La Plataforma de afectados por el deslinde culpa al PSOE del fallo

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La presidenta insiste en que su objetivo es recuperar la propiedad sin que se desproteja el litoral

2015|11|16
C. CONVALIA | FORMENTERA La sentencia del Tribunal Constitucional que anula el trato excepcional que la Ley de Costas de 2013 otorgaba a Formentera ha sentado como un jarro de agua fría entre los vecinos afectados, agrupados en la Plataforma del deslinde.
La presidenta de este colectivo, María José Mayans, afirmó estar «decepcionada y dolida» por el resultado de la sentencia que frustra el camino que abría la disposición cuarta de la Ley para recuperar sus propiedades. Sin embargo, reconoció que esa vía tampoco les satisfacía completamente por desproteger parte del litoral, que aseguran defender «al mismo nivel y con la misma intensidad» que lo hacen con la defensa de sus bienes inmuebles.
La representante de la Plataforma de afectados por el deslinde no dudó en culpar al PSOE por haber interpuesto el recurso de inconstitucionalidad contra esa disposición y algunos artículos más de la última Ley de Costas, impulsada por el exministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
«El PSOE ha ido contra Formentera, es una opinión, pero la realidad es que es el PSOE el que ha recurrido la Ley, incluso recuerdo una declaraciones de un diputado canario que ya dijo que esto no podía ser, y fue a por nosotros», declaró Mayans. La presidenta de la Plataforma admitió que la sentencia es «dura» y también denunció falta de apoyos en todo el proceso. «Me llama la atención que nadie de Formentera se haya puesto a nuestro lado [de los afectados], solo lo hemos hecho desde la Plataforma y ahora, en cambio, parece que es un problema de Formentera», dijo.
Mayans precisó que ha sido el colectivo que representa el que en las últimas dos décadas ha ido buscando apoyos ante la Ley de Costas, que encontró entre las asociaciones ciudadanas y partidos de la isla cuando firmaron en 2006 la declaración por un «deslinde justo». En un tono amargo, la portavoz recordó que «no hubo iniciativas espontáneas» para apoyarlos. «Estamos muy dolidos, todo el mundo que habla es gente a la que el Estado no le quita nada y eso es duro», reprochó.

PRÓXIMOS PASOS

Los afectados están ahora analizando con detalle la sentencia del TC y consultando con abogados. En una primera lectura de la resolución, aprobada con la unanimidad de sus 11 magistrados, la portavoz entiende que lo que se deriva del dictamen es que Formentera «deja de tener un régimen especial para pasar al general de la Ley de Costas de 2013 y no de la de 1988, como algunos ya están apuntando». Su primera interpretación es que la Ley de Costas de 2013 está vigente pero no incluye la excepcionalidad que otorgaba a Formentera la posibilidad de realizar un nuevo deslinde.
Sobre el futuro desenlace, admitió desconocer cuáles iban a ser los próximos pasos que van a tomar desde la Plataforma. De momento, avanzó que hoy tienen una reunión con el Consell de Formentera y que cuando hayan recopilado toda la información que han solicitado a sus abogados y hayan extraído sus conclusiones emitirán un comunicado.
María José Mayans reiteró, una vez más, que el objetivo que se marcan los afectados sigue siendo el mismo de los últimos años: «Siempre lo hemos defendido, y no nos movemos, queremos recuperar nuestras propiedades y mantener la protección del litoral», insistió.
El conflicto sobre la delimitación pública de la franja litoral se centra en el vigente deslinde de 1997, aprobado por la exministra del PP, Isabel Tocino, y que hace que las propiedades de un centenar de familias, de Migjorn, es Carnatge y es Pujols, pasen a manos del Estado y sus propietarios se conviertan en concesionarios de sus propios establecimientos.