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2013 05 24 Noticias costas del despatcho de Ortega

http://www.elperiodic.com/moncofa/noticias/239283_director-general-costaspablo-
saavedra-visita-moncofa.html
EL PERIODIC
Política
El director general de Costas, Pablo Saavedra, visita Moncofa
23/05/2013 | elperiodic.com
El PP de Moncofa exalta la inversión que se va a producir en la regeneración
de parte del litoral de la localidad
Esta mañana, el Director General de Costas, Pablo Saavedra, junto al
Subdelegado del gobierno, David Barelles y la Jefa de Costas Pepa Soler, han
visitado la playa de Moncofa. Exactamente han tomado hincapié en la zona sur
de la Av. Mare Nostrum, junto a la desembocadura del Rio Belcaire, zona
donde se pretende realizar una aportación de áridos para regenerar la costa.
Esta regeneración ha sido valorada concarácter puramente técnico,
considerando las zonas degradadas y castigadas.
El grupo popular municipal ha estado presente acompañando al DG, Pablo
Saavedra, en la visita.
Los populares locales han exaltado la actuación que se va a realizar en Moncofa
por parte del gobierno central y aseguran que ya supone más inversión que
toda la que el gobierno de Zapatero realizó en 8 años.
De igual manera los populares han aprovechado la ocasión para solicitar
información sobre los trámites de la Marina o Puertodeportivo, informando del
Director General de que no se han realizado movimientos por parte del
Ayuntamiento de Moncofa en muchos años.
Los populares locales han informado que van a seguir reivindicando la
regeneración integral de la costa pero se congratulan de la iniciativa que se ha
tomado por el momento. También han querido expresar su mal estar por la
necesidad de regeneración de otras zonas de la localidad, a lo que el Director
General se ha comprometido a ir realizando conforme exista liquidez.
De igual modo los populares han aprovechado la ocasión para hablar de
la nueva ley de costas que permitirá el mantenimiento de “les casetes” de
primera línea. Por lo que afirman que el gobierno del PP ha hecho más por la
costa de Moncofa en 1’5 años que el gobierno del PSOE en 8 años.
Según Eduardo Paradís, presidente popular: “El gobierno central va a invertir
en la regeneración de la costa de Moncofa, seguiremos exigiendo la
regeneración integral pero nos alegramos de la inversión”.
Las aportaciones de áridos serán provenientes del drenaje del Puerto de
Burriana y según las primeras fuentes tienen un presupuesto estimado de
300.000 €
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/05/24/nace-plataforma-
2018-impedir-prorroga-concesion-ence-ria/815936.html
DIARIO FARO DE VIGO
Nace la Plataforma 2018 para impedir la prórroga de la concesión
de Ence en la ría
Una treintena de colectivos sociales se suman a la iniciativa
B.M. | Pontevedra 24.05.2013 | 00:00
Una treintena de organizaciones y colectivos sociales – asociaciones ecologistas,
juveniles, vecinales, culturales, partidos políticos y mancomunidades de
montes- promueven la creación de la Plataforma 2018, una iniciativa que nace
con el objetivo de impedir que concedan a Ence una prórroga de la concesión
disfruta en las marismas de Lourizán, un espacio en dominio público marítimoterrestre
que en principio debería revertir al Estado dentro de cinco años.
La posibilidad abierta por la nueva Ley de Costas de prorrogar hasta 75 años las
concesiones industriales del litoral, unido al giro del discurso oficial del PP
sobre la permanencia, lleva a estos colectivos a unirse y poner en marcha una
campaña ciudadana para “demostrar a Ence que no somos minoría, sino una
mayoría social los que nos oponemos a su permanencia”, explicaba Antón
Masa, presidente de Defensa da Ría y uno de los promotores de la iniciativa.
Información y movilización serán las dos “armas” que utilizará la Plataforma
2018 para conseguir su objetivo. Su primer acto será una charla-debate bajo el
título “Hai alternativa…”, en la que el biólogo Alberto de Coo y Xosé Alfredo
Pereira, el presidente de la Organización galega de comunidades de montes
veciñais, defenderán que existe un modelo sostenible de desarrollo,
incompatible con la existencia de Ence en la ría. La cita será el día 29 de mayo
(20.30 horas) en la Casa das Campás. La Plataforma 2018 se sumará a la Marcha
anual contra Ence, que convoca APDR, para el 1 de junio.
Por otra parte convocan un concurso para crear el logo que los identifique.
http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2013/05/24/vilanova-arguye-as-sinassuelo-
urbano-1988/816031.html
DIARIO FARO DE VIGO
VILANOVA
Vilanova arguye que As Sinas ya era suelo urbano antes de 1988
El Ayuntamiento crea una comisión técnica y política para
encauzar las alegaciones a la nueva Ley estatal de Costas
A.Martínez 24.05.2013 | 00:00
Los ayuntamientos disponen de un plazo de tres meses para presentar sus
sugerencias a la Ley de Costas que está ultimando el Gobierno central, y el de
Vilanova se ha puesto manos a la obra. Políticos, técnicos y vecinos de las zonas
afectadas celebraron ayer por la tarde una reunión para abordar la hoja de ruta,
que pasa por conseguir que la línea de protección de Costas se rebaje de 100 a
20 metros en As Sinas, Currás y A Pantrigueira.
El alcalde vilanovés, Gonzalo Durán está convencido de que hay motivos para
la esperanza. En este sentido, plantea que en el caso concreto de As Sinas “ya
tenía servicios y una consolidación superior a un tercio antes de 1988”, que es
cuando se hizo la Ley de Costas que ahora se va a modificar. De ese modo,
añade Durán, se cumpliría uno de los requisitos que establece el Gobierno para
pasar un suelo rústico a urbano.
Uno de los representantes de los vecinos de As Sinas, Juan Luis Nogueira, hace
un balance positivo de la reunión “porque se ve que vamos todos en el mismo
barco”. Considera que “tenemos muchos argumentos que avalan nuestras
hipótesis, pero hay que encontrar el más contundente”. En cualquier caso, opina
que la nueva ley brinda a los vecinos de las zonas costeras de Vilanova una
oportunidad por la que llevan luchando mucho tiempo, como es la de rebajar la
línea de protección a 20 metros.
En la situación actual, las familias que residen en ciertos puntos de As Sinas,
Currás o A Pantrigueira se encuentran en una importante indefinición legal, lo
que incluso les impide acometer obras de ampliación o mejora en sus viviendas
sin exponerse a fuertes multas. Un problema que se produce en otras
localidades, como la de A Illa.
Así, en Vilanova pretenden terminar con esta situación y disponen ahora de tres
meses para redactar el documento que se enviará a Madrid. Entre tanto, se va a
crear una comisión con técnicos y políticos que será la que supervise el proceso.
Su puesta en marcha se aprobará en el pleno ordinario del lunes, a raíz de una
moción que se presenta por la vía de urgencia.
http://www.lne.es/asturias/2013/05/24/mercedes-fernandez-afirma-nueva-leycostas-
garantia-futuro/1417098.html
LA NUEVA ESPAÑA
Mercedes Fernández afirma que la nueva ley de Costas «es una
garantía de futuro»
La presidenta del PP asturiano se entrevista con el ministro
Cañete, quien subraya los logros de la nueva PAC
24.05.2013 | 01:57
Arias Cañete y Mercedes Fernández, ayer, en Madrid. modem press
La presidenta del Partido Popular, Mercedes Fernández, se mostró satisfecha y
optimista por el futuro del sector primario en Asturias tras la reunión que
mantuvo con el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
Miguel Arias Cañete, en la que éste le transmitió las conclusiones relativas a
Asturias adoptadas en las negociaciones sobre la política agraria común (PAC)
de la Unión Europea celebradas el pasado mes de febrero.
Fernández destacó «la buena negociación» de Arias Cañete, «con la que España
no retrocede ni un céntimo en financiación, sino que salimos mejor en algunos
aspectos. Así, la financiación que la PAC ofrece a España y a Asturias hasta
2020 es absolutamente garantista». Por otra parte, el Ministro transmitió a
Fernández su intención de visitar el Principado en una fecha del próximo
trimestre aún sin concretar. Cañete detalló a Fernández las líneas generales de
su departamento referentes a Asturias, entre ellas las relativas a la pesca en el
caladero del Noroeste, con la asignación de cuotas pesqueras, su transferencia y
la posibilidad de que exista autonomía en la gestión.
Respecto al sector lácteo, Cañete aseguró que se establecerán garantías y tutelas
a aquellas comercializaciones que mantengan unos índices de calidad
medioambiental para que puedan tener una protección adicional y que,
además, contarán con campañas de difusión nacional. Fernández se felicitó por
la reciente aprobación de la nueva ley de Costas, con la que «se dio carta de
naturaleza a aquellas construcciones que ya existían, tranquilizando a los
afectados. La ley les ha dado una garantía de futuro con un amplio horizonte
temporal».
El Ministro también abogó por la inclusión de la sidra en la lista del Patrimonio
Inmaterial de la UNESCO, lo que, según Cherines, «sería un marchamo de
calidad y garantizaría una mayor difusión»
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2013/05/23/consenso-politicovilanova-
pedir-rebaja-linea-costas/00031369334160976507712.htm
LA VOZ DE GALICIA
AROUSA
Consenso político en Vilanova para pedir la rebaja de la línea de
Costas
BEA COSTA
Vilagarcía / La Voz 23 de mayo de 2013 20:35
0 votos
Tal y como se esperaba, no hay fisuras entre los grupos políticos de Vilanova a
la hora de solicitar la rebaja del área afectada por Costas en la zonas de As Sinas
y Currás. Una comisión de políticos y técnicos reunida esta tarde al efecto
acordó formular la propuesta en este sentido para presentarla antes de tres
meses en la Xunta de Galicia, según informó el alcalde Gonzalo Durán.
El objetivo es conseguir que se reconozcan ambos núcleos para, con la reforma
de Ley de Costas en la mano, poder legalizar las viviendas construidas antes de
1998. En el próximo pleno se tomará el acuerdo de crear una comisión que se
encargará de realizar estos trabajos. Estarán representantes del PP, PSOE y BNG
así como los técnicos que las partes quieran consultar. A la reunión acudieron
por parte del PP, Gonzalo Durán y Nuria Morgade, y de la oposición, Jose Luis
Tourís (PSOE) y Juan Luis Nogueira (BNG). leer más...

2013 05 23 Noticias costas del despatcho de Ortega

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article52157
TERCERA INFORMACION
Tercera Información | 22-05-2013
Elena Cortés alerta de que la Ley de Costas “avanza en la privatización” de los
puertos deportivos
La consejera de Fomento y Vivienda cree además “injusta” la doble imposición
tributaria que establece para los puertos autonómicos
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha afirmado que la
modificación de la Ley de Costas aprobada definitivamente la pasada semana
por las Cortes Generales significa “un avance en la dirección errónea, que es la
privatización de los puertos deportivos” a través de la regulación que se realiza
de las marinas interiores, y que además tendrá una repercusión negativa sobre
el sistema portuario autonómico, para cuyos concesionarios se establece una
“doble imposición” tributaria “injusta”, al mantener un canon demanial del
Estado adicional al de la Comunidad Autónoma. La reforma de la Ley de
Costas establece que se mantendrá el carácter de dominio público de las
marinas, terrenos privados artificialmente inundados por el mar para hacerlos
navegables, pero establece una importante excepción: los denominados garajes
náuticos, que serán de propiedad privada. Se trata de láminas de agua para el
estacionamiento de embarcaciones en las urbanizaciones de dichas marinas que
ya no tendrán la consideración de atraques en dominio público. El garaje
náutico, a juicio de Cortés, “menoscaba el carácter público del espacio
portuario” y conlleva el peligro de que sean considerados de propiedad privada
no sólo los atraques individuales, sino también dársenas enteras de estas
urbanizaciones.
Este “avance en la privatización” de las marinas plantea además dudas sobre el
ejercicio en las mismas de las potestades administrativas en materia de
navegación y medio ambiente, con el consiguiente riesgo de incidencias tanto
para el tráfico marítimo como en el control y tratamiento de residuos, entre
otros aspectos. Junto a ello, la reforma de la Ley de Costas aprobada
definitivamente mantiene el denominado canon demanial, un pago por parte de
los concesionarios en puertos autonómicos que no se exige en cambio en los
puertos de titularidad del Estado. “No nos parece justo, equitativo ni
equilibrado”, ha señalado Cortés. La nueva norma establece también criterios al
alza para la determinación de la base imponible de este canon, “con el
consiguiente riesgo de quiebra efectiva de concesionarios y de parte del sistema
portuario autonómico”, cuya viabilidad quedaría “amenazada”, denuncia la
consejera. El Gobierno central exige este canon demanial por considerarse
titular del dominio público marítimo-terrestre adscrito a la Comunidad
Autónoma para usos portuarios, pero sin embargo en esta misma modificación
legal se especifica que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) no deberá pagarlo
el Estado, sino la Junta de Andalucía, en contra del criterio mostrado hasta
ahora por los tribunales de justicia sobre este asunto. Para Cortés, “no se
entiende la doble lectura que se pretende hacer de este tema, reivindicando la
Administración del Estado la condición de titular para exigir el canon demanial
y eludiendo la trascendencia de dicha titularidad al trasladar a la Comunidad
Autónoma la carga impositiva”. Junto a ello, la modificación de la Ley de
Costas amplía el plazo de las concesiones portuarias anteriores a la aprobación
de la primera norma en 1988, contempladas en el artículo 49. Finalmente, tras
muchas oscilaciones durante la tramitación del texto legal, se ha establecido un
plazo de 35 años a contar desde el referido año 1988, con los que estas
concesiones terminarían su vigencia en el año 2023, quedando sus prórrogas en
el ámbito de competencia autonómico. Se trata, según Cortés, de una solución
“razonable”, teniendo en cuenta que la intención primigenia del Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente era establecer un plazo de 150 años,
“absolutamente desmesurado y fuera de toda lógica”. Este acortamiento del
plazo inicialmente introducido en el texto legal ha sido fruto en buena medida
de la presión ejercida por las comunidades autónomas, que en el seno de las
XIII Jornadas de Administraciones Portuarias Autonómicas, celebradas el
pasado mes de noviembre en Sevilla, realizaron un comunicado conjunto
solicitando esta cuestión, entre otras muchas. “Lástima que el resto de
reivindicaciones, como las referidas al canon demanial, el IBI o las marinas
interiores, hayan sido tan inexplicablemente desatendidas”, ha lamentado
Cortés.
http://www.elmundo.es/accesible/elmundo/2013/05/10/valencia/1368202635.ht
ml
EL MUNDO
Aprobada el jueves por el Gobierno central
La nueva Ley de Costas evitará la demolición de 3.000 viviendas del litoral
Efe @ 10-05-2013 18:17
Valencia.- Más de 12.000 personas habitan en dichas viviendas. Permite que
362 restaurantes y chiringuitos amplíen su concesión a 75 años.
La nueva Ley de Costas evitará la demolición de 3.000 viviendas ubicadas en
dominio público marítimo-terrestre de la Comunidad Valenciana, en las que se
estima que habitan unas 12.000 personas, ya que permitirá a sus propietarios
ampliar la concesión de sus casas por otros 75 años.
La delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de
León, ha explicado este viernes las novedades más destacadas de esta reforma
aprobada el jueves por el Gobierno y ha incidido en sus beneficios para la
protección del medio ambiente y los derechos de propietarios e intereses
económicos de los establecimientos.
De hecho, el nuevo texto permitirá que 362 restaurantes y chiringuitos que se
encuentran en dominio público marítimo-terrestre amplíen su concesión a 75
años y que puedan, al igual que los 67 hoteles en la costa, acometer
remodelaciones para modernizarse sin implicar aumento de volumen ni
superficie, según la delegada.
La nueva normativa también supondrá que se evite la demolición de 1.426
viviendas de Alicante (Serra Grossa y Santa Pola), Valencia (Oliva)
y Castellón(Xilxes), debido a que han perdido su morfología de ribera de mar y
por tanto, quedan excluidas del dominio público marítimo-terrestre.
‘Estabilidad y seguridad’
Sánchez de León ha asegurado que la reforma de la Ley de Costas, que databa
de 1988, se ha enfocado desde la “racionalidad, el sentido común y el realismo”
y ha hecho hincapié en la “estabilidad y seguridad” que da a un sector que
entre hoteles, restaurantes y chiringuitos factura más de 160 millones de euros y
da empleo directo a mas de 9.000 personas en toda la Comunidad.
Según la delegada, la anterior ley era “insuficiente” e incluso “perjudicial” en
muchos casos y la nueva norma “prohíbe” edificar en la costa y “frena el
deterioro” de lo ya construido, ya que permite a los establecimientos
modernizar sus construcciones, además de ofrecer “seguridad jurídica” a los
propietarios de viviendas.
Ha destacado que “se anticipa a futuros problemas urbanísticos”, ya que
permite que se suspendan cautelarmente actuaciones urbanísticas que luego
puedan llegar a ser demolidas por ilegales hasta que se pronuncien los
tribunales.
Igualmente, por primera vez “discrimina” las playas urbanas de las vírgenes y
mejora la definición técnica del concepto público marítimo-terrestre y permite
excluir de este concepto a un total de 1.426 núcleos habitados “históricamente
consolidados”, 1.252 en la provincia de Alicante, 67 en la de Valencia y 107 en
Castellón.
‘Mejora la situación jurídica’
La delegada ha destacado que la reforma de la Ley de Costas “mejora la
situación jurídica para los antiguos propietarios que se vieron privados de sus
bienes con la Ley de 1988”, ya que amplía la concesión de 30 a un máximo de
75 años, lo que impedirá que sus viviendas tengan que ser demolidas. Además,
permitirá que los propietarios de las concesiones puedan vender sus derechos,
hipotecarlos o transmitirlos en herencia.
Asimismo, la ley prevé que los bienes en territorio de dominio marítimoterrestre
se inscriban en el registro de propiedades para su consulta por
cualquier ciudadano.
Sánchez De León ha incidido en que el nuevo texto “fomenta” la actividad
económica en la costa, ya que asegura la continuidad de los establecimientos,
que podrán solicitar una prórroga de hasta 75 años en función del uso, previa
acreditación de que no hay peligro para la protección medioambiental.
Con la nueva normativa, estos establecimientos con concesión
administrativa podrán acometer reformas siempre que no superen el volumen
y la superficie existente.
Para chiringuitos y merenderos temporales la normativa amplía a 4 años la
concesión de la autorización, lo que agiliza el proceso y se remite al desarrollo
del reglamento futuro en un plazo de seis meses para concretar las
dimensiones y características que deberán tener.
Sánchez de León ha calificado de “ejercicio de irresponsabilidad” que el PSOE
no haya apoyado la aprobación de esta reforma que “mejora las expectativas de
ciudadanos, empresarios y medio ambiente”.
http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/15-
opiniones/22576-la-ley-de-costa-iacaba-con-la-costa
INFONORTE DIGITAL
La ley de costa, ¿acaba con la costa?
Rafael Morales Ponce
Miércoles 22 de Mayo de 2013 00:00
Con al nueva ley de costa que acaba de aprobar el PP, volveremos sin duda alguna de
nuevo al siglo XX, pero con un mayor grado de desprotección oficial, al que tenia todo el
litoral español con la antigua ley de costa de Franco, esta fue aprobada el día 26 de Abril
del año 1969 , con la reciente ley aprobada por PP aumenta aun mas los desequilibrios en
la protección hasta hoy existentes, esto es una realidad por la amplitud y facilidad que esta
nueva ley, le da a todos los infractores que han habido, hasta ahora, y habrán sin duda
mas a partir de la fecha.
La anterior ley de costa del año 1969, fue derogada por la entrada en vigor de ley 22/1988
de fecha 28 de Julio de el mismo año, esta ley fue aprobada durante el mandato del PSOE,
estando al frente del gobierno en la presidencia el Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero,
esta ley fue muy discutida y contestada por los infractores, que según ellos les quitaba un
derecho que ellos se habían subrogado, esta ley fue votada en contra por el PP.
La ley aprobada durante el mandato del Sr. Zapatero, a sido hasta ahora de las mas
“restrictivas en toda la historia” en cuanto al “uso y el abuso” por particulares de las
costas y riberas de este país, por eso el PP según a llegado al poder se apresurado a
derogar las misma lo antes posible, para permitir jurídicamente el saqueo de toda ella, por
parte de los infractores del dominio publico marítimo terrestre.
La nueva ley de costa sin duda alguna, sera la sepultura de la mayor parte del litoral de
este país, el PP con esta nueva ley se a pasado “cuatro pueblos, ya que la misma da la
posibilidad real de legalizar miles de obras infractoras en nuestro litoral y riberas, para
que se perpetué su ilegalidad por otros 75 años mas, una vez hayan concluido las actuales
concesiones administrativas de uso dadas en su momento.
Con esta nueva ley de costa, podrá ser legal todo lo hasta ahora haya sido declarado ilegal,
esta nueva anmistia del PP a las miles de obras ilegales, al igual que a sus infractores
demuestra una vez mas, de que lado de la ley están estos de PP, si de la “legalidad o la
ilegalidad”, yo diría sin duda alguna que de la ultima.
No sabría explicar como o porque, con el mal uso que hoy se hace de la política en general,
para aun no sorprendernos los españoles, con las anómalas aprobaciones de la leyes
habidas hasta la fecha, muchas de ellas propuestas por los actuales ministros del PP, con el
consentimiento y la anuencia del presidente del gobierno Sr. Mariano Rajoy.
No se de que “baúl de los recuerdos” a sacado el presidente del gobierno a los actuales
ministros, que hoy están sentados en el consejo, ni que “méritos o deméritos” estos tienen
para mayor desgracia de la inmensa mayoría de todos los españoles.
La valoración actual que los ciudadanos están dando a todos estos demuestra la “poca,
nada, o nula confianza” que la inmensa mayoría de este pueblo tiene de ellos, ninguno
llega a conseguir el aprobado, en algún que otro caso su credibilidad esta por los suelos,
como son los ministros de educación, justicia, sanidad, economía, etc.
Pero el que llega al ridículo mas espantoso, lo es sin duda alguna el ministro de
agricultura, alimentación, y medio ambiente, etc. nunca mejor dicho “medio ambiente”, ya
que la posibilidad de tener algún día el “ambiente completo” con este personaje es hoy
una utopía y un todo imposible.
El Sr. ministro D. Miguel Arias Cañete, es un personaje mal copiado de la serie de TV
“verano azul” ¿Chanquete o Cañete?, el muy gracioso nos quiere tomar el pelo a todos,
sus declaraciones publicas y publicadas, dejan mucho que desear por la cantidad de
tonterías, boberías, y disparates, etc., que de manera regular dice y comenta en los medios
de comunicación y difusion social.
Nadie puede tomarse en serio a un ministro que comenta y dice públicamente que se come
los “yogur caducados”, y que los ciudadanos somos todos unos irresponsables cuando
usamos el agua de la ducha, según este personaje el no desperdicia ni una gota del liquido
elemento, ya que según el, este usa el agua fría hasta que llega la caliente al grifo.
Ya esta bien que este desgobierno del PP, además de mentir a diario a los españoles,
intenten además de reírse de todos ellos por parte de unos señores que hemos puesto al
frente de este país, para que busquen soluciones y no agrave aun más, la crisis económica,
política, moral y social, etc. que estamos padeciendo la inmensa mayoría de los españoles.
Estos señores deben y tienen que ser “serios y eficientes”, o sobran todos si no están
capacitados para hacer su trabajo que es solo político, pero desgraciadamente el actual
gabinete ministerial del Sr. Mariano Rajoy deja mucho que desear por su inoperancia,
incluido el presidente para estar hoy al frente de un país de mas de 47 millones de
españoles, donde la inmensa mayoría de nosotros la estamos pasando canutas. leer más...

2013 05 22 Noticias costas del despatcho de Ortega

http://andaluciainformacion.es/granada/309824/rojas-pp-a-afirma-que-la-ley-decostas-
es-un-espaldarazo-a-la-economia-del-litoral-granadino/
ANDALUCIA INFORMACION
GRANADA | POLÍTICA
Rojas (PP-A) afirma que la Ley de Costas es “un espaldarazo” a la
economía del litoral granadino
CARLOS ROJAS
21/05/2013 12:10
El portavoz del grupo popular en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, se ha
reunido este lunes con alcaldes de la costa tropical y miembros del PP comarcal
en Salobreña (Granada) para informar sobre la nueva Ley de Costas y se ha
mostrado convencido de que supondrá “un gran espaldarazo a la economía” del
litoral granadino.
De hecho, ha mantenido que esta normativa supone un “apoyo muy
importante” para los chiringuitos de la costa tropical, pues proporciona
“esaseguridad” que necesitaban los empresarios “para seguir creando negocio y
empleo”.
Rojas ha contrapuesto esta situación con el que el que ha llamado “decretazo
de la Junta de Andalucía”, el cual ha tachado como “una clara muestra de
deslealtad” institucional y ha advertido de que “pone en juegomás de 50.000
puestos de trabajo”, ya que “paraliza los proyectos de las ciudades por un
capricho político e intervencionista que espanta a los inversores”, ha señalado
en un comunicado remitido por el PP.
El portavoz del grupo popular en el Parlamento andaluz ha anunciado
además que su partido presentará una iniciativa para exigir a la Junta las
ayudas en mantenimiento de playas que “desde hace tres años no se conceden a
los ayuntamientos” por considerar que es un soporte necesario para ofrecer
calidad a los turistas.
Por su parte, el senador del PP Antonio Ayllón ha explicado que los
chiringuitos “generan 36 millones de euros anuales, 2.600 puestos de trabajo
directos y más de 1.500 indirectos” y asegura que la normativa del Gobierno les
“afecta de forma positiva” tanto a estos negocios, como a los hoteles y
restaurantes de la costa.
Por último, ha explicado que la zona de servidumbre se regula con esta ley
“beneficiando a unas 11.000 viviendas”.
http://www.farodevigo.es/cartas/2013/05/22/ley-costas/814486.html
DIARIO FARO DE VIGO
Ley de Costas
Carmen Vallejo Pérez – Redondela
22.05.2013 | 04:52
El Gobierno acaba de aprobar la Ley de Costas bajo el argumento de la
seguridad jurídica. Un término muy manido que, en cambio, no se puede
aplicar al RD/24 de 31 de agosto de 2012 en el que, precisamente, se genera lo
contrario al cargarse, literalmente, los vencimientos de contratos de híbridos
firmados con entidades financieras.
Para agravar la situación de preferentistas y titulares de deuda subordinada, el
Banco de Santander retira, oportunamente, su recurso de casación con lo que
impide al Tribunal Supremo dictar criterios jurisprudenciales que resulten
útiles en la resolución de los litigios.
Lo oportuno tiene que ver con que el recurrente retirase el recurso 24 horas
antes de que se reuniese el TS, lo cual levanta serias sospechas sobre filtraciones
de información.
Todo parece perfectamente orquestado en una de esas teorías de la conspiración
que tanto gustan al PP. Mientras ya en 2007 los bancos centrales de nuestros
poderosos socios europeos inyectaban miles de millones en sus bancos
enfermos de hipotecas suprime, aquí la banca mejoraba sus ratios de capital con
la emisión masiva de preferentes y subordinadas, y su colocación a pequeños
ahorradores a discreción. Todo ello con el visto bueno del Banco de España.
Entonces, estábamos en la Champions League de las entidades financieras.
Hoy, las cajas están abocadas a su desaparición.
La crisis ha sido un buen pretexto para liquidar el 50% del sector financiero
español. En el caso de NCG, entidades con más de 130 años de historia,
concebidas como entidades sin ánimo de lucro precisamente para mitigar la
usura de los bancos privados y con una ingente obra social a sus espaldas. Las
cajas habían crecido desmesuradamente en los últimos 30 años y se habían
convertido en un competidor incómodo.
Ahora, vía privatización y resolución, las Cajas desaparecen el mapa financiero
español enterrando con ellas los ahorros de miles de familias que según el
ministro De Guindos deberían estar agradecidas, pues las quitas negociadas son
muy generosas respecto a las aplicadas en otros países europeos. Lo que el
señor ministro obvia es que en los bancos europeos afectados, las quitas las
sufrieron inversores institucionales.
Tampoco convence a nadie la excusa del “problema heredado” pues la solución
es genuina e implica la aceptación por el gobierno de unas quitas colosales a
cambio del rescate bancario.
Finalmente, lo que queda, es una amarga sensación de impotencia y frustración
ante el poder económico y financiero que es capaz de doblegar voluntades de
gobiernos y denostar el bienestar de los ciudadanos. El sistema funciona.
http://andaluciainformacion.es/granada/309824/rojas-pp-a-afirma-que-la-ley-decostas-
es-un-espaldarazo-a-la-economia-del-litoral-granadino/
ANDALUCIA INFORMACION
GRANADA | POLÍTICA
Rojas (PP-A) afirma que la Ley de Costas es “un espaldarazo” a la
economía del litoral granadino
CARLOS ROJAS
21/05/2013 12:10
El portavoz del grupo popular en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, se ha
reunido este lunes con alcaldes de la costa tropical y miembros del PP comarcal
en Salobreña (Granada) para informar sobre la nueva Ley de Costas y se ha
mostrado convencido de que supondrá “un gran espaldarazo a la economía” del
litoral granadino.
De hecho, ha mantenido que esta normativa supone un “apoyo muy
importante” para los chiringuitos de la costa tropical, pues proporciona
“esaseguridad” que necesitaban los empresarios “para seguir creando negocio y
empleo”.
Rojas ha contrapuesto esta situación con el que el que ha llamado “decretazo
de la Junta de Andalucía”, el cual ha tachado como “una clara muestra de
deslealtad” institucional y ha advertido de que “pone en juegomás de 50.000
puestos de trabajo”, ya que “paraliza los proyectos de las ciudades por un
capricho político e intervencionista que espanta a los inversores”, ha señalado
en un comunicado remitido por el PP.
El portavoz del grupo popular en el Parlamento andaluz ha anunciado
además que su partido presentará una iniciativa para exigir a la Junta las
ayudas en mantenimiento de playas que “desde hace tres años no se conceden a
los ayuntamientos” por considerar que es un soporte necesario para ofrecer
calidad a los turistas.
Por su parte, el senador del PP Antonio Ayllón ha explicado que los
chiringuitos “generan 36 millones de euros anuales, 2.600 puestos de trabajo
directos y más de 1.500 indirectos” y asegura que la normativa del Gobierno les
“afecta de forma positiva” tanto a estos negocios, como a los hoteles y
restaurantes de la costa.
Por último, ha explicado que la zona de servidumbre se regula con esta ley
“beneficiando a unas 11.000 viviendas”.
http://www.farodevigo.es/cartas/2013/05/22/ley-costas/814486.html
DIARIO FARO DE VIGO
Ley de Costas
Carmen Vallejo Pérez – Redondela
22.05.2013 | 04:52
El Gobierno acaba de aprobar la Ley de Costas bajo el argumento de la
seguridad jurídica. Un término muy manido que, en cambio, no se puede
aplicar al RD/24 de 31 de agosto de 2012 en el que, precisamente, se genera lo
contrario al cargarse, literalmente, los vencimientos de contratos de híbridos
firmados con entidades financieras.
Para agravar la situación de preferentistas y titulares de deuda subordinada, el
Banco de Santander retira, oportunamente, su recurso de casación con lo que
impide al Tribunal Supremo dictar criterios jurisprudenciales que resulten
útiles en la resolución de los litigios.
Lo oportuno tiene que ver con que el recurrente retirase el recurso 24 horas
antes de que se reuniese el TS, lo cual levanta serias sospechas sobre filtraciones
de información.
Todo parece perfectamente orquestado en una de esas teorías de la conspiración
que tanto gustan al PP. Mientras ya en 2007 los bancos centrales de nuestros
poderosos socios europeos inyectaban miles de millones en sus bancos
enfermos de hipotecas suprime, aquí la banca mejoraba sus ratios de capital con
la emisión masiva de preferentes y subordinadas, y su colocación a pequeños
ahorradores a discreción. Todo ello con el visto bueno del Banco de España.
Entonces, estábamos en la Champions League de las entidades financieras.
Hoy, las cajas están abocadas a su desaparición.
La crisis ha sido un buen pretexto para liquidar el 50% del sector financiero
español. En el caso de NCG, entidades con más de 130 años de historia,
concebidas como entidades sin ánimo de lucro precisamente para mitigar la
usura de los bancos privados y con una ingente obra social a sus espaldas. Las
cajas habían crecido desmesuradamente en los últimos 30 años y se habían
convertido en un competidor incómodo.
Ahora, vía privatización y resolución, las Cajas desaparecen el mapa financiero
español enterrando con ellas los ahorros de miles de familias que según el
ministro De Guindos deberían estar agradecidas, pues las quitas negociadas son
muy generosas respecto a las aplicadas en otros países europeos. Lo que el
señor ministro obvia es que en los bancos europeos afectados, las quitas las
sufrieron inversores institucionales.
Tampoco convence a nadie la excusa del “problema heredado” pues la solución
es genuina e implica la aceptación por el gobierno de unas quitas colosales a
cambio del rescate bancario.
Finalmente, lo que queda, es una amarga sensación de impotencia y frustración
ante el poder económico y financiero que es capaz de doblegar voluntades de
gobiernos y denostar el bienestar de los ciudadanos. El sistema funciona.
{http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/05/10/nueva-leycostas-
salvara-3000-casas-litoral/996865.html?utm_medium=rss
DIARIO LEVANTE
Medio Ambiente
La nueva ley de Costas salvará 3.000 casas en el litoral
La reforma permitirá a los propietarios ampliar la concesión de
sus casas por otros 75 años
11.05.2013 | 01:22
EP | LEVANTE-EMV.COM La nueva Ley de Costas evitará la demolición de
3.000 viviendas ubicadas en dominio público marítimo-terrestre de la
Comunitat Valenciana, en las que se estima que habitan unas 12.000 personas,
ya que permitirá a sus propietarios ampliar la concesión de sus casas por otros
75 años.
La delegada del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León,
ha explicado hoy las novedades más destacadas de esta reforma aprobada ayer
por el Gobierno y ha incidido en sus beneficios para la protección del medio
ambiente y los derechos de propietarios e intereses económicos de los
establecimientos.
De hecho, el nuevo texto permitirá que 362 restaurantes y chiringuitos que se
encuentran en dominio público marítimo-terrestre amplíen su concesión a 75
años y que puedan, al igual que los 67 hoteles en la costa, acometer
remodelaciones para modernizarse sin implicar aumento de volumen ni
superficie, según la delegada.
La nueva normativa también supondrá que se evite la demolición de 1.426
viviendas de Alicante (Serra Grossa y Santa Pola), Valencia (Oliva) y Castellón
(Xilxes), debido a que han perdido su morfología de ribera de mar y por tanto,
quedan excluidas del dominio público marítimo-terrestre.
Sánchez de León ha asegurado que la reforma de la Ley de Costas, que databa
de 1988, se ha enfocado desde la “racionalidad, el sentido común y el realismo”
y ha hecho hincapié en la “estabilidad y seguridad” que da a un sector que entre
hoteles, restaurantes y chiringuitos factura más de 160 millones de euros y da
empleo directo a mas de 9.000 personas en toda la Comunidad.
Según la delegada, la anterior ley era “insuficiente” e incluso “perjudicial” en
muchos casos y la nueva norma “prohíbe” edificar en la costa y “frena el
deterioro” de lo ya construido, ya que permite a los establecimientos
modernizar sus construcciones, además de ofrecer “seguridad jurídica” a los
propietarios de viviendas.
Ha destacado que “se anticipa a futuros problemas urbanísticos”, ya que
permite que se suspendan cautelarmente actuaciones urbanísticas que luego
puedan llegar a ser demolidas por ilegales hasta que se pronuncien los
tribunales.
Igualmente, por primera vez “discrimina” las playas urbanas de las vírgenes y
mejora la definición técnica del concepto público marítimo-terrestre y permite
excluir de este concepto a un total de 1.426 núcleos habitados “históricamente
consolidados”, 1.252 en la provincia de Alicante, 67 en la de Valencia y 107 en
Castellón.
La delegada ha destacado que la reforma de la Ley de Costas “mejora la
situación jurídica para los antiguos propietarios que se vieron privados de sus
bienes con la Ley de 1988”, ya que amplía la concesión de 30 a un máximo de 75
años, lo que impedirá que sus viviendas tengan que ser demolidas.
Además, permitirá que los propietarios de las concesiones puedan vender sus
derechos, hipotecarlos o transmitirlos en herencia.
Asimismo, la ley prevé que los bienes en territorio de dominio marítimoterrestre
se inscriban en el registro de propiedades para su consulta por
cualquier ciudadano.
Sánchez De León ha incidido en que el nuevo texto “fomenta” la actividad
económica en la costa, ya que asegura la continuidad de los establecimientos,
que podrán solicitar una prórroga de hasta 75 años en función del uso, previa
acreditación de que no hay peligro para la protección medioambiental.
Con la nueva normativa, estos establecimientos con concesión administrativa
podrán acometer reformas siempre que no superen el volumen y la superficie
existente.
Para chiringuitos y merenderos temporales la normativa amplía a 4 años la
concesión de la autorización, lo que agiliza el proceso y se remite al desarrollo
del reglamento futuro en un plazo de seis meses para concretar las dimensiones
y características que deberán tener.
Sánchez de León ha calificado de “ejercicio de irresponsabilidad” que el PSOE
no haya apoyado la aprobación de esta reforma que “mejora las expectativas de
ciudadanos, empresarios y medio ambiente”.
http://www.20minutos.es/noticia/1820348/0/
DIARIO VEINTE MINUTOS
Empresarios de playas prevén un 3% menos de autorizaciones este
verano por la crisis y el mal tiempo, con cerca de 2.000
Los empresarios de playas andaluces prevén que este año se produzca una
“leve caída” en el número de autorizaciones, con un descenso medio del tres por
ciento, debido a que con la crisis no todos demandarán autorización, y a la
climatología adversa, de forma que el número de autorizaciones oscilará entre
las 1.900 y 2.000 en toda Andalucía, según han indicado a Europa Press fuentes
de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas.
EUROPA PRESS. 21.05.2013
Los empresarios de playas andaluces prevén que este año se produzca una
“leve caída” en el número de autorizaciones, con un descenso medio del tres por
ciento, debido a que con la crisis no todos demandarán autorización, y a la
climatología adversa, de forma que el número de autorizaciones oscilará entre
las 1.900 y 2.000 en toda Andalucía, según han indicado a Europa Press fuentes
de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas.
Fuentes de dicha federación han indicado a Europa Press que este año, el
número de autorizaciones “se va a mover muy poco” en relación con el año
anterior, aunque reconoce que “muchos estaban a la espera de que se aprobara
la Ley de Costas”.
Las fuentes han indicado que ese leve descenso viene motivado por el hecho de
que “la gente intenta aguantar dentro de la crisis”, por lo que “no se caerán
mucho y el porcentaje de caída no será muy elevado; la gente no tiene otra
opción”.
Asimismo, han apuntado que el tiempo y la climatología “está retrasando aún
mas el proceso; el tiempo y la crisis no acompaña a la hora de pedir
autorizaciones”.
De esta forma, prevé que en Andalucía haya entre 1.900 y 2.000 licencias de
toda actividad de playa, de las que los chiringuitos suponen el 45 por ciento del
total.
Así, han indicado que la media de bajada será del tres por ciento “aunque en
algunas zonas se puede alcanzar el cinco por ciento, como puede ocurrir en
provincias con turismo menos consolidado y más basado en el turismo
nacional; ahí se esperan más variaciones y habrá mas retrasos a la hora de dar
las autorizaciones y abrir los establecimientos”.
Las fuentes indicaron que “teóricamente el proceso de autorización debería
estar terminado ya, y los establecimientos deberían estar abiertos, pero habrá
retrasos en algunas zonas más dependientes del turismo nacional”.
Han indicado que las autorizaciones son otorgadas por las delegaciones
provinciales de Medio Ambiente de la Junta de cada provincia —a diferencia de
las concesiones, otorgadas directamente por la Consejería—, de forma que una
vez que las autorizaciones son otorgadas, es el Ayuntamiento de cada zona el
que debe efectuar el reparto de las mismas. Las fuentes han apuntado que en el
caso de las concesiones “este año apenas variará su cifra, aunque en algunos
casos algún establecimiento no renovará debido al sitio donde se ubica”.
Ley de costas
Asimismo, fuentes de esta federación han explicado que una vez que hace
varias semanas se aprobó la Ley de Costas, se está empezando a elaborar el
reglamento que desarrolle dicha ley, que deberá estar aprobado en seis meses
desde la aprobación de la ley, para lo cual el sector está participando y se ha
empezado a negociar su contenido.
“Nos interesa mucho más el reglamento que la propia ley, pues la ley sienta
algunas bases y en ella se nos han reconocido algunas peticiones, pero será el
reglamento el que determine, desarrolle y concrete”, han agregado las fuentes,
quienes precisan que “ya se ha empezado a negociar y a ver como se termina”.
De esta forma, entre las cuestiones que sí han sido incluidas en la norma, los
empresarios demandan que “las autorizaciones a partir del próximo año se
darán con carácter cuatrienal, es decir, por cuatro años como máximo en vez de
cada año, como era antes, con lo que se reduce el número de trámites
burocráticos”.
Los empresarios andaluces consideran que les han atendido “en los aspectos
que hemos pedido”, aunque dejan claro que “para nosotros lo más importante
es la redacción del reglamento”. Así, el sector considera que “se recogieron las
cosas que pedimos”, de manera que “se van a poder transmitir concesiones inter
vivos y se diferenciarán y distinguirán playas en zonas urbanas de no urbanas,
que tendrán tratamiento distinto”.
Asimismo, resaltaron que los empresarios de playas y chiringuitos “no tendrán
que pagar un canon por el espacio que ocupan aseos, servicios y accesos a las
playas, pues nosotros costeamos el mantenimiento de esos servicios públicos”.
“No pedimos más metros en concesiones, solo queremos renovar lo que
tenemos”, ha aseverado. leer más...

2013 05 21 Noticias costas del despatcho de Ortega

http://chipiona.org/20/05/2013/chipiona-y-tarifa-son-los-municipios-conm%
C3%A1s-hoteles-afectados-por-la-ley-de-costas
CHIPIONA INFORMACIÓN SOCIAL
Chipiona y Tarifa son los municipios con más hoteles afectados
por la Ley de Costas
Los municipios de Chipiona y Tarifa son los más afectados por la nueva Ley de
Costas debido a la situación de los hoteles que poseen en sus litorales.
En la provincia, según precisaron ayer fuentes de la Subdelegación del
Gobierno, son 16 establecimientos hoteleros que están total o parcialmente en
Zona de Servidumbre de Protección (ZSP), franja anexa al Dominio Público
Marítimo Terrestre (DPMT) de 20 metros de anchura en suelo urbano y 100 en
no urbano.
y cinco se encuentran también ocupando terrenos del dominio público.
Estos hoteles ya se encontraban tal cual a la entrada en vigor de la Ley de 1988.
La actual modificación legislativa afecta a estas instalaciones de la siguiente
forma: aquellos que se encuentran en DPMT (los cinco hoteles mencionados)
podrán optar, según se establezca reglamentariamente, a una prórroga del
plazo concesional de 30 años que les otorgó la Ley de 1988, hasta un máximo de
75 años.
Los 16 podrán hacer obras de reparación, mejora, consolidación y
modernización, siempre y cuando no impliquen aumento de volumen,
superficie o altura de las construcciones existentes. Aunque deberá acreditarse
que dichas obras suponen una mejora de la eficiencia energética e implican
ahorro en el consumo de agua.
En Chipiona hay tres (todos en la playa de Regla); otros dos en Rota y en San
Roque; y uno en Conil, Algeciras, La Línea, Barbate y en la capital gaditana, en
la playa Victoria. Tres de los cuatro de Tarifa y uno de San Roque están
afectados por completo (todo el edificio) por el dominio público o su zona de
protección.
La actividad hotelera genera aproximadamente unos 1.300 empleos y una
facturación directa de 16 millones de euros.
http://www.ideal.es/granada/20130520/local/costa/costas-espaldarazo-paraeconomia-
201305201359.html
DIARIO IDEAL
“La Ley de Costas es un espaldarazo para la economía”
El PP cree, en cambio, que que la norma que prepara la Junta “es un decretazo
que no es razonable, es claramente municipalista e intervencionista que espanta
a los inversores”
20.05.13 – 13:59 –
R. I. | GRANADA
El portavoz del Partido Popular Andaluz, Carlos Rojas, el senador Antonio
Ayllón y alcaldes de la Costa, así como el PP comarcal, se han reunido en
Salobreña para informar sobre la nueva Ley de Costas, que supone “un gran
espaldarazo a la economía de la Costa Tropical”.
Carlos Rojas ha manifestado que “la Ley de Costas supone un apoyo muy
importante para los chiringuitos de la Costa Tropical, es una magnifica noticia y
era lo que estaban esperando los afectados ya que necesitaban esa seguridad
para seguir creando negocio y empleo y necesitaban el respaldo de la
administración. Por otro lado, nos encontramos con el decretazo de la Junta de
Andalucía, que es una clara muestra de deslealtad, es rechazable y no podemos
entender cómo una administración va contra el empleo y pone obstáculos y
contrapunto a otras administraciones. Esta ley es un espaldarazo para el
empleo, que es lo que hace falta”.
Asimismo, el portavoz andaluz ha explicado que “la Junta, con su decretazo,
crea confrontación donde se ponen en juego más de 50 mil puestos de trabajo.
No es razonable, es claramente municipalista, ya que paraliza los proyectos de
las ciudades por un capricho político, e intervencionista hasta espantar a los
inversores”.
Por su parte, el senador Antonio Ayllón ha aportado cifras de lo que genera los
chiringuitos a la Costa: “36 millones de euros anuales, 2.600 puestos de trabajo
directos y más de 1.500 indirectos. La Ley impulsada por el Gobierno de Rajoy
afecta de forma positiva a 11 hoteles y a 93 restaurantes y chiringuitos en la
Costa. Y en cuanto a la zona de servidumbre, se regula beneficiando a unas 11
mil viviendas. Han pasado 24 años de la antigua ley del año 88 y es posible
compatibilizar la actividad económica con el desarrollo sostenible y la
protección del litoral, puesto que es la base de esta ley”.
En representación de los alcaldes de la Costa de Granada, Eloy Martínez,
alcalde de Gualchos -Castell, ha declarado que “los propietarios de viviendas y
negocios en la Costa de Granada duermen más tranquilos porque un gobierno
responsable respeta sus derechos y no confunde desarrollismo con desarrollo,
sin más… Todo lo contrario a lo que hace el gobierno de la Junta de Andalucía,
que lo único que hace es poner obstáculos al crecimiento económico de este
sector”.
El portavoz andaluz ha anunciado que presentarán una propuesta al
Parlamento de Andalucía para “exigir las ayudas en mantenimiento de Playas,
que desde hace tres años no se conceden a los ayuntamientos, un soporte
necesario para ofrecer una excelente calidad de las playas”.
http://www.europapress.es/andalucia/noticia-rojas-pp-afirma-ley-costasespaldarazo-
economia-litoral-granadino-20130520182200.html
EUROPA PRESS
GRANADA
Rojas (PP-A) afirma que la Ley de Costas es “un espaldarazo” a la
economía del litoral granadino
Pedirá en el Parlamento andaluz las ayudas para el mantenimiento de las
playas
SALOBREÑA (GRANADA), 20 May. (EUROPA PRESS) –
El portavoz del grupo popular en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, se ha
reunido este lunes con alcaldes de la costa tropical y miembros del PP comarcal
en Salobreña (Granada) para informar sobre la nueva Ley de Costas y se ha
mostrado convencido de que supondrá “un gran espaldarazo a la economía” del
litoral granadino.
De hecho, ha mantenido que esta normativa supone un “apoyo muy
importante” para los chiringuitos de la costa tropical, pues proporciona “esa
seguridad” que necesitaban los empresarios “para seguir creando negocio y
empleo”.
Rojas ha contrapuesto esta situación con el que el que ha llamado “decretazo
de la Junta de Andalucía”, el cual ha tachado como “una clara muestra de
deslealtad” institucional y ha advertido de que “pone en juego más de 50.000
puestos de trabajo”, ya que “paraliza los proyectos de las ciudades por un
capricho político e intervencionista que espanta a los inversores”, ha señalado
en un comunicado remitido por el PP.
El portavoz del grupo popular en el Parlamento andaluz ha anunciado
además que su partido presentará una iniciativa para exigir a la Junta las
ayudas en mantenimiento de playas que “desde hace tres años no se conceden a
los ayuntamientos” por considerar que es un soporte necesario para ofrecer
calidad a los turistas.
Por su parte, el senador del PP Antonio Ayllón ha explicado que los
chiringuitos “generan 36 millones de euros anuales, 2.600 puestos de trabajo
directos y más de 1.500 indirectos” y asegura que la normativa del Gobierno les
“afecta de forma positiva” tanto a estos negocios, como a los hoteles y
restaurantes de la costa.
Por último, ha explicado que la zona de servidumbre se regula con esta ley
“beneficiando a unas 11.000 viviendas”.
http://www.eldiariomontanes.es/20130520/local/cantabria-general/creecantabria-
tiene-presidente-201305201100.html
EL DIARIO MONTANES
COMUNICADO ANTE LAS ÚLTIMAS ACTUACIONES DEL
GOBIERNO
Bedia destaca la reivindicación “lógica” y con resultados de Diego
El diputado del PP destaca la “mejora de la competitividad” que supondrán
para el sector industrial regional la mejora de la conexión ferroviaria con
Madrid, la reanudación de las obras de la A-8 entre Solares y Torrelavega, la
reforma de la Ley de Costas o la rebaja del ‘céntimo verde
20.05.13 – 11:00 –
El diputado regional del PP Carlos Bedia ha destacado hoy los resultados
conseguidos por el presidente cántabro, Ignacio Diego, a través de una
reivindicación “lógica” y “discreta”, sin necesidad de “estridencias” o “alharacas”
que no sirvieron para obtener “nada” en otras legislaturas.
De esta forma, en un comunicado, Bedia ha contrapuesto la gestión de Diego
con la realizada por su antecesor en el cargo en las dos últimas legislaturas, el
secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla.
“Por fin tenemos en Cantabria un presidente que reivindica con lógica y obtiene
resultados”, ha subrayado el diputado popular.
Como ejemplos, Bedia ha señalado la inversión de 95 millones de euros
anunciada por el Ministerio de Fomento para mejorar la línea ferroviaria entre
Santander y Palencia, la reanudación de las obras de la autovía Solares-
Torrelavega o la reforma estatal de la Ley de Costas.
En su opinión, la inversión de Fomento en la línea férrea, que reducirá en una
hora el trayecto Santander-Madrid, es buena prueba de que “para reivindicar y
defender los intereses de Cantabria no son necesarias ni las estridencias ni las
alharacas a los que acostumbraba el anterior presidente regional”.
Según dice, la inversión es resultado de las “negociaciones con criterio y lógica”
del Ejecutivo de Ignacio Diego, alejado de los “gestos estridentes y efectistas que
no consiguieron nada para Cantabria durante el Gobierno de coalición PRCPSOE”.
Para Bedia, esta mejora de la conexión ferroviaria, unida a la “recuperación de
obras públicas paralizadas en la anterior legislatura”, como la Autovía del
Cantábrico, “profundizará en la mejora de la competitividad” de las empresas
de la región y en el bienestar de todos los cántabros.
A esto se suma, además, la reforma de la Ley de Costas en la que, según Bedia,
“el PP cántabro ha desempeñado un importante papel, primero desde la
oposición y después desde el Gobierno”.
El diputado popular ha resaltado que con esta reforma muchas empresas y
explotaciones agrarias de la región han recuperado la seguridad jurídica y la
estabilidad que “durante tanto tiempo han visto peligrar ante la inexplicable
indiferencia del Gobierno de Miguel Ángel Revilla”.
Además, la nueva ley garantiza el funcionamiento de la depuradora de Vuelta
Ostrera hasta su demolición, “algo especialmente trascendente para la
comunidad autónoma desde el punto de vista socioeconómico y
medioambiental”.
Carlos Bedia también ha señalado el impacto que tendrá para las grandes
empresas industriales de Cantabria la reducción del denominado ‘céntimo
verde’, en la que el Gobierno de Ignacio Diego “ha tenido un especial
protagonismo”.
A juicio del diputado regional del PP, todas estas actuaciones, además de ser un
estímulo para la actividad económica de la región, “subrayan la certeza de que
Cantabria cuenta para el Gobierno de España” y “demuestran una clara
diferencia en la forma de gobernar entre el anterior y el actual presidente
regional”.
“Mientras que el Gobierno presidido por Ignacio Diego demuestra sensibilidad
y anticipación para ofrecer alternativas y soluciones a los problemas que se
puedan plantear en el futuro, el Gobierno de Miguel Ángel Revilla lo único que
ofreció fue resignación, ocultación e histrionismo, lo que llevó a ver paralizados
proyectos estratégicos para la comunidad autónoma”, ha apostillado.
Como ejemplos de la anticipación del actual Gobierno para buscar alternativas
a los problemas futuros, Bedia se ha referido a la ley que prohíbe la técnica de la
fractura hidráulica en la comunidad autónoma y a la declaración institucional
de apoyo al empleo y a la actividad en el sector del tabaco en España ante la
revisión de la normativa comunitaria.
En palabras de Bedia, “el Gobierno de Cantabria que preside Ignacio Diego
trabaja con lógica, aportando alternativas y negociando discretamente”.
“De esa forma es como se obtienen resultados, que son ya visibles a corto plazo,
pero que, sin duda, a medio y largo plazo ofrecen a Cantabria oportunidades
que el Gobierno anterior cercenó de forma egoísta e irresponsable”, ha
concluido el parlamentario del PP.
http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/252272.html
DIARIO DE PONTEVEDRA
Ence
El Estado recurrirá la sentencia que ordena anular la concesión de
la Edar
20/05/2013 – DP (Pontevedra)
PONTEVEDRA. La Administración General del Estado recurrirá la sentencia
del pasado 19 de abril que le ordena iniciar el expediente de caducidad de la
concesión de la Estación Depuradora de Augas Residuais (Edar) de Os Praceres
y a la paralización de la actividad de esta instalación, emisario submarino
incluido. Así lo han confirmado a este periódico responsables del Ministerio de
Medio Ambiente, que han recordado que la Abogacía del Estado interpondrá
un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la citada resolución de
la Audiencia Nacional, que también exige al Estado iniciar los trámites
necesarios para paralizar la actividad de Ence en Pontevedra.
No es la primera vez que la Justicia pone en cuestión las instalaciones ubicadas
en las marismas de Lourizán. Una sentencia de 2011 de la Sección Primera de la
Audiencia Nacional obliga al Ministerio de Medio Ambiente a iniciar un
expediente de caducidad de la concesión de Ence y a la adopción de todas las
medidas legales para la paralización de las actividades y suspensión del uso y
explotación de las instalaciones de la pastera. El tribunal estimó así parte de un
recurso presentado en enero de 2005 por el colectivo ecologista Salvemos
Pontevedra. El fallo, que fue recurrido por la Administración General del
Estado y por la propia compañía forestal, no pone, sin embargo, plazo a la
ejecución del desmantelamiento de la factoría.
Aunque el fin de la concesión a la pastera termina en 2018, la modificación de la
Ley de Costas podría trastocar esta previsión y aumentar la vida de Ence en su
actual ubicación por otros 75 años más.
El silencio administrativo de la Administración central ante la demanda de la
oenegé propició la resolución de la Audiencia Nacional. Salvemos Pontevedra
denunció en su día la caducidad de la concesión otorgada a la compañía
forestal. El colectivo basó sus argumentos en el proceso que en verano de 2011
supuso la privatización de la Empresa Nacional de Celulosa. A partir de
entonces, la firma pasó a llamarse Grupo Empresarial Ence y heredó de su
antecesora la concesión que otorga la Ley de Costas para mantener su actividad
industrial en Lourizán.
Salvemos Pontevedra asegura que Ence no cuenta con el permiso
administrativo obligatorio para seguir produciendo y sostiene que la empresa
vulneró parte de un artículo de la Ley de Costas que hace referencia a la
alteración de la finalidad de la concesión. “En los últimos 50 años se han venido
instalando y construyendo obras en los terrenos de la concesión que no tienen
ninguna vinculación con su destino original (…). La realización de cualquiera de
las obras, sin el correspondiente título habilitante, es causa más que suficiente
para incoar expediente de caducidad de la concesión (a Ence)”, recoge el fallo.
La batalla judicial de Salvemos Pontevedra para recuperar las marismas de
Lourizán ha logrado ya que el Supremo falle a favor y en firme sobre la
restitución del dominio público marítimo-terrestre que ocupa la hormigonera
Holcim.
http://www.20minutos.es/noticia/1818801/0/
DIARIO VEINTE MINUTOS
PP cree que “por fin” Cantabria tiene un presidente que
“reivindica con lógica y obtiene resultados”
Cita la mejora de la conexión ferroviaria con Madrid, la reanudación de las
obras de la A-8 o la rebaja del ‘céntimo verde’
EUROPA PRESS. 20.05.2013
El PP ha destacado la “mejora de la competitividad” que, a su juicio, supondrán
para el sector industrial regional la mejora de la conexión ferroviaria con
Madrid, la reanudación de las obras de la A-8 entre Solares y Torrelavega, la
reforma de la Ley de Costas o la rebaja del ‘céntimo verde’, algo que, según
señala, se ha conseguido porque, según ha apuntado, “por fin” hay en Cantabria
“un presidente que reivindica con lógica y obtiene resultados”.
De este modo se ha manifestado el diputado regional del PP Carlos Bedia ante
las últimas actuaciones que, según ha dicho, han empezado a “desbloquearse”
en la comunidad autónoma “gracias a las gestiones del Gobierno de Cantabria y
del de España”.
En un comunicado, Bedia ha opinado que el hecho de que el Ministerio de
Fomento vaya a acometer una inversión de 95 millones de euros para mejorar la
red ferroviaria entre Santander y Palencia, reduciendo en una hora el trayecto
Santander-Madrid, es “buena prueba de que para reivindicar y defender los
intereses de Cantabria no son necesarias ni las estridencias ni las alharacas a los
que acostumbraba el anterior presidente regional”.
Ha aseverado que estas inversiones ferroviarias en Cantabria son una “buena
noticia para la región y para todos los cántabros”, resultado, a su juicio, de las
“negociaciones con criterio y lógica” del actual Gobierno de Cantabria (PP,
“alejado de los gestos estridentes y efectistas que no consiguieron nada para
Cantabria durante el Gobierno de coalición PRC-PSOE”.
Según Bedia, la inversión en la conexión ferroviaria de Cantabria, junto a la
recuperación de obras públicas paralizadas en la anterior legislatura, como la
Autovía del Cantábrico, “profundizarán en la mejora de la competitividad de
nuestras empresas y en el bienestar de todos los cántabros”.
Además, ha resaltado que estas noticias se suman a otras que, en su opinión,
son “importantes” para el sector industrial de la región como la aprobación
definitiva de la reforma de la Ley de Costas.
Así, ha destacado que en este asunto el PP cántabro ha desempeñado un
“importante papel, primero desde la oposición y después desde el Gobierno”.
A este respecto, el diputado regional y portavoz del grupo popular en materia
de Industria, ha señalado que la modificación de la Ley de Costas “ha permitido
que muchas empresas y explotaciones agrarias de la región recuperen la
seguridad jurídica y la estabilidad” que, a su juicio, “han visto peligrar ante la
inexplicable indiferencia del Gobierno de Miguel Ángel Revilla”.
Además, ha añadido que también se ha garantizado el funcionamiento de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Vuelta Ostrera antes de
su demolición.
Por otra parte, Bedia ha señalado el “impacto” que para las grandes empresas
industriales de Cantabria tendrá la reducción del denominado ‘céntimo verde’,
una decisión en la que, según ha afirmado, el Gobierno regional ha tenido un
“especial protagonismo”.
A juicio del diputado regional del PP, todas estas actuaciones, además de un
estímulo para la actividad económica de la región, “subrayan la certeza de que
Cantabria cuenta para el Gobierno de España” y “demuestran una clara
diferencia en la forma de gobernar entre el anterior y el actual presidente
regional”.
Así, ha añadido que, mientras que el Gobierno de Cantabria que preside Ignacio
Diego “demuestra sensibilidad y anticipación para ofrecer alternativas y
soluciones a los problemas que se puedan plantear en el futuro”, el anterior,
liderado por Miguel Ángel Revilla (PRC), “lo único que ofreció fue resignación,
ocultación e histrionismo”.
“El Gobierno de Cantabria que preside Ignacio Diego trabaja con lógica,
aportando alternativas y negociando discretamente. De esa forma es como se
obtienen resultados”, ha opinado Bedia.
Para el ‘popular’, estos resultados ya visibles a corto plazo y a medio y largo
plazo “ofrecen a Cantabria oportunidades que el Gobierno anterior cercenó de
forma egoísta e irresponsable”. leer más...

2013 05 20 Noticias costas del despatcho de Ortega

http://www.diariodecadiz.es/article/sanfernando/1525490/alcalde/trata/futuro/l
a/aguada/san/juan/con/costas.html
DIARIO DE CADIZ
El alcalde trata el futuro de la Aguada de San Juan con Costas
En el encuentro también se abordaron otros asuntos prioritarios
para el municipio
REDACCIÓN SAN FERNANDO | ACTUALIZADO 18.05.2013 – 11:08
La situación de las viviendas de la Aguada de San Juan, la ordenación de la
antigua Salina de Belén y la dotación de arena a la playa de Camposoto son
los temas que el alcalde, José Loaiza, ha puesto sobre la mesa en la reunión
con el responsable de la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico,
Patricio Poullet, que tienes las competencias de estos asuntos.
La nueva Ley de Costas, que se encuentra en fase de tramitación
parlamentaria, recuerda el dirigente popular, admite una interpretación
“más flexible ante suelos ya urbanizados”. Eso hace que el futuro de la
barriada de la Aguada de San Juan cuente con garantías. “Esto nos
tranquiliza -admite Loaiza, máxime si encontramos además la buena
disposición de Costas al respecto, tal y como nos ha transmitido su
responsable provincial”.
Para el mantenimiento de este barrio, el Gobierno municipal ya ha solicitado
al Ministerio de Ministerio de Medio Ambiente una solución definitiva para
los vecinos que debe pasar por la realización de un proyecto de deslinde que
vaya desde la zona de La Clica hasta el Puente Zuazo. Las viviendas
tendrían que quedar fuera del dominio público marítimo terrestre. “Los
vecinos tendrían de una vez seguridad jurídica y la tranquilidad que vienen
reclamando desde hace años”, apunta.
Los planes del Ayuntamiento para la salina Belén también pueden verse
favorecidos por la futura normativa reguladora del litoral. La idea
municipal es ubicar en ese espacio natural el recinto ferial, un uso que ya
recogía la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana
(PGOU). Concretamente, quieren que se mantenga como un recinto ferial
permanente, con sus calles, con un mobiliario acorde con el entorno natural
en el que se sitúa. Al estar todo el año podría utilizarse para otras
actividades lúdicas vinculadas al parque metropolitano en el que se situará,
el del Carrascón, que dotará a la ciudad de 1.147.376 metros cuadrados de
zona verde. El alcalde recordó a Patricio Poullet que el propio PGOU
recogía las intenciones de “fomentar las actividades de conocimiento e
interpretación del medio, paseo deporte y actividades ligadas al uso de la
lámina de agua, como la pesca o la navegación”, donde enmarcan esta
iniciativa.
Por último, José Loaiza aprovechó para solicitar al máximo responsable de
la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico un aporte de arena para la
playa de Camposoto ya que debido a los temporales del pasado invierno se
ha perdido una buena cantidad de arena en varias zonas de la playa isleña,
arrastradas por la marea y empujadas hacia la zona de dudas y del caño y
más allá.
El regidor isleño agradeció la predisposición encontrada en Poullet a cada
uno de los planteamientos realizados: “Agradezco el interés mostrado y la
disposición manifestada por Costas, en la persona de su responsable
provincial, a colaborar con este Ayuntamiento en la resolución de cuantos
problemas se le ha presentado”.
http://www.elcomercio.es/v/20130519/asturias/nueva-costas-beneficiarapropietarios-
20130519.html
EL COMERCIO
ASTURIAS
La nueva Ley de Costas beneficiará a más de 9.000 propietarios en
el litoral asturiano
El punto que genera más confrontación vecinal es la posibilidad de cargar la
rehabilitación de paseos marítimos a los dueños de las fincas anexas
19.05.13 – 01:44 –
MARCOS MORO | GIJÓN.
Más de 9.000 personas en Asturias y de 500.000 en el conjunto del litoral
español se beneficiarán de la Ley de Costas aprobada por el PP, según los
cálculos del Gobierno central. Entre los que sacarán provecho de la reforma
legislativa en el Principado hay dueños de 21 viviendas unifamiliares edificadas
a pie de playa y en segunda línea, 77 restaurantes playeros y chiringuitos, así
como 16 hoteles e industrias como El Gaitero.
Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, en Asturias hay 1.195
ocupaciones en dominio público marítimo terrestre, con sólo 139 de ellas con
licencia de ocupación. En zonas de playa se encuentran 118 viviendas, con 472
ocupantes. En zona de servidumbre de protección (a 100 o 20 metros de la
costa) hay 2.179 viviendas más con otros 8.716 residentes.
La principal novedad de la reforma es que se podrá ampliar hasta un máximo
de 75 años el plazo de las concesiones de uso de los terrenos incluidos en
dominio público, algunas de las cuales finalizaban en 2018. Concesionarios que
antes veían cómo sus viviendas estaban abocadas a una inminente demolición
ahora podrán realizar obras de mejora, consolidación y modernización (sin
aumentar volumen, y altura), así como prorrogar su permiso y venderlo o
legarlo. Hay multitud de viviendas en esta situación en todo el litoral asturiano
cuyos propietarios podrán respirar tras esta ampliación del plazo.
Concesión de 30 a 75 años
Clubes náuticos como el de Regatas de Gijón consolidarán sus deslindes y, en
su caso concreto, la concesión administrativa para la ocupación de terreno de
dominio público que se le otorgó en 2000 por 30 años se ampliará
automáticamente a 75. En los tramos urbanos de costa podrá autorizarse la
celebración de actividades de interés general con repercusión turística mediante
instalaciones temporales de puestos (como en el caso de la Semana Negra de
Gijón).
A su vez también se prevé reducir el ancho de esta servidumbre de 100 metros a
20 en relación a determinados núcleos de población asimilados a suelo urbano
como los de Ortiguera en Coaña y El Puntal, San Martín del Mar, Selorio y
Misiego en la ría de Villaviciosa. Esta reducción se contempla también, como
posibilidad excepcional, en otras rías asturianas como las de Ribadesella, Navia,
Nalón y Avilés con importantes consecuencias jurídicas que de ello se derivarán
para los propietarios de bienes afectados en cuanto a los usos permitidos.
En cuanto a los chiringuitos y negocios playeros, cuyas autorizaciones eran
otorgadas por la Demarcación de Costas hasta ahora anualmente, se ampliarán
de uno a cuatro años para que el titular que quiera hacer inversiones, cuente
con cierta seguridad jurídica. El emblemático bar-restaurante Pachu, en La
Ñora, será uno de los beneficiados.
Informe ambiental
Asimismo, las instalaciones industriales en las cercanías de las playas podrán
seguir manteniendo su actividad, si bien deberán contar con un informe
ambiental específico de la comunidad autónoma para que les prorrogue la
concesión (por ejemplo la piscifactoría de Cuevas del Mar en Llanes y las
actividades industriales en la ría de Avilés).
Según explica el abogado experto en urbanismo David Bernaldo de Quirós, el
punto que genera mayor confrontación vecinal es el artículo 87 bis de la ley
donde se recoge la posibilidad de establecer contribuciones especiales para
rehabilitar paseos marítimos, siendo los propietarios de fincas anexas los
obligados a su pago. El Gobierno justifica la exigencia de abono por considerar
que los arreglos en los paseos costeros aumentan el valor de los bienes de las
cercanías. Esta medida podrá afectar a numerosos vecinos del litoral asturiano,
como por ejemplo, señala el jurista, los de la zona de Somió en donde se
encuentra la senda de El Cervigón que va desde El Rinconín hasta la playa de
La Ñora. Igualmente a los vecinos colindantes a la senda marítima que va de
Candás a Perlora o, incluso, en las mismas playas urbanas como las de
Ribadesella o Luanco.
http://www.farodevigo.es/portada-ourense/2013/05/17/atribuyenconfederacion-
obras-contraproducentes-competencia-rio-limia/811969.html
DIARIO FARO DE VIGO
Atribuyen a la Confederación obras contraproducentes y sin
competencia en el río Limia
La SGHN pide desestimar el proyecto de una pasarela y la
ampliación de un puente
L.F. – Vilar De Barrio 17.05.2013 | 09:27
La Sociedad Galega de Historia Natural, SGHN, denuncia que con “el
pretencioso” título de “Actuaciones de mejora del Dominio Público Hidráulico y
de la capacidad de desagüe del río Limia a su paso por el tramo urbano de
Xinzo”, la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, CHMS, que preside
Francisco Marín, sacó a información pública un nuevo proyecto que afecta al río
Limia.
La agrupación gallega consiguió tener acceso a la información y presentó las
correspondientes alegaciones y consideraciones. Y es que, constató un déficit de
transparencia y buenas prácticas de la Confederación en este caso. “Al contrario
de otras ocasiones recientes, el proyecto no estivo a disposición de la
ciudadanía en la web de la CHMS. Conseguir una copia digital costó 9,16 euros
de tasas, llamadas telefónicas y tiempo”.
Dice que el proyecto consiste en la construcción de una pasarela peonil y la
ampliación de un puente para el tráfico rodado, mejora ambiental en el río
como la retirada de sedimentos, reparación de noiros, eliminación de especies
invasoras, y más. Pero la SGHN considera que tanto la pasarela como la
ampliación del puente no son infraestructuras hidráulicas y, por lo tanto, esta
actuación no compete al ente hidrográfico, debiendo ser asumida por otras
administraciones. Y la retirada de sedimentos y reparación de noiros “muestran
el fracaso reiterado de obras semejantes realizadas anteriormente e inciden en
los mismos errores”.
El proyecto incluye la retirada de especies invasoras pero las recientes
actuaciones de la CHMS le aportan dudas “al realizar desbroces y eliminar
vegetación autóctona, mientras que conservó ejemplares de especies exóticas
peligrosas”.
En consecuencia,la SGHN pidió a la Confederación y a la Dirección General de
Agua que desestime por completo el proyecto y se pregunta porque la primera
no destina esos fondos a resolver los problemas de calidad y cantidad del agua
del río Limia.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2013/05/19/costas-realidadgallega/
0003_201305A19C19914.htm
LA VOZ DE GALICIA
Costas y la realidad gallega
BEATRIZ PIÑEIRO
19 de mayo de 2013 05:00
El impacto de la reforma de la Ley de Costas en Galicia en gran medida tiene
que ver con la disposición transitoria tercera. Gran parte de la conflictividad
que esta norma plantea en Galicia tiene que ver con los asentamientos
poblacionales de hecho existentes, pero de derecho no reconocidos (a efectos
urbanísticos); tal como es el caso de Aduana de Corón?As Sinas, en Vilanova de
Arousa. La problemática consiste en que a situaciones consolidadas e incluso
fomentadas por la administración, jurídicamente no se les reconoce la cualidad
de asentamiento, es decir no se los reconoce como suelo urbano o suelo de
Núcleo Rural, y determina, que la servidumbre de protección en esas zonas sea
de 100 metros. Con la reforma de la Ley de Costas, tal y como se configura en
este momento, los parámetros exigidos para el reconocimiento jurídico de los
núcleos (y la consiguiente rebaja de la servidumbre de protección de 100 a 20
metros) dan más posibilidades que la norma actual, pero, no obstante, siguen
siendo unas exigencias estrictas y referidas al año 1988, por lo que es posible
que siga sin conseguirse la adaptación de la realidad jurídica a la realidad física
y social; y así incluso antes de entrar en vigor esta reforma ya es una norma
obsoleta en ese sentido.
Requisitos excesivos
El que la servidumbre de protección en una zona sea de 20 o 100 metros
estriba en que en tal zona se reconozca la entidad jurídica del asentamiento
poblacional y en la actualidad para tal reconocimiento se exige que los
terrenos tuviesen la clasificación de suelo urbano o núcleo rural en el año 88.
La modificación de la disposición transitoria tercera de la Ley de Costas
puede dar una oportunidad para el reconocimiento de los núcleos en la costa,
no obstante, no será un reconocimiento inmediato, sino que para el mismo
será necesario que los ayuntamientos realicen las correspondientes
modificaciones de planeamiento o planes especiales de delimitación de
núcleos, justificando cumplir unos requisitos quizá excesivos para la
tradición gallega.
http://eldia.es/criterios/2013-05-19/3-Perjudicados-ley-Costas.htm
EL DIA
RICARDO MELCHIOR NAVARRO*
Perjudicados por la ley de Costas
19/may/13 01:43
El Gobierno del Estado sigue empleando un rasero distinto con Canarias, cuan
do se nos mide con otras comunidades autónomas. El hecho podría entenderse
positivo si estuviéramos refiriéndonos al respeto de las singularidades isleñas,
en relación al distinto -y distante- territorio continental. Pero no van por ahí los
tiros, sino todo lo contrario. Como acabamos de comprobar con la reciente
aprobación de la reforma de la Ley de Costas, a cargo del Congreso de los
Diputados, el Partido Popular vuelve a menospreciar a las Islas, al atender las
peculiaridades de puntos del litoral mediterráneo o del archipiélago balear y
hacer caso omiso de situaciones pendientes de resolver en Canarias.
Tales situaciones no responden a capricho sino que están relacionadas con las
particularidades de índole histórica, cultural y etnográfica que reúnen muchos
núcleos costeros de las Islas, donde queda abierta la puerta a la acción de las
palas. Sin embargo, a tenor de la reforma que acaban de aprobar las Cortes, no
sucederá lo mismo en una serie de localidades de la Península y Baleares, que
salen airosas en esta criba. Podría parecernos bien, en la salvaguarda de sus
intereses, si no fuera por ese trato diferente -y pernicioso- con el que se legisla
para Canarias.
El perjuicio recaerá sobre gente sencilla, que habita desde hace décadas en
núcleos marineros con valor etnográfico, y en instantes difíciles como los
presentes, cuando se agudiza la crisis. Muchas de esas personas fueron
visitadas, en tiempo de campaña electoral, por algunos de los que ahora se
sientan en el Congreso y el Senado para votar con sumisión lo que ordene su
jefe de filas. Da igual qué tipo de promesas les hicieron sobre la supervivencia
de sus propiedades en el litoral, que no son ni mansiones con piscina ni
complejos turísticos en primera línea.
La situación es sencilla: Canarias, el territorio del Estado con más kilómetros de
costa, queda fuera de las excepciones dispuestas por el PP para la isla de
Formentera y una docena de núcleos mediterráneos. Así de claro y rotundo.
Como sostiene la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que se ha
rebelado contra esta injusta situación, la norma omite aquellos núcleos costeros
y pesqueros tradicionales existentes con anterioridad a la Ley de 1988, cuya
realidad social y económica nunca fue considerada adecuadamente, y cuyos
valores etnográficos o arquitectónicos tampoco hallan protección en el nuevo
texto, que únicamente establece la prelación de bienes de interés cultural.
Por si fuera poco, los populares también impidieron que prosperase la
enmienda presentada por los nacionalistas canarios acerca de la paralización de
derribos en núcleos afectados por demoliciones, allá donde estén aprobadas
operaciones de reposición de viviendas por la administración competente, en
tanto no se cuente con dichos inmuebles y se garantice el traslado de los
ciudadanos. Tampoco por ahí quisieron entrar estos mudos representantes de
las Islas, por más que en sus memorias, seguramente, figuran todavía las
dramáticas imágenes de un desalojo que dieron la vuelta a España.
Como hemos comentado en otras ocasiones, abogamos por la cogestión del
litoral, una vieja reivindicación del Cabildo de Tenerife, de tal manera que no
sólo sea Madrid quien tome las decisiones relativas al litoral isleño sino que
participen también las administraciones locales, como de hecho sucede en otros
territorios. Estamos seguros de que evitaríamos así situaciones tan injustas y
desproporcionadas como las comentadas, que ponen también de manifiesto –
una vez más- la falta de consideración del Gobierno central hacia los derechos
singulares de las Islas.
*Presidente del Cabildo de Tenerife
http://www.eleconomico.es/opinion/item/110139-ley-de-costas
EL ECONOMICO
Ley de Costas
Viernes, 17 Mayo 2013
El viernes pasado se aprobó en el Congreso de los Diputados el proyecto de Ley
de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la ley 22/1988
de ostas. Desde que accedió al Gobierno el Partido Popular ha tomado
decisiones y abordado problemas que se tenían que resolver, con valentía y con
trabajo para el beneficio de nuestra sociedad. Esta reforma de la ley es un claro
ejemplo de ello. Dejar pasar los problemas sin afrontarlos es una mala política;
los problemas cada día se van haciendo mas grandes y al final pesan demasiado
para ser resueltos; pero gobernar significa tomar decisiones, afrontar
problemas, resolver situaciones insostenibles, dar seguridad jurídica, evitar los
agravios comparativos. En definitiva, dejarse la piel para mejorar la vida de
todos los ciudadanos.
Esta reforma aborda la realidad actual, por eso resuelve dos de los puntos mas
débiles de la anterior ley; protege y preserva el desarrollo sostenible de nuestra
costa, y dota de seguridad jurídica a la actividad económica que se mueve
entorno a ella.
La nueva Ley de Costas es más respetuosa con el medio ambiente y contempla
cláusulas para reforzar su protección. La ley impide nuevas edificaciones en la
costa. Prohibe edificar en el dominio público marítimo terrestre. Prohibe que las
necesarias obras de mejora en los edificios existentes supongan cualquier
aumento de volumen, altura o superficie. Exige la eficiencia energética y de
ahorro de agua en las obras que se autorizan realizar en los edificios de la costa.
Se establece una regulación innovadora para actuar contra el cambio climático
sobre la costa, de acuerdo con las normas y criterios científicos asumidos: se
determina la posibilidad de declarar tramos de dominio público marítimo
terrestre en situación de reversión grave, y se establecen las medidas adecuadas
para la protección y, en su caso, adaptación del dominio público marítimo
terrestre. Se prevé la suspensión por parte del Delegado del Gobierno las
actuaciones ilegales en la costa, para evitar que se vuelvan a dar situaciones
como la de Algarrobico. Se diferencian los tramos urbanos de los tramos
naturales, incrementando la protección de estos últimos y sólo se admitirán
eventos en playas que garanticen su completa conservación medio ambiental.
Pero todo este respeto medio ambiental tiene que ir de la mano de la actividad
económica y más en una comunidad como la nuestra, donde la gastronomía, el
sol y la playa son nuestros principales reclamos turísticos. Por eso, en un
momento de dificultad económica, hay que dar facilidades y seguridad a los
sectores que crean empleo y, sin duda, la hostelería es uno de ellos. Es por esto
que el PP de la Comunidad Valenciana lleva años luchando junto al sector
hostelero para garantizar la continuidad de los restaurantes y establecimientos
de playa, consiguiendo que la nueva Ley de Costas de tranquilidad y seguridad
jurídica al prolongar las concesiones a 75 años y las autorizaciones de 1a 4 años;
también se podrán hacer transmisiones mortis causa e intervivos. Estas nuevas
premisas son fundamentales para la Comunidad Valenciana, ya que el sector
turístico es un pilar fundamental que representa el 13% de nuestro PIB y más de
5.000 puestos de trabajo.
Por todo esto podemos decir que con la nueva Ley de Costas damos un salto
cualitativo y cuantitativo, acabamos con los agravios comparativos entre
comunidades autónomas, preservamos la sostenibilidad del medio ambiente en
nuestras playas, regulamos el urbanismo en nuestra costa y mejoramos las
condiciones turísticas.
http://www.elidealgallego.com/articulo/area-metropolitana/la-ley-de-costasinfluira-
en-carnoedo-sorrizo-suevos-y-barranan/20130517232049128987.html
EL IDEAL GALLEGO
La Ley de Costas influirá en Carnoedo, Sorrizo, Suevos y Barrañán
M. RODRÍGUEZ A CORUÑA | Actualizado 18 Mayo 2013 – 02:30 h.
carnoedo es una de las parroquias que se beneficiarán de la ley
Con la Ley de Costas recién salida del Congreso de los Diputados, poco se
atreven a adelantar los ayuntamientos sobre sus beneficios o afecciones
concretas. Eso sí, parece que tienen claro que núcleos como Carnoedo (en Sada),
Sorrizo, Suevos y Barrañán (en Arteixo) serán de los que se verán más
influenciados por el nuevo articulado.
La reordenación de la costa podría ser una salida para aquellos casos en los que
los pueblos que hoy se podrían considerar irregulares en lo que a urbanismo se
refiere, consiguen su catalogación de núcleo. Es decir, gracias al nuevo texto, se
delimitarán núcleos que ya existían antes de 1988, cuando entró en vigor la
primera Ley de Costas, y que no se registraron en los planes generales
municipales.
amnistía y exclusión
Desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente inciden en
que la nueva norma “no amnistía núcleos”, si no que los “excluye”.
En términos concretos. El puerto de Suevos, así como la zona industrial de
Mafriesa y Ártabra, un pequeño núcleo en Chamín al lado de la desembocadura
de la ría de la playa de Barrañán y el puerto natural de Sorrizo, ya existían en
1988. Pero Arteixo no tenía en esos años un plan general ni las normas
subsidiarias de 1995. De este modo, muchas casas quedaron en un limbo legal al
estar en protección del litoral.
Como explican desde el Ayuntamiento de Arteixo, no llega con su simple
existencia. En este sentido, añaden que es necesario demostrar que los lugares
citados tenían en 1988 servicios básicos, para que se considerase suelo urbano.
Es decir, suministro eléctrico, abastecimiento, saneamiento, acceso rodado y
alumbrado público.
Si se cumplen estas características, el Estado entiende que eran, y por lo tanto
son, legales. De este modo, se excluyen de la franja de dominio público al
entender que son “innecesarios para la protección de la costa”. En las
explicaciones que dan desde el ministerio apuntan que esta circunstancia ya ser
preveía a finales de los 80, a través de la figura de la “desafectación”.
Casas
Otro de los aspectos que resaltan desde Madrid es que este apartado legislativo
afectará sobre todo a viviendas sencillas, “de barriadas populares, no a hoteles
o empresas”. Un punto que para el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, es
mentira. El mandatario ha mostrado su repulsa a esta ley al entender que solo
dará soluciones “ás grandes cadeas de especulación”.
De este modo, en consonancia con este principio, indican, se podrían excluir
núcleos como Carnoedo o Suevos, al entender que son núcleos urbanos
habitados y consolidados.
Cabe recordar que el Plan de Ordenación del Litoral (POL) que redactó la Xunta
hace tres años recogía la figura del núcleo de identidad de litoral. En esta
catalogación aparecían Suevos-O Portiño, O Rañal y O Igrexario de Sorrizo.
El límite con el mar
Ayuntamientos como Sada y Arteixo tendrán dos años para enviar toda la
documentación al Ministerio de Medio Ambiente y con ello, solicitar el
beneplácito del ministerio para las construcciones oportunas.
La intención será que se catalogue como zona urbana los puntos en cuestión. A
partir de ahí, cuando Medio Ambiente recoja el testigo, tendrá 18 meses para
contestar a los interesados. De no hacerlo, se dará por aprobado el trámite.
El siguiente paso, como explican desde el Ayuntamiento arteixán, será solicitar
que se reduzca la servidumbre de protección de cien a veinte metros, como se
detalla en la ley. La consecuencia sería sí, regularizar la situación de varias
edificaciones del área.
Construcciones
Al tiempo que se legalizarían determinadas viviendas, la legislación prohíbe
construir nuevas edificaciones. Para el Gobierno, con ello, se solucionan
problemas antiguos no resueltos en 1988.
En núcleos como Suevos se han producido derribos de casas que invadían la
protección de costas. En este sentido, en aquellos casos en los que haya una
sentencia firme se procederá a ejecutar y a devolver a su estado primitivo el
terreno. “El Estado cumplirá con su obligación y también apoyará las
comunidades y ayuntamientos para encontrar soluciones a tales problemas”,
indican desde el Ministerio de Medio Ambiente.
Un apartado a tener en cuenta es la concesión de 75 años que explicita el
articulado. “Se mejora la situación jurídica de los antiguos propietarios de
bienes en la costa, en especial de viviendas, que la ley de 1988 expropió”,
apuntan.
Especial relevancia tendrán en estas concesiones los negocios que hoy colindan
al mar, como por ejemplo los hoteles. Durante estos 75 años, tendrán que
garantizar “la adecuada conservación de la costa y, además, se va a exigir a los
empresarios la corresponsabilización en esa conservación del dominio público”.
Justifican esta prórroga en que la Ley de Aguas que regula las aguas
continentales (ríos) tiene el mismo plazo. “Es un plazo máximo, que no tiene
por qué completarse, sino que se acomodará a cada tipo de uso”.
En la misma línea, también inciden en que se promoverá “una cierta apertura
del sector en beneficio de la calidad de las actividades económicas y de los
servicios que se prestan en dominio público”.
Aunque habrá que esperar a por un reglamento concreto, desde Medio
Ambiente señalan que hasta ahora, determinados eventos en la playa como el
festival de reggae que se celebró hace dos años en la playa, se organizan con
“cierta permisividad”. Ahora, concluyen, habrá unos “requisitos y límites”
claros.
http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-junta-alerta-leycostas-
avanza-privatizacion-puertos-deportivos-20130519135222.html
EUROPA PRESS
“INJUSTA” DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA
Junta: La Ley de Costas “avanza en la privatización” de los puertos
deportivos
SEVILLA, 19 May. (EUROPA PRESS) –
La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés,
ha advertido este domingo que la modificación de la Ley de Costas aprobada
definitivamente la pasada semana por las Cortes Generales significa “un avance
en la dirección errónea, que es la privatización de los puertos deportivos” a
través de la regulación que se realiza de las marinas interiores.
Además, en un comunicado, Cortés ha augurado que esta ley tendrá una
repercusión “negativa” sobre el sistema portuario autonómico, para cuyos
concesionarios, según ha explicado, se establece una “doble imposición
tributaria injusta, al mantener un canon demanial del Estado adicional al de la
Comunidad Autónoma”.
La reforma de la Ley de Costas establece que se mantendrá el carácter de
dominio público de las marinas, terrenos privados artificialmente inundados
por el mar para hacerlos navegables, pero establece una importante excepción,
según destaca la Junta, que es que “los denominados garajes náuticos serán de
propiedad privada”. Se trata de láminas de agua para el estacionamiento de
embarcaciones en las urbanizaciones de dichas marinas que ya no tendrán la
consideración de atraques en dominio público.
El garaje náutico, a juicio de Cortés, “menoscaba el carácter público del
espacio portuario” y conlleva el peligro de que sean considerados de propiedad
privada no sólo los atraques individuales, sino también dársenas enteras de
estas urbanizaciones.
Así, estima que este “avance en la privatización” de las marinas plantea
también dudas sobre el ejercicio en las mismas de las potestades
administrativas en materia de navegación y medio ambiente, “con el
consiguiente riesgo de incidencias tanto para el tráfico marítimo como en el
control y tratamiento de residuos, entre otros aspectos”, subraya Cortés.
LA “INJUSTA” DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA
Junto a ello, la consejera ha incidido en que esta reforma de la Ley de Costas
mantiene el denominado canon demanial, un pago por parte de los
concesionarios en puertos autonómicos que no se exige en cambio en los
puertos de titularidad del Estado. “No nos parece justo, equitativo ni
equilibrado”, ha señalado Cortés.
Y es que la nueva norma establece también criterios al alza para la
determinación de la base imponible de este canon, “con el consiguiente riesgo
de quiebra efectiva de concesionarios y de parte del sistema portuario
autonómico”, cuya viabilidad quedaría “amenazada”, critica la consejera del
ramo.
En este sentido, explica que el Gobierno central exige este canon demanial por
considerarse titular del dominio público marítimo-terrestre adscrito a la
Comunidad Autónoma para usos portuarios, “pero sin embargo en esta misma
modificación legal se especifica que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) no
deberá pagarlo el Estado, sino la Junta de Andalucía, en contra del criterio
mostrado hasta ahora por los tribunales de justicia sobre este asunto”.
Para Cortés, “no se entiende la doble lectura que se pretende hacer de este
tema, reivindicando la Administración del Estado la condición de titular para
exigir el canon demanial y eludiendo la trascendencia de dicha titularidad al
trasladar a la Comunidad Autónoma la carga impositiva”.
Por otro lado, la consejera de IU ve “razonable” que la modificación de la Ley
de Costas amplíe el plazo de las concesiones portuarias anteriores a la
aprobación de la primera norma en 1988, contempladas en el artículo 49, en un
plazo de 35 años a contar desde el referido año 1988, y no a 150 años como en
principio pretendía el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, un tiempo,
a juicio de Cortés, que resultaba “absolutamente desmesurado y fuera de toda
lógica”.
Ha defendido así que este acortamiento del plazo inicialmente introducido en
el texto legal ha sido fruto “en buena medida de la presión ejercida por las
comunidades autónomas”, que en el seno de las XIII Jornadas de
Administraciones Portuarias Autonómicas, celebradas el pasado mes de
noviembre en Sevilla, realizaron un comunicado conjunto solicitando esta
cuestión, entre otras muchas.
“Lástima que el resto de reivindicaciones, como las referidas al canon
demanial, el IBI o las marinas interiores, hayan sido tan inexplicablemente
desatendidas”, ha concluido Cortés.
http://www.europapress.es/andalucia/almeria-00350/noticia-ley-costas-prevepreservar-
actividad-105-establecimientos-generan-3500-empleos-directos-
20130519103837.html
EUROPA PRESS
ALMERÍA
La Ley de Costas prevé preservar la actividad de 105 establecimientos que
generan unos 3.500 empleos directos
ALMERÍA, 19 May. (EUROPA PRESS) –
La Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley
de Costas va a permitir preservar la actividad de 105 instalaciones turísticas que
generan unos 3.500 empleos directos en la provincia por los que se factura unos
36 millones de euros anuales.
Según los datos de la Subdelegación de Gobierno consultados por Europa
Press, la nueva Ley de Costas permitirá evitar que desaparezcan 4.604
viviendas en el litoral andaluz, de las que 213 se encuentran en Almería.
Asimismo, permitirá preservar 93 restaurantes y chiringuitos y 12 edificios
hoteleros.
La nueva ley planea devolver la propiedad a aquellas salinas y
establecimientos marinos que eran propiedad privada antes de la Ley de Costas
de 1988, lo que se entiende como “actividades beneficiosas cuya desaparición no
ayudaría en nada a la protección del litoral”. En este caso, según apunta el
Gobierno, Almería es una de las principales beneficiadas junto con Cádiz, dada
la afectación que esto tiene principalmente Cabo de Gata y en Punta Entinas-
Sabinar.
En cuanto a las viviendas situadas en zonas de servidumbre de protección, es
decir, las viviendas que durante 25 años tuvieron prohibiciones de obras
conforme a la Ley de Costas de 1988, quedarán beneficiadas con la nueva ley
que permite mejorar y modernizar las viviendas.
En el caso de Almería, se trata de 3.565 viviendas en las que se permitirán este
tipo de actuaciones restringidas, ya que, en todo caso, se prohíbe obras de
mejora un aumento de volumen, altura o superficie o que conlleven la
degradación ambiental.
La nueva ley proporciona, además, instrumentos para evitar actuaciones
urbanísticas que se hicieron “al amparo de la ley de 1988” con ejemplos como el
del hotel de El Algarrobico, ubicado en Carboneras (Almeríua). A este respecto,
la nueva ley atribuye competencias a los delegados del Gobierno, que podrán
suspender cautelarmente las obras que afecten a la integridad del dominio
público marítimo terrestre o de la servidumbre de protección que vulneren la
Ley de Costas.
Asimismo, se mantiene la prohibición de edificación residencial en la costa, y
se refuerza con mecanismos específicos preventivos, prohibiendo también que
las obras de mejora impliquen aumentos de tamaño, altura o superficie.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/05/19/ley-costas-amnistiapiqueta/
0003_201305G19P2991.htm
LA VOZ DE GALICIA
GALICIA
Ley de Costas: ni amnistía ni piqueta
Legaliza 4.500 de las 12.500 casas en zona protegida, pero no
agiliza derribos pendientes
SERAFÍN LORENZO
santiago / la voz 19 de mayo de 2013 04:00
También Galicia tuvo su Algarrobico. Un año antes de que en el 2003 empezara
la edificación junto al mar, en pleno parque natural del cabo de Gata, del hotel
ilegal que el Gobierno ha convertido en señuelo del supuesto afán
proteccionista que inspira su reforma de la Ley de Costas, la comunidad gallega
consiguió devolver a la playa focense de Areoura la imagen de postal
paradisíaca que le había robado un mamotreto de hormigón de seis alturas
levantado sobre el arenal. Fueron necesarios 25 años de sucesivos dictámenes
judiciales y una reclamación del constructor por daños y perjuicios para que el
Ministerio de Medio Ambiente procediera a demoler el complejo juvenil de
Benquerencia, que el Concello de Foz había paralizado en 1976. Aquella
fotografía quedó como símbolo de la lucha contra la especulación urbanística en
la costa gallega. Pero también retrató los obstáculos que frenan la ejecución de
la ley.
La reforma de la Ley de Costas que el PP aprobó la semana pasada en solitario
en el Congreso no agilizará la aplicación de la piqueta para penalizar los
abusos. Como hasta ahora, la decisión final la tendrán los tribunales. Solo serán
demolidas aquellas edificaciones sobre las que pese una sentencia firme. La
experiencia de Areoura ya demostró que ese proceso puede dilatarse décadas.
Por tanto, la reforma no implicará la condena de las viviendas sin regularizar,
como tampoco supondrá una barra libre para salvar las ilegales.
La modificación es relevante para Galicia por su trascendencia para centenares
de núcleos de su litoral que la redacción original de la Ley de Costas dejó fuera,
pese a ser anteriores a su aprobación en 1988. Esa singularidad relativiza aquí
algunas lecturas de trazo grueso de la reforma. Además del debate sobre si abre
la mano a nuevos desmanes o amnistía chiringuitos de playa, hay que prestar
atención a soluciones que Galicia lleva años reclamando, con reiterados
requerimientos unánimes de su Parlamento. La reforma habilita una vía para
reconocer muchas de esas aldeas y dar tranquilidad a los propietarios de miles
de viviendas, al rebajar la zona de servidumbre de los 100 metros actuales
desde la línea del dominio público marítimo terrestre a 20. Aunque también
supedita la regularización de varios miles más a un itinerario más
comprometido.
Dos escenarios, dos velocidades
En todos los casos, la ley suprime la doble exigencia de que los núcleos tuvieran
que estar delimitados en el planeamiento (PXOM) en 1988 y reunir los
requisitos de urbanización establecidos para su clasificación como suelo urbano.
Ahora, para acogerse a esa rebaja de la zona de servidumbre, los concellos
tendrán que acreditar que en 1988 contaban con servicios básicos y una
consolidación edificatoria de al menos un tercio.
El corte entre los que tendrán más fácil y más complicada esa regularización lo
marca la situación urbanística de los 82 concellos costeros, en los que la Xunta
estima que están afectados por la ley unos 855 núcleos rurales que suman
alrededor de 12.500 casas en zona de servidumbre, además de las 424 y 327
empresas en dominio público del Estado. Los 58 municipios con planeamiento
lo tendrán más fácil, si bien los trámites pueden demorarse dos años. Para
regularizar hasta 4.500 viviendas en los 255 pueblos ya deslindados, cada
concello deberá dirigirse a la Xunta, que a su vez solicitará un informe a Medio
Ambiente de reconocimiento de esos núcleos como asentamientos tradicionales,
que el ministerio tendrá que emitir en 18 meses. El proceso no será tan sencillo
en los 25 ayuntamientos sin PXOM, de los que dependen 600 aldeas con unas
8.000 viviendas. Esos concellos tendrán dos años para dotarse de planeamiento
y delimitar los núcleos. La propia Xunta asume de entrada que saldrán adelante
como mucho 8.000 de esas 12.500 casas en la franja de protección. Con esa
previsión, 4.500 seguirán en situación alegal.
Está por ver si la ley será más efectiva para limpiar la costa de los desmanes que
la jalonan. En la misma playa de Areoura en la que se dinamitó la mole de
apartamentos, varios chalés en ladrillo llevan años a la espera de que Costas se
decida a meter la pala.
http://www.lne.es/oriente/2013/05/18/denuncian-apropiacion-terreno-costasproyecto-
hotel-barru/1414161.html
LA NUEVA ESPAÑA
Polémica actuación en primera línea de playa
Denuncian la apropiación de terreno de Costas en el proyecto del hotel de Barru
Dos particulares elevan a la Demarcación y a la CUOTA presuntas
irregularidades que habría consentido el Ayuntamiento de Llanes
18.05.2013 | 11:40
Barru (Llanes), Ramón DÍAZ La propiedad del hotel Kaype, en Barru (Llanes),
incluyó como suya una franja de terreno cuya titularidad corresponde a Costas,
según el deslinde del dominio público marítimo terrestre del tramo de costa
que comprende desde Salmorieda hasta Celoriu, realizado en 1994. Eso, al
menos, se indica en las denuncias presentadas por dos particulares, Javier
Cantalapiedra e Ignacio Fernández, ante la Demarcación de Costas y la
Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), a
las que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. Esta presunta apropiación de
terreno de Costas, según los denunciantes, habría permitido aumentar la
edificabilidad en el proyecto de reforma y ampliación del hotel Kaype, también
recurrido por la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL).
Los denunciantes subrayan que la franja de terreno de Costas no se incluyó en
el último plan general de ordenación de Llanes -anulado por los tribunales de
justicia- en la unidad de actuación en la que se ubica el hotel, precisamente, por
ser terreno público. Esa franja se sitúa entre el hotel y la playa de Barru y afecta
a parte del aparcamiento ahora existente en ese lugar.
Los denunciantes han comparado el deslinde oficial realizado en la zona en
1994 con la documentación y los planos del proyecto, que señalan que la parcela
que forman las tres fincas que los propietarios del Kaype pretenden agruparse
suma 8.647,41 metros cuadrados. Según los dos denunciantes, la empresa
propietaria del hotel, Carrera y Pérez S. L. incluyó presuntamente como terreno
de su propiedad el área comprendida entre la línea de mojones con los números
1359, 1360, 1360-1 y 1363, que forman la delimitación del dominio público
marítimo terrestre y la playa de Barru.
Los denunciantes subrayan que en los expedientes que les ha entregado el
Ayuntamiento no figuran escrituras o notas registrales que acrediten la
propiedad de las tres fincas que se pretenden agrupar. Pese a ello, el
Ayuntamiento de Llanes consintió la actuación al otorgar informe «favorable»
de licencia al proyecto de agrupación de las fincas. Tampoco se aporta en el
proyecto un plano de situación de las propiedades, necesario según los
denunciantes para comprobar sus superficies, linderos y localización, pues los
datos del Registro de la Propiedad son los únicos vinculantes y legales. Uno de
los dos particulares que han denunciado estas presuntas irregularidades
destacó que, pese a todas esas carencias, el proyecto pasó todos los filtros en el
Ayuntamiento de Llanes en la CUOTA y en la Demarcación de Costas. «Todos
deberán dar explicaciones de esto», añadió. Las denuncias fueron presentadas
ante la Demarcación de Costas en Asturias los días 6 y 14 de este mes. La
denuncia entregada en la CUOTA lleva fecha del día 13 de este mes.
Carrera y Pérez S. L. pretende acometer en el hotel Kaype, situado en primera
línea de playa, un proyecto de reforma y ampliación que supondrá una
inversión de 6 millones de euros, cantidad a la que habrá que sumar los casi 4
millones que costará equipar la zona reformada y el nuevo edificio que se
pretende levantar.
Las obras comenzaron en febrero, sin licencia, lo que obligó al Ayuntamiento de
Llanes, que respalda sin ambages el proyecto, a abrir un expediente
sancionador.
El segundo conflicto fue planteado por AVALL y los dos denunciantes
particulares, al cuestionar la legalidad de la licencia otorgada por el
Ayuntamiento. Según los denunciantes, Barru es un núcleo rural y el suelo
sobre el que se ejecuta el proyecto del Kaype es, por lo tanto, no urbanizable, lo
que supone que el permiso debe ser otorgado o denegado por la CUOTA.
Urbanismo maneja de informes contradictorios: unos defienden que el suelo es
urbano y que la licencia municipal es legal y otros sostienen que el suelo es no
urbanizable y el permiso es nulo. Para dilucidar este entuerto, la CUOTA ha
abierto un trámite de audiencia, en el que escuchará a todos los interesados.
Después decidirá. A partir de ahí, si persistiera el conflicto, sería el turno de los
tribunales de justicia.
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20130518/san-fernando/loaiza-delegadocostas-
reunen-20130518.html
LA VOZ DIGITAL
SAN FERNANDO
Loaiza y el delegado de Costas se reúnen para avanzar en la
Aguada de San Juan
En el encuentro, el alcalde isleño también solicitó arena para la
playa de Camposoto y el visto bueno al uso municipal de la Salina
de Belén
18.05.13 – 00:37 –
LA VOZ | SAN FERNANDO.
El alcalde, José Loaiza, y el delegado de Andalucía-Atlántico de la Demarcación
de Costas, Patricio Poullet, mantuvieron ayer un encuentro en el que abordaron
distintas actuaciones para San Fernando y cuya resolución compete a este
organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.
Básicamente Loaiza puso sobre la mesa la situación de tres actuaciones
fundamentales para la ciudad cuya resolución son prioritarias para el primer
edil isleño dentro de este ámbito. Es el caso concreto de la situación de las
viviendas de la Aguada de San Juan, la ordenación de la antigua Salina de Belén
y la dotación de arena para la playa de Camposoto.
En lo referente al primer asunto, José Loaiza recordó a Poullet que el Gobierno
municipal ya ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente una solución
definitiva para los vecinos de la Aguada. En este sentido, manifestó que éste
debe pasar por la realización de un proyecto de deslinde que vaya desde la
zona de La Clica hasta el puente Zuazo, teniendo en cuenta que las viviendas
de esta barriada tendrían que quedar fuera del dominio público marítimo
terrestre. De esta forma los vecinos de la Aguada, afirmó el alcalde, «tendrían
de una vez seguridad jurídica y la tranquilidad que vienen reclamando desde
hace varios años».
Además, recordó el primer edil que la nueva Ley de Costas, que se encuentra
actualmente en tramitación parlamentaria, admite una interpretación «más
flexible ante suelos ya urbanizados» como es el caso de la Aguada de San Juan.
Por eso destacó que esta cuestión «nos tranquiliza, máxime si encontramos
además la buena disposición de Costas al respecto, tal y como nos ha
transmitido su responsable provincial».
Por otro lado, la Salina de Belén fue tratada porque, según recoge la Aprobación
Inicial del PGOU, está destinada a acoger el recinto ferial. Loaiza explicó que la
propuesta es mantener todo el año este recinto, con sus calles y un mobiliario
acorde con el entorno natural, para darle otros usos lúdicos vinculados al
parque metropolitano del Carrascón, que dotará a la ciudad de 1.147.376 metros
cuadrados de zona verde.
Esperando que la nueva Ley de Costas permita este cambio, el alcalde recordó a
Patricio Poullet que el propio PGOU hablaba de «fomentar las actividades de
conocimiento e interpretación del medio, paseo deporte y actividades ligadas al
uso de la lámina de agua, como la pesca o la navegación».
En última instancia, Loaiza aprovechó para solicitar al responsable de la
Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico la recuperación de la arena de la
playa de Camposoto, que debido a los temporales se ha visto mermada en
algunas zonas. Con todo ello, el alcalde agradeció la atención de Poullet.
http://www.lavozdelanzarote.com/article76704.html
LA VOZ DE LANZAROTE
En caso de incumplimiento, advierte que podría incurrir en un
delito penal
La Apmun ordena paralizar vertidos al mar de una piscina en la
costa de Tías y propone una sanción de 6.000 euros a su
propietaria
POR REDACCIÓN • 17 de mayo de 2013
La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno
de Canarias ha iniciado un procedimiento sancionador contra la dueña de una
piscina ubicada en una vivienda en el Barranco del Quíquere, en el municipio
de Tías, por una falta grave contra la Ley de Costas. Según la Apmun, desde esa
piscina se han estado realizando vertidos de aguas residuales al mar, “en zona
de servidumbre de protección” y “sin la preceptiva autorización”.
En su resolución, que ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial de
Canarias, la Agencia ordena la “inmediata paralización de los vertidos” y
advierte que “en caso de incumplimiento”, podría incurrir en un delito penal.
Además, se establece una sanción de 6.010 euros.
Contra esta resolución, la afectada puede presentar alegaciones en los próximos
diez días. “De lo contrario, la presente iniciación podrá ser considerada
propuesta de resolución de conformidad con el artículo 13.2 del Reglamento del
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora”, advierte la
Apmun.
En el anuncio publicado en el BOC, también se nombra a la instructora y al
secretario de este procedimiento sancionador. Además, se advierte que si
prospera la sanción, podría reducirse hasta la mitad de su importe si la afectada
“procede en el plazo de quince días a corregir la situación ilegal creada”.
http://www.20minutos.es/noticia/1818416/0/
DIARIO VEINTE MINUTOS
El 70% de los chiringuitos siguen pendientes de la concesión por
parte de la Junta
Los empresarios de playas confían en que las nuevas instalaciones de La
Malagueta y La Caleta abran en junio
EUROPA PRESS. 19.05.2013
Los empresarios de playas de la provincia de Málaga han manifestado que el 70
por ciento de los chiringuitos aún están pendientes de la concesión por parte de
la Junta de Andalucía, administración a la que le fue transferida la gestión del
litoral en abril de 2011.
El presidente de los empresarios de playas de Málaga, Manuel Villafaina, ha
indicado a Europa Press que la Junta de Andalucía tiene que “ponerse las pilas”
en dar las concesiones que aún están pendientes y ha recalcado que son
establecimientos que generan puestos de trabajo.
Así, ha manifestado que “no se puede ser tan estricto” en la aplicación de la
anterior Ley de Costas y “no se nos puede castigar”. “Reconocemos que algunos,
no todos, tendrán que recortar sus establecimientos, pero, cuando se hicieron,
todo fue aprobado por la ley”, ha apostillado.
“Lo que montamos lo hicimos con la ley y —la Junta— no puede venir ahora a
ser tan estricta cuando el Gobierno anterior aplicó la excepcionalidad”, ha
apuntado, incidiendo en que “tiene que ser más rápida en todas las concesiones
pendientes”.
Nuevos chiringuitos
Respecto a la apertura de los nuevos chiringuitos que se están construyendo en
las playas de La Malagueta y La Caleta, en la capital malagueña, ha confiado en
que puedan abrir sus puertas en el mes de junio, teniendo en cuenta que los que
ya se encuentran terminados están retrasando su apertura por la falta de luz y
saneamiento.
En este sentido, Villafaina ha indicado que confía “totalmente” en que pronto
puedan estar atendiendo a clientes. De hecho, ha apuntado que hay cuatro que
están totalmente terminados y a falta de la luz y el saneamiento, mientras que
otros dos están a un ritmo “fuerte” de ejecución de los trabajos.
Cuestionado por si alguno de los empresarios habría decidido paralizar las
obras y pasar el verano atendiendo a los clientes en las antiguas instalaciones, el
presidente de este colectivo ha asegurado que “no es cierto”; de hecho, ha
recordado que alrededor del 5 de junio es “la fecha tope” para que dichos
restaurantes continúen en pie.
Villafaina ha lamentado los nuevos problemas que se están encontrando,
recordando los “parones” en las obras motivados por las lluvias durante este
pasado otoño e invierno y la polémica por las edificaciones y sus montacargas y
chimeneas, que han tenido que disminuir su altura.
Ha admitido que les han dado “dolores de cabeza” por la polémica suscitada,
aunque ha recalcado que la mayoría de los ciudadanos “nos dicen que no están
mal y que no entienden por qué se meten con nosotros”. En este punto, ha
recordado que la adhesión de los servicios públicos, que están abiertos a toda la
ciudadanía y no sólo a los clientes de los restaurantes, ha provocado que el
volumen de las edificaciones sea mayor.
Para este verano las previsiones son optimistas. “Confiamos en que sean muy
buenas y sensacionales, que podamos trabajar con tranquilidad”, ha recalcado,
al tiempo que ha destacado que se esté realizando promoción del destino
Málaga-Costa del Sol en países que “están a unas cuatro horas de vuelo”, caso
de Rusia, Inglaterra o Alemania.
Ley de costas
Por último, cuestionado por la Ley de Costas aprobada por el Ejecutivo central,
ha resaltado que es “un buen acuerdo” que, entre otras cosas, “dice que no se
puede construir en primera línea y permite que se hagan obras que antes no
estaban permitidas y que provocaban decadencia”.
Además, “da seguridad jurídica”, algo que estos empresarios de playas llevan
años demandando. Precisamente, dicha seguridad es lo que permitirá que
puedan realizarse contrataciones a más largo plazo por la ampliación a 75 años
de las concesiones, y, por tanto, que las inversiones se amorticen.
http://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-fiscal-pide-seiscarcel-
matrimonio-acusado-construir-suelo-no-urbanizable-aljaraque-
20130518111036.html
EUROPA PRESS
13.400 EUROS DE MULTA
Fiscal pide seis de cárcel a un matrimonio acusado de construir en
suelo no urbanizable en Aljaraque
La restauración de la finca a su estado original con demolición de las
construcciones ilegales ha sido presupuestada en 33.767,55 euros
HUELVA, 18 May. (EUROPA PRESS) –
El Juzgado de lo Penal número 4 de Huelva acoge el próximo martes a partir
de las 13,00 horas el juicio a un matrimonio acusado de construir una vivienda
en suelo no urbanizable en una parcela ubicada en el término municipal de
Aljaraque, y para el que la Fiscalía pide tres años de prisión para cada uno por
un delito de daños en bienes de dominio público y por otro de falsedad en
documento oficial, más dos multas que entre ambas ascienden a 13.400 euros,
imponiéndole también la demolición de las construcciones citadas. A su vez,
solicita por un delito de falsedad en documento oficial un año de prisión y 3.000
euros de multa a un hombre, arquitecto de profesión, y al que había contratado
supuestamente este matrimonio para intentar legalizar las obras realizadas.
Según reza en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido
acceso Europa Press, el fiscal considera probado que los acusados llevaron a
cabo desde el año 2000, en calidad de promotores, la edificación de una
construcción principal para vivienda de dos plantas, una piscina y varias
construcciones anexas auxiliares, en una parcela de un polígono situado en el
paraje ‘Cañada de Pedro González’ del término municipal de Aljaraque.
La finca, que cuenta con una extensión de tres hectáreas, la habían adquirido
en escritura pública en el año 1999, teniendo una parte agrícola –unas dos
hectáreas– y otra de Monte Público Forestal de los Montes Públicos de
Aljaraque –casi una hectárea–, y se encuentra situada en suelo no urbanizable
de carácter rural que en parte es de especial protección forestal donde solo
podían levantarse, con previa y preceptiva licencia, construcciones destinadas a
uso agrícola o ganadero.
Así, para evitar su denegación, el fiscal señala que los acusados no solicitaron
licencia municipal, ni ninguna otra autorización, e iniciaron las obras poco a
poco, realizando una edificación de nueva planta de 505 metros cuadrados
distribuidos en dos plantas, con el fin de destinarla a segunda residencia así
como una piscina y diversas construcciones auxiliares, tales como un porche de
60 metros cuadrados y otras destinadas a trasteros o almacenes, y todo ello de
forma incompatible con la normativa urbanística, que prohíbe nuevas viviendas
aisladas en esos suelos.
A su vez, también ampliaron la superficie cultivable de la finca, afectando el
Monte público con desmontes y movimientos de tierras no autorizados e
igualmente al Dominio Público Hidráulico del arroyo ‘Pozo del camino’, que
limita el norte de la finca durante unos 260 metros, cultivando naranjos en su
margen para lo que instalaron 25 postes metálicos y construyeron una mota de
dos metros de altura y tres de anchura en su coronación, cegando su cauce con
malezas y arena y causando daños en el Dominio Público que fueron tasados en
unos 774 euros.
En total, la restauración de la finca a su estado original, con demolición de las
construcciones ilegales y teniendo en cuenta tarifas oficiales, ha sido
presupuestada por técnicos de Medio Ambiente en 33.767,55 euros.
FALSEDAD EN DOCUMENTO OFICIAL
Pese a que según inspección ocular de la Unidad Adscrita del Cuerpo de
Policía Nacional a la Junta de Andalucía de fecha 7 de octubre de 2008, la
vivienda no estaba terminada, los imputados de común acuerdo con el otro
acusado, mayor de edad, sin antecedentes penales y arquitecto colegiado y al
que habían contratado para intentar legalizar las obras realizadas y con el fin de
evitar la persecución penal de estos hechos, le encargaron una certificación de
fin de obra que estableciese que la vivienda tenía una antigüedad superior a
cinco años, lo que aquel, consciente de su falsedad y de las obligaciones que le
imponía la Legislación Hipotecaria, realizó con fecha de diciembre de 2007 con
el fin de justificar que las obras se habían terminado antes de la adquisición de
la finca en 1999, logrando así inscribirla en el Registro de la Propiedad en marzo
de 2008.
En el ámbito administrativo municipal, detectadas las obras en 2001, se
denunciaron ante el Ayuntamiento, que inició expediente sancionador, y
también por parte de la Junta de Andalucía ante la queja de los vecinos.
El fiscal considera que los hechos anteriores constituyen un delito de daños en
bienes de dominio público y otro de falsedad en documento oficial e impone a
los acusados las citadas penas, además de la inhabilitación especial para el
ejercicio de la promoción o construcción de cualquier obra durante dos años.
Como responsabilidad civil, el fiscal pide que el matrimonio deberá demoler
en un plazo de cuatro meses desde la firmeza de la sentencia las construcciones
reseñadas y regenerar todo el terreno afectado para devolverlo a su estado
anterior. En su defecto, solicita una indemnización conjunta y solidariamente a
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía de 33.767 euros, que
son los gastos que supondrían devolver el terreno a su estado original.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/arousa/2013/05/19/concellos-bucearan-leycostas-
legalizar-casas/0003_201305A19C19913.htm
LA VOZ DE GALICIA
AROUSA
Los concellos bucearán en la Ley de Costas para legalizar casas
Vilanova, A Illa y O Grove aspiran a poder beneficiarse de la
reforma legal
BEA COSTA
vilagarcía / la voz 19 de mayo de 2013 05:00
El litoral de Aduana de Corón (Vilanova) es uno de los puntos que se
someterán a consideración para legalizar las viviendas. MARTINA MISER
Antes de 1988 se construyeron muchas casas a menos de cien metros de la línea
de costa en suelo que no era urbano y, desde entonces, estas construcciones
siguen en situación irregular. La reforma de la Ley de Costas aprobada la
semana pasada en el Congreso abre la puerta para que algunas de estas
edificaciones puedan por fin solucionar su situación al reducir la zona de
servidumbre de protección de cien a veinte metros.
Según los cálculos de la Xunta, son unas 4.000 viviendas en Galicia las que se
beneficiarán de este nuevo marco normativa pero otros miles se quedarán fuera
por no reunir los requisitos exigidos. La margen sur de la ría de Arousa no es
ajena a esta situación.
En Vilanova, en A Illa y en menor medida en O Grove hay construcciones en
estas condiciones que tienen su única esperanza en la nueva ley. En Vilanova,
por ejemplo, se calcula que entre As Sinas y Currás hay 75 viviendas en este
caso y en el Concello se han puesto manos a la obra con el fin de no
desaprovechar esta oportunidad.
Esta semana se celebró la primera reunión para constituir una comisión de
trabajo de la que forman parte políticos, técnicos y afectados, con el fin de
acelerar al máximo la propuesta que presentarán en la Xunta.
El objetivo es que estas zonas sean catalogadas como urbanas, pero para ello
hay que reunir unas condiciones: tener acceso rodado y servicios como agua,
luz y alcantarillado y, además, tendrán que estar edificados, al menos, en un
tercio de su superficie, que serán dos tercios en aquellas que carezcan de algún
servicio.
El gobierno de Vilanova confía en poder acreditar todos estos parámetros y, vía
modificación puntual de las normas subsidiaras, poder legalizar por fin núcleos
como el de As Sinas. Esto permitiría construir en fincas donde ahora no se
puede poner un ladrillo y hacer obras mayores en casas en las que, hasta ahora,
solo se permite hacer trabajos de mantenimiento. Por su parte, desde la
coordinadora de afectados de As Sinas son más pesimistas a este respecto.
En el Concello de A Illa de Arousa no se han cuantificado las viviendas
susceptibles de poder acogerse a la reforma legislativa pero sí aportan un dato;
en el municipio hay una treintena de expedientes abiertos por Costas por
ocupación de la zona de servidumbre, algunos de los cuales con órdenes de
demolición incluidas, órdenes que no se llegaron a ejecutar.
Sin singularidad
La del alcalde Manuel Vázquez es una de las voces críticas con el nuevo texto
legal. «Perdeuse unha oportunidade para Galicia. Esta lei está feita para o
Mediterráneo». Pese a todo, por él no va quedar y ya ha pedido una entrevista
con el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas porque «o
que nos queda é colaborar entre administracións». Sobre la mesa pondrá la
situación de zonas como Abilleira, Sarpeira, Viña Tinta, Rubas, As Aceñas,
Semuíña con el fin de buscar un resquicio que permita legalizar las casas.
Vázquez deja una pregunta en el aire para la reflexión: «¿que vai pasar coas
vivendas feitas despois do 88 sobre as que pesan expedientes?»; y un reproche;
«que non se nos dera un trato singular».
En O Grove, aun teniendo una amplia zona de servidumbre de afección de
Costas, el alcalde Miguel Ángel Pérez sostiene que el único punto susceptible
de acogerse a la ley es Gandariña, «aunque la cosa está difícil», matiza. Casos
como el de la guardería de Rons están ya en trámite y las casas de Teniente
Domínguez requieren otro tipo de solución, según explica Pérez. Lo que sí está
ya ganada es la batalla de Conservas Isabel. La reforma de la Ley garantiza la
continuidad de la fábrica. La concesión administrativa que le permitía ocupar
los terrenos sobre los que se asienta la factoría caducó este año pero ahora
puede optar a renovarla por otros 75 años más.
http://www.teleprensa.es/almeria/luz-verde-a-la-ley-de-costas-en-elcongreso.
html
TELEPRENSA
Ley de Costas
Luz verde a la Ley de Costas en el Congreso
09 de Mayo de 2013 19:11h
ESPAÑA.- El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la Ley de Protección
y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, con la que se
garantiza la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral de
España, atendiendo a la realidad de nuestras costas.
Esta Ley tiene como primer objetivo la protección medioambiental de la costa,
diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas, preservando
las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como las
actividades, y aumentando en todo caso su protección.
Esta reforma prohíbe nuevas edificaciones en el litoral, tanto en dominio
público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas) como en su zona
adyacente de servidumbre de protección. También prohíbe cualquier
incremento de lo ya edificado.
Prohibición de nuevas edificaciones. Se mantiene la prohibición de edificación
residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos preventivos,
prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de tamaño,
altura o superficie.
Exclusión de núcleos de población del Dominio Público Marítimo Terrestre. La
Ley excluye núcleos de población, no amnistía núcleos, porque eran legales. Lo
que se hace es excluirlos del domino público por ser innecesarios para la
protección de la costa, algo que ya se prevé en la Ley de 1988 a través de la
desafectación.
Lo que se hace es excluirlos del dominio público marítimo terrestre porque son
terrenos de núcleos urbanos, antropizados (habitados y consolidados) desde
antes de 1988. Afectan, mayoritariamente, a viviendas sencillas de barriadas
populares, no a hoteles o empresas.
Se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100 metros.
Únicamente se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20 metros, ya
prevista en la Ley de 1988. Pero con una importante novedad: se prohíben
expresamente nuevas edificaciones en estas áreas.
La reducción de la servidumbre solo se podrá producir respecto de núcleos
costeros que antes de 1988 tuvieran un carácter urbano, según unos requisitos
marcados en la disposición transitoria 1ª de la Ley, y solamente para el núcleo
delimitado.
Por tanto, no se podrán autorizar nuevas construcciones dentro de los núcleos
delimitados. Es decir se solucionan problemas antiguos no resueltos en 1988, sin
que implique permitir un solo edificio más en la costa. Chiringuitos. La Ley
mantiene los usos permitidos y prohibidos en el dominio público marítimo
terrestre. Se dará más seguridad a los chiringuitos en cuanto a
plazos y condiciones de la concesión. Y se les exigirá más en términos de
ordenación y cuidado de las playas. Por eso se establecerán, en el Reglamento
de aplicación de la Ley, criterios razonables que compatibilicen la protección de
la costa con el servicio público Se restringirán más en las playas naturales.
Exclusión de la Isla de Formentera. Esta isla tiene características
geomorfológicas especiales, es un caso singular, y por ello recibe un tratamiento
singular. Se modifica un deslinde, pero se garantiza el mantenimiento de la
zona de servidumbre de protección, en la que se prohíbe edificaciones
residenciales.
Urbanizaciones marítimo-terrestres. El Proyecto regula las urbanizaciones en
base a dos criterios: defensa del dominio público marítimo terrestre, porque los
canales navegables son dominio público. Al mismo tiempo, asegurar la
propiedad privada de las viviendas (siempre lo fueron), aportando la seguridad
jurídica que faltaba, supresión de la servidumbre de tránsito y estacionamientos
privados, tanto individuales como colectivos.
Cambio climático y erosión/regresión de la costa. La Ley incorpora regulaciones
específicas para afrontar con garantías la lucha contra los efectos del cambio
climático en el litoral. Se introduce un régimen específico para los tramos del
litoral que se encuentren en riesgo grave de regresión. La definición de esta
situación se establecerá reglamentariamente y en atención a criterios científicos
contrastados. En las áreas así declaradas, se limitan las ocupaciones y se prevé
que la Administración pueda realizar actuaciones de protección, conservación o
restauración, respecto de las que podrá establecer contribuciones especiales a
los beneficiarios, otra de las novedades de esta Ley.
También se exige que a los proyectos para la ocupación del dominio público se
acompañe una evaluación prospectiva sobre los posibles efectos del cambio
climático. Además, se incorpora como causa de extinción de las concesiones el
supuesto de que las obras o instalaciones estén en riesgo cierto de ser
alcanzadas por el mar.
La Ley, además, impone al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente la obligación de elaborar una estrategia para la adaptación de la costa
a los efectos del cambio climático para disponer de un diagnóstico riguroso de
los riesgos asociados al cambio climático que afectan a nuestra costa, y de una
serie de medidas que permitan mitigarlos.
Plazo de 75 años de concesión. Se mejora la situación jurídica de los antiguos
propietarios de bienes en la costa, en especial de viviendas, que la ley de 1988
expropió. La nueva legislación prorroga las concesiones de esos ciudadanos
hasta un máximo de 75 años.
No es nuevo, ya que la Ley de Aguas que regula las aguas continentales y es
muy próxima materialmente a la Ley de Costas tiene ese mismo plazo. Es un
plazo máximo, que no tiene por qué completarse, sino que se acomodará a cada
tipo de uso.
Durante la concesión y sus prórrogas (hasta los 75 años), se garantizará la
adecuada conservación de la costa y, además, se va a exigir a los empresarios la
corresponsabilización en esa conservación del domino público.
Transmisión de concesiones. Toda transmisión debe ser autorizada por el
Estado, que comprobará que el nuevo concesionario cumple los requisitos,
tanto económicos como de protección del dominio público marítimo terrestre.
Además, se promoverá una cierta apertura del sector en beneficio de la calidad
de las actividades económicas y de los servicios que se prestan en domino
público.
Salinas y establecimiento de cultivos marinos. Lo que se hace es devolver la
propiedad a aquellas salinas y establecimientos marinos que eran propiedad
privada antes de la Ley de 1988. Son actividades beneficiosas cuya desaparición
no ayudaría en nada a la protección del litoral. Y, además, se añade una
limitación muy importante: se consideran zona de servidumbre de protección.
Lo que quiere decir que en esos terrenos no se van a poder construir viviendas
ni hoteles.
Dominio Público Marítimo Terrestre. No se reduce con carácter general, sino
que lo que la reforma pretende es evitar las ambigüedades y las aplicaciones
heterogéneas, que se han producido en los deslindes. Por eso, la Ley obliga a
que se establezcan criterios técnicos para determinar el alcance del dominio
público marítimo terrestre (mayores temporales conocidos, algo que no se
modifica) e incorpora definiciones de los principales componentes del dominio
público como dunas o marismas, cuyo alcance tampoco se modifica.
Se alcanza más objetividad, en definitiva, mejor defensa del dominio público
marítimo terrestre y mayor seguridad jurídica. Sólo en casos excepcionales hay
exclusiones del dominio público porque están plenamente justificados (12
núcleos excluidos, por urbanos, y Formentera).
Viviendas ilegales. La Ley no es una amnistía en ningún caso. En relación con
las viviendas que por sentencia judicial firme deban ser derribadas, la
Administración General del Estado cumplirá con su obligación, y también
apoyará a las Comunidades Autónomas y a Ayuntamientos para encontrar
soluciones a tales problemas.
Eventos en playas. La situación real era que determinados eventos se producían
en las playas, sin autorización y con cierta permisividad. La Ley de Costas
regula esta cuestión para establecer los requisitos, límites y condiciones en que
es posible la ocupación de las playas, garantizando su conservación y
entendiendo además que esas ocupaciones se restringen a los tramos urbanos. leer más...

