El TS libra a La Oliva de 134 millones de indemnización por Costa del Faro

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2016|01|19 Las Palmas de Gran Canaria.

El Tribunal Supremo ha desestimado la demanda de una empresa que exigía 134 millones de euros de indemnización al Ayuntamiento de La Oliva, el Cabildo de Fuerteventura y el Gobierno de Canarias por el fracaso de sus planes para construir seis hoteles en Costa del Faro, en El Cotillo.
El Supremo pone fin con esta sentencia a un historial de litigios que arranca en 1988, con el acuerdo al que llegaron cuatro empresas para desarrollar urbanísticamente esa zona del norte de Fuerteventura a través de la recalificación de 1,7 millones metros cuadrados con la participación del Ayuntamiento de La Oliva, que recibía a cambio 250.000 metros cuadrados para habilitar un camping.
Esos planes no llegaron a materializarse, porque las cuatro empresas que los iniciaron acabaron pleiteando entre ellas y, pasado el tiempo, los tribunales declararon nulas las normas urbanísticas de La Oliva que les daban cobertura, entre otros motivos, por apreciar “desviación de poder” en las decisiones del Consistorio.
Y cuando otra empresa se subrogó en los derechos de los anteriores dueños de todos esos terre-nos, el decreto del Gobierno de Canarias de enero de 2001 con el que estableció la moratoria turística en las islas de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote dio al traste definitiva-mente con el proyecto.
La empresa Oliva Oceánidas alegaba en su favor que el Ayuntamiento de La Oliva le había apro-bado el proyecto de urbanización del plan parcial Costa del Faro el 12 de enero de 2001 (tres días antes de dictarse el decreto de la moratoria) y le había concedido licencias para construir en esos suelos seis hoteles el 7 de abril de 2001 (cuatro meses antes de que el Parlamento aprobara la Ley de Medidas Urgentes de Ordenación del Territorio).
Su petición de indemnización ya había sido desestimada en 2013 por el Tribunal Superior de Jus-ticia de Canarias (TSJC), pero el Supremo invalida esa sentencia por considerar que la Sala de lo Contencioso Administrativo asumió de forma “acrítica” un informe del Gobierno de Canarias y no explicó suficientemente las razones legales que le llevaban a tomar su decisión.
Sin embargo, el Alto Tribunal corrige la sentencia del TSJC para llegar a su misma conclusión: no procede que las administraciones públicas canarias paguen nada a Oliva Oceánidas por el fracaso de sus planes para construir hoteles en El Cotillo.
El Supremo considera que la empresa era consciente de que sus planes carecían de cobertura normativa, que asumió unos riesgos al seguir adelante con ellos de los que no debe responder el erario público y que durante todo este largo litigio más de 25 años ha venido “defendiendo lo inde-fendible”.
En este sentido, subraya que la aprobación del plan parcial que le concedió “de forma sui géneris” el Ayuntamiento de La Oliva tres días antes de dictarse el decreto de la moratoria carecía de vali-dez, porque estaba condicionado a obtener un permiso de la Demarcación de Costas. Y ese per-miso, añade, no lo iba a poder obtener precisamente por el efecto de la suspensión de licencias.
En cuanto a las licencias para seis hoteles concedidas en abril de 2001 por el Ayuntamiento de La Oliva, explica el Supremo, ocurre lo mismo: estaban condicionadas a obtener previamente la pre-ceptiva autorización turística, que el Cabildo de Fuerteventura le denegó pasados unos meses, en septiembre de ese mismo año.
Por lo tanto, recalcan los magistrados, cuando la empresa inició las obras del primero de los hote-les a principios de 2002, lo hizo “careciendo del imprescindible soporte urbanístico habilitante para el desarrollo de un plan parcial que nunca tuvo eficacia” y, en consecuencia, había quedado afec-tado por la moratoria turística.
En este caso, Oliva Oceánidas reclamaba a las administraciones casi 14 millones de euros por el coste las obras que realizó en los terrenos y que luego no sirvieron de nada y otros 120 millones por la pérdida de los aprovechamientos urbanísticos a los que creía tener derecho.