Costas se marca 2020 para acabar el deslinde del litoral 30 años después

La Ley de Costas que entró en vigor en 1988 establecía un plazo de dos años para que todo el litoral español estuviera deslindado. La realidad es que casi 30 años después no se ha cumplido y que en el caso de la provincia de Málaga apenas se ha terminado el 65%, sin contar el 15% de los tramos que los tribunales han anulado. Tras dos años de parón a la espera de concretar cómo afectaba la reforma de la ley en 2013 al tema de los deslindes, el Ministerio de Medio Ambiente quiere darle un impulso una vez aclarados los conceptos relativos a este asunto y este mismo mes comenzará el deslinde de los 31 kilómetros de costa de once municipios malagueños previstos para este año.
La Demarcación de Costas de Málaga ya cuenta con la autorización para la incoación del deslinde de 19 tramos en toda la provincia y, en concreto, ya se han contratado las asistencias técnicas para ocho de ellos que corresponden a 23 kilómetros de costa. El resto se contratarán antes de que acabe este año con idea, según aseguró a este periódico el responsable de este organismo, Ángel González, de que entre este año y el que viene se complete el deslinde del 80% de los 168 kilómetros que forman el litoral malagueño y en un plazo de cuatro años se culmine casi el cien por cien.
Los 31 nuevos kilómetros de costa que se deslindarán este año corresponde a un tramo en Torrox, cuatro en Vélez-Málaga, dos en Algarrobo, tres en Rincón de la Victoria, dos en Málaga, uno en Torremolinos, uno en Fuengirola, dos en Marbella, dos en Estepona y uno en Manilva. Razones presupuestarias en algunos momentos, la dificultad de deslindar el dominio público marítimo terrestre en zonas ya construidas en otros, la judicialización de numerosos expedientes y la reforma de la Ley de Costas hace tres años han motivado el importante retraso que acumula el deslinde del litoral. El retraso más reciente se ha debido precisamente a esto último, ya que ha habido que esperar a la tramitación tanto de la reforma de la propia Ley de Costas como al reglamento que la desarrolla que entró en vigor en octubre de 2014 debido a la modificación que introducían respecto a la definición de los llamados bienes de dominio público por naturaleza. Es decir, especialmente en los que se refieren a los espacios dunares y a las zonas marítimo-terrestres o de alcance de temporales, estos últimos con la reforma pasan a considerarse todos aquellos puntos que se vean afectados por ellos al menos cinco veces en un periodo máximo de cinco años.
Lo positivo, explicó González, es que en el caso de Málaga no habrá que revisar apenas ningún expediente de deslinde realizado anteriormente afectados por estos supuestos. Al parón administrativo de estos años, se une el hecho de que del 80% del litoral malagueño que se había logrado deslindar hasta ese momento, el 15% ha sido anulado por los tribunales tras las demandas de los afectados al expirar el plazo legal fijado de dos años para tramitar dichos expedientes por parte del organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.
Pero el jefe de Costas destacó el “impulso” que este asunto va a recibir ahora, al señalar que se trata de “un trabajo básico para saber dónde está el dominio público y las servidumbres “por su importancia en temas urbanísticos y para evitar invasiones”. En este sentido, destacó que “existe un compromiso claro para terminar con este capítulo tantos años después y garantizar la defensa natural de la playas”.

Dónde termina lo público y empieza lo privado
El deslinde del litoral implica la determinación de establecer hasta dónde llega la zona pública de las playas y dónde empieza la privada. Además, la Ley de Costas determina la necesidad de establecer la zona de servidumbre de protección a desarrollos urbanísticos y la zona de servidumbre de tránsito. En el caso de la primera se establecen 20 metros en las zonas urbanas desde la línea de dominio público marítimo y cien metros en las zonas no urbanas. En cuanto a la servidumbre de tránsito, la legislación fija una distancia mínima de seis metros desde el dominio público.