2013 05 17 Noticias costas del despatcho de Ortega

http://www.abcdesevilla.es/andalucia/almeria/20130516/sevi-junta-aguardafallo-
tsja-201305161129.html
ABC
Andalucia
ALMERÍA / MEDIO AMBIENTE
La Junta aguarda el fallo del TSJA sobre la licencia del
Algarrobico para demolerlo
RAQUEL PÉREZ / ALMERÍA
Día 16/05/2013 – 11.36h
El consejero Planas destaca la buena sintonía con el Gobierno central para
acabar con conflicto del polémico hotel
El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
Luis Planas, ha asegurado este jueves que su departamento se encuentra
pendiente de «un extremo jurídico muy importante»para proceder a la
demolición del hotel de El Algarrobico, levantado en el término municipal de
Carboneras. Se trata de la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía «debe rendir sobre el tema de la licencia».
Será entonces cuando quede determinado «el alcance de la responsabilidad» y
también «será un punto de no retorno» o, al menos, «así lo esperamos en
cuanto a la valoración respecto al fondo del tema». El consejero, que ha
inaugurado las Jornadas Internacionales sobre Agricultura Intensiva de la
Universidad de Almería (UAL), ha desvelado que ha conversado «en bastantes
ocasiones con el ministro» Miguel Árias Cañete.
Planas ha hecho hincapié en que «hay una voluntad de la Junta de Andalucía y
entiendo que una voluntad del ministerio» y ha reconocido que «el que dos
administraciones cooperen siempre es una buena noticia en cualquier
ámbito».
Ley de Costas
Donde no hay tan buena disposición es en materia de protección del litoral. El
consejero, sobre la modificación de la Ley de Costas de 1998 aprobada la
semana pasada por el Gobierno, ha manifestado que no le gusta, porque cree
que «para resolver algunos problemas puntuales muy delimitados» no era
preciso «una modificación tan sustancial», con la que «hemos vuelto atrás 25
años en términos de protección ambiental de nuestro litoral». Para el
representante autonómico esto «no me parece positivo».
A juicio de Planas, los cambios propiciados en la normativa de costas«no van
en línea con las orientaciones de la Unión Europea». Al respecto, ha señalado
que es «muy importante, lo estamos haciendo con el plan del litoral en
Andalucía, que consigamos evidentemente preservar, lograr un desarrollo
sostenible, lograr que consigamos desarrollo económico», pero también que
«consigamos mantener nuestra costa».
No obstante, se ha mostrado cauto y ha emplazado a «ve lo que suscita», la
nueva Ley de Costas, aunque ha augurado «que va a haber muchos conflictos
jurídicos en su aplicación». Planas ha insistido en que «se intentaba solucionar
algunos -conflictos- que, perfectamente, se podrían haber logrado de una forma
más puntual y sin una reforma global». A lo que ha reiterado: «Vamos a ver lo
que ocurre, pero ya digo que no me gusta esta Ley de Costas».
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comunitat/fabra-promete-15-
000-empleos-durante-este-ano_816767.html
EL PERIODICO
Fabra promete 15.000 empleos durante este año
16/05/2013
El President de la Generalitat, Alberto Fabra, ha recordado que el plan conjunto
de empleo con diputaciones y ayuntamientos se firmará a finales de mayo y
creará 15.000 puestos de trabajo hasta final de año y la Ley de Costas que
rechazó el PSPV-PSOE en el Congreso de los diputados la semana pasada
garantiza 9.000 puestos de trabajo y permite que el sector hotelero de la
Comunitat Valenciana facture 167 millones de euros.
Fabra, se ha pronunciado así durante la sesión de control parlamentario en Les
Corts, explicando las medidas que pone en marcha el Consell para hacer frente
al paro y ha avanzado que en el mes de junio se publicarán las ayudas para
emprendedores, jóvenes, discapacitados y parados de larga duración.
Tras la pregunta en relación a las repercusiones que tendrá la Ley de Costas en
el sector turístico y en la economía de la Comunitat, el President ha puesto de
manifiesto que con la nueva Ley se ha ganado en “generación de confianza y se
ha puesto la razón y los intereses de la Comunitat por encima de todo” y ha
lamentado que los diputados del PSPV votaran en contra de esa ley en el
Congreso.
Al respecto, ha hecho hincapié en que los chiringuitos de la Comunitat “podrán
estar tranquilos y generar riqueza, al haber sido modificada en el Congreso una
ley, gracias al esfuerzo del PP, que era lesiva a los intereses de la Comunitat”.
Alberto Fabra además ha informado que con la nueva legislación “se posibilita
la transmisión de las concesiones y la mejora de las instalaciones”.
Por otro lado, se ha referido a la FP Dual, como un nuevo modelo productivo y
“en la que vamos a ser pioneros en toda España regulándola para el próximo
curso” y en este sentido ha abogado por propiciar un nuevo modelo de
intermediación laboral “que haga las cosas más fáciles y directas”. Por tanto ha
trasladado su compromiso de seguir “trabajando con seriedad para defender
los intereses de la Comunitat” y ha pedido a la oposición que “no ponga trabas a
esa labor con su discurso de boicotearla”.
Contratos menores en el registro de contratos
Por otra parte, el President de la Generalitat ha anunciado que el Gobierno
valenciano incluirá los contratos menores en el registro de contratos de la
Generalitat siendo así la tercera comunidad en toda España que lo va a hacer,
porque “nuestra apuesta es seguir generando transparencia y confianza”.
El jefe del Consell ha defendido que los contratos de la Generalitat son “legales,
claros y transparentes” y ha recordado que la administración valenciana
publica en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) y en internet la
Cuenta General de la Comunitat, así como los informes de auditoría general, la
situación de la tesorería y la gestión contable del sector público.
“Queda garantizado –ha dicho- que ésta es una comunidad transparente que da
publicidad a todo lo que hace y que demuestra transparencia todos los días y en
todos los sitios”.
Mayor grado de satisfacción de los usuarios de la sanidad valenciana
Alberto Fabra ha dado a conocer que, según las encuestas, los usuarios de la
sanidad valenciana, el 98 por ciento está satisfecho con ella “lo que evidencia
que las políticas del partido popular en materia sanitaria generan más
satisfacción a los usuarios”.
Por ello, ha instado a la oposición a practicar “con el ejemplo” y no dar
“lecciones de moralidad porque -ha asegurado- la preocupación del Consell es
seguir siendo eficientes y generar el mayor el grado de satisfacción de los
usuarios del sistema sanitario” y “nuestro objetivo es garantizar a los 5’1
millones de valencianos la mejor sanidad a su alcance y para ello trabajamos a
diario, codo con codo, con los profesionales”, ha resaltado el President.
Además, ha recordado que 22.000 pacientes son visitados cada día en el sistema
sanitario valenciano, en el que se producen 67 millones de actos sanitarios al
año y se practican más de mil intervenciones al día, lo que “avala el
compromiso” de la Generalitat con su sistema sanitario.
“A pesar de que los ingresos son equivalentes a los de 2006, hay dos hospitales
nuevos, 27 centros de salud más y cuatro zonas nuevas para departamentos de
salud”, ha señalado Fabra, que también ha puesto de relieve el compromiso del
Consell para mantener “los niveles de calidad, el acceso universal y la
gratuidad del sistema sanitario”.
http://www.abc.es/comunidad-valencia/20130517/abcp-plan-empleo-firmaraeste-
20130517.html
DIARIO ABC
C. VALENCIANA / MENOS PARO EN 2014
El plan de empleo se firmará este mes para generar 15.000 trabajos
M. CONEJOS / VALENCIA
Día 17/05/2013
La sesión de control en las Cortes autonómicas dejó ayer como cuestión más
destacada el anuncio del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, del
convenio que firmará con las tres diputaciones provinciales y los ayuntamientos
a finales de mes y que tiene como objetivo la creación de 15.000 puestos de
trabajo.
Fabra también quiso destacar que la Ley de Costas permitirá mantener otros
9.000 empleos en el sector de la hostelería y generar 167 millones de euros cada
temporada, y criticó la oposición de los socialistas a la reforma de esta
normativa.
Las previsiones para final de año también son halagüeñas, ya que «puede que
finalicemos 2013» con menos paro que cuando empezó. Otro dato positivo que
quiso aportar fue el hecho de que cerca de 35.500 valencianos han firmado un
contrato fijo.
http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2013/05/17/alcalde-cree-nueva-leycostas-
afectara-vilagarcia/811985.html
DIARIO FARO DE VIGO
El alcalde cree que la nueva Ley de Costas ´no afectará demasiado´ a Vilagarcía
El regidor solicitó información hace dos semanas a la empresa que revisa el
PXOM
M. L. – Vilagarcía 17.05.2013 | 00:00
El alcalde de Vilagarcía, Tomás Fole, explicó ayer que a la capital arousana “no
le va a afectar mucho” la nueva Ley de Costas. El regidor se puso en contacto
hace un par de semanas con la empresa encargada de la revisión del Plan Xeral
de Ordenación Municipal (PXOM) para consultarle en qué medida iba a afectar
al municipio vilagarciano la nueva legislación.
El primer edil admite que la compañía todavía no ha tenido tiempo de estudiar
de forma exhaustiva la nueva ley, pero que, a priori, “no tiene demasiada
afección” en Vilagarcía, por lo que “no debería repercutir” en los plazos para la
aprobación del Plan Xeral ya actualizado.
El Congreso de los Diputados aprobó la nueva Ley de Costas el pasado 9 de
mayo con los votos favorables del PP, la abstención de CiU y el rechazo del
resto de los grupos de la oposición.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/16/valencia/1368731903_279339.html
EL PAIS
Fabra busca consuelo en Andalucía
El presidente responde a las críticas de la oposición sobre el paro y la sanidad
con referencias a la política andaluza
JOAQUÍN FERRANDIS / ADOLF BELTRAN Valencia 16 MAY 2013 –
21:54 CET
El socialista Antonio Torres muestra una foto de Rajoy durante el pleno de este
jueves en las Cortes. / KAI FÖRSTERLING (EFE)
“Ahora, los conocidos como chiringuitos podrán estar tranquilos y generarán
riqueza”. Con una defensa de la nueva Ley de Costas que propició la pregunta
del portavoz popular, Jorge Bellver, comenzó ayer Alberto Fabra la sesión de
control en las Cortes Valencianas. Una sesión en la que no ahorró críticas al
Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero, por “mandar las máquinas
excavadoras” a derribar viviendas en la zona de dominio marítimo-terrestre. El
presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se escudó después en los
indicadores de Andalucía para eludir las críticas de los socialistas y de Esquerra
Unida por el aumento del paro y los recortes en materia de Sanidad.
“Vengan aquí predicando con el ejemplo y no a dar lecciones de moralidad”,
afirmó Fabra. El jefe del Consell enmascaró la falta de iniciativas por parte del
PP para combatir el desempleo en la Comunidad Valenciana (727.500
desempleados y una tasa de paro cercana al 30% según la Encuesta de
Población Activa) con un argumentario basado en la herencia socialista recibida
y en los indicadores de Andalucía, todavía peores que los valencianos.
El portavoz socialista, Antonio Torres, advirtió al presidente que ya hace
tiempo que se le acabaron los argumentos para permanecer pasivo. “Ya se ha
acabado la excusa de Zapatero. No supieron aprovechar el periodo de bonanza
y ahora la Comunidad Valenciana es la más endeudada, la más corrupta y
supera en dos puntos la tasa media de paro en España”, manifestó. “La
Comunidad Valenciana vive el peor periodo de sus historia y los responsables
son usted y el señor Rajoy”.
El jefe del Consell apenas pudo esgrimir el plan conjunto por el empleo que
lleva ya meses anunciando y cuya puesta en marcha situó en octubre. También
torturó las estadísticas para encontrar indicadores positivos y llegó a afirmar:
“Puede que acabemos el año no generando más paro que cuando empezó”.
Torres: “La Comunidad vive el peor periodo de su historia”
Fabra recurrió de nuevo a Andalucía para rebatir las críticas de Esquerra
Unida sobre los recortes en sanidaddespués de que la portavoz de este grupo,
Marga Sanz, le enumerase los últimos casos de pacientes que no han sido
atendidos o no han recibido la atención adecuada. “El sistema ya no es
universal”, dijo Sanz, que criticó que ahora la Generalitat trate como clientes a
los pacientes. La portavoz de Essquerra Unida instó al presidente de la
Generalitat a explicar qué planes tiene previstos en politica sanitaria, aunque no
tuvo éxito. Fabra rebatió las críticas con el argumento de que con unos
presupuestos como los de hace seis años ahora se atiende a más personas en la
sanidad valenciana. Luego, para defenderse de las críticas de la existencia de
una privatización encubierta de la sanidad, le recordó a Sanz que en Andalucía
hay 31 hospitales privados. El jefe del Consell se atrincheró también en el grado
de satisfacción de los pacientes que reflejan las encuestas de la propia
Consejería de Sanidad.
El discurso, sin embargo, hizo agua cuando la diputada de EUPV Marina
Albiol, en la repregunta, recriminó al Consell que una de las biólogas del
equipo que ha conseguido clonar células madre en Oregón es la valenciana
Nuria Martí, despedida junto a otras 108 personas en el ERE del Centro
Príncipe Felipe. El consejero de Sanidad, Manuel Llombart, se limitó a defender
la “reestructuración del tejido investigador”.
Respecto a Compromís, Fabra, a falta de comunidad autónoma con la que hacer
una comparación, rebuscó para encontrar un ayuntamiento gobernado por la
formación de Enric Morera que hubiese sido amonestado por no presentar la
información contable a la Sindicatura de Comptes. Fue la respuesta a Morera,
después de que el portavoz de Compromís cuestionase el nivel de transparencia
y solicitase una auditoría de los contratos menores que realiza la Generalitat.
“El 85% de los contratos menores de la Generalitat están mal hechos, según la
Sindicatura de Comptes”, señaló Morera, que añadió: “La falta de transparencia
es el origen de la corrupción”. Fabra enumeró las actuaciones de la
Administración valenciana para facilitar el acceso público a la información y
luego anunció que los contratos menores se incluirán en el registro de contratos
de la Administración. “La Comunidad Valenciana es la tercera autonomía que
lo va a hacer. Vamos a seguir creando confianza”, recalcó.
http://www.elperiodic.com/opinion/lapalestra/3686_salvados.html
EL PERIODIC
¿Salvados?
16/05/2013
El pasado 9 de mayo se aprobó la nueva Ley de Costas, con ello se cierra una
funesta etapa para la costa castellonense. Derribos de casas en Almenara, en
Xilxes, los derribos de los dos únicos hostales de Moncofa, el Pinche y el
Chavarro, etc., han quedado atrás. Lástima que la falta de voluntad socialista no
permitiera la modificación de esta ley antes de llegar a este extremo. Moncofa,
una población que aspira a poder vivir del turismo vio como sus dos hostales
sucumbían ante las excavadoras sin el menor remordimiento.
Los gobernantes anteriores, tanto locales como nacionales, alegaban que la ley
era la ley y que nada se podía hacer al respecto. El nuevo gobierno nos ha
demostrado que con la voluntad suficiente las cosas se pueden cambiar.
Lástima que esa voluntad no la tuvieran los últimos mandatarios, ni tampoco
sus representantes locales. Seguro que ahora las expectativas turísticas de
Moncofa serían otras.
Estos hostales no solo permitieron a dos familias, fruto de su duro trabajo, salir
adelante, sino que aportaron trabajo, turismo e ingresos a toda la playa. Sin
embargo, los gobernantes del pasado reciente entonces fueron incapaces de ver
esa realidad y prefirieron ver hoteles proyectados sobre el papel en Belcaire
Norte o Palafangues, hoteles de los que todavía se oía hablar a la actual
corporación en una reciente edición de Fitur, pero que como las fallas, arden tan
pronto como la fiesta termina.
Ahora Moncofa, y el sur de Castelló, tiene que luchar por un futuro turístico sin
plazas hoteleras, aunque sí con Campings de la máxima calidad. El actual
Gobierno debe volver a demostrar mayor sensibilidad que el Gobierno anterior,
debe ser capaz de poner en marcha un plan de defensa de la costa, desde
Borriana a Sagunt, sea el Estudio de Cantabria u otro alternativo, pero un plan
serio que nos posibilite levantar la industria turística de entre los escombros que
nos han dejado otros. Otros que ni modificaron la Ley de Costas, ya que decían
que la ley era inmodificable, ni la protegieron lo suficiente, ya que lo que
perseguían era que el mar les hiciera el trabajo sucio. Por eso me alegro de las
palabras de Mario García, Diputado Provincial de Medio Ambiente, “La ley ya
se ha aprobado, perfecto, ahora reivindicaremos un plan integral para regenerar
las playas”. Hemos salvado la costa, ahora salvemos el turismo.
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-fabranueva-
ley-costas-chiringuitos-podran-estar-tranquilos-20130516105958.html
EUROPA PRESS
Fabra: Con la nueva ley de Costas los chiringuitos “podrán estar
tranquilos”
VALENCIA, 16 May. (EUROPA PRESS) –
El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asegurado este jueves que
con la nueva Ley de Costas los chiringuitos de la Comunitat “podrán estar
tranquilos y generar riqueza”. Así, ha afirmado que se ha ganado en
“generación de confianza” porque el PP “ha puesto la razón encima de la mesa y
los intereses de la Comunidad por encima de todos”, al aprobar en el Congreso
esta norma que, con el Gobierno socialista, era “lesiva para los intereses”
valenciano, ha apuntado.
Fabra se ha expresado de esta manera en la sesión de control de las Cortes
con motivo de la pregunta formulada por el síndic del PP, Jorge Bellver, en
relación a las repercusiones que tendrá en el sector turístico y en la economía de
la Comunidad la Ley de Costas y cómo valora su aprobación la semana pasada
“tras tantos años de reivindicaciones ante el anterior Gobierno de España”.
Alberto Fabra ha considerado que con la modificación aprobada en el
Congreso “ha ganado el sentido común” y se ha logrado que “algo que hacía
daño a la Comunidad quedara en el olvido gracias al esfuerzo del PP” para
cambiar una ley “que era lesiva a los intereses de la Comunidad”.
De esta manera, ha afirmado que se ha “ganado en cuanto a generación de
confianza porque eran muchas las personas que tenían incertidumbre por la
interpretación del PSOE de la anterior ley de Costas”. Fabra ha remarcado que,
frente al “discurso” socialista para “ir en contra de la Comunidad”, los
chiringuitos en las playas valencianas “no eran ilegales”.
El presidente de la Generalitat ha señalado que hay 91.000 viviendas dentro
de la zona de servidumbre de protección de la costa “y el PSOE generó temor a
más de 3.000 propietarios de vivienda porque enviaron máquinas a tirar casas,
generando tensión y temor”. Pero “ha tenido que ser el PP el que ha puesto la
razón encima de la mesa y los intereses de la Comunidad por encima de todos”
porque los diputados del PSPV “votaron en contra de esa ley” en el Congreso,
ha criticado.
Por ello, ha destacado que los chiringuitos “podrían estar tranquilos y generar
riqueza”. “Generan más de 137 millones y 9.000 puestos de trabajo, que si fuera
por el PSOE se hubieran ido a la calle”, ha apuntado Fabra, que además ha
destacado que con la norma legislación “se posibilita la transmisión de las
concesiones y posibilita la mejora de las instalaciones, ya que antes no se podía
ni pintar”.
Para concluir su intervención desde la tribuna de oradores, Fabra ha afirmado
que va a “seguir trabajando como hay que hacerlo, con seriedad para defender
los intereses de la Comunidad” y a la oposición le ha pedido que, “al menos no
ponga trabas” a esa labor.
IZQUIERDA “RANCIA Y DEMAGOGA”
Por su parte, el portavoz del PP, Jorge Bellver, durante la intervención para
formular la cuestión a Fabra, ha asegurado que la Comunidad, por su clima y
sus playas “es el sueño de cualquier turista para veranear y de cualquier
jubilado”.
Bellver ha afirmado también que los valencianos “estamos hartos de que la
izquierda interprete arbitrariamente la ley para atacar los intereses de la
Comunidad” y “no es de recibo que el anterior gobierno pusiera en la diana a
nuestros chiringuitos y pusiera en un pedestal los de las comunidades vecinas”.
“Lo de siempre, el PSOE genera el problema y tiene que venir el PP a
arreglarlo” ha dicho Bellver que ha tildado a la izquierda valencia a de “rancia y
demagoga”. Al respecto, ha advertido de que “ese ninguneo al que el Gobierno
socialista nos sometió, los valencianos no se lo van a perdonar”.
PÉSAME A OLTRA
Antes de iniciar la sesión de control, el jefe del Consejo se ha acercado al
escaño de la portavoz de Compromís, Mónica Oltra, para darle el pésame por el
fallecimiento de su padre la semana pasada.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-andalucia-cree-ley-costasprovocara-
muchos-conflictos-juridicos-enfrenta-decreto-andaluz-
20130516133841.html
EUROPA PRESS
“25 AÑOS ATRÁS”
Andalucía cree que la Ley de Costas provocará “muchos conflictos jurídicos”
y la enfrenta con decreto andaluz
ALMERÍA, 16 May. (EUROPA PRESS) –
El consejero andaluz de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha
augurado este jueves que la aplicación de la reforma de la Ley de Costas de
1988 aprobada hace una semana va a generar “muchos conflictos jurídicos” y ha
remarcado la “importancia” que a partir de ahora va a tener el decreto andaluz
sobre el litoral para lograr un “desarrollo sostenible”.
En declaraciones a los periodistas en Almería antes de inaugurar las Jornadas
Internacionales sobre Agricultura Intensiva de la UAL, Planas ha cuestionado la
necesidad de la reforma normativa y ha advertido de que supone una “vuelta
atrás de 25 años” en la protección de la costa. Al tiempo, ha señalado que su
contenido “no es positivo y no va en la línea de las orientaciones” de la UE.
“No me gusta porque creo que resolver algunos problemas puntuales muy
delimitados no era motivo evidente para una modificación tan sustancial”, ha
indicado para, a continuación, reiterar su impresión de que esos problemas “se
hubiera abordado perfectamente desde un enfoque más puntual y sin reforma
global”.
Con respecto a la afección que podría tener sobre el futuro del hotel de Azata
del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), ha remarcado
que la “voluntad de las dos administraciones”, Junta y ministerio, “convergen” y
ha emplazado a la resolución que emita el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) sobre la legalidad de la licencia de obras como “punto de no
retorno” en este asunto.
“He conversado en bastantes ocasiones con el ministro Arias Cañete y siempre
ha sido público. La sentencia pendiente determinará el alcance de las
responsabilidades”, ha concluido.
http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/251509.html
DIARIO DE PONTEVEDRA
La nueva marcha contra Celulosas del 1 de junio se opone a la prórroga de Ence
tras la reforma de la Ley de Costas
16/05/2013 – DP (Pontevedra)
La Asociación pola Defensa da Ría (APDR) de Pontevedra ha convocado para el
próximo 1 de junio una nueva marcha contra Celulosas con el objetivo de evitar
la prórroga de Ence en su actual ubicación por otros 75 años, tal y como
resultaría de la reforma de la Ley de Costas.
El presidente de la APDR, Antón Masa, advierte que ampliar la permanencia de
la fábrica pastera en Lourizán “implicaría ponerle un freno importante a las
posibilidades de recuperación de la ría” con la explotación racional de sus
recursos naturales.
Antón Masa ha criticado que la modificación de la Ley de Costas ha sido “duro”
para el medio ambiente y que con su puesta en marcha “se persigue privatizar
el litoral gallego y hacer desaparecer el dominio público”. Para el presidente de
la APDR la presencia de este complejo industrial en Lourizán es “incompatible”
con el respeto al medio ambiente y el desarrollo de actividades productivas
ligadas a la pesca, el marisqueo, el turismo o el sector forestal.
Esas actividades, según Antón Masa, generan “puestos de trabajo de calidad”, a
diferencia de Ence “que incluso destruye empleo dentro de la fábrica”, ha
añadido.
Críticas al PP
Además, la APDR ha acusado al PP estatal, autonómico y provincial de haber
“modificado sus posiciones” con respecto al futuro de Ence en la Ría de
Pontevedra. “Venían repitiendo que por más que se modificara la Ley de
Costas, no podría quedarse más allá de 2018”, una declaración que hacían “con
la boca pequeña”, ha censurado Antón Masa.
El presidente del colectivo ecologista ha calificado de “lamentable que los
políticos lleguen a jugar con la sociedad de esta manera”, en base a las recientes
manifestaciones de dirigentes populares como los titulares de la Xunta, Alberto
Núñez Feijóo, y de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán. “De repente su
posición es diametralmente opuesta, algo difícil de entender salvo por intereses
de la empresa”, ha lamentado Masa.
“Estas contradicciones hay que hacérselas pagar al PP”, ha advertido Masa,
quien considera que “es posible que no gobierne ni en la Xunta ni en el Estado”
cuando llegue el momento de valorar una posible prórroga a la empresa, si
bien, sería el Ejecutivo autonómico el que “podría tener la última palabra”.
Acciones judiciales
Para la APDR, la prórroga a Ence “no es inmediata y va a depender de la
movilización social y la vía judicial”. En cuanto a las acciones reivindicativas, la
marcha contra Celulosas del próximo 1 de junio partirá simultáneamente, como
en ediciones anteriores, desde las alamedas de Pontevedra y Marín a las 19.30
horas.
Durante los próximos días, la asociación ecologista realizará una campaña
informativa consistente en la distribución de pancartas y carteles, la recogida de
firmas contra la permanencia de Ence junto a la ría, y la distribución del boletín
informativo ‘Riaberta’ con diversos artículos sobre la modificación de la Ley de
Costas.
Además, la APDR está estudiando nuevas acciones judiciales contra la pastera.
Antón Masa ha instado a que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo “que
anula el decreto de supramunicipalidad y la Autorización Ambiental Integrada
de Ence”.
http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/6-
interes/22454-el-ccn-detecta-irregularidades-en-la-extraccion-de-arenascalcareas-
de-costa-lairaga
INFONORTE DIGITAL
El CCN detecta irregularidades en la extracción de arenas calcáreas de Costa
Lairaga
Viernes 17 de Mayo de 2013 00:00
Moya Interés
No hay constancia de que se hayan tomado las mínimas medidas preventivas.
Después de estudiar la información recabada en el Ayuntamiento, el CCN de Moya
detectó una serie de posibles irregularidades y pregunta cuál es la postura del Consistorio
de de este municipio y de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural ante esta
situación, ya que resulta razonable suponer que dicha explotación caía en las siguientes
irregularidades:
– Carecer de Licencia Municipal de Actividades Clasificadas (actualmente está en
información Pública), lo cual constituye una infracción muy grave de la Ley 1/1998.
– La Licencia Municipal de Explotación (09/07/2002) estaría viciada por un informe técnico
irregular, pues no se demuestra que tenga autorización de la Consejería de Política
Territorial, y porque la extracción se está desarrollo en suelo Rústico de Protección
Paisajística y parte de la misma invade un Sistema General de Espacios Libres.
– En junio de 2003 se realizo una extracción de arenas calcáreas en el lugar
denominado Costa Lairaga del término municipal de Moya, sobre una superficie de unos
100.0000 m2 situada entre la Carretera del Norte C-810 y la Carretera de San Felipe.
– La extracción de áridos se realizo en los 100 m. de servidumbre de Protección de Costas,
lo que constituye una infracción muy grave de la Ley y Reglamento de Costas. Ha sido
solicitada autorización, que ha sido denegada desde 1993.
– La explotación no se ajusta a los condicionantes de la Declaración de Impacto
Ecológico (19/01/1993) de la Dirección General de Urbanismo. La autorización solicitada
fue denegada en 1996.
– La autorización de la Dirección General de Industria (1993) estaba caducada, y el
Proyecto Técnico de Ingeniería no estaba visado, además de incumplir el Reglamento de
Actividades Mineras
– La extracción de áridos también incumplía con el T.R. de la Ley de Ordenación del
Territorio y Espacios Naturales de Canarias.
– El trámite de información Publica Municipal tiene graves irregularidades, por ocultar
información ambiental fundamental, por prohibir realizar copias de la documentación, y
por carecer de la documentación exigida reglamentariamente para la tramitación de la
Actividad Clasificada.
El CCN en el municipio de Moya afirma que es pública y notoria la magnitud y gravedad
de la actividad, y que no hay constancia de que se hayan tomado las mínimas medidas
preventivas o sancionadoras por los órganos de vigilancia, continuando hoy mismo dicha
actividad evidentemente ilegal.
http://www.lne.es/asturias/2013/05/16/pp-dice-anterior-ley-costas-causabadisfunciones-
tremendas/1413048.html
LA NUEVA ESPAÑA
El PP dice que la anterior ley de Costas causaba «disfunciones
tremendas»
16.05.2013 | 02:01
Oviedo
Los populares asturianos consideran que la nueva ley de Costas acaba con las
«disfunciones tremendas» causadas por la anterior, elaborada por el PSOE. El
diputado regional y secretario general del PP en Asturias, Fernando Goñi,
asegura que la nueva normativa está «centrada en la protección
medioambiental y el desarrollo sostenible». Goñi ha acusado a la consejera de
Fomento, Belén Fernández, de «enredar y confundir» a los ciudadanos, al
tiempo que aludió a su «negra experiencia» al frente de la política
medioambiental de la región.
Goñi, junto a la parlamentaria autonómica Victoria Delgado, hizo ayer una
valoración sobre la nueva ley de Costas, que, según indicó, prohíbe
«exclusivamente» aquello que era «malo» para el litoral. La nueva legislación
«está con las personas y con los recursos que crean riqueza», dijo. Goñi
considera que la anterior ley, que databa del año 1988, estaba «desconectada de
la realidad» y originaba un «alto grado de conflictividad».
Victoria Delgado informó de que la nueva ley de Costas introduce criterios
«homogéneos y cohesionados» sobre la protección del litoral frente a la
normativa anterior, que «originó disfunciones tremendas» y cuya «ausencia de
definición de criterios claros en cuanto a deslindes» produjo perjuicios a
muchos propietarios. Delgado dijo que la ley «establece reglas claras y
transparentes de cómo se van a realizar los deslindes».
http://www.lavozdelanzarote.com/article76689.html
LA VOZ DE LANZAROTE
Ley de Costas: Protección ambiental, desarrollo sostenible y
disfrute del litoral
Por Francisco Cabrera García*
16 de mayo de 2013
El pasado 9 de mayo el Congreso de los Diputados aprobaba la nueva Ley de
Costas. Una Ley llamada a garantizar la protección ambiental y el desarrollo
sostenible del litoral de España, atendiendo a la realidad de nuestras costas;
esto es, diferenciando entre tramos urbanos y naturales de las playas y
aumentando la protección de las playas vírgenes.
La normativa protege nuestras costas y da seguridad jurídica a las miles de
personas que tienen sus propiedades junto al mar, al mismo tiempo que concilia
la sostenibilidad ambiental con la actividad turística.
El nuevo marco legal da respuesta a las más de 20.000 peticiones de amparo
cursadas ante el Parlamento Europeo por titulares que habían adquirido
propiedades y que, pasado el tiempo, podían ser declaradas ilegales. No se
trata, de una amnistía, ni de legalizar lo ilegal, pues ya eran legales. Además,
los negocios costeros tendrán que cumplir las nuevas exigencias
medioambientales para seguir funcionando.
La reforma prohíbe nuevas edificaciones o incremento de lo ya edificado en el
litoral, tanto en dominio público marítimo terrestre, como en la zona o franja
contigua de servidumbre de protección, incorporando cláusulas para frenar
cualquier construcción ilegal antes de que se consolide .
Los núcleos urbanos habitados y consolidados desde antes de 1988 y que
afectan mayoritariamente a viviendas sencillas y populares, no a hoteles o
empresas, se excluyen del domino público.
Por otro lado, se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100
metros. Únicamente se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20
metros, ya prevista en la Ley de 1988, pero con una importante novedad: se
prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas. Según establece el
nuevo texto, la reducción de la servidumbre sólo se podrá aplicar a núcleos
costeros que, antes de 1988, tuvieran un carácter urbano.
Sobre el cambio climático y sus efectos en cuanto a la erosión del litoral,
incorpora regulaciones específicas. Así, y siguiendo criterios científicos
contrastados, introducirá un régimen específico para los tramos de costa en
riesgo de grave regresión. Para dichas áreas se limita la ocupación, y la
Administración podrá realizar actuaciones de protección, conservación,
restauración y podrá establecer contribuciones especiales a los beneficiarios,
otra novedad importante de la normativa.
Un aspecto igualmente destacado de esta reforma es aquel que hace referencia a
la prórroga de las concesiones hasta un máximo de 75 años, con lo que se
mejora la situación jurídica de los antiguos propietarios de viviendas que la ley
del 88 expropió. Durante la concesión y sus prórrogas (hasta los 75 años), se
garantizará la adecuada conservación de la costa y, además, se exigirá a los
propietarios corresponsabilidad en el mantenimiento del domino público.
Por otra parte, y dado que en ocasiones se están produciendo sin autorización y
con cierta permisividad, la Ley de Costas regulará el desarrollo de eventos en
nuestras playas. Y se hará estableciendo los requisitos, límites y condiciones en
que es posible la ocupación de estos espacios para garantizar su conservación,
además esas ocupaciones se restringen a los tramos urbanos.
En definitiva una reforma que con claridad y determinación pretende dar
respuesta a una realidad que por, responsabilidad, había que afrontar, y así lo
ha hecho el Ministro Arias Cañete
http://mallorcaconfidencial.com/20130516_111964-los-socialistas-advierten-quelas-
playas-de-mallorca-estan-en-riesgo-de-privatizacion.html
MALLORCA CONFIDENCIAL
Los Socialistas advierten que “las playas de Mallorca están en
riesgo de privatización”
ACTUALIDAD — MAYO 16, 2013 | 18:11
La secretaria general de los Socialistas de Mallorca, Silvia Cano, la secretaria de
Medio Ambiente y Territorio del PSIB-PSOE, Mercedes Garrido, y el portavoz
del Grupo Municipal Socialista de Llucmajor, Joan Jaume Sastre, han visitado la
playa de S’Arenal donde han advertido de que “todas las playas de Mallorca
están en riesgo de privatización por la reforma de la Ley de Costas aprobada
por el Partido Popular”.
Silvia Cano ha explicado que la reforma hace una “división perversa” entre
playas naturales y urbanas, que serían las cercanas a los núcleos urbanos y, en
el caso de Mallorca, la gran mayoría, posibilitando la “mercantilización de estas
playas que quedarán a la merced de que los hoteleros y la iniciativa privada
puedan hacer lo que quieran convirtiendo nuestra isla en un nuevo Caribe con
grandes restricciones para los ciudadanos porque las empresas privadas se
habrán comido casi toda la playa”.
Cano ha reivindicado el “carácter público de nuestra costa” y que “ya está bien
de hacer negocio con el patrimonio de todos los mallorquines y mallorquinas”,
asegurando que esta reforma de la Ley de Costas ha sido el “mayor ataque a
nuestro litoral” y es “una privatización de la costa, una nueva balearización que
supondrá que sólo quien pueda pagar podrá acceder al servicio, mientras quien
no, lo verá desde la barrera”.
La secretaria general de los Socialistas de Mallorca ha criticado esta “nueva
amnistía del PP, primero lo hizo con los delincuentes fiscales y ahora con los
urbanísticos” y ha recordado que el Partido Socialista “recurrirá esta ley en el
Tribunal Constitucional porque nos han quitado un derecho constitucional
como es el disfrute del dominio público de nuestras playas y nuestro litoral”,
además de exigir al PP que “vuelva atrás esa ley que sólo responde a intereses
espurios y que se ha hecho de espaldas a la comunidad científica y que no tiene
en cuenta uno de los grandes retos que tenemos como sociedad que es el
cambio climático”.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista de Llucmajor, Joan Jaume Sastre, ha
recordado que la “gran mayoría de playas y calas del municipio recibirán la
calificación de playa urbana ya que tocan una zona urbana, por lo que se verán
afectadas negativamente por este cambio que introduce la reforma” y ha
avisado de que “nos podemos encontrar ante una invasión de los intereses
privados sobre los públicos”, por lo que se ha mostrado “totalmente en contra”.
http://www.rtpa.es/asturias:La-nueva-Ley-de-Costas-mantendra-edificios-endominio-
publico-en-la-costa-asturiana_111368202295.html
RTPA
EFE , 10-05-2013 21:11 h
La nueva Ley de Costas mantendrá edificios en dominio público
en la costa asturiana
La nueva Ley de Costas permitirá que la práctica totalidad de las viviendas y
‘chiringuitos’ ubicados en zonas de dominio público en la costa asturiana
mantengan u obtengan la concesión administrativa para no ser derruidos,
según las previsiones de la Delegación del Gobierno.
La normativa, aprobada ayer por el Congreso, ha sido presentada hoy en rueda
de prensa por el delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, que ha
rechazado las críticas a una normativa que, ha subrayado, es proteccionistas e
impedirá construir edificios en los lugares donde ya estaba prohibido por la
anterior ley.
Según De Lorenzo, la costa asturiana es la mejor conservada de España y podrá
seguir siéndolo gracias a la reforma de una ley que, hasta ahora, no definía con
claridad qué terrenos eran de dominio público y cuales podían ser privados lo
que permitirá acabar “con la picaresca y el engaño” que llevó a algunos
propietarios a adquirir legalmente inmuebles construidos en zonas donde esta
prohibido.
Además, ha garantizado que está dispuesto a cumplir con el nuevo precepto
legal que autoriza a los delegados del Gobierno a suspender cautelarmente la
ejecución de una obra si se está haciendo sin todos los requisitos legales y a
paralizarla hasta que haya sentencia.
Hasta ahora, la ley otorgaba una concesión de treinta años antes de su
derrumbe a los propietarios de inmuebles que los habían adquirido antes de
1998 y que habían sido ‘ilegalizados’ por dicha normativa, plazo que ahora se
ampliará hasta los 75 años.
En el caso del Principado, según el jefe de la Demarcación de Costas, Ramón
Galán, existen 118 viviendas edificadas en zonas de dominio público de las que
la mayor parte corresponden a dos edificios ubicados en Ribadesella y el resto
son 21 unifamiliares de las que dos ya han obtenido la concesión por treinta
años prevista en la anterior ley.
Según Galán, lo previsible es que todas estas viviendas obtengan ahora la
concesión administrativa necesaria para que sus propietarios sigan
disfrutándolas y que esta circunstancia se produzca también en los 77
restaurantes y chiringuitos ubicados en playas a lo largo de la costa asturiana.
“No es cierto en modo alguno que la nueva ley reduzca la protección del
litoral”, ha subrayado De Lorenzo, que ha incidido en que la nueva normativa
clarifica la situación de viviendas y hoteles en los que la ley impedía hasta
ahora realizar reparaciones.
En cuanto a la situación de las instalaciones en Villaviciosa de la empresa Valle,
Vallina y Fernández, que produce la sidra El Gaitero, Galán ha apuntado que se
trata de “un caso especial” y que será necesario realizar de nuevo el deslinde en
la zona afectada.
No obstante, ha pronosticado que este proceso no se prolongará más allá de dos
o tres meses dado que ya se dispone de la documentación anterior y que,
previsiblemente, se resolverá a favor de los propietarios de las instalaciones
reconociéndoles la propiedad sobre los inmuebles en lugar de una concesión. leer más...

2013 05 16 Noticias costas del despatcho de Ortega

http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1523290/gobierno/corrige/su/pre
vision/la/ley/costas/solo/salva/cinco/hoteles.html
DIARIO DE CADIZ
El Gobierno corrige su previsión: la Ley de Costas sólo salva a
cinco hoteles
La norma asegura la legalidad de 7.500 hectáreas de salinas en la
provincia, además de 137 viviendas, 45 bares y 20 industrias Desde
la Junta opinan que abre el camino a la privatización
F. R/ J.J.M. CÁDIZ | ACTUALIZADO 15.05.2013 – 05:01
La nueva Ley de Costas permitirá salvar la actividad de cinco hoteles en la
provincia (situados en Rota, Barbate, Tarifa, San Roque y La Línea) y no 16,
como adelantó el pasado fin de semana la delegada del Gobierno en
Andalucía, Carmen Crespo. Ayer, el subdelegado del Gobierno en Cádiz,
Javier de Torre, dio los números en los que se traduce la aplicación de esta
norma, que entró en vigor el pasado viernes. Además de los
establecimientos hoteleros, se asegura la legalidad de 7.500 hectáreas de
salinas y cultivos marinos, 137 viviendas, 45 bares, 20 industrias y 170
chiringuitos en el litoral.
En rueda de prensa, acompañado por el jefe de la Demarcación de Costas
Andalucía-Atlántico, Patricio Poullet, De Torre reiteró que las novedades
introducidas en la citada Ley persiguen la protección del medio ambiente
litoral, de los propietarios de viviendas y otros bienes y garantizar la
seguridad jurídica para aquellas actividades económicas que sean
sostenibles. dejado claro que esta ley “no modifica el Dominio Público
Marítimo Terrestre (DPMT), sino los derechos concesionales” de quienes
tuvieran propiedades, negocios hosteleros o industrias con anterioridad a
1988 cuando tenían, conforme a la legislación anterior, una concesión de 30
años que concluía en 2018, conllevando en algunos casos a la demolición.
Con la nueva ley otorga una prórroga de 75 años si se cumple una serie de
requisitos ambientales.
Así, según las cifras facilitadas por De Torre, se van a ver afectadas 7.500
hectáreas de salinas e instalaciones de acuicultura, y explicó que existen
salinas “abandonadas” en dicho espacio (34 en Puerto Real, siete en Chiclana
y cinco en San Fernando, según concretó), que “podrán ser revitalizadas si
cumplen los requisitos” de titularidad y en explotación con anterioridad a
1988. Por tanto, “es posible que se pueda generar más actividad económica
como consecuencia de esta normativa”, señaló el subdelegado, que detalló
que la actividad salinera genera actualmente en la provincia gaditana 1.950
empleos.
La prórroga concesional a 75 años anteriormente citada afecta a 137
viviendas y unas 700 personas. En cuanto a cultivos marinos distintos a
salinas, destacó la afección a 29 en Puerto Real, 24 en San Fernando y a 30 en
Chiclana; a cinco industrias en Conil, cuatro en Cádiz o tres de Barbate (no
son industrias productivas, sino estaciones depuradoras de aguas
residuales, molinos de marea y similares). En lo que respecta a chiringuitos,
restaurantes y otras instalaciones de este tipo, serán 170 en todo el litoral
gaditano. Con la nueva normativa van a poder ampliar las autorizaciones de
uno a cuatro años, contribuyendo a la “estabilidad de la inversión que tienen
que hacer estas personas”. De Torre señaló que la actividad y facturación
que se hace en restaurantes y chiringuitos gaditanos “ronda los 54 millones
de euros”, lo que da muestras de su “importancia económica” y en términos
de empleo.
Casi al mismo tiempo que el subdelegado del Gobierno central enmendaba a
la baja la cifra de cuántos hoteles “salvará” la reforma de la Ley de Costas, a
preguntas de los periodistas, el delegado territorial de la Consejería de
Agricultura, Pesca, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y ex jefe de
la Demarcación de Costas daba su opinión sobre el asunto, dejando claro
que el Ejecutivo andaluz aún no se ha pronunciado oficialmente al respecto:
“No estamos nada contentos con esta ley porque se hace a espaldas de la
Junta, olvidándose de la participación ciudadana”, respondió Federico
Fernández. “Es impensable que ni siquiera se haya informado a la
administración autonómica que tiene competencias en la zona de protección
del DPMT ni a los agentes sociales. Así, difícilmente puede salir una ley
equilibrada que responda al interés general. Por eso sospechamos que
puede estar más orientada a favorecer intereses particulares”.
A juicio del ex jefe de Costas, la reforma tiene “escaso rigor técnico”,
presenta “grandes debilidades” y, en esencia, “desprotege el dominio
público, porque no solo se reduce su superficie, sino que además se da un
segundo paso para su privatización. Entendemos que ese escaso patrimonio
en el conjunto del estado que es el litoral es decisivo, no solo para la
economía, sino para el disfrute de los ciudadanos”.
José Luis Reyes, jefe de la Unidad de Gestión Integrada de Áreas Litorales
de la Consejería y ex jefe de Dominio Público de la Demarcación Costas, que
acompañaba a Fernández, explicó que se trata de “una ley contradictoria
cuya exposición de motivos, el alma de la ley, no coincide con el articulado”
e incidió en la necesidad de concocer cuanto antes el reglamento que la
desarrolla, es decir, la “letra pequeña” de la nueva regulación. “Parece que se
está trasladando que van salir del DPMT todas las salinas y las instalaciones
de acuicultura, salvo las que fueran zona inundable antes de la
promulgación de la ley. Y todas las salinas de la Bahía de Cádiz fueron
excavadas en la marisma natural. Pero todavía no lo sabemos”. Reyes ve
excesiva la ampliación de las concesiones porque “en algunos casos van a
prolongarse hasta dos siglos” y considera que con esa técnica no se “salva”
nada, sino que se aplaza la situación.
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/05/16/decision-ence-serabase-
interes-general-dice-hernandez/811172.html
DIARIO FARO DE VIGO
La decisión sobre Ence será en base al ´interés general´, dice
Hernández
El conselleiro de Medio Ambiente reitera que se tendrá en cuenta
a todas las partes a la hora de elaborar el informe medioambiental
F. Sánchez – Pontevedra 16.05.2013 | 07:37
El conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, insistió ayer en que la
Xunta “analizará” y “escuchará” a todas las partes implicadas y atenderá a los
“intereses generales” a la hora de elaborar el informe que remitirá al Ministerio
de Medio Ambiente de cara a la solicitud de prórroga de la concesión de
Lourizán que tramitará Ence Energía y Celulosas.
Hernández subrayó que este conflicto no se da únicamente en el caso de la
empresa pastera, sino que “cualquier instalación industrial que realice su
actividad en nuestro territorio tendrá que contar con la autorización
autonómica. La Ley de Costas deja claro que es imprescindible contar con un
informe que, aunque no es vinculante, es determinante”, concluyó el conselleiro.
Estas declaraciones se producen después de que hace unos días el presidente de
la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reconociera que la concesión “no es automática”
y que el informe medioambiental que tendrá que emitir la administración
autonómica será clave. “Habrá que ver qué oferta Ence y qué mejoras
económicas está dispuesta a hacer la empresa”, añadió Feijóo.
Por su parte, el comité de empresa y la dirección de la compañía se reunirán el
lunes, martes y miércoles de la próxima semana en Madrid para abordar el plan
de competitividad laboral propuesto por el grupo pastero. Será durante estos
encuentros cuando la empresa entregará a los representantes sindicales
documentación e información para analizar la situación y continuar las
negociaciones.
http://www.levante-emv.com/valencia/2013/05/16/chiringuitos-piden-50-anosconcesion-
cerramientos/998339.html
DIARIO LEVANTE
Los chiringuitos piden 50 años de concesión pero sin cerramientos
La propuesta de los restaurantes es parecida a la que hubo sobre la mesa con
el Gobierno socialista
16.05.2013 | 01:37
JOSÉ PARRILLA VALENCIA La nueva Ley de Costas permitirá a los
chiringuitos del Paseo Marítimo de Valencia aspirar a concesiones más largas
(ellos pedirán 50 años) y a sacar terrazas de 150 metros, que serán, según su
propia opción, sin cerramientos y repartiendo el espacio entre el suelo y la
primera planta de los restaurantes para ocupar el menor espacio público
posible. Se trata, por tanto, de una solución parecida, aunque mejorada, a la que
hubo sobre la mesa con el anterior Gobierno socialista, al que el Ayuntamiento
de Valencia acusó de atacar el modo de vida de los valencianos por recortar la
ocupación de ese espacio público aún dando más concesión.
Hasta el año 2007 los chiringuitos del paseo marítimo tenían 150 metros de
terraza que, además, estaba incorporada a los locales con cerramientos de metal
y cristal. Esas terrazas tenían una autorización que se renovaba cada año, pero a
partir del 2007 el Gobierno socialista decidió aplicar la Ley de Costas en todo su
rigor y reducir las terrazas a 50 metros para liberar espacio público, lo que
significaba, así mismo, tirar los cerramientos.
Conflicto abierto
Eso desencadenó un conflicto con el Ayuntamiento de Valencia y con los 14
chiringuitos de la Malva-rosa y los cinco de Pinedo y El Saler, conflicto que en
lo que respecta a la Malva-rosa se resolvió cuando el Gobierno les ofreció
concesiones más largas, de hasta 2o ó 30 años, si ajustaban las terrazas a los 50
metros. Y eso hicieron.
Sólo Pinedo y El Saler siguieron pleiteando con el apoyo municipal y
finalmente el cambio de ministro y el posterior cambio de Gobierno tranquilizó
los ánimos.
Se abrió un tiempo de espera hasta que se modificara la Ley de Costas y hubiera
una normativa más propicia para estos negocios, pero cuando eso ha ocurrido,
la solución es parecida a la que un día hubo sobre la mesa. El propio abogado
de la Asociación de Profesionales de Hostelería de la Malva-rosa, Joaquín
Mompó, admitió ayer que esto se podría haber hecho la pasada legislatura sin
necesidad de perder tiempo y dinero, aunque en su caso culpó del
“empecinamiento” al Gobierno socialista.
Y es que la idea de los chiringuitos, explicó Mompó, es tener más concesión y
150 metros de terraza sin cerramientos y repartidos entre el suelo y la parte
superior de los locales.
Respecto a la concesión, la ley permite tramos de hasta 75 años, aunque la idea
de los hosteleros, y así lo pedirán oficialmente este mismo mes de mayo, es
solicitar 50 años, explicó Mompó. Eso da una mayor seguridad jurídica a los
restaurantes y les permite hacer inversiones a las que de otra manera no se
habrían atrevido.
Vuelta a lo anterior
Y en cuanto a los locales, cuya reforma dependerá precisamente de la extensión
de esas concesiones, la previsión es volver a la situación anterior a 2007, es
decir, a los 350 metros de superficie global con 150 metros de terraza incluidos,
pero sin cerramientos. “No queremos aquello como naves industriales”, dijo.
Es más, Mompó, aseguró que para ocupar el menor espacio posible en el paseo
marítimo, colocarían una parte en el suelo y otra parte en la primera planta, que
ahora está prácticamente desaprovechada.
De hecho, los hosteleros ya presentaron un proyecto que incluye estas reformas,
proyecto que cuenta con el visto bueno inicial del Ayuntamiento de Valencia.
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/78556/Salvia-pide-partidos-recurra-
Ley-Costas-porque-vulnera-Constitucion
ECOTICIAS
Salvia pide a los partidos que recurran la Ley de Costas ante el TC
porque vulnera la Constitución
En su misiva, Salvia recuerda que la Ley de Costas de 1988 fue un
hito en la historia de la ordenación y gestión del territorio para
proteger su integridad física y ambiental y garantizar su uso
público.
Salvia ha solicitado por carta a los grupos parlamentarios que interpongan un
recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección y Uso Sostenible del
Litoral y modificación de la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional
porque considera que vulnera varios principios constitucionales “básicos”. Por
ello, pide a los grupos de la oposición en el Congreso y en el Senado que ejerzan
un “liderazgo solidario, responsable y visible, en representación de la
ciudadanía”, planteando dicho recurso.
En su misiva, Salvia recuerda que la Ley de Costas de 1988 fue un hito en la
historia de la ordenación y gestión del territorio para proteger su integridad
física y ambiental y garantizar su uso público. Además, valoran que su
aplicación ha hecho posible la preservación de espacios marítimo-terrestres
únicos y valiosos desde el punto de vista ambiental, que son el sustrato físico
sobre el que se desarrollan actividades económicas que proporcionan riqueza y
empleo. Y que estos espacios pueden albergar distintos usos sostenibles en el
futuro.
Concretamente, la organización plantea que la nueva norma vulnera, al
menos, los artículos 14, 15, 24, 45 y 132 de la Constitución española porque “no
es posible ejercer el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado cuando
este merma, se sustrae o detrae y desaparece de forma irreversible, o cuando se
impide el acceso al mismo.
Para Salvia “la costa se puede salvar aún” si 50 parlamentarios plantean un
recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
“Esa una de las pocas esperanzas que quedan para que nuestro litoral sea de
todos. Público y gestionado para disponer de las costas, conservándolas y
recuperándolas, ahora y para las generaciones futuras, aprovechando este
espacio vivo, rico e irrepetible de forma compartida, responsable y sostenible”
ha afirmado Eva Hernández, miembro de Salvia.
http://www.europapress.es/asturias/noticia-pp-reprocha-belen-fernandezcritique-
ley-costas-cuando-defendio-pelotazo-urbanistico-tala-
20130515124314.html
EUROPA PRESS
“QUE SE DEDIQUE A GOBERNAR”
El PP reprocha a Belén Fernández que critique la Ley de Costas
cuando “defendió” el pelotazo urbanístico de La Talá
OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) –
El Partido Popular de Asturias ha reprochado este miércoles a la consejera de
Fomento, Belén Fernández, que critique la nueva Ley de Costas aprobada por el
Gobierno central “cuando no se rasgó las vestiduras” con el deslinde de
Vegadeo, la anulación del Plan Urbanístico de Gijón o “el pelotazo de La Talá
(Llanes)”.
En una rueda de prensa, el secretario general del PP de Asturias, Fernando
Goñi, y la diputada autonómica, Victoria Delgado, han criticado las
declaraciones públicas de Fernández contrarias a la nueva norma, y han
defendido la misma.
Para Goñi, la consejera, que consideró la nueva normativa un retroceso,
“busca desinformar y confundir”. “Tendría que explicar, ahora que tanto se
rasga las vestiduras con la Ley de Costas, por qué no se las rasgó con el
deslinde de Vegadeo, cometido bajo su responsabilidad, o la anulación de dos
planes urbanísticos (el de Llanes y el de Gijón), o por qué ella fue una de las
grandes defensoras del pelotazo urbanístico de La Talá (Llanes)”.
El diputado ha recordado a la consejera que “bastante tiene” con asuntos
como, por ejemplo, el de la Mina de Salave (Tapia), en el que “no termina de
pronunciarse y le larga el muerto a la Administración estatal”.
DEFENSA DE LA LEY
Para Delgado, la ley está hecha “para las persona y para la defensa del litoral”,
fuera de “manejos oportunistas”, frente a la “falta de garantías y los abusos
urbanísticos” de la anterior situación.
Delgado ha destacado que la norma introduce “criterios homogéneos y
conocidos”, y establece una “protección del litoral”, frente a situaciones como
“los deslindes que produjeron perjuicios económicos a los propietarios”. Ha
recordado además que la anterior norma impidió la eliminación de
construcciones ilegales.
Además, recuerda que la norma mantiene la “imposibilidad” de construir en
los 500 metros desde la rivera del mar, por lo que “el litoral está protegido”
http://www.europapress.es/asturias/noticia-goni-pp-cree-no-debe-primarninguna-
comunidad-encima-otra-fijacion-techo-deficit-20130515120922.html
EUROPA PRESS
“SE BUSCARÁ UNA FÓRMULA BUENA PARA TODOS”
Goñi (PP) cree que “no se debe primar a ninguna comunidad por encima de
otra” en la fijación del techo de déficit
OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) –
El diputado del PP en la Junta General y secretario general de este partido en
Asturias, Fernando Goñi, considera que “no se debe primar a ninguna
comunidad por encima de otra”, al respecto de la próxima fijación del límite de
déficit por parte del Estado a las autonomías.
Así respondía, en una rueda de prensa sobre la Ley de Costas, preguntado por
los medios por la posibilidad de que el Gobierno central establezca el límite de
déficit asimétrico, extremo frente al que ya han mostrado su oposición varios
presidentes autonómicos del PP.
Para Goñi, “no se debe primar a ninguna comunidad por encima de otra”. Así
se ha referido a la posibilidad de que Cataluña cuente con un límite más amplio
que el resto de comunidades. No obstante, tiene claro que “el Ejecutivo central
defiende los intereses del conjunto del Estado, no solo de una autonomía, y
buscará una fórmula que sea buena para todos los territorios”.
“En el caso de Asturias defenderemos la parte que nos toca”, ha matizado,
para añadir que los representantes autonómicos ‘populares’ han de preocuparse
por los problemas de Asturias. “Vamos a ver cómo evoluciona este asunto, pero
cada uno tiene que defender la parte que le corresponde”, ha añadido el
diputado.
http://www.lne.es/asturias/2013/05/15/goni-afirma-ley-costas-abordaproteccion-
medioambiental-desarrollo-sostenible/1412733.html
LA NUEVA ESPAÑA
El PP afirma que la Ley de Costas aborda el desarrollo sostenible y
la protección medioambiental
La nueva legislación “está con las personas y con los recursos que
crean riqueza”, ha subrayado el dirigente popular
15.05.2013 | 14:09
EFE El diputado regional y secretario general del PP en Asturias, Fernando
Goñi, ha afirmado hoy que la nueva Ley de Costas está “centrada en la
protección medioambiental y el desarrollo sostenible”, y ha acusado a la
consejera de Fomento, Belén Fernández, de “enredar y confundir” a los
ciudadanos.
Estas declaraciones han sido realizadas por Goñi, que junto a la parlamentaria
autonómica Victoria Delgado, ha ofrecido una rueda de prensa sobre la nueva
Ley de Costas que, según ha apuntado, prohíbe “exclusivamente” aquello que
era “malo” para el litoral.
La nueva legislación “está con las personas y con los recursos que crean
riqueza”, ha subrayado el dirigente popular, que ha enmarcado los cambios
introducidos en “la plena sintonía con las directrices europeas”.
Además, ha opinado que la anterior ley, que databa del año 1988, estaba
“desconectada de la realidad” y originaba un “alto grado de conflictividad”.
Goñi ha afirmado que la titular de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente del Principado, con una “negra experiencia” al frente de la política
medioambiental en la región, pretende “tapar la incapacidad” del Gobierno que
preside Javier Fernández.
Delgado ha sostenido que la nueva Ley de Costas introduce criterios
“homogéneos y cohesionados” sobre la protección del litoral frente a la
normativa anterior, que “originó disfunciones tremendas” y cuya “ausencia de
definición de criterios claros en cuanto a deslinde” produjo perjuicios a muchos
propietarios.
El litoral español registraba 12.800 construcciones, de las que 1.300 son
industrias, en situación alegal, ha precisado la diputada popular, que ha
señalado que la cifra en Asturias asciende a 1.195 ocupaciones en dominio
público marítimo terrestre, de las que “solo 139 tienen licencia de ocupación, y
118 son viviendas con 472 ocupantes”.
Para regularizar esta situación, la portavoz de Medio Ambiente del Grupo
Parlamentario Popular ha comentado que la nueva Ley de Costas “establece
reglas claras y transparentes de cómo se van a realizar los deslindes”, que serán
determinados con “criterios científicos”.
Delgado ha reprochado a la consejera de Fomento de “no predicar con el
ejemplo de la colaboración entre instituciones”, la cual “pide de manera
reiterada”, y le ha recordado que “bastante tiene encima de la mesa” con casos
como la “mina de Salave”.
http://www.laprovincia.es/canarias/2013/05/15/berriel-denuncia-ley-costaspone-
trabas-salvar-nucleos-litorales/531588.html
LA PROVINCIA
Diario de Las Palmas
Berriel denuncia que la Ley de Costas pone
trabas para salvar los núcleos litorales
El Gobierno considera que la nueva ley
vulnera algunos aspectos de la Constitución
15.05.2013 | 02:00
Dalia Guerra El Consejero de Obras Públicas, Transporte y Política Territorial
del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, aseguró ayer que la nueva Ley de
Costas, aprobada en el Congreso el pasado jueves, endurece los trámites para
salvar los núcleos litorales.
La nueva normativa obliga a los ayuntamientos a presentar en un plazo de tres
meses al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la relación
de sus núcleos urbanos costeros, aunque ya estén ordenados por el
planteamiento en vigor. La administración estatal deberá pronunciarse sobre la
extensión que debe tener la zona de servidumbre de protección en estos núcleos
del litoral. Si el informe es desfavorable dejaría de ser suelo urbano y la zona de
servidumbre de protección pasaría de 20 a 100 metros. Es decir, la norma se
retrotrae a los condicionan tes de la norma anterior, la de 1988. Para el
consejero: “Lejos de suponer una mejora para los habitantes del litoral supone
un retroceso, porque provoca inseguridad jurídica a aquellos que tengan un
terreno o una vivienda en estas zonas”.
Berriel defiende que la nueva ley empeora la situación actual, ya que no solo no
salva ningún núcleo canario con valor etnográfico, sino que incluye a otros
núcleos que antes no estaban afectados.
Además, la ley sí que contempla hasta doce excepciones de urbanizaciones
costeras peninsulares, lo que para el consejero evidencia la discriminación que
sufren las viviendas de familias humildes frente al lujo, por lo que, subraya,
“vulnera el principio constitucional de igualdad de los ciudadanos y las
competencias de las comunidades autónomas”. En este sentido, el Gobierno
trabaja ya en un recurso ante el Tribunal Constitucional.
Berriel puso como ejemplo de la desigualdad que la reforma paraliza la
sentencia de demolición de una depuradora, por razones de interés general,
permitiendo que continúe su actividad hasta que las circunstancias económicas
permitan su reubicación. Sin embargo no paraliza sentencias de demolición “de
las viviendas de primera necesidad social hasta que las familias puedan ser
reubicadas”, lamenta.
http://www.elcomercio.es/v/20130516/aviles/costas-puede-igual-aqui-
20130516.html
LA VOZ DE AVILES
AVILES
«La Ley de Costas no puede ser igual aquí que en Andalucía o
Levante»
Afectados por la norma en Zeluán y Maqua creen que la reciente
reforma apenas ha atendido sus demandas y se sienten
agraviados
16.05.13 – 00:29 –
JESÚS GONZÁLEZ | AVILÉS.
«El problema de la Ley de Costas es que actúa de forma generalizada, sin
atender cada caso. No son los mismos problemas los que tienen las costas en
Andalucía o en el Levante, que aquí en Asturias», afirmaba ayer el presidente
de la asociación de Endasa, Laviana y Zeluán (Enlaze), acerca de la escasa
repercusión que en sus demandas como afectados por la normativa de
protección del litoral ha tenido la reciente reforma de la misma.
«Estamos aún pendientes de conocer los cambios más en profundidad, pero por
lo que hemos visto hasta ahora, no mejora mucho nuestra situación», añadió el
dirigente de un colectivo que ha hecho suyas las demandas no solo de vecinos
residentes en el área afectada por la ley de Costas, sino también las de los
propietarios de parcelas del anejo polígono de Maqua que no llegaron a
desarrollarse.
Núcleo rural
Los afectados de esa zona se sienten agraviados en comparación con otras áreas.
«No entendemos que se pueda construir un acuario en Gijón, o el mismo
Niemeyer, porque estén en zona urbana, y sin embargo los núcleos rurales no
tengan un trato similar», indica Fernández, quien recuerda que, por ahora, los
vecinos del entorno de Zeluán se ven obligados «a pedir licencia al
Ayuntamiento, a Costas y a todo el mundo para poder cambiar las ventanas de
casa».
«No es lo mismo un pueblo con más de cien años, como este, que una
urbanización hotelera como las que se levantaron en la costa andaluza o del
Levante», añade Fernández acerca de esa sensación de agravio. «Rechazamos
que aquí nos den una ‘concesión’ por nuestras casas, da igual que sea por 30, 75
ó 100 años, porque eso significa que llegará el momento en que nuestros nietos
no podrán disponer de ellas», añadió
A ello se suma la solución adoptada -y que en principio no cambia ahora-, para
el polígono de Maqua, en el que solo se salva de los rigores de la ley la parte del
complejo que ya está en funcionamiento. «Lo que ocurre es que hay gente que
compró su parcela en su día, y que por diversas circunstancias no pudieron
construir una nave», apunta el dirigente de la asociación.
En su caso, la reciente modificación de la ley por parte del Gobierno central
tampoco aparenta haber traído solución alguna. «No podrán edificar, no
podrán realizar una inversión que podría crear empleo pese a que están en el
polígono», añade el presidente de Enlaze.
Alegaciones
La asociación espera ahora a obtener respuesta de la serie de alegaciones que
plantearon en su día, y ya en último término, a la Administración central.
«Desde Costas nos dijeron que si había algún cambio que afectara a alguna de
las cuestiones que planteábamos, que se nos notificaría, pero seguimos
esperando», indicó César Fernández.
Así pues, los únicos cambios que en principio beneficiarían a los afectados por
la ley de Costas en el entorno de Zeluán son los referidos a la duración de la
concesión para mantener las construcciones ubicadas en las zonas de protección
del litoral. Sin embargo, la asociación mantiene que deberían incluirse en el
ámbito del núcleo rural, para el que reclaman el mismo tratamiento en la
normativa que reciben los de carácter urbano.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/05/16/vilaboa-aspirapxom-
pueda-salvar-viviendas-nueva-ley-costas/0003_201305P16C5991.htm
LA VOZ DE PONTEVEDRA
Vilaboa aspira a que el PXOM pueda salvar más viviendas con la
nueva Ley de
MARCOS GAGO
pontevedra / la voz 16 de mayo de 2013 05:00
Con un objetivo de máximos, el Concello de Vilaboa aspira a que el PXOM
pueda servir para dar cabida al mayor número de viviendas en la franja de
protección de Costas. El alcalde, el socialista José Luis Poceiro, mantuvo una
larga reunión de trabajo con el equipo redactor del plan para analizar las
consecuencias de la modificación de la ley estatal. El regidor mantendrá una
entrevista con los responsables de Urbanismo de la Xunta el próximo 30 en
Santiago para resolver una de las dudas más importantes para la tramitación de
este documento.
Poceiro quiere saber si debe tramitar el reconocimiento y delimitación de cada
núcleo del litoral a través de una separata o si puede aprovechar la redacción
del PXOM para hacerlo todo en un único trámite administrativo. Para el
regidor, la segunda opción, de ser legal, es la más rápida, porque de otra forma,
el proceso podría dilatarse hasta dos años.
Faltan informes sectoriales
El regidor también quiere que la Xunta le aclare los criterios del grado de
consolidación al 50 % de cada núcleo, que es el porcentaje que le fija la ley
reformada. Precisamente por esta razón, el alcalde desconoce cuántos núcleos
podrían acabar figurando en el Plan de Urbanismo, porque ahora se ha
rebajado la consolidación de los dos tercios a la mitad, un porcentaje que
permitiría regularizar un número notable de viviendas.
No obstante, este grado de consolidación es superior al que los vilaboenses
querían de solo un tercio, lo que hubiese salvado la totalidad de las viviendas
afectadas en el litoral. «Es un trabajo que el equipo redactor va a tener
finalizado en estos doce días que faltan para la reunión en Santiago», señaló.
Asimismo, el Ayuntamiento también ha pedido una reunión con el servicio de
Costas.
Por último, Poceiro indicó que para poder avanzar en los otros frentes abiertos
del plan es necesario que se reciban todos los informes sectoriales preceptivos y
muchos de los importantes se esperan en los próximos días. Se trata de Defensa,
Carreteras del Estado, Diputación, Augas, Patrimonio y los concellos de Marín,
Moaña y Soutomaior.
http://lavozdetenerife.com/not/38453/si_se_puede_exige_al_pp_que_cumpla_su
_compromiso_de_reducir_la_servidumbre_en_el_litoral_de_anaga/
LA VOZ DE TENERIFE
POLÍTICA
Sí se puede exige al PP que cumpla su compromiso de reducir la servidumbre
en el litoral de Anaga
Comunicado
El diputado y concejal Pablo Matos se comprometió a incluir en la Ley de
Costas la reducción a 20 metros propuesta por Arcila en el pleno
El Comité Local de Sí se puede en Santa Cruz de Tenerife ha exigido hoy al
Partido Popular que cumpla su compromiso de incluir en la Ley de Costas,
aprobada en días pasados por el Congreso de los Diputados, la reducción a 20
metros de la servidumbre costera en el litoral de Anaga, tal y como ese partido
le manifestó al alcalde de la capital, José Manuel Bermúdez, en una reunión
celebrada antes de que la norma fuera sancionada.
Este compromiso fue manifestado expresamente por el diputado nacional del
PP Pablo Matos –tam¬bién concejal en Santa Cruz– después de que el pleno
municipal aprobara por unanimidad en noviembre del año pasado una moción
de Sí se puede en la que se proponía la modificación de una disposición
transitoria de la ley de tal manera que se reconociera que el ancho de la
servidumbre de protección de los asentamientos rurales de Anaga fuera de 20
de metros, tal y como han demandado los vecinos de esta zona del municipio
desde hace varias décadas.
Una vez aprobada la moción, el alcalde convocó a los diputados y senadores
canarios a fin de exponerles el problema. En esa reunión, Matos se
comprometió a que la ley que se elaboraba contemplaría esta especificidad de
los núcleos del macizo. Ahora, la organización ecosocialista le reclama al PP que
cumpla su promesa y entregue el plano que acredite que la Demarcación de
Costas de Tenerife ha procedido a reducir de manera inmediata esa
servidumbre de protección.
En caso de que no pueda reconocerse esta reducción, Sí se puede exige que el
partido del Gobierno se comprometa a cambiar de manera inmediata la
legislación de costas en el sentido indicado en la moción aprobada en Santa
Cruz, es decir, reconociendo expresamente esta reducción en los asentamientos
rurales.
Fuera de ordenación
La moción presentada en noviembre fue consecuencia de la preocupación de Sí
se puede por el hecho de que el proyecto de ley no incluyera la protección para
esta parte del municipio. En la propuesta, defendida por el concejal Pedro
Fernández Arcila, se solicitaba equiparar los asentamientos rurales a los suelos
urbanos existentes antes de 1988, de tal manera que no se les aplicara la
servidumbre de protección de cien metros.
De esta forma se pretendía resolver la situación en la que se encuentran los
pueblos de Igueste, Tachero, Almáciga y Roque de Las Bodegas tras los injustos
pronunciamientos judiciales que han supuesto que más de 200 viviendas se
encuentren en una situación de fuera de ordenación. Esta situación se agrava
por la imposibilidad, en varios de estos pueblos, de contemplar suelo
residencial para atender el crecimiento demográfico natural debido
fundamentalmente a las limita-ciones de uso residencial que impone esta
servidumbre.
http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20130515/cadiz/nueva-costas-ampliaconcesion-
20130515.html
LA VOZ DIGITAL
CÁDIZ
La nueva Ley de Costas amplía la concesión a los chiringuitos
El subdelegado del Gobierno muestra los efectos positivos de la norma y
destaca que actúa sobre 7.500 hectáreas de salinas y cultivos marinos
15.05.13 – 00:21 –
Primer balance sobre los efectos en la provincia de la nueva Ley de Costas. El
subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, destacó ayer lo «realmente
beneficiosa» que van a resultar las novedades de la norma para la provincia
gaditana, donde va a afectar a 7.500 hectáreas de salinas y cultivos marinos, 137
viviendas, 45 bares, 20 industrias y cinco hoteles, entre otras cuestiones.
En rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el jefe de la Demarcación
de Costas Andalucía-Atlántico, Patricio Poullet, el subdelegado reiteró que las
novedades introducidas en la citada ley persiguen la protección del medio
ambiente litoral, de los propietarios de viviendas y otros bienes y garantizar la
seguridad jurídica para aquellas actividades económicas que sean sostenibles.
De Torre dejó claro que esta ley «no modifica el dominio público marítimo
terrestre, sino los derechos concesionales» de quienes tuvieran propiedades,
negocios hosteleros o industrias con anterioridad a 1988 -tenían, conforme a la
legislación anterior, una concesión de 30 años que concluía en 2018,
conllevando en algunos casos a la demolición-, ya que la nueva ley otorga una
prórroga de 75 años si se cumple una serie de requisitos ambientales.
Así, según las cifras facilitadas por De Torre, se verán afectadas 7.500 hectáreas
de salinas e instalaciones de acuicultura. Alude a la existencia de salinas
«abandonadas» en dicho espacio (34 en Puerto Real, siete en Chiclana y cinco en
San Fernando), que «podrán ser revitalizadas si cumplen los requisitos» de
titularidad y en explotación con anterioridad a 1988.
Por tanto, «es posible que se pueda generar más actividad económica como
consecuencia de esta normativa», señaló el subdelegado, que detalló que la
actividad salinera genera actualmente en la provincia gaditana 1.950 empleos.
La prórroga concesional a 75 años anteriormente citada afecta a 137 viviendas y
unas 700 personas, así como a cinco hoteles de Rota, Barbate, Tarifa, San Roque
y La Línea. En cuanto a cultivos marinos distintos a salinas, señaló la afección a
29 en Puerto Real, 24 en San Fernando y a 30 en Chiclana; a cinco industrias en
Conil, cuatro en Cádiz o tres de Barbate. No son industrias productivas, sino
estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), molinos de marea y
similares.
En lo que respecta a chiringuitos, restaurantes y otras instalaciones de este tipo,
alude a unas 170 en todo el litoral gaditano. Con la nueva normativa van a
poder ampliar las autorizaciones de uno a cuatro años, contribuyendo a la
«estabilidad de la inversión que tienen que hacer estas personas».
De Torre enfatizó la actividad y facturación que se hace en restaurantes y
chiringuitos gaditanos «ronda los 54 millones de euros», lo que da muestras de
su «importancia económica» y en términos de empleo.
Por otro lado, preguntado por si la nueva normativa puede influir en la
tramitación del proyecto de Las Aletas, De Torre dijo que «no tiene nada que
ver», ya que «el dominio público marítimo terrestre en el supuesto de Las
Aletas sigue calificándose igual y está sujeto a la misma normativa y sin ningún
tipo de modificación».
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/05/16/xunta-concelloavanzan-
rebaja-proteccion-nucleos-litoral/811211.html
DIARIO FARO DE VIGO
MARÍN
Xunta y Concello avanzan en la rebaja de la protección de los
núcleos del litoral
Se refiere a los asentamientos de Teoira y Casás, así como parte de
Aguete y de Loira
F.M. 16.05.2013 | 07:37
María Ramallo y Manuel Santos, durante la reunión. // FdV
La alcaldesa de Marín, María Ramallo, confirmó que el equipo redactor del
PGOM tiene “muy avanzada” la redacción de un nuevo documento de
delimitación de los núcleos pendientes en la ordenación del litoral, según lo
establecido por la disposición transitoria primera de la nueva Ley de Costas,
aprobada en el Congreso el pasado día 7.
El ayuntamiento de Marín pretende avanzar en el documento al máximo, con el
fin de que una vez entre en vigor a nueva Ley de Costas, y que estará vigente
un día después de su publicación en el BOE, sea solicitado el informe de Costas
dentro del plazo de tres meses, que deberá emitirse en los siguientes 18 meses.
Costas ha emitido informe favorable a la ordenación de los núcleos del litoral
de Marín, donde ya se ha reconocido los cinco asentamientos afectados en este
municipio. Aceptó además la rebaja de la servidumbre de protección de cien a
veinte metros de la costa en Mogor y parte de Aguete y Loira. Queda pendiente
ahora reducir la servidumbre en otros dos, Teoira y Casás, así como la mitad de
Aguete y Loira.
Así lo confirmó la secretaria xeral de Ordenación do Territorio, Encarnación
Rivas, a la alcaldesa de Marín, a quien recibió ayer acompañada de los
concejales de Urbanismo y Medio Ambiente, Manuel Santos y Marián
Sanmartín. El encuentro tenía como objetivo avanzar en la aplicación de la ley
de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de
Costas.
El encuentro sirvió para consensuar los criterios de la nueva Ley y acordar la
tramitación de la propuesta que debe aportar el ayuntamiento a la Xunta para
solicitar, ante la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar,
dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
con la reducción de la servidumbre de protección, en parte de los núcleos
costeros que ya fueron delimitados en el PGOM. Rivas Díaz recordó que el
reconocimiento de los núcleos costeros de Marín, unido a la aprobación del
PGOM conseguida el 27 de junio de 2012, son dos cuestiones fundamentales
para el municipio. Y señaló que dado que el PGOM ya está en vigor, es
necesario resolver ahora la rebaja de la servidumbre de protección en los
núcleos del litoral, a través de la nueva Ley de Costas.
La provincia de Pontevedra es la segunda de Galicia con núcleos delimitados
por la servidumbre de protección. Tiene un total de 22 ayuntamientos que
aportan un total de 122 núcleos delimitados. leer más...

