2012/12/14 Anulacion Del Deslinde De La Playa De Otur (Asturias) JOSE ORTEGA


J. Ortega ha obtenido dos sentencias distintas anulando ambas este deslinde. Se trata de resoluciones de un enorme valor, porque establecen una doctrina directamente aplicable a un sinfín de situaciones que se repiten por toda la costa de España.

A la entrada en vigor de la ley de costas (1988), el Gobierno decidió que tenía que deslindar toda la costa. Sin embargo, en muchos casos la línea del anterior deslinde (antes llamado de zona marítimo terrestre) no se iba a cambiar, por lo que decidieron tramitar expedientes a los que llamaron de “ratificación del deslinde anterior”. Pues bien: tales expedientes son un prodigio de obscurantismo, ya que no se comunicaba su existencia a los interesados, y ni tan siquiera se les notificaba su aprobación por Orden Ministerial. Los vecinos se enteran años después, por casualidad, cuando solicitan una autorización administrativa, o no se enteran nunca.

Bajo pretexto de que deslindar toda la costa por el procedimiento ordinario es un empeño imposible, la Administración ha acudido masivamente a esta fórmula, de forma que los expedientes de ratificación, expedientes secretos, como hemos dicho, menudean por todas partes.

J. Ortega llevaba años reclamando y discutiendo con la Abogacía del Estado, alegando que tal forma de proceder es ilegal y anticonstitucional. Desde la Administración siempre contestaban que los expedientes de ratificación eran perfectamente legales, hasta que la Audiencia Nacional, al anular por dos veces el deslinde de Otur, ha aclarado las cosas, confirmando que la Administración no tiene razón.

Las consecuencias de estas sentencias son dramáticas, porque cualquiera puede reclamar la anulación de su respectiva “ratificación del deslinde”, incluso con efectos retroactivos y sin sujeción a plazo. Y además, con casi plenas garantías de éxito. Si los vecinos supieran que tienen esta posibilidad, se lanzarían en masa a los tribunales para exigir la declaración de nulidad de las ratificaciones que les afectan, y el Ministerio de Medio Ambiente tendría que admitir que todo lo hecho (mal hecho) en estos quince años queda reducido a cenizas, y se encuentran de nuevo en el punto de partida.