La Ley de Costas y Arenales del Sol

I Antecedentes
Se que es pesado insistir en este tipo de temas que tan solo interesa o bien a los propietarios afectados o bien a las personas preocupadas por el medio ambiente. Sin embargo este tema trasciende en mi opinión esos intereses particulares y plantea un tema de fondo más complejo. Este tema es el del respeto a los derechos de propiedad legalmente obtenidos, la capacidad de los Gobiernos por modificarlos y la confianza de los ciudadanos nacionales y extranjeros en que sus derechos se respetarán, y por tanto en que sus inversiones en el país son fiables.
Con la Ley de Costas actual el resultado ha sido exactamente el opuesto a lo deseable. El Gobierno ha actuado sin respeto a los derechos de propiedad de los ciudadanos en base a un supuesto “buen fin” que justificaba el expoliar sus propiedades, esto es convertirlas en dominio público sin una compensación económica adecuada. Para entendernos, sin comprarlas.
El caso de Arenales del Sol está considerado como un caso clave en estos temas no solo por la magnitud de propiedades y personas afectadas (unas 800 propiedades), sino por las características del propio caso. Brevemente. Con arreglo a la Ley de Costas de 1969 esos terrenos no fueron considerados como dominio público y el estado en 1974 realizó un deslinde que los dejaba fuera de dicho dominio público. En base a que eran terrenos privados, fueron incluidos como terrenos urbanos en el plan de ordenación de Elche, se construyó y fueron vendidos con todos los parabienes y salvaguardas del Estado. Los que adquirieron esas propiedades no es que compraran de buena fe y fueran engañados, sino que compraron con las garantías de todas las administraciones del Estado. La cuestión clave es que si esas propiedades eran legales,¿como es que pasaron en 1997 a ser consideradas como ilegales tras el deslinde que se hizo ese año?. La razón de la sinrazón que diría Cervantes, está en que en 1988 se publica una nueva Ley de Costas que modifica el concepto de dominio público marítimo terrestre (ampliándolo) y aplica ese nuevo concepto con carácter retroactivo sobre terrenos y propiedades que ya habían sido deslindados. Este es el punto clave en mi opinión. ¿Puede un Estado hacer esto sin que se compense adecuadamente a los ciudadanos que confiaron en él?. Si en esa Ley se hubiera impuesto la obligación de añadir una memoria económica a cada caso que se iniciara con arreglo a la misma no se habría llegado a esta situación. La razón es que si se computan los costes que estas operaciones tienen, el coste de oportunidad de esos recursos obligaría a desechar esa opción. Por ejemplo en arenales del Sol si se “compraran” las propiedades (lo que se debería hacer) significaría un desembolso de 160 a 240 millones de euros (según el precio medio de mercado que se dé en el momento de la expropiación). Imposible si tenemos en cuenta todo lo que hay que comprar en nuestras costas y las alternativas que se podrían llevar a cabo con esos recursos. Lo que se hizo fue cerrar este círculo perverso para quedarse las propiedades sin pagarlas mediante una increíble sentencia del Tribunal Constitucional que en 1991 declaró que el estado podía compensar a los ciudadanos a los que quitaba sus propiedades dejándoles vivir unos cuantos años en ellas. Se pretende pagar a los ciudadanos por sus bienes dejando que los usen por un tiempo limitado de años. Intenten ustedes comprar un bien a otra persona diciéndoles que por todo pago les va a dejar que use ese bien y verán que respuesta recibirán. Pues este es el trato que el Gobierno ofrecía. La estupefacción no solo se encuentra en los que de esta forma van a ser despojados de sus propiedades, sino que el propio Parlamento Europeo ha advertido varias veces a este Gobierno que modifique su comportamiento y respete los derechos de propiedad afectados.
