición transitoria tercera apartado tres de la Ley
22/1988, de 28 de julio de Costas se aplique igualmente a los núcleos o áreas, que a su
entrada en vigor no estuvieran clasificados como suelo urbano pero que en ese momento
reunieran los siguientes requisitos necesarios para aquella clasificación:
a) Que contaran con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas
residuales y suministro de energia eléctrica.
b) Que estuvieran comprendidos en áreas transformadas y aptas para la edificación
o consolidadas por ella, ai menos, en la mitad de su superficie.
Página 20 de 24 Mini,terio
de Ag’icull”ra,
….. m~nt.ción y
“‘edio Ambiente
2. Para la aplicación de esta disposición será necesario que estos núcleos o áreas
sean clasificados por la Administración urbanística como suelo urbano, previo informe
favorable dei Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que deberá
pronunciarse sobre la compatibilidad de tales núcleos o áreas con la integridad y defensa
del dominio público marítimo-terrestre. Este informe deberá emitirse en el plazo de seis
meses desde que haya sido solicitado por la Administración urbanística, en caso de que no
se emitiera en este plazo se entenderá que es desfavorable.
3. Las Administraciones urbanísticas que ya hayan clasificado como suelo urbano a
los núcleos o áreas a los que se refiere el apartado primero de esta disposición deberán
solicitar al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el informe previsto en el
apartado segundo de esta disposición en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor
de la presente ley. El informe deberá emitirse en el plazo de seis meses desde que haya
sido solicitado, en caso de que no se emitiera en este plazo se entenderá que es
desfavorable.
4. Si para el correcto examen de la solícitudes presentadas fuera necesario ampliar
el plazo para emitir el informe al que se refieren los dos apartados anteriores, el Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente acordará la ampliación del tal plazo que no
podrá ser superior a seis meses. La ampliación se comunicará a las Administraciones
peticionarias.
Disposicíón transitorio tercera. Plazo para solicitar la concesión de ocupación de
bienes declarados de interés cultural.
La concesión prevista en la disposición adicional undécima de la Ley 22/1988, de 28
de julio, de Costas, de los bienes cuya declaración de interés cultural sea anterior a la
entrada en vigor de la presente ley, se otorgará por la Administración en el plazo de un año
a contar desde esa fecha.
Disposición transitoria cuarta. Aplicación de la reforma a los procedimientos
administrativos pendientes.
Los procedimientos administrativos en trámite que se encuentren pendientes de
resolución a la fecha de entrada en vigor de la presente ley, deberán ser resueltos conforme
a la nueva normativa. Los actos de trámite dictados al amparo de la legislación anterior y
bajo su vigencia conservarán su validez, siempre que su mantenimiento no produzca un
efecto contrario a esta ley.
Disposición transitoria quinta. Inscripción de los bienes de dominio público
Para el cumplimiento de la obligación de inscribir los bienes de dominio público, la
Administración General del Estado tendrá un plazo de dos años contados a partir de la
entrada en vigor de esta ley.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa
Página 21 de 24 Min;,\erio
d. Agricultura,
Alimentación y
M~dio Ambiente
Se derogan cuantas normas de igualo inferior rango contradigan o se opongan a lo
dispuesto en la presente ley.
Disposición final primera. Títu/os competencia/es
Esta ley se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.1.a y en el articulo
149.1.23.a de la Constitución que atribuyen al’ Estado competencias en la regulación de las
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales y en materia de legislación
básica sobre protección del medio ambiente.
La disposición adicional quinta se dicta al amparo de la cláusula 6.a del artículo 149.1
de la Constitución.
Los apartados cuatro y cinco del articulo primero se dictan al amparo de la cláusula
8.a del articulo 149.1 de la Constituación.
Los apartados tres. catorce. quince. dieciseis. diecisiete. dieciocho. veinte. veintiuno.
veinticuatro del artículo primero; el artículo segundo y la disposición transitoria quinta se
dictan al amparo de la cláusula 18.a del articulo 149.1 de la Constitución.
Disposición final segunda. Revisión del Reglamento de Costas y facultades de
desarrollo.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley. el Gobierno
aprobará la revisión del Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988.
de 28 de julio. de Costas.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el «Bolelin
Oficial del Estado».
Página 22 de 24 Ministerio
de Agricultura.
Alimen\a,ión y
Medio Amblen\e
ANEXO
Relación de núcleos que se excluyen del dominio público maritimo-terrestre en virtud
de la disposición adicional sexta, en la extensión que se lija en la planimetría.
• Rocalel, término municipal de Alicante, provincia de Alicante
• Puerto de Santa Pola, término municipal de Santa Pola, provincia de Alicante
• Empuriabrava, término municipal de Casteíló d’Empuries, provincia de Gírona
• Píatja d’Aro, término municipal de Casteíl Platja d’Aro, provincia de Girona
• Ría Punta Umbría, término municipal de Punta Umbria, provincia de Huelva
• Caño del Cepo, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva
• Casco urbano, término municipal de Isla Cristina, provincia de Huelva
• Pedregalejo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga
• El Palo, término municipal de Málaga, provincia de Málaga
• Oliva, término municipal de Oliva, provincia de Valencia
Página 23 de 23 Ministerio
de Agricultura.
Alimentación ‘1
Medio Ambiente