2013 05 15 Noticias costas del despatcho de Ortega

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=300741
CANARIAS SIETE
14/05/2013 Actualizada el 14/05 a las 13:40
Canarias llevará al Tribunal Constitucional la reforma de la Ley
de Costas
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno
de Canarias, Domingo Berriel, ha asegurado este martes que la nueva Ley de
Costas “nació con grandes vicios de inconstitucionalidad” y ha anunciado que el
Ejecutivo canario trabaja en la elaboración de un recurso que presentará en el
Tribunal Constitucional.
Domingo Berriel ha señalado en una rueda de prensa que la modificación de la
Ley de Costas vulnera el principio de igualdad de los ciudadanos, el principio
de irretroactividad de las leyes y las competencias autonómicas y municipales.
El consejero ha comentado que la reforma de la ley no permite regularizar
núcleos tradicionales canarios “con valor etnográfico” y sí se excluyen “a la carta
doce núcleos concretos en el litoral mediterráneo y en Galicia”.
Ha agregado que la nueva legislación “discrimina” a las viviendas de familias
humildes frente al lujo, por lo que, ha indicado, “vulnera el principio de
igualdad de los ciudadanos”.
Domingo Berriel ha añadido que la reforma de la Ley paraliza la sentencia de
demolición de una depuradora de aguas residuales, por razones de interés
general, permitiendo que continúe su actividad hasta que las circunstancias
económicas permitan su reubicación.
Sin embargo, ha lamentado, no paraliza las sentencias de demolición “de las
viviendas de primera necesidad social hasta que las familias puedan ser
reubicadas”.
El consejero canario ha comentado que la modificación de la Ley de Costas
vulnera el principio de irretroactividad de las leyes porque “obliga a solicitar
informe y justificar de nuevo ante el Ministerio la clasificación de núcleos
urbanos ya incluidos en el planeamiento.
Berriel ha resaltado que la Ley “empeora las condiciones” de la legislación de
1988, en lugar de mejorarlas, y “lleva la incertidumbre a numerosos ciudadanos
que ya tenían sus casas regularizadas”.
El consejero regional responsable de la ordenación del territorio ha indicado
que la modificación de la Ley de Costas aprobada en el Congreso de los
Diputados “vulnera las competencias autonómicas y municipales”.
Ha explicado que “existe jurisprudencia del Constitucional, que ya frenó el
intento del Estado de querer ordenar la zona de servidumbre y playas, en la ley
de 1988, y estableció que se trata de competencias autonómicas”.
“Ahora, en vez de clarificar el marco competencial, vuelven a intentar regular
esa materia, inmiscuyéndose en competencias de otras administraciones,
cuando la Ley debería hacer todo lo contrario”, ha considerado Berriel.
El consejero ha resaltado que la Ley otorga a los delegados de gobierno, “como
se hacía en la época de Franco”, la posibilidad de suspender la iniciación de las
obras amparadas en licencias urbanísticas.
Domingo Berriel ha señalado que la modificación de la Ley “empeora la
situación jurídica de los núcleos costeros canarios” y ha asegurado que la
reforma nació “viciada desde su origen, impuesta sin diálogo y hecha desde el
interior para las costas, pretendiendo además suplantar competencias
autonómicas”. E
http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2013/05/15/moana-fija-reunionestecnicos-
concluir-pxom-suelo-xunta-dejo-suspenso/810652.html
DIARIO FARO DE VIGO
Moaña fija reuniones con sus técnicos
para concluir el PXOM con el suelo que la
Xunta dejó en suspenso
La reforma de la Ley de Costas también obliga a dar una calificación al
terreno que queda desafectado del deslinde ELa Dirección Xeral de
Urbanismo marcó unas directrices al Concello que debe plasmar en el texto
Redacción – Moaña 15.05.2013 | 10:13
Las sombras en negro marcan los suelos urbanizables que la Xunta dejó en
suspenso en la aprobación definitiva, aunque parcial, del PXOM, en julio de
2011.
El Concello de Moaña ha puesto el reloj a cero para la elaboración del texto
refundido del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) que permitirá la
aprobación definitiva de todo el documento, aprobado de forma parcial por la
Xunta en julio de 2011 y que dejó en suspenso ocho importantes suelos
urbanizables y otras pequeñas bolsas para edificar que no estaban debidamente
justificadas. La aprobación de la reforma de la Ley de Costas y el indulto a la
parte del casco urbano de Moaña comprendida entre la Casa del Mar y A
Xunqueira, se abre también un nuevo horizonte para la futura calificación de
estos terrenos que ahora quedan desafectados de la protección de costas.
La concejala de Urbanismo, Susana Varela, asegura que después de varios
meses de reuniones con los responsables y técnicos de Urbanismo de la Xunta
para marcar las directrices para seguir, ahora toca el turno de comenzar las
reuniones del equipo técnico de urbanismo del Concello con el que se acordó
mantener encuentros semanales para empezar a plasmar sobre los planos la
redacción definitiva del Plan con la adaptación también al Plan de ordenación
do Litoral (POL). El alcalde de Moaña, José Fervenza, reconoce que aunque con
cierto retraso, ya que se van a cumplir dos años desde la aprobación definitiva
parcial del documento, “se han conseguido cosas y lo importante es que lo que
se haga, se haga bien”. Fervenza considera que pese a la burbuja inmobiliaria
que paralizó las grandes urbanizaciones en el municipio, el momento “es muy
interesante para sacar el Plan adelante y vamos a intentar agilizar el trabajo con
los medios que tenemos”. Hasta la fecha asegura que el Plan ayudó a agilizar
licencias, aunque menores, de viviendas unifamiliares. Hay que recordar que el
gobierno local decidió concluir el Plan con el equipo municipal después de no
llegar a un acuerdo económico con la empresa redactora del PXOM, Arteplan,
que denunció al Concello para cobrar una deuda que el anterior gobierno no le
reconoció.
El texto refundido deberá de justificar esos suelos urbanizables que la Xunta
dejó en suspenso y atender una serie de consideraciones. De los 15 suelos
totales del PXOM, que suman 1.137.470 metros cuadrados, ocho quedaron en
2011 en suspenso, sumando 941.454 metros cuadrados, lo que supone el 82% del
suelo urbanizable. En la relación de esos suelos, denominados suelos urbanos
delimitados (SUR-D), que se desarrollan sin necesidad de plan parcial, está la
zona de industrial de Cruz da Maceira, con 435.528 metros cuadrados, que
también pende de un hilo ahora por la negativa de los comuneros de Moaña a
mantener el convenio de cesión de terrenos para su desarrollo; los más de
330.000 metros cuadrados del suelo de Albariños (Tirán), los ámbitos SUR-D-9 y
SUR-D-6, en el entorno del pazo del Rosal, en donde estaba proyectado un
geriátrico; o los suelos en el distrito de Domaio SUR-D-10, entre palmás y
Calvar, de 41.443 metros cuadrados; SUR-D-12, en Verdeal, de 23.886 y SUR-D-
13, en Ameixoada, de 32.061 metros cuadrados.
Uno de los grandes suelos pendientes de desarrollo es la finca del Real o de
Méndez Núñez, frente al puerto deportivo, propiedad de la inmobiliaria
ourensana Promociones San Bieito y que la crisis del ladrillo dejó parada. Este
desarrollo no quedó, sin embargo, en suspenso por la Xunta. Fervenza asegura
que, sin embargo, no ha vuelto a tener noticias de los promotores desde que en
octubre del año pasado presentaran una propuesta de plan especial con una
nueva ordenación de la finca fruto de las negociaciones iniciadas con
Patrimonio de la Xunta que le exigió disgregar las edificaciones y eliminar la
zona comercial. En la propuesta incluía la construcción de 100 viviendas -80 de
promoción privada y 20 públicas- en cinco bloques de pisos.
http://www.diariovasco.com/agencias/20130514/masactualidad/
politica/congreso-remite-audiencia-informessobre_
201305141135.html
DIARIO VASCO
El Congreso remite a la Audiencia dos informes sobre la
acción de Greenpeace
Agencia EFE
Madrid, 14 may (EFE).- El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha remitido
hoy al juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez sendos informes –
uno jurídico y otro de la Comisaría de la Cámara- sobre el incidente
protagonizado el pasado jueves por ocho activistas de Greenpeace que
escalaron la fachada del Palacio.
Preguntado por los periodistas antes de participar en la reunión de la Junta de
Portavoces del Congreso, Posada no ha querido adelantar el contenido de
ambos informes, elaborados a petición del magistrado.
El pasado viernes, Gómez Bermúdez se dirigió a la Presidencia del Congreso
para que le informara de si consideraba que la acción de Greenpeace alteró el
orden de la Cámara.
“Le he contestado esta mañana, me van a permitir que no diga el contenido del
informe porque es el magistrado el primero que debe saberlo”, ha afirmado
Posada.
El pasado jueves Gómez Bermúdez dictó la obligación de comparecer
mensualmente en la Audiencia Nacional para los activistas de Greenpeace que
protagonizaron la protesta contra la reforma de la Ley de Costas que se debatía
a esa hora en el Congreso, escalando por su fachada hasta el tejado para
desplegar una pancarta.
Los activistas se dividieron en dos grupos y mientras varios pretendían escalar
los andamios que cubren la fachada trasera del Congreso, que está en obras, tres
accedieron al tejado por los andamios de la fachada principal, donde uno
intentó desplegar una pancarta con el lema “El PP vende nuestra costa”.
Poco después de producirse el incidente, Posada reconoció que se había
producido un “fallo de seguridad” en la Cámara y avanzó que la Comisaría de
la Policía Nacional del Congreso, que depende orgánicamente de la Presidencia
de la Cámara, abriría una investigación para esclarecer los hechos y evitar que
se volvieran a repetir. EFE
http://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2013/05/15/ley-costas-legalizarapuertos-
suevos-sorrizo-casas-barranan/722283.html
ARTEIXO
La Ley de Costas legalizará los puertos de Suevos y
Sorrizo y casas en Barrañán
15.05.2013 | 02:18
ARTEIXO La aprobación de la Ley de Costas permitirá legalizar varias
construcciones en Barrañán, el puerto de Suevos y el portiño de Sorrizo. Así lo
asegura el Concello, que avanza que en los próximos meses solicitará la
regularización de estos tres núcleos históricos. “Se pedirá la delimitación de los
núcleos afectados”, apunta, al tiempo que explica que las viviendas que se
encuentren al margen de estas zonas “quedarán en el limbo”.
El Concello pretende acogerse a esta reforma legislativa, que brinda la
posibilidad de legalizar a las viviendas construidas en la zona del litoral,
siempre que no se levantasen después de 1988 y no pese sobre ellas un
expediente de derribo, para regularizar construcciones en el puerto de Suevos,
en el portiño de Sorrizo y en el entorno de la ría de Barrañán, que acoge varias
viviendas y algunos establecimientos hosteleros. “La intención es consolidar
estos núcleos”, explica el Gobierno local. La fórmula que permitirá legalizar en
Galicia, según la Xunta, cerca de 8.000 viviendas ha sido rebajar de 100 a 20
metros la franja de protección costera en algunas zonas, para permitir así la
regularización de núcleos marineros como Suevos, Sorrizo o Barrañán.
http://www.efeagro.com/multimedia/la-nueva-ley-de-costas-completa-sutramitacion-
parlamentaria/1-2038425.html
EFE AGRO
EL GOBIERNO DEFIENDE QUE EVITARÁ CASOS
COMO EL DEL ALGARROBICO
La nueva Ley de Costas completa su tramitación parlamentaria
La Ley de Costas ha culminado su tramitación parlamentaria, que el PP
defiende como una “protección” para el litoral, que evitará incluso casos como el
del hotel Algarrobico, mientras buena parte de la oposición, y numerosas ONG
en la calle, la tildan de “amnistía” y de un paso mas para “privatizar” la costa
española.
EFE – Madrid, 14 mayo 2013 | 16:56h.
El Congreso aprobó el jueves hacia las cuatro de la tarde definitivamente la
reforma de la Ley de Costas de 1988 con los votos del Grupo Popular, la
abstención de CIU y el voto en contra del resto de la oposición a la mayoría de
las enmiendas, con alguna salvedad como la de ERC que ha apoyado una sobre
el cambio climático.
La aprobación de la nueva norma sobre el litoral español se produjo en una
jornada en la que un grupo de activistas de Greenpeace se encaramaron al
tejado del Congreso y han desplegado una pancarta que decía: “El PP vende
nuestra costa”.
La nueva norma, según ha defendido el ministro de Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete, garantiza la conservación del litoral, “y no lo privatiza”, al tiempo
que salva de la demolición a más de 1.200 industrias y 25.000 viviendas
ubicadas antes de 1988 en el litoral, al contar ahora con una nueva concesión de
75 años.
La reforma no permitirá ninguna nueva construcción en la zona del litoral
protegida y además establece instrumentos “para evitar las barbaridades
urbanísticas” como la del Hotel de El Algarrobico, ha explicado el ministro a los
medios de comunicación tras asistir al debate dentro del hemiciclo.
Postura de la oposición La privatización del litoral y el anuncio de desmanes
urbanísticos eran los argumentos más esgrimidos por la oposición.
Izquierda Plural pidió incluso el apoyo de otros grupos para poder presentar
un recurso contra la ley ante el Tribunal Constitucional.
Olaya Fernández Dávila (BNG) acusó al Gobierno de aprovechar la reforma
para “primar la desprotección de la costa” y Teresa Jordá (ERC) consideró que
supone una “escandalosa privatización” del bien público; argumento con el que
ha coincidido también Xabier Errekondo, de Amaiur.
Laia Ortiz (Izquierda Plural) manifestó que la reforma empeora la anterior por
la ampliación de las concesiones, y por la reducción de las zonas de
servidumbre, de 100 a 20 metros en determinados núcleos.
También Jose Luis Ábalos (GS) destacó que se trata de una reforma que da
respuesta a los intereses económicos y seguridad jurídica a los negocios, lo que
demuestra que para el Gobierno del PP “la costa solo es un espacio económico”,
mientras que Toni Cantó (UPyD) esgrimió que incide en el ladrillo y favorece
los abusos.
Entre los grupos nacionalistas, tanto Joseba Aguirretxea (PNV) como Ana
Oramas (CC) afirmaron sentirse defraudados porque el PP no les ha admitido
varias enmiendas para salvar determinadas propiedades o poblados.
Finalmente el diputado de CIU, Martí Barbera argumentó su abstención en el
hecho de que se invaden competencias, pero agradeció que se haya recogido la
singularidad de urbanizaciones no terrestres como la de Empuria Brava.
A los que se opusieron frontalmente a la reforma, Teresa Lara (PP) les
respondió que sus afirmaciones sobre privatización, trato privilegiado o
atentado ecológico “avergüenzan por su demagogia y falsedad y demuestran
un desconocimiento inadmisible”.
Tanto el PP como el Gobierno han insistido en explicar que el nuevo texto
afronta los problemas que no pudo solucionar el anterior, y que prohíbe
expresamente la construcción en dominio público y en la zona adyacente de
servidumbre de protección, así como cualquier incremento de lo ya edificado.
NovedadesOtra novedad, según los defensores de la Ley, es la distinción entre
playas urbanas y playas naturales, incrementando la protección de estas
últimas.
También se evita, afirman, que se pueda adquirir de buena fe un inmueble en la
costa y descubrir después que, en realidad, no se es propietario porque el bien
está afectado por el deslinde del dominio público.
Para ello se prevé la inscripción obligatoria de los bienes en el Registro de la
Propiedad.
Además serán amnistiadas un total de doce barriadas históricas situadas, entre
otras, en Girona (Empuriabrava, Platja de Aro), Huelva (Ría Punta Umbría),
Alicante (Rocafel, Puerto de Santa Pola), Valencia (Oliva), Málaga (El Palo y
Pedregalejo), Castellón (Xilxes) y Pontevedra (Moaña).
Formentera tendrá un deslinde especial por su configuración geológica, y se
excluye también del dominio público marítimo terrestre las dunas artificiales y
las muertas, y también se exime a las salinas.
Las principales organizaciones ecologistas españolas han condenado
unánimemente la reforma de la Ley de Costas por considerarla un retroceso en
la protección medioambiental del litoral y la llave para abrir la puerta a un
proceso claro de privatización de las costas.
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/78534/hemos-leido-nueva-Ley-Costas
ECOTICIAS
No nos hemos leído la nueva Ley de Costas
No hace falta insistir que sí nos hemos leído la Ley junto
a los cuatro abogados y abogadas que nos han ayudado
durante todo este proceso que ha durado año y medio.
ENVIADO POR: ECOTICIAS.COM / RED / AGENCIAS, 14/05/2013, 12:40 H
El viernes decía el Ministro que “veía a Greenpeace en la ignorancia o la mala
fe”sobre la Ley de Costas Y apostillaba que incluso no nos habíamos leído la
ley porque “es una ley que no permite nuevas construcciones”.
No hace falta insistir que sí nos hemos leído la Ley junto a los cuatro abogados
y abogadas que nos han ayudado durante todo este proceso que ha durado año
y medio. Y que nuestra mala fé no es otra que la defensa a ultranza del medio
ambiente.
Quizás el Ministro piensa que tampoco se han debido leer la nueva Ley de
Costas ni el Colegio Oficial de Geógrafos ni de Geólogos, expertos nada
ignorantes de la situación científica y la falta de criterios de la nueva norma.
Tampoco se la ha debido leer este catedrático de Derecho, que ve innecesaria la
cláusula anti-algarrobicos, o estos expertos en Derecho que vaticinan una
marea de litigios en la costa o este catedrátrico en Ingeniería Hidráulica que
habla de la falta de critérios científicos en la nueva Ley
Y mucho menos UGT que critica que la Ley deteriorará el litoral y el turismo
cántabro a medio y largo plazo
O la Junta de Andalucía o el Gobierno de las Islas Canarias que están
estudiando recurrir la Ley por inconstitucional. O el gobierno del Principado de
Asturias que ha tildado la nueva Ley de Costas como “arma de destrucción
masiva” O todos los partidos de la oposición del Congreso de los Diputados
que votaron en contra de la Ley, excepto CiU quizás contento por la amnistía a
las ciudades navegables de Cataluña.
Sin embargo, sí se han debido leer la nueva Ley los directivos de ENCE o
los del hotel Oliva Beach que se han apresurado a celebrar la nueva de Ley de
Costas.
Debe haber una falta de lectura importante en los sectores de la sociedad
descritos arriba y mala fe, no sólo en la de Greenpeace.
http://www.europapress.es/galicia/noticia-oposicion-pide-salida-ence-antes-
2018-pp-le-recrimina-obsesion-20130514212807.html
EUROPA PRESS
La oposición pide la salida de ENCE antes de 2018 y el PP
le recrimina esta “obsesión”
Los populares defienden que la ley de costas da
“seguridad jurídica” a muchas otras empresas en el litoral
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 May. (EUROPA PRESS) –
La recientemente aprobada Ley de Costas ha sido objeto de debate en el
hemiciclo gallego por la polémica derivada de la posibilidad de ampliar las
concesiones de industrias en terreno marítimo-terrestre 75 años más y, en
concreto, por la problemática de ENCE en los terrenos de Lourizán, en
Pontevedra.
Así, aprovechando una moción de los socialistas, los tres grupos de la
oposición han demandado iniciar las actuaciones precisas para la salida de
ENCE antes de 2018, un punto que ha sido votado por separado del resto de la
iniciativa y que ha contado con el voto en contra de los populares.
De hecho, el portavoz del PP en el debate, Román Rodríguez, consideró que
para los grupos de la oposición es una “obsesión” ENCE, y ha reiterado que “no
va haber ninguna renovación automática”.
Además, ha defendido que la nueva Ley de Costas da “seguridad jurídica” a
las empresas asentadas en el litoral, y puso el ejemplo de Garabilla o
Frigoríficos do Morrazo o Foretal del Atlántico.
“¿Estamos privilegiando, vendiendo la costa a estas industrias?”, se ha
preguntado Román Rodríguez, quien también ha lanzado la cuestión a la
oposición de si “les parece bien dejarlas caer”.
“No. Estamos dándole seguridad jurídica a unas industrias que generan un
porcentaje muy significativo de nuestro PIB y están generando muchísimos
puestos de trabajo”, ha contestado el diputado popular, quien ha sentenciado
que “un gobierno responsable no puede tirar por la borda estas empresas”.
“Sería una irresponsabilidad”, ha sentenciado.
LA XUNTA, SIN COMPETENCIAS
Sin embargo, el autor de la iniciativa, Xosé Sánchez Bugallo, que presentó la
iniciativa con intención de pronunciarse antes de que la normativa estatal
estuviese aprobada, criticó que la ley consolida industrias en dominio público
terrestre “dejando la posibilidad de prorrogar 75 años más” a ENCE en la ría sin
que la Xunta tenga ahora “competencias” para poder evitarlo.
Bugallo, que pretendía con esta iniciativa volver a modificar la Ley de Costas –
-recientemente aprobada–, para no dejar fuera de la legalidad urbanística los
núcleos tradicionales gallegos que no están dentro de la amnistía que sí tienen
otros del Mediterráneo, ha advertido al Gobierno que “acaba de perder una
competencia fundamental” para poder decidir sobre este tipo de industrias.
Por su parte, la diputada nacionalista Ana Pontón, cuya enmienda sirvió para
incorporar la cuestión de ENCE, ha acusado a los populares de “priorizar los
intereses privados frente a los públicos” y les ha recriminado que “apuesten por
consolidar industrias contaminantes como ENCE en la ría de Pontevedra”.
Asimismo, se refirió a las recientes declaraciones del presidente de la
Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, en las que se manifestó favorable a
que la pastera permanezca después de 2018. “Van a consolidar un modelo
perverso en el litoral gallego”.
Antón Sánchez, de Alternativa Galega de Esquerda, ha concluido que,
primero, ENCE recibió “los favores del franquismo” para instalarse en Lourizán.
“Y ahora le soluciona la papeleta el PP”, ha lamentado el parlamentario de AGE,
quien ha argumentado que la ley incluía en un principio que el informe de la
Xunta debería ser favorable, pero una corrección en el trámite en Cortes supuso
eliminar esta condición para únicamente tener que ser preceptivo.
MOCIONES RECHAZADAS
Además de se rechazada esta moción, tampoco prosperaron las mociones
presentadas por AGE, sobre el sistema de prevención de incendios forestales, y
por el BNG, que pretendía que se convocase una reunión con todas las partes
afectadas en Alimentos Lácteos y la presentación del plan de la empresa.
Sobre este asunto, la diputada del PPdeG Isabel García Pacín ha asegurado el
compromiso de la Xunta con esta factoría, pero la diputada nacionalista Tereixa
Paz ha acusado al Gobierno gallego de no haber velado por los seis millones de
ayudas públicas concedidas y de “jugar con el futuro de los ganaderos”.
http://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-ley-costas-afecta-
7500-hectareas-salinas-cultivos-137-viviendas-45-bares-20-industrias-hoteles-
20130514171542.html
EUROPA PRESS
“NADA QUE VER CON LAS ALETAS”
Ley de Costas afecta a 7.500 hectáreas de salinas y cultivos, 137 viviendas, 45
bares, 20 industrias y 5 hoteles
CÁDIZ, 14 May. (EUROPA PRESS) –
El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, ha destacado lo
“realmente beneficiosa” que van a resultar las novedades de la Ley de Costas
para la provincia gaditana, donde va a afectar a 7.500 hectáreas de salinas y
cultivos marinos, 137 viviendas, 45 bares, 20 industrias y cinco hoteles, entre
otras cuestiones.
En rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el jefe de la
Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico, Patricio Poullet, De Torre ha
reiterado que las novedades introducidas en la citada ley persiguen la
protección del medio ambiente litoral, de los propietarios de viviendas y otros
bienes y garantizar la seguridad jurídica para aquellas actividades económicas
que sean sostenibles.
Han dejado claro que esta ley “no modifica el dominio público marítimo
terrestre, sino los derechos concesionales” de quienes tuvieran propiedades,
negocios hosteleros o industrias con anterioridad a 1988 –tenían, conforme a la
legislación anterior, una concesión de 30 años que concluía en 2018,
conllevando en algunos casos a la demolición–, ya que la nueva ley otorga una
prórroga de 75 años si se cumple una serie de requisitos ambientales.
Así, según las cifras facilitadas por De Torre, se van a ver afectadas 7.500
hectáreas de salinas e instalaciones de acuicultura. Alude a la existencia de
salinas “abandonadas” en dicho espacio –34 en Puerto Real, siete en Chiclana y
cinco en San Fernando, según ha concretado–, que “podrán ser revitalizadas si
cumplen los requisitos” de titularidad y en explotación con anterioridad a 1988.
Por tanto, “es posible que se pueda generar más actividad económica como
consecuencia de esta normativa”, señala el subdelegado, que detalla que la
actividad salinera genera actualmente en la provincia gaditana 1.950 empleos.
La prórroga concesional a 75 años anteriormente citada afecta a 137 viviendas
y unas 700 personas, así como a cinco hoteles de Rota, Barbate, Tarifa, San
Roque y La Línea. En cuanto a cultivos marinos distintos a salinas, destaca la
afección a 29 en Puerto Real, 24 en San Fernando y a 30 en Chiclana; a cinco
industrias en Conil, cuatro en Cádiz o tres de Barbate –no son industrias
productivas, sino estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), molinos
de marea y similares–.
En lo que respecta a chiringuitos, restaurantes y otras instalaciones de este
tipo, alude a unas 170 en todo el litoral gaditano. Con la nueva normativa van a
poder ampliar las autorizaciones de uno a cuatro años, contribuyendo a la
“estabilidad de la inversión que tienen que hacer estas personas”.
De Torre ha enfatizado la actividad y facturación que se hace en restaurantes
y chiringuitos gaditanos “ronda los 54 millones de euros”, lo que da muestras de
su “importancia económica” y en términos de empleo.
Por otro lado, preguntado por si la nueva normativa puede influir en la
tramitación del proyecto de Las Aletas, De Torre ha dicho que “no tiene nada
que ver”, ya que “el dominio público marítimo terrestre en el supuesto de Las
Aletas sigue calificándose igual y está sujeto a la misma normativa y sin ningún
tipo de modificación”.
Cabe recordar que el senador, presidente provincial del PP de Cádiz y
ponente de la Ley de Costas, Antonio Sanz, manifestaba recientemente que la
nueva normativa podría suponer una “oportunidad” para dar el “impulso
definitivo” al proyecto de Las Aletas.
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-ugt-critica-nueva-ley-costasdeteriorara-
litoral-turismo-cantabro-medio-largo-plazo-20130510142930.html
EUROPA PRESS
UGT critica que la nueva Ley de Costas “deteriorará” el
litoral y el turismo cántabro a medio y largo plazo
El sindicato cree que “se abre la veda” para la
privatización de concesiones públicas afectadas
SANTANDER, 15 May. (EUROPA PRESS) –
La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT ha
manifestado su rechazo a la reciente reforma de la Ley de Costas, porque en su
opinión “terminará por deteriorar el litoral español y cántabro, lo que será una
serie amenaza para su industria turística a medio y largo plazo, por mucho que
se diga que a corto plazo implicará ventajas económicas”.
En un comunicado, la federación de UGT vinculada a los sectores laborales
del turismo regional, en los que es sindicato mayoritario en la región, critica que
la reforma de la Ley de Costas se asienta en “un pensamiento cortoplacista,
antiecológico y antisocial” con “una visión desarrollista que sólo servirá para
entregar muchos espacios libres con el respaldo legal a los promotores y
especuladores”.
“Es más, con esta normativa se ha abierto la veda para tolerar edificaciones, la
mayoría vinculadas a la hostelería, que hoy son públicas pero que están
destinadas a la privatización y a la especulación ya que dentro de seis años, en
2018, caducan muchas de las concesiones públicas y en consecuencia el
Gobierno de turno deberá gestionar el desalojo de cientos de propiedades”,
agrega.
En opinión de UGT, la aprobación de esta nueva normativa “es, desde todos
los puntos de vista, una mala noticia medioambiental y un retroceso en las
políticas a desarrollar en el llamado dominio público marítimo terrestre”.
http://www.europasur.es/article/comarca/1523378/casi/centenar/inmuebles/la/c
osta/tendra/una/amnistia/anos.html
EUROPA SUR
Casi un centenar de inmuebles de la costa
tendrá una amnistía de 75 años
De Torre explica en Algeciras los detalles de Ley de Costas El subdelegado
destaca que respeta el medio ambiente con protección legal y garantiza la
estabilidad económica
Y. G. T. ALGECIRAS | ACTUALIZADO 15.05.2013 – 01:00
La nueva Ley de Costas aprobada la pasada semana por el Gobierno
concede una prórroga de hasta 75 años a 97 inmuebles que se encuentran en
el litoral del Campo de Gibraltar y que corrían el riesgo de ser demolidos en
2018, al encontrarse en zona de servidumbre o de dominio publico-marítimo
terrestre. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre,
acompañado del responsable de la Demarcación de Costas Andalucía-
Atlántico, Patricio Poullet, desgranó ayer en Algeciras las novedades de
dicha ley.
Así, en esta situación se encuentran 50 viviendas, 48 en Algeciras y 2 en La
Línea. Tres camping: uno en La Línea, otro en Tarifa y uno más en San
Roque. En cuanto a actividades industriales, se incluye uno en Tarifa y otro
en Los Barrios. Se trata de explotaciones como EDAR o molinos, explicó el
subdelegado del Gobierno.
Respecto a los chiringuitos de playas, son un total de 34 en el Campo de
Gibraltar: 14 en Tarifa, 2 en Algeciras, 1 en Los Barrios, 8 en San Roque y 9
en La Línea. En todos ellos, se da una garantía legal de 75 años más.
Finalmente, respecto a los hoteles, son 8 algunos instalados en dominio
público-terrestre y otros en zona de servidumbre. De ellos, 4 están en Tarifa,
dos en San Roque, 1 en Algeciras y otro en La Línea. Javier de Torre indicó
que se trata de una gran noticia para la provincia de Cádiz, en la que se
garantizan 1.950 empleos relacionados con instalaciones de playas.
El subdelegado del Gobierno en la provincia añadió que la ley está basada
en tres grandes objetivos: la protección del medio ambiente, la protección de
los derechos de los antiguos propietarios y otros bienes -se trata de
construcciones anteriores a la ley de 1888- y protección jurídica. “La
normativa impide nuevas edificaciones. No se va a ladrillar la costa y todas
las construcciones que eran ilegales seguirán siendo ilegales”, añadió el
subdelegado, quien explicó que no se podrán ampliar ni en volumen, ni en
altura ni en superficie las construcciones actuales.
Además, añadió que las delegaciones del Gobierno en las distintas
provincias podrán suspender cualquier obra ilegal que se esté edificando en
zona de servidumbre o de dominio marítimo terrestre, lo que supone una
novedad en esta ley puesto que antes no se hacía.
Por otra parte, indicó que la normativa diferencia entre playas urbanas y
playas naturales. En éstas últimas contarán con mayor protección y De Torre
adelantó que un próximo Real Decreto lo explicará mejor.
En cuanto a las urbanas, apuntó que se podrán realizar diferentes
actividades realizando una evaluación ambiental que deberán presentar los
ayuntamientos para contar con los permisos. De Torre puso como ejemplo,
las carreras de caballo de Sanlúcar o las barbacoas del Carranza, que hasta
ahora se realizaban sin estar reguladas. “Estaban al capricho de quien lo
autorizase, ahora hay una regularización medioambiental que antes no
existía y que no se regulaba”, reiteró.
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/05/14/conde-habla-nuevoescenario-
ence-ley-costas-recuerda-concesion-caduca-2018/809890.html
FARO DE VIGO
Conde habla de ´nuevo escenario´ para Ence con la ley de
Costas pero recuerda que su concesión caduca en 2018
El conselleiro de Industria no concretó cuando comenzarán los contactos con
el grupo pastero para abordar su futuro
Redacción – Pontevedra 14.05.2013 | 07:35
Las declaraciones del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en las que
anunciaba que estudiará las ofertas de Ence antes de emitir un informe
favorable o desfavorable a su continuidad en la ría de Pontevedra más allá de
2018, confirmaban el giro dado por el Partido Popular en las últimas semanas
sobre la continuidad de la pastera en Lourizán.
Ayer, las palabras del conselleiro de Industria de la Xunta, Francisco Conde,
apuntaban en la misma dirección que las del presidente. Conde insistía en
recordar que la concesión de la pastera para desarrollar su actividad en la actual
ubicación caduca en 2018, pero reconocía que la nueva ley de Costas aprobada
la semana pasada “abre nuevos escenarios” para Ence.
El conselleiro explicó que el grupo que preside Juan Luis Arregui “conoce
perfectamente” esta fecha de caducidad por lo que “entiendo que tienen
prevista esta coyuntura”, es decir la de una posible no renovación de la
concesión o un traslado. Hacía estas declaraciones preguntado por la necesidad
apremiante de tomar una decisión, puesto que la pastera necesita de tres a
cuatro años para “mudarse”. “Eso tendrá que estar en la agenda de Ence, porque
Ence conoce la fecha de caducidad”, reiteró.
No obstante, insistió en que la ley de Costas abre este “nuevo escenario, pero
siempre con el punto de partida que no es otro que la fecha de caducidad de la
concesión, que es 2018”, agregó Conde.
El conselleiro tampoco concretó cuando se realizarán las aproximaciones con la
empresa para abordar su futuro. Esta posible ronda de contactos con el grupo
pastero deberá concretarse y desarrollarse más adelante y siempre con el marco
de que la concesión para la utilización de espacios en la ría de Pontevedra
finaliza en 2018.
http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/no-nos-hemos-ledo-la-nueva-leyde-
costas/blog/45118/
GREENPEACE
No nos hemos leído la nueva Ley de Costas
Entrada de blog por Greenpeace España – mayo 13, 2013 a las 14:041
comentario
El viernes decía el Ministro que “veía a Greenpeace en la ignorancia o la mala
fe” sobre la Ley de Costas Y apostillaba que incluso no nos habíamos leído la
ley porque “es una ley que no permite nuevas construcciones”.
No hace falta insistir que sí nos hemos leído la Ley junto a los cuatro abogados
y abogadas que nos han ayudado durante todo este proceso que ha durado año
y medio. Y que nuestra mala fé no es otra que la defensa a ultranza del medio
ambiente.
Quizás el Ministro piensa que tampoco se han debido leer la nueva Ley de
Costas ni el Colegio Oficial de Geógrafos ni de Geólogos, expertos nada
ignorantes de la situación científica y la falta de criterios de la nueva norma.
Tampoco se la ha debido leer este catedrático de Derecho, que ve innecesaria la
cláusula anti-algarrobicos, o estos expertos en Derecho que vaticinan una
marea de litigios en la costa o este catedrátrico en Ingeniería Hidráulica que
habla de la falta de critérios científicos en la nueva Ley
Y mucho menos UGT que critica que la Ley deteriorará el litoral y el turismo
cántabro a medio y largo plazo
O la Junta de Andalucía o el Gobierno de las Islas Canarias que están
estudiando recurrir la Ley por inconstitucional. O el gobierno del Principado de
Asturias que ha tildado la nueva Ley de Costas como “arma de destrucción
masiva” O todos los partidos de la oposición del Congreso de los Diputados
que votaron en contra de la Ley, excepto CiU quizás contento por la amnistía a
las ciudades navegables de Cataluña.
Sin embargo, sí se han debido leer la nueva Ley los directivos de ENCE o
los del hotel Oliva Beach que se han apresurado a celebrar la nueva de Ley de
Costas.
Debe haber una falta de lectura importante en los sectores de la sociedad
descritos arriba y mala fe, no sólo en la de Greenpeace.
http://www.diariodeibiza.es/formentera-hoy/2013/05/15/formentera-adviertevigilara-
trazado-nuevo-deslinde-costas/620364.html
DIARIO DE IBIZA
Formentera advierte de que vigilará el trazado del nuevo deslinde de Costas
El Consell reitera su apoyo a los propietarios afectados con edificaciones
construidas legalmente
15.05.2013 | 01:20
El Estado tiene dos años de plazo para realizar un nuevo deslinde de Costas.
C. CONVALIA | FORMENTERA El Consell de Formentera anunció ayer que
se mantendrá «vigilante» para que la nueva delimitación de la zona marítimo
terrestre, aprobada la pasada semana, «en ningún caso ponga en peligro la
viabilidad de nuestro modelo territorial y de una actividad turística respetuosa
con los valores medioambientales que caracterizan a la isla». Para la primera
institución «la especial configuración geológica de la isla requiere del
cumplimiento de tres premisas: el mantenimiento del grado de protección, la
conservación del litoral y el respeto a la propiedad privada».
La primera institución insular también expresó su apoyo a las «legítimas
demandas» de la Plataforma de Afectados por el deslinde de la zona marítimo
terrestre, que con la reciente aprobación en el Congreso de los Diputados de la
modificación de la Ley de Costas de 1988 ven satisfechas su aspiración de
recuperar sus propiedades, tanto de uso residencial como turístico.
Esta plataforma de afectados esta integrada por un centenar de propietarios que
han defendido, desde la aprobación del actual deslinde de la zona de uso y
dominio público litoral, en 1997, que sus propiedades no pasen a ser del Estado,
tal y como estipulaba hasta la pasada semana la Ley de Costas. Esta
reivindicación ha encontrado siempre el apoyo de las asociaciones ciudadanas y
de los partidos políticos locales.
El Consell recuerda que la «unanimidad» política en esta materia, tal y como lo
avalan los últimos acuerdos plenarios, se ha apoyado siempre en solicitar «una
delimitación de Costas justa, la anulación del deslinde de 1997 y el
mantenimiento de la actual zona de servidumbre de protección». Justamente
parte de esa franja es la que se verá desprotegida con la nueva norma.
Reticencias
No obstante, la Administración insular no esconde ciertas reticencias al respecto
y lamenta que con el replanteamiento de la zona marítimo terrestre «se pierda
la oportunidad de conciliar el espíritu y el objetivo principal por el que debe
velar una Ley de Costas, que es la protección y conservación del litoral».
En la misma línea el Consell recuerda: «Siempre hemos pedido el
mantenimiento del trazado actual, permitiendo a los afectados recuperar sus
propiedades pero evitando la desprotección». Por eso todos los acuerdos
plenarios han solicitado mantener la actual zona de servidumbre.
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/ramos-asegura-que-la-reformade-
la-ley-de-costas-aporta-soluciones-a-m%C3%A1s-de-500.000-ciudadanos-yno-
permite-construir-donde-antes-no-se-pod%C3%ADa/tcm7-277843-16
MINISTERIO DE AGRICULTURA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Ramos asegura que la reforma de la Ley de Costas
aporta soluciones a más de 500.000 ciudadanos y no
permite construir donde antes no se podía
10/05/2013
El Secretario de Estado de Medio Ambiente afirma que el mantenimiento de
cerca de 150.000 empleos directos relacionados con la actividad costera
dependen de esta nueva regulación
Destaca que “la legislación medioambiental es ineficaz si no da respuesta a la
realidad sobre la que vivimos”
Detalla los datos de ocupaciones costeras en cada Comunidad Autónoma, unas
cifras que revelan la situación de alegalidad del 90 por ciento de las
construcciones
El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha asegurado hoy
que la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la
Ley de Costas aporta soluciones a más de 500.000 ciudadanos que se vieron
afectados por la anterior normativa de 1988, si bien ”no se va a poder construir
donde antes no se podía”.
Ramos ha hecho estas manifestaciones en una rueda de prensa celebrada en la
sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA), en la que ha precisado determinadas cuestiones de la nueva
regulación de la costa española, aprobada ayer por el Parlamento.
El Secretario de Estado ha subrayado que cerca de 150.000 empleos directos y
unos 2.000 millones de euros relacionados con la actividad económica de la
costa dependen de esta nueva norma, que, en definitiva, trata de introducir
“sentido común” en el litoral y proteger los derechos de los ciudadanos que se
vieron afectados por la anterior ley de 1988.
Ha explicado que, con esta reforma, el Gobierno ha actuado ante un “problema
social”, ya que de las 40.000 ocupaciones actuales que se encuentran en
Dominio Público Marítimo Terrestre (ribera del mar y de las playas), casi un 90
por ciento se encuentra en una situación irregular. Por esta razón, ha
argumentado que “la legislación medioambiental es ineficaz si no da respuesta
a la realidad sobre la que vivimos”.
DEFENDER EL LITORAL Y PROTEGER DERECHOS DE LAS PERSONAS
En este sentido, ha aclarado que en la Zona de Servidumbre de Protección (la
zona adyacente al dominio público) existen unas 125.000 viviendas a las que se
les dará una mejor regulación, pero estos cambios en la normativa “en ningún
caso van a permitir que se pueda construir donde antes no se podía”.
Ramos, además, ha puntualizado que en esta zona se autorizarán las obras
necesarias para su mejora y modernización siempre que no impliquen un
incremento ni en altura de las edificaciones ni de su volumen.
Respecto a la exclusión de doce núcleos costeros de la zona de Dominio Público,
ha concretado que se trata de atender a las necesidades de regulación de estos
espacios habitados y consolidados, y cuya cartografía justifica las razones por
las que no deben estar incluidos en el dominio público. “Hemos sido
extraordinariamente rigurosos”, ha añadido, asegurando que se ha tenido en
cuenta “que es compatible proteger los derechos de las personas y el litoral”.
Asimismo, entre otros puntos relevantes de la Ley, Ramos ha destacado que por
primera vez la normativa de costas española incorpora regulaciones específicas
para afrontar la lucha contra los efectos del cambio climático en el litoral.
Ramos ha detallado la repercusión de la Ley de Costas de 1988 en cada
Comunidad Autónoma con litoral, unas cifras que revelan la situación de
“limbo jurídico o de alegalidad” del 90 por ciento de las construcciones y
ocupaciones existentes. “Se trata de uno de los problemas más grandes y
enquistados de la Administración española, y esta reforma de la Ley va dirigida
a ponerle remedio”, ha destacado el Secretario de Estado.
DATOS POR CCAA
En Galicia existen 4.962 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre,
con solo 351 de ellas con licencia de concesión. Del total de ocupaciones, más de
500 son viviendas, con unas 2.000 personas afectadas residentes en esas
viviendas.
En Asturias, hay 1.195 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre, con
solo 139 de ellas con licencia de ocupación. Del total de ocupaciones en dominio
público, hay 118 viviendas (con 472 ocupantes). En zona de servidumbre de
protección hay 2.179 viviendas más (con 8.716 residentes).
En Cantabria, hay 813 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre, con
221 de ellas con licencia de ocupación. Del total de ocupaciones en dominio
público, hay 71 viviendas (284 ocupantes). En zona de servidumbre de
protección hay 1.500 viviendas más (unos 6.000 residentes).
En País Vasco, hay 3.356 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre,
con solo 442 de ellas con licencia de ocupación. Del total de ocupaciones en
dominio público, hay 636 viviendas (con 2.544 ocupantes). En zona de
servidumbre de protección hay 7.286 viviendas más (con 29.144 residentes).
En Cataluña, hay 5.129 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre, con
solo 430 de ellas con licencia de ocupación. Del total de ocupaciones en dominio
público, hay unas 2.000 viviendas (8.000 ocupantes). En zona de servidumbre
de protección hay más de 20.0000 viviendas más (con más de 80.000 ocupantes).
En la Comunidad Valenciana, hay 6.448 ocupaciones en dominio público
marítimo terrestre, con solo 697 de ellas con licencia de ocupación. Del total de
ocupaciones en dominio público, hay unas 3.000 viviendas (con unos 12.000
ocupantes). En zona de servidumbre de protección hay más de 42.0000
viviendas más (con más de 170.000 ocupantes).
En la Regiónde Murcia, hay 1.912 ocupaciones en dominio público marítimo
terrestre, con solo 324 de ellas con licencia de ocupación. Del total de
ocupaciones en dominio público, hay 655 viviendas (con 2.620 ocupantes). En
zona de servidumbre de protección hay 6.552 viviendas más (con 26.208
residentes).
En Andalucía, hay 10.337 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre,
con solo 966 de ellas con licencia de ocupación. Del total de ocupaciones en
dominio público, hay 3.604 viviendas (con 14.416 ocupantes). En zona de
servidumbre de protección hay unas 25.000 viviendas más (con unos 100.000
residentes).
En las Islas Baleares, hay 941 ocupaciones en dominio público marítimo
terrestre, con 509 de ellas con licencia de ocupación. Del total de ocupaciones en
dominio público, hay más de 400 viviendas (con más de 1.600 ocupantes). En
zona de servidumbre de protección hay casi 7.000 viviendas más (con unos
28.000 residentes).
En las Islas Canarias, hay 4.846 ocupaciones en dominio público marítimo
terrestre, con solo 195 de ellas con licencia de ocupación. Del total de
ocupaciones en dominio público, hay unas 2.800 viviendas (con más de 11.000
ocupantes). En zona de servidumbre de protección hay unas 15.000 viviendas
más (con unos 60.000 residentes).
http://www.lne.es/oriente/2013/05/15/hotel-barru-batalladespachos/
1412406.html
LA NUEVA ESPAÑA
Polémica en torno a una actuación urbanística
Hotel de Barru, batalla en los despachos
El debate sobre la legalidad del proyecto para reformar y ampliar un negocio
situado en primera línea de una playa de Llanes genera una auténtica
«guerra» de informes
15.05.2013 | 02:02
Obras de ampliación del hotel Kaype, en Barru (Llanes).
Barru (Llanes), Ramón DÍAZ La batalla sobre el proyecto de reforma y
ampliación del hotel Kaype, en Barru (Llanes), se libra en los despachos. El
debate se ha convertido en una auténtica «guerra» de informes sobre dos
puntos principales: uno, si el suelo sobre el que se ejecutan las obras es urbano o
no urbanizable; dos, si los trabajos se sitúan dentro o fuera de la zona de
servidumbre de Costas. La promotora ha cifrado la inversión en unos seis
millones de euros.
Las obras ya han motivado la apertura de dos expedientes sancionadores: uno
del Ayuntamiento porque las obras comenzaron a ejecutarse sin licencia, y otro
de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) porque se ha ocupado
la zona de servidumbre y policía del arroyo del Llagu sin contar con la
preceptiva autorización administrativa. Además, la Inspección General de
Servicios del Principado de Asturias investigará una posible actuación
obstruccionista de un funcionario de la CUOTA en cuanto al acceso de una
agrupación vecinal al expediente.
La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA)
pretende decidir sobre los dos principales asuntos de debate -la calificación del
suelo y la afección a la servidumbre de Costas- oyendo a todas las partes
implicadas en un trámite de audiencia que ya está abierto. Y si alguna de las
partes interesadas no quedara conforme con la decisión de la CUOTA el asunto
se dilucidaría en los tribunales de justicia.
Toda historia tiene un principio: la empresa Carrera y Pérez, S. L. iniciaba a
primeros de marzo las obras de reforma y ampliación del hotel Kaype, situado
en primera línea de playa, junto al arenal de Barru. Los trabajos, ejecutados por
la empresa SVC Promociones del Principado, S. L. comenzaron sin licencia, por
lo que el Ayuntamiento de Llanes, que ha mostrado su respaldo sin ambages al
proyecto, ya ha anunciado una sanción económica, aún por cuantificar. La
empresa promotora pagó la licencia municipal de obras el pasado 22 de abril:
290.512,05 euros.
El primer punto de discusión es, precisamente, si la licencia municipal fue
pertinente. Según los dirigentes socialistas llaniscos, sí, porque las obras se
ubican en suelo urbano, donde los permisos corresponden a los ayuntamientos.
Así lo avala también, aparte de los estudios municipales, un informe del
secretario de la CUOTA, José Antonio Cullía de la Maza.
Pero existen otros informes que defienden que el suelo es no urbanizable
(núcleo rural), como los elaborados Javier Álvarez Villa, jefe de la sección de
apoyo jurídico de la CUOTA. Si el suelo fuera no urbanizable, la licencia
municipal sería nula, pues el permiso corresponde a la CUOTA. El
planteamiento de Álvarez Villa coincide con el de dos vecinos de la zona y la
Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), que han recurrido la
licencia.
También hay informes contradictorios sobre la afección a la zona de
servidumbre de Costas. Cullía de la Maza, en el informe antes citado, señaló
que las obras de sitúan «fuera» de la servidumbre, por lo que «la competencia
para el otorgamiento de la licencia es municipal». Pero Carmen Muñoz,
arquitecta del Servicio de Gestión y Disciplina Urbanística, subraya que si bien
el futuro edificio previsto en el proyecto se situaría previsiblemente fuera de la
servidumbre de protección, la parcela sobre la que se ubica el actual hotel, que
será reformado, se encuentra «parcialmente incluida en la servidumbre». Esto
implica, según indica la arquitecta, que las obras del hotel Kaype deberían
haber contado con una autorización previa de la CUOTA.
Para enrevesar aún más el asunto, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la
semana pasada una nueva ley de Costas que, a expensas de su desarrollo,
permite los usos hoteleros y residenciales dentro de la zona de servidumbre,
algo hasta ahora prohibido.
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticiaorganizacion-
salvia-pide-partidos-recurran-ley-costas-tc-porque-vulnera-cartamagna-
20130514180630.html
EUROPA PRESS
PORQUE VULNERA LA CARTA MAGNA
Salvia pide a los partidos que recurran la Ley de Costas
ante el TC
MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) –
Salvia ha solicitado por carta a los grupos parlamentarios que interpongan un
recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Protección y Uso Sostenible del
Litoral y modificación de la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional
porque considera que vulnera varios principios constitucionales “básicos”. Por
ello, pide a los grupos de la oposición en el Congreso y en el Senado que ejerzan
un “liderazgo solidario, responsable y visible, en representación de la
ciudadanía”, planteando dicho recurso.
En su misiva, Salvia recuerda que la Ley de Costas de 1988 fue un hito en la
historia de la ordenación y gestión del territorio para proteger su integridad
física y ambiental y garantizar su uso público. Además, valoran que su
aplicación ha hecho posible la preservación de espacios marítimo-terrestres
únicos y valiosos desde el punto de vista ambiental, que son el sustrato físico
sobre el que se desarrollan actividades económicas que proporcionan riqueza y
empleo. Y que estos espacios pueden albergar distintos usos sostenibles en el
futuro.
Concretamente, la organización plantea que la nueva norma vulnera, al
menos, los artículos 14, 15, 24, 45 y 132 de la Constitución española porque “no
es posible ejercer el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado cuando
este merma, se sustrae o detrae y desaparece de forma irreversible, o cuando se
impide el acceso al mismo.
Para Salvia “la costa se puede salvar aún” si 50 parlamentarios plantean un
recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
“Esa una de las pocas esperanzas que quedan para que nuestro litoral sea de
todos. Público y gestionado para disponer de las costas, conservándolas y
recuperándolas, ahora y para las generaciones futuras, aprovechando este
espacio vivo, rico e irrepetible de forma compartida, responsable y sostenible”
ha afirmado Eva Hernández, miembro de Salvia.
http://noticias.terra.es/ciencia/la-ong-salvia-pide-a-los-partidos-que-recurran-laley-
de-costas-ante-el-tc,661f95d82cd9e310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html
TERRA NOTICIAS
14 de mayo de 2013•14:16
La ONG Salvia pide a los partidos que
recurran la Ley de Costas ante el TC
La organización ecologista Salvia ha solicitado por carta a los grupos
parlamentarios que interpongan un recurso de inconstitucionalidad contra la
reforma de Ley de Costas, ejerciendo así “un liderazgo solidario, responsable y
visible, en representación de la ciudadanía”.
Así lo ha informado a Efeverde esta ONG, para la cual la nueva ley vulnera la
Constitución Española en sus artículos 14, 15, 24, 45, y 132.
Según Salvia, la reforma desprotege directamente los humedales, salinas y
esteros costeros sustrayendo espacio y permitiendo la urbanización del
Dominio Público Marítimo-Terrestre y por tanto la desvalorización de la costa.
Además, al ampliar a 75 años el plazo de las concesiones en el litoral y dar una
régimen especial a la Isla de Formentera, “se quebrantan de forma directa los
principios de inalienables e inembargables de los bienes de dominio público”.
También considera que se promueve la inseguridad jurídica y la desigualdad al
dejar sin efecto cientos de sentencias firmes de los Tribunales de Justicia.
Finalmente juzga que con estas modificaciones se antepone el beneficio privado
y cortoplacista a la seguridad e integridad de la población al promover la
ocupación y la construcción en zonas del litoral ya identificadas como Áreas de
Riesgo Potencial de Inundación. leer más...

2013 05 14 Noticias costas del despatcho de Ortega

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1414394
DIARIO ABC
Fabra hablará de paro, recortes en sanidad,
contrataciones y ley de Costas
13-05-2013 / 11:30 h EFE
El president de la Generalitat, Alberto Fabra, hablará el jueves en el pleno de
Les Corts del aumento del paro, de la ley de Costas, de las “irregularidades” en
las contrataciones del Consell y de los “recortes presupuestarios y de derechos”
a los usuarios de la sanidad valenciana.
La sesión de control la iniciará el portavoz del grupo popular, Jorge Bellver,
quien preguntará a Fabra por las repercusiones que tendrá en el sector turístico
y en la economía valenciana la ley de Costas, aprobada la semana pasada en el
Congreso después de “tantos años de reivindicación ante el anterior Gobierno
de España”.
A continuación, el portavoz del grupo socialista, Antonio Torres, interpelará al
presidente acerca de qué medidas va a tomar “para hacer frente al incremento
del paro”.
El portavoz de Compromís, Enric Morera, pedirá a Fabra que explique si piensa
encargar a la Sindicatura de Comptes un informe “exhaustivo” sobre la
contratación en la Administración autonómica valenciana, ante “la proliferación
de casos de irregularidades” en las contrataciones del Consell.
Cerrará la sesión de control la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, quien
preguntará a Fabra si el Consell “piensa seguir adelante con los recortes
presupuestarios y derechos que afectan a los usuarios de la sanidad valenciana”
http://www.canariasahora.es/articulo/tenerife/costas-debe-otorgar-unaconcesion-
a-plasencia/20130513094618403784.html
CANARIAS AHORA
Costas debe otorgar una concesión a
Plasencia
NOÉ RAMÓN
El TSJC ratificó el derecho del empresario a ocupar suelo público mediante
un documento que la Plataforma en contra de esta legislación califica de
“extraño”
La Dirección General de Costas está obligada a otorgar por las buenas o por las
malas una concesión al presidente de la Federación Provincial de Empresarios
de la Construcción (Fepeco) de Tenerife, Antonio Plasencia. El nuevo deslinde
de un tramo de Punta Larga en Candelaria, es firme desde el año 2006 y ocupa
750 metros cuadrados de la vivienda del constructor en los que se sitúa una
cancha de tenis, jardines y una piscina. Sin embargo, una sentencia del año 2010
reconoce el derecho a Plasencia a que se le otorgue una concesión para seguir
disfrutando de estos terrenos.
En caso de que prosperen los planes para construir un paseo por este entorno,
el empresario tendría derecho a ser indemnizando. Precisamente, la ejecución
de la primera fase de esta obra supuso la demolición de una veintena de
viviendas en el cercano poblado de Cho Vito. El Ayuntamiento de Candelaria
ya ha anunciado que quiere iniciar lo antes posible la segunda que es la que
afecta al chalet del constructor, con lo cual ahora tendrá que revisarse la
situación de la propiedad.
Sin embargo, la Plataforma Nacional en contra de la Ley de Costas ha mostrado
su sorpresa por el contenido del fallo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias (TSJC) que es firme ya que nunca fue recurrido ante el Supremo. Y ello
es así en cuanto que la concesión se otorga a través de un documento que los
miembros de esta asociación califican de “como mínimo extraño”. En concreto,
el organismo estatal se dirigió al empresario en 2006, un mes después de
aprobarse el deslinde, para comunicarle que tenía derecho a seguir disfrutando
de estos terrenos acogiéndose al apartado cuatro de la transitoria primera de la
Ley de Costas.
En dicho texto se apunta que los dueños de terrenos que estén situados entre el
deslinde nuevo y el antiguo pueden solicitar una concesión de treinta años,
ampliable a otros treinta y daba el plazo de un año para que así lo hiciera. Sin
embargo, lo curioso, según la Plataforma, es que este escrito “misterioso” es
posterior a que Costas ratificara que el deslinde antiguo de 1969 y el nuevo de
2006 son exactamente iguales. “Nos hemos encontrado con casos parecidos en
otros puntos que luego se han demostrado que eran un fraude. Sería muy
interesante tener acceso a ese escrito, aunque dudo que lo lleguen a facilitar
porque la verdad es que este caso nos resulta muy raro”, se indica desde la
Plataforma.
Costas por su parte mantiene que no tienen constancia de que se le haya
facilitado esta concesión al empresario, a lo que éste se limita a señalar: “Ellos
sabrán si van a ir en contra de una sentencia judicial”. Fuentes de la Plataforma
apuntan que sin embargo, según la nueva legislación en vigor desde hace un
año, Plasencia dispone de una concesión de oficio desde el mismo momento en
el que el deslinde se convirtió en firme en mayo de 2006. Con esta modificación
legislativa Costas se cubría las espaldas por los efectos que hubiese podido traer
consigo su propia inactividad. La nueva jurisprudencia da lugar a que al menos
desde el punto de vista “virtual” el empresario disponga de una concesión
desde 2006 y deba ser indemnizado cuando se realice el segundo tramo del
paseo y la playa artificial de Punta Larga.
Plasencia interpuso el recurso ante el TSJC en 2008 después de que un año antes
Costas le hubiese dirigido un escrito en el que informaba de que iba a ocupar
los terrenos de su propiedad e incluso amenazaba con emprender un
desahucio. El empresario argumentó que las normas subsidiarias de 1987
declaraban estos terrenos como urbanos y que las obras de esta vivienda se
iniciaron en el año 1984. El TSJC dio la razón al promotor al mostrar su
perplejidad ante la decisión de Costas de negar una concesión que había
ofrecido un mes después de aprobarse el deslinde. En ese momento el
organismo estatal apelaba a que estos terrenos no estaban en la primera
delimitación, cuando en realidad en 2006 lo único que se hizo fue ratificar la
línea de 1969. Pese a que la Plataforma considera que este escrito puede ser
“muy sospechoso”, lo cierto es que el TSJC lo da por válido y se niega a restarle
eficacia jurídica.
http://www.compromisorse.com/rse/2013/05/13/el-gobierno-mantiene-sudefensa-
de-la-ley-de-costas/
COMPROMISO RSE
RAMOS ASEGURA QUE LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS APORTA
SOLUCIONES A MÁS DE 500.000 CIUDADANOS Y NO PERMITE
CONSTRUIR DONDE ANTES NO SE PODÍ
El Gobierno mantiene su defensa de la Ley de Costas
13/05/2013 09:11:33
El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha asegurado
que la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la
Ley de Costas aporta soluciones a más de 500.000 ciudadanos que se vieron
afectados por la anterior normativa de 1988, si bien ”no se va a poder
construir donde antes no se podía”.
El Secretario de Estado ha subrayado que cerca de 150.000 empleos directos y
unos 2.000 millones de euros relacionados con la actividad económica de la
costa dependen de esta nueva norma, que, en definitiva, trata de introducir
“sentido común” en el litoral y proteger los derechos de los ciudadanos que se
vieron afectados por la anterior ley de 1988.
Ha explicado que, con esta reforma, el Gobierno ha actuado ante un “problema
social”, ya que de las 40.000 ocupaciones actuales que se encuentran en
Dominio Público Marítimo Terrestre (ribera del mar y de las playas), casi un 90
por ciento se encuentra en una situación irregular. Por esta razón, ha
argumentado que “la legislación medioambiental es ineficaz si no da respuesta
a la realidad sobre la que vivimos”.
Defender el litoral y proteger derechos de las personas
En este sentido, ha aclarado que en la Zona de Servidumbre de Protección (la
zona adyacente al dominio público) existen unas 125.000 viviendas a las que se
les dará una mejor regulación, pero estos cambios en la normativa “en ningún
caso van a permitir que se pueda construir donde antes no se podía”.
Ramos, además, ha puntualizado que en esta zona se autorizarán las obras
necesarias para su mejora y modernización siempre que no impliquen un
incremento ni en altura de las edificaciones ni de su volumen.
Respecto a la exclusión de doce núcleos costeros de la zona de Dominio Público,
ha concretado que se trata de atender a las necesidades de regulación de estos
espacios habitados y consolidados, y cuya cartografía justifica las razones por
las que no deben estar incluidos en el dominio público. “Hemos sido
extraordinariamente rigurosos”, ha añadido, asegurando que se ha tenido en
cuenta “que es compatible proteger los derechos de las personas y el litoral”.
Asimismo, entre otros puntos relevantes de la Ley, Ramos ha destacado que por
primera vez la normativa de costas española incorpora regulaciones específicas
para afrontar la lucha contra los efectos del cambio climático en el litoral.
Ramos ha detallado la repercusión de la Ley de Costas de 1988 en cada
Comunidad Autónoma con litoral, unas cifras que revelan la situación de
“limbo jurídico o de alegalidad” del 90 por ciento de las construcciones y
ocupaciones existentes. “Se trata de uno de los problemas más grandes y
enquistados de la Administración española, y esta reforma de la Ley va dirigida
a ponerle remedio”, ha destacado el Secretario de Estado.
http://www.elcomercio.es/v/20130514/oriente/confia-costas-acabe-abandono-
20130514.html
EL COMERCIO
El PP confía en que la Ley de Costas acabe con
el abandono del polígono de La Huertona
Juan Manuel Blanco espera que la nueva normativa «sea más flexible» que la
anterior con los usos permitidos en los terrenos afectados
14.05.13 – 00:18 –
JUAN GARCÍA | RIBADESELLA.
La nueva Ley de Costas aprobada por el Partido Popular en el Congreso de los
Diputados ha puesto punto final a su antecesora, la polémica Ley de 1988 que
hace veinte años puso patas arriba la villa y el concejo de Ribadesella. De aquel
deslinde ya cerrado y aprobado aún quedan algunos flecos sueltos. Entre ellos
los relacionados con la desafectación definitiva de varios bloques de viviendas
asentados sobre el antiguo canal del río San Pedro, así como el pago de los
prometidos rescates a los titulares de fincas rústicas ubicadas en la zona de La
Mediana, marisma para la que se diseñó un proyecto de restauración ambiental
que por unos y otros nunca llegó a ejecutarse.
Dos décadas después del polémico deslinde riosellano, los afectados reciben la
nueva Ley con la indiferencia de quienes tuvieron que soportar un auténtico
calvario en defensa de sus propiedades. Por ese motivo, desde el Partido
Popular de Ribadesella sólo se espera que la nueva Ley sea más «flexible» que
la anterior con los usos permitidos en los terrenos de dominio público
marítimo-terrestre y en sus zonas de protección o servidumbre. Juan Manuel
Blanco, el portavoz de los conservadores riosellanos, confía en que permita
adecentar todas aquellas zonas construidas que están consolidadas. En concreto
se refería al polígono industrial de La Huertona, también conocido como las
naves de los hermanos Mier, «hasta ahora condenadas al más absoluto de los
abandonos porque en ellas no se podía hacer nada». Es decir, espera que la
nueva Ley sirva para «mejorar lo existente», evitando la formación de
escombreras y favoreciendo los usos agrícolas. «Si no es así, me decepcionará
totalmente», dijo en referencia a la Ley aprobada con los únicos votos de su
partido.
Guadamía
Quien también confía en que sirva para mejorar la actual situación es el
portavoz de IU, aunque éste prefiere un destino diferente para el área industrial
de La Huertona. Francisco Vázquez defiende la continuidad de esa actividad
empresarial por ser generadora de puestos de trabajo, pero apuesta porque se
les facilite su traslado al Parque Empresarial de Guadamía. «Tenemos uno de
los mejores polígonos de Asturias con opciones de seguir creciendo, así que es
allí donde deberían ubicarse todas las empresas porque es en ese lugar donde
van a encontrar mejores servicios», afirmó Vázquez. Por otro lado y pese a la
controversia nacional que la nueva Ley de Costas ha suscitado entre PSOE y PP,
Vázquez recordó que «todas las leyes suelen ser algo injustas», porque se
aplican sin tener en cuenta la singularidad de cada zona. «Asturias no se parece
nada a Málaga, pero las dos provincias deben regirse por una misma Ley en
lugar de estudiar caso por caso para acabar con los agravios comparativos
existentes», afirmó. Entre estos agravios incluyó a la costa oriental del concejo,
la comprendida entre Collera y Cuerres, «donde la línea de protección costera
está muy alejada de la costa, está delimitada por la carretera AS-263, cuando en
otros sitios está mucho más cerca», añadió. Por último, el portavoz de IU espera
que la nueva norma costera «no beneficie a quienes sólo quieren especular o a
aquellos que en los sesenta construyeron hoteles en las mismas playas
amparándose en la inexistencia de una Ley. Esperemos que beneficie a todos los
ciudadanos por un igual y no sólo a cuatro de la corriente del PP», añadió.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/05/10/actualidad/1368215128_646293.h
tml
DIARIO EL PAIS
Más de 500.000 personas sacarán partido de la nueva Ley
de Costas
El Gobierno defiende la desprotección del litoral:
“El impacto que ya está hecho, aprovechémoslo” –
1.000 hoteles y 3.000 chiringuitos se salvan
JUANA VIÚDEZ Madrid 10 MAY 2013 – 21:45 CET211
La nueva Ley de Costas aprobada por el PP beneficiará a más de 500.000
personas, según cálculos del Gobierno. Entre los que sacarán provecho de la
reforma hay dueños de viviendas construidas a pie de playa y en segunda línea,
negocios playeros, chiringuitos, hoteles e industrias. “El impacto que ya está
hecho, aprovechémoslo”, resumió ayer el secretario de Estado de Medio
Ambiente, Federico Ramos.
En la larga lista de salvados hay 1.000 hoteles, 3.000 chiringuitos y 1.700
industrias. El Gobierno lo traduce en 150.000 empleos directos y una facturación
anual de 2.000 millones vinculada principalmente al sector turístico, un negocio
muy competitivo que no puede permitirse quedarse atrás en tiempos de crisis.
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. /EL PAÍS
Se salvan 12.800 viviendas en dominio público, algunas de ellas condenadas a la
demolición en 2018. Ahora podrán prorrogar sus permisos hasta 75 años y
venderlos. Medio Ambiente tiene que determinar aún el nivel de riesgo ante los
efectos del cambio climático de estas casas, para ver cuánto tiempo les puede
ampliar la concesión. Otras 125.000 construcciones situadas en zona de
servidumbre, la parte inmediatamente anterior a la playa, podrán hacer obras.
Hasta ahora no se les permitía realizar ningún tipo de cambio en la estructura.
Medio Ambiente no prevé partida presupuestaria alguna para poner esta ley en
marcha. Contarán con la misma asignación de la Ley de Costas de
1988. Tampoco se hará un nuevo deslinde. El actual está ejecutado hasta el 95%.
“El resto se revisará escrupulosamente, ya que hay dudas sobre tratamientos
distintos en construcciones muy similares”, señalan fuentes del Medio
Ambiente.
Las depuradoras con sentencia de derribo seguirán en pie por la crisis
En nombre de la crisis económica, la nueva norma contempla que las
depuradoras en dominio público con sentencia de derribo sigan funcionando,
un punto espinoso sobre el que han alertado tanto laorganización
conservacionista WWF,como el PSOE. La disposición adicional novena, añadida
durante el trámite del Senado, fija que estas depuradoras se sustituyan “una vez
que las circunstancias económicas lo permitan”.
El PP insistió ayer en su afán explicativo de la norma asegurando que
defenderán el litoral con una cláusula —bautizada antialgarrobicos— que
permitirá anular cualquier licencia urbanística dudosa antes de poner un
ladrillo. Todo esto, compaginado con las soluciones a problemas enquistados en
el litoral en los últimos 24 años.
Medio Ambiente no prevé una partida específica para este cambio normativo
Para el Gobierno, esos inconvenientes los ha ocasionado la Ley de Costas de
1988, elaborada por un gobierno socialista y con una gran ambición
proteccionista. Con ella, muchas personas que construyeron o compraron una
casa pegada a la playa perdieron su titularidad porque se consideró que la
propiedad invadía dominio público.
“Si hasta la literatura ha recogido que las leyes españolas sobre costas han
hecho tropelías”, comentó el secretario de Medio Ambiente, que citó una de sus
últimas lecturas, la novela El mapa y el territorio de Michel Houellebecq, en la
que un amigo del protagonista “había perdido extrañamente su casa por la
aplicación de una ley”. Para el Gobierno, las tropelías las cometió la Ley de
Costas de 1988, por ese exceso de proteccionismo y porque, realmente no se ha
aplicado. “Casi nadie entendió aquella situación, el 90% de las concesiones no
se han llegado a otorgar, han quedado en un limbo jurídico”, dijo el secretario
de Estado.
http://www.europapress.es/turismo/nacional/noticia-ceoe-cree-reforma-leycostas-
aportara-mayor-seguridad-juridica-litoral-20130513110017.html
EP TURISMO
14 de mayo de 2013
TERMINARÁ CON LA SITUACIÓN DE
“INCERTIDUMBRE”
La CEOE cree que la reforma de la Ley de Costas aportará
“mayor seguridad jurídica” en el litoral
La CEOE ha valorado de forma positiva el Proyecto de Ley de Protección y
Uso Sostenible del litoral y de modificación de la ley de Costas, aprobado en el
Congreso el pasado jueves, porque “aportará mayor seguridad jurídica a las
relaciones en el litoral y terminará con la actual situación de incertidumbre”.
El trámite parlamentario de dicha norma se inició en diciembre, cuando el
ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, defendió en el Pleno del
Congreso que la Ley de Costas de 1988, que se reforma en este texto, no
respondía a los fines y objetivos que pretendía (mantener y conserva el litoral),
además de haber fomentado un marco de inseguridad jurídica para los
propietarios y titulares de derechos en la costa.
En un comunicado, la patronal considera que la nueva normativa ayudará a
mantener numerosos puestos de trabajo y servirá para proteger mejor el medio
ambiente, al reforzar la protección y el uso sostenible del litoral a la vez que
introduce un nuevo mecanismo que permite al Estado tutelar a las
Administraciones locales para que se puedan suspender de forma automática
las licencias que vulneren la Ley de Costas.
“Esto proporcionará mayor agilidad y eficacia a las actuaciones del Gobierno
para impedir la ejecución de actos ilegales”, señaló la CEOE.
La patronal destacó que la modificación aprobada “no implicará nuevas
construcciones en la zona del litoral”, sino que lo que se pretende es “evitar la
paralización y la degradación de las instalaciones existentes con el objeto de
poder mantener la actividad económica existente en la costa”.
Para CEOE “es importante la modificación en el marco regulatorio que se ha
efectuado en el sentido de posibilitar la ampliación de las concesiones a 75
años”.
PRÓRROGA DE CONCESIONES.
Así, destacó la incorporación de una enmienda para posibilitar la prórroga de
concesiones para puertos que no son de interés general. Dicha prórroga tendría
un plazo máximo que no podrá ser superior a la mitad del plazo máximo de
vigencia establecido en la legislación estatal de los puertos generales del Estado.
Aunque desde CEOE se había solicitado que la prórroga para los puertos
fuese también de 75 años, la incorporación de dicha enmienda ayuda a clarificar
la situación de aquellos puertos que tenían el 2018 como año límite para poder
operar.
“Estamos ante un avance en la buena dirección, pero desde CEOE seguimos
insistiendo en la necesidad de revisar, y en su caso, adaptar la legislación para
dotar de una homogeneización a nivel nacional de los periodos concesionales
de los puertos, ya sean de interés general o no, con el resto de concesiones de
actividades económicas”, apuntó.
Finalmente, apuntó la posibilidad de poder realizar obras de reparación,
mejora, consolidación y modernización de aquellas instalaciones que se
encuentran en el dominio público marítimo terrestre así como en la zona de
servidumbre, siempre que cumplan con unos criterios de eficiencia energética y
ahorro de agua y sin aumentar la superficie, el volumen o altura de la
edificación.
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/05/13/delegado-gobiernove-
madrid-dando-prorroga-ence-informe-positivo-xunta/809362.html
DIARIO FARO DE VIGO
El delegado del Gobierno ´no ve´ a Madrid dando
un prórroga a Ence sin un informe positivo de la
Xunta
El alcalde recuerda que “los beneficios de la pastera
acaban en los bolsillos de sus accionistas”
Redacción – Pontevedra 13.05.2013 | 07:32
Samuel Juárez. // Rafa Vazquez
Samuel Juárez, delegado del Gobierno en Galicia, se sumó ayer a la polémica
generada por el giro dado en la última semana por el PP en relación a la
permanencia de Ence en Lourizán, una posibilidad que abre la nueva Ley de
Costas y que ahora ve factible y lo hizo para decir que “yo no veo al Estado
autorizando una prórroga de la concesión de Ence si el informe de la Xunta no
es positivo”.
Alude el responsable gubernativo a la necesidad de que la administración
autonómica debe emitir un informe ambiental “determinante” al Ministerio de
Medio Ambiente antes de que este responda a la solicitud que presentará Ence
para que prolongue la concesión de los terrenos que ocupa en la marisma de
Lourizán, en dominio público marítimo-terrestre. Este informe no es vinculante,
aspecto en el que inciden los contrarios a la permanencia de la pastera a orillas
de la ría de Pontevedra más allá de 2018.
Juárez señala que la Ley de Costas permite permite prórrogas de las
concesiones en dominio público si una comunidad autónoma “avala que la
empresa no contamina” y “Ence deberá cumplir este requisito como cualquier
otra compañía”.
En cualquier caso, el delegado del Gobierno en Galicia, quiso dejar claro que “la
Ley de Costas no se hace para Ence, ni muchísimo menos, pensar eso es
absurdo” lo que pretende, añadió, es “regularizar más de 3.000 industrias que
están en la costa”, un problema que hay que resolver “porque no es razonable
cerrarlas todas y simplemente tirarlas y aquí no pasó nada”.
Una visión diametralmente distinta es la que mantiene el alcalde de
Pontevedra, Miguel Fernández Lores que rechaza “cualquier tipo de
negociación” que pueda mantener la Xunta con Ence cara a la permanencia de
la pastera en Lourizán,
“Los vecinos de Pontevedra queremos otra cosa, queremos recuperar la ría para
otros usos” subrayó ayer en una entrevista recogida por Europa Press, en la que
recordó que cuando Juan Luis Arregui compró Ence “sabía que tenía la fecha de
caducidad fijada para el 2018”.
Lores no aprecia ventajas en la continuidad de Ence ya que “los beneficios de la
pastera acaban en la cuenta de sus accionistas y apenas repercuten en la
ciudad”.
El alcalde no entiende porque al amparo de la crisis “se pueden cerrar todas las
empresas, eliminar todos los puestos de trabajo, menos Ence.
http://www.inmodiario.com/167/16778/viviendas-salvaran-demolidas-nuevacostas.
html
INMODIARIO
Muchas viviendas se salvarán de ser
demolidas con la nueva Ley de
Costas
13-05-2013 (13:32:07) por Redacción
Asi lo ha indicado la Asociación Española de Abogados Urbanistas a través de
su Secretaria General María de los Reyes Rueda Serrano, a raíz de la
presentación de la próxima Jornada de la Asociación en la Feria del Urbanismo
y de la Administración Local que se celebrará en Madrid el próximo día 14 de
junio.
La misma ha añadido que existía gran incertidumbre y preocupación de
muchos propietarios de viviendas que estaban ubicadas en el litoral con
anterioridad a la Ley de 1988 y que temían fueran demolidas sus
viviendas en pocos años conforme a la anterior Ley.
Maria de los Reyes Rueda recuerda que La Ley de Costas del 1988 supuso la
expropiación de bienes de muchas personas que hasta la entrada en vigor de
esta Ley eran privados. Se previó la compensación de esta pérdida mediante
concesiones de 30 años. Y ahora con la nueva normativa se amplia la concesión
a 75 años mas para los titulares inscritos en el Registro de la Propiedad,
permitiendo además su transmisión.
Añade, según el Gobierno habrá unas 25.000 viviendas a las que se les podra
aplicar la nueva concesión. Esto da tranquilidad a muchas familias afectadas
que habían mostrado su preocupación y muchas de estas se habían puesto en
contacto con la Asociación.
La situación de incertidumbre y preocupación no solo procedía de ciudadanos
y familias españolas, sino que España había recibido quejas ante el Parlamento
Europeo porque un elevado número de propietarios de esas viviendas eran
extranjeros, jubilados ingleses, alemanes, del norte de Europa. Y la Ley de
1988 creaba una gran inseguridad jurídica dando una mala imagen de nuestro
País, como poco serio y contrario a lo que se busca que es recibir a su vez
turismo extranjero.
Con esta nueva Ley , ha proseguido, se conjuga por un lado los derechos de las
personas que tienen inmuebles, construcciones que en su día fueron adquiridas
legalmente antes de 1988 y por otro el respeto que se debe tener al litoral
costero y por tanto al Medioambiente.
Se incrementan a su vez los mecanismos de prevención, prohibiendo que las
obras de mejora de estos inmuebles, impliquen aumento de tamaño, superficie
y altura.
La Ley, sin embargo no da amnistía a aquellas viviendas manifiestamente
ilegales que asi sean declaradas por Sentencia firme, las cuales deberán ser
demolidas. Respecto a estas, la Administración General del Estado cumplirá
con su obligación procediendo a su ejecución apoyando a las Comunidades y
Ayuntamientos a encontrar una solución.
Es importante destacar de la nueva Ley, según indica la Secretaria de la
Asociación, que dota de mecanismos importantes, como es el poder suspender
en vía administrativa las licencias que concedan los Ayuntamientos que no
respeten las distancias legales permitidas, pudiendo actuar antes de que se
construya, para evitar situaciones como la sucedida con el hotel Algarrobico en
Almería.
Se mantiene la anchura de protección de la servidumbre de los 100
metros. Aunque hay excepciones que se recogen en la Ley.
Se trata de determinadas zonas del litoral donde se reduce de 100 a 20 metros
esa protección, de aquellos núcleos aislados que en 1988 no habían tramitado
su calificación de suelo urbano y sin embargo existían como tales. Es decir
aquellas zonas que estuvieran ya transformadas al 100%, que tuvieran acceso
rodado, instalación eléctrica, toma de agua, servio de alcantarillado,
etc…que se equiparan a urbano, a los cuales se les aplica la distancia de 20
metros de servidumbre, en lugar de los 100 de los suelos rústicos. Pero con la
importante novedad de que se prohibirán expresamente nuevas edificaciones
en estas zonas.
Respectos a los chiringuitos que también suscitaba gran preocupación para
muchos empresarios y autónomos, ahora se les otorga mayor seguridad,
puesto que se les aumenta de 1 a 4 años los plazos de concesión, se les exigirá
mas ordenación y deberán responsabilizarse en el cuidado de las playas.
http://noticias.lainformacion.com/politica/vivienda-y-planificacion-urbana/laoposicion-
preguntara-a-fabra-por-los-contratos-en-la-administracion-medidasfrente-
al-paro-y-recortes-en-sanidad_hdZ9OwIb9TNFcq3ezNBS81/
DIARIO LA INFORMACIÓN
La oposición preguntará a Fabra por los contratos en
la administración, medidas frente al paro y recortes
en Sanidad
lunes, 13/05/13 – 11:28
Los grupos de la oposición en las Corts Valencianes preguntarán este jueves al
presidente de laGeneralitat, Alberto Fabra, en la sesión de control por si piensa
pedir a la Sindicatura de Comptes un informe sobre la contratación en la
administración, por las medidas frente al paro y los recortes en Sanidad
mientras que el PP le interpelará por las repercusiones en el sector turístico de
la Ley de Costas.
La oposición preguntará a Fabra por los contratos en la administración,
medidas frente al paro y recortes en Sanidad
VALENCIA, 13 (EUROPA PRESS)
Los grupos de la oposición en las Corts Valencianes preguntarán este jueves al
presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, en la sesión de control por si piensa
pedir a la Sindicatura de Comptes un informe sobre la contratación en la
administración, por las medidas frente al paro y los recortes en Sanidad
mientras que el PP le interpelará por las repercusiones en el sector turístico de
la Ley de Costas.
El síndic del PSPV, Antonio Torres, preguntará a Fabra por las medidas que va
a adoptar para hacer frente al incremento del paro mientras que la portavoz
de EUPV, Marga Sanz, le interpelará por si “piensa seguir adelante el Consell
con los recortes presupuestarios y de derechos que afectan a los usuarios de la
Sanidad valenciana”.
En el caso de Compromís, la pregunta del portavoz Enric Morera se centrará en
si piensa pedir un informe “exhaustivo” a la Sindicatura de Comptes sobre la
contratación en el seno de la administración autonómica “ante la proliferación
de casos de irregularidades en las contrataciones del Consell que están siendo
investigadas por la Justicia”.
Por su parte, el síndic del PP, Jorge Bellver, se interesará por las repercusiones
que tendrá en el sector turístico y en la economía de la Comunitat la Ley de
Costas aprobada la pasada semana en el Congreso “gracias al Gobierno de
Mariano Rajoy” y por cómo valora la aprobación de esta norma “después de
tantos años de reivindicaciones ante el anterior Gobierno de España”.
En la pregunta, se hace constar que el Consell lleva “años luchando junto con el
sector turístico para dar seguridad jurídica, continuidad y futuro a una
actividad que, en nuestra Comunitat, es generadora de empleo, es imagen y,
además, es una pieza fundamental en el motor de nuestra economía”.
http://www.lne.es/occidente/2013/05/13/nueva-ley-costas-vuelta-principiossiglo-
principado/1411288.html
LA NUEVA ESPAÑA
La nueva ley de Costas es «una vuelta a principios de siglo», según el
Principado
Fomento critica que el PP siga apostando «por el ladrillo masivo, que no
genera riqueza ni bienestar ni tiene recorrido»
13.05.2013 | 02:24
Secuencia de la recuperación de la zona dunar del arenal de Soto de Luiña. a.
serrano
A. SERRANO
«Es un modelo que nos devuelve a principios de siglo». La consejera de
Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, hizo
ayer una dura crítica a la nueva ley de Costas del Gobierno central, que no
tendrá en cuenta los deslindes pactados gracias a la ley de 1988 y liberará en
parte el uso de los edificios pegados a la costa.
Fernández se desplazó a la playa de San Juan de la Ribera de Soto de Luiña (un
ejemplo de recuperación dunar en Asturias) para criticar los nuevos criterios de
la normativa de Mariano Rajoy, presentados en Oviedo por el Delegado del
Gobierno, Gabino de Lorenzo, un día antes. A su juicio, esta norma obvia todo
criterio técnico; es «acientífica» porque no prevé las consecuencias que puede
tener en el entorno y es un «motivo de preocupación» porque da pie a que lo
privado «se apropie de lo que ya es público». Además, Fernández indicó que es
un riesgo para las instalaciones que se beneficiarán de esta amnistía, sean
viviendas, hoteles, restaurantes o chiringuitos, y para sus inquilinos o usuarios.
«Teníamos que estar hablando de estrategias de retroceso para evitar daños a
bienes inmuebles y para dar seguridad a las personas. Sin embargo, el PP hace
lo contrario: abre puertas para acercarlos más al mar e invadir el litoral», criticó.
El 95 por ciento de la costa asturiana estará afectada por esta nueva ley. Según
la Consejería de Ordenación del Territorio, la norma va contra las directivas
europeas y no tiene en cuenta los planteamientos de hace una década ni los
estudios relativos al cambio climático. «No podemos cambiar la ley de forma
unilateral», apuntó, y criticó la falta de diálogo para sacar adelante esta
normativa. «Pese a que tenemos la competencia en ordenación del territorio, la
Administración regional no ha sido consultada».
En cuanto el desarrollo turístico que sí prevé el PP gracias a esta nueva ley de
Protección y Uso Sostenido del Litoral y Modificación de la ley de Costas,
Fernández indicó que el Gobierno del PP defiende «el ladrillo masivo, que está
agotado, no genera riqueza ni bienestar y no tiene recorrido».
El Ejecutivo central no piensa igual. La nueva ley de Costas deja libre la vía para
mantener las construcciones que hasta ahora tenían restricciones. La
Demarcación de Costas en Asturias prevé que las viviendas afectadas obtengan
la concesión para que sus propietarios pueden continuar su disfrute. Además,
para los inmuebles adquiridos antes de 1988 la concesión se amplía de 30 a 65
años.
El Principado descarta de momento iniciar acciones legales contra esta norma
que cuestiona los trabajos hechos hasta ahora por los sucesivos gobiernos
socialistas de la región. La Consejería dirigida por Belén Fernández pretende
ahora llamar la atención del ciudadano sobre lo que considera «un retroceso».
«Es imprescindible que la sociedad conozca que estamos poniendo en peligro
los bienes públicos».
La ley de Costas de 1988 tenía por objeto ordenar el litoral y separar la zona
pública de la privada. En algunos casos, como la playa de San Pedro de la
Ribera, se ganó terreno a la zona privada, de la que antes hacía uso un camping.
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/05/13/alarmas-nueva-leycostas-
carecen-justificacion/587437.html
LA OPINION DE MALAGA
´Las alarmas por la nueva Ley de
Costas carecen de justificación´
Manuel Villafaina, presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de
Málaga, habla de la Ley de Costas
13.05.2013 | 03:42
Manuel Villafaina, a las puertas de su establecimiento, situado en
Torremolinos. F. E.
FRAN EXTREMERA Décadas y décadas de trabajo al frente de uno de los
históricos establecimientos de la Costa del Sol, en una de las playas urbanas de
Torremolinos, le confieren al presidente de la Asociación de Empresarios de
Playas de Málaga, Manuel Villafaina, la suficiente autoridad como para
manifestar en qué mejorará la nueva Ley de Costas el futuro de su sector.
Durante la negociación de la normativa recién aprobada pidieron con
insistencia «estabilidad». Aspiraban a concesiones de larga duración, capaces
de generar empleo estable y de permitir mejoras estructurales en sus
chiringuitos. ¿Es el mayor logro que han conseguido?
Es uno de los dos asuntos que se han convertido en los más importantes.
Tenemos una mayor garantía ahora, con concesiones de hasta 35 años incluso
para quienes podamos llevar 50 o 60 años, incluso 100, en las playas. Pero
además logramos excepciones para las áreas urbanas y una serie de beneficios
que llevábamos demandando muchos años. En general, los políticos deberían
muchas veces escucharnos a los que llevamos muchos años trabajando en el
litoral, por un mejor turismo.
¿Se sienten en ocasiones maltratados como colectivo?
La memoria es muchas veces demasiado corta. Y hasta se alzan las voces de
cuatro o cinco ecologistas contra nosotros y parece superior a la de esos miles y
miles de usuarios que nos visitan cada año y nos muestran su apoyo. Los
mismos grupos verdes olvidan que se entablan diálogos con compañeros suyos,
los que sí quieren hablar, y que somos los primeros interesados en cuidar
medioambientalmente nuestras costas. Y también se olvida una gran parte de la
sociedad de que fuimos pioneros en el turismo. Cuando no existían las
depuradoras, éramos los chiringuiteros los que limpiábamos las playas; los que
poníamos rudimentarias rejillas en las canalizaciones de desagüe que
ensuciaban las costas; o los que después de los temporales quitábamos las
cañas. Y hasta hacíamos de policías por las noches. Muchos compañeros hemos
evitado, de noche, más de un intento de violación.
¿Y en qué situación están hoy por hoy, ante una temporada veraniega que
sigue marcada por la crisis internacional?
En la mayoría de los casos somos optimistas, precisamente por lo anterior.
Cuando la Costa del Sol empezó a albergar a sus primeros visitantes fuimos los
que abrimos las playas, los que empezamos con ellos a aprender su idioma y
sus costumbres. El boca a boca en turismo es fundamental. Y creo que somos
uno de los sectores que por la fidelidad de nuestros clientes mejor está
capeando esta crisis. Y esta nueva normativa, de cara a próximas campañas, nos
da toda la seguridad que reclamábamos. Habrá un antes y un después, una vez
que dentro de unos meses tengamos el reglamento que desarrolle esta nueva
legislación.
¿Qué le diría a quienes son críticos con el texto y han protestado en las
puertas del Congreso?
Que todas esas alarmas carecen de justificación. Las barbaridades del pasado
hoy por hoy no tienen ya sitio, bajo ningún concepto. Ni los ecologistas ni
nosotros queremos paredes de 15 plantas. La reglamentación nueva recoge muy
bien lo que se ha hecho mal en el pasado.
Este relato suyo es absolutamente optimista. Díganos qué es lo que le
preocupa ahora. ¿O no hay nada que les quite el sueño?
Tanto como eso no. Pero sí que en los últimos meses hemos sido críticos con el
asunto de las distancias entre instalaciones fuera de las áreas urbanas. Hemos
tenido un problema con la Junta de Andalucía que confiamos resolver también
ahora, con el reglamento de la nueva Ley de Costas. Todo se habría resuelto
antes si no se dejase aplicar la excepcionalidad de la norma, hasta ahora la de la
normativa de 1988, según el criterio de un técnico. Hemos tenido un tira y afloja
que nos ha preocupado.
¿Hasta qué punto ha sido excesiva la demora para lograr que se actualice esta
ley?
La realidad de hoy en día no es la de finales de los años ochenta. Ya por
entonces, a las puertas de la crisis de los primeros noventa, hicimos mejoras
para adaptarnos a la nueva Ley. Ahora, hasta los que más años llevamos,
sabemos que vamos a tener que readaptarnos, que tendremos que perder los
metros que tengamos que perder. Y sí que ha sido demasiado largo, porque
queríamos la estabilidad que se nos llegó a prometer la otra vez y que nunca
vimos. Fuimos engañados. Porque se nos prometió un periodo, renovable
automáticamente, y no se llegó a cumplir.
Estudian abastecer a los yates desde los chiringuitos con la ayuda de zodiac
La estampa del chiringuito tradicional ha evolucionado significativamente en la
Costa del Sol con el paso de las décadas. Pero el último de los avances podría
convertirse en una auténtica revolución para el sector. A imagen de las
iniciativas existentes ya en Italia o Francia, el gremio de empresarios de playas
quiere apostar por el turismo de lujo que acude al litoral en yates o incluso en
pequeños cruceros.
¿Qué es lo último en innovación dentro de un sector tradicional cuyo margen
de maniobra ha sido hasta ahora las mejoras en infraestructuras, atención al
cliente o calidad del producto que ofrecen?
Tengo fe en que lo más vanguardista esté listo para cuando acabe la temporada.
Al menos ya va a haber alguna experiencia en marcha para el próximo año.
Queremos apostar por el turismo náutico. Que viene en yate. Sabemos que es
un turismo de alto poder adquisitivo, por lo que seguimos demandando más
puntos de atraque a las administraciones. Pero lo más novedoso es que tal y
como ya se hace en Italia o Francia, queremos servirles nuestros productos con
la ayuda de zodiac.
¿En qué zonas vamos a poder verificar pronto esta iniciativa?
No se puede brindar en cualquier sitio. Requerimos embarcaciones para un
mínimo de personas, de forma que sea rentable el desplazamiento. Pero
estamos estudiando la puesta en marcha de estos servicios en Marbella,
Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Torremolinos, por la cercanía a
Benalmádena, o Málaga capital. Allá donde haya un puerto es absolutamente
viable.
La rentabilidad del turismo vinculado al mar ya es una realidad con los
cruceristas que llegan hasta la capital.
Está claro que nosotros somos una de las referencias del turismo en Andalucía y
queremos ser partícipes también de ese flujo de visitantes que vienen a nuestro
litoral por las instalaciones, los puntos de atraque que les brindamos a lo largo
de nuestros municipios costeros.
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/05/11/la-nueva-ley-de-costasprotege-
1242-casas-de-la-provincia-y-51-hoteles/587083.html
LA OPINION DE MALAGA
La nueva Ley de Costas protege 1.242 casas de la provincia
y 51 hoteles
Las más de 500 casas de El Palo y Pedregalejo resuelven su
situación legal y los vecinos podrán escriturarlas y
realizar obras de mantenimiento en sus viviendas
13.05.2013 | 00:37
MIGUEL FERRARY
El PP quiso ayer sacar pecho frente a tantas malas noticias económicas. El
enganche fue la aprobación de la nueva Ley de Costas, que implica, entre otras
cosas, la legalización de las más de 500 viviendas que hay junto a la playa en El
Palo y Pedregalejo, a las que se menciona expresamente en la redacción de la
norma.
De un plumazo se resuelve un problema que venía coleando desde la
aprobación de la anterior Ley de Costas, en 1988, y que dejaba estas viviendas
en una situación de ilegalidad por estar construidas dentro de la franja de
protección del litoral. La nueva normativa, aprobada por el PP, establece doce
excepciones a la norma en toda España y, entre ellas, se encuentran las casas de
El Palo y Pedregalejo. Las razones se fundamentan en que son parte del núcleo
urbano consolidado y existían antes de la ley de 1988.
Con esta reforma los dueños de las viviendas ven cumplido una antigua
reivindicación, apoyada además por todos los partidos pero que no encontraba
encaje legal. Ahora podrán escriturar las viviendas como propias, transmitirlas
a sus hijos, hacer obras de conservación y tener suficiente seguridad jurídica
para no temer que las destruirán.
No son las únicas beneficiadas. La reforma de la Ley de Costas asegura la
legalidad de 1.242 viviendas en todo el litoral malagueño, como apuntó la
delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, quien hizo en Málaga la
presentación de la nueva ley y sus efectos en la región.
No fue casual la elección de Málaga para dar a conocer la normativa. Ruedas de
prensa similares se celebraron ayer en toda España, en una campaña del
Gobierno para explicar la reforma, pero el PP quiso que la convocatoria
andaluza se celebrase en Málaga y poner de relieve la protección de El Palo y
Pedregalejo.
Crespo, durante su intervención, subrayó que esta reforma «es la ley perfecta y
que necesitábamos». Frente a la críticas que apuntan a que se deja de proteger el
litoral, la delegada del Gobierno en Andalucía reiteró que contempla
«instrumentos potentes para evitar barbaridades urbanísticas al amparo de la
ley anterior, como en Algarrobico». Así, recordó que ahora se podrá acordar la
suspensión cautelar de aquellas obras que no respeten la legalidad.
La otra cara de la ley es la amnistía a 1.242 viviendas en la provincia que
estaban construidas en el dominio público. Pero, además, se da vía libre a la
permanencia de 51 establecimientos hoteleros que estaban construidos dentro
de los 120 metros de espacio protegido, así como la ampliación de las
concesiones a 395 restaurantes de la provincia, que aportan 11.000 trabajadores
y 102 millones de facturación al año.
Pero también implica algunos límites, ya que sólo se protegen aquellos
inmuebles previos a la anterior ley, que no podrán ampliar su volumen, altura o
superficie. Las obras que acometan sólo serán de mantenimiento y quedan
limitadas las opciones de venta.
Carmen Crespo recordó que sólo la conservación de los 51 hoteles y 395
restaurantes amenazados con la anterior legislación asegura que se mantengan
más de 15.000 empleos, con una facturación anual que supera los 153 millones
de euros en Málaga.
Visita
Junto a Crespo comparecieron el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la
vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos; el subdelegado del Gobierno,
Jorge Hernández Mollar; y el jefe de la Demarcación Oriental de Costas, Ángel
González. Sin embargo, la cita también fue respaldada por el presidente de la
Diputación y del PP provincial, Elías Bendodo; varios concejales, cargos
municipales y la diputada nacional Carolina España.
Todos aprovecharon la convocatoria para dar un paseo por el paseo marítimo
de El Palo y hablar con los propietarios de algunas de las viviendas
amnistiadas.
http://www.saforguia.com/HOME2013/LeerNoticia2011/tabid/357/titular/AFEC
TADOS_POR_LA_NUEVA_LEY_DE_COSTAS_EN_OLIVA_SEGUIR%C3%81N
_CON_LA_BATALLA_JUDICIAL_Y_NO_DESCARTAN_LLEVAR_EL_CASO_
A_ESTRASBURGO_/idnoticia/33744/Default.aspx
GUIA LA SAFOR
Afectados por la nueva Ley de Costas en Oliva seguirán con la
batalla judicial y no descartan llevar el caso a Estrasburgo
Los vecinos están dispuestos a recurrir al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. El portavoz de la asociación de propietarios, Vicente Barreres,
aplaude la “amnistía” al núcleo antiguo de la Mitja Galta, pero mantiene que la
normativa aprobada el miércoles pasado apenas modifica la línea marítimoterrestre
para unos 200 propietarios más al sur, entre la acequia de Alfadalí y el
Bullent.
J.C. 13/05/2013
Vicente Barreres, vicepresidente de la Asociación de Afectados por la Ley de Costas de
Oliva, en la playa de Pau Pi. / J.C.
La reforma de la Ley de Costas, aprobada por el Congreso de los Diputados el
miércoles pasado, no acaba de convencer al conjunto de los propietarios
afectados en el litoral de Oliva, pese a que es uno de los 11 núcleos que “salva”
el Gobierno central, al tener viviendas construidas antes de la anterior
normativa, de 1988.
El mismo día en que el Congreso aprobó la reforma, unos 60 miembros de la
Asociación de Afectados por la Ley de Costas en Oliva, decidieron en una
asamblea seguir con la batalla judicial que mantienen desde los últimos veinte
años.
“A falta todavía de conocer los detalles de el reglamento, no nos fiamos de esta
nueva ley”, señaló el portavoz de la asociación, Vicente Barreres, y añadió que
“las casas que hay entre el Club Náutico, junto a la Mitja Galta, y la acequia de
Alfadalí sí que se salvarán sin problemas, pero en los tres kilómetros que hay
más al sur, entre esta última y la zona donde desemboca el río Bullent o Vedat,
con unos 200 afectados, apenas se modifica la línea que delimita la zona de
dominio público y su servidumbre”. Además, la ley aumenta el plazo de
concesión pero la letra habla de “hasta 75 años”, cosa que, según Barreres, puede
dar pie a varias interpretaciones por parte de las Demarcaciones, “de tal manera
que al final concedan el plazo que estimen oportuno, desde 1 hasta 75”, señaló.
Por ello, entre otros asuntos más, los miembros de la asociación no descartan
impugnar la ley ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en
Estrasburgo, con el apoyo de la plataforma estatal de afectados, siempre y
cuando el Tribunal Supremo también rechace otros dos recursos que la
asociación mantiene presentados a dos sentencias de la Audiencia Provincial
que han fallado en contra de los intereses de los afectados olivenses.
Por otra parte, también han criticado la Ley de Costas formaciones y partidos
ecologistas, entre ellos el portavoz de Els Verds del País Valencià, Joan Francesc
Peris, quien considera que la reforma es “regresiva, privatizadora del litoral y
arbitraria”. Els Verds del PV considera que la reforma “podría vulnerar las
directivas de la UE, de obligatorio cumplimiento para todos los Estados
miembros y, quizá, la propia Constitución de 1978” y, por lo tanto, impulsarán
su impugnación jurídica desde el grupo parlamentario Izquierda Plural.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/05/14/costas-abordafuturo-
litoral-vilaboa/0003_201305P14C7997.htm
LA VOZ DE PONTEVEDRA
Costas aborda el futuro del litoral de Vilaboa
El Concello recibe el informe preceptivo para el PXOM
VILABOA / LA VOZ
14 de mayo de 2013 05:00
El conselleiro de Medio Ambiente, al fondo de la foto, ofreció su colaboración a
Vilaboa.CAPOTILLO
El informe de Costas al PXOM de Vilaboa, uno de los documentos más
esperados por el Concello para dar un empuje al plan, está ya en manos del
Ayuntamiento. El alcalde, el socialista José Luis Poceiro, explicó que este
documento aporta unas conclusiones generales, sin entrar mucho en detalles
sobre los núcleos con la excepción de Santradán, donde reclama el retroceso de
la línea del núcleo del litoral hasta fuera del dominio público. Poceiro señaló
que el Concello defenderá que este núcleo nació en torno al mar y que figura
correctamente marcado en el PXOM, ya que de otra forma las casas situadas en
una franja de veinte metros de ancho quedarían fuera de ordenación con la
previsible rebaja de la protección de Costas en esta parte del litoral.
Por lo demás, el regidor puntualizó que todavía desconoce las consecuencias
concretas de este informe en el resto de la costa de su municipio y que está
pendiente de una reunión con el equipo redactor del PXOM para analizar el
informe de manera más pormenorizada.
Una de las dudas que el gobierno de Vilaboa quiere despejar es saber qué Ley
de Costas deberá aplicarse al PXOM en el momento de su aprobación inicial
este año. Previsiblemente para ese momento, estará ya en vigor la actual
reforma de la ley, aprobada el jueves pasado. Poceiro considera que esta
circunstancia podría hacer variar de forma sustancial la valoración de Costas
sobre el caso de los núcleos de Vilaboa, aplicando un porcentaje de la
consolidación exigida menos estricto que el de 1988. En este sentido, vecinos y
Concello confían en la oferta de máxima colaboración realizada por el
conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, en su reunión con ellos el
pasado viernes.
http://noticias.terra.es/greenpeace-vincula-las-donaciones-del-pp-con-la-nuevaley-
de-costas,c700a9ea43e8e310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
NOTICIAS TERRA
13 de mayo de 2013•11:16 • actualizado a las 11:23
Greenpeace denuncia que un donante
del PP se beneficiará de la Ley de
Costas
El empresario Juan Miguel Villar Mir, imputado por los ‘papeles de Bárcenas’,
evitará el derribo de una fábrica en Santander gracias a la Ley de Costas
El empresario Juan Miguel Villar Mir, ministro de Hacienda entre 1975-1976 y
cercano a Manuel Fraga y Mariano Rajoy –en septiembre de 2011 acudió a
la presentación de su biografía ‘En Confianza’- sería uno de los grandes
beneficiarios de la reforma de la Ley de Costas,según denuncia Greenpeace en
su informe Amnistía a la Destrucción. La normativa, aprobada el jueves por el
Gobierno, establece dos grandes modificaciones: amnistía a 12 núcleos costeros
y amplía a 75 años las concesiones a las viviendas y negocios situados en
primera línea de playa.
Esta última medida salvará del derribo la fábrica deFerroatlántica,
empresa metalúrgica del grupo Villar Mir situada en el polígono industrial en
la ría de Boo (Cantabria), entre los municipios de Astillero y Camargo. El 45%
de su actividad invade el dominio público marítimo/terrestre. La concesión de
ocupación termina en el año 2018 y, según la ley de costas de 1988, debería ser
derribada ese año.
Sin embargo, la nueva normativa, criticada ferozmente por los partidos de la
oposición y grupos ecologistas y aprobada gracias a la mayoría absoluta del
PP, contempla una enmienda que amplía de 30 a 75 años el plazo de concesión
a los edificios situados en zonas públicas. Y otro epígrafe permite la posibilidad
de que la “franja de servidumbre de protección del litoral se reduzca de 100 a
20 metros en determinados supuestos y siempre con el beneplácito “de la
Administración del Estado en atención a las características topográficas o
hidrográficos”.
La Comunidad Autónoma de Cantabria deberá aprobar la prórroga de la
empresa de Villar Mir, sin embargo, el grupo ecologista Greenpeace da por
hecha la prórroga y relaciona directamente la Ley de Costas con los intereses
del empresario. En su informe Amnistía a la Destrucción, en el que analiza las
relaciones entre los protagonistas de la norma y sus relaciones con
empresas del sector energético, destaca que la propia Cámara de Comercio de
Cantabria salió en defensa de la Ley de Costas –“animamos al Gobierno a ser
ambicioso y valiente en la reforma” e incluso se lamentó de que el cierre de
Ferroatlántica supondría la pérdida de 200 puestos de trabajo.
La relación entre el PP y Juan Miguel Villar Mir es estrecha. El
empresario aparece en los supuestos apuntes contables manuscritos del
extesorero popular Luis Bárcenas. Villar Mir, presidente del grupo
OHL realizó tres entregas de dinero al PP de 530.000 euros en los años 2004,
2006 y 2008. El mayor pago en efectivo se realizó el 18 de febrero de 2008, dos
semanas antes de celebrarse las elecciones generales. El constructor declarará a
finales de mayo en calidad de imputado por el juez de la Audiencia Nacional,
Pablo Ruz, por las supuestas donaciones al PP.
La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía recoge estos pagos en su
último informe y desglosa los 619 contratos otorgados a la sociedad OHL por
parte de las Administraciones Públicas, lo que supuso un volumen de
adjudicación por importe de 7. 758.212.455,38 euros y convirtió a Villar Mir en
el donante que recibió más contratos de Administraciones gobertadas por el PP.
El entramado empresarial recibió 215 adjudicaciones por parte de gobiernos
del Partido Popular, unos contratos que le reportaron a la
empresa4.652.663.015,52 euros.
Precedentes en la ría de Huelva
El entramado empresarial de Juan Villar Mir ya tuvo un encontronazo con la
justicia con la empresa Fertiberia S.A. En el año 2010 el Tribunal Supremo hizo
firme una sentencia de la Audiencia Nacional que declaraba caducada la
concesión a la fábrica instalada sobre el río Tinto por vertidos tóxicos. La
exdirectora de Planificación de Fertiberia, Isabel García Tejería, es
ahora secretaria General de Agricultura y Alimentación del Ministerio de
Agricultura
http://www.laopinion.es/tenerife/2013/05/14/nucleo-apio-salva-urbanismoinicia-
defensa-jover/475278.html
LA OPINIÓN DE TENERIFE
LA LAGUNA
El núcleo de El Apio se salva y Urbanismo inicia la
defensa de Jover
Las casas del espacio marítimo, el único con arena dorada
de la zona norte de Tenerife, no entran en el dominio del
Estado pero quedan fuera de ordenación
14.05.2013 | 02:23
ALMUDENA CRUZ Las viviendas del núcleo costero de El Apio, en Valle de
Guerra, están fuera del dominio público que fija la nueva Ley de Costas. El
concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna, Juan Manuel
Bethencourt, explicó ayer que el “pequeño grupo de unas tres o cuatro
viviendas que hay en este espacio están fuera del dominio público, la zona de la
franja marítima que es propiedad del Estado”.
Estas edificaciones, por tanto, quedan en el espacio denominado como zona de
servidumbre. “Esto implica que están fuera de ordenación y el terreno sigue
considerándose suelo rústico de protección litoral”, aclaró el gerente municipal.
Pese a que son viviendas “no legalizables” esta clasificación aleja de este espacio
costero de La Laguna la sombra de las demoliciones.
“En un poblado en el que hay muy pocas edificaciones”, destacó Bethencourt.
“No obstante, El Apio destaca por ser la única zona de la costa el norte de
Tenerife con unos hermosos bancales de arena dorada”, añadió.
Con todo, puede que el Ministerio de Costas exija alguna actuación en la zona
porque “hay un muro en una parte exterior que puede entrar parcialmente en la
zona de dominio de Costas”. Sin embargo, sería una pequeña corrección que no
afectará a la vivienda principal.
“Hay que recordar que la zona de dominio público es, a todos los efectos, un
espacio de la costa propiedad del Estado en la que la única ocupación legal se
deriva de una concesión administrativa en la que el Ministerio autoriza
temporalmente un uso, como es el caso de un club náutico”, precisó el edil y
portavoz del grupo nacionalista en el Ayuntamiento lagunero.
Al tiempo, y gracias a la nueva Ley de Costas, aprobada en el Senado el pasado
24 de julio, el Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado la redacción de un
informe que permita legalizar el núcleo costero de Jover.
“El objetivo principal del Ayuntamiento de La Laguna en este terreno es
defender Jover”, indicó. Esta posibilidad está abierta para los municipios
canarios que consigan demostrar que los barrios pesqueros que hasta ahora
eran ilegales según Costas están consolidados como espacios urbanos y dotados
con servicios públicos.
“Hemos encargado un informe al departamento de Obras e Infraestructuras”,
adelantó Bethencourt. “Vamos a trabajar para conseguir que sea considerado
como suelo urbano”, añadió. Se da la circunstancia de que cuando se redactó la
anterior Ley de Costas, en leer más...

