Las concesiones de los chiringuitos no se paralizarán y se realizarán con todas las garantías jurídicas.

08/09/2016
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Así lo ha anunciado José Fiscal, quien ha informado en el pleno del Parlamento de las acciones del Gobierno andaluz en esta materia tras la sentencia del Tribunal Supremo.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha reiterado en el Parlamento que, tras la sentencia del Tribunal Supremo, no se va a paralizar ningún expediente relativo a las concesiones de chiringuitos y que los servicios técnicos y jurídicos de la Junta ya barajan alternativas que solventarán la cuestión dentro de la legalidad vigente.

Según Fiscal, se debe dar la máxima seguridad a estas concesiones para que puedan ser explotadas con todas las garantías jurídicas. “Todos queremos que los chiringuitos sigan siendo un atractivo más de nuestras costas, así como una importante fuente de empleo”, ha apuntado en su intervención.

El pasado mes de julio, el Tribunal Supremo estimó el recurso de una particular y anuló la Disposición transitoria vigesimosexta del Real Decreto 876/2014, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, donde se reconoce el derecho de preferencia en el otorgamiento de concesiones a quienes, cuando entró en vigor la Ley de Costas de 2013, tuvieran su actividad o instalación abierta. Según la sentencia, ello vulnera los principios de igualdad de trato, proporcionalidad y jerarquía normativa.

En este sentido, el titular de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha añadido que, desde que se tuvo conocimiento de la sentencia, el gabinete jurídico y los servicios técnicos de la Consejería no han perdido ni un instante para que, conjuntamente con el sector, se creara un grupo de trabajo que analizase la situación en busca de soluciones para conseguir un objetivo común: que la situación de estas instalaciones se resuelva lo antes posible.

Por último, el consejero ha recordado que la sentencia tumba una norma del Gobierno central, “que actuó con gran irresponsabilidad política en su tramitación”, y que Andalucía se opuso a la reforma de la Ley de Costas y al Reglamento. Una reforma, por otro lado, que el sector no demandaba y que recogía la Disposición anulada ahora por el Supremo. Según Fiscal, “estamos en esta tesitura por la pobre actuación del Gobierno central en la redacción de estas normas”.