Costas tiene un plazo de algo más de cuatro meses para decidir la prórroga de Ence

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El cómputo se suspendió mientras la Xunta elaboró su informe determinante

2015|11|19 MARCOS GAGO Pontevedra / la voz

La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, tiene un plazo máximo de cuatro meses y una semana para resolver la prórroga de la concesión de Ence en Pontevedra, según informó ayer una portavoz del departamento estatal. La emisión del informe ambiental, por parte de la Xunta, y que confirmó que la factoría cumple con la Autorización Ambiental Integrada (AAI), ha puesto en marcha nuevamente las manecillas del reloj del Estado.
El plazo máximo es el citado, pero eso no implica que Costas tenga la obligación de agotarlo. Todo parece indicar que será antes de que se acerque ese límite. La Consellería de Medio Ambiente tampoco utilizó todo el plazo del que disponía según la normativa vigente de tres meses.
Costas informó de que el período máximo legal que tiene para informar sobre la prórroga de la concesión de Ence es de seis meses. El departamento estatal dictaminó el pasado 24 de julio, a través de una orden ministerial, que la concesión actual de la pastera sigue vigente, en contra de lo alegado en su momento por Salvemos Pontevedra y el Concello. El 31 de julio, dentro de plazo, la empresa solicitó la prórroga de su concesión.
Esa petición condicionó la apertura del expediente por Costas, que tardó hasta finales de septiembre, en torno al día 25, para requerir el informe preceptivo y determinante de la comunidad autónoma. Es decir, el Estado consumió casi dos meses, todo agosto y más de la mitad de septiembre, por lo que le quedan cuatro meses y unos días.
La nueva Ley de Costas, que dio vía libre a la posibilidad de dar prórrogas en concesiones industriales, entró en vigor el 31 de mayo del 2013. La empresa, en base a esta normativa, hizo una primera solicitud de prórroga el 8 de noviembre de ese año. Sin embargo, la Xunta pactó con el Estado parar el procedimiento hasta que se publicase el reglamento de Costas -12 de noviembre del 2014-. Sin embargo, la solicitud de Ence no se pudo tramitar, como sí pasó con otras empresas que ya tienen la prórroga, porque una sentencia del Supremo de julio de ese año exigió que se incoase un expediente de caducidad de la concesión. Este trámite dejó en suspenso otra vez el procedimiento hasta que en julio de este año Costas ratificó su vigencia y dio vía verde a retomar el plan.
El aval a la «garantía ambiental»
La reforma de la Ley de Costas ha sido objeto de varios recursos ante el Constitucional y uno de ellos, entre otros puntos, criticó la tramitación administrativa que fijó esta legislación para otorgar prórrogas a las concesiones industriales más allá del 2018. En su primera sentencia sobre este tema, el Tribunal Constitucional avaló la «garantía ambiental» que figuraba en la tramitación prevista por la nueva Ley. Los magistrados entienden que Costas no puede actuar de una forma indiscriminada, sino que el informe de la comunidad autónoma es determinante, porque comprueba si las empresas solicitantes cumplen o no con los requisitos de la Autorización Ambiental Integrada. En el caso de Ence, la Xunta dijo que sí.