2013 05 13 Noticias costas del despatcho de Ortega

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1412976
DIARIO ABC
Hernández Bento: la nueva ley de Costas favorece a
Canarias
0-05-2013 / 15:11 h EFE
La delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, ha
afirmado hoy que la nueva ley de Costas no permite construir donde antes no
se podía, y ha señalado que la disposición adicional de la ley, que reduce de 100
a 20 metros la zona de servidumbre, beneficia a los poblados costeros del
archipiélago afectados por la anterior ley.
Hernández Bento, en rueda de prensa junto con los responsables de las dos
demarcaciones provinciales de Costas, ha considerado que la nueva ley da un
paso importante en el uso sostenible del litoral y ha subrayado que para toda
España se han aplicado los mismos criterios.
Ha indicado que las únicas excepciones en España se han registrado en doce
núcleos y ha explicado que, en el caso de Formentera, casi toda la isla está
incluida en el dominio público marítimo terrestre, situación que no se produce
en Canarias, donde estos espacios están limitados.
Sobre la situación de los 70 núcleos costeros que en Canarias hay afectados por
la anterior ley de Costas (32 en la provincia de Las Palmas y 38 en la de Santa
Cruz de Tenerife), la delegada dijo que las dos demarcaciones de Costas
trabajarán con los ayuntamientos y la comunidad para estudiar cada caso y
analizar su afectación por la modificación de la zona de servidumbre.
Ha señalado que Costas tiene unos 2.000 expedientes con casos de las islas y ha
afirmado que aunque esta ley no puede solucionar los casos sobre los que existe
sentencias judiciales firmes, sí intentará buscar todas las soluciones posibles
“antes de llegar a situaciones extremas”.
Hernández Bento ha insistido que en la nueva regulación no permite edificar en
las zonas de dominio público marítimo terrestre y, respecto a las reformas que
se permitirán realizar en la zona de servidumbre, ha aclarado que éstas serán
autorizadas siempre que, entre otros factores, no supongan un mayor volumen
ni capacidad y cumplan requisitos medioambientales como el de eficiencia
energética.
Además se ha referido a la posibilidad que la ley otorga a los delegados de
gobierno para suspender o aplazar la iniciación de las obras para evitar casos
como el del Hotel Algarrobico, en Almería.
Respecto al uso de las playas, la delegada ha indicado que la nueva regulación
distingue entre el uso urbano y el uso natural, y en el primer caso ha destacado
que para Canarias supone una de las principales novedades, ya que se podrá
utilizar este espacio para eventos que tengan interés turístico con máximas
garantías medioambientales.
También ha destacado la seguridad jurídica que, según ha dicho, otorga la
nueva ley ya que se amplía el período de las concesiones hasta los 75 años y las
propiedades deberán estar inscritas en el registro de la propiedad y se permitirá
la transmisión de la concesión.
Asimismo ha resaltado la prórroga para las actividades económicas que se
realizan en estos espacios pero que a partir de ahora no será automática sino
que precisarán una serie de informes.
Sobre el anuncio realizado por el Gobierno de Canarias de que presentará un
recurso contra la nueva ley, Hernández Bento ha dicho que está en la tónica
general que lleva a cabo el Ejecutivo canario de amenazar con recurrir todas las
decisiones que toma el Gobierno central.
“La política no debe judicializarse” ha dicho la delegada del Gobierno.
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/ley-costas-permite-fabrica-papelence-
permanecer-ria-pontevedra/csrcsrpor/20130510csrcsrsoc_4/Tes
CADENA SER
La ley de costas permite a la fábrica de papel de Ence
permanecer en la ría de Pontevedra
Los ecologistas denuncian niveles de contaminación
“seriamente preocupantes”
RICARDO RODRÍGUEZ | Santiago de Compostela 10-05-2013
La concesión a la pastera terminaba en 2018. Los directivos de la multinacional
se muestran más tranquilos desde la aprobación de la norma y defienden la
continuidad de la fábrica en la ría. Desde el PP de Galicia modulan ya su
discurso, y hay quien se muestra favorable a permitir la presencia deEnce en la
ría durante más años ya que crea cientos de puestos de trabajo.
Es muy posible que los habitantes de Pontevedra sigan conviviendo con la
planta de Ence en su ría. La ley de costas aprobada en el Congreso da vía libre a
que la concesión con la multinacional del papel se prolongue otros 75 años más.
El Gobierno de Rajoy facilita con la norma aprobada en el Congreso alargar las
concesiones de las construcciones del litoral que vencían ahora, incluidas las de
industrias como la pastera. El cambio pasa por alto la extinción de las
concesiones previstas en la disposición transitoria de la actual norma que
establecía un plazo máximo de 30 años que termina en 2018.
Ence mantiene su actividad en Pontevedra desde hace más de 40 años. Los
grupos ecologistas denuncian un alto nivel contaminante de la pastera y exigen
a la Xunta que haga un seguimiento más continuado. La Asociación pola
Defensa da Ría (APDR) ha asegurado en reiteradas ocasiones que los niveles de
contaminación por bacterias producidas por la actividad de la pastera en la ría
son “seriamente preocupantes”. En concreto, en octubre de 2011, según los datos
de un análisis del agua realizado por Augas de Galicia, se apreció “un elevado
nivel tanto de coliformes totales como de estreptococos fecales, que se suman a
las bacterias de origen fecal que ya están presentes en el medio, incrementando
así la carga bacteriana de la ría”, aseguran desde la asociación ecologista.
En Ence, “más tranquilos”
El presidente de ENCE, Juan Luis Arregui, admite que la factoría ya no maneja
otro escenario que no sea el de permanecer en su actual emplazamiento en la
Ría de Pontevedra, incluso más allá de 2018, cuando finaliza la actual concesión
para esta instalación. Tras conocer los detalles de la ley de costas aprobada en el
Congreso, ha dicho sentirse “más tranquilo”.
El presidente de la diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, del Partido
Popular, apuesta por la continuidad de Ence en la Ría. Asegura que la empresa
genera cientos de puestos de trabajo. Dice Louzán que el traslado de Ence “no es
operativo” en la actualidad y ha considerado que “ni Pontevedra ni cualquier
otra ciudad” está en “condiciones de desperdiciar centenares de puestos de
trabajo”.
http://www.magrama.gob.es/ca/prensa/noticias/luz-verde-a-la-ley-de-costaspara-
la-protecci%C3%B3n-ambiental-y-el-desarrollo-sostenible-de-nuestrolitoral/
tcm8-277613-16
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio AmbienteMinisterio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
Luz verde a la Ley de Costas para la protección ambiental y el desarrollo
sostenible de nuestro litoral
9/05/2013
Se prohíbe expresamente la construcción en dominio público y en la zona
adyacente de servidumbre de protección, así como cualquier incremento de lo
ya edificado
Como novedades, la Ley incorpora una cláusula para frenar cualquier
construcción ilegal antes de que se consolide, e introduce una estrategia de
lucha contra el cambio climático
Da más seguridad a los chiringuitos en cuanto a plazos y condiciones de la
concesión, y les exige a la vez más en el cuidado de las playas
El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la Ley de Protección y Uso
Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, con la que se
garantiza la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral de
España, atendiendo a la realidad de nuestras costas.
Esta Ley tiene como primer objetivo la protección medioambiental de la costa,
diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas, preservando
las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como las
actividades, y aumentando en todo caso su protección.
Esta reforma prohíbe nuevas edificaciones en el litoral, tanto en dominio
público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas)como en su zona
adyacente de servidumbre de protección. También prohíbe cualquier
incremento de lo ya edificado.
Prohibición de nuevas edificaciones.Se mantiene la prohibición de edificación
residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos preventivos,
prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de tamaño,
altura o superficie.
Exclusión de núcleos de población del Dominio Público Marítimo
Terrestre.La Leyexcluye núcleos de población, no amnistía núcleos, porque
eran legales. Lo que se hace es excluirlos del dominio público por ser
innecesarios para la protección de la costa, algo que ya se prevé en la Ley de
1988 a través de la desafectación.
Lo que se hace es excluirlos del dominio público marítimo terrestre porque son
terrenos de núcleos urbanos, antropizados (habitados y consolidados) desde
antes de 1988. Afectan, mayoritariamente, a viviendas sencillas de barriadas
populares, no a hoteles o empresas.
Se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100
metros.Únicamente se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20
metros, ya prevista en la Ley de 1988. Pero con una importante novedad: se
prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas.
La reducción de la servidumbre solo se podrá producir respecto de núcleos
costeros que antes de 1988 tuvieran un carácter urbano, según unos requisitos
marcados en la disposición transitoria 1ª de la Ley, y solamente para el núcleo
delimitado.
Por tanto, no se podrán autorizar nuevas construcciones dentro de los núcleos
delimitados. Es decir se solucionan problemas antiguos no resueltos en 1988, sin
que implique permitir un solo edificio más en la costa.
Chiringuitos. La Ley mantiene los usos permitidos y prohibidos en el dominio
público marítimo terrestre. Se dará más seguridad a los chiringuitos en cuanto a
plazos y condiciones de la concesión. Y se les exigirá más en términos de
ordenación y cuidado de las playas. Por eso se establecerán, en el Reglamento
de aplicación de la Ley, criterios razonables que compatibilicen la protección de
la costa con el servicio público Se restringirán más en las playas naturales.
Exclusión de la Isla de Formentera.Esta isla tiene características
geomorfológicas especiales, es un caso singular, y por ello recibe un tratamiento
singular. Se modifica un deslinde, pero se garantiza el mantenimiento de la
zona de servidumbre de protección, en la que se prohíbe edificaciones
residenciales.
Urbanizaciones marítimo-terrestres.El Proyecto regula las urbanizaciones en
base a dos criterios: defensa del dominio público marítimo terrestre, porque los
canales navegables son dominio público. Al mismo tiempo, asegurar la
propiedad privada de las viviendas (siempre lo fueron), aportando la seguridad
jurídica que faltaba, supresión de la servidumbre de tránsito y estacionamientos
privados, tanto individuales como colectivos.
Cambio climático y erosión/regresión de la costa.La Leyincorpora regulaciones
específicas para afrontar con garantías la lucha contra los efectos del cambio
climático en el litoral. Se introduce un régimen específico para los tramos del
litoral que se encuentren en riesgo grave de regresión. La definición de esta
situación se establecerá reglamentariamente y en atención a criterios científicos
contrastados. En las áreas así declaradas, se limitan las ocupaciones y se prevé
que la Administración pueda realizar actuaciones de protección, conservación o
restauración, respecto de las que podrá establecer contribuciones especiales a
los beneficiarios, otra de las novedades de esta Ley.
También se exige que a los proyectos para la ocupación del dominio público se
acompañe una evaluación prospectiva sobre los posibles efectos del cambio
climático. Además, se incorpora como causa de extinción de las concesiones el
supuesto de que las obras o instalaciones estén en riesgo cierto de ser
alcanzadas por el mar.
La Ley, asimismo, impone al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente la obligación de elaborar una estrategia para la adaptación de la costa
a los efectos del cambio climático para disponer de un diagnóstico riguroso de
los riesgos asociados al cambio climático que afectan a nuestra costa, y de una
serie de medidas que permitan mitigarlos.
Plazo de 75 años de concesión.Se mejora la situación jurídica de los antiguos
propietarios de bienes en la costa, en especial de viviendas, que la ley de 1988
expropió. La nueva legislación prorroga las concesiones de esos ciudadanos
hasta un máximo de 75 años.
No es nuevo, ya que la Ley de Aguas que regula las aguas continentales y es
muy próxima materialmente a la Ley de Costas tiene ese mismo plazo. Es un
plazo máximo, que no tiene por qué completarse, sino que se acomodará a cada
tipo de uso.
Durante la concesión y sus prórrogas (hasta los 75 años), se garantizará la
adecuada conservación de la costa y, además, se va a exigir a los empresarios la
corresponsabilización en esa conservación del domino público.
Transmisión de concesiones.Toda transmisión debe ser autorizada por el
Estado, que comprobará que el nuevo concesionario cumple los requisitos,
tanto económicos como de protección del dominio público marítimo terrestre.
Además, se promoverá una cierta apertura del sector en beneficio de la calidad
de las actividades económicas y de los servicios que se prestan en domino
público.
Salinas y establecimiento de cultivos marinos.Lo que se hace es devolver la
propiedad a aquellas salinas y establecimientos marinos que eran propiedad
privada antes de la Ley de 1988. Son actividades beneficiosas cuya desaparición
no ayudaría en nada a la protección del litoral. Y, además, se añade una
limitación muy importante: se consideran zona de servidumbre de protección.
Lo que quiere decir que en esos terrenos no se van a poder construir viviendas
ni hoteles.
Dominio Público Marítimo Terrestre.No se reduce con carácter general, sino
que lo que la reforma pretende es evitar las ambigüedades y las aplicaciones
heterogéneas, que se han producido en los deslindes. Por eso, la Ley obliga a
que se establezcan criterios técnicos para determinar el alcance del dominio
público marítimo terrestre (mayores temporales conocidos, algo que no se
modifica) e incorpora definiciones de los principales componentes del dominio
público como dunas o marismas, cuyo alcance tampoco se modifica.
Se alcanza más objetividad, en definitiva, mejor defensa del dominio público
marítimo terrestre y mayor seguridad jurídica. Sólo en casos excepcionales hay
exclusiones del dominio público porque están plenamente justificados (12
núcleos excluidos, por urbanos, y Formentera).
Viviendas ilegales.La Leyno es una amnistía en ningún caso. En relación con
las viviendas que por sentencia judicial firme deban ser derribadas, la
Administración General del Estado cumplirá con su obligación, y también
apoyará a las Comunidades Autónomas y a Ayuntamientos para encontrar
soluciones a tales problemas.
Eventos en playas.La situación real era que determinados eventos se producían
en las playas, sin autorización y con cierta permisividad. La Ley de Costas
regula esta cuestión para establecer los requisitos, límites y condiciones en que
es posible la ocupación de las playas, garantizando su conservación y
entendiendo además que esas ocupaciones se restringen a los tramos urbanos.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1413583
DIARIO ABC
Principado: la nueva Ley de Costas es una herramienta
para la especulación
11-05-2013 / 13:50 h EFE
La consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén
Fernández, ha mostrado hoy el rechazo del Gobierno asturiano ante la
aprobación de la nueva Ley de Costas y ha asegurado que se trata de “una
herramienta para los privilegios, la especulación y la privatización del litoral”.
A su juicio, se trata de una norma que empobrece el patrimonio colectivo y
causará un gran daño a la costa española, informa la Consejería del Principado.
Fernández indica que la decisión del Ministerio para permitir mantener 125.000
viviendas y 1.300 negocios en la costa española es “un privilegio que supone un
empobrecimiento para los 47 millones de españoles que tenían hasta ahora en el
litoral un patrimonio colectivo”.
“Creo, y lo digo sin exagerar, que es una auténtica arma de destrucción masiva
para el litoral español que queda sin urbanizar”, recalca.
La consejera de Fomento también resalta el trabajo llevado a cabo por el
gobierno de Asturias a favor de la protección de la costa.
“Las directrices de ordenación del litoral de principios de los años 90 y el
posterior Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA) van a ser los
grandes escudos, las grandes herramientas que vamos a tener aquí en Asturias
para evitar los impactos destructivos y perjudiciales que puede tener esta ley
para el interés social”, asevera.
http://www.diariocriticocv.com/economia/hosteleros/ley-de-costas/427053
DIARIO CRITICO DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
Los hosteleros, satisfechos con la ley de Costas
Creen que permitirá dotar de seguridad jurídica a los locales.
| 2013-05-11 10:24:00 |
La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (FEHV) ha expresado su
satisfacción por la aprobación de la reforma de la Ley de Costas, ya que
considera que, “tras años de trabajo, reivindicaciones y movilizaciones” desde el
sector, con esta norma se dota de seguridad jurídica a los establecimientos.
La FEHV ha apuntado en un comunicado que, con la aprobación de la reforma,
“se va garantizar la seguridad jurídica para los restaurantes ubicados en
primera línea de playa y va a permitir que desde estos establecimientos se
pueda mantener la creación de puestos de trabajo y la realización de
inversiones económicas que beneficiarán la imagen turística de la Comunitat y
un impulso para el sector turístico valenciano”.
Los hosteleros subrayan que “para los valencianos y turistas el poder salir a
comer al borde del mar es una de las experiencias turísticas más deseadas y
apetecibles y uno de los mayores recursos turísticos y económicos” del litoral
valenciano.
En esta línea, apunta que, desde la FEHV, se ha defendido “un modelo de ley
que tuviera en cuenta los criterios de sostenibilidad para hacer compatible la
actividad empresarial con el respecto al medio ambiente y su mantenimiento en
un futuro”. La Federación ha valorado las iniciativas promovidas por la
Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia en defensa de la actividad
empresarial de las empresas hosteleras.
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/05/11/afectados-ley-costasvilaboa-
plantean-retomar-protestas/808341.html
DIARIO FARO DE VIGO
Los afectados por la Ley de Costas en Vilaboa plantean retomar las
protestas
Se sienten agraviados respecto a otros núcleos históricos
reconocidos – Piden a la Xunta que “salve” el centenar de viviendas
excluidas en el municipio o “habrá movilizaciones”
F. Martínez – Pontevedra 11.05.2013 | 09:46
El conselleiro analiza la situación del litoral de Vilaboa con su alcalde y los
portavoces vecinales. // R.V.
Los afectados por la ley de Costas en Vilaboa no descartan retomar las
movilizaciones para demandar el reconocimiento de los núcleos costeros
históricos en este municipio. “Todo dependerá de cómo vaya transcurriendo
esto”, indicó uno de sus portavoces. “No sabemos si la Xunta nos va a apoyar
para solucionar todos los casos, o si va a aplicar la ley al pie de la letra, desde
luego mientras haya afectados seguiremos luchando”, advirtió Diego Canosa.
“Nos vamos a quedar fuera, no nos van a solucionar el problema”. Es el temor
que expresó otro de los portavoces de la comisión de afectados de Vilaboa,
Enrique López, que junto a representantes vecinales y portavoces políticos de
este municipio, encabezados por su alcalde, José Luis Poceiro, se reunió ayer en
Pontevedra con el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández.
Son aproximadamente un centenar de viviendas las que se quedarán fuera de
los núcleos costeros en este municipio. “Pedimos que se legalicen esas viviendas
porque están en núcleos tradicionales”, añadió López.
Los vecinos de Vilaboa quieren un trato equitativo respecto a los residentes de
otros núcleos costeros que fueron finalmente desafectados de la franja costera.
“Nos alegramos de que otros solucionasen su problema, pero evidentemente
sentimos un agravio comparativo”, añadió este portavoz. “Otros solucionaron la
cuestión del dominio público, cuando nosotros estamos mucho más allá de los
20, 50 o 60 metros y estamos discriminados”, añadió Enrique López. “Tal y
como quedó la ley no nos soluciona prácticamente nada”, indicó por su parte
Diego Canosa, quien asume que “muchos nos vamos a quedar fuera de
ordenación”.
A pesar del pesimismo declarado por los vecinos de Vilaboa, la plataforma de
afectados sigue exigiendo “que se solucione el cien por cien de los núcleos, no
nos vale que a unos sí y a otros no; usan el sistema de divide y vencerás pero
eso no vale con nosotros, vamos a seguir luchando para que se solucionen todos
los casos”, subrayó Canosa.
Por su parte, el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas,
Agustín Hernández, manifestó la voluntad de colaboración del gobierno
gallego con el Concello de Vilaboa, para conseguir que “el mayor número de
vecinos” pueda beneficiarse de las medidas establecidas en la nueva ley de
Costas. Hernández indicó que con el nuevo texto los ayuntamientos de la costa
gallega podrán dotar de seguridad jurídica y normalidad a las viviendas de los
núcleos costeros.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1413069
DIARIO ABC
Consell: La nueva ley de Costas garantiza la continuidad de 500
chiringuitos
10-05-2013 / 16:30 h EFE
El portavoz del Gobierno valenciano, José Císcar, ha destacado hoy que la
nueva ley de Costas garantiza la continuidad de más de 500 locales ubicados en
la zona marítimo-terrestre, conocidos como “chiringuitos”, al prolongarse las
concesiones de 30 a 75 años.
Císcar se ha pronunciado así en rueda de prensa tras el pleno del Consell, en el
que se ha analizado la ley aprobada ayer por el Congreso de los Diputados, que
“recoge las reivindicaciones” de la Generalitat y de la sociedad civil y
“salvaguarda y da seguridad jurídica” al turismo y a estos establecimientos
hosteleros.
El vicepresidente ha recordado que, con la ley de Costas anterior, de 1988, las
concesiones a estos locales eran por un máximo de 30 años, por lo que en 2018
quedaban extinguidas, pero gracias a la nueva norma a partir de ese año se abre
un nuevo plazo de concesión de 75 años más.
Císcar ha indicado que la ley de Costas da una mayor seguridad jurídica a esos
establecimientos de restauración ubicados en el dominio público marítimoterrestre
de la Comunitat Valenciana, y supone una “apuesta clara” por el
turismo y por la creación de empleo.
Gracias a la nueva Ley de Costas, más de 500 locales ubicados en el litoral de la
Comunitat “podrán seguir abiertos, lo que implica la creación de puestos de
trabajo y riqueza”, ya que el sector turístico, del ocio y la restauración
representa el 13 % del PIB de la Comunitat, ha destacado.
El vicepresidente ha recordado que este sector genera más de 5.000 puestos de
trabajo directos y más de mil indirectos, y ha defendido que la nueva ley recoge
“muchas de las reivindicaciones” que la Generalitat propuso al Gobierno de
España.
“La nueva ley de Costas es un claro ejemplo de la sensibilidad, la apuesta y el
compromiso del Gobierno central por el turismo de toda España y por lo tanto
también de la Comunitat Valenciana”, ha afirmado Císcar, quien ha indicado
que se ha puesto fin a “la gran inseguridad jurídica” que “el cambio de criterio”
del Gobierno anterior causó en el sector.
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/10/valencia/1368202635.html
DIARIO EL MUNDO
MEDIO AMBIENTE | Aprobada el jueves por el Gobierno central
La nueva Ley de Costas evitará la demolición de
3.000 viviendas del litoral
Permite que 362 restaurantes y chiringuitos
amplíen su concesión a 75 años
Más de 12.000 personas habitan en las
viviendas que se salvarán del derribo
Efe | Valencia
viernes 10/05/2013 18:17 horas
La nueva Ley de Costas evitará la demolición de 3.000 viviendas ubicadas en
dominio público marítimo-terrestre de la Comunidad Valenciana, en las que se
estima que habitan unas 12.000 personas, ya que permitirá a sus propietarios
ampliar la concesión de sus casas por otros 75 años.
La delegada del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Paula Sánchez de
León, ha explicado este viernes las novedades más destacadas de esta reforma
aprobada el jueves por el Gobierno y ha incidido en sus beneficios para la
protección del medio ambiente y los derechos de propietarios e intereses
económicos de los establecimientos.
De hecho, el nuevo texto permitirá que 362 restaurantes y chiringuitos que se
encuentran en dominio público marítimo-terrestre amplíen su concesión a 75
años y que puedan, al igual que los 67 hoteles en la costa, acometer
remodelaciones para modernizarse sin implicar aumento de volumen ni
superficie, según la delegada.
La nueva normativa también supondrá que se evite la demolición de 1.426
viviendas de Alicante (Serra Grossa y Santa Pola), Valencia(Oliva)
y Castellón (Xilxes), debido a que han perdido su morfología de ribera de mar
y por tanto, quedan excluidas del dominio público marítimo-terrestre.
‘Estabilidad y seguridad’
Sánchez de León ha asegurado que la reforma de la Ley de Costas, que databa
de 1988, se ha enfocado desde la “racionalidad, el sentido común y el realismo”
y ha hecho hincapié en la “estabilidad y seguridad”que da a un sector que
entre hoteles, restaurantes y chiringuitos factura más de 160 millones de euros y
da empleo directo a mas de 9.000 personas en toda la Comunidad.
Según la delegada, la anterior ley era “insuficiente” e incluso “perjudicial” en
muchos casos y la nueva norma “prohíbe” edificar en la costa y “frena el
deterioro” de lo ya construido, ya que permite a los establecimientos
modernizar sus construcciones, además de ofrecer “seguridad jurídica” a los
propietarios de viviendas.
Ha destacado que “se anticipa a futuros problemas urbanísticos”, ya que
permite que se suspendan cautelarmente actuaciones urbanísticas que luego
puedan llegar a ser demolidas por ilegales hasta que se pronuncien los
tribunales.
Igualmente, por primera vez “discrimina” las playas urbanas de las vírgenes y
mejora la definición técnica del concepto público marítimo-terrestre y permite
excluir de este concepto a un total de 1.426 núcleos habitados “históricamente
consolidados”, 1.252 en la provincia de Alicante, 67 en la de Valencia y 107 en
Castellón.
‘Mejora la situación jurídica’
La delegada ha destacado que la reforma de la Ley de Costas “mejora la
situación jurídica para los antiguos propietarios que se vieron privados de sus
bienes con la Ley de 1988”, ya que amplía la concesión de 30 a un máximo de
75 años, lo que impedirá que sus viviendas tengan que ser demolidas. Además,
permitirá que los propietarios de las concesiones puedan vender sus derechos,
hipotecarlos o transmitirlos en herencia.
Asimismo, la ley prevé que los bienes en territorio de dominio marítimoterrestre
se inscriban en el registro de propiedades para su consulta por
cualquier ciudadano.
Sánchez De León ha incidido en que el nuevo texto “fomenta” la actividad
económica en la costa, ya que asegura la continuidad de los establecimientos,
que podrán solicitar una prórroga de hasta 75 años en función del uso, previa
acreditación de que no hay peligro para la protección medioambiental.
Con la nueva normativa, estos establecimientos con concesión
administrativa podrán acometer reformas siempre que no superen el volumen
y la superficie existente.
Para chiringuitos y merenderos temporales la normativa amplía a 4 años la
concesión de la autorización, lo que agiliza el proceso y se remite al desarrollo
del reglamento futuro en un plazo de seis meses para concretar las
dimensiones y características que deberán tener.
Sánchez de León ha calificado de “ejercicio de irresponsabilidad”que el PSOE
no haya apoyado la aprobación de esta reforma que “mejora las expectativas de
ciudadanos, empresarios y medio ambiente”.
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/05/10/audiencia-nacionalordena-
segunda-vez-incoar-caducidad-concesion-lourizan/807581.html
DIARIO FARO DE VIGO
La Audiencia Nacional ordena por segunda vez incoar la caducidad de la
concesión de Lourizán
Salvemos Pontevedra instó la clarificación de la situación de los terrenos de
la EDAR y del emisario submarino – El fallo es “incongruente” ya que
concede lo no solicitado
B. Márquez – Pontevedra 10.05.2013 | 07:28
Depuradora de Placeres. //R. Vázquez
La Audiencia Nacional ordena a la Administración “la incoación de expediente
de caducidad” de la concesión estatal que disfruta Ence en terrenos de dominio
marítimo-terrestre de Lourizán y “a la adopción de todas las medidas
legalmente contempladas para la paralización de la actividades y suspensión
del uso y explotación de las instalaciones”. Es la segunda vez que la Sala de lo
Contencioso-Administrativo Sección Primara del citado órgano jurisdiccional
ordena dicha incoación y en los mismo términos. La primera vez fue el 19 de
mayo de 2011 y en ambos casos el fallo se deriva de los recursos presentados
por la asociación Salvemos Pontevedra.
Se da la circunstancia que los fallos, idénticos, responden a demandas distintas,
dándose la circunstancia de que esta segunda sentencia se ajusta a la calificación
legal de “incongruente” ya que “lo concedido no coincide con lo pedido”.
Salvemos Pontevedra pretende clarificar la situación legal de los terrenos
ocupados por la EDAR (estación depuradora de aguas residuales) de Os
Praceres y el emisario submarino y en este contexto plantea la petición de una
serie de medidas sancionadoras y de restitución urbanística, tras varios años de
silencio administrativo a sus demandas.
En el Contencioso ahora respondido, la asociación solicitaba expresamente, tal
como se puede leer en el fallo de la Audiencia Nacional, en referencia a la
depuradora: que se declare la ilegalidad de dicha construcción ubicada en los
terrenos de dominio público que ocupa; la apertura del correspondiente
expediente sancionador y de resposición de la legalidad urbanística y
medioambiental; la paralización de las actividades y usos que se desarrollan en
la EDAR; la paralización de cuantas obras se estén desarrollando o pretendan
hacer y la devolución de los terrenos ocupados por la depuradora a su estado
primitiva.
En relación con el emisario submarino, Salvemos Pontevedra plantea al tribunal
que: declare la ilegalidad del mismo por carecer de concesión administrativa de
ocupación del dominio público marítimo-terrestre; se proceda a la prohibición y
clausura de los vertidos que se realizan a través de dicho emisario y que se
incoe expediente sancionador y de restitución de la legalidad urbanística y
medioambiental. El recurso, por último, alude a que dado que la depuradora
está construida en terrenos de la concesión administrativa de Ence y que la
planta de tratamiento no cuenta con las licencias y concesiones oportunas “se
declaren vulneradas las cláusulas concesionales recogidas en el pliego de
condiciones por las cuales se otorgó en si dóala concesión mencionada”.
Ante esta cascada de peticiones, la sentencia ordena incoar la caducidad de la
concesión e iniciar las medidas para paralizar la actividad.
http://noticias.lainformacion.com/politica/vivienda-y-planificacionurbana/
catalunya-tiene-4-700-ocupaciones-irregulares-en-primera-linea-demar_
uStqouplPQXQHRNC8uTHM2/
DIARIO LA INFORMACIÓN
VIVIENDA Y PLANIFICACIÓN URBANA
Catalunya tiene 4.700 ocupaciones irregulares en primera línea de mar
viernes, 10/05/13 – 13:01
Catalunya tiene 4.700 ocupaciones irregulares en primera línea de mar,
situadas en el denominado dominio público marítimo terrestre, cuya legalidad
deberá revisarse caso por caso, a tenor de la ley de costas aprobada por el
Gobierno, según han explicado este viernes en Barcelona los responsables de la
demarcación de costas de la Delegación del Gobierno en Catalunya.
BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)
Catalunya tiene 4.700 ocupaciones irregulares en primera línea de mar, situadas
en el denominado dominio público marítimo terrestre, cuya legalidad deberá
revisarse caso por caso, a tenor de la ley de costas aprobada por el Gobierno,
según han explicado este viernes en Barcelona los responsables de la
demarcación de costas de la Delegación del Gobierno en Catalunya.
Entre ellas, 2.000 son viviendas, con una afectación de unas 8.000 personas –la
mayoría en la provincia de Girona–, y el resto corresponden a embarcaderos,
chiringuitos de plaza y terrazas o piscinas de residencias que se sitúan en la
franja costera más cercana al mar, todas ellas ocupaciones “que no han podido
adaptarse a la ley de 1988”, ha resumido el subdelegado del Gobierno en
Barcelona, Emilio Ablanedo, y que ahora tendrán otra oportunidad para
hacerlo.
Estas 4.700 ocupaciones deberán derruirse en caso de que exista una sentencia
firme, aunque los trámites judiciales de la mayoría de ellas siguen su curso y, de
hecho, la ley no contempla “ningún plazo” para resolver los expedientes.
El dominio público catalán incluye además otras 430 construcciones que sí
gozan de una concesión por parte del Gobierno y que, con la nueva ley, ven
aumentar su validez hasta los 75 años, lo que repercute en que las 206
concesiones que expiraban en 2018 lo harán a partir de la aprobación de la ley
de costas en el año 2063.
Este será uno de los efectos más visibles de la nueva legislación en el caso de
Catalunya, junto con la exclusión de dicho dominio público de dos municipios
gerundenses, Empuriabrava y Platja d’Aro, cuyas viviendas quedan legalizadas
y por tanto podrán comprarse y venderse.
La nueva ley, adicionalmente, también modifica la anchura de la servidumbre
de protección, que se reduce de 100 a 20 metros en las zonas urbanas que ya
existían, otra eventualidad que en Catalunya afecta a unas 20.000 viviendas con
una estimación de ocupantes de 80.000 personas, ha resumido Ablanedo.
La zona de servidumbre, no obstante, queda excluida de nuevas construcciones,
y en todo caso estas 20.000 viviendas sí podrán realizar obras de rehabilitación
que no supongan un aumento de su volumetría, ha subrayado Ablanedo.
El subdelegado del Gobierno ha insistido en el “triple objetivo” que persigue la
reforma, y que pasa por asegurar la conservación medioambiental, dotar de
seguridad jurídica a la regulación del litoral y compatibilizar la protección con
la realización de actividades económicas, ha resumido.
Ablanedo, que ha excusado la presencia de la delegada Llanos de Luna por
estar reunida con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de visita en la
capital catalana, ha comparecido junto al jefe de la demarcación de costas
en Tarragona, Julio Bondia; el de Girona, Jordi Planella, y la de Barcelona,
María de Riansares.
http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/1521680/e/l/baluarte/vencido.html
DIARIO DE SEVILLA
Lunes 13 de Mayo de 2013
CRÓNICAS LEVANTISCAS
e l baluarte vencido
JUAN MANUEL MARQUÉS PERALES | ACTUALIZADO 12.05.2013 – 01:00
LA Ley de Costas fue una ley jacobina pero tímida, la ley más violada de
España, unas veces por la desidia autonómica, otras por la ausencia de
deslindes o por la ignorancia de éstos y las más, por un llamado progreso de
vista minúscula que ya vemos los beneficios que nos ha dejado. Una ley
vejada por la ignorancia, por aquéllos que no comprendieron que la primera
línea de playa también podía situarse a 300 metros de la arena. Cuando la
llamada zona de servidumbre, un colchón de apenas 200 metros detrás de la
zona intermareal, cayó en manos autonómicas debido al celo de la
Generalitat por sus competencias, los ayuntamientos, con la complicidad de
las comunidades, volcaron sobre esta franja toda su tipología de chapuzas
urbanísticas. Ahora, ya cerca del año 2018, cuando se acababa la concesión
de casas, bares y hoteles para ocupar el suelo público, la Ley de Costas es
reformada para darles otro plazo de 70 años. Ya tuvieron 30 años de
prórroga, pero la política no siempre mira a corto plazo. Esta ley fue el
último reducto para aliviar la manía hispánica de alicatar hasta la arena, y
hoy está reformada gracias al triunfo de un conjunto de bienes muy
particulares que no suman el bien general. Nació tímida en 1988; fue sólo un
baluarte de 100 metros de playa; debió ser reformada para ir a más, pero
hoy cae agujereada por miles de particularidades.
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/aciertoabril/
espana/noticias/4814554/05/13/la-reforma-de-la-ley-de-costas-permitiraque-
en-cantabria-continuen-122-concesiones-abocadas-al-cierre.html
Viernes, 10 de Mayo de 2013 Actualizado a las 12:26
La reforma de la Ley de Costas permitirá que en
Cantabria continúen 122 concesiones abocadas al cierre
10/05/2013 – 12:26
La aprobación definitiva de la reforma de la Ley de Costas permitirá que en
Cantabria continúen su actividad 122 concesiones que estaban abocadas al
cierre en 2018 según la anterior normativa de 1988.
SANTANDER, 10 (EUROPA PRESS)
Se trata de empresas y negocios fundamentalmente vinculados con la
hostelería (incluidos los chiringuitos), explotaciones agrícolas, industrias
agroalimentarias y también, previo informe ambiental, otras industrias
como las siderúrgicas.
En concreto, en Cantabria hay “dos o tres” industrias “importantes”,
localizadas en el entorno de la Bahía de Santander, que deberán superar el
informe medioambiental y que estarían obligadas al cierre en caso de no
cumplir con los requisitos.
En este sentido, el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, ha subrayado que
para estas empresas el “obstáculo” no sería la Ley de Costas sino su
incumplimiento de las medidas medioambientales.
En cuanto a los chiringuitos de playa, ha indicado que pasa de uno a cuatro
años el plazo de autorización para estas instalaciones desmontables, a cuyos
concesionarios también se otorga mayor seguridad jurídica.
Ruiz ha valorado este viernes en rueda de prensa la reforma de la Ley
aprobada este jueves en el Congreso y que, ha dicho, “mejora la protección
del litoral, aumenta la seguridad jurídica y concilia la actividad económica
con la sostenibilidad”.
El delegado, que ha estado acompañado del jefe de la Demarcación de
Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, ha precisado que la reforma no
sustituye sino que “mejora” aspectos de la normativa del 1988 en los que era
“necesario el cambio”, y soluciona con “racionalidad, sentido común y
realismo” los problemas “concretos” que la ley anterior había generado.
Y es que, a diferencia de la del 88, la nueva ley parte de los problemas que se
han detectado en la práctica, se adapta a la situación real, aporta soluciones
a la degradación del litoral, regula el urbanismo “descontrolado” y se
“adelanta al futuro” en la protección del litoral frente al cambio climático, ha
resumido Ruiz, que ha desgranado los aspectos más destacables de la
normativa.
Entre otros, que prohíbe “rotundamente” la construcción de nuevas
edificaciones residenciales; que las concesiones que quieran realizar obras
deberán incluir sistemas de eficiencia energética, sobre todo de consumo de
agua; o que, para prevenir situaciones “irreversibles”, el delgado del
Gobierno pueda suspender cautelarmente actos de ubicación ilegal a la
espera de la decisión judicial.
La reforma amplía 75 años más las concesiones a 30 años que tenían los
expropiados por la ley anterior, lo que evitará “numerosas demoliciones” de
viviendas a partir de 2018; recupera el valor de los derechos de algunos
propietarios de viviendas mejorando también las condiciones para heredar;
y fomenta el desarrollo de actividades en la costa otorgando mayor
seguridad jurídica a los inversores porque “no hay razón de oponer el medio
ambiente a la actividad económica”.
En este sentido, se amplían las concesiones a 75 años, una medida
“necesaria” para Ruiz puesto que termina con la “incertidumbre” de las
empresas y facilita la obtención de financiación a las mismas. “Es necesaria
para evitar un cierre masivo de negocios y la destrucción de empleo en
2018”, ha subrayado.
Al respecto ha precisado que no se trata de una prórroga “automática” sino
sólo para aquellas actividades que acrediten que no suponen un peligro
para el medio ambiente costero.
En Cantabria, desde finales del siglo XIX y hasta mediados del XX se
otorgaron muchas concesiones para desecar marisma para usos
generalmente agropecuarios pero también para actividades industriales.
http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20130510/pvasco-espana/pp-vuelveaplicar-
rodillo-20130510.html
EL CORREO
GENERAL
El PP vuelve a aplicar el rodillo en la polémica reforma de la Ley de Costas
El Gobierno asegura que la norma protege el litoral, mientras que la oposición
afirma que es un paso para «privatizar» las zonas próximas al mar
10.05.13 – 00:34 –
EL CORREO | MADRID.
El Congreso de los Diputados aprobó ayer la polémica Ley de Costas, que el PP
defiende como una «protección» para el litoral que evitará incluso casos como el
del hotel Algarrobico, mientras buena parte de la oposición y numerosas ONG
la tildan de «amnistía» y de un paso mas para «privatizar» la costa española. El
nuevo texto, que reforma la anterior regulación de 1988, salió adelante con los
votos del Grupo Popular, la abstención de CiU y el voto en contra del resto de
la oposición a la mayoría de las enmiendas, con alguna salvedad como la de
ERC, que apoyó una sobre el cambio climático.
La nueva ley, según defendió el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, garantiza la conservación del litoral, y «no lo privatiza», al tiempo que
salva de la demolición a más de 1.200 industrias y 25.000 edificios (con unas
125.000 viviendas) ubicadas desde antes de 1988 en el litoral, al contar ahora
con una nueva concesión de 75 años.
La reforma no permitirá ninguna nueva construcción en la zona de costa
protegida y establece instrumentos «para evitar las barbaridades urbanísticas»
como la del hotel de El Algarrobico, explicó el ministro a los medios de
comunicación tras asistir al debate dentro del hemiciclo. Según añadió, esta ley
tiene como primer objetivo la protección medioambiental de la costa,
diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas, preservando
los arenales vírgenes al limitar en ellos tanto las ocupaciones como las
actividades, y aumentando su protección.
Se prohíben también nuevas edificaciones, tanto en el dominio público
marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas), como en su zona adyacente
de servidumbre de protección. Se mantiene la prohibición de la edificación
residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos preventivos la
protección de zonas ya urbanizadas, impidiendo también que las obras de
mejora impliquen aumentos de tamaño, altura o superficie.
Igualmente, excluye a los núcleos de población (no los amnistía porque ya eran
legales, dice el PP) del domino público terrestre porque son terrenos urbanos,
habitados desde antes de 1988, que afectan en su mayoría a viviendas sencillas
de barriadas populares, «no a hoteles o empresas», argumenta el Gobierno.
En concreto, el proyecto de ley excluye del dominio público marítimo terrestre
un total de 12 municipios: el poblado marítimo de Xilxes (Castellón), Moaña
(Pontevedra); Serra Grossa y Puerto de Santa Pola (Alicante); Empuriabrava y
Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva); Caño del Cepo y el casco
urbano de Isla Cristina (Huelva); junto con Pedralejo y El Palo (Málaga).
«Ni un edificio más»
Además, en esta reforma se mantiene la anchura de la servidumbre de
protección en 100 metros y únicamente se especifica cómo se aplica la regla
especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988. Eso sí, se prohíben
expresamente nuevas edificaciones en estas áreas.
Según puntualiza Medio Ambiente, la reducción de la servidumbre solo se
podrá producir respecto de núcleos costeros que antes de 1988 tuvieran un
carácter urbano, en función de unos requisitos marcados en la disposición
transitoria primera de la ley, y solamente para el núcleo delimitado. Por tanto,
defiende que no se podrán autorizar nuevas construcciones dentro de los
lugares delimitados. «Es decir, se solucionan problemas antiguos no resueltos
en 1988, sin que implique permitir un solo edificio más en la costa», justifica.
En cuanto a los chiringuitos, la ley mantiene los usos permitidos y prohibidos
en el dominio público marítimo terrestre y Medio Ambiente señala que se les
dará más seguridad, en cuanto a plazos y condiciones de la concesión, a la vez
que se les exigirá más en términos de ordenación y cuidado de las playas.
Sobre las concesiones, se prorrogan las de los propietarios de viviendas situadas
en la playa desde antes de 1988 hasta un máximo de 75 años. Durante la
concesión y sus prórrogas debe garantizarse la conservación de la costa y,
además, se va a exigir a los empresarios la corresponsabilización en esa
conservación del domino público.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/la-nueva-ley-decostas-
salva-del-derribo-legendario-ortega-playa_816093.html
EL PERIODIC MEDITERRANEO
LA MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA ESTATAL PERMITIRÁ
REFORMAR EL RESTAURANTE
La nueva ley de Costas salva del derribo al legendario Ortega Playa
El Círculo Mercantil pretende revitalizarlo para aumentar sus ingresos por
alquiler. El Gobierno central prorrogará en otros 75 años la concesión que
vencía en el 2018
DAVID P. SOLVES 12/05/2013
La aprobación de la nueva ley de Costas el pasado jueves en el Congreso de los
Diputados salvará del derribo el emblemático restaurante ‘Ortega Playa’ —
antiguamente llamado ‘Xaloc’–, ubicado en el Serradal. La actual concesión,
que vencía en el año 2018, será prorrogada 75 años más, es decir, hasta el 2093.
Eso abre un amplio abanico de opciones al Círculo Mercantil e Industrial de
Castellón para poder revitalizar las deterioradas instalaciones hosteleras de su
propiedad que tienen alquiladas a una empresa particular.
“Con la nueva ley de Costas a punto de entrar en vigor –que reduce la zona de
servidumbre de 100 a 20 metros– no podemos edificar pero sí reformarlo”,
afirma el presidente del Círculo, Julio Marín. “Cada vez somos menos socios y
el dinero del alquiler del restaurante es imprescindible para poder subsistir”,
admite.
El Círculo Mercantil cuenta en la actualidad con unos 250 socios frente a los
3.000 que llegó a tener en décadas anteriores. Parte de esos socios son jóvenes
aficionados al windsurf que utilizan el pabellón que también posee la entidad
muy cerca de la playa del Serradal para guardar sus tablas y las velas durante
todo el año.
El restaurante Ortega Playa lleva en su privilegiado emplazamiento más de
medio siglo. Antaño fue un obligado punto de encuentro gastronómico de
Castellón pero, en la actualidad, tan solo abre sus puertas durante el verano. El
evidente deterioro impide darle un mayor uso.
El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, se interesó por el futuro del viejo
restaurante durante la entrevista que mantuvo recientemente con la jefa
provincial de Costas, María Josefa Solernou. H
http://elprogreso.galiciae.com/nova/250128-xunta-recuerda-continuidad-encetendra-
contar-aprobacion
DIARIO EL PROGRESO
MEDIO AMBIENTE
La Xunta recuerda que la continuidad de Ence tendrá que contar con su
aprobación
10/05/2013 – Galiciaé LV / Axencias
La Xunta ha garantizado hoy que “ni Ence ni ninguna otra” ocupación
industrial continuará en el dominio público marítimo-terrestre del litoral de
Galicia sin su autorización porque deberá cumplir las normas urbanísticas y
ambientales y “contar con la aquiescencia” del Gobierno autonómico.
La secretaria general de Ordenación del Territorio de la Xunta, María
Encarnación Rivas, ha querido así “tranquilizar” a la diputada socialista Patricia
Vilán en la comisión parlamentaria de Ordenación Territorial y Medio
Ambiente, donde ha formulado una pregunta sobre el canon anual asignado a
Ence por la ocupación de terrenos entre los municipios de Pontevedra y Marín.
“Ninguna ocupación industrial va a mantenerse, ni Ence ni ninguna otra, en el
dominio público marítimo-terrestre del litoral de Galicia sin tener la aprobación
de la Comunidad Autónoma”, ha subrayado Rivas.
En este sentido, ha continuado, “cualquier industria que desarrolle su actividad
en nuestro ámbito de dominio público marítimo-terrestre deberá cumplir la
normativa de aplicación urbanística y ambiental y contar con la aquiescencia de
la Xunta a la hora de continuar con su actividad en el futuro en esa
localización”. “Así lo recoge la ley que acaba de aprobarse”, ha indicado Rivas
en referencia a la Ley de Costas aprobada ayer, a lo que Vilán ha apostillado
que si bien Ence permanecería en Pontevedra hasta 2018 por acuerdo de los
partidos en Galicia, ahora esta norma consolida su ubicación 75 años más,
mientras la Audiencia Nacional volvió a exigir por sentencia que se incoe el
expediente de caducidad de la concesión de los terrenos en que se asienta la
papelera.
La diputada del PSOE ha acusado en este sentido a los presidentes del
Gobierno y de la Xunta, Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo de “gran engaño
a Galicia” pues había un acuerdo parlamentario que, en Derecho Penal, ha
precisado, “esto se llama prevaricación”. Por su parte, la secretaria general ha
recordado que las concesiones de dominio público marítimo-terrestre son
competencia estatal y que el canon correspondiente se devenga en favor del
Estado anualmente, aplicado el IPC.
También ha reprochado a la diputada que utilice la situación de Ence en
Pontevedra como un “arma política y que no sea la cuestión en sí lo que le
preocupe sino que parece estar cómoda con esta utilización” pues, ha evocado,
la Ley de Costas de 1988 que prorrogó automáticamente estas concesiones por
30 años se aprobó en el Congreso gracias a la mayoría del PSOE.
Rivas ha destacado de la nueva ley que por primera vez reconoce las
particularidades de los núcleos tradicionales de Galicia y ha insistido en que “ya
no ampara la prórroga automática de ocupación industrial en el dominio
público marítimo-terrestre”. En este sentido, ha precisado que la norma permite
que sean las Comunidades Autónomas las que evalúen los efectos ambientales
que las industrias, concretamente las papeleras, tienen en el territorio y en el
litoral de manera que esa emisión del informe autonómico responda al
compromiso adquirido por el Gobierno.
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-diego-valora-ley-costas-protegelitoral-
evita-perdida-20000-empleos-cantabria-20130510150520.html
EUROPA PRESS
Diego valora la Ley de Costas, que protege el litoral y evita la pérdida de
20.000 empleos en Cantabria
Lamenta no haber conseguido modificaciones para “dar cabida” a Cerrias y
valora que Vuelta Ostrera se derribará cuando se amortice
SANTANDER, 10 May. (EUROPA PRESS) –
El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha valorado la aprobación de la
reforma de la Ley de Costas que mantiene el objetivo de la anterior norma,
proteger el litoral, al tiempo que evita el cierre de más de un centenar de
empresas con concesiones en la región, lo que se traduce en unos 20.000
empleos que no se destruyen.
Sin embargo, el jefe del Ejecutivo lamenta que, aunque se ha “intentado”, no se
ha “conseguido” introducir modificaciones para “dar cabida” en la ley a las
viviendas de Cerrias con sentencia de derribo, ya que hay una interpretación en
el articulado que “no sirve” para esta urbanización de Liencres.
Diego lo lamenta porque estos 17 chaléts “no suponen ningún agravio” para la
costa, mientras que habrá otras “alrededor”, ha apuntado.
Lo que sí se ha conseguido, ha valorado, es prorrogar la vida útil de la
depuradora de Vuelta Ostrera, de modo que si bien se va a cumplir la sentencia
firme de derribo del Tribunal Supremo que pesa sobre ella, se hará cuando se
haya “amortizado” la inversión realizada en esta infraestructura, que ascendió a
“miles de millones de pesetas”.
También se acometerá el derribo cuando la situación económica mejore y lo
permita, ya que en la actualidad los “pocos” recursos que hay no se pueden
dedicar a demoler “cosas útiles”, ha apuntado. “Hoy, derruirla, sería un
disparate”, ha opinado.
En cualquier caso, el presidente del Gobierno, que ha respondido a estas
preguntas en una rueda de prensa en la que ha dado a conocer subvenciones a
la contratación, no ha cifrado la vida útil de Vuelta Ostrera.
Cuestionado por la postura de ecologistas, como la asociación Arca, que
promovió el recurso que sentenció Vuelta Ostrera, Diego ha rehusado decir lo
que podrían pensar estos colectivos, aunque “lo intuyo”, ha señalado.
Sobre su postura, “como ecologista” y “proteccionista del medio ambiente que
me considero”, ha dicho, es de felicitación y satisfacción por lo logrado con la
reforma de la Ley de Costas.
http://www.europapress.es/galicia/noticia-ley-costas-permitira-regularizarsituacion-
500-viviendas-zona-dominio-publico-galicia-20130510152700.html
EUROPA PRESS
SEGÚN INDICA LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
La Ley de Costas permitirá regularizar la situación de unas 500 viviendas en
zona de dominio público en Galicia
Juárez niega que exista una “amnistía” y rechaza que se permitan nuevas
construcciones
A CORUÑA, 10 May. (EUROPA PRESS) –
Unas 500 viviendas situadas en zona de dominio público podrán regularizar
su situación en Galicia con la Ley de Costas, según ha explicado el delegado del
Gobierno en Galicia, Samuel Juárez, quien ha precisado que la mayoría, un total
de 291, se encuentran en la provincia de Pontevedra.
En rueda de prensa, ha defendido que la reforma de la ley de 1988, acometida
por el Ejecutivo del PP, “protege más a la costa, no rebaja las franjas de
protección, no permite nuevas construcciones en núcleos que se regularicen y
resuelve vacíos legales de la ley anterior”, ha resumido.
Así, ha negado que se vayan aplicar “amnistías”, un término que ha
considerado “incorrecto” y que, en todo caso, según ha dicho, solo afectaría, de
las 500 en zona de dominio público, a 93 pisos en Moaña (Pontevedra).
No obstante, ha insistido en que lo que hace la Ley de Costas, aprobada este
jueves en el Congreso, es regularizar la situación de “construcciones legales con
licencia y que, como consecuencia de deslindes anteriores al año 1988, caían en
zona de dominio público”.
“Por eso se excluyen zonas urbanas sin valor que preservar”, ha recalcado
Juárez, quien ha explicado que en Galicia solo existen unas 500 viviendas en
zonas de dominio público, de ellas 291 en la provincia de Pontevedra; otras 178
en la de A Coruña y 38 en la de Lugo. Sobre ellas, ha dicho que podrán
regularizar su situación y ampliar el plazo de concesiones en zona de dominio
público “hasta 75 años”, ha precisado.
ZONAS DE PROTECCIÓN
Por otra parte, Juárez ha cifrado en 367 las industrias en dominio público en
Galicia y en 21 los hoteles, “entre los que están en dominio público y zona de
protección”, ha precisado en su comparecencia para explicar el contenido de
esta ley.
Respecto a los datos que apuntan a la existencia de 12.500 viviendas en la
comunidad autónoma gallega que podrían beneficiarse de esta ley, ha
recordado que en esa cifra están las de dominio público, competencia del
Estado, y las ubicadas en zonas de protección, que corresponden al ámbito de la
Administración autonómica.
Mientras, ha insistido, respecto a las viviendas que regularizarán su situación,
que podrán modernizarse, pero no “incrementar su volumen o su superficie”.
También ha negado que la ley permita nuevas construcciones, recalcado que
existe una “prohibición tajante” al respecto.
Asimismo, ha subrayado el hecho de que, a través de las Delegaciones del
Gobierno, el Ejecutivo pueda impedir que se inicie la construcción de una obra
que incumpla los preceptos establecidos.
http://www.europapress.es/murcia/noticia-reforma-ley-costas-beneficiaramurcia-
249-viviendas-les-extinguia-concesion-20130510161621.html
EUROPA PRESS
SE LE EXTINGUÍA LA CONCESIÓN
La reforma de la Ley de Costas beneficiará en Murcia a 249 viviendas
Bascuñana dice que “se permitirá mantenimiento y generación de nuevos
empleos vinculados a la actividad de hoteles y chiringuitos”
MURCIA, 10 May. (EUROPA PRESS) –
La Región de Murcia cuenta con 727 viviendas en Dominio Público Marítimo
Terrestre, 324 con concesión, entre las que a 249 se les extinguía la concesión.
Sin embargo, con la nueva Ley de Costas, aprobada este jueves en el Congreso,
“los beneficiarios directos de la reforma son esos 249 a los que se les extinguía la
concesión en 2018”, según ha explicado el jefe de la Demarcación de Costas de
la Delegación del Gobierno, Andrés Martínez.
A los 403 restantes que no tienen concesión “se les facilitarán los instrumentos
adecuados para que no aleguen desconocimiento de la ley e indefensión y
puedan solicitar la correspondiente concesión de la que no disponían”, ha
señalado Martínez.
Al respecto, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Joaquín
Bascuñana, ha declarado que la nueva Ley de Costas “responde al deber
inexcusable de protección de la costa”.
A su juicio, “el nuevo texto se ha diseñado para afrontar aquellas situaciones
que la ley de 1988 no pudo resolver”. “Se trata de dar solución a lo existente
sobre la base de una mayor protección frente a los excesos urbanísticos, mayor
protección jurídica para los titulares de derechos y mayor actividad económica”,
ha indicado.
El delegado del Gobierno ha valorado especialmente que “se trate de una ley
que responde al interés general y que beneficia a aquellos que ya estaban
legítimamente antes de la ley de 1988, además de aclarar que, en ningún caso,
se permitirán nuevas edificaciones en Dominio Público Marítimo Terrestre
(DPMT) ni se autorizarán aquellas reformas que impliquen un aumento del
volumen, la altura o la superficie”.
En cuanto a las concesiones cuyo plazo se amplía hasta los 75 años, ha
manifestado, “no se trata de una prórroga indiscriminada, sino que en aquellos
casos en los que las concesiones amparen ocupaciones para usos destinados a la
industria extractiva, energética, química, petroquímica, textil y papelera, será
necesario un informe ambiental específico para otorgar la prórroga”.
Además, el delegado del Gobierno ha insistido en la importancia de que “se
trate de la primera ley de costas que introduce políticas de lucha contra el
cambio climático y el impacto positivo que los nuevos supuestos tendrán sobre
la economía, ya que permitirá el mantenimiento y la generación de nuevos
puestos de trabajo directos e indirectos vinculados a la actividad de hoteles y
chiringuitos”.
Para concluir, el jefe de la Demarcación de Costas ha negado que la ley
represente “más ladrillo”, ya que lo único que hace es “reforzar los derechos
legítimos y adquiridos de aquellas personas que hubiera adquirido una
vivienda con anterioridad a 1988”.
http://www.farodevigo.es/portada-arousa/2013/05/10/ley-costas-sufremodificaciones-
parlamento-beneficien-illa/807688.html
DIARIO FARO DE VIGO
La Ley de Costas no sufre modificaciones en el Parlamento que beneficien a A
Illa
Vázquez asegura que se ha aprobado “tal cual salió del Senado, lo que deja
en una gran inseguridad jurídica a los núcleos tradicionales gallegos” – Solo
se reconoce a Moaña
Redacción – A Illa 10.05.2013 | 07:28
Vista aérea del litoral de A Illa de Arousa. // Iñaki Abella
No hubo ningún tipo de sorpresa. La modificación de la Ley de Costas
planteada por el Gobierno fue aprobada por los votos favorables del Partido
Popular sin contemplar ningún tipo de propuesta que beneficie a A Illa de
Arousa. Así lo entiende su alcalde, Manuel Vázquez, que asegura que la
documentación que ayer recibió el visto bueno definitivo en el Parlamento “es el
mismo documento que salió del Senado, por lo que se ha perdido una
oportunidad única para solventar los problemas que existen en el litoral
gallego, y especialmente, en A Illa de Arousa, donde la más mínima decisión de
Costas afecta a casi todos los vecinos”.
La opinión del regidor es que, a partir de ahora, “los afectados van a tener una
gran inseguridad jurídica y van a tener que acudir al contencioso para defender
sus viviendas”. En el caso particular de A Illa, preocupa la situación en la que
queda todo el municipio ya que a diferencia de otras doce localidades de todo el
litoral español, “hemos recibido un trato discriminatorio que no se merece el
único municipio insular de toda Galicia, que viene reclamando el
reconocimiento de su singularidad desde hace más de una década, tiempo en el
que ha habido todo tipo de promesas por parte del PP, pero ninguna real”. Pone
como ejemplo lo que ocurrió durante la tramitación de la reforma en el Senado,
cuando “el PP anunció a bombo y platillo una propuesta en la que se
contemplaba un trato a A Illa similar al de Formentera, alegación que no llegó
ni a tratarse en la Cámara Baja y fue rechazada por el propio PP al día siguiente
de plantearse”. También ejemplifica como trato discriminatorio con A Illa el
reconocimiento de Empuriabrava, localidad catalana a la que se le reconoce el
dominio público solo en la lámina de agua y los amarres son “propiedad
privada, mientras en este municipio vemos como los deslindes se adentran
decenas de metros en tierra firme y perjudican su desarrollo sin que se tenga en
cuenta”.
La aplicación de la reforma realizada a la Ley de Costas también preocupa al
regidor isleño, que pide explicaciones sobre “cómo se va a compatibilizar con el
Plan de Ordenación do Litoral (POL) y cómo van a reconocerse los núcleos
tradicionales gallegos, una figura urbanística común en la costa de esta
comunidad que la nueva normativa ignora por completo”. El único punto del
litoral gallego que se salva “es una pequeña franja de unos 700 metros en
Moaña, mientras el resto quedamos a expensas de la interpretación de la Ley”.
La reforma de la Ley de Costas no solo es vista con muchas dudas desde A Illa.
En el vecino municipio de Vilanova de Arousa, los vecinos de As Sinas tampoco
las tienen todas consigo, ya que la mayor parte de los requisitos que se exigen
en la nueva Ley (los cuatro servicios básicos o un tercio de la manzana
colmatada) “no es que no lo cumpliésemos en 1988 nosotros, sino que muchas
zonas urbanas de Galicia tampoco”.
Vecinos y Concello se van a reunir en los próximos días, tal y como quedaron
en un acuerdo plenario, para analizar en profundidad la Ley y decidir qué tipo
de actuaciones deben realizar. As Sinas no recibió la catalogación de zona
urbana en las Normas Subsidiarias de Vilanova en 1988, lo que provocó que la
línea de protección marítimo-terrestre pasase a situarse en los 100 metros,
quedando afectadas un considerable número de viviendas y de parcelas. Los
vecinos han creado una coordinadora para tratar de conseguir el
reconocimiento de todo el entorno como suelo urbano.
http://www.farodevigo.es/galicia/2013/05/12/moana-encara-futuro-deja-lineaangustia/
808779.html
DIARIO FARO DE VIGO
Moaña encara el futuro y deja atrás la línea de la
angustia
La plataforma de afectados festeja la aprobación
definitiva de la modificación de la Ley de Costas de
1988 que indulta a las viviendas y terrenos de más
de 200 familias del litoral urbano
Elena Mondelo – Moaña 12.05.2013 | 10:19
Un grupo de una treintena de afectados por la ley de Costas con el edificio
Salitre al fondo, uno de los emblemas de la lucha contra la normativa de 1988. //
Gonzalo Núñez
No acaban de creerse que después de años de angustia acarician ya un dulce
desenlace. Los afectados por la Ley de Costas de Moaña festejan con euforia y
tras más de una década de lucha las primeras horas de indulto sobre sus
propiedades, negocios y terrenos. Después de que el Congreso aprobase el
jueves la modificación legislativa están ansiosos por su publicación en el Boletín
Oficial del Estado (BOE). “Esta alegría es inexplicable, la mejor de las loterías”,
matiza uno de los miembros del numeroso grupo de afectados.
Atrás queda una línea que denominan “arbitraria” y que grabó a fuego el
término dominio público marítimo-terrestre en sus vidas. Desde aquel entonces
no volvieron a conocer qué es la tranquilidad, ya que la sombra de los derribos
y el miedo a quedarse sin las que fueron sus propiedades les amenazaba cada
día. “Vivimos años de auténtica angustia, lloramos mucho pero ahora se
termina todo, por fin podemos vivir tranquilos”, explica una de las afectadas del
edificio Salitre, uno de los emblemas de la batalla por la propiedad.
Reconocen que el concepto “demolición” fue el más temido durante este largo
camino hacia el indulto. “No me acabo de creer que después de tanta angustia
podamos decir que no somos afectados. Trabajamos muy duro para llegar hasta
aquí y tuvimos que gastar mucho tiempo y dinero, incluso llegamos a perder la
esperanza”, recuerdan.
Desde la propia plataforma de afectados, que cuenta con más de 200 miembros,
señalan que existían casos “descorazonadores”, ya que algunas personas
“necesitaban vender sus pisos o hipotecarlos por problemas económicos y se
encontraban atados de pies y manos, sin saber qué hacer”. También existen
casos de personas que lucharon durante sus últimos años de vida para poder
dejar una herencia a sus familiares y que perecieron en el intento. “Mi hermano
murió sin poder testamentar lo que tenía porque estaba afectado; es una pena
que se llevó con él”, explica la afectada de la calle Concepción Arenal, Julia
Durán.
Aseguran que en los próximos días celebrarán por todo lo alto una noticia
“histórica”, pero prefieren ser prudentes y leer “la letra pequeña de la norma”
antes de hacer grandes festejos. No obstante, se sienten testigos de un hecho
“muy destacado” para Moaña. “Es el resultado de años de lucha, es bueno para
los vecinos y para el municipio”, relatan.
Incredulidad
Cuando hace unos meses les anunciaron que Moaña podría ser uno de los
municipios indultados por la nueva Ley de Costas muchos miembros de la
asociación no confiaban en tan feliz desenlace. “Después de escuchar tantos
mítines de diferentes partidos políticos, tantas promesas y tantas malas noticias
dejamos de tener fe. Ahora la recuperamos toda de golpe”, resaltan.
La aprobación de la modificación de la ley de 1988 en el Senado fue una “gran
alegría” para los moañeses, aunque algunos reconocen que hasta que llegó el
visto bueno del Congreso no respiraron tranquilos. “Ahora aún queda la
publicación en el BOE y plasmar la ley en el PXOM, pero se ha dado un paso
legendario”, insisten.
Algunos se acuerdan de que, en el pasado, tuvieron que hacer importantes
desembolsos para mejorar el aspecto de sus casas. “Es una pena que la norma
no llegase unos años antes, tuve que hacer frente a una multa de Costas de
cinco millones de pesetas por hacer una reforma en mi casa, que está en pie
desde el año 1932”, expone Manuel Romero, propietario de una vivienda en la
calle Concepción Arenal. Sus compañeros aseguran que “además de tiempo
invertimos mucho dinero para mantener la plataforma y costearnos todos los
trámites”. Pero se muestran satisfechos con el resultado final. “Esto es lo mejor
que nos podía pasar, el esfuerzo mereció la pena”, puntualizan.
La mayoría de los afectados se muestran indignados con las personas contrarias
a la modificación de la ley y piden “a todos los que protestan que vengan hasta
aquí y vean nuestros casos, la mayoría son aberrantes y no existe un criterio
para el deslinde”. “Estamos hablando de casas y terrenos que eran de nuestros
antepasados, no de caprichos urbanísticos a pie de playa”, indican.
http://www.diariodesevilla.es/article/opinion/1521680/e/l/baluarte/vencido.html
DIARIO DE SEVILLA
Lunes 13 de Mayo de 2013
CRÓNICAS LEVANTISCAS
e l baluarte vencido
JUAN MANUEL MARQUÉS PERALES | ACTUALIZADO 12.05.2013 – 01:00
LA Ley de Costas fue una ley jacobina pero tímida, la ley más violada de
España, unas veces por la desidia autonómica, otras por la ausencia de
deslindes o por la ignorancia de éstos y las más, por un llamado progreso de
vista minúscula que ya vemos los beneficios que nos ha dejado. Una ley
vejada por la ignorancia, por aquéllos que no comprendieron que la primera
línea de playa también podía situarse a 300 metros de la arena. Cuando la
llamada zona de servidumbre, un colchón de apenas 200 metros detrás de la
zona intermareal, cayó en manos autonómicas debido al celo de la
Generalitat por sus competencias, los ayuntamientos, con la complicidad de
las comunidades, volcaron sobre esta franja toda su tipología de chapuzas
urbanísticas. Ahora, ya cerca del año 2018, cuando se acababa la concesión
de casas, bares y hoteles para ocupar el suelo público, la Ley de Costas es
reformada para darles otro plazo de 70 años. Ya tuvieron 30 años de
prórroga, pero la política no siempre mira a corto plazo. Esta ley fue el
último reducto para aliviar la manía hispánica de alicatar hasta la arena, y
hoy está reformada gracias al triunfo de un conjunto de bienes muy
particulares que no suman el bien general. Nació tímida en 1988; fue sólo un
baluarte de 100 metros de playa; debió ser reformada para ir a más, pero
hoy cae agujereada por miles de particularidades.
http://www.ideal.es/granada/20130511/gente/ana-blanco-no-se-calla-protestacobertura-
ley-de-costas-201305111805.html
DIARIO IDEAL
Ana Blanco no se calla y protesta por la
cobertura de la Ley de Costas
La periodista dejó patente que la información
carecía de visiones en contra de la normativa
11.05.13 – 18:05 –
IDEAL.ES |
Ana Blanco ha sorprendido levantando una nueva polémica en la tv pública. La
presentadora del Telediario de la 1, poco dada a hacer alarde de su opinión, en
esta ocasión no ha guardado silencio.Ana Blanco dejaba clara su postura en
relación a la cobertura informativa de una noticia sobre la Ley de Costas. Para la
veterana de los telediarios la información no estaba completa. Como dejó
caer Ana Blanco, no contenía opiniones críticas, y solo mostraba las posturas a
favor de la reforma.
Ana Blanco y Beatriz Pérez Perea, del área de sociedad, protestaron a su
manera porque en la noticia emitida el pasado 9 de mayo, recogía únicamente
visiones favorables con la consiguiente falta de pluralidad. La presentadora
dejó así patente la falta de acuerdo en el equipo de edición del telediario de las
15 h, aunque esto no evitó que la pieza se volviese a repetir en la edición de la
noche. Según Ana Blanco se había cubierto insuficientemente el debate de la ley
en el Congreso,” una falta de previsión que se acentuaba con las fallas del
controvertido reportaje”, tal y como explican a El Mundo distintas fuentes de la
cadena pública y publica VerTele. com.
La queja vino motivada porque en el reportaje se recogían las consecuencias de
la reforma en Igueste de San Andrés (Tenerife), El Algarrobico (Almería) y
Castelló d’Empúries (Gerona). Pero la opinión de los grupos ecologistas,
contrarios a la modificación de la ley, no se incluía en la pieza, ni tampoco las
de Psoe e Izquierda Plural, que tan solo eran nombrados por la presentadora en
la entradilla, destacando que consideran que “desprotege y privatiza el litoral.”
Y para más inri la información se emitió después de la noticia sobre la
detención de activistas de Greenpeace.
Ana Blanco ser reveló ante esta situación contra su editora. En la actualidad,
desde la llegada de Julio Somoano, Cristina Alcaine es la responsable del área
de Sociedad. Por su parte TVE alegó falta de tiempo para cubrir otras opiniones
sobre este contenido, algo que no terminó de convencer a Ana Blanco.
Haciendo alarde de profesionalidad la presentadora trató de completar la
información sesgada con su entradilla. Sin embargo también Ana Blanco no
quiso escapar la oportunidad de dejar claro y matizar que la noticia no era
adecuada porque no contenía todos los puntos de vista.
http://www.farodevigo.es/portada-pontevedra/2013/05/10/audiencia-nacionalordena-
segunda-vez-incoar-caducidad-concesion-lourizan/807581.html
DIARIO FARO DE VIGO
La Audiencia Nacional ordena por segunda vez incoar la caducidad de la
concesión de Lourizán
Salvemos Pontevedra instó la clarificación de la situación de los terrenos de
la EDAR y del emisario submarino – El fallo es “incongruente” ya que
concede lo no solicitado
B. Márquez – Pontevedra 10.05.2013 | 07:28
Depuradora de Placeres. //R. Vázquez
La Audiencia Nacional ordena a la Administración “la incoación de expediente
de caducidad” de la concesión estatal que disfruta Ence en terrenos de dominio
marítimo-terrestre de Lourizán y “a la adopción de todas las medidas
legalmente contempladas para la paralización de la actividades y suspensión
del uso y explotación de las instalaciones”. Es la segunda vez que la Sala de lo
Contencioso-Administrativo Sección Primara del citado órgano jurisdiccional
ordena dicha incoación y en los mismo términos. La primera vez fue el 19 de
mayo de 2011 y en ambos casos el fallo se deriva de los recursos presentados
por la asociación Salvemos Pontevedra.
Se da la circunstancia que los fallos, idénticos, responden a demandas distintas,
dándose la circunstancia de que esta segunda sentencia se ajusta a la calificación
legal de “incongruente” ya que “lo concedido no coincide con lo pedido”.
Salvemos Pontevedra pretende clarificar la situación legal de los terrenos
ocupados por la EDAR (estación depuradora de aguas residuales) de Os
Praceres y el emisario submarino y en este contexto plantea la petición de una
serie de medidas sancionadoras y de restitución urbanística, tras varios años de
silencio administrativo a sus demandas.
En el Contencioso ahora respondido, la asociación solicitaba expresamente, tal
como se puede leer en el fallo de la Audiencia Nacional, en referencia a la
depuradora: que se declare la ilegalidad de dicha construcción ubicada en los
terrenos de dominio público que ocupa; la apertura del correspondiente
expediente sancionador y de resposición de la legalidad urbanística y
medioambiental; la paralización de las actividades y usos que se desarrollan en
la EDAR; la paralización de cuantas obras se estén desarrollando o pretendan
hacer y la devolución de los terrenos ocupados por la depuradora a su estado
primitiva.
En relación con el emisario submarino, Salvemos Pontevedra plantea al tribunal
que: declare la ilegalidad del mismo por carecer de concesión administrativa de
ocupación del dominio público marítimo-terrestre; se proceda a la prohibición y
clausura de los vertidos que se realizan a través de dicho emisario y que se
incoe expediente sancionador y de restitución de la legalidad urbanística y
medioambiental. El recurso, por último, alude a que dado que la depuradora
está construida en terrenos de la concesión administrativa de Ence y que la
planta de tratamiento no cuenta con las licencias y concesiones oportunas “se
declaren vulneradas las cláusulas concesionales recogidas en el pliego de
condiciones por las cuales se otorgó en si dóala concesión mencionada”.
Ante esta cascada de peticiones, la sentencia ordena incoar la caducidad de la
concesión e iniciar las medidas para paralizar la actividad.
http://www.lacerca.com/noticias/sector_agropecuario/ramos_reforma_ley_costa
s_500_000_ciudadanos_podia-164423-1.html
LA CERCA.COM
Ramos asegura que la reforma de la Ley de Costas aporta soluciones a más de
500.000 ciudadanos y no permite construir donde antes no se podía
En rueda de prensa en la sede del Ministerio
Viernes, 10 de mayo de 2013
Federico Ramos, en rueda de prensa. Foto: Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
El Secretario de Estado de Medio Ambiente afirma que el mantenimiento de
cerca de 150.000 empleos directos relacionados con la actividad costera
dependen de esta nueva regulación Destaca que “la legislación
medioambiental es ineficaz si no da respuesta a la realidad sobre la que
vivimos” Detalla los datos de ocupaciones costeras en cada Comunidad
Autónoma, unas cifras que revelan la situación de alegalidad del 90 por
ciento de las construcciones
El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha asegurado que
la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de
Costas aporta soluciones a más de 500.000 ciudadanos que se vieron afectados
por la anterior normativa de 1988, si bien ”no se va a poder construir donde
antes no se podía”.
Ramos ha hecho estas manifestaciones en una rueda de prensa celebrada en la
sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente (MAGRAMA), en la que ha precisado determinadas cuestiones de la
nueva regulación de la costa española, aprobada ayer por el Parlamento.
El Secretario de Estado ha subrayado que cerca de 150.000 empleos directos y
unos 2.000 millones de euros relacionados con la actividad económica de la
costa dependen de esta nueva norma, que, en definitiva, trata de introducir “
sentido común” en el litoral y proteger los derechos de los ciudadanos que se
vieron afectados por la anterior ley de 1988.
Ha explicado que, con esta reforma, el Gobierno ha actuado ante un “problema
social”, ya que de las 40.000 ocupaciones actuales que se encuentran en
Dominio Público Marítimo Terrestre (ribera del mar y de las playas), casi un 90
por ciento se encuentra en una situación irregular. Por esta razón, ha
argumentado que “la legislación medioambiental es ineficaz si no da respuesta
a la realidad sobre la que vivimos”.
DEFENDER EL LITORAL Y PROTEGER DERECHOS DE LAS PERSONAS
En este sentido, ha aclarado que en la Zona de Servidumbre de Protección (la
zona adyacente al dominio público) existen unas 125.000 viviendas a las que se
les dará una mejor regulación, pero estos cambios en la normativa “en ningún
caso van a permitir que se pueda construir donde antes no se podía”.
Ramos, además, ha puntualizado que en esta zona se autorizarán las obras
necesarias para su mejora y modernización siempre que no impliquen un
incremento ni en altura de las edificaciones ni de su volumen.
Respecto a la exclusión de doce núcleos costeros de la zona de Dominio Público,
ha concretado que se trata de atender a las necesidades de regulación de estos
espacios habitados y consolidados, y cuya cartografía justifica las razones por
las que no deben estar incluidos en el dominio público. “Hemos sido
extraordinariamente rigurosos”, ha añadido, asegurando que se ha tenido en
cuenta “que es compatible proteger los derechos de las personas y el litoral”.
Asimismo, entre otros puntos relevantes de la Ley, Ramos ha destacado que por
primera vez la normativa de costas española incorpora regulaciones específicas
para afrontar la lucha contra los efectos del cambio climático en el litoral.
Ramos ha detallado la repercusión de la Ley de Costas de 1988 en cada
Comunidad Autónoma con litoral, unas cifras que revelan la situación de
“limbo jurídico o de alegalidad” del 90 por ciento de las construcciones y
ocupaciones existentes. “Se trata de uno de los problemas más grandes y
enquistados de la Administración española, y esta reforma de la Ley va dirigida
a ponerle remedio”, ha destacado el Secretario de Estado.
DATOS POR CCAA
En Galicia existen 4.962 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre, con
solo 351 de ellas con licencia de concesión. Del total de ocupaciones, más de 500
son viviendas, con unas 2.000 personas afectadas residentes en esas viviendas.
En Asturias, hay 1.195 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre, con
solo 139 de ellas con licencia de ocupación. Del total de ocupaciones en dominio
público, hay 118 viviendas (con 472 ocupantes). En zona de servidumbre de
protección hay 2.179 viviendas más (con 8.716 residentes).
En Cantabria, hay 813 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre, con
221 de ellas con licencia de ocupación. Del total de ocupaciones en dominio
público, hay 71 viviendas (284 ocupantes). En zona de servidumbre de
protección hay 1.500 viviendas más (unos 6.000 residentes).
En País Vasco, hay 3.356 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre,
con solo 442 de ellas con licencia de ocupación. Del total de ocupaciones en
dominio público, hay 636 viviendas (con 2.544 ocupantes). En zona de
servidumbre de protección hay 7.286 viviendas más (con 29.144 residentes).
En Cataluña, hay 5.129 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre, con
solo 430 de ellas con licencia de ocupación. Del total de ocupaciones en dominio
público, hay unas 2.000 viviendas (8.000 ocupantes). En zona de servidumbre
de protección hay más de 20.0000 viviendas más (con más de 80.000 ocupantes).
En la Comunidad Valenciana, hay 6.448 ocupaciones en dominio público
marítimo terrestre, con solo 697 de ellas con licencia de ocupación. Del total de
ocupaciones en dominio público, hay unas 3.000 viviendas (con unos 12.000
ocupantes). En zona de servidumbre de protección hay más de 42.0000
viviendas más (con más de 170.000 ocupantes).
En la Región de Murcia, hay 1.912 ocupaciones en dominio público marítimo
terrestre, con solo 324 de ellas con licencia de ocupación. Del total de
ocupaciones en dominio público, hay 655 viviendas (con 2.620 ocupantes). En
zona de servidumbre de protección hay 6.552 viviendas más (con 26.208
residentes).
En Andalucía, hay 10.337 ocupaciones en dominio público marítimo terrestre,
con solo 966 de ellas con licencia de ocupación. Del total de ocupaciones en
dominio público, hay 3.604 viviendas (con 14.416 ocupantes). En zona de
servidumbre de protección hay unas 25.000 viviendas más (con unos 100.000
residentes).
En las Islas Baleares, hay 941 ocupaciones en dominio público marítimo
terrestre, con 509 de ellas con licencia de ocupación. Del total de ocupaciones en
dominio público, hay más de 400 viviendas (con más de 1.600 ocupantes). En
zona de servidumbre de protección hay casi 7.000 viviendas más (con unos
28.000 residentes).
En las Islas Canarias, hay 4.846 ocupaciones en dominio público marítimo
terrestre, con solo 195 de ellas con licencia de ocupación. Del total de
ocupaciones en dominio público, hay unas 2.800 viviendas (con más de 11.000
ocupantes). En zona de servidumbre de protección hay unas 15.000 viviendas
más (con unos 60.000 residentes).
http://www.lne.es/asturias/2013/05/11/la-nueva-ley-de-costas-libra-del-derriboa-
la-mayoria-de-los-inmuebles-del-litoral/1410337.html
LA NUEVA ESPAÑA
La nueva ley de Costas libra del derribo a la mayoría de los inmuebles del
litoral
La Administración estatal destaca que con la reforma de la norma aprobada
en el Congreso la región seguirá siendo «la mejor conservada de España»
11.05.2013 | 00:00
Gabino de Lorenzo y Ramón Galán, durante la rueda de prensa ofrecida ayer en
Oviedo.
Oviedo, M. J. IGLESIAS
/ J. A. ORDÓÑEZ
La nueva ley de Costas libra de la piqueta a la gran mayoría de las viviendas y
de los chiringuitos ubicados en la zonas de dominio público del litoral
asturiano, que podrán obtener o mantener la concesión administrativa para no
ser derribados. En total, esta «amnistía» podría afectar a 77 restaurantes y
chiringuitos, 21 viviendas unifamiliares y 16 hoteles, según indicó ayer el
delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo.
«Lo previsible es que todas las viviendas obtengan la concesión para que sus
propietarios sigan disfrutándolas y que esta circunstancia se produzca también
en los setenta y siete establecimientos hosteleros que hay en las playas de la
región», añadió Ramón Galán, jefe de la Demarcación de Costas de Asturias.
De Lorenzo subrayó que el nuevo marco legal se apoya en el «sentido común» y
en «el equilibrio de todos los que han intervenido en su elaboración». A su
juicio, la costa asturiana podrá seguir siendo «la mejor conservada de España»
gracias a la reforma de una ley que, según dijo, «no definía con claridad los
dominios públicos y los privados». Ahora, el nuevo marco legal permitirá
acabar con el «engaño» que había llevado a propietarios a adquirir legalmente
inmuebles en zonas donde estaba prohibido, indicó el delegado del Gobierno.
El jefe de la Demarcación de Costas, que compareció en rueda de prensa junto a
Gabino de Lorenzo, explicó que en Asturias hay 1.195 ocupaciones en dominio
público marítimo terrestre, de las que únicamente 139 tienen licencia de
ocupación. De ellas, 118 son viviendas, con 472 ocupantes. En zona de
servidumbre de protección hay otras 2.179 viviendas más, con 8.716 residentes.
El delegado del Gobierno insistió en que la nueva ley es una «reforma» de la de
1988, ya que conserva la mayor parte del texto jurídico. Según indicó, en su
elaboración han intervenido de forma activa asociaciones de ecologistas y de
afectados, así como responsables de negocios y de sectores económicos
establecidos en la costa, junto a la Administración pública e instituciones
europeas. De Lorenzo puso especial énfasis en que el texto promueve la
«intensificación del grado de protección en el litoral» y en que introduce la
«prohibición rotunda» para construir nuevas edificaciones residenciales o de
cualquier otra índole. Además, garantizó que está dispuesto a cumplir con el
nuevo precepto que autoriza a los delegados del Gobierno a suspender
cautelarmente la ejecución de una obra en el caso de que se esté llevando a cabo
sin todos los requisitos legales. La paralización se extenderá hasta que haya
sentencia judicial. Hasta la fecha, la ley otorgaba una concesión de treinta años
antes de proceder al derribo en el caso de los dueños de inmuebles adquiridos
antes de 1998 y que, por lo tanto, habían sido legalizados de acuerdo con esa
normativa. Este plazo se amplía ahora hasta los setenta y cinco años, detalló
Galán.
La ley de 1988 no había dejado claro qué terrenos costeros son propiedad
privada y qué terrenos pertenecen al Estado, argumentó De Lorenzo, quien,
ante esta situación, considera «necesario» que exista «una coordinación entre el
catastro y el registro».
A juicio del delegado del Gobierno en Asturias el objetivo último de los
cambios introducidos en la ley sería «compatibilizar los negocios en la playa
con la conservación medioambiental de la costa». En este sentido, destacó que
los «chiringuitos» suponen un «atractivo turístico» y que se les va a dar
«seguridad jurídica» para que los negocios «no estén el aire permanentemente».
En relación a la situación en la que quedan las instalaciones de la empresa Valle,
Vallina y Fernández, elaboradora de Sidra El Gaitero, en la ría de Villaviciosa,
Galán precisó que se trata de un «caso especial» y que será necesario proceder a
un nuevo deslinde de la zona afectada. Según indicó el jefe de la Demarcación
de Costas en Asturias, este proceso no se alargará más allá de dos o tres meses,
toda vez que la Administración ya dispone de la documentación necesaria.
Galán considera que «previsiblemente» el asunto se resolverá a favor de los
propietarios de la marca sidrera.
A escala nacional, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos,
aseguró que la ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación
de la ley de Costas aporta soluciones a más de 500.000 ciudadanos que se vieron
afectados por la anterior normativa de 1988, pero precisando que «no se va a
poder construir donde antes no se podía». El secretario de Estado subrayó que
cerca de 150.000 empleos directos y unos 2.000 millones de euros relacionados
con la actividad económica de la costa dependen de esta nueva norma, que,
según dijo -en sintonía con De Lorenzo- trata de introducir «sentido común» en
la castigada franja litoral española. Ramos añadió que el Gobierno ha actuado
ante un «problema social», ya que de las 40.000 ocupaciones actuales que se
encuentran en dominio público marítimo terrestre, hay casi un 90 por ciento
que se encuentra en una situación irregular. Por esa razón argumentó que la
legislación medioambiental «es ineficaz si no da respuesta a la realidad en la
que vivimos».
http://www.laopinion.es/canarias/2013/05/10/pp-vota-ley-costas-obligaderribar-
59-barrios-canarios/474621.html
DIARIO LA OPINION DE TENERIFE
Solo el PP vota la ley de Costas que obliga a derribar 59 barrios canarios
La Cámara Baja aprueba definitivamente la reforma y confirma los cambios
del Senado
10.05.2013 | 04:41
Solo el PP vota la ley de Costas que obliga a derribar 59 barrios canarios
J. ANASTASIO / H. MEDEROS El Congreso de los Diputados dio ayer
carpetazo a la tramitación de la reforma de la Ley de Costas de 1988 y confirma
el derribo de los 59 barrios costeros canarios situados en el dominio público
marítimo-terrestre o en la zona de servidumbre a menos de 100 metros del
litoral. El PP aprobó de nuevo con su mayoría absoluta las modificaciones que
se introdujeron en el Senado y que han provocado el rechazo unánime de toda
la oposición, salvo de CIU, que se abstuvo, y de los grupos ecologistas por
entender que rebajaba la protección del litoral y privatizaba la costa.
La nueva norma no recoge, por otro lado, las reclamaciones del Gobierno de
Canarias para adaptarla a las singularidades isleñas y amnistiar a los barrios de
pescadores que forman parte del paisaje costero del Archipiélago y que ya
disponían antes de 1988 de determinadas infraestructuras y servicios
urbanísticos. El PP ha rechazado durante el trámite parlamentario de la ley las
enmiendas de CC en este sentido y tampoco se ha mostrado sensible a las
presiones de sus propios diputados y senadores isleños, que pretendían abrir
algo más la mano con los núcleos afectados.
Playas
La versión oficial del PP canario es que buena parte de los barrios costeros
podrán salvarse gracias a la flexibilización introducida a través de una de sus
enmiendas en el Senado, y que corresponde ahora a los ayuntamientos y al
Ejecutivo regional remitir al Ministerio de Medio Ambiente los informes
delimitando los puntos que pueden beneficiarse de las excepciones a la
normativa general. También se permitirá el uso para actividades culturales y
deportivas, bajo determinados requisitos, de las playas y otros espacios
costeros.
Aunque ayer no se podían hacer cambios, sino únicamente ratificar o no el texto
que salió hace dos semanas de la Cámara Alta, la oposición expresó su rechazo
a la ley en un debate agrio y en medio de distintas muestras de protesta, como
la protagonizada por activistas de la organización Greenpeace encaramándose
al tejado del edificio del Congreso.
La portavoz de CC-NC, Ana Oramas, fue muy dura con la ley y con la negativa
del PP a negociar las singularidades canarias. Destacó que “se hace una ley de
costas en la que la Comunidad Autónoma con más litoral no existe”. Recordó al
PP las promesas que hizo en campaña electoral a los más de 10.000 afectados en
las Islas.
El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, defendió la nueva norma
y resaltó que “no se van a demoler aquellas construcciones que se hicieron antes
de 1988, al amparo de la legislación que permita a sus titulares ser plenos
propietarios de las mismas”. Pero al tiempo señaló que “no modifica la
delimitación del dominio público marítimo-terrestre ni la zona de servidumbre,
evitando que se produzcan nuevas construcciones en el litoral español”.
El ministro aclaró que en determinadas zonas muy específicas de núcleos
urbanos existentes antes de la aprobación de la ley vigente y que tenían
prácticamente la totalidad de los servicios, la zona de servidumbre se mantiene
en 20 metros, pero no se permite ninguna nueva modificación. Ésta es la razón
por la que los populares canarios creen que la norma da cauce a la
supervivencia de la mayoría barrios costeros canarios.
La portavoz del PP, María Teresa de Lara, resaltó que la modificación de la
normativa mejora la seguridad jurídica. Según los cálculos del PP, unas 24.000
propiedades levantadas en la zona de dominio público se beneficiarán del
derecho de transmisión y podrán ser heredades, vendidas o alquiladas; 12.800
viviendas construidas en primera línea de costa tendrán una prórroga de 75
años en la concesión, mientras que la amnistía a urbanizaciones de los 12
núcleos costeros incluidos en la ley supondrán otras 3.400 viviendas salvadas.
Además, se salvan unas 1.700 instalaciones industriales que suponen, según el
PP. El mantenimiento de 17.00 empleos.
Por su parte, el PSOE e IU rechazaron de plano la reforma de la ley y barajan
llevarla ante el Tribunal Constitucional.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/05/10/galicia-500-viviendascosta-
dentro-dominio-estado/0003_2013051368185658866499.htm
LA VOZ DE GALICIA
Galicia tiene 500 viviendas de costa dentro del dominio
del Estado
La reforma de la Ley de Costas excluye de ese límite a 93
viviendas de Moaña
JOSÉ MANUEL PAN
Carrio 10 de mayo de 2013 14:17
5 votos
La nueva Ley de Costas aprobada ayer en el Congreso de los Diputados deja
fuera del dominio público marítimo terrestre a 93 viviendas de Moaña de las
500 que en Galicia están incluidas dentro de ese límite. Esas 93 viviendas se
encuentran dentro de la franja litoral de protección y estaban ya edificadas en
zona urbana antes de 1988. Ahora pasan a ser propiedad privada y sus
propietarios tendrán mayor seguridad jurídica, según explicó ayer el delegado
del Gobierno en Galicia, Samuel Juárez. Las restantes 407 viviendas que quedan
dentro del dominio público del Estado tendrán la consideración de concesiones
públicas, cuya titularidad podrá prorrogarse un máximo de 75 años. Estas 407
viviendas se encuentran situadas en las provincias de Pontevedra (198), A
Coruña (188) y Lugo (38). Se da la circunstancia de que las 38 viviendas de la
provincia de Lugo corresponden a un solo edificio ubicado en Viveiro.
El delegado del Gobierno aseguró que la reforma de la ley no ampara ninguna
ilegalidad porque las viviendas afectadas han sido construidas antes de 1988 y
cumplen los requisitos exigidos para ser consideradas núcleos urbanos. Juárez
dijo que esas 500 viviendas son las que afectan al dominio público dependiente
del Estado y no entró a valorar lo que sucederá con otras 12.000 viviendas
aproximadamente que podrían beneficiarse de la nueva ley y que están fuera de
ese dominio, aunque estarán sujetas a las normas urbanísticas de la Xunta y de
los ayuntamientos.
El delegado del Gobierno aseguró que la nueva Ley de Costasno cambia su
espíritu de protección del litoral y dijo que «es falso que se permita hacer
nuevas construcciones en la costa, solo regulariza núcleos urbanos de antes de
1988».
Respecto a las industrias y negocios, en Galicia son 367 los establecimientos que
se encuentran dentro del dominio público, de los que 21 son hoteles.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/politica/2013/05/11/ley-exige-celeridadconcellos-
salvar-miles-casas-costa/0003_201305G11P2991.htm
LA VOZ DE GALICIA
La ley exige celeridad a los concellos para salvar miles de
casas en la costa
Feijoo matiza el compromiso de la Xunta de sacar Ence de
la ría de Pontevedra en el 2018
S. LORENZO / M. CHEDA / J. M. PAN
Santiago / La Voz 11 de mayo de 2013 12:30
La aprobación por el Congreso de la reforma de la Ley de Costas ha activado la
cuenta atrás para regularizar los núcleos tradicionales del litoral gallego y
poder salvar así el mayor número posible de viviendas construidas antes de
1988. La norma impone plazos muy ajustados para que los 82 municipios
afectados realicen los trámites requeridos, que en 25 de esos concellos incluyen
la aprobación de planeamiento urbanístico y la delimitación de 600 aldeas
asentadas junto al mar. Consciente de la premura, la Xunta subraya su voluntad
de colaborar con los ayuntamientos, que ahora tendrán que trabajar contra reloj
para hacer en dos años los deberes que tienen pendientes desde hace décadas.
La reforma legislativa facilita la tarea para los 58 concellos que tienen PXOM, en
los que están deslindados 255 núcleos tradicionales con 4.000 viviendas. Esos
municipios tendrán que solicitar en tres meses la rebaja de la zona de
servidumbre de los 100 metros que establecía la redacción original de la ley a
los 20 que fija la reforma. El verdadero reto lo tienen los 25 municipios
restantes, que deberán dotarse de planeamiento y delimitar otras 600 aldeas en
solo dos años. De ese trabajo dependerá cuántas casas de las 8.500 edificadas en
esos pueblos consigan superar la criba. La Xunta espera que los concellos
regularicen unas 4.000, lo que dejaría fuera de la ley 4.500. En ese escenario más
difícil están concellos como Vilaboa, donde el conselleiro de Medio Ambiente,
Agustín Hernández, se reunió ayer con afectados. Les comunicó que les toca
«poñerse a traballar» para «aproveitar a oportunidade»que brinda la ley.
En dominio público
Pero, además de las construcciones en zona de protección de costa, la reforma
también da oxígeno a las que se encuentran en el dominio público marítimoterrestre,
y como tales están sujetas a una concesión del Estado. El municipio
más beneficiado es Moaña, donde la reforma deja fuera del dominio público 93
viviendas edificadas en zona urbana antes de la entrada en vigor de la ley, en
1988. De este modo, quedan dentro del suelo del Estado 424 casas en Galicia
(198 en Pontevedra, 188 en A Coruña y 38 en Lugo), que verán prorrogada la
concesión por un plazo máximo de 75 años.
De esa ampliación también se beneficiarán 367 actividades empresariales, de las
que 21 son hoteles. Aunque la principal incógnita de la reforma en lo que atañe
al dominio público es si Ence será una de esas empresas favorecida por una
prórroga de la concesión para continuar en su actual emplazamiento en la ría de
Pontevedra. Feijoo no quiso cerrar ayer ninguna puerta. Ni aseguró que la
pastera tendrá que abandonar esa ubicación en el 2018, ni garantizó que seguirá
en ella después. A preguntas de los periodistas, el presidente de la Xunta dijo
que su Gobierno «evaluará moi polo miúdo esa decisión, despois de escoitar ás
institucións democráticas, ás institucións de Pontevedra, aos sindicatos, aos
axentes sociais».
Feijoo reiteró que la reforma de la Ley de Costas no plantea una «prórroga
automática» de la concesión, aunque dejó una puerta abierta: «Vamos ver que
din as institucións, que oferta Ence, que melloras económicas está disposta a
facer a empresa e, con toda esta información, a Xunta decidirá». Matizó así el
compromiso de salida de la pastera de su emplazamiento en la ría pontevedresa
en el 2018 que llevó a sus programas electorales del 2009 y del 2012.
El PSdeG acusa al presidente de la Xunta de perpetrar «un gran engano a
Galicia e a Pontevedra» y apuntó a las presiones de Louzán para blindar la
continuidad de Ence en la ría otros 75 años.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/05/12/costavalenciana-
retrocedera-15-metros-proximos-50-anos/997254.html
DIARIO LEVANTE
La costa valenciana retrocederá 15 metros en los próximos 50 años
El ministerio de Arias Cañete identifica los graves problemas del
litoral mientras aprueba en solitario una ley de Costas muy
criticada
12.05.2013 | 00:00
J. SIERRA VALENCIA Ni estaba en el programa del PP ni se le esperaba, pero
el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete ha logrado en un tiempo récord-eso sí en solitario-una nueva ley de
Costas que no satisface a casi nadie, excepto a los infractores-amnistiados
ahora-y a los propietarios de inmuebles situados en Dominio Público que se
benefician de una prórroga temporal en el estatus que ya marcaba la ley de
1988.
La nueva ley, a la que todas las formaciones políticas y expertos atribuyen un
carácter regresivo y mucho más permisivo que la anterior, no afronta sin
embargo el principal problema de litoral mediterráneo y valenciano, donde
según el propio ministerio, las mayores vulnerabilidades de la línea de costa
“están asociadas a la ocupación urbanística del litoral”, dónde se prevén
retrocesos medios de unos 15 metros en las playas para el año 2050. Dicho de
otro modo, las ocupaciones que la ley prorroga o incluso amnistía puede que no
reciban el “perdón” de la propia dinámica del litoral.
La aprobación de la ley coincide con la aprobación, el próximo lunes, del
Esquema de Temas Importantes (ETI) de la Demarcación Júcar, donde se
diagnostican los problemas esenciales de la cuenca, incluidos no solo los que
afectan a los ríos, sino también a las aguas litorales o de de transición.
“La variación del perfil de la playa a lo largo del litoral de la Demarcación Júcardesde
el rio Cenia hasta cerca de la desembocadura del Segura, “puede
provocar graves problemas asociados a las edificaciones construidas cerca de la
costa, principalmente sobre aquellas que se encuentran a pocos metros de la
playa”.
Rechazo
Ayer , el portavoz de Los Verdes del País Valenciano, Joan Francesc Peris,
rechazaba la aprobación de la reforma de la Ley de Costas de 1988 por la
mayoría absoluta del PP con los votos en contra de la oposición -excepto la
abstención de CIU- y definía la nueva ley como “regresiva, privatizadora del
litoral y arbitraria”.
Los Verdes denuncian que la reforma del PP “posibilita la reducción de 100 a 20
metros la zona de servidumbre de protección de la costa, amnistía núcleos
urbanos, sin ninguna justificación técnica, construidos dentro del dominio
público marítimo-terrestre, alarga la concesión de ocupación del espacio del
litoral a 75 años, hurta las competencias sobre las actividades industriales a las
CCAA y legaliza definitivamente actuaciones dentro del dominio marítimo
mientras excluye del dominio marítimo importantes y valiosas zonas húmedas
como son las salinas”.
“Con esta reforma el PP amnistía a aquellos que han vulnerado la Ley de Costas
y deja en mal lugar a los ayuntamientos que han protegido el litoral y han
luchado por un urbanismo más racional y proteccionista de la costa” aseguró el
portavoz de Los Verdes.
El portavoz de Medio Ambiente del Grupo Socialista en el Congreso, José Luis
Ábalos, reiteró ayer que la reforma de la ley de Costas pretende “dar
satisfacción a los lobbies empresariales muchos de ellos relacionados con el PP
y poner así fin al intento más serio que se ha producido en España para
proteger nuestro litoral”.
“Se trata de una reforma que “responde a unos intereses muy concretos” y hecha
“a medida de unos opacos intereses privados”.
Ábalos dijo que la reforma “está muy lejos de responder a los criterios de
sostenibilidad ya que supondrá la privatización de nuestro litoral”.
El diputado recordó también que el Gobierno de Mariano Rajoy ha eliminado
las ayudas que concedía todos los años el Gobierno central para el
mantenimiento de playas.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2013/05/10/nueva-leycostas-
salvara-3000-casas-costa/996865.html
DIARIO LEVANTE
Medio Ambiente
La nueva ley de Costas salvará 3.000 casas en el litoral
La reforma permitirá a los propietarios ampliar la concesión de sus casas por
otros 75 años
11.05.2013 | 01:22
EP | LEVANTE-EMV.COM La nueva Ley de Costas evitará la demolición de
3.000 viviendas ubicadas en dominio público marítimo-terrestre de la
Comunitat Valenciana, en las que se estima que habitan unas 12.000 personas,
ya que permitirá a sus propietarios ampliar la concesión de sus casas por otros
75 años.
La delegada del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León,
ha explicado hoy las novedades más destacadas de esta reforma aprobada ayer
por el Gobierno y ha incidido en sus beneficios para la protección del medio
ambiente y los derechos de propietarios e intereses económicos de los
establecimientos.
De hecho, el nuevo texto permitirá que 362 restaurantes y chiringuitos que se
encuentran en dominio público marítimo-terrestre amplíen su concesión a 75
años y que puedan, al igual que los 67 hoteles en la costa, acometer
remodelaciones para modernizarse sin implicar aumento de volumen ni
superficie, según la delegada.
La nueva normativa también supondrá que se evite la demolición de 1.426
viviendas de Alicante (Serra Grossa y Santa Pola), Valencia (Oliva) y Castellón
(Xilxes), debido a que han perdido su morfología de ribera de mar y por tanto,
quedan excluidas del dominio público marítimo-terrestre.
Sánchez de León ha asegurado que la reforma de la Ley de Costas, que databa
de 1988, se ha enfocado desde la “racionalidad, el sentido común y el realismo”
y ha hecho hincapié en la “estabilidad y seguridad” que da a un sector que entre
hoteles, restaurantes y chiringuitos factura más de 160 millones de euros y da
empleo directo a mas de 9.000 personas en toda la Comunidad.
Según la delegada, la anterior ley era “insuficiente” e incluso “perjudicial” en
muchos casos y la nueva norma “prohíbe” edificar en la costa y “frena el
deterioro” de lo ya construido, ya que permite a los establecimientos
modernizar sus construcciones, además de ofrecer “seguridad jurídica” a los
propietarios de viviendas.
Ha destacado que “se anticipa a futuros problemas urbanísticos”, ya que
permite que se suspendan cautelarmente actuaciones urbanísticas que luego
puedan llegar a ser demolidas por ilegales hasta que se pronuncien los
tribunales.
Igualmente, por primera vez “discrimina” las playas urbanas de las vírgenes y
mejora la definición técnica del concepto público marítimo-terrestre y permite
excluir de este concepto a un total de 1.426 núcleos habitados “históricamente
consolidados”, 1.252 en la provincia de Alicante, 67 en la de Valencia y 107 en
Castellón.
La delegada ha destacado que la reforma de la Ley de Costas “mejora la
situación jurídica para los antiguos propietarios que se vieron privados de sus
bienes con la Ley de 1988”, ya que amplía la concesión de 30 a un máximo de 75
años, lo que impedirá que sus viviendas tengan que ser demolidas.
Además, permitirá que los propietarios de las concesiones puedan vender sus
derechos, hipotecarlos o transmitirlos en herencia.
Asimismo, la ley prevé que los bienes en territorio de dominio marítimoterrestre
se inscriban en el registro de propiedades para su consulta por
cualquier ciudadano.
Sánchez De León ha incidido en que el nuevo texto “fomenta” la actividad
económica en la costa, ya que asegura la continuidad de los establecimientos,
que podrán solicitar una prórroga de hasta 75 años en función del uso, previa
acreditación de que no hay peligro para la protección medioambiental.
Con la nueva normativa, estos establecimientos con concesión administrativa
podrán acometer reformas siempre que no superen el volumen y la superficie
existente.
Para chiringuitos y merenderos temporales la normativa amplía a 4 años la
concesión de la autorización, lo que agiliza el proceso y se remite al desarrollo
del reglamento futuro en un plazo de seis meses para concretar las dimensiones
y características que deberán tener.
Sánchez de León ha calificado de “ejercicio de irresponsabilidad” que el PSOE
no haya apoyado la aprobación de esta reforma que “mejora las expectativas de
ciudadanos, empresarios y medio ambiente”.
http://www.magrama.gob.es/ca/prensa/noticias/luz-verde-a-la-ley-de-costaspara-
la-protecci%C3%B3n-ambiental-y-el-desarrollo-sostenible-de-nuestrolitoral/
tcm8-277613-16
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente
Luz verde a la Ley de Costas para la protección ambiental y el desarrollo
sostenible de nuestro litoral
9/05/2013
Se prohíbe expresamente la construcción en dominio público y en la zona
adyacente de servidumbre de protección, así como cualquier incremento de lo
ya edificado
Como novedades, la Ley incorpora una cláusula para frenar cualquier
construcción ilegal antes de que se consolide, e introduce una estrategia de
lucha contra el cambio climático
Da más seguridad a los chiringuitos en cuanto a plazos y condiciones de la
concesión, y les exige a la vez más en el cuidado de las playas
El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la Ley de Protección y Uso
Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, con la que se
garantiza la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral de
España, atendiendo a la realidad de nuestras costas.
Esta Ley tiene como primer objetivo la protección medioambiental de la costa,
diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas, preservando
las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como las
actividades, y aumentando en todo caso su protección.
Esta reforma prohíbe nuevas edificaciones en el litoral, tanto en dominio
público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas)como en su zona
adyacente de servidumbre de protección. También prohíbe cualquier
incremento de lo ya edificado.
Prohibición de nuevas edificaciones.Se mantiene la prohibición de edificación
residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos preventivos,
prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos de tamaño,
altura o superficie.
Exclusión de núcleos de población del Dominio Público Marítimo
Terrestre.La Leyexcluye núcleos de población, no amnistía núcleos, porque
eran legales. Lo que se hace es excluirlos del dominio público por ser
innecesarios para la protección de la costa, algo que ya se prevé en la Ley de
1988 a través de la desafectación.
Lo que se hace es excluirlos del dominio público marítimo terrestre porque son
terrenos de núcleos urbanos, antropizados (habitados y consolidados) desde
antes de 1988. Afectan, mayoritariamente, a viviendas sencillas de barriadas
populares, no a hoteles o empresas.
Se mantiene la anchura de la servidumbre de protección en 100
metros.Únicamente se especifica cómo se aplica la regla especial de los 20
metros, ya prevista en la Ley de 1988. Pero con una importante novedad: se
prohíben expresamente nuevas edificaciones en estas áreas.
La reducción de la servidumbre solo se podrá producir respecto de núcleos
costeros que antes de 1988 tuvieran un carácter urbano, según unos requisitos
marcados en la disposición transitoria 1ª de la Ley, y solamente para el núcleo
delimitado.
Por tanto, no se podrán autorizar nuevas construcciones dentro de los núcleos
delimitados. Es decir se solucionan problemas antiguos no resueltos en 1988, sin
que implique permitir un solo edificio más en la costa.
Chiringuitos. La Ley mantiene los usos permitidos y prohibidos en el dominio
público marítimo terrestre. Se dará más seguridad a los chiringuitos en cuanto a
plazos y condiciones de la concesión. Y se les exigirá más en términos de
ordenación y cuidado de las playas. Por eso se establecerán, en el Reglamento
de aplicación de la Ley, criterios razonables que compatibilicen la protección de
la costa con el servicio público Se restringirán más en las playas naturales.
Exclusión de la Isla de Formentera.Esta isla tiene características
geomorfológicas especiales, es un caso singular, y por ello recibe un tratamiento
singular. Se modifica un deslinde, pero se garantiza el mantenimiento de la
zona de servidumbre de protección, en la que se prohíbe edificaciones
residenciales.
Urbanizaciones marítimo-terrestres.El Proyecto regula las urbanizaciones en
base a dos criterios: defensa del dominio público marítimo terrestre, porque los
canales navegables son dominio público. Al mismo tiempo, asegurar la
propiedad privada de las viviendas (siempre lo fueron), aportando la seguridad
jurídica que faltaba, supresión de la servidumbre de tránsito y estacionamientos
privados, tanto individuales como colectivos.
Cambio climático y erosión/regresión de la costa.La Leyincorpora regulaciones
específicas para afrontar con garantías la lucha contra los efectos del cambio
climático en el litoral. Se introduce un régimen específico para los tramos del
litoral que se encuentren en riesgo grave de regresión. La definición de esta
situación se establecerá reglamentariamente y en atención a criterios científicos
contrastados. En las áreas así declaradas, se limitan las ocupaciones y se prevé
que la Administración pueda realizar actuaciones de protección, conservación o
restauración, respecto de las que podrá establecer contribuciones especiales a
los beneficiarios, otra de las novedades de esta Ley.
También se exige que a los proyectos para la ocupación del dominio público se
acompañe una evaluación prospectiva sobre los posibles efectos del cambio
climático. Además, se incorpora como causa de extinción de las concesiones el
supuesto de que las obras o instalaciones estén en riesgo cierto de ser
alcanzadas por el mar.
La Ley, asimismo, impone al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente la obligación de elaborar una estrategia para la adaptación de la costa
a los efectos del cambio climático para disponer de un diagnóstico riguroso de
los riesgos asociados al cambio climático que afectan a nuestra costa, y de una
serie de medidas que permitan mitigarlos.
Plazo de 75 años de concesión.Se mejora la situación jurídica de los antiguos
propietarios de bienes en la costa, en especial de viviendas, que la ley de 1988
expropió. La nueva legislación prorroga las concesiones de esos ciudadanos
hasta un máximo de 75 años.
No es nuevo, ya que la Ley de Aguas que regula las aguas continentales y es
muy próxima materialmente a la Ley de Costas tiene ese mismo plazo. Es un
plazo máximo, que no tiene por qué completarse, sino que se acomodará a cada
tipo de uso.
Durante la concesión y sus prórrogas (hasta los 75 años), se garantizará la
adecuada conservación de la costa y, además, se va a exigir a los empresarios la
corresponsabilización en esa conservación del domino público.
Transmisión de concesiones.Toda transmisión debe ser autorizada por el
Estado, que comprobará que el nuevo concesionario cumple los requisitos,
tanto económicos como de protección del dominio público marítimo terrestre.
Además, se promoverá una cierta apertura del sector en beneficio de la calidad
de las actividades económicas y de los servicios que se prestan en domino
público.
Salinas y establecimiento de cultivos marinos.Lo que se hace es devolver la
propiedad a aquellas salinas y establecimientos marinos que eran propiedad
privada antes de la Ley de 1988. Son actividades beneficiosas cuya desaparición
no ayudaría en nada a la protección del litoral. Y, además, se añade una
limitación muy importante: se consideran zona de servidumbre de protección.
Lo que quiere decir que en esos terrenos no se van a poder construir viviendas
ni hoteles.
Dominio Público Marítimo Terrestre.No se reduce con carácter general, sino
que lo que la reforma pretende es evitar las ambigüedades y las aplicaciones
heterogéneas, que se han producido en los deslindes. Por eso, la Ley obliga a
que se establezcan criterios técnicos para determinar el alcance del dominio
público marítimo terrestre (mayores temporales conocidos, algo que no se
modifica) e incorpora definiciones de los principales componentes del dominio
público como dunas o marismas, cuyo alcance tampoco se modifica.
Se alcanza más objetividad, en definitiva, mejor defensa del dominio público
marítimo terrestre y mayor seguridad jurídica. Sólo en casos excepcionales hay
exclusiones del dominio público porque están plenamente justificados (12
núcleos excluidos, por urbanos, y Formentera).
Viviendas ilegales.La Leyno es una amnistía en ningún caso. En relación con
las viviendas que por sentencia judicial firme deban ser derribadas, la
Administración General del Estado cumplirá con su obligación, y también
apoyará a las Comunidades Autónomas y a Ayuntamientos para encontrar
soluciones a tales problemas.
Eventos en playas.La situación real era que determinados eventos se producían
en las playas, sin autorización y con cierta permisividad. La Ley de Costas
regula esta cuestión para establecer los requisitos, límites y condiciones en que
es posible la ocupación de las playas, garantizando su conservación y
entendiendo además que esas ocupaciones se restringen a los tramos urbanos.
http://www.manacornoticias.com/noticia.php?id=9449
MANACOR NOTICIAS
En Baleares hay 941 ocupaciones en el Dominio Público Marítimo-Terrestre:
más de 400 son viviendas y 330 hoteles, todo ha cambiado hoy 10
La reforma mantiene la mayor parte del texto legal de 1988 introduciendo
modificaciones sólo en los aspectos que estaban necesitados de cambio. De esta
forma, viene a solucionar los problemas concretos que la anterior ley
provocaba.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 10/05/2013 – 05:54:00
En relación con las viviendas que por sentencia judicial firme deban
ser derribadas, la Administración General del Estado cumplirá con
su obligación, y también apoyará a CCAA y ayuntamientos para
encontrar soluciones a tales problemas.
La Ley de Costas pretende solucionar problemas históricos graves que
afectan a los derechos de los ciudadanos. En las Illes Balears hay 941
ocupaciones en el Dominio Público Marítimo-Terrestre: más de 400 son
viviendas. 330 hoteles de las Islas tiene instalaciones en zona de servidumbre de
protección y se verán beneficiados con la posibilidad de realizar reformas que
no impliquen aumento de altura, volumen ni superficie.
El Congreso de los Diputados aprobó ayer la Ley de Protección y Uso
Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, con la que se
garantiza la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral de
España, atendiendo a la realidad de nuestras costas. Después de casi 25 años de
vigencia de la Ley de Costas de 1988 era necesario modificar parte de su
articulado afrontando la problemática que ha generado su aplicación y
adecuándola a la realidad social y económica.
Deslindes. Con la reforma se evitarán las ambigüedades y las aplicaciones
heterogéneas que se han producido. Por eso, la Ley obliga a que se
establezcan criterios técnicos para determinar el alcance del Dominio Público
Marítimo-Terrestre.
La reforma mantiene la mayor parte del texto legal de 1988 introduciendo
modificaciones sólo en los aspectos que estaban necesitados de cambio. De esta
forma, viene a solucionar los problemas concretos que la anterior ley provocaba
y que la experiencia en su aplicación ha sacado a la luz.
La reforma de la Ley de Costas plantea tres objetivos claros y ambiciosos:
mejorar la protección del litoral, incrementar la seguridad jurídica y conciliar la
actividad económica con la sostenibilidad ambiental. Las medidas se enfocan
con racionalidad, sentido común y realismo para asegurar que su aplicación
será viable y efectiva.
Esta Ley tiene como primer objetivo la protección medioambiental de la
costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas,
preservando las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como
las actividades, y aumentando en todo caso su protección. Esta reforma prohíbe
nuevas edificaciones en el litoral, tanto en Dominio Público Marítimo Terrestre
(ribera del mar y de las playas) como en su Zona adyacente de Servidumbre de
Protección. También prohíbe cualquier incremento de lo ya edificado.
La Ley pretende solucionar problemas históricos graves que afectan
directamente a los derechos de los ciudadanos: corrige la urbanización sin
control y la degradación del litoral; permite a miles de antiguos propietarios
seguir ocupando sus viviendas; y preserva la actividad de multitud de
empresas y puestos de trabajo después de 2018, siempre y cuando cumplan las
exigencias medioambientales.
Reformas de locales y viviendas en servidumbre de protección. (Que no
impliquen aumento de altura, volumen ni superficie) Illes Balears es la
provincia con mayor número de instalaciones hoteleras afectadas por la Ley de
Costas, más de un tercio del total del litoral. 330 hoteles tienen instalaciones en
Zona de Servidumbre de Protección (ZSP), que se van a ver beneficiadas con
esta nueva medida que recoge la modificación de la Ley de Costas.
La modernización y mejora de la imagen y la eficacia de numerosas
construcciones en primera línea de playa afectadas por la servidumbre de
protección supondrá un importante empuje al turismo, actividad esencial en
esta provincia. Además, también se beneficiarán las más de 6.700 viviendas que
se encuentran en servidumbre de protección.
Deslindes. Con la reforma se evitarán las ambigüedades y las
aplicaciones heterogéneas que se han producido. Por eso, la Ley obliga a que se
establezcan criterios técnicos para determinar el alcance del Dominio Público
Marítimo-Terrestre (DPMT) e incorpora definiciones de los principales
componentes del DPMT como las dunas, que ha sido de gran importancia en el
litoral balear. En definitiva: más objetividad, mejor defensa del DPMT y mayor
seguridad jurídica
¿La modificación sirve para legalizar lo ilegal?. No hay en la reforma
ninguna amnistía general. Sí se solucionan problemas históricos concretos
que deberían haberse afrontado hace tiempo. En relación con las viviendas que
por sentencia judicial firme deban ser derribadas, la Administración General del
Estado cumplirá con su obligación, y también apoyará a CCAA y
ayuntamientos para encontrar soluciones a tales problemas.
Formentera. La modificación de la Ley de Costas establece un nuevo
deslinde en la isla de Formentera atendiendo a sus especiales características
geomorfológicas. Es un caso singular, que recibe por ello un tratamiento
singular. Se modifica el deslinde, pero se garantiza una servidumbre de
protección de 100 metros que prohíbe edificaciones residenciales.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/la-ley-de-costaspermitira-
a-castellon-pedir-deslindes-para-salvar-las-casas_816067.html
EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO
TRAS LA APROBACIÓN DE LA NORMATIVA
La Ley de Costas permitirá a Castellón pedir deslindes
para salvar las casas
Las concesiones de los inmuebles, prorrogadas por 75 años más, pasarían de ser
temporales a definitivas. Con las obras antirregresión, la zona marítima pública
se desplazará y las viviendas quedarán fuera de esta
YOLANDA CLARES 12/05/2013
La nueva Ley de Costas, que se aprobó el jueves en el Congreso de los
Diputados de manera definitiva, permitirá solicitar aplicar nuevos deslindes
para determinar dónde acaba la zona de dominio público marítimo (primera
línea). En esta área es donde se ubican las viviendas bajo el régimen de
concesión a las que la norma ha otorgado una prórroga de 75 años. Sin
embargo, en Castellón, pese a que se aplaude la medida, preferirían tener sus
propiedades sine die, algo que solo es posible si las casas salen del espacio
público.
Para que esto sea una realidad “se deberían hacer obras de regeneración del
litoral”, explica el diputado de Medio Ambiente y alcalde de Nules, Mario
García, quien asegura que, pese a que el reglamento no prevé actuaciones
contra la erosión “se seguirá luchando y reivindicando que se hagan.
Confiamos en que en cuanto mejore la situación económica, los trabajos se
ejecuten”.
Con esta intervención “se ganaría terreno al mar y la demarcación podría
desplazarse, por lo que podría ser posible que los inmuebles salieran de la zona
crítica y la ley prevé que se pueda solicitar una medición con mojones para
desplazar la línea”, asevera.
Con la renovada norma se abre un abanico de posibilidades para los dueños de
las 600 viviendas que han estado en el punto de mira de los derribos. Al menos
desaparece del horizonte el año 2018 como la fecha en la que iban a demolerse
los inmuebles.
LARGO PROCESO // El cambio de la normativa había sido muy reclamado
desde la provincia. El año pasado arrancó el proceso, no exento de polémica, ya
que grupos ecologistas y partidos como el PSOE o Izquierda Unida se
opusieron al cambio al considerar que se abría la veda para nuevas
construcciones. El Senado aplicó enmiendas que han sido ratificadas por el
Congreso de los Diputados, valiéndose el Partido Popular de su mayoría
absoluta. H
http://www.noticiasdealmeria.com/noticia/79683/ALMERIA/Rumi-ve-uncrimen-
la-Ley-de-Costas-que-salva-213-viviendas-mientras-el-Plan-de-
Proteccion-de-la-Junta-permite-40.600-nuevas-en-Almeria-.html
NOTICIAS DE ALMERIA
Rumí ve un “crimen” la Ley de Costas que salva 213
viviendas mientras el Plan de Protección de la Junta
permite 40.600 nuevas en Almería
La diputada socialista reconocía públicamente que la Ley condena el hotel del
Algarrobico a su demolición
La diputada socialista en el Congreso Consuelo Rumí, calificaba este viernes de
“crimen” la Ley de Costas que había sido aprobada el día anterior en Madrid,
porque en su opinión supone, en la práctica, “la privatización del litoral”.
Rumí descalificaba así una Ley que en la práctica supondrá “indultar” 213
viviendas en todo el litoral almeriense, así como 93 chiriguintos. Por el
contrario, a esas mismas horas, su compañero de partido, el delegado territorial
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz,
intervenía en el ‘II Simposio de Actualización en Derecho Administrativo.
Planificación y Protección del Litoral’, y aseguraba que “hoy por hoy, los
municipios costeros almerienses, aun con el Decreto-ley en vigor, podrían
construir más de 40.000 viviendas, ya que cuentan con más de 12 milllones de
metros cuadrados de suelo urbanizable ordenado, dispuesto para su inmediata
urbanización. Lo que ocurre es que en la actualidad no hay demanda para
desarrollar dichos planes”.
Es decir, que al tiempo que Rumí afirmaba que “ayer se cometió un crimen en
el Congreso de los Diputados, pero en contra de los cánones de la novela negra,
aquí sí sabemos quién es el autor, el Gobierno, quién es la víctima, la costa
española, y cuál es el móvil: beneficiar a los que tienen intereses patrimoniales
privados en el litoral español”; y reconocía que esta ley no permitirá al hotel del
Algarrobico seguir en pie, desde la Junta -que según una sentencia manipuló la
planimetría para dar visos de legalidad al inmueble- se apostaba por un Plan de
Protección que en la práctica supone permitir la construcción de 40.600 nuevas
viviendas, cuando la aprobada por el Gobierno central se limita a “indultar” 213
inmuebles preexistentes.
La diputada ha advertido de que lo que el PP persigue con la reforma de esta
Ley es “expropiar un bien público para entregarlo a la especulación privada,
rebajando la protección de la costa de los 100 anteriores a sólo 20 metros, con lo
que los poderes económicos sin escrúpulos de este país verán cumplidos sus
más oscuros deseos”. “Ayuntamientos almerienses como el de Roquetas de
Mar, El Ejido o Níjar me los imagino frotándose las manos ante el horizonte que
se les presenta para vender literalmente su litoral al mejor postor”, ha añadido
la diputada.
Rumí ha insistido en que el PSOE se opone frontalmente a que “se destrocen las
costas españolas” y ha adelantado que se está estudiando la posibilidad de
plantear un recurso de inconstitucionalidad a la reforma, ante las “serias dudas
de que se esté cumpliendo el artículo 132 de la Constitución, que consagra la
titularidad pública de la zona marítimo-terrestre”.
http://www.europapress.es/galicia/noticia-bng-espera-pp-no-tenga-osadia-faltarespeto-
permitir-ence-mantega-partir-2018-20130511111224.html
EUROPA PRESS
El BNG espera que el PP “no tenga la osadía” de permitir que ENCE se quede
en 2018
Carga contra el plan extractivo de la Xunta, porque “es una potencial amenaza
para el territorio” y “abre el país en canal”
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 May. (EUROPA PRESS) –
El portavoz nacional del BNG, Xavier Vence, ha dicho “esperar” que “el
Partido Popular no tenga la osadía y la falta de respeto a la ciudadanía de
incumplir” el plazo dado para la marcha de ENCE de la ría de Pontevedra EN
2018 tras la reforma de la Ley de Costas.
“Me gustaría creer que los compromisos adquiridos hasta ahora se van a
cumplir, espero que se cumplan, en ese sentido, la licencia que tiene ENCE
termina en 2018 y, si no antes, que está claro que antes no van a forzar su salida
de la ría, espero que por lo menos en 2018 eso se cumpla y se cumpla
efectivamente”, ha remarcado Vence este sábado, a preguntas de los medios,
antes de participar en unas jornadas sobre territorio y medioambiente en
Santiago.
Al respecto, recrimina que “la empresa está claro que cumplió un objetivo por
parte del Partido Popular y es que, en la ley, pone a su disposición la
posibilidad de que el Gobierno central decida otra cosa, y eso es ya en sí mismo
un paso atrás importante”.
En este sentido, ha hecho hincapié en que este cambio legislativo provoca que
“la Comunidad autónoma ya no sería la única en decidir en ese tema y, desde
luego tampoco el ayuntamiento, sino que sería el Gobierno central”. “Por lo
tanto, ya llevaron lejos el ámbito en el que van a tomar la decisión definitiva en
el caso de que se vuelva atrás y se pretenda prolongar esa autorización”, ha
criticado.
“Yo espero que el Partido Popular no tenga la osadía y la falta de respeto a la
ciudadanía de incumplir, por un lado la ley actual y, por otro lado, de
incumplir los compromisos reiterados con la ciudadanía, en particular de
Pontevedra”, ha advertido el portavoz nacional.
CRÍTICAS A PLAN MINERO
Por otra parte, Vence ha remarcado que el plan de actividades extractivas
elaborado por la Xunta “es una potencial amenaza para el territorio”, ya que
“pone todo el territorio a disposición de la explotación minera”.
En este sentido, censura que el documento “no plantea ninguna restricción y
abre el país en canal”, al tiempo que reprochado que “se encargó a la Cámara
minera con lo cual la orientación tiene muy poco que ver con los intereses
generales del país”.
Al respecto, critica que “tiene muy poco que ver con una preocupación
medioambiental por la preservación del medio” y “tampoco evidencia que haya
detrás un plan como país de aprovechamiento de los recursos, sino que lo pone
directamente en manos de las compañías mineras, que son casi todas
extranjeras”.
Sobre la ampliación del proyecto de la mina de Corcoesto, Vence ha explicado
que “ése es un caso, pero el problema es que este plan convierte todo el país en
un espacio de operaciones de las mineras, tal como se perfila, con un gran
margen de libertad”. Y, según lamenta, “sin condiciones ni limitaciones fuertes,
que protejan cuanto menos los espacios naturales”. “Y tal como está, no protege
absolutamente nada”, ha apostillado.
JORNADA
Este sábado el BNG ha organizado la jornada ‘Defensa do territorio: unha
chamada urxente á sustentabilidade territorial, medioambiental e
socioeconómica’, en la que también participan la eurodiputada Ana Miranda o
las parlamentarias autonómicas Ana Pontón, Carme Adán y Tereixa Paz.
Con la presencia de ecologistas, académicos, expertos y diversas plataformas
sociales, el Centro de Estudos Avanzados de la USC, en Santiago, lleva a cabo
diversas mesas redondas y debates sobre las situación de las explotaciones
mineras en Galicia y la polémica que suscitan.
Entre otros, se encuentran la presencia del director del proyecto Zero Waste
Europe, Joan Marc Simons, y la del concejal de Medioambiente de la Diputación
de Guipúzcoa, Iñaki Errazkin, que abordan las alternativas al modelo de
incineración en Sogama.
Según ha explicado Xavier Vence ésta “es una jornada de reflexión sobre
diferentes problemas que afectan al territorio, tanto en lo que se refiere a la
utilización de los recursos naturales, en todo el problema de la minería, como lo
que atiende a los espacios naturales” en Galicia.
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-ugt-critica-nueva-ley-costasdeteriorara-
litoral-turismo-cantabro-medio-largo-plazo-20130510142930.html
EUROPA PRESS
UGT critica que la nueva Ley de Costas “deteriorará” el
litoral y el turismo cántabro a medio y largo plazo
El sindicato cree que “se abre la veda” para la privatización de concesiones
públicas afectadas
SANTANDER, 10 May. (EUROPA PRESS) –
La federación de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego de UGT ha
manifestado su rechazo a la reciente reforma de la Ley de Costas, porque en su
opinión “terminará por deteriorar el litoral español y cántabro, lo que será una
serie amenaza para su industria turística a medio y largo plazo, por mucho que
se diga que a corto plazo implicará ventajas económicas”.
En un comunicado, la federación de UGT vinculada a los sectores laborales
del turismo regional, en los que es sindicato mayoritario en la región, critica que
la reforma de la Ley de Costas se asienta en “un pensamiento cortoplacista,
antiecológico y antisocial” con “una visión desarrollista que sólo servirá para
entregar muchos espacios libres con el respaldo legal a los promotores y
especuladores”.
“Es más, con esta normativa se ha abierto la veda para tolerar edificaciones, la
mayoría vinculadas a la hostelería, que hoy son públicas pero que están
destinadas a la privatización y a la especulación ya que dentro de seis años, en
2018, caducan muchas de las concesiones públicas y en consecuencia el
Gobierno de turno deberá gestionar el desalojo de cientos de propiedades”,
agrega.
En opinión de UGT, la aprobación de esta nueva normativa “es, desde todos
los puntos de vista, una mala noticia medioambiental y un retroceso en las
políticas a desarrollar en el llamado dominio público marítimo terrestre”
www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-urbanizadores-valoranley-
costas-porque-aporta-seguridad-juridica-evita-corrupcion-partefuncionarios-
20130512195344.html
EUROPA PRESS
Urbanizadores valoran la Ley de Costas porque aporta
“seguridad jurídica” y “evita corrupción” por parte de
funcionarios
SEVILLA, 12 May. (EUROPA PRESS) –
El presidente de la Federación de Urbanizadores y Turismo Residencial,
Ricardo Arranz, ha valorado este domingo la nueva Ley de Costas promovida
por el Gobierno central que esta semana ha aprobado el Congreso de los
Diputados, ya que, a su juicio, aporta “seguridad jurídica” tanto a las
edificaciones “consolidadas en primera línea de playa” como a “futuras
inversiones”, y “evita corrupción” por parte de “funcionarios”.
De esta manera, en declaraciones a Europa Press, Arranz ha defendido este
domingo que la nueva normativa proporciona “claridad” en una materia en la
que, a su juicio, había “diversidad” de criterios a la hora de tratar algunos
asuntos en función de la “interpretación” del funcionario que los abordara.
Para el representante de los urbanizadores, en esta materia por lo que hay que
apostar es por favorecer unas “infraestructuras de calidad” por encima de “los
metros que puedan separarlas de las playas”.
En esa línea, ha abogado por importar el concepto de “clubes de mar” que,
según ha explicado, existen en otros países, que prestan “un buen servicio a los
turistas, han funcionado bien durante años” y a los que “no se les ha
demonizado” como, en su opinión, se ha hecho con algunas infraestructuras
costeras en España.
Aunque se ha mostrado de acuerdo con el propósito de “proteger las playas”,
Arranz ha reiterado su apuesta por unas “infraestructuras de calidad” en vez de
por “tantas restricciones” que, a su juicio, perjudican a “la única industria que
puede desarrollar un país con seis millones de parados”, en alusión al turismo. leer más...

