Atrapados en casa por la burocracia de la ley de costas

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El escaso alcance de la reforma de la Ley de Costas mantiene la inseguridad jurídica de los dueños de miles de viviendas en cientos de aldeas muy anteriores a esa norma

2015|12|21 SERAFÍN LORENZO, Santiago / la voz

Galicia sigue aguardando por una solución para sus núcleos marineros que, a pesar de las expectativas creadas hace dos años, no ha encontrado en la reforma de la Ley de Costas. Su recorrido se ha quedado muy corto, y provocará notables diferencias entre los propietarios de viviendas en los pueblos que vean su situación normalizada y en los que no se beneficien de la revisión. Estos seguirán padeciendo unas restricciones en las obras que pueden realizar en sus casas mucho más estrictas que las que fija la reforma en las aldeas regularizadas. Pero las que han pasado ese embudo a la primera son excepciones. Tan solo 14 asentamientos de los 176 repartidos en 34 de los 45 concellos que tramitaron sus solicitudes en plazo se han beneficiado, entre ellos, Marín, Muros, Baiona, Nigrán, Gondomar y O Rosal. La penitencia continúa para miles de afectados en el resto de los 800 núcleos rurales que la Xunta calculó que podrían ver resueltos sus problemas.

El cambio legal

Las condiciones. La reforma de la Ley de Costas que el PP aprobó en solitario en el 2013 suscitó una amplia contestación política y social. Se entendía que favorecía la amnistía de miles de viviendas en primera línea de playa y abría la mano a nuevas aberraciones urbanísticas en las zonas con mayor presión edificatoria. Era el punto de vista de las comunidades del mediterráneo. No el de Galicia. Aquí la cuestión no es indultar chiringuitos ni desmanes urbanísticos, sino procurar un reconocimiento legal a centenares de pueblos pesqueros que ya existían mucho antes de que la norma de Costas (1988) delimitara los ámbitos de protección. Esos núcleos no tenían la calificación de suelo urbano, una situación que está en el origen de las restricciones a esas viviendas.
Para solventarla, la reforma legal habilitó la opción de rebajar la zona de servidumbre de protección de 100 metros tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar a 20. Los concellos deben acreditar que esas aldeas estaban en áreas consolidadas por la edificación en al menos un tercio de su superficie y que, en 1988, contaban con acceso rodado, abastecimiento y evacuación de aguas residuales y suministro eléctrico. De las 176 que sumaban los 34 concellos sobre cuyas solicitudes ya se pronunció Costas, 69 fueron excluidas por no cumplir esa doble exigencia.

El embudo

Falta de medios y desidia. La reforma pinchó en su aplicación en Galicia por tres motivos principales. La mayoría de los ayuntamientos carecen de medios técnicos para responder a un proceso legal tan complejo, sobre todo, en ámbitos caracterizados por una elevada dispersión. El reto es todavía mayor en los municipios que carecen de planeamiento urbanístico. Solo 39 de los 75 que tienen asentamientos junto al mar cuentan con PXOM aprobado, si bien la mayoría de los que carecen de planeamiento lo están tramitando o lo tienen contratado. Pero otros se inhibieron o dejaron los trámites para última hora.
Por ese retraso, Medio Ambiente tiene sin resolver los expedientes de 11 concellos y las reclamaciones de 8. Ante las quejas de los alcaldes, la Xunta ha ofrecido sus servicios técnicos a los municipios, por ahora con escasa repercusión, para que el mayor número de poblaciones pueda beneficiarse de una reforma contra la que el Tribunal Superior de Xustiza ha admitido a trámite un contencioso de A Illa, uno de los concellos más afectados.

Ámbitos de protección

En propiedad o en concesión. La incidencia de la Ley de Costas en los bienes que se encuentran en el dominio público terrestre afecta a dos ámbitos principales de protección. El más restrictivo corresponde a la franja situada a menos de 20 metros del límite interior de la ribera del mar. Las viviendas que fueron construidas legalmente en ese terreno del Estado mantienen las mismas condiciones con la reforma. Pero no son bienes en régimen de propiedad, porque están sujetos a concesiones estatales. En cambio, los que se encuentran en el área que va de esa franja hasta los 100 metros tierra adentro sí son propiedades privadas. En los tramos litorales que ya estuvieran clasificados como urbanos o tuvieran un plan parcial aprobado antes de 1988, la anchura de ese ámbito se rebaja a 20 metros. También en los núcleos favorecidos por la reforma de la ley.

Las obras permitidas

Reformas limitadas, nuevas edificaciones prohibidas. Como cualquier otra vivienda privada, las situadas en la franja de 100 metros pueden ser registradas, hipotecadas, arrendadas, vendidas y heredadas. Pero las obras están restringidas. La servidumbre de protección limita las reformas a las propias de mantenimiento del inmueble, y no pueden implicar en ningún caso un aumento de su volumen, altura o superficie. La ley prohíbe edificar en dominio público. Dentro de la franja de 20 metros, las viviendas y usos industriales están sujetas a una concesión estatal por un plazo que la reforma amplía a 75 años. Esa concesión, que conlleva el abono previo de un canon a la Administración del Estado, es transmisible. Las obras no autorizadas son objeto de sanción.

Más de 400 viviendas con concesión

La zona de protección más restrictiva es la situada a menos de 20 metros de la ribera del mar. En el litoral gallego hay 424 viviendas en ese suelo de propiedad estatal: 198 en la provincia de Pontevedra, 188 en la de A Coruña, y 38, en la de Lugo. Los habitantes de esas casas disponen de una concesión del Estado, que decide y autoriza qué obras mínimas pueden realizar. Pero la mayor ocupación de ese suelo en Galicia es industrial, con 367 actividades de las que 21 son hoteles. El caso más relevante es el de Ence, pendiente de una prórroga de la concesión por el emplazamiento que ocupa en la ría de Pontevedra, que caduca en el 2018. Con la reforma, que descarta prórrogas automáticas, la Xunta tiene la última palabra.