Este es un tema complejo porque es susceptible de un tratamiento profundamente demagógico por parte de diversos colectivos e individuos que han tenido y tienen una cierta influencia en determinados medios y en Costas. La base de sus ideas es la de que el fin justifica los medios y con ese sacrosanto principio se pueden cometer todo tipo de arbitrariedades. Por supuesto que ellos deciden cual es el fin adecuado.
Un Estado de derecho debe respetar sus compromisos con los ciudadanos si desea mantener la confianza internacional en el mismo. Con esta Ley y la forma de aplicarla no es posible esa conclusión. El mensaje que enviamos es que mañana otro Gobierno puede de nuevo modificar el criterio de qué es dominio publico marítimo terrestre (por ejemplo extendiendo el mismo a los 200 metros de Costa para salvaguardarla del ladrillo) y “quedarse” con todas las propiedades que estén en ese espacio. Mañana les puede tocar a ustedes que hoy se sienten seguros porque si se permite esa actuación, entonces vale todo. Por ejemplo en Alicante sin ir más lejos toda la playa de San Juan está asentada sobre arenales y dunas. Si se “solicitara” un deslinde en esa playa y se observara que existe arena (la original) debajo de edificios y carreteras de la misma, pasarían a ser dominio público y perderían las propiedades. El tener esta espada pendiente y no poder estar seguros de que lo que se ha comprado hoy como legal va a seguir siéndolo, es lo que ha producido la Ley de Costas actual y genera desconfianza en nuestros Gobiernos. Si piensan que esto es exagerado, lean el informe Auken del Parlamento Europeo y otros similares.
¿Pero no ha cambiado nada desde que los afectados se han organizado y se defienden frente a Costas, su arbitrariedad y prepotencia?. Sin espacio en este artículo, permítanme explicárselo en uno próximo.

II Ultimas noticias.
Para no alargarme demasiado les comentaré lo acontecido en este año. A comienzos del año, y por mediación de la actual Alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso, la Asociación de Vecinos Litoral de Arenales del Sol fuimos invitados a asistir al Senado en donde se iba a pasar una propuesta de Ley presentada por el Partido Popular que intentaba una modificación de la Ley de Costas para salvar determinados negocios en las rías de Asturias afectados por la misma. Pese a que esa modificación no “servía” para solucionar nuestro caso, acudimos. Sorprendentemente CiU presentaba una propuesta alternativa que tenía la intención de salvar de la aplicación de la Ley de Costas lo que se consideraba núcleos urbanos singulares (el caso de Ampuria Brava por ejemplo). Tras una serie de contactos, estos partidos acordaron apoyarse mutuamente e sus propuestas. De esta forma el Senado español aprobó el 9 de febrero una modificación de la Ley de Costas en el sentido indicado anteriormente con la exclusiva oposición del partido Socialista. La aprobación de esa modificación está hoy pendiente de que se pase por el Congreso de los Diputados para que sea efectiva.
En el mes de Marzo, los concejales socialistas el Ayuntamiento de Elche, Sres. Martínez y Pérez, nos ofrecieron acudir al Ministerio Medio Ambiente para hablar con el Director de Costas sobre nuestro caso, aprovechando que habían organizado una entrevista para otros afectados próximos a nosotros. El Sr. Director de Costas, Pedro Antonio de los Ríos nos atendió cordialmente e hizo dos consideraciones a resaltar. La primera que bajo su mandato era su intención abrir una negociación con todos los afectados buscando una solución negociada, eso sí sin dejar de aplicar la Ley (sic). La segunda que Costas nunca se había opuesto a la aplicación para los afectados de una modificación de la Ley de puertos que permitía la transmisión inter vivos de las concesiones (bueno esto lo afirmó el subdirector de Costas allí presente). El Sr. Director de Costas nos prometió acudir a Arenales del Sol haciéndonos saber que para él este caso, el de Arenales del Sol, es un caso muy especial por lo complejo del mismo.