2013 05 10 Noticias costas del despatcho de Ortega

http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20130509/abci-costas-votocontra-
201305091756.html
DIARIO ABC
C. VALENCIANA / COMUNIDAD VALENCIANA
La ley de Costas sale adelante con el voto en
contra de los socialistas
Día 09/05/2013 – 18.03h
La normativa a la que se opone el PSPV salva los chiringuitos de playa y más de
2.000 viviendas en la Comunidad Valenciana
El Congreso ha aprobado hoy la Ley de Costas, que el PP defiende como
una “protección” para el litoral, que evitará incluso casos como el del hotel
Algarrobico, mientras buena parte de la oposición, y numerosas ONG en la
calle, la tildan de “amnistía” y de un paso mas para “privatizar” la costa
española.
La Cámara ha aprobado hacia las cuatro de la tarde definitivamente la reforma
de la Ley de Costas de 1988 con los votos del Grupo Popular, la abstención de
CIU y el voto en contra del resto de la oposición a la mayoría de las enmiendas,
con alguna salvedad como la de ERC que ha apoyado una sobre el cambio
climático.
Los socialistas valencianos han votado en contra de una normativa quesalva a
los chiringuitos de playa y a más de 2.000 viviendas en el litoral alicantino.
La aprobación de la nueva norma sobre el litoral español se ha producido en
una jornada en la que un grupo de activistas de Greenpeace se han encaramado
al tejado del Congreso y han desplegado una pancarta que decía: “El PP vende
nuestra costa”.
Un total de ocho ecologistas han sido detenidos y han sido puestos a
disposición de la Audiencia Nacional, y podrían ser acusados de intentar
vulnerar el recinto de la Cámara baja, que estaba reunida en sesión plenaria
para aprobar la nueva Ley.
La nueva norma, según ha defendido el ministro de Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete, garantiza la conservación del litoral, “y no lo privatiza”, al
tiempo que salva de la demolición a más de 1.200 industrias y 25.000 viviendas
ubicadas antes de 1988 en el litoral, al contar ahora con una nueva concesión de
75 años.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1411820
DIARIO ABC
La Ley de Costas pasa su último examen
parlamentario
09-05-2013 / 9:40: h EFE
La reforma que cambiará de la Ley de Costas de 1988 pasará hoy su último
examen parlamentario, con la previsible aprobación en el Congreso de los
Diputados de las enmiendas remitidas por el Senado.
La reforma, ha sido muy contestada por los partidos de izquierda y ecologistas
porque consideran que desprotege y privatiza el litoral.
A todos ellos no les ha gustado que se amplíe a 75 años más las concesiones
otorgadas a miles de viviendas asentadas sobre dominio publico marítimo
terrestre, ni que los chiringuitos obtengan concesiones de cuatro años, en vez de
anuales.
También se ha criticado la reducción de 100 a 20 metros de la franja de
protección del litoral y la amnistía a 12 núcleos urbanos de Alicante, Girona,
Huelva, Málaga, Valencia, Castellón y Pontevedra.
Tanto el Gobierno como el partido Popular han insistido en que la ley no
permitirá nuevas construcciones en la franja del litoral protegido y en que el
objetivo principal de la reforma es poner fin a la inseguridad jurídica que
generó la anterior ley.
http://www.antena3.com/noticias/espana/nueva-ley-costas-pretende-prorrogardemolicion-
125000-viviendas_2013050900157.html
ANTENA 3
APORTARÁ SEGURIDAD JURÍDICA A 1.200 INDUSTRIAS
La nueva Ley de Costas pretende prorrogar la demolición de 125.000
viviendas
Este jueves se aprueba la Ley de Costas. Según el Gobierno, pretende dar
seguridad jurídica a más de 1.200 industrias y 125.000 viviendas construidas
antes de 1988, y que debían ser demolidas con la actual legislación. Sólo en
Málaga, había que derribar dos barrios enteros levantados a pocos metros del
mar. Ahora sus propietarios respiran más tranquilos.
antena3.com | Madrid | Actualizado el 09/05/2013 a las 21:37 horas
La Ley de Costas aprobada este jueves concede la amnistía a 125.000 viviendas,
12 nucleos costeros entre los que se encuentran dos barrios malagueños: el de
El Palo y el de Pedralejo. Municipios enteros como el de San Andrés
construído hace medio siglo en primerísima línea al norte de Gran Canaria,
consiguen ahora una prórroga. Tenían una concesión de 30 años que con la
nueva ley pasan a ser 75. Cambia por tanto su situación.
En la Playa de San Juan, Alicante, hasta ocho chiringuitos lograron licencia en
1975 para ser construídos en la orilla. Tras varios pleitos en 2010 fueron
demolidos, sin embargo, hoy otros cinco han vuelto a ser levantados
aunque cumpliendo con la zona de protección de 100 metros. Tampoco el
barrio costero de Cho Vito en Tenerife, derribado porque invadía el espacio
marítimo terrestre, estará entre las viviendas beneficiadas con la nueva ley de
costas.
Mientras, los ocho activistas de Greenpeace detenidos tras llevar a cabo
unaprotesta en el Congreso de los Diputados en la que llegaron incluso a
encaramarse en el tejado del edificio para manifestar su rechazo contra la nueva
Ley de Costas declararán esta tarde ante el juez de la Audiencia Nacional Javier
Gómez Bermúdez después de que la Policía les haya atribuido la comisión de
un delito contra las altas instituciones del Estado.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=300320
CANARIAS SIETE
“Canarias no existe para la Ley de Costas”
09/05/2013
La reforma de la Ley de Costas salió ayer aprobada del Congreso de los
Diputados sin atender las especificidades canarias y sin garantías para los
núcleos costeros amenazados de derribo en las Islas. Para la diputada de
Coalición Canaria-Nueva Canarias (CC-NC) Ana Oramas en esta ley «Canarias
no existe». La nueva norma únicamente contó con los votos favorables del
Partido Popular (PP).
El pleno del Congreso de los Diputados dio ayer el visto bueno definitivo a la
reforma de la Ley de Costas en los mismos términos que había sido aprobada
en el Senado y por tanto sin incorporar ninguna excepción para salvar aquellos
enclaves costeros de las Islas con valores etnográficos, históricos o pintorescos,
que ahora pueden quedar condenados a la piqueta.
Aunque la Cámara Baja se limitó a ratificar el texto sin introducir cambio
alguno con el único voto a favor del PP, el trámite suscitó un debate encendido.
La portavoz de CC-NC, Ana Oramas, calificó de «impresentable» que la
reforma no haya tenido en cuenta a las Islas. «Sencillamente en esta ley
Canarias no existe, pese a ser la comunidad autónoma con más kilómetros de
costa», señaló.
La diputada nacionalista reprochó al PP haber salvado de la piqueta doce
enclaves concretos de la Península y Baleares y «olvidarse» de los núcleos
canarios.
«¿Ustedes me quieren decir qué diferencia hay entre Formentera y La Palma o
Lanzarote? ¿O entre Tenerife y determinadas zonas del Mediterráneo?»
preguntó Oramas a los populares, «porque los enclaves canarios tienen las
mismas condiciones que esos sitios que sí han recibido el cariñito especial del
PP y que se han salvado por compromiso político», añadió.
La diputada nacionalista recordó, además, que los núcleos isleños para los que
se pedía consideración especial «no son chalés con piscina ni hoteles en primera
línea, sino casas que gente sencilla levantó hace treinta, cincuenta o sesenta
años», señaló, al tiempo que sostuvo que «estamos hablando de actividades
sostenibles y de valores etnográficos, no de especulación», quiso dejar claro.
La Ley deja ahora la pelota en el tejado de los ayuntamientos, que deben remitir
un informe a Medio Ambiente sobre cada enclave, argumentando que se trata
de núcleos urbanos. Si el Ministerio entiende que cumplen con todos los
requisitos, se los excluirá de la servidumbre, que queda fijada en 20 metros.
Recurso
El consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, no fue ayer tan
contundente como hace unas semanas en el Parlamento regional, donde
anunció que el Gobierno recurriría la reforma de la Ley de Costas «apenas» se
publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A través de un portavoz
autorizado de la Consejería, Berriel manifestó que el Ejecutivo sigue
mostrándose «crítico» con la reforma del Partido Popular (PP) y la «rechaza»
por cuanto que «no se adapta a la realidad de las Islas».
Sin embargo, ayer indicó que el Gobierno tiene que estudiar «con
detenimiento» el documento aprobado ayer, y ver las enmiendas incorporadas,
antes de decidir si recurre la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional. En
el Parlamento , Berriel aludió a la inconstitucionalidad de la Ley por su
retroactividad y por no respetar, dijo, el principio de igualdad.
http://www.diariodeibiza.es/formentera-hoy/2013/05/10/pp-aprueba-ley-costasdeslinde-
formentera/619406.html
DIARIO DE IBIZA
El PP aprueba la Ley de Costas con un deslinde
para Formentera
Enrique Fajarnés atribuye el trato específico que
recibe la isla «al trabajo del presidente Bauzá» | El
Estado tiene el plazo de dos años para aprobar un
nuevo deslinde marítimo-terrestre
10.05.2013 | 05:30
La comitiva formenterense en el exterior del Congreso, con Arias Cañete en el
centro. PP
C. CONVALIA | FORMENTERA Los diputados del PP en el Congreso
aprobaron ayer por la tarde la nueva Ley de Costas que contiene una
disposición adicional, la cuarta, que otorga un trato especial a Formentera. En
concreto la nueva norma que entrará en vigor tras su publicación en el BOE,
prevista en breve, define los criterios del nuevo deslinde: «Con carácter
excepcional y debido a la especial configuración geológica de la isla de
Formentera, respecto de ella se entenderá que queda incluido en el dominio
público marítimo-terrestre el espacio de territorio que baña el mar en su flujo y
reflujo, en donde sean sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales
ordinarios en donde no lo sean. A estos efectos, se entiende que son temporales
ordinarios los que se han repetido, al menos, en tres ocasiones en los cinco años
inmediatamente anteriores al momento en que se inicie el deslinde». Asimismo
entrarán a formar parte del deslinde «las playas, entendiendo por tales las
riberas del mar o de las rías formadas por arenales o pedregales en superficie
casi plana, con vegetación nula o escasa y característica».
En el apartado segundo se establece que «en el plazo de dos años desde la
entrada en vigor de la ley, la Administración General del Estado practicará el
correspondiente deslinde». En cuanto a la zona de servidumbre de protección la
disposición señala que tendrá, en todo caso, «una extensión de cien metros
medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar».
Finalmente garantiza la propiedad privada de las viviendas afectadas en la
actualidad por dicha normativa a través del punto cuarto en donde precisa que:
«Aquellas personas que son propietarias, con título inscrito en el Registro de la
Propiedad antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, de terrenos
que tras el deslinde previsto en el apartado 1 de esta disposición dejen de
formar parte del dominio público, serán reintegrados en el dominio de aquellos
bienes».
Aunque la votación se produjo en la tarde de ayer, por la mañana una
representación del PP de Formentera, formada por José Manuel Alcaraz y
Gabriela Mayans, junto con el presidente del Grupo Independiente (GIF),
Xumeu Cardona y sus dos consellers, Javier Serra y Cristina Costa, se
desplazaron a Madrid para hacerse la foto y felicitar al ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y artífice de la nueva ley, Miguel Arias
Cañete, en la que también estuvo presente el diputado ibicenco del PP, Enrique
Fajarnés.
Tanto Alcaraz como Serra coincidieron en expresar su «satisfacción y
agradecimiento» por el logro de la modificación del deslinde de Formentera por
la que la plataforma de afectados, con amplio apoyo social, ha luchado desde la
década de los noventa. El líder del PP manifestó: «Hemos trasladado la
felicitación al ministro porque ha hecho la modificación en un tiempo récord, en
un año y medio y recogiendo las características singulares de la isla». Indicó
que también entregó al ministro una serie de cartas de agradecimiento de los
afectados y de la asociación de propietarios alemanes.
Por su parte, Gabriela Mayans destacó como «histórico» el hecho de que una ley
recoja el caso particular de Formentera. La expresidenta de la plataforma
apuntó que el resultado es fruto «del trabajo bien hecho a nivel local por los
afectados y gracias al apoyo social y político de todas las formaciones». Mayans
añadió que ahora estarán vigilantes para ver cómo la Administración realiza el
nuevo trazado del deslinde y deseó que se haga «con consenso para dar una
solución definitiva al problema».
Recordó, en este sentido, que el objetivo de los afectados es «compaginar la
propiedad privada con la protección del medio ambiente». Indicó que la
eventual desprotección que se puede producir puede ser corregida a través de
las Normas Subsidiarias ya que existe entre todos los partidos políticos locales
la intención de seguir con el mismo grado de protección que en la actualidad.
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2013/05/09/la
_ley_costas_culmina_reforma_congreso_116981_1031.html
DIARIO DE NAVARRA
La Ley de Costas culmina su reforma en el
Congreso
Actualizada 09/05/2013 a las 19:16
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma presentada por el
Gobierno a la Ley de Costas de 1988 con la aprobación de las enmiendas
introducidas por el PP en el Senado. Esta norma entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el B.O.E., prevista en los próximos días.
El trámite parlamentario se inició en diciembre, cuando el ministro de Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete, defendió en el Pleno del Congreso que la Ley
de Costas de 1988, que se reforma en este texto, no respondía a los fines y
objetivos que pretendía (mantener y conserva el litoral), además de
haber fomentado un marco de inseguridad jurídica para los propietarios y
titulares de derechos en la costa.
En aquel momento, PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, ERC y Compromís-Equo,
pidieron en sus enmiendas a la totalidad que el texto fuera devuelto al
Gobierno, aunque sin éxito, puesto que fueron rechazadas. Ya en febrero, la
Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó esta reforma con el apoyo
del PP, la abstención de CiU, y el voto de la oposición. Esta votación se repitió
en la ‘segunda fase’ del trámite parlemantario, ya en el Senado, el pasado 24 de
abril.
SE INCORPORA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Este jueves en el Congreso se han ratificado las enmiendas presentadas en la
Cámara Alta. Todas ellas han contado con el voto a favor del PPy la abstención
o voto en contra de la oposición, salvo en materia de cambio climático, que ERC
ha apoyado a los ‘populares’.
Se trata de la primera vez que se plantea en la Ley de Costas incorporar una
regulación específica para luchar contra el cambio climático en la costa
española, además de que impone al Ministerio de Medio Ambiente la
obligación de elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos
del cambio climático de cara a mitigarlos.
Según ha defendido Arias Cañete este jueves en el Congreso, esta Ley tiene
como primer objetivo la protección medioambiental de la costa, diferenciando
entre los tramos urbanos y naturales de las playas, preservando las playas
vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como las actividades, y
aumentando en todo caso su protección.
Se prohíben también nuevas edificaciones en el litoral, tanto en el dominio
público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas), como en su zona
adyacente de servidumbre de protección. Se mantiene la prohibición de la
edificación residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos
preventivos, prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos
de tamaño, altura o superficie
.
Igualmente, excluye núcleos de población (no los amnistía porque ya eran
legales) del domino público terrestre porque son terrenos de núcleos urbanos,
habitados desde antes de 1988, que afectan en su mayoría a viviendas sencillas
de barriadas populares, no a hoteles o empresas.
En concreto, el proyecto de ley excluye del dominio público marítimo terrestre
un total de 12 municipios: el poblado marítimo de Xilxes (Castellón), Moaña
(Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante);
Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva);
Caño del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga) y
El Palo (Málaga).
Desde Coalición Canaria, la diputada Ana Oramas ha criticado que el
archipiélago no aparezca en ningún momento en la ley, a la vez que se ha
preguntado por qué sólo se han excluido esos 12 municipios y no se ha tenido
en cuenta a Canarias, un argumento que considera suficiente para rechazar la
ley, aparte de que cree que esta reforma no protege la costa.
ANCHURA DE SERVIDUMBRE
Además, en esta reforma se mantiene la anchura de la servidumbre de
protección en 100 metros y únicamente se especifica cómo se aplica la regla
especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988. Eso sí, se prohíben
expresamente nuevas edificaciones en estas áreas.
Según puntualiza Medio Ambiente, la reducción de la servidumbre sólo se
podrá producir respecto de núcleos costeros que antes de 1988 tuvieran un
carácter urbano, según unos requisitos marcados en la disposición transitoria
primera de la Ley, y solamente para el núcleo delimitado. Por tanto, defiende
que no se podrán autorizar nuevas construcciones dentro de los núcleos
delimitados. “Es decir, se solucionan problemas antiguos no resueltos en 1988,
sin que implique permitir un solo edificio más en la costa”, justifica.
En cuanto los chiringuitos, la Ley mantiene los usos permitidos y prohibidos en
el dominio público marítimo terrestre y Medio Ambiente señala que se les dará
más seguridad, en cuanto a plazos y condiciones de la concesión, a la vez que se
les exigirá más en términos de ordenación y cuidado de las playas.
Sobre las concesiones, se prorrogan las concesiones de los propietarios de
viviendas situadas en la playa antes de 1988, hasta un máximo de 75 años.
Durante la concesión y sus prórrogas se debe garantizar la conservación de la
costa y, además, se va a exigir a los empresarios la corresponsabilización en esa
conservación del domino público.
Este es uno de los puntos que más polémica ha suscitado entre los nacionalistas
gallegos del BNG, puesto que se ha prorrogado la licencia a la empresa ENCE,
situada en la ría de Pontevedra que, según insisten, es contaminante.
NOVEDADES DE LA LEY
Sobre este punto la reforma incluye también el hecho de que el Estado recupere
la competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias situadas en
el litoral, que antes pertenecía a las comunidades autónomas.
La normativa contempla también la posibilidad de celebrar eventos de interés
general con repercusión turística en algunos tramos de playa y que se puedan
permitir los usos comerciales y de restauración en la zona de servicio portuaria,
donde se prohíben las edificaciones para residencia o habitación.
Desde el PSOE e ICV, sus portavoces parlamentarios han anunciado que están
estudiando presentar un recurso en contra de esta ley ante el Tribunal
Constitucional, al considerar que vulnera varias directivas europeas, tratados
internacionales, aparte de carecer de una memoria económica y favorecer la
privatización de la costa, que llevó a España al ‘boom inmobiliario’ y
consecuente crisis económica.
Ambos coinciden igualmente en que esta normativa podría vulnerar el artículo
132 de la Constitución, relativo al régimen jurídico de los bienes de dominio
público.
Del lado nacionalista, tanto Martí Barberà de CiU, como Joseba Agirretxea del
PNV, han coincidido al resaltar que las enmiendas presentadas en el Senado a
la normativa suponen una invasión de competencias.
OPOSICIÓN DE LOS ECOLOGISTAS
Desde el primer momento su tramitación la ley ha contado con la oposición de
los grupos ecologistas quienes han tachado este día de “duelo” al haberse
aprobado la Ley que, a su juicio, no tiene “ningún espíritu de protección”.
Precisamente, este jueves por la mañana, justo cuando comenzaba el debate de
las enmiendas del Senado sobre esta ley un grupo de activistas de Greenpeace
se han encaramado al techo del Congreso para protestar contra la normativa y
han llegado a mostrar una pancarta en la que se podía leer ‘El PP vende
nuestras costas’. La protesta se ha saldado con ocho detenidos.
http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/250073.html
DIARIO DE PONTEVEDRA
Industria
La Ley de Costas que facilita la estancia de Ence en
Lourizán ya es definitiva
09/05/2013 – DP (Pontevedra)
PONTEVEDRA. Ence podrá iniciar los trámites para solicitar la prórroga de la
concesión de sus terrenos en Lourizán durante otros 75 años tan pronto como la
nueva Ley de Costas aprobada ayer en el Congreso de los Diputados se
publique en el Boletín Oficial del Estado. Esto ocurrirá en los próximos días.
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depuradora y al emisario
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Costas caduca en 2018”
El PP aprobó ayer el texto que reforma la antigua Ley de Costas de 1988 en
solitario, con la abstención de CiU y el voto en contra de los demás partidos de
la oposición.
La modificación de la normativa, que ayer cumplió con todos los trámites
oficiales, permite que Ence pueda seguir más allá de 2018 en su actual ubicación
gracias a la enmienda que a finales del año pasado presentó el Partido Popular
con el objetivo de otorgar una moratoria a las grandes industrias situadas en el
litoral.
La decisión final sobre esa prórroga la tendrá el Estado, que tendrá que
argumentar su postura tras analizar el interés general de la actividad fabril.
Algunos de los parámetros que se deberán tener en cuenta son el impacto sobre
el litoral, la posibilidad de restauración de los terrenos afectados, las
alternativas de traslado de la factoría que ocupa la parcela de Costas, el tipo de
actividad que realiza la empresa que pide la prórroga y la relevancia económica
de la misma y su impacto en la región.
En cualquier caso, la Xunta de Galicia deberá emitir un informe obligatorio (no
vinculante) de tipo ambiental. En su momento, el secretario de Estado de Medio
Ambiente, Federico Ramos de Armas, subrayó que el mencionado informe
autonómico será “determinante” para el futuro de la planta de Ence en
Pontevedra después de 2018.
Ramos de Armas había asegurado que el Gobierno está dispuesto a promover
“toda la colaboración que sea necesaria con la Xunta de Galicia” para solucionar
la problemática relativa a la ubicación de la fábrica.
La Xunta de Galicia ha manifestado en varias ocasiones su voluntad de que la
pastera se marche dentro de cinco años. En cualquier caso, no hay garantía de
que la Administración central tenga la misma visión sobre el futuro de la
factoría. Se podría dar el caso de que la Xunta indicase que no es oportuno el
mantenimiento del complejo industrial en Lourizán y el Gobierno considere que
debe continuar. Y viceversa.
Una de las cuestiones claves, de todos modos, es que el informe autonómico
debe ser ambiental y de tipo técnico, no político, por lo que se tendrían que
tener en cuenta los parámetros de cumplimiento de la normativa sobre
contaminación vigentes que, por el momento, el grupo pastero cumple con
solvencia.
El presidente de Ence, Juan Luis Arregui, que anteayer estuvo en Pontevedra,
reconoció que la nueva ley sirve a los intereses de su grupo. El máximo
accionista indicó que “creemos que tenemos cabida en la nueva ley siempre y
cuando cumplamos con el medio ambiente y no invadamos territorio”. “Somos
la fábrica más limpia del mundo”, añadió.
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/09/actualidad/1368086015_236811.htm
DIARIO EL PAIS
Libres los miembros de Greenpeace que se encaramaron
al Congreso
Hay varios activistas detenidos, ocho según la organización
El presidente del Congreso reconoce “fallos de seguridad” en el Congreso
ANABEL DÍEZ | CORRESPONSAL POLÍTICA Madrid 9 MAY 2013 –
22:56 CET120
La policía actuó con rapidez, pero no ha podido impedir que durante unos
segundos al menos un activista de la organización ecologista Greenpeace haya
escalado hasta el tejado del Congreso, en tanto que otros siete compañeros le
esperaban abajo. Pasaban las nueve y cinco de la mañana y empezaba una
acción de protesta por la reforma de la Ley de Costas, cuyo debate comenzaba.
Esta era la forma de rechazo contra una norma que cuenta con la desaprobación
no solo de las organizaciones ecologistas sino de todos los grupos del Congreso,
salvo del PP, que la sacará adelante con sus votos. Los activistas llegaron en una
furgoneta y con rapidez intentaron el ascenso hasta el tejado del palacio de la
Carrera de San Jerónimo ayudándose de los andamios que están instalados
desde hace meses para las obras de acondicionamiento del viejo caserón. Tan
solo uno lo consiguió porque de inmediato la policía requirió al resto para que
no lo intentaran. No hubo resistencia ni gestos de violencia por ninguna
parte. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha señalado su
incomodidad por este hecho ya que “ha habido un fallo de seguridad”, que ya
está en proceso de investigación.
La policía retiene a activistas de Greenpeace frente al Congreso. /CLAUDIO
ÁLVAREZ
Los activistas fueron trasladados a la comisaría de Moratalaz de Madrid y
pasaron por tarde a disposición del juez Javier Gómez Bermúdez de la
Audiencia Nacional, que está de guardia, informa Fernando J. Pérez.El asunto
podría alcanzar grados de relevancia si se les aplica el tipo penal previsto
cuando se ejerce un acto de fuerza contra instituciones del Estado. De momento
la policía cree que han incurrido en ese delito, según han informado a
Efe, fuentes de la Jefatura Superior de Policía. No obstante, Gómez Bermúdez
ha dejado esta noche en libertad a los ocho y ha preguntado al presidente del
Congreso si los activistas alteraron el normal funcionamiento de la Cámara.
Antes de ser detenidos el activista encaramado en el tejado ha podido desplegar
durante unos segundos una pancarta con el lema “El PP vende nuestra costa, una
vez que accedió al techo por los andamios que están colocados en los laterales
de la Cámara Baja por las obras que se están realizando en el edificio.
Los activistas conocían bien el orden del día del pleno, ya que hicieron su
acción de protesta justo en el momento en el que arrancaba el pleno del
Congreso, en el que empezaba a debatirse las enmiendas del Senado a la nueva
Ley de Costas. “Se han abierto diligencias y espero que esto no vuelva a
ocurrir”, ha señalado el presidente del Congreso, en referencia al aspecto de la
seguridad. Aunque Posada estima “inaceptable” esta acción la diferencia, por su
carácter “pacífico” de los escraches o seguimiento a los diputados del PP cuyos
votos han hecho posible una legislación hipotecaria destinada a los impagos de
hipoteca que tiene el rechazo del resto de los grupos parlamentarios y de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca. El propio Posada ha visto como frente
a su domicilio se reunieron miembros de esa plataforma para protestar contra la
ley, aunque no pudieron acercarse en exceso por el control policial que se formó
en las inmediaciones del domicilio de la tercera autoridad del Estado.
Nada que ver, por tanto, desde el punto de vista de Posada, la acción de los
ecologistas con la de Greenpeace, pero esta va a ser objeto de investigación para
que a partir de ahora los andamios no faciliten el camino para quienes quieran
protestar desde lo alto del Congreso.
Nada impedirá, sin embargo, que hoy el Congreso vote y apruebe
definitivamente esta ley que saca del dominio público unas 10.000 viviendas y
otorga hasta 75 años más de vida a construcciones que debían comenzar a ser
demolidas a partir de 2018. La mayoría absoluta de los populares en el Senado
les permitió rechazar los cinco vetos de diferentes partidos que proponían
devolver la norma al Congreso y comenzar de nuevo. Todas las formaciones
argumentaban que la nueva ley incrementa la inseguridad jurídica, privatiza el
litoral o que contradice directivas europeas e informes del propio Gobierno,
entre otros asuntos.
El PP defiende la necesidad de modificar la Ley vigente, de 1988, para evitar
nuevos “algarrobicos “—en referencia al mastodóntico hotel de Carboneras
(Almería) levantado en dominio público— e insiste en el poder de revitalización
económica de la nueva norma.
En un comunicado, la organización ecologista ha justificado su acción de
protesta en que “la estrategia del PP ha consistido en rebajar al máximo la
protección ambiental de la costa y ahondar en su privatización”. Además,
señala que la desprotección del litoral “ha ido acompañada de grandes dosis de
arbitrariedad, que Greenpeace lleva denunciando desde el comienzo de la
reforma”. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete, ha afirmado que las leyes se defienden en la Cámara y ha
considerado “ilegal” la acción de los ecologistas. De acuerdo con los
instrumentos de la legalidad el Grupo Socialista estudia recurrir ante el
Tribunal Constitucional la norma aprobada por el Congreso, con el voto del PP,
y la oposición del resto de los grupos, además del rechazo que suscita en los
grupos ecologistas como los que han protestado desde el tejado de la Cámara
Baja.
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/canguroa13/politica/noticias
/4812508/05/13/La-reforma-de-la-Ley-de-Costas-culmina-su-tramiteparlamentario-
en-el-Congreso–.html
DIARIO EL ECONOMISTA
Jueves, 9 de Mayo de 201
La reforma de la Ley de Costas culmina su trámite parlamentario en el
Congreso
Europa Press | 9/05/2013 – 16:58
Ministro de Agricultura, Alimentación y Medioambiente
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma presentada por
el Gobierno a la Ley de Costas de 1988 con la aprobación de las enmiendas
introducidas por el PP en el Senado. Esta norma entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el B.O.E., prevista en próximos días. Rubalcaba
carga en el Día de la Tierra contra la Ley de Costas del PP
Fue el pasado 19 de febrero cuando la Comisión de Medio Ambiente del
Congreso aprobó esta reforma con el apoyo del PP, la abstención de CiU, y el
voto en contra de PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, PNV, BNG y Compromís-
Equo. Esta votación se repitió en la ‘segunda fase’ del trámite parlemantario
ya en el Senado el pasado 24 de abril, con la mayoría del PP, la abstención de
CiU y la oposición del resto de los grupos parlamentarios.
En diciembre, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ya
defendió en el Pleno del Congreso el proyecto de reforma de la Ley, frente a
PSOE, ICV, UPyD, ERC y Compromís-Equo, que pidieron en sus enmiendas
a la totalidad que el texto fuera devuelto al Gobierno, aunque sin éxito,
puesto que fueron rechazadas.
Para el ministro, la Ley de Costas de 1988, que se reforma en este texto, no
ha respondido a los fines y objetivos que pretendía (mantener y conserva el
litoral), además de haber fomentado un marco de inseguridad jurídica para
los propietarios y titulares de derechos en la costa.
Desde ese momento ha contado con la oposición de los grupos ecologistas.
Precisamente, este mismo jueves por la mañana, justo cuando comenzaba el
debate de las enmiendas del Senado sobre esta ley un grupo de activistas de
Greenpeace se han encaramado al techo del Congreso para protestar contra la
normativa y han llegado a mostrar una pancarta en la que se podía leer ‘El PP
vende nuestras costas’. La protesta se ha saldado con ocho detenidos.
Esta reforma incluye entre otras novedades una nueva concesión de 35 años
para los puertos deportivos, o el hecho de que el Estado recupere la
competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias situadas en
el litoral, que antes pertenecía a las comunidades autónomas.
http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2013/05/09/congreso-concluyehoy-
tramitacion-ley-costas/806922.html
DIARIO FARO DE VIGO
El Congreso concluye hoy la tramitación de la Ley de Costas
Da cuenta de las enmiendas del Senado antes de publicarla en el BOE
F.G.S. – Moaña 09.05.2013 | 07:32
Afectados y Fervenza durante el debate en el Senado.
La nueva Ley de Costas y, por ende, el indulto a muchas viviendas del centro
urbano de Moaña, que dejarán de ser consideradas como espacio de dominio
público marítimo-terrestre, cumple hoy con su último trámite parlamentario
antes de su entrada en vigor definitiva.
A partir de las 9.00 horas en el pleno del Congreso se dará cuenta de las
enmiendas incluidas en el debate del Senado para este Proyecto de Ley. Una
vez cumplimentado este trámite se considerará que la nueva legislación está
aprobada definitivamente y lista para entrar en vigor, según explicó ayer el
regidor moañés, José Fervenza. No será necesario que supere una nueva
votación, pues la mayoría de los diputados ya le dieron su visto bueno.
Ahora solo restaría aguardar a su publicación en el Boletín Oficial del Estado
para que los propietarios afectados vean cumplida una demanda que llevan
solicitando desde hace muchos años.
Y es que esta reforma de la Ley de Costas incluye un anexo, en el que Moaña,
junto a otros municipios, aparecen como excluidos del dominio público. Se trata
de unas 200 familias las que verían desaparecer definitivamente el peligro de un
futuro derrumbe de sus viviendas.
Esta excepción tiene en cuenta la “singularidad” de Moaña que esgrimían como
argumento desde hace años los afectados. Y es que los terrenos indultados son
en realidad suelos urbanos con construcciones que en su día recibieron la
necesaria licencia municipal.
Quedaron en un limbo legal con el posterior deslinde y la aplicación de la Ley
de Costas de 1988.
En Castellón
El otro municipio indultado que formará parte del anexo a la legislación que se
publicará en el BOE es el pueblo castellonense de Xilxes, en el que había cerca
de un centenar de viviendas amenazadas de derribo.
http://www.farodevigo.es/galicia/2013/05/08/congreso-descarta-cambiar-leycostas-
reclamaban-populares-gallegos/806001.html
DIARIO FARO DE VIGO
El Congreso descarta cambiar la Ley de Costas como reclamaban los populares
gallegos
Redacción – Santiago 08.05.2013 | 07:34
El Congreso rechazó ayer tomar en consideración una propuesta del
Parlamento gallego, aprobada por el PPdeG, para cambiar la Ley de Costas y
reconocer los núcleos marineros tradicionales gallego. Su argumento es que la
ley se aprobará ya mañana en la Cámara baja y que los elementos claves de la
iniciativa gallega ya se han incorporado a la norma.
Desde el PSOE, tanto el diputado autonómico Xosé Sánchez Bugallo como la
parlamentaria nacional Paloma Rodríguez denunciaron “las contradicciones e
incongruencias intolerables entre el PP en Galicia y en Madrid” y calificaron de
“absoluta farsa la iniciativa.
http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2013/05/10/congreso-apruebanueva-
ley-costas-indulta-casco-urbano-moana/807712.html
DIARIO FARO DE VIGO
El Congreso aprueba la nueva Ley de Costas que indulta
el casco urbano de Moaña
Los afectados muestran su satisfacción con la modificación, que recibió luz
verde en el agitado debate de ayer del Congreso – Se muestran cautos hasta su
entrada en vigor
Elena Mondelo – Moaña 10.05.2013 | 07:28
Los vecinos de Moaña que estaban afectados por el problema del deslinde de
Costas han recibido con gran alegría la aprobación definitiva de una norma que
ha sido durante muchos años un quebradero de cabeza. Varios afectados se
acercaron durante la jornada de ayer al consistorio para trasladar su júbilo al
alcalde de Moaña, José Fervenza, que no oculta su satisfacción después de que
la ley recibiese luz verde en la Cámara Baja. Después de años de lucha, los
afectados respiran aliviados tras la celebración de un debate largo y en el que
incluso hubo protestas de grupos de ecologistas y que fue seguido por algunos
moañeses gracias a las nuevas tecnologías.
“Ha salido todo como esperábamos, es estupendo, estamos muy contentos”,
matiza el secretario de la plataforma de afectados, Pedro Delgado. Al igual que
él, muchos miembros de la asociación se mostraban entusiasmados con la
noticia, que se extendió con rapidez entre los vecinos. “Es algo que llevamos
esperando muchos años, es una satisfacción saber que volvemos a recuperar
algo que era nuestro y que podemos disponer de nuestras propiedades con
tranquilidad”, explica uno de los propietarios del edificio Salitre, uno de los
emblemas de la lucha.
Por su parte, el alcalde, José Fervenza, también destaca la importancia de la
aprobación de la modificación de la ley de 1988, una normativa que rompe con
una línea que muchos tildaban de “arbitraria”. “Estamos muy contentos con las
noticias de Madrid, es una satisfacción para el gobierno local y sobre todo para
los vecinos”, indica. No obstante, el regidor advierte que “ahora llega la hora de
que trabaje el equipo técnico, que aplicarán la normativa para ver cómo queda
la clasificación del suelo, pero es una noticia muy destacada para Moaña
después de tanto tiempo de lucha” , expone. Además, recuerda el “increíble
trabajo” de políticos como el senador Enrique López Veiga, que fue “clave para
que nuestro municipio estuviese dentro del indulto y para que hoy podamos
celebrar esta buena noticia”.
Fervenza indica que a lo largo de la jornada “muchas personas se han puesto en
contacto con nosotros para felicitarnos y para preguntar cómo estaba el
trámite”. El alcalde destacar que durante el día de ayer “recibí la llamada de la
jefa provincial del servicio de Costas, Cristina Paz Curbera, que quiso darnos
las felicidades después de que el Congreso diera su aprobación definitiva”,
explica.
Ahora, todos esperan con ansia la publicación en el Boletín Oficial del Estado de
la nueva ley de Costas, así como su entrada en vigor. “Hasta que salga el BOE
no termino de creérmelo”, explica una afectada.
http://noticias.lainformacion.com/salud/la-nueva-ley-de-costas-salvacion-ocondena-
para-el-litoral-espanol_naWXJJLMtFKVO9qtP3NF83/
DIARIO LA INFORMACION
La nueva ley de costas, ¿salvación o condena para el
litoral español?
viernes, 10/05/13 – 09:06
MADRID (Reuters) – La posibilidad de un nuevo boom inmobiliario en la costa
española alarma a la oposición y a los ecologistas ante la ley aprobada el jueves
en el Congreso que tiene el objetivo declarado por el Gobierno de proteger el
litoral y ofrecer garantías jurídicas a más de 125.000 viviendas y un millar de
establecimientos industriales.
La Ley de Costas, que sustituye a una norma anterior de 1988 cuyo
incumplimiento sistemático llevó a la construcción masiva en el litoral en el
decenio anterior al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, no permitirá
nuevas edificaciones y protegerá el medio ambiente, según el Gobierno.
Pero la normativa, aprobada sólo con los votos del Partido Popular, que tiene
mayoría absoluta, supondrá según distintas voces de la oposición la
“privatización del litoral”, “desmanes urbanísticos” y “especulación del dominio
público”.
“No hay nuevas construcciones, se pueden modernizar hoteles que estén
obsoletos por ejemplo, pero sin ganar altura, volumen, ni superficie”, afirmó el
ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, el jueves en el Parlamento.
Otros grupos políticos consideran que la ley es tan laxa que podría repetir el
modelo del “ladrillazo” que permitió que España creciera a un ritmo de hasta el
5 por ciento en 2000 y que, tras el inicio de la crisis, ha dejado al país sumido en
la recesión.
“En nuestro país deberíamos haber aprendido la lección de que acumulando
ladrillo no generamos prosperidad de forma duradera ni correcta”, dijo a
Reuters la ex ministra socialista de Medio Ambiente Cristina Narbona.
En las comunidades costeras de Andalucía, Valencia y Cataluña, donde según
datos oficiales se levantaban la mitad de las más de 3,44 millones de viviendas
vacías del país en 2011, se ha procesado a alcaldes y concejales que aceptaron
pagos de constructoras a cambio de la recalificación de terrenos.
“Es evidente que la Ley de Costas ha sido reformada para ponerse al servicio de
los intereses de las constructoras y de amnistiar las ilegalidades que se hayan
cometido”, dijo a Reuters Laia Ortiz, deIniciativa per Catalunya Verds.
DECISIÓN EN MANOS DE LOS AYUNTAMIENTOS
Uno de los puntos más polémicos es la decisión de reducir la zona de
protección costera desde los 100 hasta los 20 metros, lo que según Narbona es
un retroceso en términos de espacio público y patrimonio ciudadano.
Así, la nueva norma deja en manos de unos ayuntamientos profundamente
endeudados la decisión de urbanizar en estas zonas si se demuestra que tenían
acceso rodado y acometida de electricidad antes de 1988, siempre que
el Ministerio de Medio Ambiente no se pronuncie en sentido contrario.
“La nueva ley de costas se ha convertido en una ley del suelo, de desarrollo
urbanístico a toda costa sin tener en cuenta la protección ambiental, se ha hecho
para evitar esos escollos que impedían seguir construyendo”, dijo Pilar Marcos,
responsable de Costas de Greenpeace, a Reuters.
El Ejecutivo insiste en que la nueva ley dará protección jurídica a personas,
muchas de ellas extranjeras, que compraron viviendas con licencias municipales
que luego nunca llegaron a ser ratificadas y que se enfrentaban al problema de
perder sus casas dentro de cinco años.
De este modo, se prorrogarán hasta un máximo de 75 años las concesiones a
antiguos propietarios de bienes en la costa expropiados por la vieja normativa.
Esta concesión se aplicará a 12.800 viviendas en unos terrenos muy cercanos a la
costa que tras los deslindes pasaron a formar parte del dominio público.
Por otro lado, a los propietarios de unas 125.000 edificaciones que tras el
deslinde queden en zonas de servidumbre sí se les permitirán obras de
reparación y mejora, aunque sin posibilidad de ampliar ni volumen ni altura,
mientras que unos 24.000 propietarios que inscribieron sus terrenos antes de
1988 se beneficiarán del derecho de transmisión.
“(La ley) defiende la seguridad jurídica de aquellos que con buena fe antes de
1988 tenían sus instalaciones industriales en la costa o sus viviendas en la costa,
y que la ley pasada establecía que en 2018 habría que derribarlas todas”, dijo el
titular de Medio Ambiente en declaraciones a la prensa.
El diputado del Partido Popular Rafael Hernando dijo en una entrevista con
Reuters que la “amnistía” se refiere exclusivamente a zonas urbanas
consolidadas que en su momento no fueron calificadas como urbanas
legalmente.
“No se va a invadir ninguna playa no construida, ni ninguna playa, ni ninguna
zona natural”, añadió Hernando, antes las críticas de no primar la protección
del medio ambiente, ministerio que el PP integró en el de Agricultura hace año
y medio y cuyo presupuesto se redujo un 35 por ciento en 2012.
A las irregularidades y a la especulación se refirió el llamado informe Auken
del Parlamento Europeo en 2009, que recogía que las administraciones habían
puesto en marcha durante años un modelo de desarrollo insostenible con
gravísimas consecuencias medioambientales, sociales y económicas.
“La ley de costas fallaba porque ayuntamientos, comunidades autónomas y
ministerio se la saltaban, y sin embargo son los grandes beneficiados aquellos
que se la han saltado”, dijo Marcos, de Greenpeace.
Desde la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, su fundador,
José Ortega, dijo que la nueva normativa no respondía a las expectativas de los
afectados.
“Nos deja en una situación peor”, manifestó. “Es un fraude de estado para
rescatar las concesiones por razones de interés público sin pagar dinero o
pagando una cantidad mínima”.
La ley incluye una cláusula “antialgarrrobicos” con el objetivo de evitar
“barbaridades urbanísticas” como las del hotel levantado en la playa del
Algarrobico, del parque natural del Cabo de Gata (Almería), y declarado ilegal
por el Tribunal Supremo.
CAMBIO CLIMÁTICO
La organización ecologista Greenpeace, que durante el debate de la ley el jueves
protagonizó un acto de protesta encaramándose a la fachada del Congreso que
se saldó con ocho detenidos, denuncia además el apartado relativo al cambio
climático, ya que la norma recoge únicamente que se va a llevar a cabo un
estudio de las playas españolas en los próximos dos años para ver la incidencia
del calentamiento global en ellas.
“El Ministerio de Medio Ambiente trata el cambio climático como una
frivolidad, en lugar de con responsabilidad, dice que en el momento en que se
produzca empezará a construir muros para intentar contener el mar”, dijo
Marcos, cuya organización aspiraba a ampliar la zona de protección costera
hasta los 500 metros.
La ex ministra Narbona considera también una irresponsabilidad no tener en
cuenta desde ahora el cambio climático, y se mostró partidaria de denunciar la
norma ante las instituciones europeas.
“Es una ley que va en contra de la obligación asumida a nivel europeo de una
correcta adaptación al cambio climático, una integración en las políticas de todo
tipo”, afirmó Narbona.
Desde el partido en el poder se dice que las previsiones que se hicieron hace 25
años respecto al cambio climático no se han cumplido y que es necesario
analizar las alteraciones en los distintos tramos costeros.
“Esto de que alguien pueda prever que se van a producir invasiones del mar, en
qué cuantía, de qué forma o a qué altura, me parece un poco prematuro”,
aseguró el diputado popular Hernando.
/Por Raquel Castillo Lopez e Inmaculada Sanz/
http://www.diariovasco.com/agencias/20130509/masactualidad/
sociedad/canetela-nueva-costas-podra-evitar_201305091155.html
DIARIO VASCO
Cañete:la nueva Ley de Costas podrá evitar
ʺbarbaridadesʺ como El Algarrobico
Agencia EFE
Madrid, 9 may (EFE).- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha afirmado hoy que con reforma de la Ley de
Costas, se establecen instrumentos más potentes “para evitar las barbaridades
urbanísticas” que se hicieron al amparo de la norma de 1988, con ejemplos como
el Hotel El Algarrobico.
La Ley que se aprobará hoy en la Cámara Baja, es un texto “muy trabajado que
garantiza la conservación del litoral” y no privatiza la costa, ha dicho en
declaraciones a los medios a la salida del Congreso y tras asistir al debate de
esta reforma dentro del hemiciclo.
El ministro, que ha expresado su satisfacción por la aprobación de la norma, ha
destacado que el nuevo texto da seguridad jurídica a todos los que de buena fe
habían adquirido sus casas antes de 1988 y que “se enfrentaban a un panorama
de demolición masiva de viviendas, de industrias y de establecimientos
hoteleros”.
Según el ministro, los que critican la ley no la han leído en su integridad,
porque se aumenta la protección de la costa y se establecen instrumentos más
potentes “para evitar las barbaridades urbanísticas” que se hicieron al amparo
de la anterior ley, con ejemplos tan claros como el Hotel de El Algarrobico,
ubicado en el parque natural de Cabo de Gata (Almería).
Según el ministro, los que critican la ley no la han leído en su integridad,
porque se aumenta la protección de la costa.
Asimismo, ha explicado, resuelve casos como el de Formentera, que tendrá un
trato especial, por sus características morfológicas.
Otro objetivo fundamental, ha añadido, es proteger el litoral con deslindes
claros que van a figurar en la web del Ministerio y se van a incorporar al
Registro de la Propiedad.
La reforma, ha destacado Cañete, mantiene siempre las mismas distancias de
protección del litoral y evita nuevas construcciones, pero no va a demoler
aquellas que se hicieron antes de 1988 al amparo de una legislación que lo
permitía, porque si no tendrían que desaparecer más de 1.200 industrias y
25.000 viviendas ubicadas antes de 1988 en el litoral.
El ministro ha concluido que es falso el argumento de que se quiera privatizar
la costa, que no va a haber ninguna privatización, “y que cuando se quiere
mentir se descalifica el que miente y los que dicen que se privatiza faltan a la
verdad”. EFE
http://www.20minutos.es/noticia/1808534/0/
DIARIO VEINTE MINUTOS
ENCE se muestra “más tranquila” con la nueva Ley de Costas y Louzán
considera “inviable” el traslado de la ría en 2018
El alcalde de Pontevedra considera que el PP se “quitó la careta”
EUROPA PRESS. 08.05.2013
El presidente de ENCE, Juan Luis Arregui, ha admitido que la factoría no
maneja otro escenario que no sea permanecer en su actual emplazamiento en la
Ría de Pontevedra, incluso más allá de 2018, cuando finaliza la actual concesión
para el emplazamiento de la pastera. Además, tanto él como el presidente de la
Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, han asegurado que es “inviable” el
traslado.
Con motivo de la firma de un convenio entre Ence y la Diputación de
Pontevedra, Arregui ha reconocido, ante el presidente provincial, Rafael
Louzán, que “hoy están más tranquilos” con la nueva Ley de Costas, que se
aprobará definitivamente este jueves, y que contempla la posibilidad de
ampliar las concesiones en terreno marítimo-terrestre en 75 años, como
sucedería para el caso de la fábrica de celulosa.
El máximo responsable de la compañía pastera reconoció que “es determinante”
para esta continuidad el informe que debe emitir la Xunta, pero apuntó que
para lograr el visto bueno del Gobierno gallego, Ence realizará una fuerte
inversión en la mejora tecnológica de la fábrica de Lourizán. “Hemos invertido
mucho en Navia y en Huelva y ahora es el turno de Pontevedra”, ha señalado.
“Estamos haciendo bien nuestro trabajo, pero el Estado dirá”, dijo, para a
asegurar, a renglón seguido, que “técnicamente” es la “la empresa más limpia
del mundo”. En este sentido, Arregui afirmó que “hoy nadie puede decir que
Pontevedra huele (mal)” y anunció que, además, del proyecto para la mejora
estética de la fábrica, la empresa reducirá las emisiones de vapor en un 90 por
ciento.
“No tengo ninguna duda de que Pontevedra nos quiere más que hace siete
años”, ha señalado, tras reconocer que “es verdad que, probablemente, Ence no
ha hecho bien las cosas”, al respecto del complejo industrial de Lourizán, hace
siete años, fecha en la que el actual consejo se hizo cargo de la empresa.
Además, Arregui adelantó que con la Ley de Costas en la mano, Ence no
descarta recuperar el proyecto de la planta de biomasa que rechazó la Xunta en
su día y que se ubicaría dentro del actual complejo industrial. En todo caso,
pase lo que pase con la nueva normativa y el informe de la Xunta, el presidente
de la compañía ha insistido en que el traslado es “inviable”.
Louzán cree el traslado “inviable”
Por su parte, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, ha
afirmado que espera que la empresa “continúe generando riqueza en
Pontevedra durante muchos años”.
Louzán afirmó que “hoy se confirma que ENCE tiene la mirada puesta en
Pontevedra”. “Hay quien lo ve de una manera y quien de otra, pero ENCE
genera actividad económica, empleo y riqueza en la ciudad, en la comarca y en
Galicia y eso es muy importante”, ha manifestado.
“Se han propuesto alternativas que no son viables ni empresarial ni
económicamente”, dijo Louzán, pese a que el PP y la Xunta han apostado hasta
ahora por un traslado de la compañía a otro emplazamiento lejos de la ría.
Además, el presidente de la Diputación coincidió con el máximo responsable de
ENCE al recordar que la Xunta “tendrá la última palabra”. Con todo, ha
apuntado que “hay que ser objetivos y ver las cosas con el interés de que sean
beneficiosos para Pontevedra”, y ha señalado que, a partir de ahí, “se tomará la
decisión que mejor corresponda”.
Todo ello, tras destacar que el papel del PP en este asunto ha sido “muy digno”,
porque fueron “los únicos que propusimos alguna alternativa”.
“Yo fui el culpable de decir que Ence se podía trasladar”, reconoció Arregui,
quien relató que eso ocurrió “al poco de llegar” y porque entendía que “se podía
hacer”. De ahí, ha dicho, que se haya “pensado, trabajado y gastado mucho
dinero” en estudios.
“Ence está trabajando no sólo para generar beneficio económico, sino para
mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y de todas las personas que
vivimos en su entorno”, afirmó Rafael Louzán. “Estoy convencido de que
cumplirá con las exigencias medioambientales que se recogen en la nueva Ley
de Costas”, ha concluido.
Lores cree que el pp “acaba de quitar a careta”
Ante las declaraciones del presidente de la Diputación de Pontevedra, el alcalde
de la ciudad, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, ha asegurado que el
PP se “acaba de quitar la careta”.
“No nos sorprende”, ha afirmado, en todo caso, el regidor pontevedrés, quien
ha señalado que “si alguien tenía alguna duda de que el PP está por que ENCE
se quede en Lourizán, acaban de quitarse la careta definitivamente”.
http://www.20minutos.es/noticia/1809277/0/
DIARIO VEINTE MINUTOS
La reforma de la Ley de Costas excluye o amnistía
el dominio marítimo terrestre de cuatro municipios
de Huelva y Málaga
El pleno del Congreso de los Diputados tiene programado para este jueves el
debate del Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de
Modificación de la Ley de Costas con el refrendo de las enmiendas introducidas
por el PP en el Senado.
EUROPA PRESS. 09.05.2013
El pleno del Congreso de los Diputados tiene programado para este jueves el
debate del Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de
Modificación de la Ley de Costas con el refrendo de las enmiendas introducidas
por el PP en el Senado.
En este sentido, el proyecto de ley excluye o amnistía el dominio público
marítimo terrestre de un total de 12 municipios, dos de los cuales han sido
añadidos en el Senado. Se trata de Poblado Marítimo de Xilxes (Castellón),
Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante);
Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva);
Caño del Cepo y casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga) y El
Palo (Málaga).
El texto se aprobó el pasado 24 de abril en la Cámara Alta con la mayoría del
PP, la abstención de CiU y la oposición del resto de los grupos parlamentarios
que, en total, presentaron cinco vetos a la totalidad del texto y nueve votos
particulares.
El proyecto de ley ha incorporado en el Senado las enmiendas del PP, así como
la enmienda 131 de CiU, pactada con el PP, por la que se desarrollará
reglamentariamente un régimen de ocupación y uso de las playas según su
naturaleza. Concretamente, con la introducción de un nuevo apartado al
artículo 33 del texto, se dotará a los tramos naturales de las playas de un
elevado nivel de protección que restrinja las ocupaciones y se autorizarán
“únicamente las que sean indispensables o estén previstas en la normativa
aplicable”.
Además, se regulará la ocupación y el uso de los tramos urbanos de las playas,
de forma que se garantice una adecuada prestación de los servicios que sea
compatible con el uso común.
Asimismo, mediante la introducción de este nuevo apartado en el artículo 33
del Proyecto de Ley, podrá autorizarse en los tramos urbanos la celebración de
aquellos eventos de interés general con repercusión turística que cumplan los
requisitos que se establezcan y, en particular, los relativos a superficie y tiempo
de ocupación física. También señala que en estos eventos se adoptarán todas las
medidas preventivas tendentes a evitar cualquier afección ambiental y
garantizar el mantenimiento del tramo de playa “en el estado anterior a la
ocupación”.
En total se han discutido más de 170 enmiendas a este proyecto, de las que han
sido rechazadas todas menos las del PP y dos transacionadas con CiU.
Entre las novedades de la ley está la reducción del la franja de protección del
litoral de 100 a 20 metros en algunas circunstancias; que se revisarán los
deslindes y que los “propietarios” de los terrenos amenazados por la invasión
del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, podrán
construir obras de defensa, previa autorización, o concesión, siempre que no
perjudiquen a la playa ni a la zona marítimo-terrestre, ni menoscaben las
limitaciones y servidumbres legales correspondientes.
Una vez los terrenos sean invadidos pasarán a formar parte del dominio
público marítimo-terrestre, según resulte del correspondiente deslinde. En todo
caso, la norma establece que el adjudicatario estará “obligado” a adoptar
medidas requeridas por la administración para adaptarse a la subida del nivel
del mar, los cambios en la dirección del oleaje u otros efectos del cambio
climático.
En cuanto a los periodos de las concesiones, que con la ley de 1988 eran de 30
años, más otros 30 de posible prórroga, con el nuevo proyecto de normativa
pasan a 75 años y los concesionarios podrán traspasar las propiedades (por el
periodo de tiempo restante de la concesión). Además, durante este periodo
también se podrán heredar por parte de familiares.
Asimismo, con la norma que este jueves pasará el visto bueno del Congreso
para su posterior sanción definitiva por el Rey, no se podrá otorgar ningún
nuevo título de ocupación del dominio público marítimo terrestre en los
terrenos que sean declarados en regresión grave y, excepcionalmente, en las
zonas en las que “no exista riesgo cierto de inundación en los próximos cinco
años”, la declaración podrá prever que se otorguen derechos de ocupación para
servicios públicos que serán prorrogables.
La norma contemplará también la posibilidad de celebrar eventos de interés
general con repercusión turística en algunos tramos de playa y se podrán
permitir los usos comerciales y de restauración en la zona de servicio portuaria,
donde se prohíben las edificaciones para residencia o habitación.
Contribución especial de los concesionarios para obras
Asimismo, el texto que visará el Congreso este jueves recoge que se podrán
imponer contribuciones especiales a los beneficiarios y, especialmente, los
titulares de derechos de ocupación y los propietarios de fincas y
establecimientos colindantes para financiar las obras que se realicen en el
dominio público marítimo terrestre que, en todo caso, no podrán superar el 50
por ciento del coste de las obras.
El proyecto incluye en el dominio público marítimo terrestre en la isla de
Formentera “con carácter excepcional y debido a la especial configuración
geomorfológica” los terrenos bañados por el mar y las mareas y las mayores
olas en los temporales ordinarios en donde no lo sean y las playas, entendiendo
por ellas las riberas de mar o de las rías formadas por arenales o pedregales.
También expone que se reintegrará el domino de los terrenos de las
urbanizaciones que dejen de formar parte del dominio público marítimo
terrestre.
Entre las exclusiones, también se quedarán fuera de deslinde los núcleos o áreas
que cuando entró en vigor la Ley 22 de 1988 no estuvieran clasificados como
suelo urbano pero que cumplieran con algún requisito como acometida de
aguas, acceso rodado, evacuación de aguas residuales, suministro de energía
eléctrica y estuvieran consolidadados por la edificación en al menos un tercio
de su superficie o bien, que careciendo de estos requisitos estuvieran en áreas
consolidadas de edificación como mínimo en dos terceras partes de su
superficie.
http://www.20minutos.es/noticia/1808782/0/
DIARIO VEINTE MINUTOS
Medio Ambiente señala que la nueva Ley de Costas prohíbe “expresamente”
construir en dominio público
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha destacado,
ante la aprobación este jueves en el Congreso de los Diputados de la Ley de
Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas de
1998, que la nueva norma “prohíbe expresamente” la construcción en dominio
público y en la zona adyacente de servidumbre de protección.
EUROPA PRESS. 08.05.2013
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha destacado,
ante la aprobación este jueves en el Congreso de los Diputados de la Ley de
Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas de
1998, que la nueva norma “prohíbe expresamente” la construcción en dominio
público y en la zona adyacente de servidumbre de protección.
Así, valora que el nuevo texto “afronta los problemas que no pudo solucionar la
anterior Ley de 1988 y prohíbe también cualquier incremento de lo ya edificado.
Además, manifiesta que la norma “responde al interés general del desarrollo
económico y la seguridad jurídica de las personas, siempre que se garantice la
protección medioambiental.
Entre las novedades que subraya el Ministerio apunta a la cláusula para frenar
cualquier construcción ilegal antes de que se consolide, e introduce una
estrategia de lucha contra el cambio climático.
Asimismo, hace hincapié en que la ley tiene “como primer objetivo la protección
medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales
de las playas, preservando las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las
ocupaciones como las actividades, aumentando en todo caso su protección.
Para el Ministerio, la Ley de Costas “responde única y exclusivamente al interés
general”, a la necesidad del fomentar la actividad económica sostenible en las
zonas litorales (por eso se amplían los plazos máximos de las ocupaciones),
siempre que se garantice la protección medioambiental de la costa, protegiendo
al mismo tiempo los derechos y la seguridad jurídica de las personas.
En conjunto, la modificación de la anterior Ley de 1988 responde a la necesidad
de resolver problemas históricos del litoral español que aquella no ha podido
resolver. Por ejemplo, se refiere a la “urbanización descontrolada” en algunos
puntos de litoral y que ha supuesto su degradación.
Para evitarlo, añade el Ministerio en un comunicado, la nueva ley no solo
impide nuevas construcciones, sino que incorpora, entre sus novedades, una
cláusula, la llamada “Antialgarrobicos”, que permite frenar la construcción
ilegal antes de que se produzca, facilitando al gobierno la suspensión cautelar
de la obra a la espera de la decisión judicial.
La Ley defiende también a los ciudadanos que adquirieron legítimamente una
vivienda y que se vieron después desposeídos y la reforma obligará a inscribir
en el Registro de la Propiedad los bienes de dominio público desde que se inicia
un procedimiento de deslinde.
Esta medida había sido reclamada por el Parlamento Europeo, pues esta
situación ha sido objeto de miles de quejas de ciudadanos europeos. El
Ministerio recuerda que la Comisión Europea ha felicitado al Gobierno por
tomar esta y otras medidas que incrementan la seguridad y la confianza en
España.
Otra de las medidas que valora como “esenciales” es la mejora de la situación
jurídica de los antiguos propietarios de bienes en la costa, en especial de
viviendas, que la ley de 1988 expropió. La nueva legislación prorroga las
concesiones de esos ciudadanos hasta un máximo de 75 años.
Finalmente, celebra que esta es la primera ley de Costas que tiene en cuenta el
cambio climático e introduce políticas de lucha contra este fenómeno y tiene en
cuenta un plan de adaptación y la mitigación en el litoral.
Para ello, la ley contempla que en dos años se disponga de un estudio completo
de los efectos del cambio climático en toda la costa española, algo que, según el
Ministerior, “jamás se ha hecho”.
http://www.ecologistasenaccion.org/article25756.html
ECOLOGISTAS EN ACCION
Ley de Costas: arbitrariedad, despilfarro,
privatización
9 de mayo, por Mar | Visitas: 922
La reforma de la Ley de Costas, aprobada hoy en el Congreso de los Diputados,
crea indefensión jurídica y su arbitrariedad puede producir un caos jurídico que
despilfarraría los 180 millones de euros invertidos en deslindar la costa. La
modificación ha sido realizada a espaldas de los técnicos, la sociedad y, sobre
todo, de la naturaleza. Ecologistas en Acción considera que Arias Cañete pasará
a la historia reciente como el ministro que más dañó el Medio Ambiente.
Con la aprobación de hoy se rompe definitivamente el valor de la costa como
bien público y no como un recurso mercantil. La ley que se aprueba hoy en el
Congreso de los Diputados conlleva varias claves que darán un giro a la gestión
costera y abrirán de par en par las puertas a un proceso de privatización. Estas
claves principales son:
1. La ampliación de las actuales concesiones en el Dominio Público Marítimo-
Terrestre (DPMT) pasan de concederse por 30 años ampliables a 75 años y con
la capacidad de contratos de compraventa intervivos. Lo que privatiza las zonas
más estratégicas para la socioeconomía en nuestro litoral.
2. Se puede producir una reducción mayoritaria solicitada por los
ayuntamientos para núcleos urbanos disperos donde la Zona de Servidumbre
de Protección (ZSP) del DPMT, pasaría de 100 metros a 20 metros. Es decir,
adelantaría la ocupación urbanística 80 metros al mar en lugares que cumplan
criterios como el abastecimiento de agua o luz. Estas ZSP son competencias de
las Comunidades Autónomas (CC.AA.), lo que agrava aún más esta
modificación legislativa.
3. Se sacan del deslinde del DPMT y, por tanto del uso público, urbanizaciones
junto al mar como Ampuria Brava en Cataluña. Se privatizan buena parte de los
humedales costeros excluyendo del deslinde salinas, esteros e instalaciones
acuícolas.
4. Se facilita la ocupación de la costa en torno a los paseos marítimos,
posibilitando otro proceso renacentista de la burbuja inmobiliaria en la costa,
desafectando los territorios que quedan al interior de los paseos marítimos, tal y
como señala la disposición adicional tercera. No se tienen en cuenta los
impactos socioeconómicos en los municipios que se pueden ver afectados por
este cambio legislativo ni la peligrosidad que puede conllevar para núcleos
urbanos y periurbanos que han construido paseos marítimos sobre cordones
dunares o partes altas de la propia playa. Ya que, estos lugares se han visto
afectados por numerosas inundaciones y daños en los propios paseos que
deben ser costeados por la administración y que pueden conllevar un riesgo
para las personas. Algunos lugares que pueden verse afectados son Blanes,
Palamós, Peñiscola o La Manga.
5. Se favorece el uso privativo y exclusivo en torno a la explotación turística
permitiendo y facilitando fiestas privadas, colocación de publicidad,
instalaciones de chiringuitos por 4 años, cada vez más grandes y cada vez más
juntos.
6. Se permiten arbitrariedades no propias de un Estado basado en el Derecho,
ya que deja imprecisiones técnicas como las recogidas en la Disposición
adicional sexta. Exclusión de determinados núcleos de población del dominio
público marítimo-terrestre, donde se da un listado de núcleos urbanos que se
excluyen del DPMT sin ninguna argumentación técnica. Esta vaguedad
argumental puede constituir un hecho jurídico que fundamente numerosos
casos de indefensión jurídica en otros puntos del litoral lo que, ocasionará un
alto número de procesos judiciales y contenciosos-administrativos que pueden
hacer colapsar la actividad efectiva de las Demarcaciones de Costas.
7. Se olvidan los hechos. La ley está desactualizada ya que en el escenario actual
de Cambio Climático, siendo la costa uno de los lugares más sensibles, se legisla
de espaldas al Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático. Y se tramitó
en el senado esta ley bloqueando las comparecencias de la comunidad científica
como es el caso de Miguel Ángel Losada Catedrático de la Universidad de
Granada o Juan Manuel Barragán, Catedrático de la Universidad de Cádiz.
http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20130509/abci-costas-votocontra-
201305091756.html
DIARIO ABC
C. VALENCIANA / COMUNIDAD VALENCIANA
La ley de Costas sale adelante con el voto en
contra de los socialistas
Día 09/05/2013 – 18.03h
La normativa a la que se opone el PSPV salva los chiringuitos de playa y más de
2.000 viviendas en la Comunidad Valenciana
El Congreso ha aprobado hoy la Ley de Costas, que el PP defiende como
una “protección” para el litoral, que evitará incluso casos como el del hotel
Algarrobico, mientras buena parte de la oposición, y numerosas ONG en la
calle, la tildan de “amnistía” y de un paso mas para “privatizar” la costa
española.
La Cámara ha aprobado hacia las cuatro de la tarde definitivamente la reforma
de la Ley de Costas de 1988 con los votos del Grupo Popular, la abstención de
CIU y el voto en contra del resto de la oposición a la mayoría de las enmiendas,
con alguna salvedad como la de ERC que ha apoyado una sobre el cambio
climático.
Los socialistas valencianos han votado en contra de una normativa quesalva a
los chiringuitos de playa y a más de 2.000 viviendas en el litoral alicantino.
La aprobación de la nueva norma sobre el litoral español se ha producido en
una jornada en la que un grupo de activistas de Greenpeace se han encaramado
al tejado del Congreso y han desplegado una pancarta que decía: “El PP vende
nuestra costa”.
Un total de ocho ecologistas han sido detenidos y han sido puestos a
disposición de la Audiencia Nacional, y podrían ser acusados de intentar
vulnerar el recinto de la Cámara baja, que estaba reunida en sesión plenaria
para aprobar la nueva Ley.
La nueva norma, según ha defendido el ministro de Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete, garantiza la conservación del litoral, “y no lo privatiza”, al
tiempo que salva de la demolición a más de 1.200 industrias y 25.000 viviendas
ubicadas antes de 1988 en el litoral, al contar ahora con una nueva concesión de
75 años.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1411820
DIARIO ABC
La Ley de Costas pasa su último examen
parlamentario
09-05-2013 / 9:40: h EFE
La reforma que cambiará de la Ley de Costas de 1988 pasará hoy su último
examen parlamentario, con la previsible aprobación en el Congreso de los
Diputados de las enmiendas remitidas por el Senado.
La reforma, ha sido muy contestada por los partidos de izquierda y ecologistas
porque consideran que desprotege y privatiza el litoral.
A todos ellos no les ha gustado que se amplíe a 75 años más las concesiones
otorgadas a miles de viviendas asentadas sobre dominio publico marítimo
terrestre, ni que los chiringuitos obtengan concesiones de cuatro años, en vez de
anuales.
También se ha criticado la reducción de 100 a 20 metros de la franja de
protección del litoral y la amnistía a 12 núcleos urbanos de Alicante, Girona,
Huelva, Málaga, Valencia, Castellón y Pontevedra.
Tanto el Gobierno como el partido Popular han insistido en que la ley no
permitirá nuevas construcciones en la franja del litoral protegido y en que el
objetivo principal de la reforma es poner fin a la inseguridad jurídica que
generó la anterior ley.
http://www.antena3.com/noticias/espana/nueva-ley-costas-pretende-prorrogardemolicion-
125000-viviendas_2013050900157.html
ANTENA 3
APORTARÁ SEGURIDAD JURÍDICA A 1.200 INDUSTRIAS
La nueva Ley de Costas pretende prorrogar la demolición de 125.000
viviendas
Este jueves se aprueba la Ley de Costas. Según el Gobierno, pretende dar
seguridad jurídica a más de 1.200 industrias y 125.000 viviendas construidas
antes de 1988, y que debían ser demolidas con la actual legislación. Sólo en
Málaga, había que derribar dos barrios enteros levantados a pocos metros del
mar. Ahora sus propietarios respiran más tranquilos.
antena3.com | Madrid | Actualizado el 09/05/2013 a las 21:37 horas
La Ley de Costas aprobada este jueves concede la amnistía a 125.000 viviendas,
12 nucleos costeros entre los que se encuentran dos barrios malagueños: el de
El Palo y el de Pedralejo. Municipios enteros como el de San Andrés
construído hace medio siglo en primerísima línea al norte de Gran Canaria,
consiguen ahora una prórroga. Tenían una concesión de 30 años que con la
nueva ley pasan a ser 75. Cambia por tanto su situación.
En la Playa de San Juan, Alicante, hasta ocho chiringuitos lograron licencia en
1975 para ser construídos en la orilla. Tras varios pleitos en 2010 fueron
demolidos, sin embargo, hoy otros cinco han vuelto a ser levantados
aunque cumpliendo con la zona de protección de 100 metros. Tampoco el
barrio costero de Cho Vito en Tenerife, derribado porque invadía el espacio
marítimo terrestre, estará entre las viviendas beneficiadas con la nueva ley de
costas.
Mientras, los ocho activistas de Greenpeace detenidos tras llevar a cabo
unaprotesta en el Congreso de los Diputados en la que llegaron incluso a
encaramarse en el tejado del edificio para manifestar su rechazo contra la nueva
Ley de Costas declararán esta tarde ante el juez de la Audiencia Nacional Javier
Gómez Bermúdez después de que la Policía les haya atribuido la comisión de
un delito contra las altas instituciones del Estado.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=300320
CANARIAS SIETE
“Canarias no existe para la Ley de Costas”
09/05/2013
La reforma de la Ley de Costas salió ayer aprobada del Congreso de los
Diputados sin atender las especificidades canarias y sin garantías para los
núcleos costeros amenazados de derribo en las Islas. Para la diputada de
Coalición Canaria-Nueva Canarias (CC-NC) Ana Oramas en esta ley «Canarias
no existe». La nueva norma únicamente contó con los votos favorables del
Partido Popular (PP).
El pleno del Congreso de los Diputados dio ayer el visto bueno definitivo a la
reforma de la Ley de Costas en los mismos términos que había sido aprobada
en el Senado y por tanto sin incorporar ninguna excepción para salvar aquellos
enclaves costeros de las Islas con valores etnográficos, históricos o pintorescos,
que ahora pueden quedar condenados a la piqueta.
Aunque la Cámara Baja se limitó a ratificar el texto sin introducir cambio
alguno con el único voto a favor del PP, el trámite suscitó un debate encendido.
La portavoz de CC-NC, Ana Oramas, calificó de «impresentable» que la
reforma no haya tenido en cuenta a las Islas. «Sencillamente en esta ley
Canarias no existe, pese a ser la comunidad autónoma con más kilómetros de
costa», señaló.
La diputada nacionalista reprochó al PP haber salvado de la piqueta doce
enclaves concretos de la Península y Baleares y «olvidarse» de los núcleos
canarios.
«¿Ustedes me quieren decir qué diferencia hay entre Formentera y La Palma o
Lanzarote? ¿O entre Tenerife y determinadas zonas del Mediterráneo?»
preguntó Oramas a los populares, «porque los enclaves canarios tienen las
mismas condiciones que esos sitios que sí han recibido el cariñito especial del
PP y que se han salvado por compromiso político», añadió.
La diputada nacionalista recordó, además, que los núcleos isleños para los que
se pedía consideración especial «no son chalés con piscina ni hoteles en primera
línea, sino casas que gente sencilla levantó hace treinta, cincuenta o sesenta
años», señaló, al tiempo que sostuvo que «estamos hablando de actividades
sostenibles y de valores etnográficos, no de especulación», quiso dejar claro.
La Ley deja ahora la pelota en el tejado de los ayuntamientos, que deben remitir
un informe a Medio Ambiente sobre cada enclave, argumentando que se trata
de núcleos urbanos. Si el Ministerio entiende que cumplen con todos los
requisitos, se los excluirá de la servidumbre, que queda fijada en 20 metros.
Recurso
El consejero de Política Territorial, Domingo Berriel, no fue ayer tan
contundente como hace unas semanas en el Parlamento regional, donde
anunció que el Gobierno recurriría la reforma de la Ley de Costas «apenas» se
publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A través de un portavoz
autorizado de la Consejería, Berriel manifestó que el Ejecutivo sigue
mostrándose «crítico» con la reforma del Partido Popular (PP) y la «rechaza»
por cuanto que «no se adapta a la realidad de las Islas».
Sin embargo, ayer indicó que el Gobierno tiene que estudiar «con
detenimiento» el documento aprobado ayer, y ver las enmiendas incorporadas,
antes de decidir si recurre la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional. En
el Parlamento , Berriel aludió a la inconstitucionalidad de la Ley por su
retroactividad y por no respetar, dijo, el principio de igualdad.
http://www.diariodeibiza.es/formentera-hoy/2013/05/10/pp-aprueba-ley-costasdeslinde-
formentera/619406.html
DIARIO DE IBIZA
El PP aprueba la Ley de Costas con un deslinde
para Formentera
Enrique Fajarnés atribuye el trato específico que
recibe la isla «al trabajo del presidente Bauzá» | El
Estado tiene el plazo de dos años para aprobar un
nuevo deslinde marítimo-terrestre
10.05.2013 | 05:30
La comitiva formenterense en el exterior del Congreso, con Arias Cañete en el
centro. PP
C. CONVALIA | FORMENTERA Los diputados del PP en el Congreso
aprobaron ayer por la tarde la nueva Ley de Costas que contiene una
disposición adicional, la cuarta, que otorga un trato especial a Formentera. En
concreto la nueva norma que entrará en vigor tras su publicación en el BOE,
prevista en breve, define los criterios del nuevo deslinde: «Con carácter
excepcional y debido a la especial configuración geológica de la isla de
Formentera, respecto de ella se entenderá que queda incluido en el dominio
público marítimo-terrestre el espacio de territorio que baña el mar en su flujo y
reflujo, en donde sean sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales
ordinarios en donde no lo sean. A estos efectos, se entiende que son temporales
ordinarios los que se han repetido, al menos, en tres ocasiones en los cinco años
inmediatamente anteriores al momento en que se inicie el deslinde». Asimismo
entrarán a formar parte del deslinde «las playas, entendiendo por tales las
riberas del mar o de las rías formadas por arenales o pedregales en superficie
casi plana, con vegetación nula o escasa y característica».
En el apartado segundo se establece que «en el plazo de dos años desde la
entrada en vigor de la ley, la Administración General del Estado practicará el
correspondiente deslinde». En cuanto a la zona de servidumbre de protección la
disposición señala que tendrá, en todo caso, «una extensión de cien metros
medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar».
Finalmente garantiza la propiedad privada de las viviendas afectadas en la
actualidad por dicha normativa a través del punto cuarto en donde precisa que:
«Aquellas personas que son propietarias, con título inscrito en el Registro de la
Propiedad antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, de terrenos
que tras el deslinde previsto en el apartado 1 de esta disposición dejen de
formar parte del dominio público, serán reintegrados en el dominio de aquellos
bienes».
Aunque la votación se produjo en la tarde de ayer, por la mañana una
representación del PP de Formentera, formada por José Manuel Alcaraz y
Gabriela Mayans, junto con el presidente del Grupo Independiente (GIF),
Xumeu Cardona y sus dos consellers, Javier Serra y Cristina Costa, se
desplazaron a Madrid para hacerse la foto y felicitar al ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente y artífice de la nueva ley, Miguel Arias
Cañete, en la que también estuvo presente el diputado ibicenco del PP, Enrique
Fajarnés.
Tanto Alcaraz como Serra coincidieron en expresar su «satisfacción y
agradecimiento» por el logro de la modificación del deslinde de Formentera por
la que la plataforma de afectados, con amplio apoyo social, ha luchado desde la
década de los noventa. El líder del PP manifestó: «Hemos trasladado la
felicitación al ministro porque ha hecho la modificación en un tiempo récord, en
un año y medio y recogiendo las características singulares de la isla». Indicó
que también entregó al ministro una serie de cartas de agradecimiento de los
afectados y de la asociación de propietarios alemanes.
Por su parte, Gabriela Mayans destacó como «histórico» el hecho de que una ley
recoja el caso particular de Formentera. La expresidenta de la plataforma
apuntó que el resultado es fruto «del trabajo bien hecho a nivel local por los
afectados y gracias al apoyo social y político de todas las formaciones». Mayans
añadió que ahora estarán vigilantes para ver cómo la Administración realiza el
nuevo trazado del deslinde y deseó que se haga «con consenso para dar una
solución definitiva al problema».
Recordó, en este sentido, que el objetivo de los afectados es «compaginar la
propiedad privada con la protección del medio ambiente». Indicó que la
eventual desprotección que se puede producir puede ser corregida a través de
las Normas Subsidiarias ya que existe entre todos los partidos políticos locales
la intención de seguir con el mismo grado de protección que en la actualidad.
http://www.diariodenavarra.es/noticias/mas_actualidad/nacional/2013/05/09/la
_ley_costas_culmina_reforma_congreso_116981_1031.html
DIARIO DE NAVARRA
La Ley de Costas culmina su reforma en el
Congreso
Actualizada 09/05/2013 a las 19:16
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma presentada por el
Gobierno a la Ley de Costas de 1988 con la aprobación de las enmiendas
introducidas por el PP en el Senado. Esta norma entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el B.O.E., prevista en los próximos días.
El trámite parlamentario se inició en diciembre, cuando el ministro de Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete, defendió en el Pleno del Congreso que la Ley
de Costas de 1988, que se reforma en este texto, no respondía a los fines y
objetivos que pretendía (mantener y conserva el litoral), además de
haber fomentado un marco de inseguridad jurídica para los propietarios y
titulares de derechos en la costa.
En aquel momento, PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, ERC y Compromís-Equo,
pidieron en sus enmiendas a la totalidad que el texto fuera devuelto al
Gobierno, aunque sin éxito, puesto que fueron rechazadas. Ya en febrero, la
Comisión de Medio Ambiente del Congreso aprobó esta reforma con el apoyo
del PP, la abstención de CiU, y el voto de la oposición. Esta votación se repitió
en la ‘segunda fase’ del trámite parlemantario, ya en el Senado, el pasado 24 de
abril.
SE INCORPORA LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Este jueves en el Congreso se han ratificado las enmiendas presentadas en la
Cámara Alta. Todas ellas han contado con el voto a favor del PPy la abstención
o voto en contra de la oposición, salvo en materia de cambio climático, que ERC
ha apoyado a los ‘populares’.
Se trata de la primera vez que se plantea en la Ley de Costas incorporar una
regulación específica para luchar contra el cambio climático en la costa
española, además de que impone al Ministerio de Medio Ambiente la
obligación de elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos
del cambio climático de cara a mitigarlos.
Según ha defendido Arias Cañete este jueves en el Congreso, esta Ley tiene
como primer objetivo la protección medioambiental de la costa, diferenciando
entre los tramos urbanos y naturales de las playas, preservando las playas
vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como las actividades, y
aumentando en todo caso su protección.
Se prohíben también nuevas edificaciones en el litoral, tanto en el dominio
público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas), como en su zona
adyacente de servidumbre de protección. Se mantiene la prohibición de la
edificación residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos
preventivos, prohibiendo también que las obras de mejora impliquen aumentos
de tamaño, altura o superficie
.
Igualmente, excluye núcleos de población (no los amnistía porque ya eran
legales) del domino público terrestre porque son terrenos de núcleos urbanos,
habitados desde antes de 1988, que afectan en su mayoría a viviendas sencillas
de barriadas populares, no a hoteles o empresas.
En concreto, el proyecto de ley excluye del dominio público marítimo terrestre
un total de 12 municipios: el poblado marítimo de Xilxes (Castellón), Moaña
(Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante);
Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva);
Caño del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga) y
El Palo (Málaga).
Desde Coalición Canaria, la diputada Ana Oramas ha criticado que el
archipiélago no aparezca en ningún momento en la ley, a la vez que se ha
preguntado por qué sólo se han excluido esos 12 municipios y no se ha tenido
en cuenta a Canarias, un argumento que considera suficiente para rechazar la
ley, aparte de que cree que esta reforma no protege la costa.
ANCHURA DE SERVIDUMBRE
Además, en esta reforma se mantiene la anchura de la servidumbre de
protección en 100 metros y únicamente se especifica cómo se aplica la regla
especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988. Eso sí, se prohíben
expresamente nuevas edificaciones en estas áreas.
Según puntualiza Medio Ambiente, la reducción de la servidumbre sólo se
podrá producir respecto de núcleos costeros que antes de 1988 tuvieran un
carácter urbano, según unos requisitos marcados en la disposición transitoria
primera de la Ley, y solamente para el núcleo delimitado. Por tanto, defiende
que no se podrán autorizar nuevas construcciones dentro de los núcleos
delimitados. “Es decir, se solucionan problemas antiguos no resueltos en 1988,
sin que implique permitir un solo edificio más en la costa”, justifica.
En cuanto los chiringuitos, la Ley mantiene los usos permitidos y prohibidos en
el dominio público marítimo terrestre y Medio Ambiente señala que se les dará
más seguridad, en cuanto a plazos y condiciones de la concesión, a la vez que se
les exigirá más en términos de ordenación y cuidado de las playas.
Sobre las concesiones, se prorrogan las concesiones de los propietarios de
viviendas situadas en la playa antes de 1988, hasta un máximo de 75 años.
Durante la concesión y sus prórrogas se debe garantizar la conservación de la
costa y, además, se va a exigir a los empresarios la corresponsabilización en esa
conservación del domino público.
Este es uno de los puntos que más polémica ha suscitado entre los nacionalistas
gallegos del BNG, puesto que se ha prorrogado la licencia a la empresa ENCE,
situada en la ría de Pontevedra que, según insisten, es contaminante.
NOVEDADES DE LA LEY
Sobre este punto la reforma incluye también el hecho de que el Estado recupere
la competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias situadas en
el litoral, que antes pertenecía a las comunidades autónomas.
La normativa contempla también la posibilidad de celebrar eventos de interés
general con repercusión turística en algunos tramos de playa y que se puedan
permitir los usos comerciales y de restauración en la zona de servicio portuaria,
donde se prohíben las edificaciones para residencia o habitación.
Desde el PSOE e ICV, sus portavoces parlamentarios han anunciado que están
estudiando presentar un recurso en contra de esta ley ante el Tribunal
Constitucional, al considerar que vulnera varias directivas europeas, tratados
internacionales, aparte de carecer de una memoria económica y favorecer la
privatización de la costa, que llevó a España al ‘boom inmobiliario’ y
consecuente crisis económica.
Ambos coinciden igualmente en que esta normativa podría vulnerar el artículo
132 de la Constitución, relativo al régimen jurídico de los bienes de dominio
público.
Del lado nacionalista, tanto Martí Barberà de CiU, como Joseba Agirretxea del
PNV, han coincidido al resaltar que las enmiendas presentadas en el Senado a
la normativa suponen una invasión de competencias.
OPOSICIÓN DE LOS ECOLOGISTAS
Desde el primer momento su tramitación la ley ha contado con la oposición de
los grupos ecologistas quienes han tachado este día de “duelo” al haberse
aprobado la Ley que, a su juicio, no tiene “ningún espíritu de protección”.
Precisamente, este jueves por la mañana, justo cuando comenzaba el debate de
las enmiendas del Senado sobre esta ley un grupo de activistas de Greenpeace
se han encaramado al techo del Congreso para protestar contra la normativa y
han llegado a mostrar una pancarta en la que se podía leer ‘El PP vende
nuestras costas’. La protesta se ha saldado con ocho detenidos.
http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/250073.html
DIARIO DE PONTEVEDRA
Industria
La Ley de Costas que facilita la estancia de Ence en
Lourizán ya es definitiva
09/05/2013 – DP (Pontevedra)
PONTEVEDRA. Ence podrá iniciar los trámites para solicitar la prórroga de la
concesión de sus terrenos en Lourizán durante otros 75 años tan pronto como la
nueva Ley de Costas aprobada ayer en el Congreso de los Diputados se
publique en el Boletín Oficial del Estado. Esto ocurrirá en los próximos días.
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depuradora y al emisario
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Costas caduca en 2018”
El PP aprobó ayer el texto que reforma la antigua Ley de Costas de 1988 en
solitario, con la abstención de CiU y el voto en contra de los demás partidos de
la oposición.
La modificación de la normativa, que ayer cumplió con todos los trámites
oficiales, permite que Ence pueda seguir más allá de 2018 en su actual ubicación
gracias a la enmienda que a finales del año pasado presentó el Partido Popular
con el objetivo de otorgar una moratoria a las grandes industrias situadas en el
litoral.
La decisión final sobre esa prórroga la tendrá el Estado, que tendrá que
argumentar su postura tras analizar el interés general de la actividad fabril.
Algunos de los parámetros que se deberán tener en cuenta son el impacto sobre
el litoral, la posibilidad de restauración de los terrenos afectados, las
alternativas de traslado de la factoría que ocupa la parcela de Costas, el tipo de
actividad que realiza la empresa que pide la prórroga y la relevancia económica
de la misma y su impacto en la región.
En cualquier caso, la Xunta de Galicia deberá emitir un informe obligatorio (no
vinculante) de tipo ambiental. En su momento, el secretario de Estado de Medio
Ambiente, Federico Ramos de Armas, subrayó que el mencionado informe
autonómico será “determinante” para el futuro de la planta de Ence en
Pontevedra después de 2018.
Ramos de Armas había asegurado que el Gobierno está dispuesto a promover
“toda la colaboración que sea necesaria con la Xunta de Galicia” para solucionar
la problemática relativa a la ubicación de la fábrica.
La Xunta de Galicia ha manifestado en varias ocasiones su voluntad de que la
pastera se marche dentro de cinco años. En cualquier caso, no hay garantía de
que la Administración central tenga la misma visión sobre el futuro de la
factoría. Se podría dar el caso de que la Xunta indicase que no es oportuno el
mantenimiento del complejo industrial en Lourizán y el Gobierno considere que
debe continuar. Y viceversa.
Una de las cuestiones claves, de todos modos, es que el informe autonómico
debe ser ambiental y de tipo técnico, no político, por lo que se tendrían que
tener en cuenta los parámetros de cumplimiento de la normativa sobre
contaminación vigentes que, por el momento, el grupo pastero cumple con
solvencia.
El presidente de Ence, Juan Luis Arregui, que anteayer estuvo en Pontevedra,
reconoció que la nueva ley sirve a los intereses de su grupo. El máximo
accionista indicó que “creemos que tenemos cabida en la nueva ley siempre y
cuando cumplamos con el medio ambiente y no invadamos territorio”. “Somos
la fábrica más limpia del mundo”, añadió.
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/09/actualidad/1368086015_236811.htm
DIARIO EL PAIS
Libres los miembros de Greenpeace que se encaramaron
al Congreso
Hay varios activistas detenidos, ocho según la organización
El presidente del Congreso reconoce “fallos de seguridad” en el Congreso
ANABEL DÍEZ | CORRESPONSAL POLÍTICA Madrid 9 MAY 2013 –
22:56 CET120
La policía actuó con rapidez, pero no ha podido impedir que durante unos
segundos al menos un activista de la organización ecologista Greenpeace haya
escalado hasta el tejado del Congreso, en tanto que otros siete compañeros le
esperaban abajo. Pasaban las nueve y cinco de la mañana y empezaba una
acción de protesta por la reforma de la Ley de Costas, cuyo debate comenzaba.
Esta era la forma de rechazo contra una norma que cuenta con la desaprobación
no solo de las organizaciones ecologistas sino de todos los grupos del Congreso,
salvo del PP, que la sacará adelante con sus votos. Los activistas llegaron en una
furgoneta y con rapidez intentaron el ascenso hasta el tejado del palacio de la
Carrera de San Jerónimo ayudándose de los andamios que están instalados
desde hace meses para las obras de acondicionamiento del viejo caserón. Tan
solo uno lo consiguió porque de inmediato la policía requirió al resto para que
no lo intentaran. No hubo resistencia ni gestos de violencia por ninguna
parte. El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha señalado su
incomodidad por este hecho ya que “ha habido un fallo de seguridad”, que ya
está en proceso de investigación.
La policía retiene a activistas de Greenpeace frente al Congreso. /CLAUDIO
ÁLVAREZ
Los activistas fueron trasladados a la comisaría de Moratalaz de Madrid y
pasaron por tarde a disposición del juez Javier Gómez Bermúdez de la
Audiencia Nacional, que está de guardia, informa Fernando J. Pérez.El asunto
podría alcanzar grados de relevancia si se les aplica el tipo penal previsto
cuando se ejerce un acto de fuerza contra instituciones del Estado. De momento
la policía cree que han incurrido en ese delito, según han informado a
Efe, fuentes de la Jefatura Superior de Policía. No obstante, Gómez Bermúdez
ha dejado esta noche en libertad a los ocho y ha preguntado al presidente del
Congreso si los activistas alteraron el normal funcionamiento de la Cámara.
Antes de ser detenidos el activista encaramado en el tejado ha podido desplegar
durante unos segundos una pancarta con el lema “El PP vende nuestra costa, una
vez que accedió al techo por los andamios que están colocados en los laterales
de la Cámara Baja por las obras que se están realizando en el edificio.
Los activistas conocían bien el orden del día del pleno, ya que hicieron su
acción de protesta justo en el momento en el que arrancaba el pleno del
Congreso, en el que empezaba a debatirse las enmiendas del Senado a la nueva
Ley de Costas. “Se han abierto diligencias y espero que esto no vuelva a
