El ayuntamiento espera la orden del juez para tirar el mamotreto

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En mayo se enviaron los últimos informes de Urbanismo y ahora es el Juzgado quien tiene que ordenar qué parte quiere derribar. Ha pasado casi un año de la sentencia firme.

 

2015|10|25  L.C., S/C de Tenerife

El 19 de noviembre del año pasado la Audiencia Provincial sentenció que se debía derribar el mamotreto. Al menos, la parte que estaba en dominio público y servidumbre de protección. Se va a cumplir un año de esa decisión sin que se haya avanzado mucho en la demolición.

Lo último que hizo el Ayuntamiento de Santa Cruz fue remitirle al Juzgado de lo Penal número cinco un informe de Urbanismo y otro de Servicios Públicos. El primero venía a ser una reiteración de otro anterior de la Gerencia que establecía que la obra era ilegal, ilegalizable mediante planes especiales posteriores y estaba fuera de ordenación. El segundo, hacía un presupuesto de lo que costaría tirar los 420 metros de la zona de servidumbre de protección, del edificio de aparcamientos al completo y hasta uno también de 50 metros del inmueble, que coincidiría con la parte del edificio que estaría en servidumbre si se constatara que Costas se equivocó en la colocación del vértice M-336 del dominio público marítimo-terrestre.

Así, el consistorio aseguró a EL DÍA que, en la actualidad, “se está a la espera de la providencia de ejecución de la sentencia después del informe de Urbanismo que se le envió al juzgado”. Dichas fuentes aseguraron también: “Si la providencia ordena el derribo, se derribará lo que mande”.

La sentencia estipulaba que el resto de la superficie del mamotreto del total de 4.000 metros cuadrados de la planta sótano y 5.690 en planta baja no se asienta en dominio público ni en servidumbre de protección. En este sentido, aunque reiteraba la “grosera ilegalidad de las obras ejecutadas”, que no respetaban tampoco las estipulaciones del PGO, dejaba una puerta abierta a la legalización de esta parte del inmueble.

El fallo acordaba la demolición total de la obra “salvo que de manera excepcional pudiera en fase administrativa ponderarse […] el aprovechamiento de esa parte de la estructura”. Ponía como condición que el nuevo proyecto “se ajustara a la legalidad vigente” y al PGO. “Dado que en este supuesto extraordinario cabría la posibilidad de legalizar a posteriori esa parte de la estructura, cabría en fase de ejecución de sentencia dejarse judicialmente sin efecto la demolición de aquella parte de la construcción que no invade la servidumbre de protección”.

El portavoz del PSOE, José Ángel Martín, defendía desde el grupo de gobierno y ahora desde la oposición que no se pueden legalizar construcciones mediante la modificación del planeamiento.

En cambio, Coalición Canaria (CC) se mostraba más cercana al PP con tesis tendentes intentar aprovechar parte del edificio para no perder el dinero invertido. Todos ellos están esperando a lo que mande el juez.