En el mes de Abril, la PNALC que contribuimos a crear y de la que formamos parte celebró en Valencia unas Jornadas sobre la Ley de Costas de 1988 en las que se debatió por parte de expertos la situación actual de la misma y su posible modificación para evitar las abusos que con ella se han cometido. Se elaboraron una serie de conclusiones que fueron remitidas a la propia dirección de Costas puesto que entre los expertos también participaron ex directores generales de la propia Costas. En esas conclusiones se ponía de manifiesto que aunque una ley de este tipo es necesaria, la actual no ha servido para frenar la construcción en la Costa (desde 1988 se ha construido el 70% de lo que hay en la actualidad) y ha generado tantos problemas entre los propietarios nacionales y extranjeros que aconsejan su revisión.
En el mes de Mayo, el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, nos convocó a los afectados de toda España que lo habían solicitado, a una nueva reunión en Bruselas para tratar, una vez mas, nuestra situación. La sesión recogía tanto intervenciones singulares de ciudadanos europeos que exponían sus casos, como las exposiciones de los representantes de colectivos de toda España como la Plataforma Nacional de Afectados de la que formamos parte y creamos. No les cansaré describiendo el grado de desesperación que personas de todas las edades, condiciones y lugares de Europa manifestaron ante los asombrados diputados europeos. Tampoco les relataré las duras palabras que diputados de toda Europa, pero principalmente ingleses y alemanes dirigieron hacia el comportamiento de nuestro Gobierno en este caso, prácticamente comparando esta situación con la de una república bananera. El contrapunto lo puso algún euro diputado español que salió en defensa de la Ley de Costas acusando de mentirosos a todos los afectados que allí estábamos. Y dicho eso se levantó y se excusó del lugar. Puestos que estas sesiones son grabadas las pueden ver por ustedes mismos en la página correspondiente del Euro parlamento. La sesión fue insuficiente para el drama que allí se describía en todos los idiomas. Personas que habían confiado en la Ley de este país y que compraron propiedades legales antes de la Ley de Costas que veían con horror como sus ahorros y planes de vida se disolvían en un instante al aplicárseles la ley de costas de 1988. El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo volvió a insistir en dar un toque de atención al Gobierno español reiterando su amenaza de bloquear los fondos comunitarios y elevar el tono de la advertencia, prometiendo que el tema quedaba abierto y prestaría atención a su evolución.
No hace falta recordar que los acontecimientos económicos y políticos de estos últimos meses son lo suficientemente graves como para que a este tema se le preste la atención adecuada. Sin embargo y como indiqué al principio, este tema trasciende de la mera defensa de unos intereses particulares frente a la arbitrariedad y abuso del Estado-Gobierno, por un doble motivo. Primero, pedimos que en el futuro ningún Gobierno tenga la capacidad de aprobar leyes que pueda aplicar con carácter retroactivo (mediante subterfugios como aquí) sin que se compense adecuadamente a los ciudadanos. Esto contribuirá a reestablecer la confianza que hemos perdido frente a los ciudadanos europeos. Segundo, pedimos que el Gobierno cundo apruebe leyes las acompañe de la evaluación oportuna que la aplicación de esas leyes supone. Esto evitaría que se puedan aprobar leyes (la de Costas, la de dependencia, la de derechos históricos diversos) que por no poder aplicarse adecuadamente por falta de medios creen frustración y recursos sin fin contra la administración. Sabemos que los demagogos tanto del Gobierno como de organizaciones diversas encontrarán esto muy frustrante acostumbrados a pedir nuevas normas y leyes que aunque imposibles de cumplir con los recursos que tenemos les permiten auto justificar los cargos, prebendas y poder de los que disfrutan.
Por último y como dijo en un memorable artículo la actual Alcaldesa de Elche, los Arenales del Sol tienen solución (y creemos que muchos otros cientos de casos en toda España). Se trata de respetar los derechos legales que una vez este Estado garantizó y luego eliminó.

Alfredo Masó
Presidente de la Asociación de Vecinos Litoral de Arenales del Sol