ocurrir”, ha señalado el presidente del Congreso, en referencia al aspecto de la
seguridad. Aunque Posada estima “inaceptable” esta acción la diferencia, por su
carácter “pacífico” de los escraches o seguimiento a los diputados del PP cuyos
votos han hecho posible una legislación hipotecaria destinada a los impagos de
hipoteca que tiene el rechazo del resto de los grupos parlamentarios y de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca. El propio Posada ha visto como frente
a su domicilio se reunieron miembros de esa plataforma para protestar contra la
ley, aunque no pudieron acercarse en exceso por el control policial que se formó
en las inmediaciones del domicilio de la tercera autoridad del Estado.
Nada que ver, por tanto, desde el punto de vista de Posada, la acción de los
ecologistas con la de Greenpeace, pero esta va a ser objeto de investigación para
que a partir de ahora los andamios no faciliten el camino para quienes quieran
protestar desde lo alto del Congreso.
Nada impedirá, sin embargo, que hoy el Congreso vote y apruebe
definitivamente esta ley que saca del dominio público unas 10.000 viviendas y
otorga hasta 75 años más de vida a construcciones que debían comenzar a ser
demolidas a partir de 2018. La mayoría absoluta de los populares en el Senado
les permitió rechazar los cinco vetos de diferentes partidos que proponían
devolver la norma al Congreso y comenzar de nuevo. Todas las formaciones
argumentaban que la nueva ley incrementa la inseguridad jurídica, privatiza el
litoral o que contradice directivas europeas e informes del propio Gobierno,
entre otros asuntos.
El PP defiende la necesidad de modificar la Ley vigente, de 1988, para evitar
nuevos “algarrobicos “—en referencia al mastodóntico hotel de Carboneras
(Almería) levantado en dominio público— e insiste en el poder de revitalización
económica de la nueva norma.
En un comunicado, la organización ecologista ha justificado su acción de
protesta en que “la estrategia del PP ha consistido en rebajar al máximo la
protección ambiental de la costa y ahondar en su privatización”. Además,
señala que la desprotección del litoral “ha ido acompañada de grandes dosis de
arbitrariedad, que Greenpeace lleva denunciando desde el comienzo de la
reforma”. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete, ha afirmado que las leyes se defienden en la Cámara y ha
considerado “ilegal” la acción de los ecologistas. De acuerdo con los
instrumentos de la legalidad el Grupo Socialista estudia recurrir ante el
Tribunal Constitucional la norma aprobada por el Congreso, con el voto del PP,
y la oposición del resto de los grupos, además del rechazo que suscita en los
grupos ecologistas como los que han protestado desde el tejado de la Cámara
Baja.
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/canguroa13/politica/noticias
/4812508/05/13/La-reforma-de-la-Ley-de-Costas-culmina-su-tramiteparlamentario-
en-el-Congreso–.html
DIARIO EL ECONOMISTA
Jueves, 9 de Mayo de 201
La reforma de la Ley de Costas culmina su trámite parlamentario en el
Congreso
Europa Press | 9/05/2013 – 16:58
Ministro de Agricultura, Alimentación y Medioambiente
El Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma presentada por
el Gobierno a la Ley de Costas de 1988 con la aprobación de las enmiendas
introducidas por el PP en el Senado. Esta norma entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el B.O.E., prevista en próximos días. Rubalcaba
carga en el Día de la Tierra contra la Ley de Costas del PP
Fue el pasado 19 de febrero cuando la Comisión de Medio Ambiente del
Congreso aprobó esta reforma con el apoyo del PP, la abstención de CiU, y el
voto en contra de PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, PNV, BNG y Compromís-
Equo. Esta votación se repitió en la ‘segunda fase’ del trámite parlemantario
ya en el Senado el pasado 24 de abril, con la mayoría del PP, la abstención de
CiU y la oposición del resto de los grupos parlamentarios.
En diciembre, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ya
defendió en el Pleno del Congreso el proyecto de reforma de la Ley, frente a
PSOE, ICV, UPyD, ERC y Compromís-Equo, que pidieron en sus enmiendas
a la totalidad que el texto fuera devuelto al Gobierno, aunque sin éxito,
puesto que fueron rechazadas.
Para el ministro, la Ley de Costas de 1988, que se reforma en este texto, no
ha respondido a los fines y objetivos que pretendía (mantener y conserva el
litoral), además de haber fomentado un marco de inseguridad jurídica para
los propietarios y titulares de derechos en la costa.
Desde ese momento ha contado con la oposición de los grupos ecologistas.
Precisamente, este mismo jueves por la mañana, justo cuando comenzaba el
debate de las enmiendas del Senado sobre esta ley un grupo de activistas de
Greenpeace se han encaramado al techo del Congreso para protestar contra la
normativa y han llegado a mostrar una pancarta en la que se podía leer ‘El PP
vende nuestras costas’. La protesta se ha saldado con ocho detenidos.
Esta reforma incluye entre otras novedades una nueva concesión de 35 años
para los puertos deportivos, o el hecho de que el Estado recupere la
competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias situadas en
el litoral, que antes pertenecía a las comunidades autónomas.
http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2013/05/09/congreso-concluyehoy-
tramitacion-ley-costas/806922.html
DIARIO FARO DE VIGO
El Congreso concluye hoy la tramitación de la Ley de Costas
Da cuenta de las enmiendas del Senado antes de publicarla en el BOE
F.G.S. – Moaña 09.05.2013 | 07:32
Afectados y Fervenza durante el debate en el Senado.
La nueva Ley de Costas y, por ende, el indulto a muchas viviendas del centro
urbano de Moaña, que dejarán de ser consideradas como espacio de dominio
público marítimo-terrestre, cumple hoy con su último trámite parlamentario
antes de su entrada en vigor definitiva.
A partir de las 9.00 horas en el pleno del Congreso se dará cuenta de las
enmiendas incluidas en el debate del Senado para este Proyecto de Ley. Una
vez cumplimentado este trámite se considerará que la nueva legislación está
aprobada definitivamente y lista para entrar en vigor, según explicó ayer el
regidor moañés, José Fervenza. No será necesario que supere una nueva
votación, pues la mayoría de los diputados ya le dieron su visto bueno.
Ahora solo restaría aguardar a su publicación en el Boletín Oficial del Estado
para que los propietarios afectados vean cumplida una demanda que llevan
solicitando desde hace muchos años.
Y es que esta reforma de la Ley de Costas incluye un anexo, en el que Moaña,
junto a otros municipios, aparecen como excluidos del dominio público. Se trata
de unas 200 familias las que verían desaparecer definitivamente el peligro de un
futuro derrumbe de sus viviendas.
Esta excepción tiene en cuenta la “singularidad” de Moaña que esgrimían como
argumento desde hace años los afectados. Y es que los terrenos indultados son
en realidad suelos urbanos con construcciones que en su día recibieron la
necesaria licencia municipal.
Quedaron en un limbo legal con el posterior deslinde y la aplicación de la Ley
de Costas de 1988.
En Castellón
El otro municipio indultado que formará parte del anexo a la legislación que se
publicará en el BOE es el pueblo castellonense de Xilxes, en el que había cerca
de un centenar de viviendas amenazadas de derribo.
http://www.farodevigo.es/galicia/2013/05/08/congreso-descarta-cambiar-leycostas-
reclamaban-populares-gallegos/806001.html
DIARIO FARO DE VIGO
El Congreso descarta cambiar la Ley de Costas como reclamaban los populares
gallegos
Redacción – Santiago 08.05.2013 | 07:34
El Congreso rechazó ayer tomar en consideración una propuesta del
Parlamento gallego, aprobada por el PPdeG, para cambiar la Ley de Costas y
reconocer los núcleos marineros tradicionales gallego. Su argumento es que la
ley se aprobará ya mañana en la Cámara baja y que los elementos claves de la
iniciativa gallega ya se han incorporado a la norma.
Desde el PSOE, tanto el diputado autonómico Xosé Sánchez Bugallo como la
parlamentaria nacional Paloma Rodríguez denunciaron “las contradicciones e
incongruencias intolerables entre el PP en Galicia y en Madrid” y calificaron de
“absoluta farsa la iniciativa.
http://www.farodevigo.es/portada-o-morrazo/2013/05/10/congreso-apruebanueva-
ley-costas-indulta-casco-urbano-moana/807712.html
DIARIO FARO DE VIGO
El Congreso aprueba la nueva Ley de Costas que indulta
el casco urbano de Moaña
Los afectados muestran su satisfacción con la modificación, que recibió luz
verde en el agitado debate de ayer del Congreso – Se muestran cautos hasta su
entrada en vigor
Elena Mondelo – Moaña 10.05.2013 | 07:28
Los vecinos de Moaña que estaban afectados por el problema del deslinde de
Costas han recibido con gran alegría la aprobación definitiva de una norma que
ha sido durante muchos años un quebradero de cabeza. Varios afectados se
acercaron durante la jornada de ayer al consistorio para trasladar su júbilo al
alcalde de Moaña, José Fervenza, que no oculta su satisfacción después de que
la ley recibiese luz verde en la Cámara Baja. Después de años de lucha, los
afectados respiran aliviados tras la celebración de un debate largo y en el que
incluso hubo protestas de grupos de ecologistas y que fue seguido por algunos
moañeses gracias a las nuevas tecnologías.
“Ha salido todo como esperábamos, es estupendo, estamos muy contentos”,
matiza el secretario de la plataforma de afectados, Pedro Delgado. Al igual que
él, muchos miembros de la asociación se mostraban entusiasmados con la
noticia, que se extendió con rapidez entre los vecinos. “Es algo que llevamos
esperando muchos años, es una satisfacción saber que volvemos a recuperar
algo que era nuestro y que podemos disponer de nuestras propiedades con
tranquilidad”, explica uno de los propietarios del edificio Salitre, uno de los
emblemas de la lucha.
Por su parte, el alcalde, José Fervenza, también destaca la importancia de la
aprobación de la modificación de la ley de 1988, una normativa que rompe con
una línea que muchos tildaban de “arbitraria”. “Estamos muy contentos con las
noticias de Madrid, es una satisfacción para el gobierno local y sobre todo para
los vecinos”, indica. No obstante, el regidor advierte que “ahora llega la hora de
que trabaje el equipo técnico, que aplicarán la normativa para ver cómo queda
la clasificación del suelo, pero es una noticia muy destacada para Moaña
después de tanto tiempo de lucha” , expone. Además, recuerda el “increíble
trabajo” de políticos como el senador Enrique López Veiga, que fue “clave para
que nuestro municipio estuviese dentro del indulto y para que hoy podamos
celebrar esta buena noticia”.
Fervenza indica que a lo largo de la jornada “muchas personas se han puesto en
contacto con nosotros para felicitarnos y para preguntar cómo estaba el
trámite”. El alcalde destacar que durante el día de ayer “recibí la llamada de la
jefa provincial del servicio de Costas, Cristina Paz Curbera, que quiso darnos
las felicidades después de que el Congreso diera su aprobación definitiva”,
explica.
Ahora, todos esperan con ansia la publicación en el Boletín Oficial del Estado de
la nueva ley de Costas, así como su entrada en vigor. “Hasta que salga el BOE
no termino de creérmelo”, explica una afectada.
http://noticias.lainformacion.com/salud/la-nueva-ley-de-costas-salvacion-ocondena-
para-el-litoral-espanol_naWXJJLMtFKVO9qtP3NF83/
DIARIO LA INFORMACION
La nueva ley de costas, ¿salvación o condena para el
litoral español?
viernes, 10/05/13 – 09:06
MADRID (Reuters) – La posibilidad de un nuevo boom inmobiliario en la costa
española alarma a la oposición y a los ecologistas ante la ley aprobada el jueves
en el Congreso que tiene el objetivo declarado por el Gobierno de proteger el
litoral y ofrecer garantías jurídicas a más de 125.000 viviendas y un millar de
establecimientos industriales.
La Ley de Costas, que sustituye a una norma anterior de 1988 cuyo
incumplimiento sistemático llevó a la construcción masiva en el litoral en el
decenio anterior al estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, no permitirá
nuevas edificaciones y protegerá el medio ambiente, según el Gobierno.
Pero la normativa, aprobada sólo con los votos del Partido Popular, que tiene
mayoría absoluta, supondrá según distintas voces de la oposición la
“privatización del litoral”, “desmanes urbanísticos” y “especulación del dominio
público”.
“No hay nuevas construcciones, se pueden modernizar hoteles que estén
obsoletos por ejemplo, pero sin ganar altura, volumen, ni superficie”, afirmó el
ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, el jueves en el Parlamento.
Otros grupos políticos consideran que la ley es tan laxa que podría repetir el
modelo del “ladrillazo” que permitió que España creciera a un ritmo de hasta el
5 por ciento en 2000 y que, tras el inicio de la crisis, ha dejado al país sumido en
la recesión.
“En nuestro país deberíamos haber aprendido la lección de que acumulando
ladrillo no generamos prosperidad de forma duradera ni correcta”, dijo a
Reuters la ex ministra socialista de Medio Ambiente Cristina Narbona.
En las comunidades costeras de Andalucía, Valencia y Cataluña, donde según
datos oficiales se levantaban la mitad de las más de 3,44 millones de viviendas
vacías del país en 2011, se ha procesado a alcaldes y concejales que aceptaron
pagos de constructoras a cambio de la recalificación de terrenos.
“Es evidente que la Ley de Costas ha sido reformada para ponerse al servicio de
los intereses de las constructoras y de amnistiar las ilegalidades que se hayan
cometido”, dijo a Reuters Laia Ortiz, deIniciativa per Catalunya Verds.
DECISIÓN EN MANOS DE LOS AYUNTAMIENTOS
Uno de los puntos más polémicos es la decisión de reducir la zona de
protección costera desde los 100 hasta los 20 metros, lo que según Narbona es
un retroceso en términos de espacio público y patrimonio ciudadano.
Así, la nueva norma deja en manos de unos ayuntamientos profundamente
endeudados la decisión de urbanizar en estas zonas si se demuestra que tenían
acceso rodado y acometida de electricidad antes de 1988, siempre que
el Ministerio de Medio Ambiente no se pronuncie en sentido contrario.
“La nueva ley de costas se ha convertido en una ley del suelo, de desarrollo
urbanístico a toda costa sin tener en cuenta la protección ambiental, se ha hecho
para evitar esos escollos que impedían seguir construyendo”, dijo Pilar Marcos,
responsable de Costas de Greenpeace, a Reuters.
El Ejecutivo insiste en que la nueva ley dará protección jurídica a personas,
muchas de ellas extranjeras, que compraron viviendas con licencias municipales
que luego nunca llegaron a ser ratificadas y que se enfrentaban al problema de
perder sus casas dentro de cinco años.
De este modo, se prorrogarán hasta un máximo de 75 años las concesiones a
antiguos propietarios de bienes en la costa expropiados por la vieja normativa.
Esta concesión se aplicará a 12.800 viviendas en unos terrenos muy cercanos a la
costa que tras los deslindes pasaron a formar parte del dominio público.
Por otro lado, a los propietarios de unas 125.000 edificaciones que tras el
deslinde queden en zonas de servidumbre sí se les permitirán obras de
reparación y mejora, aunque sin posibilidad de ampliar ni volumen ni altura,
mientras que unos 24.000 propietarios que inscribieron sus terrenos antes de
1988 se beneficiarán del derecho de transmisión.
“(La ley) defiende la seguridad jurídica de aquellos que con buena fe antes de
1988 tenían sus instalaciones industriales en la costa o sus viviendas en la costa,
y que la ley pasada establecía que en 2018 habría que derribarlas todas”, dijo el
titular de Medio Ambiente en declaraciones a la prensa.
El diputado del Partido Popular Rafael Hernando dijo en una entrevista con
Reuters que la “amnistía” se refiere exclusivamente a zonas urbanas
consolidadas que en su momento no fueron calificadas como urbanas
legalmente.
“No se va a invadir ninguna playa no construida, ni ninguna playa, ni ninguna
zona natural”, añadió Hernando, antes las críticas de no primar la protección
del medio ambiente, ministerio que el PP integró en el de Agricultura hace año
y medio y cuyo presupuesto se redujo un 35 por ciento en 2012.
A las irregularidades y a la especulación se refirió el llamado informe Auken
del Parlamento Europeo en 2009, que recogía que las administraciones habían
puesto en marcha durante años un modelo de desarrollo insostenible con
gravísimas consecuencias medioambientales, sociales y económicas.
“La ley de costas fallaba porque ayuntamientos, comunidades autónomas y
ministerio se la saltaban, y sin embargo son los grandes beneficiados aquellos
que se la han saltado”, dijo Marcos, de Greenpeace.
Desde la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, su fundador,
José Ortega, dijo que la nueva normativa no respondía a las expectativas de los
afectados.
“Nos deja en una situación peor”, manifestó. “Es un fraude de estado para
rescatar las concesiones por razones de interés público sin pagar dinero o
pagando una cantidad mínima”.
La ley incluye una cláusula “antialgarrrobicos” con el objetivo de evitar
“barbaridades urbanísticas” como las del hotel levantado en la playa del
Algarrobico, del parque natural del Cabo de Gata (Almería), y declarado ilegal
por el Tribunal Supremo.
CAMBIO CLIMÁTICO
La organización ecologista Greenpeace, que durante el debate de la ley el jueves
protagonizó un acto de protesta encaramándose a la fachada del Congreso que
se saldó con ocho detenidos, denuncia además el apartado relativo al cambio
climático, ya que la norma recoge únicamente que se va a llevar a cabo un
estudio de las playas españolas en los próximos dos años para ver la incidencia
del calentamiento global en ellas.
“El Ministerio de Medio Ambiente trata el cambio climático como una
frivolidad, en lugar de con responsabilidad, dice que en el momento en que se
produzca empezará a construir muros para intentar contener el mar”, dijo
Marcos, cuya organización aspiraba a ampliar la zona de protección costera
hasta los 500 metros.
La ex ministra Narbona considera también una irresponsabilidad no tener en
cuenta desde ahora el cambio climático, y se mostró partidaria de denunciar la
norma ante las instituciones europeas.
“Es una ley que va en contra de la obligación asumida a nivel europeo de una
correcta adaptación al cambio climático, una integración en las políticas de todo
tipo”, afirmó Narbona.
Desde el partido en el poder se dice que las previsiones que se hicieron hace 25
años respecto al cambio climático no se han cumplido y que es necesario
analizar las alteraciones en los distintos tramos costeros.
“Esto de que alguien pueda prever que se van a producir invasiones del mar, en
qué cuantía, de qué forma o a qué altura, me parece un poco prematuro”,
aseguró el diputado popular Hernando.
/Por Raquel Castillo Lopez e Inmaculada Sanz/
http://www.diariovasco.com/agencias/20130509/masactualidad/
sociedad/canetela-nueva-costas-podra-evitar_201305091155.html
DIARIO VASCO
Cañete:la nueva Ley de Costas podrá evitar
ʺbarbaridadesʺ como El Algarrobico
Agencia EFE
Madrid, 9 may (EFE).- El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha afirmado hoy que con reforma de la Ley de
Costas, se establecen instrumentos más potentes “para evitar las barbaridades
urbanísticas” que se hicieron al amparo de la norma de 1988, con ejemplos como
el Hotel El Algarrobico.
La Ley que se aprobará hoy en la Cámara Baja, es un texto “muy trabajado que
garantiza la conservación del litoral” y no privatiza la costa, ha dicho en
declaraciones a los medios a la salida del Congreso y tras asistir al debate de
esta reforma dentro del hemiciclo.
El ministro, que ha expresado su satisfacción por la aprobación de la norma, ha
destacado que el nuevo texto da seguridad jurídica a todos los que de buena fe
habían adquirido sus casas antes de 1988 y que “se enfrentaban a un panorama
de demolición masiva de viviendas, de industrias y de establecimientos
hoteleros”.
Según el ministro, los que critican la ley no la han leído en su integridad,
porque se aumenta la protección de la costa y se establecen instrumentos más
potentes “para evitar las barbaridades urbanísticas” que se hicieron al amparo
de la anterior ley, con ejemplos tan claros como el Hotel de El Algarrobico,
ubicado en el parque natural de Cabo de Gata (Almería).
Según el ministro, los que critican la ley no la han leído en su integridad,
porque se aumenta la protección de la costa.
Asimismo, ha explicado, resuelve casos como el de Formentera, que tendrá un
trato especial, por sus características morfológicas.
Otro objetivo fundamental, ha añadido, es proteger el litoral con deslindes
claros que van a figurar en la web del Ministerio y se van a incorporar al
Registro de la Propiedad.
La reforma, ha destacado Cañete, mantiene siempre las mismas distancias de
protección del litoral y evita nuevas construcciones, pero no va a demoler
aquellas que se hicieron antes de 1988 al amparo de una legislación que lo
permitía, porque si no tendrían que desaparecer más de 1.200 industrias y
25.000 viviendas ubicadas antes de 1988 en el litoral.
El ministro ha concluido que es falso el argumento de que se quiera privatizar
la costa, que no va a haber ninguna privatización, “y que cuando se quiere
mentir se descalifica el que miente y los que dicen que se privatiza faltan a la
verdad”. EFE
http://www.20minutos.es/noticia/1808534/0/
DIARIO VEINTE MINUTOS
ENCE se muestra “más tranquila” con la nueva Ley de Costas y Louzán
considera “inviable” el traslado de la ría en 2018
El alcalde de Pontevedra considera que el PP se “quitó la careta”
EUROPA PRESS. 08.05.2013
El presidente de ENCE, Juan Luis Arregui, ha admitido que la factoría no
maneja otro escenario que no sea permanecer en su actual emplazamiento en la
Ría de Pontevedra, incluso más allá de 2018, cuando finaliza la actual concesión
para el emplazamiento de la pastera. Además, tanto él como el presidente de la
Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, han asegurado que es “inviable” el
traslado.
Con motivo de la firma de un convenio entre Ence y la Diputación de
Pontevedra, Arregui ha reconocido, ante el presidente provincial, Rafael
Louzán, que “hoy están más tranquilos” con la nueva Ley de Costas, que se
aprobará definitivamente este jueves, y que contempla la posibilidad de
ampliar las concesiones en terreno marítimo-terrestre en 75 años, como
sucedería para el caso de la fábrica de celulosa.
El máximo responsable de la compañía pastera reconoció que “es determinante”
para esta continuidad el informe que debe emitir la Xunta, pero apuntó que
para lograr el visto bueno del Gobierno gallego, Ence realizará una fuerte
inversión en la mejora tecnológica de la fábrica de Lourizán. “Hemos invertido
mucho en Navia y en Huelva y ahora es el turno de Pontevedra”, ha señalado.
“Estamos haciendo bien nuestro trabajo, pero el Estado dirá”, dijo, para a
asegurar, a renglón seguido, que “técnicamente” es la “la empresa más limpia
del mundo”. En este sentido, Arregui afirmó que “hoy nadie puede decir que
Pontevedra huele (mal)” y anunció que, además, del proyecto para la mejora
estética de la fábrica, la empresa reducirá las emisiones de vapor en un 90 por
ciento.
“No tengo ninguna duda de que Pontevedra nos quiere más que hace siete
años”, ha señalado, tras reconocer que “es verdad que, probablemente, Ence no
ha hecho bien las cosas”, al respecto del complejo industrial de Lourizán, hace
siete años, fecha en la que el actual consejo se hizo cargo de la empresa.
Además, Arregui adelantó que con la Ley de Costas en la mano, Ence no
descarta recuperar el proyecto de la planta de biomasa que rechazó la Xunta en
su día y que se ubicaría dentro del actual complejo industrial. En todo caso,
pase lo que pase con la nueva normativa y el informe de la Xunta, el presidente
de la compañía ha insistido en que el traslado es “inviable”.
Louzán cree el traslado “inviable”
Por su parte, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, ha
afirmado que espera que la empresa “continúe generando riqueza en
Pontevedra durante muchos años”.
Louzán afirmó que “hoy se confirma que ENCE tiene la mirada puesta en
Pontevedra”. “Hay quien lo ve de una manera y quien de otra, pero ENCE
genera actividad económica, empleo y riqueza en la ciudad, en la comarca y en
Galicia y eso es muy importante”, ha manifestado.
“Se han propuesto alternativas que no son viables ni empresarial ni
económicamente”, dijo Louzán, pese a que el PP y la Xunta han apostado hasta
ahora por un traslado de la compañía a otro emplazamiento lejos de la ría.
Además, el presidente de la Diputación coincidió con el máximo responsable de
ENCE al recordar que la Xunta “tendrá la última palabra”. Con todo, ha
apuntado que “hay que ser objetivos y ver las cosas con el interés de que sean
beneficiosos para Pontevedra”, y ha señalado que, a partir de ahí, “se tomará la
decisión que mejor corresponda”.
Todo ello, tras destacar que el papel del PP en este asunto ha sido “muy digno”,
porque fueron “los únicos que propusimos alguna alternativa”.
“Yo fui el culpable de decir que Ence se podía trasladar”, reconoció Arregui,
quien relató que eso ocurrió “al poco de llegar” y porque entendía que “se podía
hacer”. De ahí, ha dicho, que se haya “pensado, trabajado y gastado mucho
dinero” en estudios.
“Ence está trabajando no sólo para generar beneficio económico, sino para
mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y de todas las personas que
vivimos en su entorno”, afirmó Rafael Louzán. “Estoy convencido de que
cumplirá con las exigencias medioambientales que se recogen en la nueva Ley
de Costas”, ha concluido.
Lores cree que el pp “acaba de quitar a careta”
Ante las declaraciones del presidente de la Diputación de Pontevedra, el alcalde
de la ciudad, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, ha asegurado que el
PP se “acaba de quitar la careta”.
“No nos sorprende”, ha afirmado, en todo caso, el regidor pontevedrés, quien
ha señalado que “si alguien tenía alguna duda de que el PP está por que ENCE
se quede en Lourizán, acaban de quitarse la careta definitivamente”.
http://www.20minutos.es/noticia/1809277/0/
DIARIO VEINTE MINUTOS
La reforma de la Ley de Costas excluye o amnistía
el dominio marítimo terrestre de cuatro municipios
de Huelva y Málaga
El pleno del Congreso de los Diputados tiene programado para este jueves el
debate del Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de
Modificación de la Ley de Costas con el refrendo de las enmiendas introducidas
por el PP en el Senado.
EUROPA PRESS. 09.05.2013
El pleno del Congreso de los Diputados tiene programado para este jueves el
debate del Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de
Modificación de la Ley de Costas con el refrendo de las enmiendas introducidas
por el PP en el Senado.
En este sentido, el proyecto de ley excluye o amnistía el dominio público
marítimo terrestre de un total de 12 municipios, dos de los cuales han sido
añadidos en el Senado. Se trata de Poblado Marítimo de Xilxes (Castellón),
Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante);
Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva);
Caño del Cepo y casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga) y El
Palo (Málaga).
El texto se aprobó el pasado 24 de abril en la Cámara Alta con la mayoría del
PP, la abstención de CiU y la oposición del resto de los grupos parlamentarios
que, en total, presentaron cinco vetos a la totalidad del texto y nueve votos
particulares.
El proyecto de ley ha incorporado en el Senado las enmiendas del PP, así como
la enmienda 131 de CiU, pactada con el PP, por la que se desarrollará
reglamentariamente un régimen de ocupación y uso de las playas según su
naturaleza. Concretamente, con la introducción de un nuevo apartado al
artículo 33 del texto, se dotará a los tramos naturales de las playas de un
elevado nivel de protección que restrinja las ocupaciones y se autorizarán
“únicamente las que sean indispensables o estén previstas en la normativa
aplicable”.
Además, se regulará la ocupación y el uso de los tramos urbanos de las playas,
de forma que se garantice una adecuada prestación de los servicios que sea
compatible con el uso común.
Asimismo, mediante la introducción de este nuevo apartado en el artículo 33
del Proyecto de Ley, podrá autorizarse en los tramos urbanos la celebración de
aquellos eventos de interés general con repercusión turística que cumplan los
requisitos que se establezcan y, en particular, los relativos a superficie y tiempo
de ocupación física. También señala que en estos eventos se adoptarán todas las
medidas preventivas tendentes a evitar cualquier afección ambiental y
garantizar el mantenimiento del tramo de playa “en el estado anterior a la
ocupación”.
En total se han discutido más de 170 enmiendas a este proyecto, de las que han
sido rechazadas todas menos las del PP y dos transacionadas con CiU.
Entre las novedades de la ley está la reducción del la franja de protección del
litoral de 100 a 20 metros en algunas circunstancias; que se revisarán los
deslindes y que los “propietarios” de los terrenos amenazados por la invasión
del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, podrán
construir obras de defensa, previa autorización, o concesión, siempre que no
perjudiquen a la playa ni a la zona marítimo-terrestre, ni menoscaben las
limitaciones y servidumbres legales correspondientes.
Una vez los terrenos sean invadidos pasarán a formar parte del dominio
público marítimo-terrestre, según resulte del correspondiente deslinde. En todo
caso, la norma establece que el adjudicatario estará “obligado” a adoptar
medidas requeridas por la administración para adaptarse a la subida del nivel
del mar, los cambios en la dirección del oleaje u otros efectos del cambio
climático.
En cuanto a los periodos de las concesiones, que con la ley de 1988 eran de 30
años, más otros 30 de posible prórroga, con el nuevo proyecto de normativa
pasan a 75 años y los concesionarios podrán traspasar las propiedades (por el
periodo de tiempo restante de la concesión). Además, durante este periodo
también se podrán heredar por parte de familiares.
Asimismo, con la norma que este jueves pasará el visto bueno del Congreso
para su posterior sanción definitiva por el Rey, no se podrá otorgar ningún
nuevo título de ocupación del dominio público marítimo terrestre en los
terrenos que sean declarados en regresión grave y, excepcionalmente, en las
zonas en las que “no exista riesgo cierto de inundación en los próximos cinco
años”, la declaración podrá prever que se otorguen derechos de ocupación para
servicios públicos que serán prorrogables.
La norma contemplará también la posibilidad de celebrar eventos de interés
general con repercusión turística en algunos tramos de playa y se podrán
permitir los usos comerciales y de restauración en la zona de servicio portuaria,
donde se prohíben las edificaciones para residencia o habitación.
Contribución especial de los concesionarios para obras
Asimismo, el texto que visará el Congreso este jueves recoge que se podrán
imponer contribuciones especiales a los beneficiarios y, especialmente, los
titulares de derechos de ocupación y los propietarios de fincas y
establecimientos colindantes para financiar las obras que se realicen en el
dominio público marítimo terrestre que, en todo caso, no podrán superar el 50
por ciento del coste de las obras.
El proyecto incluye en el dominio público marítimo terrestre en la isla de
Formentera “con carácter excepcional y debido a la especial configuración
geomorfológica” los terrenos bañados por el mar y las mareas y las mayores
olas en los temporales ordinarios en donde no lo sean y las playas, entendiendo
por ellas las riberas de mar o de las rías formadas por arenales o pedregales.
También expone que se reintegrará el domino de los terrenos de las
urbanizaciones que dejen de formar parte del dominio público marítimo
terrestre.
Entre las exclusiones, también se quedarán fuera de deslinde los núcleos o áreas
que cuando entró en vigor la Ley 22 de 1988 no estuvieran clasificados como
suelo urbano pero que cumplieran con algún requisito como acometida de
aguas, acceso rodado, evacuación de aguas residuales, suministro de energía
eléctrica y estuvieran consolidadados por la edificación en al menos un tercio
de su superficie o bien, que careciendo de estos requisitos estuvieran en áreas
consolidadas de edificación como mínimo en dos terceras partes de su
superficie.
http://www.20minutos.es/noticia/1808782/0/
DIARIO VEINTE MINUTOS
Medio Ambiente señala que la nueva Ley de Costas prohíbe “expresamente”
construir en dominio público
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha destacado,
ante la aprobación este jueves en el Congreso de los Diputados de la Ley de
Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas de
1998, que la nueva norma “prohíbe expresamente” la construcción en dominio
público y en la zona adyacente de servidumbre de protección.
EUROPA PRESS. 08.05.2013
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha destacado,
ante la aprobación este jueves en el Congreso de los Diputados de la Ley de
Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas de
1998, que la nueva norma “prohíbe expresamente” la construcción en dominio
público y en la zona adyacente de servidumbre de protección.
Así, valora que el nuevo texto “afronta los problemas que no pudo solucionar la
anterior Ley de 1988 y prohíbe también cualquier incremento de lo ya edificado.
Además, manifiesta que la norma “responde al interés general del desarrollo
económico y la seguridad jurídica de las personas, siempre que se garantice la
protección medioambiental.
Entre las novedades que subraya el Ministerio apunta a la cláusula para frenar
cualquier construcción ilegal antes de que se consolide, e introduce una
estrategia de lucha contra el cambio climático.
Asimismo, hace hincapié en que la ley tiene “como primer objetivo la protección
medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales
de las playas, preservando las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las
ocupaciones como las actividades, aumentando en todo caso su protección.
Para el Ministerio, la Ley de Costas “responde única y exclusivamente al interés
general”, a la necesidad del fomentar la actividad económica sostenible en las
zonas litorales (por eso se amplían los plazos máximos de las ocupaciones),
siempre que se garantice la protección medioambiental de la costa, protegiendo
al mismo tiempo los derechos y la seguridad jurídica de las personas.
En conjunto, la modificación de la anterior Ley de 1988 responde a la necesidad
de resolver problemas históricos del litoral español que aquella no ha podido
resolver. Por ejemplo, se refiere a la “urbanización descontrolada” en algunos
puntos de litoral y que ha supuesto su degradación.
Para evitarlo, añade el Ministerio en un comunicado, la nueva ley no solo
impide nuevas construcciones, sino que incorpora, entre sus novedades, una
cláusula, la llamada “Antialgarrobicos”, que permite frenar la construcción
ilegal antes de que se produzca, facilitando al gobierno la suspensión cautelar
de la obra a la espera de la decisión judicial.
La Ley defiende también a los ciudadanos que adquirieron legítimamente una
vivienda y que se vieron después desposeídos y la reforma obligará a inscribir
en el Registro de la Propiedad los bienes de dominio público desde que se inicia
un procedimiento de deslinde.
Esta medida había sido reclamada por el Parlamento Europeo, pues esta
situación ha sido objeto de miles de quejas de ciudadanos europeos. El
Ministerio recuerda que la Comisión Europea ha felicitado al Gobierno por
tomar esta y otras medidas que incrementan la seguridad y la confianza en
España.
Otra de las medidas que valora como “esenciales” es la mejora de la situación
jurídica de los antiguos propietarios de bienes en la costa, en especial de
viviendas, que la ley de 1988 expropió. La nueva legislación prorroga las
concesiones de esos ciudadanos hasta un máximo de 75 años.
Finalmente, celebra que esta es la primera ley de Costas que tiene en cuenta el
cambio climático e introduce políticas de lucha contra este fenómeno y tiene en
cuenta un plan de adaptación y la mitigación en el litoral.
Para ello, la ley contempla que en dos años se disponga de un estudio completo
de los efectos del cambio climático en toda la costa española, algo que, según el
Ministerior, “jamás se ha hecho”.
http://www.ecologistasenaccion.org/article25756.html
ECOLOGISTAS EN ACCION
Ley de Costas: arbitrariedad, despilfarro,
privatización
9 de mayo, por Mar | Visitas: 922
La reforma de la Ley de Costas, aprobada hoy en el Congreso de los Diputados,
crea indefensión jurídica y su arbitrariedad puede producir un caos jurídico que
despilfarraría los 180 millones de euros invertidos en deslindar la costa. La
modificación ha sido realizada a espaldas de los técnicos, la sociedad y, sobre
todo, de la naturaleza. Ecologistas en Acción considera que Arias Cañete pasará
a la historia reciente como el ministro que más dañó el Medio Ambiente.
Con la aprobación de hoy se rompe definitivamente el valor de la costa como
bien público y no como un recurso mercantil. La ley que se aprueba hoy en el
Congreso de los Diputados conlleva varias claves que darán un giro a la gestión
costera y abrirán de par en par las puertas a un proceso de privatización. Estas
claves principales son:
1. La ampliación de las actuales concesiones en el Dominio Público Marítimo-
Terrestre (DPMT) pasan de concederse por 30 años ampliables a 75 años y con
la capacidad de contratos de compraventa intervivos. Lo que privatiza las zonas
más estratégicas para la socioeconomía en nuestro litoral.
2. Se puede producir una reducción mayoritaria solicitada por los
ayuntamientos para núcleos urbanos disperos donde la Zona de Servidumbre
de Protección (ZSP) del DPMT, pasaría de 100 metros a 20 metros. Es decir,
adelantaría la ocupación urbanística 80 metros al mar en lugares que cumplan
criterios como el abastecimiento de agua o luz. Estas ZSP son competencias de
las Comunidades Autónomas (CC.AA.), lo que agrava aún más esta
modificación legislativa.
3. Se sacan del deslinde del DPMT y, por tanto del uso público, urbanizaciones
junto al mar como Ampuria Brava en Cataluña. Se privatizan buena parte de los
humedales costeros excluyendo del deslinde salinas, esteros e instalaciones
acuícolas.
4. Se facilita la ocupación de la costa en torno a los paseos marítimos,
posibilitando otro proceso renacentista de la burbuja inmobiliaria en la costa,
desafectando los territorios que quedan al interior de los paseos marítimos, tal y
como señala la disposición adicional tercera. No se tienen en cuenta los
impactos socioeconómicos en los municipios que se pueden ver afectados por
este cambio legislativo ni la peligrosidad que puede conllevar para núcleos
urbanos y periurbanos que han construido paseos marítimos sobre cordones
dunares o partes altas de la propia playa. Ya que, estos lugares se han visto
afectados por numerosas inundaciones y daños en los propios paseos que
deben ser costeados por la administración y que pueden conllevar un riesgo
para las personas. Algunos lugares que pueden verse afectados son Blanes,
Palamós, Peñiscola o La Manga.
5. Se favorece el uso privativo y exclusivo en torno a la explotación turística
permitiendo y facilitando fiestas privadas, colocación de publicidad,
instalaciones de chiringuitos por 4 años, cada vez más grandes y cada vez más
juntos.
6. Se permiten arbitrariedades no propias de un Estado basado en el Derecho,
ya que deja imprecisiones técnicas como las recogidas en la Disposición
adicional sexta. Exclusión de determinados núcleos de población del dominio
público marítimo-terrestre, donde se da un listado de núcleos urbanos que se
excluyen del DPMT sin ninguna argumentación técnica. Esta vaguedad
argumental puede constituir un hecho jurídico que fundamente numerosos
casos de indefensión jurídica en otros puntos del litoral lo que, ocasionará un
alto número de procesos judiciales y contenciosos-administrativos que pueden
hacer colapsar la actividad efectiva de las Demarcaciones de Costas.
7. Se olvidan los hechos. La ley está desactualizada ya que en el escenario actual
de Cambio Climático, siendo la costa uno de los lugares más sensibles, se legisla
de espaldas al Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático. Y se tramitó
en el senado esta ley bloqueando las comparecencias de la comunidad científica
como es el caso de Miguel Ángel Losada Catedrático de la Universidad de
Granada o Juan Manuel Barragán, Catedrático de la Universidad de Cádiz.
{http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/canguroa13/politica/noticia
s/4807711/05/13/Solo-ERC-apoyo-en-el-Congreso-la-iniciativa-del-PP-gallegosobre-
la-Ley-de-Costas-que-rechazo-el-PP-nacional.html
Miércoles, 8 de Mayo de 2013
Sólo ERC apoyó en el Congreso la iniciativa del PP gallego sobre la Ley de
Costas que rechazó el PP nacional
8/05/2013 – 10:37
Sólo los tres diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
apoyaron la noche del martes en el Pleno del Congreso la reforma de la Ley
de Costas pedida por el PP gallego y que fue rechazada incluso por el PP
nacional, según consta en las votaciones individualizadas de la Camara Baja,
recogidas por Europa Press.
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Sólo los tres diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
apoyaron la noche del martes en el Pleno del Congreso la reforma de la Ley
de Costas pedida por el PP gallego y que fue rechazada incluso por el PP
nacional, según consta en las votaciones individualizadas de la Camara Baja,
recogidas por Europa Press.
El Pleno del Congreso de los Diputados dedicó las primeras casi dos horas de
la sesión plenaria del martes a debatir una propuesta del Parlamento gallego
para reformar la Ley de Costas de 1988 con idea de proteger una serie de
enclaves de la comunidad.
Esa propuesta ya salió de Santiago de Compostela con el único apoyo del PP
de Alberto Núñez Feijóo, pues tanto el PSdeG como el BNG se negaron en su
día a avalarla, pero en el Congreso se encontró con el rechazo del Grupo
Popular, que prefiere resolver esta cuestión en la reforma de la Ley de Costas
impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y que este jueves concluye su
tramitación en las Cortes Generales.
RECHAZO DEL 93,2%
Pero las votaciones de la sesión plenaria reflejan que el PP gallego no sólo fue
derrotado por el PP nacional, sino que tampoco consiguió el respaldo de
ningún otro grupo parlamentario, pese a que en el trámite de martes
únicamente se discutía si la iniciativa se tomaba o no a consideración, ni
siquiera se trataba de votar su aprobación definitiva.
Así, de 324 diputados presentes, 302 decidieron votar en contra, lo que
supone un rechazo del 93,2 por ciento de los parlamentarios que estaban en la
Cámara. Únicamente los tres diputados independentistas de ERC, adscritos al
Grupo Mixto, decidieron votar a favor, mientras que los nacionalistas vascos
y catalanes, que habitualmente apoyan la toma en consideración de las
iniciativas auspiciadas por parlamentos autopnómicos, optaron por la
abstención.
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/canguroa13/sociedad/notici
as/4811736/05/13/ecologistas-en-accion-tacha-de-arbitraria-y-despilfarradorala-
nueva-ley-de-costas-aprobada-en-el-congreso.html
Ecologistas en acción tacha de “arbitraria y despilfarradora” la nueva ley de
costas aprobada en el congreso
9/05/2013 – 13:21
Subraya que la reforma se ha hecho “a espaldas de la sociedad y la
naturaleza”
MADRID, 09 (SERVIMEDIA)
Ecologistas en Acción considera que la reforma de la Ley de Costas, aprobada
hoy en el Congreso, “crea indefensión jurídica y su arbitrariedad puede
producir un caos jurídico que despilfarraría los 180 millones de euros
invertidos en deslindar la costa”.
En una nota de prensa, Ecologistas en Acción insiste en que su modificación
“ha sido realizada a espaldas de los técnicos, la sociedad y, sobre todo, de la
naturaleza”, pasando a la historia reciente Miguel Arias Cañete como “el
ministro que más dañó el medio ambiente”.
Según la organización, con la aprobación de hoy “se rompe definitivamente el
valor de la costa como bien público y no como un recurso mercantil” y la
nueva norma conlleva varias claves que darán un giro a la gestión costera y
abrirán de par en par las puertas a un proceso de privatización.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/los-600-afectadospor-
ley-de-costas-tendran-2-anos-para-salvar-sus-casas_815716.html
EL PERIODICO MEDITERRANEO
LUZ VERDE A LA NORMATIVA TRAS AÑOS DE DEBATE
Los 600 afectados por la ley de Costas tendrán 2 años para ‘salvar’ sus casas
Aprobada la reforma con los votos del PP, el PSOE estudia presentar un recurso
de anticonstitucionalidad . Los propietarios de las viviendas de la provincia que
evitan el derribo deben presentar ahora documentación
MERCHE MARTINAVARRO 10/05/2013
El Congreso aprobó la reforma de la ley con los votos del PP. Arriba, Andrea
Fabra y Manuel Cervera.EFE
El Congreso de los Diputados dio luz verde ayer a la ley de Costas, que salvará
del derribo a 600 viviendas del litoral de la provincia de Castellón. Los
propietarios de las mismas tendrán ahora un plazo de dos años para presentar
la documentación pertinente en las delegaciones territoriales e informarse,
asimismo, en los ayuntamientos de sus respectivos municipios de los trámites
que deberán llevar a cabo, como informó el diputado provincial de Medio
Ambiente, Mario García.
“Hoy hemos tenido la oportunidad de aprobar el documento. Se trata de una
legislación que protege el litoral castellonense y que permite garantizar una
costa segura, natural y ecológica, preservándola para el futuro. Pero también
reservando el patrimonio y las casas de cientos de ciudadanos, evitando el
derribo de propiedades de vecinos de la provincia“, aseguró el cabeza del lista
del PP por Castellón en la Cámara Baja, Manuel Cervera.
“Esta norma cumple tres objetivos clave para Castellón: en primer lugar, mejora
la situación jurídica de los antiguos dueños en cuanto a ampliación del plazo de
concesiones, transmisibilidad de los derechos, etc. En segundo lugar, mejora la
seguridad y la estabilidad de la actividad económica en la costa en cuanto a los
establecimientos de hosteleros, con la ampliación de plazos, prórrogas de
concesiones en vigor, sostenibilidad de los establecimientos, posibilidad de
obras de mejora y modernización, entre otros. Y, por último, garantiza la
exclusión de los núcleos de viviendas del dominio público marítimo-terrestre. Y
todo ello siempre desde el mayor respeto al medio ambiente”, concluyó.
Para García, “el texto ya se ha aprobado y es perfecto, pero desde Castellón
vamos a seguir reivindicando un plan integral para proteger las playas, de sur a
norte, de la regresión. Es un aspecto que debe ir paralelo y pediremos una
partida presupuestaria para la regeneración de las mismas”.
VOTACIONES // La Cámara aprobó hacia las 16.00 horas definitivamente la
reforma con los votos del Grupo Popular, la abstención de CIU y en contra del
resto de la oposición a la mayoría de las enmiendas, con alguna salvedad como
la de ERC, que apoyó una relativa al cambio climático.
En este sentido, el secretario general del Partido Popular de la Comunitat,
Serafín Castellano, lamentó que los socialistas valencianos -en ausencia de Ximo
Puig- “hayan optado por poner una zancadilla al sector turístico de la
Comunitat y volver a dar la espalda una vez más a las prioridades de los
valencianos”.
Castellano criticó que el diputado socialista José Luis Ábalos, y el resto de sus
compañeros del PSPV, tras votar en contra en el Congreso, “han demostrado
que viven al margen de las cuestiones que preocupan a los ciudadanos de
nuestra autonomía”.
Por contra, la diputada nacional socialista Susana Ros afirmó que “el PSOE va a
estudiar presentar un recurso de anticonstitucionalidad” al documento avalado
ayer, tras muchos años de debate político y social. Además, criticó que “tanto
que hablaba el PP de proteger la provincia y ahora no tiene en cuenta un
aspecto tan importante como es el de la regeneración, algo que pone en
evidente peligro nuestro futuro”. H
http://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-dueloecologistas-
aprobacion-ley-costas-20130509131602.html
EUROPA PRESS
10 MAYO 2013
“DÍA ACIAGO”
Duelo entre los ecologistas tras la aprobación de la
Ley de Costas
MADRID, 9 May. (EUROPA PRESS) –
Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF consideran que “este es un día de
duelo” porque se aprobará definitivamente en el Congreso de los Diputados la
Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de
Costas que, a su juicio, no tiene “ningún espíritu de protección por mucho que
diga” el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel
Arias Cañete.
Así, la responsable de la campaña de costas de Greenpeace, Pilar Marcos,
considera que el texto de la nueva ley “va a dar carpetazo a 25 años de
protección” y, reconoce que, aunque la Ley de 1988 “no era perfecta”, a partir de
hoy va a ser mucho peor. “Han convertido la costa de un sitio a proteger a un
sitio a explotar y que regala el litoral a intereses privados concretos que
aparecen en los papeles de Bárcenas”, ha denunciado.
Además, ha dicho que la nueva norma vulnera, al menos, diez directivas
comunitarias, por lo que ha anunciado que, una vez la Ley esté publicada en el
Boletín Oficial del Estado, Greenpeace la denunciará ante la Comisión Europea
y espera que “toda la parte de desprotección se anule de forma radical”. Al
mismo tiempo, Marcos ha indicado que la ONG está trabajando con ICV y
PSOE para tratar de que pidan un recurso de inconstitucionalidad de esta ley.
Del mismo modo, el responsable del programa marino de WWF, José Luis
García Baras, lamenta la aprobación de la Ley porque con ella España retrocede
40 años en la protección de la costa. Si bien, ha reconocido que la anterior
norma necesitaba una modificación relativa al cambio climático, pero no estos
cambios donde sistemas lagunares costeros, rías o esteros de alta importancia
ambiental “van a ser amenazados por nuevo desarrollo urbanístico”.
A su juicio, la nueva ley “no crea más seguridad jurídica sino todo lo
contrario” al revisar el dominio público terrestre, porque reduce la superficie de
protección y porque se amplían las miles de hectáreas en la zona cercana a la
costa, donde se podrá construir.
“Este es un día aciago para la conservación del litoral. La costa ya no será
nunca más como la conocemos y a partir de su aprobación, desde WWF
seguiremos peleando porque esta ley se pueda dar marcha atrás”, ha
manifestado, al tiempo que ha anunciado también que denunciarán la norma
ante la Unión Europea una vez sea sancionada y publicada.
Sin embargo, ha calificado como “positivo” que antes no se incluyera el
dominio marítimo terrestre en los registros de la propiedad, ya que
anteriormente se podía inscribir una vivienda ilegal en el registro y ahora no
será posible, ya que esto provocaba desinformación a los inversores. En cuanto
a la inclusión del cambio climático, García Baras considera que las
modificaciones introducidas son más “cosmética” que otra cosa ya que no se van
a prevenir los efectos del cambio climático de una manera eficaz.
Por su parte, el coordinador de medio marino de Ecologistas en Acción, Jorge
Sáez, ha subrayado que la modificación se ha realizado de espaldas a la
comunidad científica, sin participación social y quedándose solo el Ejecutivo del
PP contra un consenso público que se había logrado.
FACILITA LAS PLAYAS PRIVADAS
Concretamente, considera que ahora el uso público de la costa, que recoge la
Constitución, está en tela de juicio, no solo en los 12 municipios que se
amnistían, sino porque se permitirán los usos privativos y actividades
económicas en el litoral donde “habrá playas privadas en los hoteles”.
Al mismo tiempo, ha criticado la ampliación de las concesiones de 30 a 75
años y que éstas se puedan transmitir inter-vivos. “Los lugares más estratégicos
para nuestras costas ya están vendidos y no se van a poder rescatar para el
disfrute público. Eso va a depender de las necesidades y de la estrategia de
mercado de los concesionarios de estas zonas”, ha señalado.
Sáez ha advertido de que con la revisión de los deslindes se desperdiciará los
180 millones de euros empleados en deslidar la costa española y ha añadido que
se tendrá que aumentar el gasto en obras costeras de protección de la costa, que
en 2012 ascendieron a 150 millones de euros.
“No tenemos claro el modelo hacia el que vamos. No sabemos qué costa
queremos con la nueva Ley. El 20 por ciento de la población española vive en la
costa y este cambio tan arbitrario sí produce inseguridad jurídica. Esta ley es
claramente inconstitucional”, ha sentenciado, al tiempo que ha indicado que la
denunciarán ante la Fiscalía, “o en la de Medio Ambiente o en la de
Anticorrupción” así como ante el Defensor del Pueblo.
http://www.hispanidad.com/confidencial/aprobada-la-reforma-de-la-ley-decostas-
que-protege-a-los-propietario-20130509-156509.html
HISPANIDAD
Aprobada la reforma de la Ley de Costas que protege a los propietarios y a los
chiringuitos
09/05/2013> en Por lo breve
Activistas de Greenpeace ha escalado este jueves el Congreso para protestar
contra ella
Este jueves se ha llevado a cabo en el Congreso de los Diputados la reforma de
la Ley de Costasque modifica la legislación de 1988, pero otorga seguridad
jurídica tanto a propietarios como a las actividades económicas que se llevan a
cabo en el litoral.
La nueva legislación mantiene las mismas distancias de protección costera y
evita nuevas construcciones, pero no va a demoler aquellas que se hicieron
antes de 1988 al amparo de una legislación que lo permitía, ya que, de
hacerlo, tendrían que desaparecer más de 1.200 industrias y 25.000 viviendas
ubicadas antes de 1988 en el litoral.
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vivianne Reding, manifestó al
conocer el anteproyecto que “La nueva Ley de costas arroja seguridad jurídica a
los europeos con propiedades inmobiliarias en el litoral español”.
La nueva ley genera confianza y certidumbre para las ocupaciones y la
actividad económica, ya que existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales,
muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo que se sentían
amenazadas con las complicaciones y confusiones de la anterior legislación. 700
son ocupaciones industriales, más de 3.000 son chiringuitos, unos 1.700
restaurantes y 700 kioskos. Sólo en Andalucía suponenmás de 40.000 empleos.
Los ecologistas se muestran en contra de la Reforma. Este mismo martes, varios
activistas han escalado la fachada del Congreso para instalar una pancarta en la
que rezaba “El PP vende nuestra costa”. La ley diferencia las playas urbanas
de las playas naturales, e incrementa la protección de esta últimas, e introduce
elementos como la cláusula anti-Agarrobico (el hotel construido en
Carboneras), que regula la suspensión por el Gobierno de las actuaciones
urbanísticas ilegales en la costa para evitar situaciones irreversibles, como la del
citado hotel
http://www.huelvainformacion.es/article/provincia/1520083/isla/cristina/y/punt
a/umbria/exentas/la/nueva/ley/costas.html
HUELVA INFORMACION
Isla Cristina y Punta Umbría, exentas de la nueva
Ley de Costas
La ría puntaumbrieña y el casco urbano isleño están excluidos del dominio
público marítimo terrestre La norma prohíbe la construcción de nuevas
edificaciones en el litoral
Dos municipios de la provincia de Huelva han quedado excluidos de la
nueva Ley de Costas. En concreto se trata de la zona de ría de Punta Umbría
y el Caños del Cepo y casco urbano de Isla Cristina. El Congreso aprobó
ayer la nueva normativa, en medio de la polémica que ha suscitado.
La nueva norma no convence a casi nadie, aunque el PP se empeñe en
defender que será “una protección para el litoral, que evitará incluso casos
como el del hotel Algarrobico. Buena parte de la oposición y numerosas
ONG en la calle la tildan de amnistía y de una paso más para “privatizar la
costa española”.
Según defendió el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete en el
Congreso, esta ley tiene como primer objetivo la protección medioambiental
de la costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas,
preservando las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones
como las actividades, y aumentando en todo caso su protección.
Se prohiben nuevas edificaciones en el litoral, tanto en el dominio público
marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas), como en su zona
adyacente de servidumbre de protección. Se mantiene la prohibición de la
edificación residencial en la costa, y se refuerza con mecanismos específicos
preventivos, prohibiendo también que las obras de mejora impliquen
aumentos de tamaño, altura o superficie.
La norma excluye núcleos de población (no los amnistía porque ya eran
legales) del domino público terrestre porque son terrenos de núcleos
urbanos, habitados desde antes de 1988, que afectan en su mayoría a
viviendas sencillas de barriadas populares, no a hoteles o empresas.
En concreto, el proyecto de ley excluye del dominio público marítimo
terrestre un total de 12 municipios: el poblado marítimo de Xilxes
(Castellón), Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa
Pola (Alicante); Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta
Umbría; Caño del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina; Pedralejo
(Málaga) y El Palo (Málaga).
Además, en esta reforma se mantiene la anchura de la servidumbre de
protección en 100 metros y únicamente se especifica cómo se aplica la regla
especial de los 20 metros, ya prevista en la Ley de 1988. Eso sí, se prohiben
expresamente nuevas edificaciones en estas áreas.
Según puntualizó Medio Ambiente, la reducción de la servidumbre sólo se
podrá producir respecto de núcleos costeros que antes de 1988 tuvieran un
carácter urbano, según unos requisitos marcados en la disposición
transitoria primera de la Ley, y solamente para el núcleo delimitado. Por
tanto, defiende que no se podrán autorizar nuevas construcciones dentro de
los núcleos delimitados. “Es decir, se solucionan problemas antiguos no
resueltos en 1988, sin que implique permitir un solo edificio más en la
costa”, justificó.
Arias Cañete defendió que la nueva ley garantiza la conservación del litoral,
“y no lo privatiza”, al tiempo que salva de la demolición a más de 1.200
industrias y 25.000 viviendas ubicadas antes de 1988 en el litoral, al contar
ahora con una nueva concesión de 75 años.
La reforma no permitirá ninguna nueva construcción en la zona del litoral
protegida y además establece instrumentos “para evitar las barbaridades
urbanísticas” como la del hotel de El Algarrobico, explicó el ministro a los
medios de comunicación tras asistir al debate dentro del hemiciclo.
Otra novedad, según los defensores de la nueva norma, es la distinción
entre playas urbanas y playas naturales, “incrementando la protección de
estas últimas”.
También se evita, afirman, que se pueda adquirir de buena fe un inmueble
en la costa y descubrir después que, en realidad, no se es propietario porque
el bien está afectado por el deslinde del dominio público. Para ello se prevé
la inscripción obligatoria de los bienes en el Registro de la Propiedad.
La privatización del litoral y el anuncio de desmanes urbanísticos han sido
los argumentos más esgrimidos por la oposición. Los portavoces de varios
grupos políticos han anunciado que están estudiando presentar un recursos
con la ley ante el Tribunal constitucional, al considera que vulnera varias
directivas, aparte de carecer de una memoria económica y favorecer la
privatización de la costa, que llevó a España al boom inmobiliario y
consecuente crisis económica.
Las principales organizaciones ecologistas españolas han condenado
unánimemente la reforma por considerarla un retroceso en la protección
medioambiental del litoral y la llave para abrir la puerta a un proceso claro
de privatización de las costas.
http://www.infonortedigital.com/portada/component/content/article/6-
interes/22285–arucas-tramita-los-catalogos-de-las-casas-afectadas-por-la-nuevaley-
de-costas-en-el-municipio
INFONORTE DIGITAL
Arucas tramita los catálogos de las casas
afectadas por la nueva Ley de Costas en el
municipio
San Andrés, Quintanilla y El Puertillo no están en el anexo de la nueva Ley de Costas.
El Ayuntamiento de Arucas en el Pleno celebrado el pasado lunes, día 6 de mayo, en
asuntos de Presidencia y a través del alcalde Ángel Víctor Torres, anunció que la
Concejalía de Urbanismo y la Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas había
recibido una nota interna de fecha 30 de abril, para la elaboración del catálogo de
viviendas del municipio afectadas por la nueva Ley de Costas, ya que tras la aprobación
definitiva de la nueva Ley de Costas y en el anexo de la misma no constaba como núcleos
poblacionales los barrios de San Andrés, Quintanilla y El Puertillo, y así poder ser
amnistiados.
Ante tal situación, por parte del Ayuntamiento se han iniciado los trámites internos para
que desde los servicios municipales de Urbanismo se realice el catálogo de las viviendas
afectadas por la Ley de Costas con el objetivo de intentar que la Administración Central,
es decir, el Gobierno de España, considere a los núcleos costeros de San Andrés,
Quintanilla y El Puertillo dignos de ser excluidos en la zona de servidumbre del dominio
marítimo-terrestre y evitar así su demolición.
La nueva Ley aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados tiene un anexo
en el que aparecen una serie de núcleos poblacionales entre los que no se incluye ninguno
de Canarias y, por tanto, tampoco lo tres núcleos del municipio afectados.
Según esta Ley, que se publicará en el BOE en los próximo días, los ayuntamientos tienen
hasta tres meses para presentar sus catálogos, y ante la evidencia de que en el Senado se
habían rechazado las enmiendas relativas a los núcleos costeros canarios, el Ayuntamiento
de Arucas ha comenzado a realizar el trabajo para llevarlo, si procede, a un
próximo Pleno.
La concejala de Urbanismo del Consistorio aruquense, Marisol Collado, expuso que
“desde la Concejalía de Urbanismo, a través del Plan General, se está trabajando para
reservar el suelo necesario por si es necesario el realojo de los vecinos afectados, dejando
claro que la prioridad es conseguir la inclusión de los núcleos costeros de Arucas como
núcleos poblacionales en la nueva Ley.”
http://www.lacerca.com/noticias/espana/pp_dice_ley_costas_pone_inseguridad
_juridica-164174-1.html
LA CERCA
El PP dice que con la Ley de Costas se pone fin a la inseguridad jurídica
María Teresa de Lara avala el Proyecto de Ley que hace compatible la
protección del litoral con el impulso de actividades económicas que creen
empleo y riqueza
La portavoz de Medio Ambiente del GPP destaca que es la primera vez que
una norma contempla los efectos del cambio climático.
La portavoz de Medio Ambiente del Grupo Popular en el Congreso, María
Teresa de Lara, avaló hoy el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de
Costas que mejora la seguridad jurídica y constituye un “instrumento eficaz al
servicio de la protección y conservación del litoral, compatibilizando la
protección de ese espacio natural con el impulso de actividades que creen
empleo, crecimiento económico y generen riqueza”.
Durante su intervención en el Pleno del Congreso al hilo de las enmiendas
del Senadopresentadas a dicha norma, la dirigente popular puso el acento en la
necesidad de reforma de una ley que en sus 25 años de vigencia no ha
respondido al objetivo marcado de conservar el medio ambiente costero.
Para De Lara, la aplicación de esta ley en las dos últimas legislaturas socialistas
“no ha dejado de generar controversia”, lo que ya de por sí justifica la
necesidad de una reforma que pone punto y final a la inseguridad jurídica
existente garantizando que “no se permitirá la progresiva pérdida del respeto a
la ley que se produjo en los últimos años de gobierno socialista”.
En su intervención, la dirigente popular desmontó uno a uno los argumentos
falsos empleados por los socialistas en su oposición a esta norma e hizo énfasis
en las enmiendas novedosas introducidas por el Grupo Popular que han
posibilitado que por vez primera “se contemplen los efectos del cambio
climático en un Proyecto de Ley”.
Al respecto de esta última novedad, De Lara explicó que en las enmiendas
presentadas por el GPP “se exige que en los proyectos para la ocupación del
dominio público se acompañe una evaluación prospectiva sobre los posibles
efectos del cambio climático y se impone alMinisterio de Medio Ambiente la
obligación de elaborar una estrategia para la adaptación de las costas a los
efectos del cambio climático”.
Además, continuó De Lara, “nuestras enmiendas introducen un régimen
específico para los tramos del litoral que se encuentren en riesgo de regresión
en las áreas así declaradas, y se prevé que la Administración pueda realizar
actuaciones de protección respecto de las cuales podrá establecer contribuciones
especiales”.
De Lara desmintió también los falsos argumentos de los socialistas contra esta
reforma, entre ellos la acusación de que se privatiza el litoral “cuando nada se
privatiza”, la acusación de que se reduce el nivel de protección de la costa
“cuando no se reduce ni un ápice”, al tiempo que negó que haya amnistías, que
se atente contra la autonomía local o que haya trato discriminatorio a
determinados núcleos urbanos y que las industrias contaminantes tengan vía
libre, puesto que todas ellas “necesitarán un informe ambiental específico para
la prórroga de la concesión”.
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/2198548/espana/canete-lanueva-
ley-de-costas-podra-evitar-b#.UYyd2rXKH0M
DIARIO LA RAZON
Cañete: La nueva Ley de Costas podrá evitar
«barbaridades» como El Algarrobico
09 de mayo de 2013. 11:58h Efe.
El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete, ha afirmado hoy que con reforma de la Ley de Costas, se establecen
instrumentos más potentes “para evitar las barbaridades urbanísticas” que se
hicieron al amparo de la norma de 1988, con ejemplos como el Hotel El
Algarrobico.
La Ley que se aprobará hoy en la Cámara Baja, es un texto “muy trabajado que
garantiza la conservación del litoral” y no privatiza la costa, ha dicho en
declaraciones a los medios a la salida del Congreso y tras asistir al debate de
esta reforma dentro del hemiciclo.
El ministro, que ha expresado su satisfacción por la aprobación de la norma, ha
destacado que el nuevo texto da seguridad jurídica a todos los que de buena fe
habían adquirido sus casas antes de 1988 y que “se enfrentaban a un panorama
de demolición masiva de viviendas, de industrias y de establecimientos
hoteleros”.
Según el ministro, los que critican la ley no la han leído en su integridad,
porque se aumenta la protección de la costa y se establecen instrumentos más
potentes “para evitar las barbaridades urbanísticas” que se hicieron al amparo
de la anterior ley, con ejemplos tan claros como el Hotel de El Algarrobico,
ubicado en el parque natural de Cabo de Gata (Almería).
Según el ministro, los que critican la ley no la han leído en su integridad,
porque se aumenta la protección de la costa.
Asimismo, ha explicado, resuelve casos como el de Formentera, que tendrá un
trato especial, por sus características morfológicas.
Otro objetivo fundamental, ha añadido, es proteger el litoral con deslindes
claros que van a figurar en la web del Ministerio y se van a incorporar al
Registro de la Propiedad.
La reforma, ha destacado Cañete, mantiene siempre las mismas distancias de
protección del litoral y evita nuevas construcciones, pero no va a demoler
aquellas que se hicieron antes de 1988 al amparo de una legislación que lo
permitía, porque si no tendrían que desaparecer más de 1.200 industrias y
25.000 viviendas ubicadas antes de 1988 en el litoral.
El ministro ha concluido que es falso el argumento de que se quiera privatizar
la costa, que no va a haber ninguna privatización, “y que cuando se quiere
mentir se descalifica el que miente y los que dicen que se privatiza faltan a la
verdad”.
http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20130509/54373342082/la-reformade-
la-ley-de-costas-excluye-o-amnistia-el-dominio-maritimo-terrestre-decuatro.
html
LA VANGUARDIA
La reforma de la Ley de Costas excluye o amnistía el dominio marítimo
terrestre de cuatro municipios de Huelva y Málaga
Andalucía | 09/05/2013 – 12:54h
MADRID/SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)
El pleno del Congreso de los Diputados tiene programado para este jueves el
debate del Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de
Modificación de la Ley de Costas con el refrendo de las enmiendas introducidas
por el PP en el Senado.
En este sentido, el proyecto de ley excluye o amnistía el dominio público
marítimo terrestre de un total de 12 municipios, dos de los cuales han sido
añadidos en el Senado. Se trata de Poblado Marítimo de Xilxes (Castellón),
Moaña (Pontevedra); Serra Grossa (Alicante); Puerto de Santa Pola (Alicante);
Empuriabrava (Gerona); Playa de Aro (Gerona); Ría Punta Umbría (Huelva);
Caño del Cepo y casco urbano de Isla Cristina (Huelva); Pedralejo (Málaga) y El
Palo (Málaga).
El texto se aprobó el pasado 24 de abril en la Cámara Alta con la mayoría del
PP, la abstención de CiU y la oposición del resto de los grupos parlamentarios
que, en total, presentaron cinco vetos a la totalidad del texto y nueve votos
particulares.
El proyecto de ley ha incorporado en el Senado las enmiendas del PP, así como
la enmienda 131 de CiU, pactada con el PP, por la que se desarrollará
reglamentariamente un régimen de ocupación y uso de las playas según su
naturaleza. Concretamente, con la introducción de un nuevo apartado al
artículo 33 del texto, se dotará a los tramos naturales de las playas de un
elevado nivel de protección que restrinja las ocupaciones y se autorizarán
“únicamente las que sean indispensables o estén previstas en la normativa
aplicable”.
Además, se regulará la ocupación y el uso de los tramos urbanos de las playas,
de forma que se garantice una adecuada prestación de los servicios que sea
compatible con el uso común.
Asimismo, mediante la introducción de este nuevo apartado en el artículo 33
del Proyecto de Ley, podrá autorizarse en los tramos urbanos la celebración de
aquellos eventos de interés general con repercusión turística que cumplan los
requisitos que se establezcan y, en particular, los relativos a superficie y tiempo
de ocupación física. También señala que en estos eventos se adoptarán todas las
medidas preventivas tendentes a evitar cualquier afección ambiental y
garantizar el mantenimiento del tramo de playa “en el estado anterior a la
ocupación”.
En total se han discutido más de 170 enmiendas a este proyecto, de las que han
sido rechazadas todas menos las del PP y dos transacionadas con CiU.
Entre las novedades de la ley está la reducción del la franja de protección del
litoral de 100 a 20 metros en algunas circunstancias; que se revisarán los
deslindes y que los “propietarios” de los terrenos amenazados por la invasión
del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, podrán
construir obras de defensa, previa autorización, o concesión, siempre que no
perjudiquen a la playa ni a la zona marítimo-terrestre, ni menoscaben las
limitaciones y servidumbres legales correspondientes.
Una vez los terrenos sean invadidos pasarán a formar parte del dominio
público marítimo-terrestre, según resulte del correspondiente deslinde. En todo
caso, la norma establece que el adjudicatario estará “obligado” a adoptar
medidas requeridas por la administración para adaptarse a la subida del nivel
del mar, los cambios en la dirección del oleaje u otros efectos del cambio
climático.
En cuanto a los periodos de las concesiones, que con la ley de 1988 eran de 30
años, más otros 30 de posible prórroga, con el nuevo proyecto de normativa
pasan a 75 años y los concesionarios podrán traspasar las propiedades (por el
periodo de tiempo restante de la concesión). Además, durante este periodo
también se podrán heredar por parte de familiares.
Asimismo, con la norma que este jueves pasará el visto bueno del Congreso
para su posterior sanción definitiva por el Rey, no se podrá otorgar ningún
nuevo título de ocupación del dominio público marítimo terrestre en los
terrenos que sean declarados en regresión grave y, excepcionalmente, en las
zonas en las que “no exista riesgo cierto de inundación en los próximos cinco
años”, la declaración podrá prever que se otorguen derechos de ocupación para
servicios públicos que serán prorrogables.
La norma contemplará también la posibilidad de celebrar eventos de interés
general con repercusión turística en algunos tramos de playa y se podrán
permitir los usos comerciales y de restauración en la zona de servicio portuaria,
donde se prohíben las edificaciones para residencia o habitación.
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE LOS CONCESIONARIOS PARA OBRAS
Asimismo, el texto que visará el Congreso este jueves recoge que se podrán
imponer contribuciones especiales a los beneficiarios y, especialmente, los
titulares de derechos de ocupación y los propietarios de fincas y
establecimientos colindantes para financiar las obras que se realicen en el
dominio público marítimo terrestre que, en todo caso, no podrán superar el 50
por ciento del coste de las obras.
El proyecto incluye en el dominio público marítimo terrestre en la isla de
Formentera “con carácter excepcional y debido a la especial configuración
geomorfológica” los terrenos bañados por el mar y las mareas y las mayores
olas en los temporales ordinarios en donde no lo sean y las playas, entendiendo
por ellas las riberas de mar o de las rías formadas por arenales o pedregales.
También expone que se reintegrará el domino de los terrenos de las
urbanizaciones que dejen de formar parte del dominio público marítimo
terrestre.
Entre las exclusiones, también se quedarán fuera de deslinde los núcleos o áreas
que cuando entró en vigor la Ley 22 de 1988 no estuvieran clasificados como
suelo urbano pero que cumplieran con algún requisito como acometida de
aguas, acceso rodado, evacuación de aguas residuales, suministro de energía
eléctrica y estuvieran consolidadados por la edificación en al menos un tercio
de su superficie o bien, que careciendo de estos requisitos estuvieran en áreas
consolidadas de edificación como mínimo en dos terceras partes de su
superficie.
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/cervera-la-nuevaley-
de-costas-protege-litoral-castellonense-_815628.html
EL PERIODICO MEDITERRANEO
Cervera: “La nueva ley de Costas protege el litoral castellonense”
El diputado destaca que “evita el derribo de las viviendas de cientos de
ciudadanos de la provincia de Castellón”
“Cumple tres objetivos: respeto a los propietarios, garantiza la actividad
económica y excluye núcleos de viviendas del Dominio Público Marítimo
Terrestre”
“Hoy hemos tenido la oportunidad de aprobar la nueva ley de Costas. Una
legislación que protege el litoral castellonense y que permite garantizar una
costa segura, natural y ecológica, preservándolo para el futuro. Pero también
preserva el patrimonio y las viviendas de cientos de castellonenses, evitando el
derribo de viviendas de ciudadanos de la provincia“, ha asegurado el cabeza
del lista por Castellón en el Congreso de los Diputados, Manuel Cervera.
El dirigente popular, tras manifestar su satisfacción por esta ley impulsada por
el PP, y que supone un alivio para cientos de castellonenses que podían tener en
riesgo su vivienda en el litoral, ha explicado que “esta nueva Ley de Costas,
fundamentalmente, es un aval para los miles de ciudadanos que tenían la
gravísima preocupación de que sus viviendas fueran destruidas en toda la
Comunitat Valenciana. Hemos frenado el riesgo de que su patrimonio y su
esfuerzo fuera abocado a meros escombros”.
En esta línea, Cervera señala que “con esta ley se dan garantías jurídicas para
mantener estas viviendas, que en la anterior Ley de Costas, aprobada por el
Gobierno Socialista, fomentaba que fueran derrivadas todas aquellas que
quedaban fuera del deslinde”.
“Gracias a ello, más de 2.000 viviendas amenazadas con la demolición en toda
la Comunitat amplían su concesión evitando el derribo. También habrá una
ampliación del periodo de las concesiones en el resto de casas afectadas por el
linde, hasta un máximo de 75 años desde la entrada en vigor de la nueva
legislación. Y, además, los propietarios podrán transferir su concesión a
familiares o terceros”, ha destacado Cervera.
Sobre la provincia de Castellón, el diputado en el Congreso ha subrayado que
“se estima que el número de viviendas que se beneficiarán de la amnistía será
de más de 600, aunque también beneficia a decenas de chiringuitos, que
generan una mayor actividad económica y, por tanto, empleo en la provincia”.
“Esta nueva ley cumple tres objetivos clave para la Castellón: en primer lugar,
mejora la situación jurídica de los antiguos propietarios en cuanto a ampliación
del plazo de concesiones, transmisibilidad de los derechos, etc. En segundo
lugar, mejora la seguridad y la estabilidad de la actividad económica en la costa
en cuanto a los establecimientos de hosteleros -restaurantes, chiringuitos…-,
con la ampliación de plazos, prórrogas de concesiones en vigor, sostenibilidad
de los establecimientos, posibilidad de obras de mejora y modernización, entre
otros. Y, por último, garantiza la exclusión de los núcleos de viviendas del
Dominio Público Marítimo Terrestre. Y todo ello siempre desde el respeto al
Medio Ambiente”, ha concluido el líder popular.
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/bc01560894ebeaca05b7a5f0defb1
e48
MILENIO
Diputados aprueban controvertida ley de Costas en
España
INTERNACIONAL • 9 MAYO 2013 – 12:19PM — AFP
Activistas afirman que sólo servirá para legalizar algunas construcciones
cercanas al litoral..
Madrid • Los diputados españoles aprobaron este jueves una ley de Costas
que va a “reforzar los mecanismos de protección”, según el partido conservador
en el poder, pero para los ecologistas sólo servirá para legalizar algunas
construcciones cercanas al litoral.
“El litoral es un ecosistema sensible y vulnerable que precisa protección,
lograrla es un objetivo fundamental de esta reforma. Por eso, la ley refortalece
los mecanismos de protección, tanto en su vertiente preventiva como
defensiva”, afirma el proyecto de ley del Partido Popular (PP), que tiene la
mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
Entre sus puntos polémicos, la ley prevé alargar el régimen de concesión
atribuida a las construcciones levantadas en terreno público hasta los 75 años.
Además, reduce, en algunos casos, la franja de especial protección de costa de
100 a 20 metros.
La ley permitirá además, legalizar de hecho, excluyéndolos de terrenos
catalogados como públicos, 12 zonas de viviendas, especialmente en los
alrededores de Alicante, Girona, Valencia o Málaga.
Tras años de desarrollo masivo del turismo y de la construcción a expensas en
ocasiones de la desfiguración del litoral español, el gobierno asegura que
esta nueva ley permitirá que los excesos del pasado no vuelvan a producirse.
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, defendió el jueves un texto
con el que, según él, “se evitan nuevas construcciones en el litoral español” y
“proporciona instrumentos más potentes para evitar las barbaridades
urbanísticas cometidas al amparo de la ley de 1988”, que regulaba hasta ahora la
protección del litoral.
Sin embargo, para los ecologistas y los partidos de la oposición, la nueva
normativa va a “privatizar” las costas españolas.
Con esta reforma, “se pone fin al intento más serio que se ha producido en
España para proteger nuestro litoral”, reaccionó el portavoz de Medio Ambiente
del grupo socialista en el Congreso, José Luis Ábalos, quien añadió que “a
España le queda menos del 30% del suelo litoral sin ocupar por actividades
humanas”.
Según la organización ecologista Greenpeace, en los últimos veinte años,
España habría perdido diariamente la extensión de litoral virgen equivalente a
ocho campos de fútbol, algo más de 50 mil hectáreas.
Denunciando un “día negro para el Medio Ambiente”, Greenpeace desplegó en
la mañana de este jueves una pancarta en la fachada del Congreso, en la que se
podía leer “El PP vende nuestras costas”.
Los ocho activistas de la organización protagonistas de la acción fueron
detenidos por la policía.
Esta ley implica “no solo que el ministerio de Medio Ambiente regale a unos
pocos intereses privados la costa española, sino que actúe con imprudencia al
no tener en cuenta, por ejemplo, la subida del nivel del mar”, declaró Pilar
Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.
http://www.nuevatribuna.es/articulo/medio-ambiente/claves-para-entenderuna-
reforma-a-espaldas-de-expertos-del-bien-comun-y-de-lanaturaleza/
20130509135953091913.html
8:45 h. Viernes, 10 de mayo de 2013
Claves para entender una reforma a espaldas de expertos, del bien común y de
la naturaleza
La reforma de la Ley de Costas, aprobada hoy en el Congreso de los Diputados,
crea indefensión jurídica y su arbitrariedad puede producir un caos jurídico que
despilfarraría los 180 millones de euros invertidos en deslindar la costa. La
modificación ha sido realizada a espaldas de los técnicos, la sociedad y, sobre
todo, de la naturaleza. Ecologistas en Acción considera que Arias Cañete pasará
a la historia reciente como el ministro que más dañó el Medio Ambiente.
nuevatribuna.es | 09 Mayo 2013 – 13:59 h.
Con la aprobación de hoy se rompe definitivamente el valor de la costa como
bien público y no como un recurso mercantil. La ley que se aprueba hoy en el
Congreso de los Diputados conlleva varias claves que darán un giro a la gestión
costera y abrirán de par en par las puertas a un proceso de privatización. Estas
claves principales son:
1. La ampliación de las actuales concesiones en el Dominio Público Marítimo-
Terrestre (DPMT) pasan de concederse por 30 años ampliables a 75 años y con
la capacidad de contratos de compraventa intervivos. Lo que privatiza las zonas
más estratégicas para la socioeconomía en nuestro litoral.
2. Se puede producir una reducción mayoritaria solicitada por los
ayuntamientos para núcleos urbanos disperos donde la Zona de Servidumbre
de Protección (ZSP) del DPMT, pasaría de 100 metros a 20 metros. Es decir,
adelantaría la ocupación urbanística 80 metros al mar en lugares que cumplan
criterios como el abastecimiento de agua o luz. Estas ZSP son competencias de
las Comunidades Autónomas (CC.AA.), lo que agrava aún más esta
modificación legislativa.
3. Se sacan del deslinde del DPMT y, por tanto del uso público, urbanizaciones
junto al mar como Ampuria Brava en Cataluña. Se privatizan buena parte de los
humedales costeros excluyendo del deslinde salinas, esteros e instalaciones
acuícolas.
4. Se facilita la ocupación de la costa en torno a los paseos marítimos,
posibilitando otro proceso renacentista de la burbuja inmobiliaria en la costa,
desafectando los territorios que quedan al interior de los paseos marítimos, tal y
como señala la disposición adicional tercera. No se tienen en cuenta los
impactos socioeconómicos en los municipios que se pueden ver afectados por
este cambio legislativo ni la peligrosidad que puede conllevar para núcleos
urbanos y periurbanos que han construido paseos marítimos sobre cordones
dunares o partes altas de la propia playa. Ya que, estos lugares se han visto
afectados por numerosas inundaciones y daños en los propios paseos que
deben ser costeados por la administración y que pueden conllevar un riesgo
para las personas. Algunos lugares que pueden verse afectados son Blanes,
Palamós, Peñiscola o La Manga.
5. Se favorece el uso privativo y exclusivo en torno a la explotación turística
permitiendo y facilitando fiestas privadas, colocación de publicidad,
instalaciones de chiringuitos por 4 años, cada vez más grandes y cada vez más
juntos.
6. Se permiten arbitrariedades no propias de un Estado basado en el Derecho,
ya que deja imprecisiones técnicas como las recogidas en la Disposición
adicional sexta. Exclusión de determinados núcleos de población del dominio
público marítimo-terrestre, donde se da un listado de núcleos urbanos que se
excluyen del DPMT sin ninguna argumentación técnica. Esta vaguedad
argumental puede constituir un hecho jurídico que fundamente numerosos
casos de indefensión jurídica en otros puntos del litoral lo que, ocasionará un
alto número de procesos judiciales y contenciosos-administrativos que pueden
hacer colapsar la actividad efectiva de las Demarcaciones de Costas.
7. Se olvidan los hechos. La ley está desactualizada ya que en el escenario
actual de Cambio Climático, siendo la costa uno de los lugares más sensibles, se
legisla de espaldas al Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático. Y se
tramitó en el senado esta ley bloqueando las comparecencias de la comunidad
científica como es el caso de Miguel Ángel Losada Catedrático de la
Universidad de Granada o Juan Manuel Barragán, Catedrático de la
Universidad de Cádiz.
http://www.publico.es/455050/la-nueva-ley-de-costas-generara-arbitrariedaddespilfarro-
y-privatizacion-segun-los-ecologistas
PUBLICO
La nueva Ley de Costas generará
ʺarbitrariedad,despilfarro y privatizaciónʺ,según los
ecologistas
El Congreso de los Diputados saca adelante la reforma con la aprobación de las
enmiendas introducidas por el PP en el Senado
La Cámara Baja ha dado luz verde a la polémica reforma presentada por el
Gobierno a la Ley de Costas de 1988 con laaprobación de las
enmiendasintroducidas por el PP en el Senado.
Esta norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE,
prevista en próximos días, a pesar de que Ecologistas en Acción advierte que
podría ʺproducir un caos jurídico que despilfarraría los 180 millones de euros
invertidos en deslindar la costaʺ. ʺLa modificación ha sido realizada a espaldas
de los técnicos, la sociedad y, sobre todo, la naturalezaʺ, añade la asociación,
quienes consideran que ʺArias Cañete pasará a la historia reciente como el
ministro que más dañó el Medio Ambiente.ʺ
ʺLa ley está desactualizada ya que en el escenario actual de Cambio Climático,
siendo la costa uno de los lugares más sensiblesʺ, apuntilla Ecologistas en
Acciónʺ, ya que además ʺse tramitó en el Senado esta ley bloqueando las
comparecencias de la comunidad científica.ʺ
Cronología de la reforma de la Ley de 1988
Fue el pasado 19 de febrero cuando la Comisión de Medio Ambiente del
Congreso aprobó esta reforma con el apoyo del PP, la abstención de CiU, y el
voto en contra de PSOE, IU-ICV-CHA, UPyD, PNV, BNG y Compromís-Equo.
Esta votación se repitió en la ‘segunda fase’ del trámite parlemantario ya en el
Senado el pasado 24 de abril, con la mayoría del PP, la abstención de CiU y la
oposición del resto de los grupos parlamentarios.
Para el ministro Arias Cañete la Ley de Costas de 1988 no había logrado conservar el
litoral
En diciembre, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ya
defendió en el Pleno del Congreso el proyecto de reforma de la Ley, frente a
PSOE, ICV, UPyD, ERC y Compromís-Equo, que pidieron en sus enmiendas a
la totalidad que el texto fuera devuelto al Gobierno, aunque sin éxito, puesto
que fueron rechazadas. Para el ministro, la Ley de Costas de 1988, que se
reforma en este texto, no ha respondido a los fines y objetivos que pretendía
(mantener y conserva el litoral), además de haber fomentado un marco de
inseguridad jurídica para los propietarios y titulares de derechos en la costa.
Desde ese momento ha contado con la oposición de los grupos ecologistas.
Precisamente, este mismo jueves por la mañana, justo cuando comenzaba el
debate de las enmiendas del Senado sobre esta ley un grupo de activistas
de Greenpeace se han encaramado al techo del Congreso para protestar contra
la normativa y han llegado a mostrar una pancarta en la que se podía leer “El
PP vende nuestras costas”. La protesta se ha saldado con ocho detenidos.
Esta reforma incluye entre otras novedades una nueva concesión de 35 años
para los puertos deportivos, o el hecho de que el Estado recupere la
competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias situadas en el
litoral, que antes pertenecía a las comunidades autónomas.
http://www.rtvc.es/noticias/oramas-cc-el-pp-se-ha-olvidado-de-canarias-en-laley-
de-costas-101333.aspx
RTVC
Oramas (CC): El PP se ha olvidado de
Canarias en la Ley de Costas
“Canarias”, explicó Oramas mediante un comunicado, “es la comunidad
autónoma con más kilómetros de costa, con unas especificidades distintas, no
aparece en la ley, pero sí algunos núcleos de otras zonas geográficas”.
Política – 09/05/2013EFE
La diputada de Coalición Canaria (CC), Ana Oramas, expresó hoy, tras la
aprobación de la Ley de Costas, su rechazo a un texto en el que el Partido
Popular (PP) “atiende las singularidades de determinados núcleos del
Mediterráneo y de Formentera, y se olvida deliberadamente de Canarias,
pese a sus promesas electorales y sus compromisos públicos durante su
tramitación”.
“Canarias”, explicó Oramas mediante un comunicado, “es la comunidad
autónoma con más kilómetros de costa, con unas especificidades distintas,
no aparece en la ley, pero sí algunos núcleos de otras zonas geográficas”.
La diputada nacionalista preguntó al PP por las diferencias entre
Formentera y La Palma o Lanzarote, “estamos hablando de miles de
afectados en Canarias con los que ustedes, en campaña electoral y durante la
tramitación de la ley, adquirieron determinados compromisos que no han
cumplido”, añadió.
Oramas agregó que “en Canarias no estamos hablando de chalés con piscina
ni de hoteles afectados en primera línea de mar; estamos hablando de gente
sencilla con sus casas de hace treinta, cincuenta o sesenta años, que habitan
en núcleos vinculados con el mar, con valores etnográficos importantes y
que forman parte de nuestra historia”.
La diputada nacionalista lamentó que el PP no aceptase la enmienda
presentada por los nacionalistas canarios en la que se solicitaba que
“aquellos núcleos afectados por demoliciones que tuvieran aprobada las
operaciones de reposición de viviendas por las administraciones
competentes, se paralizaran los derribos hasta que estuviera realizada esa
reposición y traslado de los ciudadanos”.
“No tienen vergüenza”, concluyó Oramas. “Hablamos de desahucios,
hablamos de situación social de crisis económica y vamos a dedicar dinero a
tirar determinadas viviendas que están aprobadas y en trámite las
reposiciones por parte de las administraciones públicas”.
En esta ley quedan exentos doce núcleos de la Península y un deslinde para
Formentera, pero no se incluye Canarias, la Comunidad con más kilómetros
de costa, pese a las singularidades de muchos de sus núcleos, que ahora
quedarán a expensas de los informes que emita el Gobierno de turno.
http://www.diariovasco.com/agencias/20130509/masactualidad/
sociedad/rechazan-costas-abre-puerta-privatizar_201305091708.html
DIARIO VASCO
Las ONG rechazan Ley de Costas que ʺabre la
puertaʺ a privatizar el litoral
Agencia EFE
Madrid, 9 may (EFE).- Las principales organizaciones ecologistas españolas han
condenado unánimemente la reforma de la Ley de Costas aprobada hoy en el
Congreso por considerarla un retroceso en la protección medioambiental del
litoral y la llave para abrir la puerta a un proceso claro de privatización de las
costas.
Los grupos ecologistas Greenpeace, WWF, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción,
Oceana y el partido verde Equo han ratificado su rechazo total a la reforma que
cambiará de la Ley de Costas de 1988 y que hoy ha pasado su último examen
parlamentario.
Así lo han indicado a EFEverde:
Greenpeace: La ley de costas se ha hecho para desproteger el litoral y el
medioambiente y favorecer los intereses de las empresas constructoras, además
de dar por bueno los años de barbaridades urbanística en el litoral.
WWF: La reforma de la ley de costas significa un retroceso de 40 años en la
protección del litoral y la pérdida de ecosistemas marinos muy sensibles
además de permitir un “boom” en el desarrollo futuro urbanístico de la costa
que nunca volverá a ser lo que conocemos hoy.
Ecologistas en Acción: La reforma es el mayor varapalo medioambiental desde
que existe el ministerio de Medio Ambiente. El Partido Popular ha conseguido
que el ministerio sea la cabeza de la destrucción de las costas española y el
titular de la cartera, Miguel Arias Cañete, pasará a la historia como el ministro
que más daño ha hecho al medio ambiente desde la existencia de la democracia.
Equo: El Gobierno ha convertido la Ley de Costas del año 1988 en un queso
grüyere lleno de agujeros que permite la privatización frente a la protección
pública del litoral.
SEO/Birdlife: La ley de Costas da alas a la privatización del litoral y se están
alargando las concesiones para evitar expropiar propiedades que vulneraban
dicha Ley. Asimismo se alude a una nueva estrategia para luchar contra el
cambio climático que es más retórica que real.
Oceana: Reducir la protección de la costa, acercando el desarrollo urbanístico
hasta casi tocar el agua, es un error que la antigua ley prevenía y que ahora se
pretende cometer. Esta nueva ley es un retroceso legislativo que demuestra una
total ignorancia sobre la dinámica del litoral y falta de visión económica a largo
plazo.
Además, se destruirán ecosistemas costeros que son únicos y que en algunos
casos albergan a especies endémicas, es un sinsentido que ya ha sucedido en el
pasado y que ahora se permitirá legalmente. EFE leer más...

