El PP y el deslinde de Formentera

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2015|12|05

No es nuestra intención polemizar en torno a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Costas, para no contribuir a un clima de discordia, siendo un problema que afecta a muchas familias de la isla que ven con preocupación el futuro de sus propiedades. Pero a raíz de la escandalosa manipulación con la que los dirigentes del PP local han pretendido encubrir su propia incompetencia, insensatez y negligencia en esta delicada cuestión, lanzando delirantes acusaciones contra Gent per Formentera (GxF), nos vemos obligados a realizar algunas aclaraciones.
Permítanme un breve repaso histórico. La Ley de Costas que dio lugar al controvertido deslinde ahora vigente fue aprobada en el año 1988, en un mandato del PSOE, con el apoyo del PP. La finalidad de la ley era positiva: proteger el litoral de la creciente especulación y depredación a que se veía sometido. El problema llega cuando en el año 1997 el Gobierno del PP, presidido por José María Aznar y con Isabel Tocino como ministra de Medio Ambiente, aprueba una delimitación de la zona marítimo-terrestre arbitraria e injusta para la isla de Formentera, que hace que muchas personas pierdan la propiedad de sus casas y negocios a cambio de una concesión administrativa.
Fruto de esta situación, en el año 2006 todos los partidos políticos y la mayoría de agentes sociales acuerdan unidad de acción, basada en dos principios: la devolución de la propiedad de los inmuebles afectados a sus legítimos propietarios y garantizar el nivel de protección y conservación del litoral. Hasta aquí todo bien. Pero con la mayoría absoluta del Gobierno del PP en Madrid empieza una utilización partidista de esta causa por parte del PP, queriendo erigirse en solucionador único, realizando pasos unilaterales y no consensuados, sin diálogo alguno con la máxima institución de Formentera, que es el Consell. Y aprueban un texto específico en la nueva Ley de Costas, ahora suspendido por inconstitucional. Un texto que, digamos la verdad, no nos gustaba porque permitía la privatización de ses Salines, además de que entendíamos que la costa perdía protección, pero que por responsabilidad y compromiso con los afectados no recurrimos. Por lo tanto, primer dato, señor Alcaraz: Gent per Formentera no ha atacado en ningún momento la nueva Ley de Costas. Revise la hemeroteca.
Y permítanme un inciso, no precisamente menor: el partido que se jugaba en esta nueva ley no era solucionar el problema de los afectados de Formentera, sino devolver la propiedad de las salinas de Ibiza y Formentera a la familia Cañellas, y las de Cádiz a Abel Matutes. Y de paso, para que no fuera tan evidente, incluyeron lo de Formentera. De ahí la falta de rigor, de trabajo previo y base jurídica, porque no era lo que importaba, por más que nos lo quieran hacer creer sus representantes locales.
Es en la aplicaciónde la Ley, en la propuesta de delimitación de la zona marítimo-terrestre donde nuestro partido mostró sus discrepancias, porque entendíamos que una de las dos premisas no se cumplía, al perder zona de servidumbre de protección y perder titularidad de los elementos que sirven de protección, mantenimiento y gestión de los sistemas dunares, así como la propiedad y protección de una parte importante de ses Salines. Si a esto, señor Alcaraz, le llama sólo el 3%, le sugiero que vuelva a repaso de matemáticas. Y también le digo que pretender achacar esta discrepancia, que se hubiese solucionado en una mesa de trabajo con voluntad de acuerdo de las partes, a la decisión del Tribunal Constitucional de anular el texto, es como poco un insulto a la inteligencia de los formenterenses, y especialmente de los afectados.
El Gobierno del Estado, del PP, quiso enmendar, con el concurso del PP de Formentera, el deslinde practicado por otro Gobierno estatal del PP, y el Tribunal Constitucional (por unanimidad, lo que incluye a magistrados designados por el PP) lo estimó flagrantemente inconstitucional. ¿Quién es el responsable, según el señor Alcaraz? El Consell de Formentera. Seguramente, señor Alcaraz, los jueces del Constitucional, que como es sabido desayunan cada mañana leyendo Diario de Ibiza y son extraordinariamente sensibles a las quejas de pequeños gobiernos periféricos, quedaron impresionados por las críticas de GxF y decidieron por unanimidad cargarse una iniciativa legislativa del Gobierno del Estado.
¿A estas alturas aún no se ha dado cuenta el amigo Alcaraz de qué resultado le da tomar a la gente de Formentera por tonta? Las huidas hacia adelante y la política de tierra quemada ni le han ayudado ni le van a ayudar. Es mejor recapacitar, asumir los errores y unir fuerzas por Formentera. También a Gabriela Mayans, que se presenta las elecciones por el PP con el aval de haber solucionado el problema del deslinde, haciendo una apropiación partidista de la causa y haciendo un flaco favor a los afectados, le pedimos una reflexión y un acto de responsabilidad. ¿Y ahora qué?, se preguntarán. Pues desde nuestro punto de vista tres claves: renunciar al partidismo, un acuerdo de los grandes partidos estatales, estudio y propuestas jurídicas válidas y sobre todo trabajo y menos propaganda. Nosotros estaremos siempre en el lado de la justicia hacia los afectados, la responsabilidad y las soluciones.