2013 05 09 Noticias costas del despatcho de Ortega

http://www.canariasahora.es/articulo/canarias/el-hotel-oliva-beach-se-salvacon-
la-nueva-ley-de-costas/20130502144938402908.html
CANARIAS AHORA
Canarias | 02 de mayo de 2013 (14:49 h.)
HAY DIEZ PUEBLOS MÁS AFECTADOS
El hotel Oliva Beach se salva con la Ley de Costas
El establecimiento de Corralejo obtendrá una nueva concesión de uso
de hasta 75 años según el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico
Ramos.
La reforma de la Ley de Costas permite que el Hotel Oliva Beach, en Corralejo,
obtenga una nueva concesión de uso de hasta 75 años, según ha indicado el
secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, al senador por
Fuerteventura Claudio Gutiérrez, indica el PP en un comunicado.
Esta posibilidad de la empresa de acogerse a una prórroga la ha conocido el
senador majorero en una reunión celebrada en Madrid en la que también
estuvo presente el director general de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar,
Pablo Saavedra.
El PP de Fuerteventura recuerda que el 12 de abril de 2007 se dictó por el
Ministerio, de mutuo acuerdo con el concesionario, una resolución que
modificaba la Condición Particular 1ª de la Orden Ministerial de 8 de julio de
2003, por la que se otorgó la concesión administrativa, reduciendo la concesión
a diez años desde la resolución.
Además, se añadía que los gastos de demolición, levantamiento y desescombro
de las instalaciones, objeto de la concesión, correrían a cargo de la entonces
Dirección General de Costas y el plazo de vigencia de la concesión vencía el 13
de abril de 2017.
En la reforma de la Ley de Costas, que ya ha sido aprobada por el Senado y
remitida al Congreso, el artículo segundo de la ley establece una prórroga
extraordinaria para las concesiones existentes, otorgadas al amparo de la
normativa anterior y que tendrían que expirar a partir del 2018.
Gutiérrez ha señalado que “fue una solicitud hecha al Ministerio desde el
primero momento y ahora es la empresa la que debe tramitar ante el Ministerio
la ampliación de esta concesión”, y espera “que las autoridades locales y
regionales no pongan trabas para la ampliación de esta prórroga tan importante
para la economía del municipio”.
El senador mantuvo ayer miércoles un encuentro con integrantes de la
Plataforma Salvar el Oliva Beach para trasladarles la información remitida por
el Ministerio cumpliendo “un compromiso que adquirí con estos trabajadores
para llevar a Madrid sus reclamaciones e intentar salvar el Hotel Oliva Beach”.
En el comunicado, los populares han recordado que este mítico establecimiento
hotelero, inaugurado en 1977, emplea a 400 personas y cuenta con casi 2.000
camas y una media de ocupación del 80% anual, con unas 600.000 estancias
cada año.
Por otro lado, el Partido Popular de Fuerteventura ha asegurado no olvidarse
de los barrios costeros de la isla afectados por la Ley de Costas de 1988 y han
indicado que, una vez que se apruebe la reforma de la ley en el Congreso de los
Diputados, tienen prevista una reunión con los afectados y los ayuntamientos.
El objetivo de esta reunión a la que asistirán además del senador majorero, la
senadora por La Palma, María de Haro, y la diputada nacional Celia Alberto, es
dar a conocer el nuevo texto y las posibilidades que ofrece a los propietarios de
las viviendas afectadas por la normativa de 1988.
“A partir de la aprobación de la reforma de la Ley de Costas, los ayuntamientos
dispondrán de tres meses para regularizar sus núcleos costeros amenazados”,
ha asegurado Gutiérrez.
Según los populares, si a los 18 meses de su petición el Ministerio no contesta,
se entenderá que es favorable su legalización.
Jacomar, Puerto Lajas, El Puertito, Los Molinos, Majanicho, Pozo Negro,
Giniginámar, Las Salinas, Ajuy y Cueva La Negra son los principales pueblos
costeros afectados por Ley de Costas del año 1988
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2013/05/08/congreso-rechaza-cambiarley-
costas-pidio-pp-gallego/719908.html
LA OPINION DE A CORUÑA
El Congreso rechaza cambiar la ley de costas como pidió el PP gallego
08.05.2013 | 01:28
REDACCIÓN SANTIAGO El Congreso rechazó ayer tomar en consideración
una propuesta del Parlamento gallego, aprobada por el PP gallego, para
cambiar la ley de costas y reconocer los núcleos marineros tradicionales
gallegos. Su argumento es que la ley se aprobará ya mañana en la Cámara baja
y que los elementos claves de la iniciativa gallega ya se han incorporado a la
norma.
El objetivo de la iniciativa consistía en reformar la ley para que se reconocieran
a los 12.000 asentamientos rurales de población gallegos. “Se trata de una
circunstancia que ha creado indefensión e incertidumbre a las personas y bienes
afectados de 12.000 hogares. Estamos ante construcciones previas a 1988 de
propiedad vecinal que se han visto atrapadas por el limbo jurídico y desde el PP
se ha promovido la modificación de la normativa en una línea coherente”,
defendió el parlamentario gallego del PP Román Rodríguez.
Desde el PSOE, tanto Xosé Sánchez Bugallo como Paloma Rodríguez
denunciaron “las contradicciones e incongruencias intolerables entre el PP en
Galicia y en Madrid” y calificaron de “absoluta farsa la iniciativa.
http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto
abril/politica/noticias/4807711/05/13/Solo-ERC-apoyo-en-el-Congreso-la
iniciativa-del-PP-gallego-sobre-la-Ley-de-Costas-que-rechazo-el-PP
nacional.html
DIARIO EL ECONOMISTA
Sólo ERC apoyó en el Congreso la iniciativa del PP gallego sobre la Ley de
Costas que rechazó el PP nacional
8/05/2013 – 10:37
Sólo los tres diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
apoyaron la noche del martes en el Pleno del Congreso la reforma de la Ley
de Costas pedida por el PP gallego y que fue rechazada incluso por el PP
nacional, según consta en las votaciones individualizadas de la Camara Baja,
recogidas por Europa Press.
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Sólo los tres diputados de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
apoyaron la noche del martes en el Pleno del Congreso la reforma de la Ley
de Costas pedida por el PP gallego y que fue rechazada incluso por el PP
nacional, según consta en las votaciones individualizadas de la Camara Baja,
recogidas por Europa Press
El Pleno del Congreso de los Diputados dedicó las primeras casi dos horas de
la sesión plenaria del martes a debatir una propuesta del Parlamento gallego
para reformar la Ley de Costas de 1988 con idea de proteger una serie de
enclaves de la comunidad.
Esa propuesta ya salió de Santiago de Compostela con el único apoyo del PP
de Alberto Núñez Feijóo, pues tanto el PSdeG como el BNG se negaron en su
día a avalarla, pero en el Congreso se encontró con el rechazo del Grupo
Popular, que prefiere resolver esta cuestión en la reforma de la Ley de Costas
impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y que este jueves concluye su
tramitación en las Cortes Generales.
RECHAZO DEL 93,2%
Pero las votaciones de la sesión plenaria reflejan que el PP gallego no sólo fue
derrotado por el PP nacional, sino que tampoco consiguió el respaldo de
ningún otro grupo parlamentario, pese a que en el trámite de martes
únicamente se discutía si la iniciativa se tomaba o no a consideración, ni
siquiera se trataba de votar su aprobación definitiva.
Así, de 324 diputados presentes, 302 decidieron votar en contra, lo que
supone un rechazo del 93,2 por ciento de los parlamentarios que estaban en la
Cámara. Únicamente los tres diputados independentistas de ERC, adscritos al
Grupo Mixto, decidieron votar a favor, mientras que los nacionalistas vascos
y catalanes, que habitualmente apoyan la toma en consideración de las
iniciativas auspiciadas por parlamentos autopnómicos, optaron por la
abstención.
http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/4809751/05/13/Medio-
Ambiente-senala-que-la-nueva-Ley-de-Costas-prohibe-expresamenteconstruir-
en-dominio-publico.html
Medio Ambiente señala que la nueva Ley de Costas prohíbe
“expresamente” construir en dominio público
8/05/2013 – 18:57
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha
destacado, ante la aprobación este jueves en el Congreso de los Diputados
de la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la
Ley de Costas de 1998, que la nueva norma “prohíbe expresamente” la
construcción en dominio público y en la zona adyacente de servidumbre de
protección.
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Así, valora que el nuevo texto “afronta los problemas que no pudo
solucionar la anterior Ley de 1988 y prohíbe también cualquier incremento
de lo ya edificado. Además, manifiesta que la norma “responde al interés
general del desarrollo económico y la seguridad jurídica de las personas,
siempre que se garantice la protección medioambiental.
Entre las novedades que subraya el Ministerio apunta a la cláusula para
frenar cualquier construcción ilegal antes de que se consolide, e introduce
una estrategia de lucha contra el cambio climático.
Asimismo, hace hincapié en que la ley tiene “como primer objetivo la
protección medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos
urbanos y naturales de las playas, preservando las playas vírgenes al
limitar en ellas tanto las ocupaciones como las actividades, aumentando en
todo caso su protección.
Para el Ministerio, la Ley de Costas “responde única y exclusivamente al
interés general”, a la necesidad del fomentar la actividad económica
sostenible en las zonas litorales (por eso se amplían los plazos máximos de
las ocupaciones), siempre que se garantice la protección medioambiental de
la costa, protegiendo al mismo tiempo los derechos y la seguridad jurídica
de las personas.
En conjunto, la modificación de la anterior Ley de 1988 responde a la
necesidad de resolver problemas históricos del litoral español que aquella
no ha podido resolver. Por ejemplo, se refiere a la “urbanización
descontrolada” en algunos puntos de litoral y que ha supuesto su
degradación.
Para evitarlo, añade el Ministerio en un comunicado, la nueva ley no solo
impide nuevas construcciones, sino que incorpora, entre sus novedades,
una cláusula, la llamada “Antialgarrobicos”, que permite frenar la
construcción ilegal antes de que se produzca, facilitando al gobierno la
suspensión cautelar de la obra a la espera de la decisión judicial.
La Ley defiende también a los ciudadanos que adquirieron legítimamente
una vivienda y que se vieron después desposeídos y la reforma obligará a
inscribir en el Registro de la Propiedad los bienes de dominio público desde
que se inicia un procedimiento de deslinde.
Esta medida había sido reclamada por el Parlamento Europeo, pues esta
situación ha sido objeto de miles de quejas de ciudadanos europeos. El
Ministerio recuerda que la Comisión Europea ha felicitado al Gobierno por
tomar esta y otras medidas que incrementan la seguridad y la confianza en
España.
Otra de las medidas que valora como “esenciales” es la mejora de la
situación jurídica de los antiguos propietarios de bienes en la costa, en
especial de viviendas, que la ley de 1988 expropió. La nueva legislación
prorroga las concesiones de esos ciudadanos hasta un máximo de 75 años.
Finalmente, celebra que esta es la primera ley de Costas que tiene en cuenta
el cambio climático e introduce políticas de lucha contra este fenómeno y
tiene en cuenta un plan de adaptación y la mitigación en el litoral.
Para ello, la ley contempla que en dos años se disponga de un estudio
completo de los efectos del cambio climático en toda la costa española, algo
que, según el Ministerior, “jamás se ha hecho”.
http://www.farodevigo.es/galicia/2013/05/08/congreso-descarta-cambiar-leycostas-
reclamaban-populares-gallegos/806001.html
DIARIO F ARO DE VIGO
El Congreso descarta cambiar la Ley de Costas como reclamaban los populares
gallegos
Redacción – Santiago 08.05.2013 | 07:34
El Congreso rechazó ayer tomar en consideración una propuesta del
Parlamento gallego, aprobada por el PPdeG, para cambiar la Ley de Costas y
reconocer los núcleos marineros tradicionales gallego. Su argumento es que la
ley se aprobará ya mañana en la Cámara baja y que los elementos claves de la
iniciativa gallega ya se han incorporado a la norma.
Desde el PSOE, tanto el diputado autonómico Xosé Sánchez Bugallo como la
parlamentaria nacional Paloma Rodríguez denunciaron “las contradicciones e
incongruencias intolerables entre el PP en Galicia y en Madrid” y calificaron de
“absoluta farsa la iniciativa.
http://www.20minutos.es/noticia/1808782/0/
DIARIO VEINTE MINUTOS
Medio Ambiente señala que la nueva Ley de Costas
prohíbe ʺexpresamenteʺ construir en dominio
público
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha destacado,
ante la aprobación este jueves en el Congreso de los Diputados de la Ley de
Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas de
1998, que la nueva norma “prohíbe expresamente” la construcción en dominio
público y en la zona adyacente de servidumbre de protección.
EUROPA PRESS. 08.05.2013
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha destacado,
ante la aprobación este jueves en el Congreso de los Diputados de la Ley de
Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas de
1998, que la nueva norma “prohíbe expresamente” la construcción en dominio
público y en la zona adyacente de servidumbre de protección.
Así, valora que el nuevo texto “afronta los problemas que no pudo solucionar la
anterior Ley de 1988 y prohíbe también cualquier incremento de lo ya edificado.
Además, manifiesta que la norma “responde al interés general del desarrollo
económico y la seguridad jurídica de las personas, siempre que se garantice la
protección medioambiental.
Entre las novedades que subraya el Ministerio apunta a la cláusula para frenar
cualquier construcción ilegal antes de que se consolide, e introduce una
estrategia de lucha contra el cambio climático.
Asimismo, hace hincapié en que la ley tiene “como primer objetivo la protección
medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales
de las playas, preservando las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las
ocupaciones como las actividades, aumentando en todo caso su protección.
Para el Ministerio, la Ley de Costas “responde única y exclusivamente al interés
general”, a la necesidad del fomentar la actividad económica sostenible en las
zonas litorales (por eso se amplían los plazos máximos de las ocupaciones),
siempre que se garantice la protección medioambiental de la costa, protegiendo
al mismo tiempo los derechos y la seguridad jurídica de las personas.
En conjunto, la modificación de la anterior Ley de 1988 responde a la necesidad
de resolver problemas históricos del litoral español que aquella no ha podido
resolver. Por ejemplo, se refiere a la “urbanización descontrolada” en algunos
puntos de litoral y que ha supuesto su degradación.
Para evitarlo, añade el Ministerio en un comunicado, la nueva ley no solo
impide nuevas construcciones, sino que incorpora, entre sus novedades, una
cláusula, la llamada “Antialgarrobicos”, que permite frenar la construcción
ilegal antes de que se produzca, facilitando al gobierno la suspensión cautelar
de la obra a la espera de la decisión judicial.
La Ley defiende también a los ciudadanos que adquirieron legítimamente una
vivienda y que se vieron después desposeídos y la reforma obligará a inscribir
en el Registro de la Propiedad los bienes de dominio público desde que se inicia
un procedimiento de deslinde.
Esta medida había sido reclamada por el Parlamento Europeo, pues esta
situación ha sido objeto de miles de quejas de ciudadanos europeos. El
Ministerio recuerda que la Comisión Europea ha felicitado al Gobierno por
tomar esta y otras medidas que incrementan la seguridad y la confianza en
España.
Otra de las medidas que valora como “esenciales” es la mejora de la situación
jurídica de los antiguos propietarios de bienes en la costa, en especial de
viviendas, que la ley de 1988 expropió. La nueva legislación prorroga las
concesiones de esos ciudadanos hasta un máximo de 75 años.
Finalmente, celebra que esta es la primera ley de Costas que tiene en cuenta el
cambio climático e introduce políticas de lucha contra este fenómeno y tiene en
cuenta un plan de adaptación y la mitigación en el litoral.
Para ello, la ley contempla que en dos años se disponga de un estudio completo
de los efectos del cambio climático en toda la costa española, algo que, según el
Ministerior, “jamás se ha hecho”.
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/78260/enroca-Ley-Costas
ECOTICIAS
El PP se ‘enroca’ con Ley de Costas
El Pleno del Congreso de los Diputados ha iniciado su orden del día de este
martes con el debate de la toma en consideración de esta proposición de ley
presentada
El PP no va a tomar en consideración en el Pleno del Congreso la proposición
de ley impulsada por su partido en Galicia para modificar la Ley de Costas de
1988, fundamentalmente porque este jueves las Cortes Generales culminan la
reforma de dicha legislación que ha impulsado el Gobierno de Mariano Rajoy.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha iniciado su orden del día de este
martes con el debate de la toma en consideración de esta proposición de ley
presentada por el Parlamento de Galicia que sólo contaba con el respaldo del PP
de Alberto Núñez Feijóo, pues tanto el PSdeG como el BNG se negaron en su
día a avalarla.
El objetivo de esta iniciativa consistía en reformar la Ley de Costas de 1988 para
que se reconocieran a los 12.000 asentamientos rurales de población gallegos a
los que afectó la aplicación de aquella Ley.
“Se trata de una circunstancia que ha creado indefensión e incertidumbre a las
personas y bienes afectados de 12.000 hogares. Estamos ante construcciones
previas a 1988 de propiedad vecinal que se han visto atrapadas por el limbo
jurídico y desde el PP se ha promovido la modificación de la normativa en una
línea coherente”, según ha defendido el parlamentario autonómico gallego del
PP Ramón Rodríguez González.
Ante las críticas de algunos parlamentarios, el diputado nacional del Grupo
Popular, Guillermo Collarte, ha reconocido que existen diferencias con el PP
gallego en materia de Costas pero considera que la reforma que ha promovido
el Gobierno de Mariano Rajoy, que este jueves culmina su tramitación en las
Cortes con la votación de las enmiendas introducidas en el Senado, ya da
respuesta suficiente a las demandas.
“LA FARSA ESPECULATIVA”
Desde el PSOE, tanto el diputado autonómico José Antonio Sánchez Bugallo
como la parlamentaria nacional Paloma Rodríguez han denunciado “las
interesadas contradicciones” y las “incongruencias intolerables” entre el PP en
Galicia y en Madrid” y han calificado de “absoluta farsa especulativa de la
Xunta de Feijoo y del Gobierno de Rajoy” la reforma que el PP hace de la Ley de
Costas.
A su juicio, los cambios impulsados por el Gobierno contradicen la iniciativa
del PP gallego, dejan las costas españolas a merced de la especulación y la
privatización, y ni siquiera incorporan la especificidad de los núcleos costeros
tradicionales de Galicia y sí otros de Valencia, Andalucía o Cataluña”.
En este sentido, Sánchez Bugallo ha recordado que, en el caso de Galicia, la
nueva Ley solo admite a Moaña y ha instado al PP a ampliar la protección a
Marín, Vilaboa, Redes y Palmeira, y sobre todo la de la Illa de Arousa.
Por su parte, la portavoz de IU-ICV-CHA, la catalana Laia Ortíz, ha subrayado
que tanto la proposición de ley del Parlamento gallego como la reforma del
Gobierno salen adelante con el PP “en solitario”, y siempre “en favor de la
especulación inmobiliaria”.
LA PROBLEMÁTICA DE ENCE
Igalmente, desde Alternativa Galega de Esquerdas (ALE-EU), el diputado
autonómico Antón Sánchez, ha reivindicado el derecho de Galicia a proteger su
costa porque, según ha defendido, la gallega no tiene nada que ver con la del
resto del Estado y supone el 35 por ciento del litoral español. Igualmente ha
criticado la política de especulación inmobiliaria que ha mantenido el PP en
materia de costas.
Es más, ha criticado que esta ley se supedite a los intereses industriales, como
los de la empresa ENCE, al que el PP “soluciona la papeleta”, según señala.
A juicio de la nacionalista gallega del BNG, Olaia Fernández Davila, esta
proposición de ley supone “un guante” que el Gobierno recoge en el Parlamento
nacional, de la mano del gallego, para la aprobación este jueves de la nueva Ley
de Costas que se aprueba este jueves, con su voto en contra.
“Esta ley va a hacer posible que una industria contaminante como ENCE pueda
continuar en la ría durante 75 años más cuando teníamos el compromiso del PP
de que se garantizaría que esta empresa, junto con otras contaminantes,
dejarían de tener la concesión administrativa en 2018”, ha agregado.
Sobre este tema, el ‘popular’ Guillermo Collarte, ha criticado la “obsesión
permanente” de la diputada del BNG, Olaia Fernández Davila, sobre la empresa
ENCE, a la vez que ha subrayado que no es cierto que se vaya a producir la
prórroga automática de la concesión de actividades de 75 de años.
Por último, el portavoz nacionalista vasco en la materia, Joseba Agirretxea, ha
anunciado en su intervención que el PNV se abstendrá en la votación porque se
trata de una iniciativa “anacrónica”, que sólo se tenía que haber tratado en
Galicia y este jueves se votan sus enmiendas al Senado.
http://www.elperiodic.com/gandia/noticias/235994_gobierno-pidio-permisodemarcacion-
costas-para-colocacion-palmeras-torres-vigilancia.html
EL PERIODIC
Política
El Gobierno pidió permiso a Demarcación de Costas para la colocación de
palmeras y torres de vigilancia
08/05/2013 | elperiodic.com
“Las leyes están para cumplirse, cierto, pero deben ser iguales para todos”. De
esta forma, el consejero delegado de Turismo, Javier Reig, ha recordado a la
socialista Diana Morant que “es lógico que el Gobierno de Gandia no se
conforme cuando la ley se aplica de una manera para unos y de otra para otros”
por ello –ha continuado Reig- lo verdaderamente responsable sería que cuando
el alcalde de Gandia reivindique el mismo trato para los chiringuitos o las
palmeras que en otros lugares de España “todos los miembros de la oposición
estuvieran al lado de su alcalde, de su ciudad, para reivindicar aquello que
beneficia a esta ciudad, y lo irresponsable es venir únicamente a criticar lo que
hace este Gobierno que siempre lo hace en beneficio de todos sus ciudadanos”.
El Gobierno no entiende que el PSOE de Gandia salga a criticar los chiringuitos
y no diga nada de la discriminación que sufrimos en la playa porque no la pisa,
prefieren otras playas o porque siguen las consignas de su jefe, el socialista
Ximo Puig, que está en contra de la Ley de Costas y contra los chiringuitos, ha
matizado el responsable turístico del Ayuntamiento de Gandia.
Reig ha recordado que la actual playa de Gandia es la que “ha permitido el
PSOE que es quien ha gobernado durante los últimos 28 años esta ciudad” y ha
alabado que “al fin se acuerden de que la playa existe”.
Respecto a los chiringuitos, el titular de Turismo ha explicado que “siempre se
han barajado fechas y la última que se dio fue junio” y ha añadido además que
“no existe ninguna reclamación por parte de los adjudicatarios de los
chiringuitos. No se ha engañado a nadie en la subasta porque sabían
perfectamente las condiciones” por lo que ha invitado a Diana Morant a “hablar
con conocimiento de causa antes de alarmar con noticias falsas”. Es más, desde
hace días que se están llevando a cabo tareas de limpieza y desescombro de los
chiringuitos afectados por el turbonado. El próximo lunes se acometerán ya el
resto de obras y en diez o doce días estarán en perfecto estado, cumpliendo así
la fecha de junio que en su día anunciamos”.
En cuanto a la ausencia de los permisos para ubicar palmeras en la playa de
Gandia, el Gobierno ha mostrado el documento donde el alcalde solicitó el
permiso a la Demarcación de Costas con fecha 21 de marzo de 2013 y un mes
después, el 25 de abril, se comunica que se incoa un expediente por la
colocación de las palmeras, que ha sido recurrido, y en donde figura el valor de
las mismas que asciende a 17.640 euros.
Por último, Reig ha lamentado que el PSOE siempre salga a criticar cosas
cuando el Gobierno ha organizado alguna actividad con éxito como lo ha sido
la Fira del Motor o la Feria de Abril.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/05/08/arregui-queremosquedarnos-
pontevedra-nueva-ley-costas-vemoscerca/
00031368005784901176552.htm
LA VOZ DE PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
Arregui: «Obviamente no estamos haciendo las cosas para irnos dentro de dos o
tres años»
El presidente de Ence visita Pontevedra y se muestra convencido de que el
cambio de legislación favorecerá la permanencia del complejo en la ría más allá
del 2018
CHRISTIAN CASARES
Pontevedra 08 de mayo de 2013 17:04
“Nuestro objetivo es invertir en Galicia. Cuando yo entré, este era el centro mas
rentable, hoy no”, dice Juan Luis Arregui, el presidente de Ence sobre la planta
de ubicada en la ría de Pontevedra, que asume que la falta de inversión en los
últimos años ha sido decisiva para ese escenario. Pero hoy, en la firma de un
acuerdo entre Arregui y el presidente de laDiptuación, Rafael Louzán, para
subvencionar diez becas, el presidente de la compañía ha dicho que cree que se
invertirá esa tendencia. Y todo merced a la nueva Ley de Costas, que se
aprueba mañana definitivamente, y que contempla la posibilidad de prorrogar
concesiones en hasta 75 años.”Queremos quedarnos en Pontevedra”. “Creemos
que con la nueva Ley de Costas tendremos cabida”. “Lo vemos más cerca”, ha
dicho Arregui, que ha apuntalado: “Obviemante no estamos haciendo las cosas
para irnos dentro de dos años o tres años?.
Aunque la postura oficial de la Xunta de Galicia en los útlimos años ha sido la
de un traslado de la pastera, Arregui ha rechazado esa posibilidad
por inviable. La última palabra la tiene la Xunta, con su informe preceptivo,
incluso con la nueva legislación, pero el presidente de Ence ha explicado que
están en contacto con la Consellería de Medio Ambiente.
Rafael Louzán, presidente también del Partido Popular en la provincia, ha
dicho que la postura del PP “es la que es”, pero se ha mostrado favorable a que
la pastera “continúe creando riqueza por muchos años”. “Hoy se confirma que
Ence tiene la mirada puesta en Pontevedra. Esta generando riqueza. Hay quien
lo ve de una manera y quien de otra”, ha dicho Louzán.
Arregui ha destacado las mejoras medioambientales de la planta de Lourizán
en los últimos años. “Hay malestar y dudas, pero nuestras puertas están
abiertas. Los datos estan en la Red”, explicó Arregui sobre los índices de
contaminación de la pastera. Anticipó, asimismo, que se reducirá el impacto
oloroso y le emisión de vapores de la factoría en Lourizán.
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Medio-Ambiente-Ley-Costasexpresamente_
0_1600725585.html
INFORMATIVOS TELECINCO
Medio Ambiente señala que la nueva Ley de Costas prohíbe “expresamente”
construir en dominio público
08.05.13 | 18:05h. EUROPA PRESS | MADRID
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha destacado,
ante la aprobación este jueves en el Congreso de los Diputados de la Ley de
Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas de
1998, que la nueva norma “prohíbe expresamente” la construcción en dominio
público y en la zona adyacente de servidumbre de protección.
Así, valora que el nuevo texto “afronta los problemas que no pudo solucionar la
anterior Ley de 1988 y prohíbe también cualquier incremento de lo ya edificado.
Además, manifiesta que la norma “responde al interés general del desarrollo
económico y la seguridad jurídica de las personas, siempre que se garantice la
protección medioambiental.
Entre las novedades que subraya el Ministerio apunta a la cláusula para frenar
cualquier construcción ilegal antes de que se consolide, e introduce una
estrategia de lucha contra el cambio climático.
Asimismo, hace hincapié en que la ley tiene “como primer objetivo la protección
medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales
de las playas, preservando las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las
ocupaciones como las actividades, aumentando en todo caso su protección.
Para el Ministerio, la Ley de Costas “responde única y exclusivamente al interés
general”, a la necesidad del fomentar la actividad económica sostenible en las
zonas litorales (por eso se amplían los plazos máximos de las ocupaciones),
siempre que se garantice la protección medioambiental de la costa, protegiendo
al mismo tiempo los derechos y la seguridad jurídica de las personas.
En conjunto, la modificación de la anterior Ley de 1988 responde a la necesidad
de resolver problemas históricos del litoral español que aquella no ha podido
resolver. Por ejemplo, se refiere a la “urbanización descontrolada” en algunos
puntos de litoral y que ha supuesto su degradación.
Para evitarlo, añade el Ministerio en un comunicado, la nueva ley no solo
impide nuevas construcciones, sino que incorpora, entre sus novedades, una
cláusula, la llamada “Antialgarrobicos”, que permite frenar la construcción
ilegal antes de que se produzca, facilitando al gobierno la suspensión cautelar
de la obra a la espera de la decisión judicial.
La Ley defiende también a los ciudadanos que adquirieron legítimamente una
vivienda y que se vieron después desposeídos y la reforma obligará a inscribir
en el Registro de la Propiedad los bienes de dominio público desde que se inicia
un procedimiento de deslinde.
Esta medida había sido reclamada por el Parlamento Europeo, pues esta
situación ha sido objeto de miles de quejas de ciudadanos europeos. El
Ministerio recuerda que la Comisión Europea ha felicitado al Gobierno por
tomar esta y otras medidas que incrementan la seguridad y la confianza en
España.
Otra de las medidas que valora como “esenciales” es la mejora de la situación
jurídica de los antiguos propietarios de bienes en la costa, en especial de
viviendas, que la ley de 1988 expropió. La nueva legislación prorroga las
concesiones de esos ciudadanos hasta un máximo de 75 años.
Finalmente, celebra que esta es la primera ley de Costas que tiene en cuenta el
cambio climático e introduce políticas de lucha contra este fenómeno y tiene en
cuenta un plan de adaptación y la mitigación en el litoral.
Para ello, la ley contempla que en dos años se disponga de un estudio completo
de los efectos del cambio climático en toda la costa española, algo que, según el
Ministerior, “jamás se ha hecho”
http://www.teleorihuela.com/2013/05/07/orihuela-advierte-a-costas-que-partede-
las-casas-dentro-del-deslinde-del-dominio-publico-maritimo-terrestre-queejecuta-
costas-son-viviendas-consolidadas-y-legales/
TELE ORIHUELA
ORIHUELA ADVIERTE A COSTAS QUE PARTE DE LAS CASAS DENTRO
DEL DESLINDE DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE QUE
EJECUTA COSTAS SON VIVIENDAS CONSOLIDADAS Y LEGALES
[07/05/2013]
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la propuesta de permuta del Palacio
de Justicia que se ha remitido hoy mismo a la Conselleria
La Junta de Gobierno Local (JGL) ha dado cuenta hoy de la advertencia hecha
por el departamento de Planificación a la Servicio Provincial de Costas que está
ejecutando la marcación del dominio público marítimo terrestre en la franja
costera de Orihuela, iniciada desde el linde con Torrevieja, en Punta Prima, a
petición del Ayuntamiento. Según ha dicho la portavoz municipal y edil de
Planificación, Antonia Moreno, se ha advertido a Costas de que en una zona de
Campoamor existen “viviendas consolidadas con el plan general actual e
incluso están fijadas en un plan de 1978 y que están de acuerdo con el
planeamiento antiguo”, a pesar de que se quedan dentro de la franja de reserva
de 100 metros desde la línea de pleamar hacia el interior, según establece la Ley
de Costas. Algunas viviendas están incluso a 20 metros del mar, pero se ajustan
al planeamiento y tienen licencia de obras, según la Concejala, por lo que
deberían ser incluidas dentro del dominio público sin mayor problema.
También se ha aprobado la propuesta de convenio de permuta con la
Conselleria de Justicia de la actual sede de los juzgados -de titularidad
municipal- por el edificio donde se ubicaron hasta 2005, más otras
contraprestaciones. Hoy mismo se ha remitido la propuesta al titular de la
Conselleria, Serafín Castellano, para que tome conocimiento del mismo.
Además, la JGL ha declarado servicio esencial, urgente y extraordinario y
prioritario, dadas las fechas, los que se establecen por los auxiliares de
protección civil y vigilancia forestal y prevención de incendios en verano “con
el fin de poder atender este tipo de vigilancia”, según Moreno.
La portavoz ha relatado finalmente las certificaciones y relaciones de facturas
diversas, como una de 14.000 euros de Aseo Urbano u otra de Turismo por
22.000 euros, la del combustible del Ayuntamiento de 12.800 euros, la
certificación de la empresa que realiza las actividades y talleres del Centro de
Mayores de 20.000, la del comedor y lavandería del Centro Oriol de 17.800
euros y certificaciones del servicio de grúa, escuelas infantiles, de transporte
universitario y con Orihuela Costa, de la empresa de desinfección y
desratización, etc.
Finalmente, se han aprobado ayudas extraordinarias de Bienestar Social por
9.300 euros y dos convenios de colaboración con las comisiones de fiestas de
Entrenaranjos, por un importe de 3.000 euros, y Torremendo, por 12.000.
http://www.20minutos.es/noticia/1808534/0/
DIARIO VEINTE MINUTOS
ENCE se muestra “más tranquila” con la nueva Ley de Costas y Louzán
considera “inviable” el traslado de la ría en 2018
El alcalde de Pontevedra considera que el PP se “quitó la careta”
EUROPA PRESS. 08.05.2013
El presidente de ENCE, Juan Luis Arregui, ha admitido que la factoría no
maneja otro escenario que no sea permanecer en su actual emplazamiento en la
Ría de Pontevedra, incluso más allá de 2018, cuando finaliza la actual concesión
para el emplazamiento de la pastera. Además, tanto él como el presidente de la
Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, han asegurado que es “inviable” el
traslado.
Con motivo de la firma de un convenio entre Ence y la Diputación de
Pontevedra, Arregui ha reconocido, ante el presidente provincial, Rafael
Louzán, que “hoy están más tranquilos” con la nueva Ley de Costas, que se
aprobará definitivamente este jueves, y que contempla la posibilidad de
ampliar las concesiones en terreno marítimo-terrestre en 75 años, como
sucedería para el caso de la fábrica de celulosa.
El máximo responsable de la compañía pastera reconoció que “es determinante”
para esta continuidad el informe que debe emitir la Xunta, pero apuntó que
para lograr el visto bueno del Gobierno gallego, Ence realizará una fuerte
inversión en la mejora tecnológica de la fábrica de Lourizán. “Hemos invertido
mucho en Navia y en Huelva y ahora es el turno de Pontevedra”, ha señalado.
“Estamos haciendo bien nuestro trabajo, pero el Estado dirá”, dijo, para a
asegurar, a renglón seguido, que “técnicamente” es la “la empresa más limpia
del mundo”. En este sentido, Arregui afirmó que “hoy nadie puede decir que
Pontevedra huele (mal)” y anunció que, además, del proyecto para la mejora
estética de la fábrica, la empresa reducirá las emisiones de vapor en un 90 por
ciento.
“No tengo ninguna duda de que Pontevedra nos quiere más que hace siete
años”, ha señalado, tras reconocer que “es verdad que, probablemente, Ence no
ha hecho bien las cosas”, al respecto del complejo industrial de Lourizán, hace
siete años, fecha en la que el actual consejo se hizo cargo de la empresa.
Además, Arregui adelantó que con la Ley de Costas en la mano, Ence no
descarta recuperar el proyecto de la planta de biomasa que rechazó la Xunta en
su día y que se ubicaría dentro del actual complejo industrial. En todo caso,
pase lo que pase con la nueva normativa y el informe de la Xunta, el presidente
de la compañía ha insistido en que el traslado es “inviable”.
Louzán cree el traslado “inviable”
Por su parte, el presidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Louzán, ha
afirmado que espera que la empresa “continúe generando riqueza en
Pontevedra durante muchos años”.
Louzán afirmó que “hoy se confirma que ENCE tiene la mirada puesta en
Pontevedra”. “Hay quien lo ve de una manera y quien de otra, pero ENCE
genera actividad económica, empleo y riqueza en la ciudad, en la comarca y en
Galicia y eso es muy importante”, ha manifestado.
“Se han propuesto alternativas que no son viables ni empresarial ni
económicamente”, dijo Louzán, pese a que el PP y la Xunta han apostado hasta
ahora por un traslado de la compañía a otro emplazamiento lejos de la ría.
Además, el presidente de la Diputación coincidió con el máximo responsable de
ENCE al recordar que la Xunta “tendrá la última palabra”. Con todo, ha
apuntado que “hay que ser objetivos y ver las cosas con el interés de que sean
beneficiosos para Pontevedra”, y ha señalado que, a partir de ahí, “se tomará la
decisión que mejor corresponda”.
Todo ello, tras destacar que el papel del PP en este asunto ha sido “muy digno”,
porque fueron “los únicos que propusimos alguna alternativa”.
“Yo fui el culpable de decir que Ence se podía trasladar”, reconoció Arregui,
quien relató que eso ocurrió “al poco de llegar” y porque entendía que “se podía
hacer”. De ahí, ha dicho, que se haya “pensado, trabajado y gastado mucho
dinero” en estudios.
“Ence está trabajando no sólo para generar beneficio económico, sino para
mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y de todas las personas que
vivimos en su entorno”, afirmó Rafael Louzán. “Estoy convencido de que
cumplirá con las exigencias medioambientales que se recogen en la nueva Ley
de Costas”, ha concluido.
Lores cree que el pp “acaba de quitar a careta”
Ante las declaraciones del presidente de la Diputación de Pontevedra, el alcalde
de la ciudad, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, ha asegurado que el
PP se “acaba de quitar la careta”.
“No nos sorprende”, ha afirmado, en todo caso, el regidor pontevedrés, quien
ha señalado que “si alguien tenía alguna duda de que el PP está por que ENCE
se quede en Lourizán, acaban de quitarse la careta definitivamente”. leer más...

2013 05 07 Noticias costas del despatcho de Ortega

http://www.canariasahora.es/articulo/la-palma/ordenan-derribar-unaconstruccion-
en-los-sauces/20130505210405403174.html
CANARIAS AHORA
VÍA LIBRE AL AYUNTAMIENTO
Ordenan derribar una construcción en los Sauces
N. R.
La edificación tenía una antigüedd de 25 años y hasta ahora el TSJC había
evitado su demolición
La Sala Segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado
vía libre al Ayuntamiento de San Andrés y Sauces para que proceda al derribo
de una construcción situada en el litoral del municipio del norte de La Palma.
El TSJC había aceptado en el pasado mes de octubre una petición de
suspensión cautelar de la demolición solicitada por el dueño de esta propiedad
alegando que el inmueble tenía 25 años de antigüedad. De ser cierto este dato se
hubiese construido justo el mismo año que entró en vigor la Ley de Costas y por
lo tanto podía haberse acogido a las excepciones de esta legislación. Sin
embargo, la Sala estima ahora los argumentos de la Corporación local y subraya
que esta “caseta” se ubica en un espacio libre público y zona de servicio de
protección del dominio marítimo terrestre.
Por lo tanto, el juez Pedro Cordobés deja sin efecto la anulación temporal del
derribo y recuerda que “cuando se trata de obras que no constituyen domicilio
y son ilegalizables a tenor del planeamiento urbanístico, no procede la
suspensión cautelar”. Además, el TSJC considera que el propietario no ha
podido demostrar que efectivamente el inmueble tenga una antigüedad de 25
años, lo que hubiese dado lugar a la caducidad de las infracciones.
“Este argumento no puede ser estimado cuando el informe municipal desvela
que la construcción se efectuó sobre espacio libre público. Por ello aunque
estuviera prescrita la infracción, no podrá aprovecharse de ninguna
prescripción al objeto de mantener la edificación”. El TSJC recuerda que “en
ningún caso” es posible dejar de adoptar las medidas de restablecimiento de la
legalidad, “las cuales deberán ordenarse aún cuando no proceda exigir la
responsabilidad por infracción a este texto refundido”.
Precisamente, el tramo del litoral situado en Puerto Espíndola, en este
municipio, ha sido otro de los más complicados de Canarias a la hora de aplicar
la Ley de Costas. En este punto se decretó en el año 2010 la declaración de
necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del
proyecto de acondicionamiento del litoral y en el que se han visto expropiados
algo más de 2.000 metros cuadrados. En concreto se han ocupado cuatro
parcelas en la zona: una de 300 metros cuadrados, otras de 519, una tercera de
559 y una cuarta de 622 metros cuadrados.
http://www.elperiodicodeaqui.com/noticias/El-Gobierno-prorrogaconcesioneschiringuitos-
deplayaValencia-hasta-que/41936
EL PERIODICO DE AQUI
URBANISMO
El Gobierno prorroga las concesiones de los chiringuitos
de la playa de Valencia hasta que se apruebe la Ley de
Costas
La alcaldesa visita los negocios y les da la
enhorabuena
“Tengo una gran alegría y satisfacción por estar compartiendo la esperanza y
alegría de todos los dueños de los chiringuitos, tanto de la playa de La
Malvarrosa como de El Saler y Pinedo”. La Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá,
ha visitado el Paseo Marítimo para compartir con los propietarios de los
restaurantes de las playas valencianas la prórroga automática y sin plazo de
término, hasta que se apruebe la Ley de Costas, de sus concesiones de
explotación de los locales, anunciada ayer por la Delegada del Gobierno en la
Comunidad Valenciana.
Precisamente, Barberá ha acudido a la playa, junto a la Delegada del Gobierno,
Paula Sánchez de León, y el Conseller de Gobernación, Serafín Castellano, así
como de la Concejala de Playas y Sanidad, Lourdes Bernal. El encuentro ha
contado también con la presencia de los representantes profesionales y legales
de los hosteleros afectados.
La Alcaldesa ha manifestado su contento “por la solución definitiva a este tema
que arrastrábamos desde 2009, cuando levantamos la bandera junto a los
propietarios y empezamos a trabajar conjuntamente”.
En este contexto, Barberá se ha dirigido a los dueños de los locales, y les ha
explicado que hoy “hemos visto culminado como el Gobierno de Mariano
Rajoy, el Gobierno del PP, ha devuelto a los dueños de los chiringuitos lo que el
Gobierno socialista les quitó: el espacio, la esperanza, las expectativas… en
definitiva, su capacidad de dinamizar económicamente esta zona y atraer a más
turismo. Les ha devuelto la tranquilidad, la estabilidad, y la seguridad jurídica
de poder continuar trabajando, que es lo que quieren: trabajar, crear empleo,
mejorar la ciudad y atender a los valencianos y a nuestros visitantes aquí en la
mar”.
La Alcaldesa les ha dado la enhorabuena y les ha deseado “lo mejor: que se
acojan bien a esa seguridad jurídica que da la prórroga que ha facilitado el
Gobierno de Mariano Rajoy, que empiecen a remozar las instalaciones, a
mejorarlas, a invertir de nuevo para que nuestras playas sigan en los primeros
lugares”. En este sentido, ha citado a la prestigiosa guía turística ‘Loney Planet’,
que señala nuestra costa como una de las 10 más atractivas del mundo para
visitar”.
Finalmente, se ha dirigido de nuevo a todos los afectados: “queda en vuestras
manos el trabajo”, y se ha mostrado satisfecha “porque lo hemos hecho bien,
esforzándonos todos a la vez para vivir este día de alegría con todos los
propietarios, para crear riqueza y empleo, que es lo más importante”.
Como es conocido, la nueva legislación sobre Costas se votará este mes en el
Congreso y, posteriormente, deberá desarrollarse el reglamento con los nuevos
plazos de la concesión.
http://www.granadadigital.com/la-semana-del-lobo-de-la-ley-de-costas-a-laley-
de-derribos-de-un-bendito-promotor-322442/
GRANADA DIGITAL
Francisco Barajas | La semana del lobo | Opinión
La Semana del Lobo (De la Ley de Costas a la Ley de Derribos de un bendito
promotor)
Lunes, 06/05/13 8:43
Francisco Barajas
De la Ley de Costas a la Ley de Derribos de un bendito promotor
29 de Abril de 2013: Con la nueva Ley de Costas, las costas cuasi desaparecen,
lo que es un gran acierto porque no hay que cuidarlas ni defenderlas de los
ataques de la piratería tan canalla, turistas güenas exógenas con las tetas al aire,
construcciones masificadas y chiringuitos altaneros que dan cervezas rubias y
frescas sin tapas a precio singular de 4 euros la tirada. Hacer un bloque de mil
alturas, más bajos comerciales, ya se puede hacer en el mismo rompeolas. Un
acierto del PP. Será para contener el mar, eso, si siguen los casquetes polares
derritiéndose por la labor insensata del hombre que contamina feroz. Y mismo
se va a poder construir en la atmósfera terrestre española, y porque el PP quizá
también cambie la Ley de Atmósferas. ¿Y construir sobre las copas de los
árboles de los bosques? ¿Y construir adosadas en el Cielo, y a la diestra de Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo?
30 de Abril de 2013: El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de
Granada, por boca de su concejala doña Raquel Ruz, amable y de forma
enérgica le solicita al alcalde, don José Torres Hurtado del PP por siempre
bendito y alabado, que “redefina” el Día de la Cruz. La edila socialista aduce
que la venida a menos de la “gran cogorza” del Día de la Cruz se debe a la
supresión por parte del PP, hace ya ocho luengos años, de las barras
tradicionales en calles y plazas granatensis. Será verdad. Y dado, eso, que al
personal lo que más le molaba eran las borracheras urbanas tan enormes que en
este día se veían en todos lados como una marea alcohólica. O sea, que lo de
que el alcalde “redefina” el Día de la Cruz, será volver simplemente a las barras
tradicionales para que el personal coja unas “peas” de escopeta y perro que le
laman los perros el hocico. ¡Redefinir es molón!
1 de Mayo de 2013: El Día del Trabajo, o la jornada que sea en estos estadios
temporales en los que el trabajo es un lujo que poseen algunos trabajadores con
suerte. Quizá el Día de la Vergüenza del Trabajo. Eso. Ahora mismo, hasta las
centrales sindicales, como UGT y CCOO, hacen ERE y echan a la puta calle a
algunos de los trabajadores que laboran para estos sindicatos. ¿De clase? Creo
que no son de clase. Son sindicatos que están podridos de funcionarios bien
acomodados que despiden a otros trabajadores de sus plantillas que no son
funcionarios como los que mandan en UGT y CCOO. La óptica sindical ha
cambiado en 30 años, esto es, y de ser casi lo que deberían de ser los sindicatos
de clase a ser unas empresas capitalistas con patrimonios y beneficios
económicos. Nunca jamás han estado los trabajadores más desprotegidos que
en la actualidad, y esto se lo debemos a los sindicatos. No nos equivoquemos. El
futuro para los trabajadores, parece que pasará por un nuevo esclavismo.
2 de Mayo de 2013: Nos mola la joven dama Talegón, doña Beatriz, secretaria
general de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas (UIJS), y porque aduce
por su bella boca de comer y de hablar interesantes y sensatos comentarios
sobre su partido, el PSOE, y sobre otras cuestiones políticas que se producen en
estos pagos hispanicus. Nos mola lo que ha expresado la joven y esplendorosa
dama socialista, y que ha afirmado que más vale “equipo e ideas en vez de
líderes”. Estamos totalmente de acuerdo con ella. Y ya que el señor Pérez
Rubalcaba, don Alfredo del PSOE, no está conectado con la mayoría de los
socialistas. Ni con los indecisos que son los que votando hacen ganar elecciones.
Y también nos mola cantidad, cierto, que la dama Talegón se presente a las
primarias que parece que se van a producir en el PSOE para elegir a sus
mandamás. Yo votaría a la dama Talegón, pero como no soy del PSOE me
conformo con que la voten los suyos.
3 de Mayo de 2013: Hoy es el Día de la Cruz3 (al cubo). Y ya que el “latazo o
coñazo” de las sevillanas, los rebujitos, la manzanilla y demás van a durar este
viernes, mañana sábado y el próximo domingo. Tres días de borrachera total.
Me dice un compañero, que lo del “pero con unas tijeras hincadas” es para
ahuyentar los “peros” que siempre se le ponen a todas las cosas en Granada.
Pero a mí, me habían dicho que es para que el mal de ojo desaparezca o para
que la mala suerte se evapore. ¡Vaya usted a saber…! Hoy es ese día en el que
hay que divertirse por güevos molineros, y coger una melopea de tres pares de
eso. Pues no están los tiempos como para gastarse la “yesca” en vino de forma
muy alegre. No. Y como no queremos influir en que ustedes no se vistan de lo
que les parezca bien y las damas de faralaes, que se lo pasen “chachipé”. Y el
lunes a trabajar, los que tengan trabajo. Me voy a comprar claveles, son para
una amiga con derecho roce.
4 de Mayo de 2013: El Ayuntamiento de Granada y la empresa Rober, la
concesionaria del transporte público de nuestra ciudad, ya han llegado a un
nuevo acuerdo económico con un novedoso convenio en el que son los
trabajadores los que pierden un 10% de su salario. Esto es. Y así lo han
denunciado los dos grupos municipales del PSOE e IU en la oposición en la
Casa Bailía. Aunque también aduce la noble y leal oposición, que la empresa no
perderá porque subirá el precio de los billetes. Lo de siempre, y ya que siempre
son los trabajadores y los usuarios los que pagan los platos rotos. Las empresas
nunca pierden. ¿Y cómo es eso de que las empresas nunca pierden? ¿Habrá
presunto juegos malabares por debajo de cuerda? Los juegos malabares, eso,
siempre han sido y son ejecutar unas cosas artísticas como poner la mano y
esconder los euros en las buchacas propias de vaya usted a saber. ¡Ay Señor!
Que difícil es eso de gobernar y administrar como los dineros del sacristán, esos
que cantando se vienen y cantando se van. ¡Andar es caminar al futuro!
5 de Mayo de 2013: Bendita y alabada, el PSOE de Armilla también, sea la
promotora del Centro Comercial Nevada. Eso. Y ya que en vez de sopa en lo de
derribar lo ilegal, va a derribar con platos más hondos de sopa de lo que marca
la Ley. ¡Dios Mío! Que sean benditos y alabados. Y ya que son muy buenos, el
empresario del Centro Comercial Nevada y los socialistas de Armilla, que pan
bendito. El empresario que tira más de lo ilegal que le corresponde, esto es, irá a
la Gloria a la derecha de Dios. Y los socialistas de Armilla, dejarán de ser un
“clan” para convertirse en una ONG al servicio del pueblo soberano. ¡Qué
Grande eres Dios! Y por siempre, Tú también seas Bendito y Alabado. Tú has
realizado el milagro portentoso del empresario generoso y del partido político
socialista anticorrupto y también más generoso de todo el orbe conocido.
¡Estamos salvados con el PSOE de Armilla y con el promotor del Centro
Comercial Nevada! A los altares con ellos, y por benditos y alabados. ¿Se podrá
poner una casa de señoritas casquivanas en la Vega?
http://www.laopinion.es/tenerife/2013/05/07/comision-cuidadana-proponezonas-
nudistas-costa/473959.html
LA OPINIÓN DE TENERIFE
La Laguna
La Comisión Cuidadana propone zonas nudistas en la costa
Pide que se eliminen las restricciones horarias al baño y que se sancione la
limpieza de pescado en la nueva ordenanza de playas y piscinas del
municipio
07.05.2013 | 02:48
LAURA DOCAMPO La Comisión Ciudadana para la Convivencia presentó
ayer un documento con 21 alegaciones a la nueva ordenanza de playas y
piscinas en el que propone habilitar zonas para nudistas que estén debidamente
señalizadas en determinadas zonas de baño del municipio. La Comisión,
presidida por el periodista José Carlos Marrero e integrada por representantes
vecinales, grupos de mayores, asociaciones juveniles, representantes de la
Universidad de La Laguna y diversas ONG, reivindica que la norma “estudie si
el nudismo será una práctica permitida en La Laguna” y apunta que “si se
estimase oportuno se haga, por ejemplo, en las playas de menor afluencia de
público”.
En paralelo, también piden que se añada la prohibición de la limpieza de
pescado en las zonas de baño, ya sea “el escamado y arreglo, así como el
depósito de los desperdicios de los mismos y su preparación culinaria”.
Además de estas sugerencias, el documento firmado por Marrero y Francisco
Haro, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) de Aguere
y secretario de la Comisión Ciudadana, incluye otras 20 alegaciones a la
normativa, aprobada en el pleno del pasado 29 de abril que hasta ayer estuvo
en periodo de información pública.
En general, la comisión recomienda aportar mayor claridad en la redacción del
texto, sobre todo en el apartado de prohibiciones. Sobre el horario de playas,
considera que “no se adapta a la realidad de las Islas” y proponen ampliarlo
media hora en invierno (noviembre-marzo) para que comience a las 10:00 y se
extienda hasta las 18:00 horas; y dos horas y media en verano, para que en vez
de abarcar de 10:30 a 20:00 horas lo haga de 9:00 a 21:00 horas.
Además, plantea que este horario “no supone que se prohiba el baño, sino que
en ese caso los bañistas están bajo su exclusiva responsabilidad”. En este
sentido, proponen que la ordenanza incluya las zonas que contarán con servicio
de socorrismo, pues serán estas en las que se aplique el horario de playa.
Sobre las sanciones que se fijan para quienes decidan bañarse fuera del horario
establecido para los servicios de salvamento y socorrismo, recuerdan que la Ley
de Costas establece que “la utilización del mar será libre, pública y gratuita para
pasear, bañarse o navegar”.
En relación a la prohibición de jugar a las palas o al fútbol en las playas, piden
que se instalen carteles informativos en aquellas zonas en la que no esté
permitido. Respecto al artículo dedicado a regular los kioscos, en el que se
establece que deben servir las bebidas en “vasos de un solo uso”, la Comisión
plantea que se modifique o se suprima esta cláusula porque alegan que no
queda claro a qué tipo de recipiente se refiere.
Asimismo, rechazan que se prohiba dejar sombrillas y parasoles por la noche
para reservar espacio en la costa bajo, que se prohiba emitir ruido cuando el
municipio no cuenta con una ordenanza que regule este tema o que se
establezca como obligatorio reciclar los residuos, cuando la comisión entiende
que debe ser “una sugerencia”.
Sobre la práctica de la pesca, apuntan que las zonas donde está permitida se
definen en la Ley de Pesca regional y difieren con las establecidas en la
ordenanza, y que se prohíbe la acuicultura, cuando su regulación es
competencia del Cabildo y el Gobierno canario.
El área de Servicios Públicos, que dirige el socialista Javier Abreu, deberá
decidir si modifica la ordenanza para incluir las alegaciones de la Comisión
Ciudadana. De ser así, la norma deberá ser llevaba de nuevo a pleno para su
aprobación.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/05/07/industriaestudiara-
planes-biomasa-presente-ence/0003_201305P7C5991.htm
LA VOZ DE PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
Industria estudiará los planes de biomasa que presente Ence
Valorará «no seu momento» las proyectos que se desarrollen en Galicia
NIEVES D. AMIL
pontevedra / la voz 07 de mayo de 2013 05:00
Ence se agarra a la Ley de Costas para su supervivencia en la ría de Pontevedra,
pero el informe ambiental del Gobierno central será decisivo para ver si se
perpetúa en Lourizán más allá del 2018, fecha en la que caduca su concesión.
Con la normativa en la mano, el conselleiro de Economía e Industria, Francisco
Conde, ni ató ni desató sobre el futuro de la pastera en su visita al Espacio
Emprendedor de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), en Pontevedra.
Recalcó que su departamento estudiará los proyectos de biomasa que Ence
quiera desarrollar en Galicia. «O que é unha hipóteses de traballo é moi difícil
de valorar», señaló Conde sobre la posibilidad de que Ence levantase una
planta de biomasa en Pontevedra y consolidase así su permanencia en
Lourizán. «Unha planta de biomasa é algo que se valorará no seu momento»,
explicó.
La dirección de Ence trasladó el año pasado a la Xunta la propuesta de levantar
dos plantas de biomasa en el eje Santiago-Pontevedra y una más en la actual
ubicación. Fuentes de la empresa señalaron ayer que Ence tendría capacidad de
gestionar estos proyectos con una potencia de 150 megavatios. Esta propuesta
formalizada por la pastera, que adelantó La Voz de Galicia en enero del 2012,
incluía también un paseo marítimo en la zona de Lourizán como alternativa al
traslado de la pastera. Desde que trasladaron esa propuesta a la Xunta, la
normativa ha dado un giro radical. Y la contundencia con la que el Gobierno
autonómico advertía a Ence de que no hay plan industrial que la perpetúe
empieza a tambalearse con la nueva Ley de Costas. Madrid tiene ahora la llave
para renovar la concesión 75 años más si el informe ambiental da su visto
bueno. «A hipótese que se abre, habería que valorala no seu momento coas
distintas propostas de Ence», recalcó ayer Conde. La empresa no aclara si la
propuesta de levantar tres plantas de biomasa está todavía en la mesa de la
Consellería de Medio Ambiente. Lo único que han trasladado sobre este tema
son las declaraciones del 19 de enero del 2012, en las que Juan Luis Arregui
reconocía que «Ence está analizando inversiones en le norte de España y, por
supuesto, Galicia es un lugar más».
La postura del grupo es invariable desde el primer momento y trabaja para
buscar todas las fórmulas que la mantengan en Pontevedra. El coste del traslado
sería inasumible tanto económicamente -alcanza los 700 millones de euroscomo
técnicamente.
Comunicaron a la Xunta la idea de levantar tres plantas de 150 megavatios
http://www.lasprovincias.es/v/20130507/safor/gandia-propone-costas-permita-
20130507.html
LAS PROVINCIAS
LA SAFOR
Gandia propone que la Ley de Costas permita a los chiringuitos servir comida
El gobierno denuncia ahora que el ministerio rechaza la instalación de duchas y
lavapiés en la playa para perros que se acotará en l’Ahuir
07.05.13 – 00:45 –
ZOA SANZ | GANDIA.
El gobierno de Gandia quiere dar un giro de 180 grados a los usos de la playa
porque considera que el litoral debe ser un punto de atracción de visitantes y un
elemento dinamizador. Unos chiringuitos más grandes que puedan servir
comida. Más ocio. Actividades deportivas. Celebración de conciertos. El espacio
de arena y mar ha de ser el verdadero imán que atrape a los turistas para que
cuando se marchen, piensen en regresar. Esta sería la playa ideal para el
ejecutivo popular.
El alcalde de la ciudad, Arturo Torró, anunció ayer que el Ayuntamiento de
Gandia va a presentar una batería de propuestas al reglamento general de la
Ley de Costas con la intención de que se apliquen en todo el territorio español.
Estas ideas están orientadas a sacar un mayor rendimiento a las playas, tal y
como ocurre en lugares como Ibiza, Miami o la Costa del Sol. En el caso de la
capital de la Safor, Torró remarcó que tiene un litoral cuyo aprovechamiento no
llega «ni a un 10%», un porcentaje que, a su juicio, debe ser superado.
Una de las propuestas es que los chiringuitos tengan grandes dimensiones,
siempre en proporción a la cantidad de arena que haya en la playa. En Gandia,
esta iniciativa se aplicó a rajatabla el pasado año. Los quioscos antiguos de 70
metros cuadrados se retiraron para ubicar unos más grandes, de 150 metros.
Asimismo, la concesión pasó de 25 a 50 años. El ejecutivo local planteará que en
estos establecimientos se pueda servir comida.
La diversión en las playas es otra de las reivindicaciones. El gobierno local
defiende la promoción de prácticas deportivas tanto en el mar como en la arena.
El listado de propuestas sigue con la obtención de permisos para la
organización de conciertos musicales.
Por último, Gandia va a incidir en la protección de las dunas. En el caso de la
Ciudad Ducal, habría que diferenciar la playa urbana, la del Nord, y la natural,
la de l’Ahuir.
Encuentro del PP
El alcalde de Gandia habló de todo ello este fin de semana en un encuentro del
PP de la Comunitat Valenciana. Esta formación política abordó la nueva Ley de
Costas en una comisión de trabajo convocada por el secretario general, Serafín
Castellano. Al acto acudieron alcaldes populares de las zonas costeras
valencianas.
El primer edil de Gandia ve con buenos ojos la nueva Ley de Costas. La califica
de muy positiva y aperturista. A su parecer, nada que ver con la aprobada por
los socialistas, la cual está siendo «una lacra para el turismo y la economía».
Torró echó la vista atrás y recordó cómo en el año 1982, en Gandia se podían
montar toboganes y camas elásticas en la playa e incluso «comer una paella» en
los merenderos de la arena.
Política turística local
Todas estas propuestas que va a presentar Gandia van en la línea de la política
turística que ha ido impulsando el PP desde que accedió a la alcaldía. No sólo
se han instalado chiringuitos más grandes sino que también se han proyectado
playas temáticas, colocado palmeras, se han abierto parques acuáticos y para
este verano se ha previsto acotar una zona para la práctica de kitesurf.
Sin embargo, han sido muy sonados los encontronazos que el Consistorio
Municipal ha tenido con Costas desde el inicio de la legislatura debido a las
cortapisas y a la demora por parte de la Dirección General a la hora de autorizar
diferentes proyectos en la playa.
Sin ir más lejos, a finales de la semana pasada, tanto los hosteleros como el
alcalde de Gandia pusieron el grito en el cielo porque Costas impedía colocar
figuras decorativas en los chiringuitos y porque había ordenado retirar las 36
palmeras que plantó el pasado mes.
A todo ello hay que añadir ahora que Costas rechaza colocar servicios de
lavapiés y de duchas en la playa can que se pondrá en marcha este mismo
verano en l’Ahuir. Esta es la primera playa destinada a mascotas de la
Comunitat Valenciana.
El alcalde de Gandia insistió en que se siente «discriminado» y «perseguido»
por Costas porque «mientras a otros municipios autoriza chiringuitos con
cemento, a nosotros nos está poniendo trabas constantemente». Especialmente
duros fueron los hosteleros de Gandia, quienes llegaron a indicar que con este
tipo de políticas, «Gandia será la cabeza del pelotón de los torpes». Así lo indicó
el presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos y Hosteleros de la
Safor (Asemhtsa), Emilio Rees. leer más...

2013 05 06 Noticias costas del despatcho de Ortega

http://www.20minutos.es/noticia/1802880/0/
DIARIO VEINTE MINUTOS
El Estado invertirá este año 6,2 millones de euros en actuaciones
de sostenibilidad en las playas andaluzas
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente invertirá en el
presente ejercicio un total de 6,2 millones de euros en distintas actuaciones de
conservación y mantenimiento de la costa en la comunidad autónoma
andaluza.
EUROPA PRESS. 02.05.2013
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente invertirá en el
presente ejercicio un total de 6,2 millones de euros en distintas actuaciones de
conservación y mantenimiento de la costa en la comunidad autónoma
andaluza.
Las actuaciones tienen como objetivo a mejorar el estado de las costas para la
temporada de verano y en diferentes obras de infraestructura, según ha
anunciado este jueves la delegada del Gobierno, Carmen Crespo, en la localidad
almeriense de Roquetas de Mar.
Crespo y los ocho subdelegados del Gobierno en Andalucía han visitado el
Ayuntamiento de Roquetas, donde han sido recibidos por su alcalde, Gabriel
Amat, antes de celebrar una reunión de trabajo de la Comisión de Asistencia.
Durante una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento junto Amat,
Crespo ha informado de que los trabajos que se realizarán en las playas en los
próximos meses, incluyendo actuaciones de redistribución, reperfilado y
aportaciones artificiales de arena y reparación de rampas, pasarelas y otros
elementos de equipamiento y dotación de servicios públicos.
Además, este importe contempla igualmente actuaciones medioambientales de
mayor proyección temporal dirigidas a subsanar deficiencias estructurales en la
costa, como la recuperación ambiental del delta del río Andarax, en el término
municipal de Almería, actualmente en fase de ejecución, que cuenta con un
presupuesto de dos millones de euros en este presente ejercicio.
Ley de costas
Por otra parte, Crespo se ha referido a la nueva Ley de Protección y Uso
Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, aprobada por el
Senado el pasado 24 de abril y que ahora ha de ser ratificado por el Congreso,
como una ley que “preserva el litoral, ofrece seguridad jurídica y permite el
crecimiento económico” y ha anunciado que dará más detalles sobre sus efectos
en Andalucía una vez entre en vigor.
Ha destacado que uno de estos problemas que arrastra la actual legislación,
como ha demostrado la experiencia, es una urbanización descontrolada en
algunos puntos de litoral que ha supuesto su degradación. “La denominada
cláusula ‘antialgarrobicos’ permitirá, a partir de ahora, atajar posibles
incumplimientos, ya que el Gobierno podrá suspender cautelarmente una obra
a la espera de la decisión de los jueces”, ha explicado.
Respecto a la reducción de 100 a 20 metros para viviendas construidas con
anterioridad a 1988, ha destacado que se trata de “resolver situaciones que en la
ley de 1988 quedaron en el limbo jurídico”, dando solución a suelos que en esa
fecha ya estaban transformados con acceso rodado, alcantarillado y servicios, y
de proteger a quienes de buena fe se instalaron allí. “La inseguridad jurídica
crea alarma y perjudica la marca España”, ha dicho.
http://www.abc.es/comunidad-valencia/20130503/abcp-gobierno-prorrogalicencias-
chiringuitos-20130503.html
DIARIO ABC
C. VALENCIANA
El Gobierno prorroga las licencias de los chiringuitos
R. B. C. / VALENCIA
Día 03/05/2013
La aplicación de la Ley de Costas pone fin a cuatro años de zozobra del sector
Después de más de cuatro años de reclamaciones y controversias con el anterior
Ejecutivo, los propietarios de los restaurantes situados en primera línea de
playa y los chiringuitos en general ya pueden respirar tranquilos en vísperas,
además, de la temporada estival, cuando se concentra el grueso de la
facturación anual.
En este sentido, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula
Sánchez de León anunció ayer que la reforma de la Ley de Costas va a permitir
prorrogar todas las concesiones existentes amparadas por la actual legislación,
lo que incluye a los restaurantes y chiringuitos.
En el caso de Valencia, los primeros beneficiados por la reforma serán los
catorce restaurantes ubicados en la playa de la Malvarrosa, puesto que su
concesión vence el próximo mes de junio, además de los establecimientos de la
playa de Las Arenas, Pinedo y El Saler. «Con esta actuación, el Gobierno actual
da por cumplida una demanda que el sector viene reivindicando desde el año
2009», según expuso Sánchez de León.
A instancias de los titulares
El artículo 2 de la ley establece que las concesiones para la ocupación del
dominio público marítimo-terrestre existentes que hayan sido otorgadas antes
de la entrada en vigor de la nueva normativa podrán ser prorrogadas a
instancias de su titular.
http://andaluciainformacion.es/trafalgar/305244/pablo-alvarez-coordinador-deecologistas-
en-accion-cadiz-la-ley-de-costas-es-un-paso-al-frente-en-laprivatizacion-
de-lo-publico-/
ANDALUCIA INFORMACIÓN
Pablo Álvarez, coordinador de Ecologistas en Acción Cádiz. “La Ley de
Costas es un paso al frente en la privatización de lo público”
PABLO ÁLVAREZ
Gema Freire
04/05/2013 18:28
En esta entrevista, tratamos con el coordinador provincial de Ecologistas en
Acción asuntos de actualidad como el estado de las playas, la muerte del drago
o el proyecto previsto para Valdevaqueros en el término municipal de Tarifa.
—¿Ecologistas en Acción forma parte de la plataforma Cádiz libre de Fracking,
en qué consiste el fracking y qué queréis evitar uniendo vuestras fuerzas?
—El fracking, en castellano fracturación hidráulica, es una técnica para extraer
gas natural que se encuentra confinado en pizarras y esquistos a grandes
profundidades bajo la superficie de la tierra. Hay que perforar el subsuelo y
fracturar las rocas que almacenan el gas para poder extraerlo. Se trata de una
técnica altamente contaminante que lleva asociados una serie de impactos
ambientales inasumibles. Desde la contaminación de los acuíferos y las aguas
de consumo con productos cancerígenos hasta el aumento de la sismicidad,
pasando por la destrucción del paisaje y el aumento de las emisiones de gases
de efecto invernadero. Esto conllevaría efectos negativos sobre sectores
económicos tan importantes como la agricultura, la ganadería y el turismo.
Todo lo que dependa del agua está amenazado, y todos dependemos del agua.
Es una técnica que se está importando desde los Estados Unidos. Son empresas
de allí que ahora han venido a Europa a vendernos su tecnología con
pretendiendo hacernos creer que “de repente” somos ricos. Allí llevan haciendo
fracking más de 10 años y es precisamente de allí de donde conocemos las
consecuencias ambientales nefastas a la que nos enfrentamos. Es un intento de
exprimir la última gota de recursos fósiles de debajo de la tierra para luego
vendérnoslos, beneficio para unos pocos y ruina para el resto. La plataforma
ciudadana Cádiz Libre de Fracking lucha para pararle los pies al Fracking,
centra su actividad en la ofrecer información tanto al ciudadano de a pie,
mediante charlas y exposiciones públicas, como a todos los grupos del espectro
político. De momento, hay voluntad política y se está consiguiendo que
municipios de la provincia se declaren Libres de Fracking por unanimidad de
sus plenos municipales. Pretendemos que la provincia entera sepa qué es el
fracking y qué se nos viene encima si se llegara a implantar.
—Ha dicho en los medios de comunicación que la aparición de carabelas
portuguesas en nuestras costas ha sido algo puntual, pero que si se empieza a
repetir sí habría que estudiar este fenómeno a fondo, que podría deberse al
calentamiento global…
—Las carabelas portuguesas son organismos coloniales, de aguas oceánicas que
viajan a la deriva arrastradas por el viento y las corrientes marinas. Nos consta
que las carabelas aparecen varadas en las costas atlánticas de la provincia al
menos una vez al año, asociadas a temporales de poniente. Si cada vez
aparecieran más y más veces sería preocupante porque algo grave estaría
sucediendo en nuestros océanos, algo a gran escala. Pero se trata de una
conclusión muy prematura asociar el aumento de los varamientos al cambio
climático, es muy difícil determinar con rigor que el causante sea el
calentamiento global, es a la ciencia a la que corresponde establecer esas
conclusiones. Es necesario que científicos especializados den su punto de vista y
estudien estos eventos. Es verdad que ya se están observando efectos del
calentamiento global sobre los ecosistemas, por ejemplo la “tropicalización” de
zonas frías, que hace que aquí se encuentren especies de otros lugares más
cálidos. El deshielo de los casquetes polares repercute también sobre las
corrientes marinas, modificando sus características de temperatura, salinidad,
dirección, velocidad y todo esto puede repercutir en que, de repente, una
especie que antes era poco habitual por esta zona ahora sea dominante.
También hay otros factores que pueden afectar al equilibrio ecosistémico de las
carabelas, por ejemplo la desaparición de sus depredadores como las tortugas
marinas.
—En las últimas semanas hemos asistido en Cádiz a la muerte del drago más
antiguo que quedaba en pie. Ya sólo queda un ejemplar bicentenario, que está
ubicado en el patio interior del Obispado. ¿Qué opinión le merece la reacción
que han tenido las administraciones en torno a este asunto?
—La dejadez de la admistración en el asunto del drago evidencia inmadurez
política y responsabilidad pública, hemos perdido un legado histórico de Cádiz,
era anterior a la Constitución de La Pepa, y estaba protegido por diferentes
normativas y contemplado como sitio histórico, afortunadamente no ha habido
víctimas humanas por el desplome, pero ha sido por casualidad. Para los
actuales gestores públicos los Bienes de Interés Cultural, como era el Drago,
suponen un problema y no como una oportunidad. Este patrimonio se
desaprovecha en Cádiz, como los recursos humanos y el medio ambiente. No
solo es el drago, hay muchos Bienes de Interés Cultural completamente
olvidados de los cuales se podría obtener un beneficio social. En este caso hay
varias administraciones implicadas, la Consejería de cultura de la Junta de
Andalucía y la Concejalía de parques y jardines municipales. Ambos
responsables políticos deberían dimitir, se ha cometido un gran desprecio por
un organismo que lleva más de doscientos años acompañando a la sociedad
gaditana. Ecologistas en Acción está estudiando el caso y se personará ante la
fiscalía provincial para que se aplique la ley.
—Han pedido al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que
anule el proyecto de Valdevaqueros, que incluye la construcción de un
complejo urbanístico en una playa virgen del término municipal de Tarifa, ¿En
qué punto se encuentra este proyecto actualmente?
—El Plan Parcial está aprobado e inscrito en el Registro de Instrumentos
Urbanísticos de la Junta y recurrido ante los tribunales por Ecologistas en
Acción. No han presentado proyecto de urbanización y por tanto no hay
licencia alguna para obras. Ni el presidente de la Junta ni el consejero de
agricultura, pesca y medio Ambiente han contestado a nuestra solicitud de
anulación del Plan Parcial a pesar de que hemos insistido varias veces. Vamos a
elevar una queja por esta falta de contestación y actuación al Defensor del
Pueblo. Valdevaqueros en una zona de alto valor ecológico y paisajístico, que
está parcialmente incluido en el Parque Natural del Estrecho, en un Lugar de
Interés Comunitario (LIC), en una Zona de Especial Protección de las Aves
(ZEPA) y en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo,
también está en el entorno del Parque Natural Los Alcornocales. No es
comprensible ni admisible que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, y tras
el desastre a que nos están llevando los activos tóxicos de la banca y cajas de
ahorros, se sigan aprobando Planes de Ordenación Urbanística con millones de
metros cuadrados de suelos recalificados para fines residenciales y/o turísticos
y miles de nuevas viviendas, cuando hay un gran stock de viviendas sin vender
en Andalucía y la sociedad no puede acceder a ellas por su precio. Tarifa tiene
un atractivo turístico basado en su naturaleza y sus recursos naturales; es su
gallina de los huevos de oro. Resulta más inteligente, y beneficioso a largo
plazo, preservar el medio natural de Tarifa fortaleciendo prácticas económicas
respetuosas con el medio ambiente, que obtener beneficios a corto plazo
sepultando bajo el hormigón lo poco que queda virgen del litoral.
—La nueva Ley de Costas ampliará las posibilidades de poder construir más
cerca de la costa, ¿qué opinan? ¿Van a hacer algo en contra?
—La nueva Ley de Costas en un paso atrás en protección del medio ambiente y
un paso adelante en la privatización de lo público. Va a posibilitar que muchos
espacios dejen de ser Dominio Público Marítimo Terrestre (DPTM) y eso
implica que los españoles perdamos algo que antes era nuestro, por ejemplo,
considera que urbanizaciones con puertos deportivos pasen de estar en un
lugar público a uno privado. Otro ejemplo, se va a permitir la privatización de
zonas donde llega el mar ayudado por la intervención humana, esto es muy
ambiguo y de subjetiva aplicación, todas las salinas de la Bahía de Cádiz
cumplen con esto, estaríamos ante la privatización de todos los recursos
naturales de la Bahía de Cádiz y eso es un patrimonio de todos.
Esta nueva ley también va a permitir que instalaciones en el DPMT que tenían
una concesión de 30 años, pasen a tenerla de 75 y puedan hacer obras y
traspasos, esto es una privatización encubierta. Haremos todo lo que podamos
por combatir esta nueva Ley, pero lo tenemos muy feo; ya ha pasado el trámite
parlamentario y se está debatiendo en el Senado. Está prácticamente aprobada.
Desde luego hay particulares que se van a enriquecer mucho con esta nueva ley
en detrimento de todos los ciudadanos.
—¿La protección del medio ambiente ha dejado de ser una prioridad para los
gobiernos con la crisis?
—Sin duda, no hay más que comprobar los presupuestos autonómicos y
centrales, o hablar con los trabajadores, que en algún caso no tienen ni para
combustible.
—¿Qué proyectos o planes se han visto más afectados en la provincia?
—Todos, los relativos a especies y espacios naturales, y los de protección y
calidad ambiental.
—El concepto de sostenibilidad está muy en boga entre los dirigentes, ¿pero
realmente aplican políticas en este sentido?
—Rotundamente no. Los dirigentes políticos han adoptado el término de la
sostenibilidad en sus argumentos y en su dialéctica, pero sin aplicar el concepto
con rigor. Simplemente utilizan el término como un adjetivo bonito para
adornar frases, como resultado han banalizado el concepto completamente.
Además, hay una interpretación torticera del término que intenta justificar
proyectos del todo insostenibles, pero disfrazados de sostenibilidad. Otro
concepto proveniente del mundo ecologista y desvirtuado por el argumentario
político es el de “desarrollo sostenible”.
—¿En qué se ha avanzado en la ciudad de Cádiz desde el punto de vista
medioambiental?
—En poco, es posible que la ciudad se vea más limpia desde el punto de vista
de la limpieza de las calles, y también se ha implantado un sistema de reciclaje
que parece que poco a poco va calando en la ciudad, pero eso es muy poco. En
términos generales se retrocede porque se potencian los consumos de energía
mediante excesos de iluminación y complementos inútiles como paneles
luminosos. Se favorece el uso de vehículo propio cuando Cádiz tiene potencial
para ser una gran capital de la bicicleta, ahí están los ejemplos de Sevilla y
Barcelona donde los sistemas de bicicleta urbanos están perfectamente
implantados y dando resultados muy buenos. Si sumamos la energía que
gastan los coches, la que gastan los edificios mal aislados y la energía que gasta
la propia ciudad y dividimos el total entre el número de gaditanos, esta sería
una ciudad a la cola de Europa en eficiencia energética.
—¿Cómo ve el aspecto de las playas de Cádiz? ¿Precisan de una regeneración
urgente?
—Nosotros no somos partidarios de la regeneración artificial de las playas. A
las playas hay que estudiarlas y tratar de corregir los factores que le perjudican.
Es cierto que lo que perjudica las perjudica en esta ciudad es la gran barrera de
pisos que tiene detrás que intercepta el régimen de vientos, pero habría que
estudiar concienzudamente cómo no malgastar en regeneraciones.
—¿Ecologistas en Acción está en contra o a favor de las barbacoas del Carranza?
—En contra, es muy positivo que la gente se divierta aprovechando un espacio
público como la playa, pero no a costa de generar toneladas de residuos y
perjudicar la calidad ambiental de la playa.
—¿Los gaditanos somos ecologistas?
—No demasiado, para los tiempos que corren es necesaria mayor presión social
para que las cosas se hagan con un criterio ecológico y justo. Activistas somos
solo unos pocos, la mayoría pasa.
http://www.cadenaser.com/economia/articulo/gobierno-cambia-ley-costasprorroga-
concesiones-restaurantes-playa/csrcsrpor/20130503csrcsreco_8/Tes
CADENA SER
RADIO VALENCIA
03-05-2013
El Gobierno cambia la ley de costas y prórroga las concesiones de los
restaurantes de playa
Los primeros beneficiados por la medida serán los 14 restaurantes de la
Malvarrosa, cuyas concesiones vencían en junio. También Pinedo y Saler
La alcaldesa de Valencia se felicita de la medida y asegura que dará
tranquilidad jurídica a los empresarios de los restaurantes de playa
El artículo 2 de la ley, sobre la prórroga de las concesiones otorgadas al amparo
de la normativa anterior, establece que las concesiones para la ocupación del
dominio público marítimo-terrestre existentes, que hayan sido otorgadas antes
de la entrada en vigor de la presente ley, podrán ser prorrogadas, a instancia de
su titular, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. La prórroga se
aplicará igualmente a los titulares de un derecho de ocupación y
aprovechamiento amparado por la disposición transitoria primera de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, previa solicitud de la correspondiente
concesión. La aprobación definitiva de la nueva normativa está previsto que se
produzca el próximo 9 de mayo, mientras que entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El gobierno local se felicita de la prórroga, anunciada por el Gobierno. Por eso,
para celebrarlo, la alcaldesa de Valencia y buena parte de su gobierno decidían
este viernes acudir hasta uno de los restaurantes de la Malvarrosa. Allí
recordaba que llevan desde noviembre de 2009 trabajando para revisar la ley de
costas prevista por el anterior Gobierno y ha afirmado que la prórroga da
tranquilidad jurídica a los propietarios de los locales, restaurntes además de
favorecer el turismo, uno de los motores económicos de la ciudad.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=299587
CANARIAS SIETE
Fuerteventura
03/05/2013
El hotel Oliva Beach se queda sobre las Dunas de Corralejo 75 años más
David Monserrat / Puerto del Rosario
«El Oliva Beach, salvado con la nueva ley de costas». Con estas palabras
confirmó ayer el senador majorero, Claudio Gutiérrez, que el hotel podrá
acogerse a una prórroga de su concesión de hasta 75 años que le permitirá
librarse de la demolición prevista para 2017.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha confirmado al
senador por Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, que la reforma de la Ley de
Costas «abre la puerta a que el Hotel Oliva Beach obtenga una nueva concesión
de uso de hasta 75 años». En una reunión en Madrid, en la que también estuvo
el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra,
Gutiérrez les manifestó su «agradecimiento y sensibilidad, ya que el hotel es un
símbolo turístico de La Oliva en el que trabajan más de 400 familias».
Según el PP, el 12 de abril de 2007 se dictó por el Ministerio, de mutuo acuerdo
con el concesionario, una resolución que modificaba la Condición Particular 1ª
de la Orden Ministerial de 8 de julio de 2003, por la que se otorgó la concesión
administrativa, reduciendo la concesión a 10 años desde la resolución;
añadiendo, además, que los gastos de demolición, levantamiento y
desescombro de las instalaciones objeto de la concesión correrían a cargo de la
entonces Dirección General de Costas. El plazo de vigencia de la concesión
vencía el 13 de abril de 2017.
En la Reforma de la Ley de Costas, aprobada ya por el Senado y remitida al
Congreso, el artículo 2º establece «una prórroga extraordinaria para las
concesiones existentes, otorgadas al amparo de la normativa anterior y que
tendrían que expirar a partir del 2018».
«Ahora la empresa debe tramitar ante el Ministerio la ampliación de esta
concesión y que las autoridades locales y regionales no pongan trabas para la
ampliación de esta prórroga tan importante para la economía del municipio»,
dijo Gutiérrez.
El senador majorero se ha reunido ya con representantes de la Plataforma
Salvar el Oliva Beach para trasladarles la información remitida por el
Ministerio, tal y como ha venido haciendo desde enero de 2012, cuando se
adquirió «el compromiso con los trabajadores para llevar a Madrid sus
reclamaciones e intentar salvar el Hotel Oliva Beach».
Núcleos costeros. Con respecto a la reforma de la Ley de Costas, los populares
aseguraron que, una vez aprobada por las Cortes, «los ayuntamientos
dispondrán de 3 meses para regularizar sus núcleos costeros amenazados. Si a
los 18 meses de su petición el Ministerio no contesta, se entenderá que es
favorable su legalización. Esperamos que esta ley resuelva la situación de
muchos pueblos que están afectados en Fuerteventura», dijo Gutiérrez.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1408479
DIARIO ABC
Los Verdes denuncia cierre de accesos a playas de Carpinteras y Las Mujeres
03-05-2013 / 20:50 h EFE
Los Verdes de Canarias ha denunciado el cierre del acceso a las playas no
urbanizadas del sur de Gran Canaria de Carpinteras y Las Mujeres, mientras
que el Ayuntamiento justifica la medida en cumplimiento a la Ley de Costas.
Desde hace varias semanas, grandes piedras impiden el acceso de vehículos a
las zonas de aparcamiento de las referidas playas, informa esa formación
política en un comunicado.
El cierre se suma al de los accesos de las playas de Medio Almud, Los Frailes y
Balitos, localizadas en el municipio de Mogán.
El portavoz del colectivo, Francisco Ojeda, ha recordado que muchos
grancanarios y turistas “llevan toda la vida disfrutando de esas playas”, a las
que accedía a través de pistas de tierra que ahora se encuentra bloqueadas y
que ofrecen una imagen “penosa”.
Ojeda ha advertido que al cerrarse el acceso a las zonas de aparcamiento,
decenas de coches aparcan en el arcén de la carretera donde se crean situaciones
de peligro.
Por su parte, el concejal de Litoral, José Carlos Álamo, ha aclarado a Efe que
sólo se ha cerrado el acceso de vehículos a las referidas playas, en cumplimiento
de la Ley de Costas y la Ordenanza del Litoral municipal, que prohíben la
presencia de coches y caravanas en el espacio de dominio público terrestre.
“Está comprobado que las acampadas ilegales ocasionan importantes daños en
las playas como vertederos clandestinos, destrozos y otras molestias”, precisó el
concejal.
Episodios como el de Veneguera, donde la Guardia Civil descubrió un
vertedero clandestino de basuras, no se pueden permitir en la costa turística de
San Bartolomé de Tirajana donde la limpieza de las playas cuesta unos tres
millones de euros anuales, explicó.
Álamo aprovechó para mostrar su sorpresa con el colectivo ecologista que lejos
de defender y salvaguardar la protección de litoral, demandó el acceso de
vehículos a zonas de sensibilidad medioambiental.
http://www.diariocriticocv.com/economia/chiringuitos/empleos/426833
DIARIO CRITICO DE VALENCIA
Economía
Los chiringuitos dan 5.000 empleos
La nueva Ley de Costas avala los locales en la playa.
| 2013-05-05 09:59:40 |
El secretario general del PPCV, Serafín Castellano, ha defendido este sábado la
nueva Ley de Costas, que da una prórroga a los chiringuitos, ya que supone
una apuesta para “defender el empleo” y permitirá que no se destruyan hasta
5.000 puestos de trabajo directos y miles de puestos indirectos.
Así se ha pronunciado el dirigente ‘popular’ ante los medios después de la
jornada de trabajo de la Comisión de Turismo del PPCV, en la que se han
reunido los alcaldes y portavoces de los municipios litorales de las tres
provincias para analizar el nuevo texto de la Ley de Costas.
Castellano ha recalcado que con esta ley se han salvado aquellos chiringuitos
cuya actividad se encontraba “en peligro” y se ha “avanzado en la
homogeneización e igualdad de criterios en la aplicación” de la norma.
Con esto, ha criticado que la ley anterior de 1978 aplicaba la “ley del embudo”
en la Comunitat Valenciana, y que ahora el PPCV busca potenciar el sector
turístico, que ha considerado “básico”, ya que genera casi el 13 por ciento del
PIB de la Comunitat.
Asimismo, ha destacado que se aumentará el plazo de concesiones para los
chiringuitos hasta 75 años y que el plazo de autorizaciones pasará a cuatro años,
en respuesta a “una de las cuestiones más reivindicadas por empresarios y
asociaciones” para poder planificarse y contratar a trabajadores.
‘Soluciones’
En esta línea, Castellano ha declarado que esta medida aporta “soluciones
históricas a los problemas históricos” y garantiza una “tranquilidad y seguridad
jurídica” a los empresarios del sector, ya que proporciona información a los
ciudadanos sobre sus propiedades y derechos, para que ninguno pueda
adquirir una vivienda u otro bien y descubra más tarde que no le pertenece
porque estaba dentro del dominio público marítimo-terrestre.
Por ello, se obligará a inscribir los bienes del dominio público marítimoterrestre
en el registro de la propiedad. De este manera, se clarifica la situación
de las urbanizaciones y se delimita la demarcación pública marítimo-terrestre.
El secretario general ‘popular’ ha declarado que la Ley de Costas “refuerza la
sostenibilidad y el respeto al medio ambiente”, ya que se distinguirá entre los
tramos urbanos y los naturales de playas y se aumentará la producción de esos
últimos para obtener más banderas azules e incrementar el respeto al medio
ambiente.
Asimismo, ha recordado que se prohibirá la edificación a menos de 100 metros
de distancia de la costa, lo que hace a esta ley “más proteccionista” que la de
1978. Con las nuevas medidas, Castellano ha recalcado que se producirá una
“mejora de la situación jurídica de quienes veían perdidos sus bienes” con la
anterior ley, y se dará una “solución justa a titulares de núcleos ya considerados
y autorizados antes de 1978”.
Con todo esto, el secretario general ha opinado que se trata de una ley
“tremendamente positiva” en la que el PP ha “trabajado activamente”,
basándose “en enmiendas que han salido de la Comunitat”. “Una vez aprobada
se procederá a desarrollarla a través de un reglamento para que se mantenga
esa seguridad jurídica”, ha concluido.
http://www.diariocriticocv.com/politica/barbera/rajoy/chiringuitos/leycostas/
426806
DIARIO CRITICO DE VALENCIA
Política
Barberá: “El Gobierno de Rajoy ha dado a los chiringuitos lo que el socialista les
quitó”
Barberá ha destacado que esta decisión conferirá “estabilidad jurídica y
económica” a unos locales regentados, según ha subrayado, por “pequeños
empresarios.
| 2013-05-03 15:56:52 |
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha celebrado este viernes la “magnífica”
noticia que supone la prórroga de las concesiones a los restaurantes y
‘chiringuitos’ con la reforma de la Ley de Costas y ha aseverado que “el
Gobierno de Mariano Rajoy ha dado a los chiringuitos lo que el socialista les
quitó”.
Así se ha pronunciado la primera edil en declaraciones a los medios tras asistir
a la presentación del libro ‘Comentarios al Estatuto de Autonomía de la
Comunitat Valenciana’, al ser preguntada por el anuncio realizado este jueves
por la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, sobre la prórroga a las
concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre que
contempla la Ley de Costas.
Barberá ha destacado que esta decisión conferirá “estabilidad jurídica y
económica” a unos locales regentados, según ha subrayado, por “pequeños
empresarios que están dinamizando la economía, la hostelería y el turismo”.
A su juicio, esta seguridad les permitirá acometer inversiones “importantes”
para “mejorar la estética y la oferta” y “poder tener más atractivo en lugares tan
bellos de nuestro Mediterráneo como La Malvarrosa, Pinedo o El Saler”.
“Por fin hay serenidad”
En el caso concreto de la ciudad de Valencia, Sánchez de León precisó que los
primeros beneficiados por la reforma serán los 14 restaurantes ubicados en la
playa de la Malvarrosa, puesto que su concesión vence el próximo mes de junio,
además de los de la playa de Las Arenas, Pinedo y El Saler.
Barberá, que tiene previsto reunirse con los hosteleros esta misma tarde, ha
manifestado que estos “están muy contentos” con esta decisión del Gobierno.
“Llevamos desde 2009, cuando levantamos la bandera de los chiringuitos, y por
fin hay estabilidad, serenidad y alegría por lo menos en este mundo” de la
hostelería y el turismo, ha concluido.
http://www.20minutos.es/noticia/1802880/0/
DIARIO VEINTE MINUTOS
El Estado invertirá este año 6,2 millones de euros en actuaciones
de sostenibilidad en las playas andaluzas
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente invertirá en el
presente ejercicio un total de 6,2 millones de euros en distintas actuaciones de
conservación y mantenimiento de la costa en la comunidad autónoma
andaluza.
EUROPA PRESS. 02.05.2013
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente invertirá en el
presente ejercicio un total de 6,2 millones de euros en distintas actuaciones de
conservación y mantenimiento de la costa en la comunidad autónoma
andaluza.
Las actuaciones tienen como objetivo a mejorar el estado de las costas para la
temporada de verano y en diferentes obras de infraestructura, según ha
anunciado este jueves la delegada del Gobierno, Carmen Crespo, en la localidad
almeriense de Roquetas de Mar.
Crespo y los ocho subdelegados del Gobierno en Andalucía han visitado el
Ayuntamiento de Roquetas, donde han sido recibidos por su alcalde, Gabriel
Amat, antes de celebrar una reunión de trabajo de la Comisión de Asistencia.
Durante una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento junto Amat,
Crespo ha informado de que los trabajos que se realizarán en las playas en los
próximos meses, incluyendo actuaciones de redistribución, reperfilado y
aportaciones artificiales de arena y reparación de rampas, pasarelas y otros
elementos de equipamiento y dotación de servicios públicos.
Además, este importe contempla igualmente actuaciones medioambientales de
mayor proyección temporal dirigidas a subsanar deficiencias estructurales en la
costa, como la recuperación ambiental del delta del río Andarax, en el término
municipal de Almería, actualmente en fase de ejecución, que cuenta con un
presupuesto de dos millones de euros en este presente ejercicio.
Ley de costas
Por otra parte, Crespo se ha referido a la nueva Ley de Protección y Uso
Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, aprobada por el
Senado el pasado 24 de abril y que ahora ha de ser ratificado por el Congreso,
como una ley que “preserva el litoral, ofrece seguridad jurídica y permite el
crecimiento económico” y ha anunciado que dará más detalles sobre sus efectos
en Andalucía una vez entre en vigor.
Ha destacado que uno de estos problemas que arrastra la actual legislación,
como ha demostrado la experiencia, es una urbanización descontrolada en
algunos puntos de litoral que ha supuesto su degradación. “La denominada
cláusula ‘antialgarrobicos’ permitirá, a partir de ahora, atajar posibles
incumplimientos, ya que el Gobierno podrá suspender cautelarmente una obra
a la espera de la decisión de los jueces”, ha explicado.
Respecto a la reducción de 100 a 20 metros para viviendas construidas con
anterioridad a 1988, ha destacado que se trata de “resolver situaciones que en la
ley de 1988 quedaron en el limbo jurídico”, dando solución a suelos que en esa
fecha ya estaban transformados con acceso rodado, alcantarillado y servicios, y
de proteger a quienes de buena fe se instalaron allí. “La inseguridad jurídica
crea alarma y perjudica la marca España”, ha dicho.
http://www.abc.es/comunidad-valencia/20130503/abcp-gobierno-prorrogalicencias-
chiringuitos-20130503.html
DIARIO ABC
C. VALENCIANA
El Gobierno prorroga las licencias de los chiringuitos
R. B. C. / VALENCIA
Día 03/05/2013
La aplicación de la Ley de Costas pone fin a cuatro años de zozobra del sector
Después de más de cuatro años de reclamaciones y controversias con el anterior
Ejecutivo, los propietarios de los restaurantes situados en primera línea de
playa y los chiringuitos en general ya pueden respirar tranquilos en vísperas,
además, de la temporada estival, cuando se concentra el grueso de la
facturación anual.
En este sentido, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Paula
Sánchez de León anunció ayer que la reforma de la Ley de Costas va a permitir
prorrogar todas las concesiones existentes amparadas por la actual legislación,
lo que incluye a los restaurantes y chiringuitos.
En el caso de Valencia, los primeros beneficiados por la reforma serán los
catorce restaurantes ubicados en la playa de la Malvarrosa, puesto que su
concesión vence el próximo mes de junio, además de los establecimientos de la
playa de Las Arenas, Pinedo y El Saler. «Con esta actuación, el Gobierno actual
da por cumplida una demanda que el sector viene reivindicando desde el año
2009», según expuso Sánchez de León.
A instancias de los titulares
El artículo 2 de la ley establece que las concesiones para la ocupación del
dominio público marítimo-terrestre existentes que hayan sido otorgadas antes
de la entrada en vigor de la nueva normativa podrán ser prorrogadas a
instancias de su titular.
http://andaluciainformacion.es/trafalgar/305244/pablo-alvarez-coordinador-deecologistas-
en-accion-cadiz-la-ley-de-costas-es-un-paso-al-frente-en-laprivatizacion-
de-lo-publico-/
ANDALUCIA INFORMACIÓN
Pablo Álvarez, coordinador de Ecologistas en Acción Cádiz. “La Ley de
Costas es un paso al frente en la privatización de lo público”
PABLO ÁLVAREZ
Gema Freire
04/05/2013 18:28
En esta entrevista, tratamos con el coordinador provincial de Ecologistas en
Acción asuntos de actualidad como el estado de las playas, la muerte del drago
o el proyecto previsto para Valdevaqueros en el término municipal de Tarifa.
—¿Ecologistas en Acción forma parte de la plataforma Cádiz libre de Fracking,
en qué consiste el fracking y qué queréis evitar uniendo vuestras fuerzas?
—El fracking, en castellano fracturación hidráulica, es una técnica para extraer
gas natural que se encuentra confinado en pizarras y esquistos a grandes
profundidades bajo la superficie de la tierra. Hay que perforar el subsuelo y
fracturar las rocas que almacenan el gas para poder extraerlo. Se trata de una
técnica altamente contaminante que lleva asociados una serie de impactos
ambientales inasumibles. Desde la contaminación de los acuíferos y las aguas
de consumo con productos cancerígenos hasta el aumento de la sismicidad,
pasando por la destrucción del paisaje y el aumento de las emisiones de gases
de efecto invernadero. Esto conllevaría efectos negativos sobre sectores
económicos tan importantes como la agricultura, la ganadería y el turismo.
Todo lo que dependa del agua está amenazado, y todos dependemos del agua.
Es una técnica que se está importando desde los Estados Unidos. Son empresas
de allí que ahora han venido a Europa a vendernos su tecnología con
pretendiendo hacernos creer que “de repente” somos ricos. Allí llevan haciendo
fracking más de 10 años y es precisamente de allí de donde conocemos las
consecuencias ambientales nefastas a la que nos enfrentamos. Es un intento de
exprimir la última gota de recursos fósiles de debajo de la tierra para luego
vendérnoslos, beneficio para unos pocos y ruina para el resto. La plataforma
ciudadana Cádiz Libre de Fracking lucha para pararle los pies al Fracking,
centra su actividad en la ofrecer información tanto al ciudadano de a pie,
mediante charlas y exposiciones públicas, como a todos los grupos del espectro
político. De momento, hay voluntad política y se está consiguiendo que
municipios de la provincia se declaren Libres de Fracking por unanimidad de
sus plenos municipales. Pretendemos que la provincia entera sepa qué es el
fracking y qué se nos viene encima si se llegara a implantar.
—Ha dicho en los medios de comunicación que la aparición de carabelas
portuguesas en nuestras costas ha sido algo puntual, pero que si se empieza a
repetir sí habría que estudiar este fenómeno a fondo, que podría deberse al
calentamiento global…
—Las carabelas portuguesas son organismos coloniales, de aguas oceánicas que
viajan a la deriva arrastradas por el viento y las corrientes marinas. Nos consta
que las carabelas aparecen varadas en las costas atlánticas de la provincia al
menos una vez al año, asociadas a temporales de poniente. Si cada vez
aparecieran más y más veces sería preocupante porque algo grave estaría
sucediendo en nuestros océanos, algo a gran escala. Pero se trata de una
conclusión muy prematura asociar el aumento de los varamientos al cambio
climático, es muy difícil determinar con rigor que el causante sea el
calentamiento global, es a la ciencia a la que corresponde establecer esas
conclusiones. Es necesario que científicos especializados den su punto de vista y
estudien estos eventos. Es verdad que ya se están observando efectos del
calentamiento global sobre los ecosistemas, por ejemplo la “tropicalización” de
zonas frías, que hace que aquí se encuentren especies de otros lugares más
cálidos. El deshielo de los casquetes polares repercute también sobre las
corrientes marinas, modificando sus características de temperatura, salinidad,
dirección, velocidad y todo esto puede repercutir en que, de repente, una
especie que antes era poco habitual por esta zona ahora sea dominante.
También hay otros factores que pueden afectar al equilibrio ecosistémico de las
carabelas, por ejemplo la desaparición de sus depredadores como las tortugas
marinas.
—En las últimas semanas hemos asistido en Cádiz a la muerte del drago más
antiguo que quedaba en pie. Ya sólo queda un ejemplar bicentenario, que está
ubicado en el patio interior del Obispado. ¿Qué opinión le merece la reacción
que han tenido las administraciones en torno a este asunto?
—La dejadez de la admistración en el asunto del drago evidencia inmadurez
política y responsabilidad pública, hemos perdido un legado histórico de Cádiz,
era anterior a la Constitución de La Pepa, y estaba protegido por diferentes
normativas y contemplado como sitio histórico, afortunadamente no ha habido
víctimas humanas por el desplome, pero ha sido por casualidad. Para los
actuales gestores públicos los Bienes de Interés Cultural, como era el Drago,
suponen un problema y no como una oportunidad. Este patrimonio se
desaprovecha en Cádiz, como los recursos humanos y el medio ambiente. No
solo es el drago, hay muchos Bienes de Interés Cultural completamente
olvidados de los cuales se podría obtener un beneficio social. En este caso hay
varias administraciones implicadas, la Consejería de cultura de la Junta de
Andalucía y la Concejalía de parques y jardines municipales. Ambos
responsables políticos deberían dimitir, se ha cometido un gran desprecio por
un organismo que lleva más de doscientos años acompañando a la sociedad
gaditana. Ecologistas en Acción está estudiando el caso y se personará ante la
fiscalía provincial para que se aplique la ley.
—Han pedido al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que
anule el proyecto de Valdevaqueros, que incluye la construcción de un
complejo urbanístico en una playa virgen del término municipal de Tarifa, ¿En
qué punto se encuentra este proyecto actualmente?
—El Plan Parcial está aprobado e inscrito en el Registro de Instrumentos
Urbanísticos de la Junta y recurrido ante los tribunales por Ecologistas en
Acción. No han presentado proyecto de urbanización y por tanto no hay
licencia alguna para obras. Ni el presidente de la Junta ni el consejero de
agricultura, pesca y medio Ambiente han contestado a nuestra solicitud de
anulación del Plan Parcial a pesar de que hemos insistido varias veces. Vamos a
elevar una queja por esta falta de contestación y actuación al Defensor del
Pueblo. Valdevaqueros en una zona de alto valor ecológico y paisajístico, que
está parcialmente incluido en el Parque Natural del Estrecho, en un Lugar de
Interés Comunitario (LIC), en una Zona de Especial Protección de las Aves
(ZEPA) y en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo,
también está en el entorno del Parque Natural Los Alcornocales. No es
comprensible ni admisible que tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, y tras
el desastre a que nos están llevando los activos tóxicos de la banca y cajas de
ahorros, se sigan aprobando Planes de Ordenación Urbanística con millones de
metros cuadrados de suelos recalificados para fines residenciales y/o turísticos
y miles de nuevas viviendas, cuando hay un gran stock de viviendas sin vender
en Andalucía y la sociedad no puede acceder a ellas por su precio. Tarifa tiene
un atractivo turístico basado en su naturaleza y sus recursos naturales; es su
gallina de los huevos de oro. Resulta más inteligente, y beneficioso a largo
plazo, preservar el medio natural de Tarifa fortaleciendo prácticas económicas
respetuosas con el medio ambiente, que obtener beneficios a corto plazo
sepultando bajo el hormigón lo poco que queda virgen del litoral.
—La nueva Ley de Costas ampliará las posibilidades de poder construir más
cerca de la costa, ¿qué opinan? ¿Van a hacer algo en contra?
—La nueva Ley de Costas en un paso atrás en protección del medio ambiente y
un paso adelante en la privatización de lo público. Va a posibilitar que muchos
espacios dejen de ser Dominio Público Marítimo Terrestre (DPTM) y eso
implica que los españoles perdamos algo que antes era nuestro, por ejemplo,
considera que urbanizaciones con puertos deportivos pasen de estar en un
lugar público a uno privado. Otro ejemplo, se va a permitir la privatización de
zonas donde llega el mar ayudado por la intervención humana, esto es muy
ambiguo y de subjetiva aplicación, todas las salinas de la Bahía de Cádiz
cumplen con esto, estaríamos ante la privatización de todos los recursos
naturales de la Bahía de Cádiz y eso es un patrimonio de todos.
Esta nueva ley también va a permitir que instalaciones en el DPMT que tenían
una concesión de 30 años, pasen a tenerla de 75 y puedan hacer obras y
traspasos, esto es una privatización encubierta. Haremos todo lo que podamos
por combatir esta nueva Ley, pero lo tenemos muy feo; ya ha pasado el trámite
parlamentario y se está debatiendo en el Senado. Está prácticamente aprobada.
Desde luego hay particulares que se van a enriquecer mucho con esta nueva ley
en detrimento de todos los ciudadanos.
—¿La protección del medio ambiente ha dejado de ser una prioridad para los
gobiernos con la crisis?
—Sin duda, no hay más que comprobar los presupuestos autonómicos y
centrales, o hablar con los trabajadores, que en algún caso no tienen ni para
combustible.
—¿Qué proyectos o planes se han visto más afectados en la provincia?
—Todos, los relativos a especies y espacios naturales, y los de protección y
calidad ambiental.
—El concepto de sostenibilidad está muy en boga entre los dirigentes, ¿pero
realmente aplican políticas en este sentido?
—Rotundamente no. Los dirigentes políticos han adoptado el término de la
sostenibilidad en sus argumentos y en su dialéctica, pero sin aplicar el concepto
con rigor. Simplemente utilizan el término como un adjetivo bonito para
adornar frases, como resultado han banalizado el concepto completamente.
Además, hay una interpretación torticera del término que intenta justificar
proyectos del todo insostenibles, pero disfrazados de sostenibilidad. Otro
concepto proveniente del mundo ecologista y desvirtuado por el argumentario
político es el de “desarrollo sostenible”.
—¿En qué se ha avanzado en la ciudad de Cádiz desde el punto de vista
medioambiental?
—En poco, es posible que la ciudad se vea más limpia desde el punto de vista
de la limpieza de las calles, y también se ha implantado un sistema de reciclaje
que parece que poco a poco va calando en la ciudad, pero eso es muy poco. En
términos generales se retrocede porque se potencian los consumos de energía
mediante excesos de iluminación y complementos inútiles como paneles
luminosos. Se favorece el uso de vehículo propio cuando Cádiz tiene potencial
para ser una gran capital de la bicicleta, ahí están los ejemplos de Sevilla y
Barcelona donde los sistemas de bicicleta urbanos están perfectamente
implantados y dando resultados muy buenos. Si sumamos la energía que
gastan los coches, la que gastan los edificios mal aislados y la energía que gasta
la propia ciudad y dividimos el total entre el número de gaditanos, esta sería
una ciudad a la cola de Europa en eficiencia energética.
—¿Cómo ve el aspecto de las playas de Cádiz? ¿Precisan de una regeneración
urgente?
—Nosotros no somos partidarios de la regeneración artificial de las playas. A
las playas hay que estudiarlas y tratar de corregir los factores que le perjudican.
Es cierto que lo que perjudica las perjudica en esta ciudad es la gran barrera de
pisos que tiene detrás que intercepta el régimen de vientos, pero habría que
estudiar concienzudamente cómo no malgastar en regeneraciones.
—¿Ecologistas en Acción está en contra o a favor de las barbacoas del Carranza?
—En contra, es muy positivo que la gente se divierta aprovechando un espacio
público como la playa, pero no a costa de generar toneladas de residuos y
perjudicar la calidad ambiental de la playa.
—¿Los gaditanos somos ecologistas?
—No demasiado, para los tiempos que corren es necesaria mayor presión social
para que las cosas se hagan con un criterio ecológico y justo. Activistas somos
solo unos pocos, la mayoría pasa.
http://www.cadenaser.com/economia/articulo/gobierno-cambia-ley-costasprorroga-
concesiones-restaurantes-playa/csrcsrpor/20130503csrcsreco_8/Tes
CADENA SER
RADIO VALENCIA
03-05-2013
El Gobierno cambia la ley de costas y prórroga las concesiones de los
restaurantes de playa
Los primeros beneficiados por la medida serán los 14 restaurantes de la
Malvarrosa, cuyas concesiones vencían en junio. También Pinedo y Saler
La alcaldesa de Valencia se felicita de la medida y asegura que dará
tranquilidad jurídica a los empresarios de los restaurantes de playa
El artículo 2 de la ley, sobre la prórroga de las concesiones otorgadas al amparo
de la normativa anterior, establece que las concesiones para la ocupación del
dominio público marítimo-terrestre existentes, que hayan sido otorgadas antes
de la entrada en vigor de la presente ley, podrán ser prorrogadas, a instancia de
su titular, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. La prórroga se
aplicará igualmente a los titulares de un derecho de ocupación y
aprovechamiento amparado por la disposición transitoria primera de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, previa solicitud de la correspondiente
concesión. La aprobación definitiva de la nueva normativa está previsto que se
produzca el próximo 9 de mayo, mientras que entrará en vigor el día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El gobierno local se felicita de la prórroga, anunciada por el Gobierno. Por eso,
para celebrarlo, la alcaldesa de Valencia y buena parte de su gobierno decidían
este viernes acudir hasta uno de los restaurantes de la Malvarrosa. Allí
recordaba que llevan desde noviembre de 2009 trabajando para revisar la ley de
costas prevista por el anterior Gobierno y ha afirmado que la prórroga da
tranquilidad jurídica a los propietarios de los locales, restaurntes además de
favorecer el turismo, uno de los motores económicos de la ciudad.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=299587
CANARIAS SIETE
Fuerteventura
03/05/2013
El hotel Oliva Beach se queda sobre las Dunas de Corralejo 75 años más
David Monserrat / Puerto del Rosario
«El Oliva Beach, salvado con la nueva ley de costas». Con estas palabras
confirmó ayer el senador majorero, Claudio Gutiérrez, que el hotel podrá
acogerse a una prórroga de su concesión de hasta 75 años que le permitirá
librarse de la demolición prevista para 2017.
El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha confirmado al
senador por Fuerteventura, Claudio Gutiérrez, que la reforma de la Ley de
Costas «abre la puerta a que el Hotel Oliva Beach obtenga una nueva concesión
de uso de hasta 75 años». En una reunión en Madrid, en la que también estuvo
el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pablo Saavedra,
Gutiérrez les manifestó su «agradecimiento y sensibilidad, ya que el hotel es un
símbolo turístico de La Oliva en el que trabajan más de 400 familias».
Según el PP, el 12 de abril de 2007 se dictó por el Ministerio, de mutuo acuerdo
con el concesionario, una resolución que modificaba la Condición Particular 1ª
de la Orden Ministerial de 8 de julio de 2003, por la que se otorgó la concesión
administrativa, reduciendo la concesión a 10 años desde la resolución;
añadiendo, además, que los gastos de demolición, levantamiento y
desescombro de las instalaciones objeto de la concesión correrían a cargo de la
entonces Dirección General de Costas. El plazo de vigencia de la concesión
vencía el 13 de abril de 2017.
En la Reforma de la Ley de Costas, aprobada ya por el Senado y remitida al
Congreso, el artículo 2º establece «una prórroga extraordinaria para las
concesiones existentes, otorgadas al amparo de la normativa anterior y que
tendrían que expirar a partir del 2018».
«Ahora la empresa debe tramitar ante el Ministerio la ampliación de esta
concesión y que las autoridades locales y regionales no pongan trabas para la
ampliación de esta prórroga tan importante para la economía del municipio»,
dijo Gutiérrez.
El senador majorero se ha reunido ya con representantes de la Plataforma
Salvar el Oliva Beach para trasladarles la información remitida por el
Ministerio, tal y como ha venido haciendo desde enero de 2012, cuando se
adquirió «el compromiso con los trabajadores para llevar a Madrid sus
reclamaciones e intentar salvar el Hotel Oliva Beach».
Núcleos costeros. Con respecto a la reforma de la Ley de Costas, los populares
aseguraron que, una vez aprobada por las Cortes, «los ayuntamientos
dispondrán de 3 meses para regularizar sus núcleos costeros amenazados. Si a
los 18 meses de su petición el Ministerio no contesta, se entenderá que es
favorable su legalización. Esperamos que esta ley resuelva la situación de
muchos pueblos que están afectados en Fuerteventura», dijo Gutiérrez.
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1408479
DIARIO ABC
Los Verdes denuncia cierre de accesos a playas de Carpinteras y Las Mujeres
03-05-2013 / 20:50 h EFE
Los Verdes de Canarias ha denunciado el cierre del acceso a las playas no
urbanizadas del sur de Gran Canaria de Carpinteras y Las Mujeres, mientras
que el Ayuntamiento justifica la medida en cumplimiento a la Ley de Costas.
Desde hace varias semanas, grandes piedras impiden el acceso de vehículos a
las zonas de aparcamiento de las referidas playas, informa esa formación
política en un comunicado.
El cierre se suma al de los accesos de las playas de Medio Almud, Los Frailes y
Balitos, localizadas en el municipio de Mogán.
El portavoz del colectivo, Francisco Ojeda, ha recordado que muchos
grancanarios y turistas “llevan toda la vida disfrutando de esas playas”, a las
que accedía a través de pistas de tierra que ahora se encuentra bloqueadas y
que ofrecen una imagen “penosa”.
Ojeda ha advertido que al cerrarse el acceso a las zonas de aparcamiento,
decenas de coches aparcan en el arcén de la carretera donde se crean situaciones
de peligro.
Por su parte, el concejal de Litoral, José Carlos Álamo, ha aclarado a Efe que
sólo se ha cerrado el acceso de vehículos a las referidas playas, en cumplimiento
de la Ley de Costas y la Ordenanza del Litoral municipal, que prohíben la
presencia de coches y caravanas en el espacio de dominio público terrestre.
“Está comprobado que las acampadas ilegales ocasionan importantes daños en
las playas como vertederos clandestinos, destrozos y otras molestias”, precisó el
concejal.
Episodios como el de Veneguera, donde la Guardia Civil descubrió un
vertedero clandestino de basuras, no se pueden permitir en la costa turística de
San Bartolomé de Tirajana donde la limpieza de las playas cuesta unos tres
millones de euros anuales, explicó.
Álamo aprovechó para mostrar su sorpresa con el colectivo ecologista que lejos
de defender y salvaguardar la protección de litoral, demandó el acceso de
vehículos a zonas de sensibilidad medioambiental.
http://www.diariocriticocv.com/economia/chiringuitos/empleos/426833
DIARIO CRITICO DE VALENCIA
Economía
Los chiringuitos dan 5.000 empleos
La nueva Ley de Costas avala los locales en la playa.
| 2013-05-05 09:59:40 |
El secretario general del PPCV, Serafín Castellano, ha defendido este sábado la
nueva Ley de Costas, que da una prórroga a los chiringuitos, ya que supone
una apuesta para “defender el empleo” y permitirá que no se destruyan hasta
5.000 puestos de trabajo directos y miles de puestos indirectos.
Así se ha pronunciado el dirigente ‘popular’ ante los medios después de la
jornada de trabajo de la Comisión de Turismo del PPCV, en la que se han
reunido los alcaldes y portavoces de los municipios litorales de las tres
provincias para analizar el nuevo texto de la Ley de Costas.
Castellano ha recalcado que con esta ley se han salvado aquellos chiringuitos
cuya actividad se encontraba “en peligro” y se ha “avanzado en la
homogeneización e igualdad de criterios en la aplicación” de la norma.
Con esto, ha criticado que la ley anterior de 1978 aplicaba la “ley del embudo”
en la Comunitat Valenciana, y que ahora el PPCV busca potenciar el sector
turístico, que ha considerado “básico”, ya que genera casi el 13 por ciento del
PIB de la Comunitat.
Asimismo, ha destacado que se aumentará el plazo de concesiones para los
chiringuitos hasta 75 años y que el plazo de autorizaciones pasará a cuatro años,
en respuesta a “una de las cuestiones más reivindicadas por empresarios y
asociaciones” para poder planificarse y contratar a trabajadores.
‘Soluciones’
En esta línea, Castellano ha declarado que esta medida aporta “soluciones
históricas a los problemas históricos” y garantiza una “tranquilidad y seguridad
jurídica” a los empresarios del sector, ya que proporciona información a los
ciudadanos sobre sus propiedades y derechos, para que ninguno pueda
adquirir una vivienda u otro bien y descubra más tarde que no le pertenece
porque estaba dentro del dominio público marítimo-terrestre.
Por ello, se obligará a inscribir los bienes del dominio público marítimoterrestre
en el registro de la propiedad. De este manera, se clarifica la situación
de las urbanizaciones y se delimita la demarcación pública marítimo-terrestre.
El secretario general ‘popular’ ha declarado que la Ley de Costas “refuerza la
sostenibilidad y el respeto al medio ambiente”, ya que se distinguirá entre los
tramos urbanos y los naturales de playas y se aumentará la producción de esos
últimos para obtener más banderas azules e incrementar el respeto al medio
ambiente.
Asimismo, ha recordado que se prohibirá la edificación a menos de 100 metros
de distancia de la costa, lo que hace a esta ley “más proteccionista” que la de
1978. Con las nuevas medidas, Castellano ha recalcado que se producirá una
“mejora de la situación jurídica de quienes veían perdidos sus bienes” con la
anterior ley, y se dará una “solución justa a titulares de núcleos ya considerados
y autorizados antes de 1978”.
Con todo esto, el secretario general ha opinado que se trata de una ley
“tremendamente positiva” en la que el PP ha “trabajado activamente”,
basándose “en enmiendas que han salido de la Comunitat”. “Una vez aprobada
se procederá a desarrollarla a través de un reglamento para que se mantenga
esa seguridad jurídica”, ha concluido.
http://www.diariocriticocv.com/politica/barbera/rajoy/chiringuitos/leycostas/
426806
DIARIO CRITICO DE VALENCIA
Política
Barberá: “El Gobierno de Rajoy ha dado a los chiringuitos lo que el socialista les
quitó”
Barberá ha destacado que esta decisión conferirá “estabilidad jurídica y
económica” a unos locales regentados, según ha subrayado, por “pequeños
empresarios.
| 2013-05-03 15:56:52 |
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha celebrado este viernes la “magnífica”
noticia que supone la prórroga de las concesiones a los restaurantes y
‘chiringuitos’ con la reforma de la Ley de Costas y ha aseverado que “el
Gobierno de Mariano Rajoy ha dado a los chiringuitos lo que el socialista les
quitó”.
Así se ha pronunciado la primera edil en declaraciones a los medios tras asistir
a la presentación del libro ‘Comentarios al Estatuto de Autonomía de la
Comunitat Valenciana’, al ser preguntada por el anuncio realizado este jueves
por la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, sobre la prórroga a las
concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre que
contempla la Ley de Costas.
Barberá ha destacado que esta decisión conferirá “estabilidad jurídica y
económica” a unos locales regentados, según ha subrayado, por “pequeños
empresarios que están dinamizando la economía, la hostelería y el turismo”.
A su juicio, esta seguridad les permitirá acometer inversiones “importantes”
para “mejorar la estética y la oferta” y “poder tener más atractivo en lugares tan
bellos de nuestro Mediterráneo como La Malvarrosa, Pinedo o El Saler”.
“Por fin hay serenidad”
En el caso concreto de la ciudad de Valencia, Sánchez de León precisó que los
primeros beneficiados por la reforma serán los 14 restaurantes ubicados en la
playa de la Malvarrosa, puesto que su concesión vence el próximo mes de junio,
además de los de la playa de Las Arenas, Pinedo y El Saler.
Barberá, que tiene previsto reunirse con los hosteleros esta misma tarde, ha
manifestado que estos “están muy contentos” con esta decisión del Gobierno.
“Llevamos desde 2009, cuando levantamos la bandera de los chiringuitos, y por
fin hay estabilidad, serenidad y alegría por lo menos en este mundo” de la
hostelería y el turismo, ha concluido.
{http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/02/valencia/1367516520.html
EL MUNDO
02-05-2013
C. VALENCIANA | Reforma
La Ley de Costas permite prorrogar las concesiones existentes a chiringuitos
La reforma de la Ley de Costas permitirá prorrogar todas las concesiones
existentes amparadas por la actual legislación, lo que incluye a los restaurantes
y chiringuitos de las playas de la Malvarrosa, Las Arenas, Pinedo y El Saler, en
la ciudad de Valencia.
Así lo ha anunciado la delegada del Gobierno en la Comunidad
Valenciana, Paula Sánchez de León, en una reunión mantenida con la concejal
de Playas de Valencia, Lourdes Bernal, según un comunicado de la Delegación
del Gobierno.
En el caso concreto de la ciudad de Valencia, Sánchez de León ha afirmado que
los primeros beneficiados por la reforma serán los 14 restaurantes ubicados en
la playa de la Malvarrosa, puesto que su concesión vence el próximo mes de
junio, además de los establecimientos de las playas de Las Arenas, Pinedo y El
Saler.
“Con esta actuación, el Gobierno actual, a través del Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente da por cumplida una demanda que el sector viene
reivindicando desde el año 2009”, ha señalado la delegada del Gobierno.
El artículo 2 de la ley, sobre la prórroga de las concesiones otorgadas al amparo
de la normativa anterior, establece que las concesiones para la ocupación del
dominio público marítimo-terrestre existentes, que hayan sido otorgadas antes
de la entrada en vigor de la presente ley, podrán ser prorrogadas, a instancia de
su titular, de acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo.
La prórroga se aplicará igualmente a los titulares de un derecho de ocupación y
aprovechamiento amparado por la disposición transitoria primera de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, previa solicitud de la correspondiente
concesión.
Sánchez de León ha recordado que la aprobación definitiva de la nueva
normativa está previsto que se produzca el próximo 9 de mayo, mientras que
entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del
Estado (BOE). La delegada del Gobierno ha destacado que la reforma de la Ley
de Costas “pretende colaborar con los ciudadanos, teniendo en cuenta el actual
momento económico, preservando la calidad de nuestras costas”.
“En definitiva -ha continuado- se trata de mejorar la seguridad jurídica de los
prestadores de servicios y de facilitar sus actividades, especialmente del sector
de la hostelería, haciéndolo compatible con la conservación del medio
ambiente”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/02/valencia/1367515938_490562.html
EL PAIS
La Ley de Costas permitirá prorrogar las concesiones a los chiringuitos
El permiso de los locales de la Malva-rosa en Valencia expira en junio
EFE Valencia 2 MAY 2013 – 19:33 CET2
La reforma de la Ley de Costas permitirá prorrogar todas las
concesiones existentes amparadas por la actual legislación, lo que incluye a los
restaurantes y chiringuitos de las playas de la Malva-rosa, Las Arenas, Pinedo y
El Saler, en la ciudad de Valencia.
Así lo ha anunciado hoy la delegada del Gobierno en la Comunidad
Valenciana, Paula Sánchez de León, en una reunión mantenida con la concejal
de Playas de Valencia, Lourdes Bernal, según un comunicado de la Delegación
del Gobierno.
En el caso concreto de la ciudad de Valencia, Sánchez de León ha afirmado que
los primeros beneficiados por la reforma serán los 14 restaurantes ubicados en
la playa de la Malva-rosa, puesto que su concesión vence el próximo mes de
junio, además de los establecimientos de las playas de Las Arenas, Pinedo y El
Saler.
“Con esta actuación, el Gobierno actual, a través del Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente da por cumplida una demanda que el sector viene
reivindicando desde el año 2009”, ha señalado la delegada del Gobierno.
El artículo 2 de la ley, sobre la prórroga de las concesiones otorgadas al amparo
de la normativa anterior, establece que las concesiones para la ocupación del
dominio público marítimo-terrestre existentes, que hayan sido otorgadas antes
de la entrada en vigor de la presente ley, podrán ser prolongadas, a instancia de
su titular.
Sánchez de León ha recordado que la aprobación definitiva de la nueva
normativa está previsto que se produzca el próximo 9 de mayo.
La delegada del Gobierno ha destacado que la reforma de la Ley de Costas
“trata de mejorar la seguridad jurídica de los prestadores de servicios y de
facilitar sus actividades, especialmente del sector de la hostelería, haciéndolo
compatible con la conservación del medio ambiente”.
La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia protagonizaron un largo
enfrentamiento con el anterior Gobierno socialista a cuenta del tamaño de las
terrazas de los chiringuitos, que excedían en muchos casos los metros
cuadrados de la concesión. Los locales de la Malva-rosa acabaron cumpliendo
con la norma y redujeron sus terrazas, pero no así el resto de establecimientos
playeros. Con el cambio de gobierno, los hosteleros de la Malvarosa
presentaron un proyecto de remodelación para recuperar los metros de
terraza desmontados.
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-psoe-teme-indemnizar-afectadossentencias-
derribo-antes-ejecucion-sea-engano-mas-diego-20130503124456.html
Lunes, 6 de Mayo 2013
El PSOE teme que indemnizar a los afectados por sentencias de derribo antes
de su ejecución sea “un engaño más Diego”
Palacio insta al Gobierno a dar una solución definitiva a todos los afectados
SANTANDER, 3 May. (EUROPA PRESS) –
El diputado socialista Miguel Ángel Palacio ha afirmado este viernes que
indemnizar las viviendas afectadas por sentencias de derribo antes de ejecutar
la demolición “es un buen propósito”, pero “mucho nos tememos -ha dicho- que
sea un engaño más” del presidente regional, Ignacio Diego, “porque hasta ahora
ha hecho justamente lo contrario”.
Al respecto, el parlamentario ha señalado que a los propietarios de las
viviendas derribadas en Arnuero, en la playa de La Arena, “aún no se les ha
pagado y Diego les ha mandado a reclamar la indemnización a los tribunales
después de derribarles las viviendas”.
Palacio ha denunciado que de los cinco millones de euros que había en el
presupuesto para indemnizar a los propietarios de estas viviendas, Diego ha
retirado este año cuatro millones y medio porque “no pensaba pagar a nadie” y
ha dejado solamente 500.000 euros.
Añade que los tribunales han terminado imponiendo una sanción económica
personal al consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Urbanismo, Francisco Javier Fernández “por incumplimiento y falta de
colaboración con la justicia en las indemnizaciones por los daños morales”.
El parlamentario socialista recuerda en un comunicado de prensa que en el
Plan de derribos que Diego presentó ante los tribunales y ante los afectados
comprometió un calendario para ejecutar sentencias y legalizar viviendas. “Han
pasado ya dos años y Diego ha incumplido este calendario, de tal manera que
no se ha ejecutado ninguna sentencia, ni se ha legalizado ninguna vivienda. Los
afectados sostienen, con razón, que ha sido un año perdido”, afirma.
“Si proponen indemnizar antes de derribar que lo hagan, pero que no engañen
más”, reclama Palacio en un comunicado de prensa en el que señala que el año
pasado “Diego prometió salvar casi todas las viviendas con la modificación de
la Ley del Suelo estatal y afirmó que el resto las legalizaría con la Ley de Costas.
La realidad es que ni Ley del Suelo estatal, ni Ley de Costas. Todo fue un
engaño manifiesto”, denuncia.
Palacio añade que hace unas semanas el consejero defendió en el Parlamento
que “no hay atajos” y que la solución eran los Planes Generales. “Hace 13 años el
PP comenzó la redacción del Plan General de Piélagos y hoy está en la misma
fase que estaba cuando comenzó esta legislatura, en el avance, y además, tiene
que afrontar sentencias de derribo de más de 400 viviendas”, señaló.
Subraya que “en estas sentencias los condenados han sido el Gobierno del PP
y algunos de sus alcaldes y concejales. Entre todos han generado el mayor
desastre urbanístico de la región, el mayor quebranto económico y un
sufrimiento incalculable a los afectados”, lamentó Palacio, tras asegurar que
“nadie ha asumido nunca ninguna responsabilidad”.
En su opinión, hasta la fecha la gestión de Diego “no ha dado ningún
resultado”. “Muchas promesas de cambios legislativos, de planes generales, de
legalización de viviendas, pero al final, nada de nada. Esta es la realidad. Si
promete indemnizar, que indemnice, pero que no vuelva a engañar más a los
afectados”, insistió.
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-barbera-gobiernorajoy-
dado-chiringuitos-socialista-les-quito-20130503144602.html
Lunes, 6 de Mayo 2013
CELEBRA LA PRÓRROGA DE LAS CONCESIONES
Barberá: “El Gobierno de Rajoy ha dado a los chiringuitos lo que el socialista
les quitó”
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha celebrado este viernes la
“magnífica” noticia que supone la prórroga de las concesiones a los restaurantes
y ‘chiringuitos’ con la reforma de la Ley de Costas y ha aseverado que “el
Gobierno de Mariano Rajoy ha dado a los chiringuitos lo que el socialista les
quitó”.
Así se ha pronunciado la primera edil en declaraciones a los medios tras
asistir a la presentación del libro ‘Comentarios al Estatuto de Autonomía de la
Comunitat Valenciana’, al ser preguntada por el anuncio realizado este jueves
por la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, sobre la prórroga a las
concesiones para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre que
contempla la Ley de Costas.
Barberá ha destacado que esta decisión conferirá “estabilidad jurídica y
económica” a unos locales regentados, según ha subrayado, por “pequeños
empresarios que están dinamizando la economía, la hostelería y el turismo”.
A su juicio, esta seguridad les permitirá acometer inversiones “importantes”
para “mejorar la estética y la oferta” y “poder tener más atractivo en lugares tan
bellos de nuestro Mediterráneo como La Malvarrosa, Pinedo o El Saler”.
“POR FIN HAY SERENIDAD”
En el caso concreto de la ciudad de Valencia, Sánchez de León precisó que los
primeros beneficiados por la reforma serán los 14 restaurantes ubicados en la
playa de la Malvarrosa, puesto que su concesión vence el próximo mes de junio,
además de los de la playa de Las Arenas, Pinedo y El Saler.
Barberá, que tiene previsto reunirse con los hosteleros esta misma tarde, ha
manifestado que estos “están muy contentos” con esta decisión del Gobierno.
“Llevamos desde 2009, cuando levantamos la bandera de los chiringuitos, y por
fin hay estabilidad, serenidad y alegría por lo menos en este mundo” de la
hostelería y el turismo, ha concluido.
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20130502/hotel-oliva-beachcorralejo-
2303284.html
INVERSIÓN Y FINANZAS
CAN-FUERTEVENTURA TURISMO
El Hotel Oliva Beach de Corralejo se salva con la Ley de Costas, según el PP
02/05/2013 – 15:19Noticias EFE
La reforma de la Ley de Costas permite que el Hotel Oliva Beach, en Corralejo,
obtenga una nueva concesión de uso de hasta 75 años, según ha indicado el
secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, al senador por
Fuerteventura Claudio Gutiérrez, indica el PP en un comunicado.
Esta posibilidad de la empresa de acogerse a una prórroga la ha conocido el
senador majorero en una reunión celebrada en Madrid en la que también
estuvo presente el director general de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar,
Pablo Saavedra.
El PP de Fuerteventura recuerda que el 12 de abril de 2007 se dictó por el
Ministerio, de mutuo acuerdo con el concesionario, una resolución que
modificaba la Condición Particular 1ª de la Orden Ministerial de 8 de julio de
2003, por la que se otorgó la concesión administrativa, reduciendo la concesión
a diez años desde la resolución.
Además, se añadía que los gastos de demolición, levantamiento y desescombro
de las instalaciones, objeto de la concesión, correrían a cargo de la entonces
Dirección General de Costas y el plazo de vigencia de la concesión vencía el 13
de abril de 2017.
En la reforma de la Ley de Costas, que ya ha sido aprobada por el Senado y
remitida al Congreso, el artículo segundo de la ley establece una prórroga
extraordinaria para las concesiones existentes, otorgadas al amparo de la
normativa anterior y que tendrían que expirar a partir del 2018.
Gutiérrez ha señalado que “fue una solicitud hecha al Ministerio desde el
primero momento y ahora es la empresa la que debe tramitar ante el Ministerio
la ampliación de esta concesión”, y espera “que las autoridades locales y
regionales no pongan trabas para la ampliación de esta prórroga tan importante
para la economía del municipio”.
El senador mantuvo ayer miércoles un encuentro con integrantes de la
Plataforma Salvar el Oliva Beach para trasladarles la información remitida por
el Ministerio cumpliendo “un compromiso que adquirí con estos trabajadores
para llevar a Madrid sus reclamaciones e intentar salvar el Hotel Oliva Beach”.
En el comunicado, los populares han recordado que este mítico establecimiento
hotelero, inaugurado en 1977, emplea a 400 personas y cuenta con casi 2.000
camas y una media de ocupación del 80 por ciento anual, con unas 600.000
estancias cada año.
Por otro lado, el Partido Popular de Fuerteventura ha asegurado no olvidarse
de los barrios costeros de la isla afectados por la Ley de Costas de 1988 y han
indicado que, una vez que se apruebe la reforma de la ley en el Congreso de los
Diputados, tienen prevista una reunión con los afectados y los ayuntamientos.
El objetivo de esta reunión a la que asistirán además del senador majorero, la
senadora por La Palma, María de Haro, y la diputada nacional Celia Alberto, es
dar a conocer el nuevo texto y las posibilidades que ofrece a los propietarios de
las viviendas afectadas por la normativa de 1988.
“A partir de la aprobación de la reforma de la Ley de Costas, los ayuntamientos
dispondrán de tres meses para regularizar sus núcleos costeros amenazados”,
ha asegurado Gutiérrez.
Según los populares, si a los 18 meses de su petición el Ministerio no contesta,
se entenderá que es favorable su legalización.
Jacomar, Puerto Lajas, El Puertito, Los Molinos, Majanicho, Pozo Negro,
Giniginámar, Las Salinas, Ajuy y Cueva La Negra son los principales pueblos
costeros afectados por Ley de Costas del año 1988.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2013/05/01/psdeg-instaparlamento-
defienda-propuesta-sobre-ley-costas/0003_201305G1P9995.htm
LA VOZ DE GALICIA
El PSdeG insta al Parlamento a que defienda su propuesta sobre la Ley de
Costas
Uno de los cambios se refiere a que A Illa de Arousa reciba el mismo trato que
la isla de Formentera
SANTIAGO / LA VOZ
01 de mayo de 2013 05:00
El próximo pleno del Parlamento gallego debatirá una moción de los socialistas
gallegos para que la Ley de Costas que tramita el Gobierno estatal incluya la
propuesta que adoptó la Cámara gallega, y que defendieron en Madrid los
propios senadores del PP de Galicia.
Estas enmiendas no fueron aceptadas, por lo que el PSdeG insistirá en el pleno
para que Galicia lleve esta propuesta a Madrid. Uno de los cambios se refiere a
que A Illa de Arousa reciba el mismo trato que la isla de Formentera, mientras
que el otro punto se refiere a reconocer núcleos como Ribeira, Marín y Vilaboa
como enclaves tradicionales por cumplir uno de los dos requisitos que recoge el
texto de la ley, cuando ahora mismo el proyecto exige que se cumplan ambos.
http://www.laopiniondemalaga.es/opinion/2013/05/04/la-nueva-ley-de-costasuna-
esperada-reconciliacion/585431.html
LA OPINIÓN DE MÁLAGA
Siete días
La nueva Ley de Costas, una
esperada reconciliación
04.05.2013 | 05:00
Patricia Navarro La pasada semana finalizó el trámite legislativo en el Senado
de la reforma de la Ley de Costas y, como viene siendo habitual con cualquier
iniciativa que llega del Gobierno a sede parlamentaria no estuvo exenta de
polémica. Lo sorprendente es que hace poco más de un año debatimos una
moción del Grupo Popular que instaba al gobierno a acometer esta reforma y
todos los grupos, excepto el socialista, coincidieron en la imperiosa necesidad
de llevarla a cabo.
La legislación que hasta ahora regía sobre estos espacios databa de 1988,
veinticinco años en los que no solo la sociedad ha evolucionado
extraordinariamente, sino también la ordenación de nuestros pueblos y
ciudades. Pero no en todas las localidades costeras españolas esa nueva
fisionomía y distribución obedece a un proceso ordenado y equilibrado. A lo
largo y ancho de nuestros más de 7.800 kilómetros de litoral podemos
encontrar, desgraciadamente, no pocos monumentos a la degradación
medioambiental. Ni la abundante, incluso excesiva, normativa urbanística que
tenemos en este país, ni las administraciones (todas) implicadas en su
aplicación y control, y mucho menos aquella Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas han sido capaces de impedirlo. Una ley obsoleta, cuyas múltiples
lagunas ha propiciado su utilización arbitraria y hasta abusiva que, lejos de
proteger nuestras costas, ha permitido más de 10.000 ocupaciones residenciales
en dominio público. Para agravar aún más esta situación, el gobierno de
Rodríguez Zapatero, haciendo apología del más falso e hipócrita ecologismo,
aprovechó la ambigüedad de la norma para cargar contra propietarios de
inmuebles y negocios asentados en la costa, vulnerando así sus derechos y
estrangulando buena parte de la actividad económica de estas zonas.
Si alguien ha sufrido los efectos perversos de esa gestión antojadiza en
Andalucía han sido los empresarios de playa y, de forma muy particular, los
dueños de chiringuitos. En Málaga estos establecimientos singulares que
aportan un indiscutible valor añadido a nuestra oferta turística cuentan con más
de un siglo de historia, tiempo durante el que han desarrollado su actividad no
solo de forma inofensiva, sino incluso en plena armonía con su entorno. Esto no
lo entendió así el ejecutivo del PSOE y sus arrebatos regularizadores que
oscilaron entre querer sacarlos de la arena y hacer desaparecer los puestos de
espetos. Los más de 700 chiringuitos existentes en Andalucía así como los
40.000 empleos y los 500 millones de euros que generan, se vieron amenazados.
Algo del todo incomprensible, porque quiénes conocemos y frecuentamos estos
negocios sabemos que sus dueños son los máximos interesados en que el estado
de la playa donde se asientan sea óptimo, contribuyendo incluso a su
mantenimiento y mejora.
Este elenco de motivaciones justifica que el Gobierno de Rajoy tuviera la
modificación de esta normativa entre las prioridades de su agenda reformista.
No se ha hecho esperar y con esta ley ha vuelto la certidumbre a nuestra costa
que, al contrario de lo que ahora arguyen algunos, no han perdido un ápice de
protección. Prueba de ello es, por ejemplo, que se refuerza la prohibición sobre
nuevas edificaciones y se limita las obras de mejora de las ya existentes a
aquellas que no supongan aumento de volumen, altura o superficie. Incluso
para autorizar esas obras de mejora, deben acreditar que cumplen con criterios
de eficiencia energética y ahorro de agua. En la regulación del uso de las playas
se diferencia entre las que tienen carácter urbano y las que son naturales, con
objeto de intensificar la protección de estas últimas. Los efectos del cambio
climático también están muy presentes en esta Ley, que introduce un régimen
específico para los tramos de litoral que están en riesgo de regresión, además de
incluirse la exigencia de que los proyectos de ocupación de dominio público
vayan acompañados de estudios prospectivos sobre las posibles consecuencias
del cambio climático. Asimismo y para evitar en el futuro las tropelías
urbanísticas cometidas hasta ahora, la ley habilita a la Administración General
del Estado para suspender vía administrativa los actos y acuerdos adoptados
por las entidades locales que se consideren agresiones contra el Dominio
Público Marítimo Terrestre (DPMT).
En lo que a propietarios y empresarios de playa respecta, esta reforma les
devuelve la tranquilidad y la seguridad jurídica, al clarificarse el alcance del
DPMT, lo que impedirá más deslindes caprichosos. Se garantiza al ciudadano el
acceso a la información actualizada sobre sus propiedades o sobre aquellas que
esté interesado en adquirir, mediante la obligatoriedad de inscripción de todos
los bienes en el Registro de la Propiedad, estén o no en DPMT. También contará
con información sobre la línea de deslinde que será publicada en la web del
Ministerio de Medio Ambiente y cruzada con los datos del Catastro y del
Registro de la Propiedad, lo que supone una garantía, sobre todo, para los
inversores extranjeros atemorizados en los últimos tiempos. Y para quienes la
Ley del 88 les expropió bienes, privados antes de su entrada en vigor, y les
compensó con concesiones a 30 años, esta reforma prevé su ampliación a 75 y la
transmisión mortis causa e intervivos. El plazo de las autorizaciones también se
ve incrementado de 1 a 4 años.
Algunos llevan meses como pájaros de mal agüero anunciando de forma
apocalíptica la desprotección y la privatización de la costa que trae consigo la
nueva ley. Sin embargo, la inconsistencia de sus argumentos por carecer de
fundamento no es mayor que el descrédito de quienes lo sostienen. Porque cabe
recordar que el mismo partido que hoy se opone radical y enardecidamente a
esta reforma en defensa del medio ambiente y su conservación, ha hecho
durante décadas dejación de funciones en materia urbanística. La Junta de
Andalucía no ha ejercido su competencia de control y disciplina urbanística
desde que le fuera conferida y fruto de ello son las decenas de miles de
viviendas ilegales que existen en nuestra provincia. También lo son las
numerosas construcciones que han ido formando cortinas de hormigón que
asoman a la costa desde la primera línea de playa en no pocos municipios de
nuestro litoral. Y no podemos olvidar El Algarrobico, en Carboneras (Almería),
verdadero atentado de terrorismo urbanístico, levantado en pleno corazón de
un Parque Natural con la connivencia del PSOE, que ostentaba tanto el
gobierno municipal como el de la Junta de Andalucía.
La modificación de esta normativa pone punto y final al urbanismo desaforado
que durante tanto tiempo proliferó al abrigo de la antigua Ley. Y lo más
importante, reconcilia por fin la necesaria protección del entorno costero, tan
extenso, diverso y valioso en nuestro país, con el hombre. Hace siglos que el ser
humano eligió establecerse en estos lugares privilegiados y estratégicos de
nuestra geografía. Desde entonces, el hombre ha convivido con su entorno
natural costero en un perfecto equilibrio, aprovechando las oportunidades y
recursos que este le ofrece y atendiendo a su cuidado y conservación.
Lo que ha vuelto a unir esta ley, que no lo separe ningún gobierno.
*Patricia Navarro es senadora del PP por Málaga
http://www.laopinion.es/tenerife/2013/05/04/ocho-municipios-salvar-22-barrioscosteros/
473534.html
LA OPINION DE TENERIFE
Ocho municipios trabajan para salvar sus 22 barrios costeros
Santa Cruz, La Laguna, Tacoronte, La Matanza, Güímar, Candelaria, El
Rosario y Arafo tienen tres meses para intentar justificar la legalización de
sus núcleos
04.05.2013 | 02:57
YLENIA LORENZO Un total de ocho municipios de Tenerife han comenzado a
trabajar desde que se aprobó la nueva Ley de Costas en el Senado, el pasado día
24, para intentar legalizar los 22 barrios pesqueros de la Isla afectados por la
normativa. Santa Cruz, La Laguna, Tacoronte, La Matanza, Güímar, Candelaria,
El Rosario y Arafo deben presentar en tres meses la documentación que
demuestre que los núcleos costeros se adaptan a la futura disposición, que se
prevé que sea ratificada por el Congreso de los Diputados la próxima semana.
La reforma legislativa plantea la rebaja de la zona de servidumbre de 100 a 20
metros en casos determinados, de la que podría beneficiarse las poblaciones que
cumplan una serie de requisitos, algunos de ellos incorporados ahora. Las
alternativas para poder regularizar los terrenos son dos. Primero está el caso de
los municipios que no tuvieran planeamiento en 1988, cuando se aprobó la Ley
de Costas que ahora se modifica.
En ese caso, podrán legalizarse los barrios que, a pesar de no estar en una zona
clasificada como suelo urbano, cuentan con acceso rodado, abastecimiento de
agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica y que,
además, un tercio de su superficie está consolidada. La segunda opción,
contemplada por la antigua norma de 1988, estipula que dos terceras partes de
estos espacios deben estar edificados en el Plan General de Ordenación de los
municipios.
Según explica la senadora del Partido Popular María de Aro, no hace falta
cumplir con todas las condiciones, sino que solo bastaría con ajustarse a una de
las alternativas. El Estado pretende “flexibilizar” la Ley de Costas, porque los
planes generales de ordenación de la mayoría de los municipios de las Islas
afectados “no habían declarado esas zonas como suelo urbano”, señala De Aro.
Esta reforma “no es automática”, ya que los ayuntamientos deben acreditar en
tres meses que los núcleos cumplen con los requisitos para que, a continuación,
el Gobierno central determine en un plazo de 18 meses si acepta o no la
declaración. En caso de que no dé una respuesta, significa que la resolución es
favorable para el barrio pesquero. “Tampoco significa que se permite en
dominio público cualquier urbanización edificada después de 1988”, porque lo
que pretende la nueva normativa es “la protección de los núcleos antiguos”,
agrega la senadora popular.
Esta ley, sin embargo, es igual para todo el país y para hacer la reforma no se ha
tenido en cuenta las singularidades históricas, culturales y etnográficas de los
barrios costeros del Archipiélago, mientras que la normativa sí ha salvado de
las palas a una decena de barrios pesqueros de la Península, según denuncia el
presidente de la Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los
Afectados por la Ley de Costas, José Luis Langa González, y otros senadores
isleños, como Narvay Quintero.
Langa defiende no solo la singularidad de los terrenos que hay en el
Archipiélago (un total de 672 casas afectadas por la normativa en Tenerife,
algunas de ellas con sentencia firme), sino también aboga por “poder contar con
la gestión de servicios sobre Costas en Canarias, como ya tienen otras
comunidades como Cataluña”. La finalidad es que no se repita la misma
situación sufrida el pasado 17 de noviembre en Cho Vito (Candelaria), cuando
las palas derribaron las últimas nueve viviendas que quedaban en ese núcleo
costero.
http://www.laprovincia.es/fuerteventura/2013/05/03/pp-anuncia-oliva-beachsalvara-
derribo-ley-costas/529139.html
LA PROVINCIA
Diario de Las Palmas
El PP anuncia que el Oliva Beach se salvará del derribo con la Ley de Costas
03.05.2013 | 02:00
LP/DLP La reforma de la Ley de Costas posibilitará que el hotel Oliva Beach,
propiedad de la cadena RIU, ubicado en el interior del Parque Natural de las
Dunas de Corralejo, pueda obtener una nueva concesión de uso hasta 75 años
más. La citada autorización expiraba para este complejo turístico dentro de
cuatro años. Así lo anunció ayer el senador por la Isla, Claudio Gutiérrez, tras
su encuentro con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos,
en que estuvo acompañado por el Director General de la Sostenibilidad de la
Costa y del Mar, Pablo Saavedra. Gutiérrez manifestó a ambos cargos
gubernamentales ” el agradecimiento y sensibilidad con Fuerteventura ya que
este hotel es un símbolo turístico de La Oliva en el que trabajan más de 400
familias”.
El 12 de abril de 2007, se dictó por el Ministerio, de mutuo acuerdo con el
concesionario, una resolución que modificaba las condiciones por la que se
otorgó la concesión administrativa, reduciendo la concesión a diez años desde
la resolución, añadiendo, además, que los gastos de demolición levantamiento y
desescombro de las instalaciones objeto de la concesión, correrían a cargo de la,
entonces, Dirección General de Costas. El plazo de vigencia de la concesión
vence el 13 de abril de 2017.
Reforma
La actual reforma de la Ley de Costas establece una prórroga extraordinaria
para las concesiones existentes, otorgadas al amparo de la normativa anterior y
que tendrían que expirar a partir del 2018. “Fue una solicitud que hicimos al
Ministerio desde el primero momento. Ahora es la empresa la que debe
tramitar ante el Ministerio la ampliación de esta concesión y que las autoridades
locales y regionales no pongan trabas para la ampliación de esta prórroga tan
importante para la economía del municipio”, señaló Claudio Gutiérrez.
El establecimiento hotelero inaugurado en 1977 emplea a 400 personas y cuenta
con casi 2.000 camas y una media de ocupación del 80% anual, con unas 600.000
estancias cada año. El Cabildo majorero, el Ayuntamiento de La Oliva y la
Cámara de Comercio de Fuerteventura han mostrado su apoyo al
mantenimiento del establecimiento. “Por este hotel han pasado muchos turistas
a lo largo de su historia; se ha convertido en un atractivo más”, señala
Gutiérrez.
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/2140003/local+comunidadvalenciana/
castellano-acusa-a-la-oposicion-de-querer-saca#.UYdxZLXKHQA
DIARIO LA RAZON
COMUNIDAD VALENCIANA / POLÍTICA
Castellano acusa a la oposición de querer sacar rédito político del accidente
04 de mayo de 2013. 21:49hM. A..
La concentración del pasado viernes en apoyo a las víctimas del accidente de
metro en 2006, tuvo ayer sus reacciones políticas. El conseller de Gobernación,
Serafín Castellano, acusó a los partidos de la oposición de intentar sacar
«rentabiliadad política» de la tragedia.
Castellano, que hizo estas declaraciones tras presidir una jornada de trabajo
para analizar la nueva Ley de Costas, pidió «altura de miras» cuando «estamos
hablando de tragedias que han costado vidas humanas y muchos heridos».
Recordó que «la Justicia se ha pronunciado por tres veces y hubo una Comisión
de investigación en Les Corts».
En todo caso, reiteró que «si alguien estima que hay algunas cuestiones que
puedan ser nuevas para poder volver a llevar el tema, el cauce oportuno es el de
la Justicia».
En la misma línea se pronunció el portavoz del Partido Popular en Les Corts,
Jorge Bellver, quien recordó además que el presidente de la Generalitat, Alberto
Fabra, «dio prioridad en su agenda» a reunirse con las víctimas y familiares del
accidente y exigió a la oposición que no dé «lecciones de sensibilidad».
«De hecho, la reunión que mantuvo con las víctimas y familiares fue una de las
primeras decisiones que tomó Fabra tras ser nombrado jefe del Consell, y esa
reunión se materializó en octubre de 2011, mientras la oposición permanecía
callada». Según el portavoz popular, «nadie le puede acusar de nada, ni a él ni
al Gobierno valenciano, que está a disposición de las víctimas para lo que
necesiten».
Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, solicitó a Fabra,
que sea «sensible al clamor social» y atienda las reivindicaciones de la
Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio (AVM3J).
Consideró que Fabra «no puede mirar hacia otro lado» después de la
concentración del viernes. Anunció que el PSPV-PSOE en Les Corts preguntará
el próximo jueves en la sesión de control al presidente sobre esta cuestión y
además, presentará una batería de iniciativas parlamentarias, que se unirá a la
solicitud de crear una Comisión de investigación sobre el accidente presentada
esta semana.
Por otro lado, la coordinadora de EU y portavoz de la formación en Les Corts,
Marga Sanz, afirmó que si a Fabra le queda «un mínimo de decencia,
sensibilidad y responsabilidad», debería convocar «hoy mismo» una reunión
con los familiares de las víctimas del accidente de metro.
http://www.saforguia.com/HOME2013/LeerNoticia2011/tabid/357/titular/COST
AS_ORDENA_RETIRAR_36_PALMERAS_DE_LA_PLAYA_DE_GANDIA_Y_P
ROH%C3%8DBE_DECORAR_LOS_CHIRINGUITOS_CON_INSTALACIONES
_EXTERNAS_/idnoticia/33664/Default.aspx
LA SAFOR
Costas ordena retirar 36 palmeras de la playa de Gandia y prohíbe decorar los
chiringuitos con instalaciones externas
El Gobierno local, del PP, ya ha presentado alegaciones al Ministerio de Medio
Ambiente. El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y
Turismo de la Safor (ASEMTHSA), Emilio Rees, califica de “retrógada” la
política del Ministerio de Medio Ambiente, que también impide instalar
elementos decorativos como “budas” u otros que identifiquen los ocho kioscos
en concesión. La patronal hostelera pide la mediación del Ayuntamiento. El
alcalde, Arturo Torró, pide a Costas que no tenga “tanta saña” con Gandia.
J.C. 03/05/2013
Palmeras plantadas en la arena de la playa de Gandia. / S.G.
La Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha
ordenado a Gandia retirar hasta 36 palmeras plantadas por el Ayuntamiento en
la arena de la playa, junto al paseo marítimo. Además, Costas tampoco autoriza
en esta campaña que los gerentes de los chiringuitos instalen elementos
decorativos sobre la arena junto a los kioscos que tienen en concesión, y que el
Ayuntamiento sacó a subasta pública recientemente.
Respecto a las palmeras, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, ya ha
presentado alegaciones al Ministerio.
Por otra parte, el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería y
Turismo de la Safor (ASEMTHSA), Emilio Rees, ha expresado su “indignación”
en nombre de los empresarios de los ocho chiringuitos que gestionan sus
concesiones en la playa de Gandia.
Rees considera “retrógado” y “tercermundista” que Costas prohíba este tipo de
instalaciones que permiten diferenciar a los chiringuitos más allá de su número
y que los empresarios solicitaron hace unos 15 días, como por ejemplo las
figuras de “budas” que tiene uno de ellos. “Nos vendieron la reforma de la Ley
de Costas como una panacea, y parece que la tienen tomada con Gandia y la
Safor”, añadió.
“Estas mejoras estéticas no afectan medioambientalmente y únicamente mejoran
la percepción que tiene el turista, haciéndolos más comercial y agradable, y
mejorando el destino al hacerlo más competitivo”, defiende Rees.
Por ello, la asociación sectorial pide la mediación del Ayuntamiento de Gandia
para intentar que Costas cambie de parecer antes del verano.
Torró pide a Costas que no se “ensañe”
En este sentido, el alcalde de Gandia, Arturo Torró, ha manifestado su apoyo a
los empresarios, “y es más, lucharé para que Gandia tenga una de las mejores
playas del Mediterráneo, más atractiva, más turística y cada vez con mayores
alicientes. Es una pena que perdamos al tiempo en discutir temas tan banales
cuando está en juego la riqueza de una Comunitat”, señaló.
Torró ha pedido a la Dirección General de Costas que no tenga “tanta saña” con
Gandia dado que “estamos luchando contra la crisis, intentando atraer turismo,
y no infringimos ninguna normativa. Sólo queremos lo mismo que en otros
lugares de España”.
Arturo Torró ha dejado claro que “para salir de esta crisis hay que apostar por
el turismo, que es uno de los principales motores de esta Comunitat. No hay
que quitar sino añadir, hacerlo mejor, más atractivo. Un turismo sin fronteras
que pueda elegir dónde y cómo disfrutar de nuestras playas y que no esté
sujeto a criterios técnicos que nos retrasan a la hora de poner en valor nuestras
playas frente a otros destinos que sí lo tienen claro”.
Es más, para el alcalde de Gandia “de nada servirá una ley más aperturista si
los criterios que se marcan son subjetivos y técnicos” añadiendo al respecto que
“tendrían que tener claro que la Comunitat Valenciana es principalmente
turística”.
http://www.lavanguardia.com/local/valencia/20130502/54371750469/elgobierno-
prorroga-las-concesiones-vigentes-de-los-chiringuitos-mediante-lareforma-
de-la-ley-de.html
DIARIO LA VANGUARDIA
Lunes 6 de mayo de 2013
El Gobierno prorroga las concesiones vigentes de los chiringuitos mediante la
reforma de la Ley de Costas
Comunidad Valenciana | 02/05/2013 – 19:03h
VALENCIA, 2 (EUROPA PRESS)
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León
ha anunciado este jueves que la reforma de la Ley de Costas va a permitir
prorrogar todas las concesiones existentes amparadas por la actual legislación,
lo que incluye a los restaurantes y chiringuitos.
Así, se lo ha transmitido Sánchez de León a la concejala de Playas de Valencia,
Lourdes Bernal, en una reunión que han mantenido este jueves, según ha
informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.
En el caso concreto de la ciudad de Valencia, la delegada del Gobierno ha
afirmado que los primeros beneficiados por la reforma serán los 14 restaurantes
ubicados en la playa de la Malva-rosa, puesto que su concesión vence el
próximo mes de junio, además de los establecimientos de la playa de Las
Arenas, Pinedo y El Saler.
“Con esta actuación, el Gobierno actual, a través del Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente da por cumplida una demanda que el sector viene
reivindicando desde el año 2009”, ha señalado Paula Sánchez de León.
El artículo 2 de la ley, sobre la prórroga de las concesiones otorgadas al amparo
de la normativa anterior, en su apartado primero, establece que las concesiones
para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre existentes, que hayan
sido otorgadas antes de la entrada en vigor de la presente ley, podrán ser
prorrogadas, a instancia de su titular, de acuerdo con lo dispuesto en el
presente artículo.
La prórroga se aplicará igualmente a los titulares de un derecho de ocupación y
aprovechamiento amparado por la disposición transitoria primera de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas, previa solicitud de la correspondiente
concesión.
APROBACIÓN DEFINITIVA, 9 DE MAYO
Sánchez de León ha recordado que está previsto que se produzca la aprobación
definitiva de la nueva normativa el próximo 9 de mayo y entrará en vigor el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La delegada del Gobierno ha destacado que la reforma de la Ley de Costas
“pretende colaborar con los ciudadanos, teniendo en cuenta el actual momento
económico, preservando la calidad de nuestras costas”. “En definitiva –ha
continuado– se trata de mejorar la seguridad jurídica de los prestadores de
servicios y de facilitar sus actividades, especialmente del sector de la hostelería,
haciéndolo compatible con la conservación del medio ambiente”.
http://www.laverdad.es/agencias/20130504/comunidad-valenciana/ppcvoposicion-
peor-valorada-estar_201305041433.html
DIARIO LA VERDAD DE MURCIA
PPCV: oposición es peor valorada por estar instalada
en populismo y demagogia
Agencia EFE
Valencia, 4 may (EFE).- El secretario general del Partido Popular de la
Comunitat Valenciana (PPCV), Serafín Castellano, ha considerado que los
ciudadanos valoran peor la actuación de la oposición porque “está instalada en
el populismo, la demagogia, el sensacionalismo e incluso el desprestigio de la
Comunitat”.
Castellano ha hecho estas manifestaciones tras presidir una jornada de trabajo
para analizar la nueva Ley de Costas y ser preguntado por los periodistas por
los últimos datos del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS).
Según Castellano, mientras que un 46,4 % de ciudadanos cree que la gestión del
Consell es “mala o muy mala”, el porcentaje de valencianos que opina que la
actuación de la oposición es “mala o muy mala” asciende al 54,9 %, una
diferencia de 8,5 puntos.
“Entiendo que eso se debe a que la oposición está instalad en el populismo, en
decir lo que la gente quiere oír, en aprovecharse de los problemas de la gente,
en la demagogia, en el sensacionalismo e incluso en el desprestigio de la
Comunitat”, ha afirmado.
A su juicio “la gente es inteligente y cree que no es lo que toca” y ha agregado
que el Gobierno y el PP “estamos en la responsabilidad y el compromiso de
decir que es hora de las soluciones y de defender lo nuestro, la Comunitat y lo
valenciano por encima de todo, cuestiones que no pasan desapercibidas a la
gente”.
El dirigente popular ha señalado que estamos en una situación de “crisis
económica, de desempleo y de desafección ciudadana respecto a la política, y lo
que queremos es estar con la gente, ser solidarios con los que lo pasan mal y
seguir trabajando con ellos”.
Serafín Castellano ha destacado el dato de que el 82,4 por ciento de los
ciudadanos afirma estar “satisfecho o muy satisfecho” de vivir en la Comunitat
Valenciana y otro 68,7 % dice tener una “buena o muy buena” calidad de vida
en esta autonomía.
“Son datos tremendamente importantes, porque la calidad de vida va ligada a la
calidad de los servicios públicos como Sanidad, Educación, Justicia, Servicios
Sociales, Infraestructuras, todo lo que en el día a día tiene un ciudadano”.
Otros datos destacados por Castellano ha sido que el 48,5 por ciento de los
valencianos asegura que la situación política de la Comunitat Valenciana es
“igual o mejor” que la del resto del país.
Respecto a la situación económica, el 44,2 por ciento la ve “igual o mejor” en la
Comunitat Valenciana que en el resto de España y un 43 por ciento, “peor”.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/pontevedra/2013/05/05/vilaboa-ochentacasas-
picota/0003_201305P5C10991.htm
LA VOZ DE GALICIA
PONTEVEDRA
Vilaboa, 80 casas en la picota
Los vecinos viven con inquietud las repercusiones de la deriva legislativa de la
Ley de Costas
MARCOS GAGO
vilaboa / la voz 05 de mayo de 2013 05:00
La franja de protección de Costas se extiende de forma uniforme a lo largo de
todo el litoral de Vilaboa ocupando un ancho de cien metros y dejando
incluidos en su interior unas cuatrocientas casas, de las que ochenta están
especialmente en el punto de mira. Los afectados están expectantes sobre las
consecuencias que podría tener para este municipio la reforma de la Ley de
Costas y también la tramitación del PXOM que están llevando a cabo el
Concello y la Xunta.
Está en juego el bienestar de muchas familias que construyeron sus casas con
licencia municipal siguiendo las exigencias para edificar en núcleo de las
normas subsidiarias de Vilaboa. Sin embargo, este permiso municipal y el
acatamiento a la normativa local no ha evitado para las ochenta viviendas que
se clasifican en esta categoría estar en el ojo del huracán de Costas.
Las normas subsidiarias se aprobaron en 1988 meses antes que la Ley estatal,
pero posteriormente Costas no reconoció estos núcleos y años después, cuando
la mayoría de estas casas estaban ya en pie, las inspecciones empezaron a abrir
expedientes y los vecinos a sufrir un rosario de multas y quebraderos de cabeza
aún sin rematar.
Si aquellos que construyeron su casa con permiso municipal después de 1988 lo
tienen más negro, no son los únicos afectados. Antes de la Ley de Costas había
más de trescientas viviendas unifamiliares en los núcleos del litoral. La falta de
reconocimiento por el Estado de estos núcleos implica que tampoco en estos
casos pueden hacer obras como ampliaciones de volumen o reformas
estructurales. Y cualquier ruptura de esta normativa supone que
automáticamente estas viviendas pasan a estar en la lista de los infractores, los
multados y los que sufren las órdenes de derribo.
El Concello de Vilaboa sostiene que, por ahora, no se ha derribado ninguna casa
por infracción de Costas. Sin embargo, desde la plataforma Salvemos Vilaboa se
admite el estrés que padecen los vecinos y se indica que muchos, «pagan como
poden, algúns non teñen para as multas coercitivas e abonan o que poden».
La tramitación de la nueva Ley de Costas en las Cortes no ha frenado la llegada
de sanciones y notificación de expedientes, a pesar de que los vecinos y el
Concello piden de forma recurrente que se tenga en cuenta esta circunstancia.
La intención del gobierno local es conseguir que cuando la Ley estatal cambie,
se puedan incluir en sus disposiciones transitorias al mayor número de
viviendas posible. El alcalde, el socialista José Luis Poceiro, sabe que el reto es
difícil, por no decir imposible en muchos casos. No obstante, cree que muchas
de las viviendas podrían salvarse de la piqueta. Los vecinos también desean lo
mismo.
Todo dependerá de cuál será el texto final de la Ley. En el Congreso aún
podrían relajarse los requisitos para reconocer los núcleos, algo que ya casi
nadie espera. La cuestión será al día siguiente. ¿Cuántas se podrán regularizar?
¿Dónde se podrá rebajar la franja de protección? Son preguntas que le quitan el
sueño a muchos de estos vecinos.
El Estado no acepta los núcleos que figuran en las normas subsidiarias
Los vecinos y el Concello lamentan que
se multe mientras se reforma la Ley
http://www.lasprovincias.es/agencias/20130502/comunitatvalenciana/comunitat
/ayto.-valencia-prorroga-concesiones-extraordinaria_201305022002.html
LAS PROVINCIAS
Ayto. Valencia: La prórroga de las concesiones
es una extraordinaria noticia
Agencia EFE
Valencia, 2 may (EFE).- La concejal de Playas del Ayuntamiento de Valencia,
Lourdes Bernal, ha calificado de “extraordinaria noticia” que la reforma de la
Ley de Costas permita prorrogar todas las concesiones existentes a los
restaurantes y chiringuitos de las playas de Valencia.
Los primeros beneficiados por el cambio de normativa, que está previsto que se
apruebe el próximo jueves, serán los 14 restaurantes ubicados en la playa de la
Malvarrosa, puesto que su concesión vence el próximo mes de junio, además de
los establecimientos de las playas de Las Arenas, Pinedo y El Saler.
“Llevamos desde noviembre de 2009 con esta historia”, ha afirmado a EFE
Bernal, quien ha asegurado que esta decisión da “tranquilidad jurídica” a los
propietarios de estos establecimientos y favorece el turismo, que es “motor
económico” de la ciudad.
Bernal, quien ha conocido la noticia por la delegada del Gobierno en la
Comunitat, Paula Sánchez de León, con quien se ha reunido esta tarde, ha
reconocido estar “contentísima”, “alegre” y “exultante” no solo como concejal de
Playas sino también “como valenciana” y como persona que conoce a los
propietarios y ha sufrido con ellos.
http://www.lasprovincias.es/v/20130503/valencia/chiringuitos-consiguenprorrogar-
concesiones-20130503.html
LAS PROVINCIAS
VALENCIA
Los chiringuitos consiguen prorrogar sus concesiones para garantizar los
negocios
Los hosteleros podrán proponer un nuevo plazo cuando se apruebe el
reglamento de la Ley de Costas y evitarán que los locales salgan a concurso
03.05.13 – 00:28 –
P. MORENO | VALENCIA.
La delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, anunció ayer la prórroga
automática y sin plazo de término hasta que se apruebe el reglamento de la Ley
de Costas de todos los chiringuitos, que en el caso de Valencia beneficiará a los
situados en las playas de Malvarrosa, Pinedo y El Saler.
El propósito es, indicó Sánchez de León, ofrecer una mayor «seguridad
jurídica» y ayudar a los empresarios en esta época de crisis económica, dentro
del respeto medioambiental que persigue la Ley de Costas. La nueva normativa
se votará en el Congreso el día 9 y posteriormente debe desarrollarse el
reglamento con los plazos de concesión.
Será en ese momento, indicaron fuentes de la Delegación del Gobierno, cuando
se precise la concesión a la que pueden aspirar los empresarios. Los más
beneficiados son los 14 establecimientos de la playa de la Malvarrosa, con un
prórroga de cinco años que caducaba el próximo junio. Los restaurantes tienen
la concesión vigente desde 1993 y están inmersos ahora en pleno proyecto de
reforma integral. En el caso de Pinedo y El Saler, vence en 2014. El anuncio se
produjo después de una reunión entre la delegada del Gobierno y la concejala
de Playas, Lourdes Bernal. La edil destacó que se trata de una noticia
«fantástica» al ponerse fin a una incertidumbre que pesaba sobre los
chiringuitos desde 2009 por la renovación.
«Después de la autorización de las terrazas, este paso ha sido el definitivo para
garantizar la estabilidad de todos los negocios», precisó, para añadir que ahora
«podrán hacer frente a cualquier inversión».
Los empresarios de la Malvarrosa aspiran a una concesión de 50 años, a cambio
de demoler los restaurantes actuales y construir unos modernos edificios, ya
visados en el Colegio de Arquitectos y que incorporan el uso de energías
limpias como placas solares.
Como publicó este periódico, los empresarios ya han podido colocar las nuevas
terrazas, con lo que amplían la oferta de comedor. En 2010 se vieron obligados a
demoler los cerramientos que habían hecho, mientras que después sólo
consiguieron autorización para 50 metros cuadrados.
Ahora, los permisos concedidos por el Consistorio dentro del plan de
temporada alcanzan los 120 metros cuadrados, con la condición de que «no se
realice ninguna obra en el pavimento del paseo marítimo», comentó la concejala
Bernal.
La edila dijo que lo idóneo sería «un diseño homogéneo y de calidad para que
la playa gane en categoría». La delegada del Gobierno insistió en que la reforma
de la Ley de Costas «pretende colaborar con los ciudadanos, teniendo en cuenta
el actual momento económico».
Una de las características de los nuevos restaurantes es que se pretende la
ocupación de la primera planta con una terraza mirador, además de la
posibilidad de integrar las terrazas en los edificios. Los hosteleros se han guiado
por un decálogo del Ministerio de Medio Ambiente sobre buenas prácticas en
apartados de sostenibilidad.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=167548
REBELION
El texto de la nueva Ley de Costas alienta la especulación y amnistía miles de
viviendas ilegales
El Senado da el visto bueno al ladrillazo en la costa
La Ley de Costas recibió la bendición del Senado el pasado 24 de abril. Entre
otras medidas se rebaja la protección de las costas de 100 a 25 metros.
La nueva Ley de Costas del PP ya tiene el apoyo del Senado. El pasado 24 de
abril la reforma de la Ley de Costas recibió su principal espaldarazo para ser
aprobada definitivamente. La norma del PP va a amnistiar gran parte de las
obras ilegales en el dominio público marítimo terrestre. La norma evitará la
demolición de complejos turíticos y hoteles como El Algarrobico. El texto
que ha contado con la oposición de todos los grupos ambientales y la mayoría
de la oposición permitirá entregar a diversos concesionarios espacios públicos
como salinas y otras explotaciones públicas, al ampliar a 75 años más el derecho
de explotación, según denuncia Greenpeace , que recuerda que uno de los
personajes más beneficiados va a ser Abel Matutes, que cuenta con grandes
intereses urbanísticos en Cádiz e Ibiza.
Además, la reforma de la anterior Ley de Costas incumple la figura de
protección europea de Red Natura 2000 y abre la puerta a nuevos proyectos
especulativos al rebajar la protección del dominio público de nuestras costas de
100 a 25 metros. Científicos y grupos ambientales coinciden en que esta Ley de
Costas abre la puerta a la especulación y el ladrillo, sin, además, contemplar la
subida del nivel del mar.
Noticias relacionadas:
“Nuestra costa va a pasar a ser la ‘costa nostra’”
La reforma de la Ley de Costas amnistía la especulación
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/senado-da-visto-bueno-alladrillazo-
la-costa.html
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article50991
TERCERA INFORMACIÓN
El Senado remata la Ley de Costas
Para Ecologistas en Acción con la tramitación de hoy en el Senado del Proyecto
de Ley de protección y uso sostenible del litoral, se remata la Ley de Costas de
1988, una ley fundamental en la actual democracia, y con ella se pierde la
protección de la costa y gran parte de su carácter público.
España | Tercera Información | 02-05-2013
La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas es sustituida por otra llamada Ley de
protección y uso sostenible del litoral que, en gran medida desprotege el litoral
y propicia grandes pérdidas de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).
Las modificaciones a la antigua ley han sido propuestas poco a poco desde la
toma de posesión del Ministro Arias Cañete. Inicialmente se justificaron por
opinar el Ministerio que la Ley de Costas producía inseguridad jurídica al
interpretar interesadamente un informe del Parlamento Europeo.
Posteriormente aparecieron modificaciones carentes de justificación científica o
ambiental (en Formentera se establece un tratamiento diferencial de la franja en
contacto con el mar que se encuentran dentro del deslinde del DPMT y sus
servidumbres sin una justificación técnica para ello), modificaciones hechas
para intereses e instalaciones con nombre y apellido (deja de ser DPMT
urbanizaciones junto al mar como Ampuria Brava…) y modificaciones
caprichosas y curiosamente para espacios cuyos propietarios son conocidos (las
salinas y marismas dejaran de ser DPMT si el agua entra con ayuda del
hombre…).
También se propuso la ampliación de las actuales concesiones en el DPMT que
pasan de 30 a 75 años permitiendo la privatización “de facto”. Igualmente se
presentaron modificaciones que suponen clara desprotección como que en la
costa se pueden celebrar fiestas y eventos, se puede colocar publicidad, se
pueden conceder instalaciones a chiringuitos por 4 años, cada vez más grandes
y cada vez más juntos…
Y por último se ha presentado la modificación más peligrosa en tanto que
supone una amnistía a todo el que burló la Ley de Costas vigente hasta ahora:
se va a permitir que núcleos de población o instalaciones independientes
situadas en los 100 m de Servidumbre de Protección del DPMT, claramente
infractoras, no tengan que estar más que a 20m del citado DPMT; es decir, se les
considera como suelo urbano por gracia de la nueva Ley que propugna Arias
Cañete.
Ecologistas en Acción manifiesta su total rechazo a la nueva Ley de protección y
uso sostenible del litoral e indica, que todas las modificaciones que presenta
respecto a la Ley de Costas no tienen como fin ni la protección del litoral ni su
uso sostenible; se trata de una ley acientífica, de claro contenido ideológico que
tiene como punto de mira amnistiar a infractores de la antigua ley, favorecer
intereses particulares y conocidos y favorecer la privatización y negocios en
nuestras costas.
Si en España, a pesar de la explosión del ladrillo, se había conseguido salvar las
playas y el DPMT de la Ley del 88, ahora se verá la pérdida del carácter público,
la privatización y la paulatina destrucción del litoral.
Todo esto no tiene que ver con la crisis, es una apuesta ideológica y de
destrucción de lo conquistado como público por los españoles. leer más...

2013 04 30 Noticias costas del despatcho de Ortega

http://www.lne.es/asturias/2013/04/30/oleada‐permisividad‐costa/1404863.html
LA NUEVA ESPAÑA
Oleada de permisividad en la costa
La nueva ley estatal autoriza una mayor presión urbanística en el litoral
asturiano l Los afectados denuncian la inseguridad jurídica del texto
30.04.2013 | 01:54
Oviedo, M. J. IGLESIAS
La nueva ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, aprobada la pasada
semana en el Senado, que sustituirá a la ley de Costas de 1988, es para el
abogado José Ortega, presidente de la Asociación de Afectados por la Ley de
Costas, «un fraude de Estado» que provocará mayor inseguridad jurídica a los
propietarios. Ortega, que como letrado de los propietarios afectados por el
deslinde de la Plata de Otur ha logrado que sea anulado por segunda vez en la
Audiencia Nacional, estima que si la anterior ley estaba mal, «ahora está peor».
Ortega desgrana los principales cambios que supondrá la norma.
l El POLA, muro de contención. El letrado considera que el Plan Territorial
Especial de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA), que marca 500 metros
de protección, actuará como muro de contención ante la posibilidad de permitir
nuevas construcciones» en zonas de servidumbre de protección de 100 a 20
metros que establece ley. Además la normativa asturiana introduce el factor
paisajístico y la utilización de elementos tradicionales en la construcción. «Son
dos ordenamientos que se superponen. Si el POLA dice que son 500 metros,
prevalecerá», señala.
l Inseguridad jurídica. Ortega critica que la ley diga que el plazo máximo de
ampliación de las concesiones en la costa sea «hasta» 75 años porque, a su
juicio, ese matiz, permitirá dar concesiones por 5 o 10 años. La posibilidad de
hacerlas por plazos prorrogables es «un fraude de Estado», a su juicio. Opina
que no está claro en qué momento empezará a contar este plazo de esa
concesión de setenta y cinco años ni que proceda otorgarla a los titulares que en
el momento presente ya han perdido su propiedad como consecuencia de un
deslinde o con motivo de la entrada en vigor de la ley de 1988.
l Confuso cambio climático. Ortega acusa a la Dirección General de Costas de
tener «un pacto siniestro» y no hacer obras de restauración a propósito para
favorecer que el mar avance hasta que sea una cuestión de seguridad y la gente
tenga que irse sin ningún tipo de compensación. Considera que la ley apunta al
cambio climático, pero a la vez denuncia que el Estado está creando las
condiciones para que el mar entre en las casas de los propietarios.
l Improbable revisión de los deslindes. El letrado vaticina que no van a
revisarse porque no hay una definición nueva del dominio público; así que no
hay justificación regulatoria, por lo que estima que eso es «pura escenografía».
«Aquí la discusión está entre los que piensan que hay que proteger el litoral
gratis y los que piensan que no se puede expropiar sin indemnización», resume.
A su juicio, «hasta el ecologista más ecologista del mundo, si tuviera una casa
heredada y le dijeran «váyase», no querría que fuera sin indemnización».
l Casas a pie de playa, cuestión de reglamento. Tras analizar el texto, Ortega
considera que la nueva ley no abre explícitamente la mano a la posibilidad de
realizar construcciones en las playas, al estilo de lo que sucede en países como
Estados Unidos. Ahora bien, matiza que eso no quiere decir que en la norma no
exista posibilidad de buscar «una grieta en el reglamento». En ese punto,
denuncia la «pésima técnica jurídica» del texto. «Nunca había visto una cosa tan
mal escrita, pero puede ser intencionada para desconcertar y luego hacer lo que
les dé la gana para los amigos». Ortega atisba contradicciones en el texto.
«Como si se buscase la confusión para que posteriormente cada uno la
interprete como mejor le venga; me dan miedo los reglamentos», incide.
l Recuperar propiedades no será tan fácil. José Ortega estima que la ausencia de
cambios en la definición legal del dominio público natural convierte en inútil la
disposición que permite a los ciudadanos recuperar sus propiedades en caso de
que como consecuencia de estas nuevas definiciones se produzca una revisión
del deslinde que mueva la ribera del mar hacia el mar. «No va a producirse una
situación así, salvo cuando los poderes públicos consideren que deben proceder
a ello». Y añade: «Habida cuenta de la falta de objetividad que existe en la
práctica tradicional de la hoy llamada Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa, y considerando el alto precio de los terrenos de primera línea, la
disposición quinta es una herramienta potencial de arbitrariedad que podría
emplearse para devolver la propiedad a determinadas personas o grupos de
privilegio», señala.
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/77970/PSOE‐pregunta‐Canete‐rebajarproteccion‐
costa‐metros‐amparar‐privatizacion‐playas
ECONOTICIAS
PSOE pregunta a Cañete qué trama al rebajar la protección de la costa a 20
metros y amparar la privatización de playas
Se trata de una pregunta que el socialista formulará al titular de Medio
Ambiente en la sesión de control al Gobierno de los miércoles en el Congreso,
después de conocerse que entre las enmiendas incorporadas por los ʹpopularesʹ
ECOTICIAS.COM / RED / AGENCIAS, 29/04/2013, 11:33 H
El portavoz de Medio Ambiente del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos,
preguntará al ministro del ramo qué intenciones mantiene en la reforma de la
Ley de Costas de 1988, actualmente en tramitación parlamentaria en el Senado,
al rebajar la protección de la costa de los 100 a los 20 metros y abrir la puerta a
la privatización de las playas urbanas.
Se trata de una pregunta que el socialista formulará al titular de Medio
Ambiente en la sesión de control al Gobierno de los miércoles en el Congreso,
después de conocerse que entre las enmiendas incorporadas por los ʹpopularesʹ
a la normativa en el trámite parlamentario se recogen estos dos aspectos.
En el Senado esta misma semana se incluyó una enmienda que reduce de 100 a
20 metros la zona de servidumbre o protección del litoral, de forma que las
viviendas que se sitúen a esos 80 metros de diferencia tendrán plena libertad
para acometer cualquier reforma urbanística, sometiéndose sólo a la normativa
de ayuntamientos y comunidades autónomas, y dejarán de estar sometidas a
los estrictos controles a los que se veían sujetos a la hora de emprender obras
que recogía la Ley de Costas de 1988.
HAY INTERESES ECONÓMICOS DETRÁS
En declaraciones a Europa Press, Ábalos ha avisado de que esta enmienda
relativa a la protección del litoral supone la ʺcoartadaʺ del Gobierno, no es su
verdadera intención en la reforma, sino que detrás se esconden ʺintereses
económicosʺ.
Así, detalla que la reforma de la Ley de Costas modifica el régimen de
concesiones, lo establece en 75 años, que sumado a los 30 que tenían las
propiedades para el vencimiento en 2018, son 105 años, no distinguiéndose
además la concesión de viviendas de la de los negocios, como sí hacía la
normativa de 1988.
Igualmente, critica que esta reforma abre la puerta a la privatización de las
playas urbanas y cita, por ejemplo, a las salinas y empresas de acuicultura, que
pasan del terreno público al privado por ʺel tema del negocioʺ.
NO ES PRIORIDAD SU TRAMITACIÓN
Ábalos ha reprochado también al PP que esta ley no forma parte de su
programa electoral, ni tampoco responde a las actuales prioridades que
mantiene el país en el área de medio ambiente, ʺteniendo pendientes sanciones
de la UE de agua, que son más importantesʺ.
De hecho, pone de ejemplo que esta misma semana se aprobó en el Congreso la
Ley de Suelos Contaminados, una trasposición europea cuyo plazo había
vencido a comienzos de año y que el Ministerio de Medio Ambiente prefirió
tratar después de la de Costas, a pesar de la urgencia.
Es más, recuerda que Arias Cañete prometió un diálogo fluido con los
ecologistas sobre la normativa de Costas, que dice que no ha acometido. En este
sentido, recuerda que Greenpeace publicó hace unos meses un informe en el
que se reflejaban los intereses lucrativos que mantenía el Gobierno con esta
normativa.
ʺTenemos fundados motivos para pensar que este proyecto de ley intenta
beneficiar intereses económicos privados y más de un reducido grupo de
personas en el país, especialmente del PP, de tal modo que algunos que esos
intereses económicos identificados aparecen incluso en las cuentas de Bárcenas
y creemos que el ministro responda a estas consideracionesʺ, ha explicado.
El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, José Chamizo, ha tildado esta
semana de ʺexcesivaʺ esta incorporación planteada por el PP en el debate sobre
el proyecto de Ley de Costas, mientras que desde el lado ecologista,
Greenpeace, por ejemplo, ha denunciado que la Ley podría legalizar
parcialmente el hotel de El Algarrobico, que se sitúa en el Parque Natural del
Cabo de Gata (Almería) y cuya ilegalidad ha confirmado el Tribunal Supremo.
TRÁMITE EN EL SENADO
El próximo martes la Comisión de Medio Ambiente del Senado negociará las
170 enmiendas planteadas por la oposición a la normativa y que se mantienen
ʹvivasʹ, tras no haber sido incorporadas esta semana en el debate de la Cámara
Alta.
Por ello, la oposición en conjunto votó en contra del dictamen del proyecto de
Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de
Costas de 1988, cuya votación definitiva tendrá lugar en el Pleno del Senado el
próximo martes, día 23 de abril. Las enmiendas aprobadas en el Senado pasarán
a ratificarse en el Pleno del Congreso, para definitivamente dar luz verde a la
ley.
Esta reforma de la Ley de Costas de 1988 incorpora también una disposición
adicional por la que el Ministerio de Medio Ambiente dispondrá de dos años
para elaborar la estrategia de adaptación de la costa española a los efectos del
cambio climático, en la que se indicarán los distintos grados de vulnerabilidad y
riesgo del litoral.
http://www.idealista.com/news/archivo/2013/04/25/0610079‐el‐senado‐apruebala‐
ley‐de‐costas‐que‐amnistia‐10‐000‐casas‐junto‐al‐mar
idealista
el senado aprueba la ley de costas que amnistía 10.000 casas junto al mar
Jueves, 25 Abril, 2013 ‐ 10:22
el senado da el visto bueno a la nueva ley de costas
el pp aprobó ayer en el senado la nueva ley de costas que ha levantado
polémica porque saca del dominio público unas 10.000 viviendas y da hasta 75
años más de vida a construcciones que debían comenzar a ser demolidas a
partir de 2018. la mayoría absoluta del pp les ha permitido rechazar cinco vetos
de diferentes partidos políticos que proponían enviar otra vez la norma al
congreso y comenzar de nuevo. ahora la ley debe ser ratificada en el congreso
los puntos más conflictivos que recoge esta nueva ley de costas y que detalla el
diario el país son los siguientes:
‐ concesiones de hasta 75 años: se amplía el sistema de concesiones para
viviendas levantadas en dominio público y que deberían comenzar a demoler
en 2018
‐ recuperación de la vivienda en dominio público: los propietarios de
viviendas que pasaron a formar parte del dominio público con la ley de costas
de 1988 pueden recuperarlas en dos años si acreditan que las tenían inscritas en
el registro de la propiedad
‐ 12 zonas ilegales convertidas en legales: hay un listado de municipios con
construcciones en dominio público que quedarán legalizadas. se trata de rocafel
(alicante), puerto de santa pola (alicante), marina de empuriabrava (girona),
platja dʹaro (girona), la ría de punta umbría (huelva), el casco urbano de isla
cristina y el caño del cepo (huelva), pedregalejo o el palo (málaga), oliva
(valencia), xilxes (castellón) y moaña (pontevedra)
‐ los chiringuitos con concesiones de cuatro años: los negocios playeros
contarán con concesiones de cuatro años en lugar de anuales
‐ reducción de la zona de litoral protegida de 100 a 20 m: la nueva ley de costas
contempla reducir en la práctica la zona de litoral protegido de 100 a 20 metros,
por lo que las viviendas que se sitúan en esos 80 metros de diferencia pasarán
de estar sometidas a controles muy estrictos para hacer obras o cambios en su
estructura, a tener más libertad para hacer obras con el permiso del
ayuntamiento y comunidades
‐ cláusula antialgarrobicos: se puede paralizar un plan municipal si afecta a la
servidumbre de protección, en la que son competentes las ccaa
‐ celebración de fiestas en la playa: posibilidad de celebrar eventos en playas
urbanas en función del interés turístico
http://www.lne.es/asturias/2013/04/30/oleada‐permisividad‐costa/1404863.html
LA NUEVA ESPAÑA
Oleada de permisividad en la costa
La nueva ley estatal autoriza una mayor presión urbanística en el litoral
asturiano l Los afectados denuncian la inseguridad jurídica del texto
30.04.2013 | 01:54
Oviedo, M. J. IGLESIAS
La nueva ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, aprobada la pasada
semana en el Senado, que sustituirá a la ley de Costas de 1988, es para el
abogado José Ortega, presidente de la Asociación de Afectados por la Ley de
Costas, «un fraude de Estado» que provocará mayor inseguridad jurídica a los
propietarios. Ortega, que como letrado de los propietarios afectados por el
deslinde de la Plata de Otur ha logrado que sea anulado por segunda vez en la
Audiencia Nacional, estima que si la anterior ley estaba mal, «ahora está peor».
Ortega desgrana los principales cambios que supondrá la norma.
l El POLA, muro de contención. El letrado considera que el Plan Territorial
Especial de Ordenación del Litoral de Asturias (POLA), que marca 500 metros
de protección, actuará como muro de contención ante la posibilidad de permitir
nuevas construcciones» en zonas de servidumbre de protección de 100 a 20
metros que establece ley. Además la normativa asturiana introduce el factor
paisajístico y la utilización de elementos tradicionales en la construcción. «Son
dos ordenamientos que se superponen. Si el POLA dice que son 500 metros,
prevalecerá», señala.
l Inseguridad jurídica. Ortega critica que la ley diga que el plazo máximo de
ampliación de las concesiones en la costa sea «hasta» 75 años porque, a su
juicio, ese matiz, permitirá dar concesiones por 5 o 10 años. La posibilidad de
hacerlas por plazos prorrogables es «un fraude de Estado», a su juicio. Opina
que no está claro en qué momento empezará a contar este plazo de esa
concesión de setenta y cinco años ni que proceda otorgarla a los titulares que en
el momento presente ya han perdido su propiedad como consecuencia de un
deslinde o con motivo de la entrada en vigor de la ley de 1988.
l Confuso cambio climático. Ortega acusa a la Dirección General de Costas de
tener «un pacto siniestro» y no hacer obras de restauración a propósito para
favorecer que el mar avance hasta que sea una cuestión de seguridad y la gente
tenga que irse sin ningún tipo de compensación. Considera que la ley apunta al
cambio climático, pero a la vez denuncia que el Estado está creando las
condiciones para que el mar entre en las casas de los propietarios.
l Improbable revisión de los deslindes. El letrado vaticina que no van a
revisarse porque no hay una definición nueva del dominio público; así que no
hay justificación regulatoria, por lo que estima que eso es «pura escenografía».
«Aquí la discusión está entre los que piensan que hay que proteger el litoral
gratis y los que piensan que no se puede expropiar sin indemnización», resume.
A su juicio, «hasta el ecologista más ecologista del mundo, si tuviera una casa
heredada y le dijeran «váyase», no querría que fuera sin indemnización».
l Casas a pie de playa, cuestión de reglamento. Tras analizar el texto, Ortega
considera que la nueva ley no abre explícitamente la mano a la posibilidad de
realizar construcciones en las playas, al estilo de lo que sucede en países como
Estados Unidos. Ahora bien, matiza que eso no quiere decir que en la norma no
exista posibilidad de buscar «una grieta en el reglamento». En ese punto,
denuncia la «pésima técnica jurídica» del texto. «Nunca había visto una cosa tan
mal escrita, pero puede ser intencionada para desconcertar y luego hacer lo que
les dé la gana para los amigos». Ortega atisba contradicciones en el texto.
«Como si se buscase la confusión para que posteriormente cada uno la
interprete como mejor le venga; me dan miedo los reglamentos», incide.
l Recuperar propiedades no será tan fácil. José Ortega estima que la ausencia de
cambios en la definición legal del dominio público natural convierte en inútil la
disposición que permite a los ciudadanos recuperar sus propiedades en caso de
que como consecuencia de estas nuevas definiciones se produzca una revisión
del deslinde que mueva la ribera del mar hacia el mar. «No va a producirse una
situación así, salvo cuando los poderes públicos consideren que deben proceder
a ello». Y añade: «Habida cuenta de la falta de objetividad que existe en la
práctica tradicional de la hoy llamada Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa, y considerando el alto precio de los terrenos de primera línea, la
disposición quinta es una herramienta potencial de arbitrariedad que podría
emplearse para devolver la propiedad a determinadas personas o grupos de
privilegio», señala. leer más...

2013 04 29 Noticias costas del despatcho de Ortega

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=299170
CANARIAS SIETE
27/04/2013
El PP canario se esfuerza en defender la Ley de Costas
La senadora por la Comunidad Autónoma de Canarias, Josefa Luzardo, ha
defendido en la convención del PP de Gran Canaria, celebrada hoy en el
auditorio de Valleseco, que la reforma de la Ley de Costas también contempla
la regularización de los núcleos costeros canarios.
A pesar de que Coalición Canaria ha criticado y enmendado la reforma
legislativa ‐ʺsiempre pretende llenar muchos titularesʺ‐, Luzardo ha asegurado
que la nueva Ley de Costas no perjudica al archipiélago.
Luzardo ha recordado a los alcaldes populares la enmienda 182 del PP en
relación a los núcleos costeros que están consolidados antes de 1988 porque,
una vez aprobada en el Congreso y publicada, los consistorios tendrán el plazo
de tres meses para solicitar al Ministerio de Agricultura y Medioambiente un
informe para salvar los núcleos urbanos, es decir, aquellos con acceso rodado,
luz, agua y alcantarillado.
ʺTambién se salvarán aquellos que tengan un tercio de la superficie edificada y,
si no cumple con estos requisitos, también lo harán si ocupan dos terceras
partes de los terrenos aquellos municipios con plan general o la mitad, aunque
carezcan de planeamientoʺ, ha añadido la senadora.
Josefa Luzardo ha explicado que serán los alcaldes los que tengan que solicitar
este informe al Ministerio que, a su vez, tendrá 18 meses para contestar, de tal
forma que si no lo hiciera en ese plazo se entendería que la decisión es
favorable.
La senadora también ha defendido la reforma de la Ley porque ʺmejora la
anterior frente a los excesos urbanísticos, genera seguridad jurídica y confianza
y apoya la actividad económica que pueden generar las costas potenciando el
turismoʺ.
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=299170
CANARIAS SIETE
27/04/2013
El PP canario se esfuerza en defender la Ley de Costas
La senadora por la Comunidad Autónoma de Canarias, Josefa Luzardo, ha
defendido en la convención del PP de Gran Canaria, celebrada hoy en el
auditorio de Valleseco, que la reforma de la Ley de Costas también contempla
la regularización de los núcleos costeros canarios.
A pesar de que Coalición Canaria ha criticado y enmendado la reforma
legislativa ‐ʺsiempre pretende llenar muchos titularesʺ‐, Luzardo ha asegurado
que la nueva Ley de Costas no perjudica al archipiélago.
Luzardo ha recordado a los alcaldes populares la enmienda 182 del PP en
relación a los núcleos costeros que están consolidados antes de 1988 porque,
una vez aprobada en el Congreso y publicada, los consistorios tendrán el plazo
de tres meses para solicitar al Ministerio de Agricultura y Medioambiente un
informe para salvar los núcleos urbanos, es decir, aquellos con acceso rodado,
luz, agua y alcantarillado.
ʺTambién se salvarán aquellos que tengan un tercio de la superficie edificada y,
si no cumple con estos requisitos, también lo harán si ocupan dos terceras
partes de los terrenos aquellos municipios con plan general o la mitad, aunque
carezcan de planeamientoʺ, ha añadido la senadora.
Josefa Luzardo ha explicado que serán los alcaldes los que tengan que solicitar
este informe al Ministerio que, a su vez, tendrá 18 meses para contestar, de tal
forma que si no lo hiciera en ese plazo se entendería que la decisión es
favorable.
La senadora también ha defendido la reforma de la Ley porque ʺmejora la
anterior frente a los excesos urbanísticos, genera seguridad jurídica y confianza
y apoya la actividad económica que pueden generar las costas potenciando el
turismoʺ.
http://www.farodevigo.es/portada‐arousa/2013/04/27/ley‐costas‐endurecerequisitos‐
reconocer‐as‐sinas‐nucleo‐costero/799378.html
DIARIO FARO DE VIGO
La Ley de Costas endurece los requisitos para reconocer As Sinas como núcleo
costero
Los vecinos creen que la nueva normativa ʺpremiaʺ a aquellas zonas que no
respetaron la legislación ‐ Pide una consolidación de dos tercios para
reconocerlos como urbanos
redacción ‐ vilanova 27.04.2013 | 09:26
La reforma de la Ley de Costas no beneficia en absoluto a As Sinas. // Iñaki
Abella
Las modificaciones en la nueva Ley de Costas solo han servido para endurecer
los requisitos que permiten reconocer entornos como el de As Sinas como suelo
urbano. Así lo entienden los vecinos afectados tras analizar el documento al que
ha dado luz verde el Senado esta misma semana, al imponer unas exigencias
que este lugar de Vilanova tiene prácticamente imposible cumplir. La nueva
literatura del documento recoge que, para rebajar la línea de servidumbre de
protección de 100 a 20 metros, que es lo que se reclama en As Sinas, la reforma
exige que en 1988 se contase con los servicios (acceso rodado, agua,
alcantarillado y luz) y una consolidación de la manzana de un tercio. En caso de
que faltase alguno de los servicios, como es el caso de As Sinas, para acometer
este cambio en la protección del litoral exige que la consolidación ʺdebe ser de
dos tercios en los Concellos con planeamiento en 1988 o de la mitad en aquellos
que careciesen de élʺ.
Este requisito es considerado por los vecinos de As Sinas como ʺun premio para
el que siguió construyendo, ignorando por completo la Ley, mientras que en As
Sinas, la última licencia otorgada por el Concello es de 1994 y la afección de
Costas paralizó por completo la aparición de nuevas viviendasʺ, explican.
Insisten en que ʺlos parámetros exigidos para el reconocimiento de los núcleos,
y la consiguiente rebaja de la servidumbre a los 20 metros, son tales que no se
conseguirá la adaptación de la realidad jurídica a la realidad física y social, lo
que determina que esta reforma ya nace obsoletaʺ. La nueva norma, a través de
la consolidación de servidumbres restrictivas ʺexpropia de facto las viviendas y
propiedades existentes en esa franja de 80 metros, al someter a unas exigencias
que, al menos en Galicia, van a ser muy difíciles de cumplirʺ. Se da la
circunstancia de que la mayor parte de las viviendas de As Sinas son muy
anteriores a la Ley de Costas de 1988, pero no se le reconoce la categoría de
urbana pese a ser más que evidente.
http://www.diariofinanciero.com/noticia/sectores/posturas‐enfrentadas‐leycostas
DIARIO FINANCIERO
Posturas enfrentadas por la Ley de Costas
Los Gobiernos de Canarias y Galicia y la Plataforma de Afectados por la Ley
de Costas aseguran que la modificación no es un paso a la privatización.
Ecologistas en Acción, sin embargo, advierte que se incrementará la inversión
en el litoral.
El pleno del Senado ha aprobado este miércoles el Proyecto de Ley de
Protección y Uso Sostenible y de Modificación de la Ley de Costas con la
mayoría del Partido Popular y la oposición de todos los grupos
parlamentarios menos CiU, que se ha abstenido. Una normativa que para la
mayoría de las formaciones y las organizaciones ecologistas, supone una
desprotección del litoral, y sobre la que se crean conflicto de desigualdad entre
las diferentes autonomías.
Se plantean por tanto una doble problemática: las zonas que se verán
beneficiadas y la incertidumbre sobre si se verá incrementada o no la
construcción en el litoral y la consecuente desprotección del medio. José Ramón
Sánchez Moro, presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del
Consumidor (ADEC), considera fundamental distinguir entre usos
tradicionales pesqueros de las viviendas y lanza una pregunta hasta ahora
imposible de contestar por la escasez de detalles: “¿Quiénes ganaran y cuanto
con esta modificación?”.
Desde la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas su abogado, José
Ortega, aclara que no es cierto que la servidumbre de protección haya bajado a
20 metros. A su juicio es un tema que “se está instrumentalizando para que
ciertos núcleos (muy señalados) puedan edificar. No habrá una liberalización
para construir, se aplica a las medidas ya construidasʺ, advierte.
CONFLICTO AUTONÓMICO
Desde Galicia aseguran que es para bien, ya que podrían ser hasta 8000
viviendas gallegas las que podrían verse afectadas. Canarias, sin embargo,
denuncia que se hace para salvar a unos determinados núcleos, olvidando a
otros.
Miguel Ángel Pulido, ex Viceconsejero de Ordenación del Territorio del
Gobierno de Canarias, asegura que esta ley no afronta de forma integral la
regulación, sino que se trata de una modificación parcial, ʺun mal remiendoʺ
que no hace frente a la problemática del litoral ni responde al objetivo de
sostenibilidad. A su juicio no aporta ninguna novedad y supone “salvar a unos
determinados núcleos olvidando a otros como los de Canarias”.
Desde Galicia, sin embargo, donde pueden verse beneficiadas 8.000 viviendas
porque podrían ser legalizadas con esta modificación de la normativa, ven con
optimismo la propuesta. “El plan de ordenación del litoral necesitaba de un
régimen estatutario” que reconociera determinados aspectos, advierte
Encarnación Rivas, secretaria general de Urbanismo de la Xunta de Galicia. A
su juicio la repercusión de la ley en la autonomía define el carácter del
asentamiento tradicional y no especulativo o turístico, sino vinculado a la
explotación racional del recurso marítimo. Reclaman que el modelo tradicional
de asentamiento sea reconocido e insisten en que se beneficiará a las
construcciones ya realizadas.
DESPROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Por su parte, Ecologistas en Acción se muestra en contra de la modificación de
la ley porque lejos de solucionar problemas, generará nuevos. Theo Oberhuber,
coordinador de la confederación, reclama mayor transparencia en los objetivos
de la normativa porque, a su juicio, no están basados “ni en criterios técnicos
ni científicos”. A su juicio, y en contra de la opinión de los portavoces de
algunos Gobiernos regionales, se incrementará la inversión del litoral.
Recuerda que no se ha tenido en cuenta la lucha contra el cambio climático y la
desprotección de los ecosistemas. “Cada vez que construimos generamos
nuevos conflictos y problemas”.
Además denuncia que las administraciones, que durante las diferentes
legislaturas, no han aplicado bien la ley. “Es un problema que quien decida
finalmente sobre las costas españolas sea el Tribunal Constitucional”, ha
asegurado.
http://www.farodevigo.es/portada‐arousa/2013/04/26/alcalde‐grovenseconsidera‐
decision‐esplendida/798656.html
DIARIO FARO DE VIGO
El alcalde grovense considera que es ´una decisión espléndida para todos´
26.04.2013 | 07:32
Miguel Ángel Pérez indica que la nueva Ley de Costas ʺno variará para nada
los lindes y no toca el apartado residencial, es decir, todo lo relacionado con las
construcciones y demás, limitándose los posibles y más sustanciales cambios a
diferentes planteamientos sobre la mayor o menor singularidad de los núcleos
del litoralʺ.
Lo que quiere decir el alcalde conservador de O Grove es que en el caso
concreto de su municipio no se plantean grandes contratiempos o variaciones
con esa nueva legislación, y muy por el contrario ʺlo que nos trae esta ley son
buenas noticias en el caso de las concesiones que se renuevan y van a dar
continuidad a empresas en activo, como ocurre con la fábrica de Garavillaʺ.
Pérez indica que ʺla gran mayoría de las concesiones administrativas que están
en la costa finalizan en el año 2018ʺ, y será entonces cuando se revise cuáles se
prorrogan y cuáles no.
Pero en lo referido a Conservas Isabel de Galicia ʺestá concesión ya finalizó el
mes pasado, y el problema es que esa autorización, con una validez de 30 años,
no tenía derecho a prórrogaʺ.
De este modo, ʺque sin perder sus derechos y sin tener que esperar a 2018 reciba
ahora una concesión nueva que abarcará hasta los 75 años, en lugar de los 30
que se concedían antiguamente, es una noticia espléndida para todosʺ.
http://www.farodevigo.es/portada‐pontevedra/2013/04/27/director‐encedispuesto‐
hablar‐alcalde‐futuro‐fabrica/799290.html
DIARIO FARO DE VIGO
El director de Ence, dispuesto a hablar con el alcalde sobre el futuro de la
fábrica
Antonio Casal recuerda que la apuesta de la empresa es continuar en
Lourizán
redacción ‐ pontevedra 27.04.2013 | 09:26
ʺEnce siempre ha apostado y seguirá apostando por esta fábrica y trabajando
por mantenerlaʺ aseguraba ayer el director de la fábrica de Lourizá, Antonio
Casal, que declinó valorar hasta que punto la reformada Ley de Costas,
aprobada en el Senado el pasado jueves y pendiente de su ratificación en el
Congreso para que entre en vigor, puede satisfacer las expectativas de
permanencia de la compañía.
Antonio Casal asistió ayer a la presentación de la nueva junta directiva de AJEPontevedra
que lidera Lucía Pedroso tras tener que dejar el cargo su antecesor,
José Manuel Valenzuela que ahora presidente AJE‐ Galicia.
Antonio Casal expresó su confianza en poder ʺconvencerʺ a los pontevedreses
de que son ʺun buen vecinoʺ y que se son una fuente de riqueza y empleo para
Pontevedra y Galicia. El director de la planta está dispuesto ʺa hablar con el
alcalde en cualquier momentoʺ sobre los beneficios de la continuidad de la
industria.
http://www.farodevigo.es/galicia/2013/04/28/gobierno‐xunta‐aplicar‐maximaflexibilidad‐
legalizar‐viviendas‐costa/799727.html
DIARIO FARO DE VIGO
López Veiga ‐ Senador por el PP
´Gobierno y Xunta van a aplicar la máxima flexibilidad para legalizar viviendas
en la costa´
ʺEl hombre necesita alterar el medio ambiente para vivir; a veces olvidamos
estoʺ
x. a. taboada ‐ santiago 28.04.2013 | 09:19
López Veiga participó activamente en la reforma de la Ley de Costas. Admite
que el Gobierno pudo abrir un poco más la mano para legalizar núcleos en la
costa, pero que tuvo mucha presión en contra.En todo caso, cree aplicará la
máxima flexibilidad para regularizar las viviendas.
‐Larga y prolífica reforma de la Ley de Costas, que le ha dado la vuelta a la
anterior como a un calcetín.
‐Tampoco tanto. Se cambiaron muchas cosas porque la ley de 1988 tuvo muchos
problemas para aplicarse. Y sí, hay algunas cosas de justicia, como dar solución
en Galicia a los núcleos marineros tradicionales en Marín, Ribeira, A Illa,
Vilaboa? y claro, estaba lo de Moaña, que clama al cielo, donde se quitaba la
propiedad a la gente y se le concedía una concesión. Para mí, dar solución a esto
fue una satisfacción, y además no tiene ningún sentido levantar media Moaña
para dejar pasar un regato. El hombre tiene que modificar siempre su entorno,
no va a vivir de la naturaleza tal como está.
‐Fue un proceso con muchos cambios. Se suavizan los criterios en el proyecto de
ley para legalizar los núcleos marineros, luego se flexibilizan más y en el último
momento se vuelven a endurecer? ¿Qué lectura se debe sacar?
‐Es una ley de ámbito nacional y lo que presentas para solucionar un caso
puede abrir puertas, especialmente en las zonas turísticas, que el Ministerio de
Medio Ambiente no quiere abrir. Yo puedo entender eso. Se intentó con A Illa
de forma específica, pero al no ser posible, se apostó por una enmienda muy
laxa para facilitar la regularización, y cuando el ministerio de se dio cuenta de
la repercusión que podía tener, sobre todo en el Mediterráneo, la hicieron más
restrictiva. Pero aún con todo, va a permitir la legalización de Marín, pero otros
concellos no tanto, como en A Illa, porque el alcalde no se movió.
‐Ahora serán los alcaldes los que asuman la patata caliente.
‐Es una cuestión de competencias. Tienen más de tres meses para delimitar los
núcleos porque ese es el plazo que da la ley pero aún no se aprobó, y ya todos
saben lo que va a salir. Lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar
rápidamente. Siempre había posibilidad de atreverse un poco más en los
criterios para legalizar núcleos tradicionales, pero no era el caso por la cerrazón
del PSOE y de IU.
‐¿Entonces dice que el aumento de las restricciones al final fue por culpa de la
presión del PSOE y de IU?
‐Claro.
‐¿Y también del Ministerio, no?
‐Supongo que también, que cuando el Ministerio de Medio Ambiente se dio
cuenta que con la enmienda original podía tener en muchos sitios de España
unas consecuencias que no quería, no quiso abrir la mano. Sí, el ministerio fue
consciente, pero el PSOE no tenía voluntad ninguna de negociar nada.
‐Pero el PP tiene mayoría absoluta y puede hacer lo que quiera?
‐Eso era lo que nos decían. Pero cuidado, en un tema tan delicado como éste no
es así. No se va más allá porque no encontramos comprensión ninguna y así
quedas expuesto a continuos ataques y a acusaciones de un montón de cosas
que no son ciertas.
‐¿Qué ayuntamientos lo van a tener más fácil y cuáles lo tendrán más
complicado?
‐Marín lo va a tener fácil porque tiene mucho avanzado. En Ribeira tampoco
creo que habrá muchos problemas, pero en Vilaboa y A Illa los concellos tienen
que ponerse a trabajar, dejarse de declaraciones tontas y delimitar los núcleos.
‐¿Es consciente de que habrá tensión y conflictividad a la hora de delimitar los
núcleos, porque habrá una límite y justo al lado quedará alguna casa sin poder
legalizar?
‐La ley da de sí lo que puede dar. Una edificación irregular siempre va a tener
un problema. No estamos derogando la ley anterior, la estamos modificando.
La raya hay que tirarla por algún sitio. Siempre que haya delimitaciones, va a
pasar esto. Espero y creo que hay buena voluntad general, a ver, cuando los
casos no sean excesos. Pero yo entiende que se va a aplicar la máxima
flexibilidad por parte de los concellos, la Xunta y del Ministerio de Medio
Ambiente, también.
‐Las críticas a la Ley de Costas son recurrentes, que se hace para solucionar
determinados problemas de viviendas propiedad de extranjeros y de empresas,
que el litoral se podrá convertir en un negocio y que además perderá su
protección?
‐Me parecen una exageración. Cierto que hay protestas de alemanes que
compraron una propiedad de buena fe y ahora tienen una concesión, pero la ley
no se hace para esto, sino para corregir el exceso de rigor de la anterior. Dicen
que hay barra libre porque se baja a 20 metros la línea de protección, pero no es
así, solo baja en los sitios donde queremos, en los núcleos. Otra parte que nos
criticaron fue el dar el uso privativo de la costa, pero hay que darlo siempre que
autorices una actividad industrial en el dominio público marítimo terrestre. Y
luego, sí, se regulan los chiringuitos de temporada. En Galicia no hay muchos,
pero por ahí fuera sí y son un motor económico tremendo. Con los tiempos que
corren tampoco podemos ignorar que la costa es un motor económico.
‐Se montó un poco de guerra por la ocupación de playas urbanas para celebrar
fiestas y atracciones turísticas?
‐Se deben usar, pero de forma regulado. Eso no es la República de Basilea
calvinista donde no se puede tocar el medio ambiente. El hombre necesita
alterar el medio ambiente para vivir, que a veces olvidamos esto, y también
para generar ocio. No creo que se moleste a nadie por esto.
http://diariodepontevedra.galiciae.com/nova/247062.html
DIARIO DE PONTEVEDRA
Vilanova
Costas abre la puerta a la legalización de As Sinas y deja fuera los hoteles de
O Terrón
Etiquetas: O Terrón, legalización, As Sinas, urbanismo, Ley de Costas
26/04/2013 ‐ Fernando Salgado (Vilanova)
VILANOVA. La nueva Ley de Costas que elabora el Gobierno central, y que ya
pasó el trámite de su votación en el Senado, no cambiará la situación establecida
en el municipio de Vilanova. A la espera de su votación definitiva en el
Congreso, que podría dar lugar a alguna reforma del texto aprobado, el alcalde
arousano, Gonzalo Durán, entiende que abrirá la puerta a la legalización de las
viviendas situadas en la playa de As Sinas y mantendrá fuera de ordenación los
hoteles asentados al borde de la playa de O Terrón.
Estos dos asentamientos urbanísticos son el reflejo de dos conceptos
completamente opuestos a la hora de ocupar el territorio, y sus vicisitudes
también son diferentes. As Sinas es un núcleo de población que tiene en el mar
su fuente de vida y habita unas viviendas que, en su mayoría, son de bajo y una
planta y cuentan con los servicios básicos: acceso, agua, saneamiento y
electricidad.
Década de los 70. Se trata de casas construidas antes de que entrase en vigor la
ley anterior, promulgada en el año 1983, y como sucede en otras localidades
costeras, una parte de ellas forman un conjunto que años atrás fue conocido con
el nombre de casas baratas, cuya promoción correspondió al Gobierno en la
década de los años 70.
La explotación hostelera solo cuenta con un referente. Se trata de un hotel, cuya
legalidad podría ser cuestionada. Sobre la arena de la playa todavía quedan los
restos de otro establecimiento de estas características que fue eliminado durante
el mandato de Gonzalo Durán, después de un pleito con sus propietarios que se
prolongó durante varios años y finalizó con la orden de derribo y la imposición
de una multa.
Al otro lado de Vilanova, en la fachada marítima situada frente al litoral de A
Illa de Arousa, se extiende la playa de O Terrón, bordeada por un paseo
peatonal. Es un arenal cuyo interés desplazó al que tuvo As Sinas hasta finales
de los 70, y los propietarios de las fincas situadas en sus cercanías no dudaron
en aprovechar su tirón.
Pero la diferencia entre uno y otro es que mientras los propietarios de las
viviendas del primero podrían haber sido liberados de cualquier preocupación
si el Goberno local lo hubiese definido como núcelo tradicional en sus normas
subsidiarias, los de las fincas del segundo construyeron edificios cuando sus
parcelas no tienen la calificación de solares. Al haber transcurrido desde
entonces los seis años reglamentarios, no pueden ser derribados.
Mientras en As Sinas la franja de protección podría rebajarse a 20 metros, en O
Terrón se mantendrá en 100, por lo que los hoteles seguirán fuera de la
legalidad y sus propietarios tendrán que seguir pagando las multas por realizar
obras de mantenimiento.
ʺNo tienen arreglo y tampoco hubo discusión sobre eso, no era suelo
urbanizable y lo sabíanʺ, recordó ayer el alcalde. Sin embargo, el regidor dijo
que los campigns podría ser legalizados. En la actualidad solo lo está uno.
El nuevo texto legislativo podría propiciar la regularización de las situación de
los campings, indicó el alcalde arousano
Una conservera de O Grove despeja su futuro
Si la Ley de Costas, cuya tramitación está en su recta final, se mantuviese tal
como se encuentra redactada en la actualidad, su entrada en vigor despejaría la
preocupación de los propietarios de una empresa conservera situada en O
Grove.
Se trata de Conservas Isabel de Galicia, que se asienta en Virxe das Mareas,
cuya concesión tenía tres décadas de validez, finalizó el mes pasado y no tenía
derecho a prórroga, por lo que la reforma evitó que se produjese un problema
que podría provocar la pérdida de cientos de puestos de trabajo.
Los interrogantes sobre su continuidad también planearon sobre otra empresa
conservera, Dardo, de Vilanova, cuya legalización fue posible mediante una
reforma puntual del planeamiento urbanístico que recibió el visto bueno de la
Xunta en el mes de marzo de este año.
Mientras, la inquietud se mantiene en A Illa, porque son más de treinta los
propietarios afectados. Uno de ellos es el dueño de una vivienda unifamiliar y
otro, el de una empresa transformadora de conchas de moluscos.
HTTP://WWW.DIARIOVASCO.COM/AGENCIAS/20130427/MASACTUALIDAD/
SOCIEDAD/RAMOS‐AMBIENTAL‐HABIA‐OLVIDADONECESIDAD_
201304271233.HTML
DIARIO VASCO
Ramos: La ley ambiental había olvidado la necesidad de generar empleo
Agencia EFE
Pilar González/Caty Arévalo
Madrid, 27 abr (EFE).‐ El secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico
Ramos, ha justificado su intensa reforma de la legislación ambiental en que el
anterior Ejecutivo socialista había olvidado en su normas la necesidad de
generar empleo.
En entrevista a Efeverde, Ramos se muestra ʺabsolutamente convencidoʺ de que
es posible facilitar el trabajo a los empresarios sin dañar el medio ambiente: ʺEn
medio ambiente el futuro está muy dibujado: las actividades tienen que ser más
eficientes, menos impactantes y emitir lo menos posible. Y ahí caben desarrollo
económico y oportunidades de empleoʺ.
Ramos ha repasado algunos de los temas más polémicos, como el Plan de
Cuenca del Tajo, el almacenamiento de gas en Doñana, o el catálogo de especies
invasoras, tras recordar que en el último año se ha cambiado la Ley de Costas y
puntos concretos de distintas leyes que afectan al agua, la biodiversidad o los
residuos.
En términos generales y a su juicio, había mucho que avanzar en legislación
ambiental porque en la pasada legislatura ʺse olvidó a la personaʺ y hay que
orientar a las personas que quieren hacer actividades en su entorno, para que
sean aliados ambientales.
ʺA quien no quiera sumarse a esta ola habrá que limitarle, pero no mirar a
quien quiere hacer algo como un infractor desde el principioʺ, ha señalado.
En lo concreto y en cuanto a Doñana y el proyecto de almacenar gas natural, ha
juzgado que en modo alguno afecta ni va a afectar al Parque, cuya protección,
ha dicho, es lo prioritario.
Sobre este asunto, Ramos ha recordado que la administración anterior también
lo había tramitado así, que el Patronato de Doñana informó favorablemente, y
que la Junta de Andalucía nunca dijo nada de esto.
Además ha destacado que la evaluación de impacto ambiental que se hizo en su
día y que ellos la cogieron al final, ʺestá perfectamente hecha y no se puede
estar jugando con empresarios, inversiones y puestos de trabajo por razones
aparentemente medioambientalesʺ.
En su opinión, hay que respetar el medio ambiente pero también hay que
respetar a una empresa ‐Gas Natural‐ que ha hecho un trabajo serio y que lleva
años esperando una respuesta.
Sobre los Planes de Cuenca, ha considerado que ʺhay que superar viejas batallas
del agua, porque no tienen ningún sentidoʺ.
Y un ejemplo para él es el plan del Tajo: ʺhemos sacado a información pública
un plan equilibrado para poner de acuerdo a los interesadosʺ.
ʺEl Tajo pasa por dos países europeos: España y Portugal y si somos capaces de
coordinarnos con Portugal sin problema, aprendamos que además de llevarnos
bien con nuestros vecinos europeos tenemos que llevarnos bien entre nosotrosʺ.
En cuanto a las especies invasoras, ha recordado que el Ejecutivo socialista
aprobó un Real Decreto sin el acuerdo necesario de las CCAA, que son las que
tienen las competencias sobre el control y la vigilancia.
En la reforma que se prepara de este Real Decreto, se refuerza el catálogo
porque se incluyen 40 especies nuevas, pero se elimina el listado general, para
que cada CCAA confeccione el suyo propio.
ʺPero pretender ahora, 150 años después de su introducción en los ríos
españoles, que la trucha arco iris es una especie exótica y que de la noche al día
la vamos a excluir pues se nos antoja improcedenteʺ, ha indicado.
Entre otras razones, porque se estima que hay casi 100 piscifactorías que se
dedican a la cría de esta trucha, es decir hay que gente que vive de esto, ʺhan
invertido y hay que ser respetuosos, pero ello no quiere decir que quien sea
tenedor de las mismas las vaya a soltar al medio ambienteʺ.
En cuanto a su actitud personal de respeto con el medio ambiente, no ha
desvelado si se ducha con agua fría como Arias Cañete, aunque sí ha sostenido
que al igual que el ministro, él también es cada vez más cuidadoso con el agua
que consume, y con el consumo energético que supone calentar el agua.
A su juicio, todos los que se dedican a éste ámbito tienen que ser cada vez más
conscientes de la eficiencia energética, ʺy es ese el mensaje que el ministro
quería darʺ.
Finalmente, Ramos se ha mostrado partidario de salvar el mercado europeo de
derechos de Emisiones de CO2, cuyo precios se han desplomado, porque
considera que se trata de una buena medida para animar a las industrias a
contaminar menos, y esto, en su opinión, es mejor que poner un impuesto
directamente o sanciones a los incumplidores. EFE
http://www.20minutos.es/noticia/1798743/0/
DIARIO VEINTE MINUTOS
La Junta cree que con la reforma de la Ley de Costas ʺvolvemos 25 años atrásʺ
y ʺpeligra el modelo sostenibleʺ
El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, cree que con el Proyecto
de Ley de Protección y Uso Sostenible y de Modificación de la Ley de Costas,
promovido por el Gobierno central ‐‐aprobado por el Senado y que ahora
pasará al Congreso‐‐ ʺvolveremos a 25 años atrás, a la falta de control y
protección del litoralʺ, y ha alertado de que con dicha reforma ʺpeligra el
modelo de turismo sostenible que estamos promoviendo en Andalucía y que
nos recomienda la UEʺ.
EUROPA PRESS. 27.04.2013
El consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, cree que con el Proyecto
de Ley de Protección y Uso Sostenible y de Modificación de la Ley de Costas,
promovido por el Gobierno central —aprobado por el Senado y que ahora
pasará al Congreso— ʺvolveremos a 25 años atrás, a la falta de control y
protección del litoralʺ, y ha alertado de que con dicha reforma ʺpeligra el
modelo de turismo sostenible que estamos promoviendo en Andalucía y que
nos recomienda la UEʺ.
En declaraciones a Europa Press, Rodríguez, quien lamentó que el PP ʺrechazó
todas las sugerencias apuntadas en el Senadoʺ, considera que el proyecto que
sale de la Cámara Alta ʺretrotrae la legislación ambiental y de protección a los
años anteriores a 1988ʺ.
ʺEs como si no hubieran pasado 25 años, se desanda el camino y volveremos a
niveles de protección anteriores a la Ley de Costas de 1988ʺ, ha agregado el
consejero, que lamenta que esta ley ʺse basa en la especulación, el desarrollismo
inmobiliario, quiere llenar todo de ladrillosʺ.
Asegura que ʺalgunos se dan cabezazos en la misma esquina y no aprenden de
los errores que nos llevaron a la actual situación de falta de control y de
protecciónʺ.
En ese sentido, ha aseverado que el modelo turístico andaluz ʺserá competitivo
y tendrá perspectiva de crecer si se basa en el desarrollo sostenible y se
garantiza un adecuado nivel de protecciónʺ. ʺHay escasos espacios no ocupados
y nuestro modelo va en la línea de un desarrollo competitivo turístico, un
modelo de desarrollo sostenible y perdurable en el tiempo, que apueste por la
calidad y perdurabilidad del producto turístico y el uso sostenible de recursosʺ.
El consejero ha advertido de que con la reforma de la Ley de Costas ʺse puede
dar la triste y dramática paradoja de que la primera línea de playa, la línea de
dominio público, que es competencia del Gobierno central, esté menos
protegida que la segunda línea de playa, la zona de influencia, que es la que va
a regular el Plan de Protección del Litoral, competencia directa de la Junta de
Andalucíaʺ.
Rodríguez reconoce que esa situación ʺnos llena de preocupación y
pesadumbre, y significa que quien gestiona en este momento el dominio
público gestiona pensando más en intereses inmobiliarios y especulativos que
en el interés general y turísticoʺ.
Estudio sobre competencias
El consejero de Turismo ha indicado que la Consejería de Agricultura, Pesca y
Medio Ambiente ʺes la que promoverá un estudio para estudiar si esta
modificación de la Ley de Costas invade o no competencias propias de la
comunidad; se hará un estudio científico para saber si se vulneran o no
competencias estatutariasʺ.
Rodríguez se muestra ʺpreocupadoʺ por el hecho de que el PP ʺapuesta por un
modelo turístico y de desarrollo basado en el ladrillo y la ocupación masiva del
territorioʺ, un modelo que ʺgenera mucha más incertidumbre que certezas y
que puede favorecer a sectores inmobiliarios pero no favorece al sector hotelero
ni a la industria turísticaʺ.
ʺCuando planteamos un modelo de desarrollo turístico sostenible y no lo
queremos ocupar todo con el ladrillo o con edificios es porque creemos que es el
modelo que genera riqueza y empleo estable y duradero en torno a la industria
turísticaʺ, ha aseverado el consejero, quien considera que ʺpara que el sector
turístico sea rentable hay que ser conscientes de que se debe presentar un
modelo turístico diferente, no todo puede estar ocupado por promociones
inmobiliariasʺ.
Considera que la reforma de la Ley de Costas ʺapunta a un modelo de
ocupación del territorio y de litoral, un criterio absolutamente contrario a los
dictados de sostenibilidad y competitividad que se manejan en los ámbitos
europeosʺ. ʺEsa disminución de la protección y ese retroceso va contra los
intereses generales de los sectores turísticos de Andalucia y contra los criterios
que se impulsan desde la UE, donde se promueve un uso racional y sostenible
del territorioʺ, ha aseverado el consejero.
ʺAndalucía será competitiva si es capaz de ofertar un producto diferente, un
uso del espacio más permeable del que hasta ese momento se ha establecidoʺ,
ha agregado Rodríguez, quien lamenta que ʺestá urbanizado el 60 por ciento del
litoral andaluz y con esta ley se quiere urbanizar el 40 por ciento restante, todo
desde la óptica inmobiliariaʺ.
Falta de consulta
El consejero ha lamentado que el Gobierno de España ʺsigue legislando a base
de mayoría absoluta, sin oír a nadie, oyendo solo a los que tienen intereses
concretos y acceso directo al PPʺ, mientras que ʺal resto de organizaciones e
instituciones ni nos convocanʺ.
ʺNo nos ha dado ningún tipo de información, ni siquiera a nivel orientativoʺ, se
ha lamentado Rafael Rodríguez
http://www.ecologistasenaccion.org/article25653.html
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
El Senado remata la Ley de Costas
24 de abril, por Mar | Visitas: 510
Para Ecologistas en Acción con la tramitación de hoy en el Senado del Proyecto
de Ley de protección y uso sostenible del litoral, se remata la Ley de Costas de
1988, una ley fundamental en la actual democracia, y con ella se pierde la
protección de la costa y gran parte de su carácter público.
La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas es sustituida por otra llamada Ley de
protección y uso sostenible del litoral que, en gran medida desprotege el litoral
y propicia grandes pérdidas de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).
Las modificaciones a la antigua ley han sido propuestas poco a poco desde la
toma de posesión del Ministro Arias Cañete. Inicialmente se justificaron por
opinar el Ministerio que la Ley de Costas producía inseguridad jurídica al
interpretar interesadamente un informe del Parlamento Europeo.
Posteriormente aparecieron modificaciones carentes de justificación científica o
ambiental (en Formentera se establece un tratamiento diferencial de la franja en
contacto con el mar que se encuentran dentro del deslinde del DPMT y sus
servidumbres sin una justificación técnica para ello), modificaciones hechas
para intereses e instalaciones con nombre y apellido (deja de ser DPMT
urbanizaciones junto al mar como Ampuria Brava…) y modificaciones
caprichosas y curiosamente para espacios cuyos propietarios son conocidos (las
salinas y marismas dejaran de ser DPMT si el agua entra con ayuda del
hombre…).
También se propuso la ampliación de las actuales concesiones en el DPMT que
pasan de 30 a 75 años permitiendo la privatización ʺde factoʺ. Igualmente se
presentaron modificaciones que suponen clara desprotección como que en la
costa se pueden celebrar fiestas y eventos, se puede colocar publicidad, se
pueden conceder instalaciones a chiringuitos por 4 años, cada vez más grandes
y cada vez más juntos…
Y por último se ha presentado la modificación más peligrosa en tanto que
supone una amnistía a todo el que burló la Ley de Costas vigente hasta ahora:
se va a permitir que núcleos de población o instalaciones independientes
situadas en los 100 m de Servidumbre de Protección del DPMT, claramente
infractoras, no tengan que estar más que a 20m del citado DPMT; es decir, se les
considera como suelo urbano por gracia de la nueva Ley que propugna Arias
Cañete.
Ecologistas en Acción manifiesta su total rechazo a la nueva Ley de protección y
uso sostenible del litoral e indica, que todas las modificaciones que presenta
respecto a la Ley de Costas no tienen como fin ni la protección del litoral ni su
uso sostenible; se trata de una ley acientífica, de claro contenido ideológico que
tiene como punto de mira amnistiar a infractores de la antigua ley, favorecer
intereses particulares y conocidos y favorecer la privatización y negocios en
nuestras costas.
Si en España, a pesar de la explosión del ladrillo, se había conseguido salvar las
playas y el DPMT de la Ley del 88, ahora se verá la pérdida del carácter público,
la privatización y la paulatina destrucción del litoral.
Todo esto no tiene que ver con la crisis, es una apuesta ideológica y de
destrucción de lo conquistado como público por los españoles.
HTTP://WWW.ELDIARIOMONTANES.ES/20130428/LOCAL/CANTABRIAGENERAL/
PROPIEDAD‐TERRENO‐PUBLICO‐ESTA‐201304281742.HTML
EL DIARIO MONTANES
CANTABRIA
La propiedad de un terreno de uso público está regulada en la Constitución
La usucapión, que supone acreditar la ocupación de forma pacífica y como
dueño de una parcela durante al menos 30 años, es otra posibilidad para que
un terreno de uso público pase a ser privado
28.04.13 ‐ 17:42 ‐
EFE | Santander
El cambio de propiedad de un monte de utilidad pública solo podría lograrse
con una reforma de la Constitución y no con una modificación legislativa,
según explica el Gobierno cántabro ante las reclamaciones de los afectados por
la Ley de Montes, que pretenden en algunos casos hacer suyos esos terrenos.
La usucapión, que supone acreditar la ocupación de forma pacífica y como
dueño de un