Los chiringuitos andaluces luchan contra el ‘no’

 

Septiembre 2016

Cuando todo parecía resuelto con respecto a la problemática de los chiringuitos andaluces y que llegaría a buen puerto este octubre, una sentencia del Tribunal Supremo (TS) anula el derecho de los actuales empresarios de playas que ocupan un chiringuito sin concesión. De este modo, el TS anuló a mediados de julio la disposición donde se reconoce el derecho de preferencia en el otorgamiento de concesiones a quienes, cuando entró en vigor la Ley de Costas de 2013, tuvieran su instalación abierta. Para el TS, esto vulnera los principios de igualdad de trato, proporcionalidad y jerarquía normativa por “beneficiar” a quienes tenían ya un chiringuito abierto.

Ante esta situación, a principios de agosto José Fiscal, el consejero de Medio Ambiente, anunció que -tras mantener una reunión con el presidente de los Empresarios de Establecimientos de Playas de Andalucía, Norberto del Castillo, y de la Costa del Sol, Manuel Villafaina, entre otros-, los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía y los de los empresarios de playas realizarán un encuentro para analizar la posible incidencia que pueda tener esta sentencia del TS para buscar “los mecanismos que impidan que pueda haber ninguna paralización” o al menos “que ésta sea lo más reducida posible”. En este sentido, Fiscal subrayó que la predisposición de los empresarios es “absoluta” y también “la colaboración y coordinación” con el Gobierno andaluz
Esta situación pone en riesgo los avances realizados hasta el momento, pero Fiscal, que no dejó de recordar la reunión que mantuvieron todos los implicados en el asunto el pasado mes de abril, quiso ratificar férreamente el compromiso de concluir en octubre la regularización de los chiringuitos. Para ello, en este primer encuentro se repasó cuál es el estado actual de la regularización de establecimientos y se determinó la posible incidencia que pueda tener la sentencia del TS, insistiendo en que se ha de ver “cómo pudiera afectar a la tramitación que seguimos desde hace algún tiempo”.

Por su parte, Norberto del Castillo recordó que “desde el año 2004 vivimos una situación muy complicada que nos hace trabajar con incomodidad en el día a día y a largo plazo”. “Muchas familias están lógicamente preocupadas”, continuó el presidente de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas (Faeplayas), “porque aún no sabemos qué supondrá exactamente esta decisión del Supremo”. De todos modos, Del Castillo aseguró que seguirán luchando para que toda esta situación llegue a buen puerto y, lo que es más importante, para que los chiringuitos puedan ofrecer un servicio dentro de la excelencia, tal y como acostumbran, a todos sus visitantes.
Villafaina, por su parte, apuntó que “se ha cumplido el acuerdo que habíamos llegado”. “Se han cumplido todos los trámites, se han ido haciendo las mesas técnicas y, la verdad, es que estamos muy adelantados”, por lo que afirmó no entender este retraso en este momento.

En nuestra comunidad son más del 50% las instalaciones que están aún pendiente de concesión, siendo Granada la más avanzada en este sentido, entre otros factores, porque hay menos instalaciones, aunque “en cada provincia hay diferencias porque las competencias se han pasado a las delegaciones”, afirmó Fiscal. Así, del total de 742 instalaciones de este tipo en Andalucía hay con título 316. De este modo, el 24% del total de chiringuitos podría estar afectado por la sentencia, lo que supone 176, de las que la mayoría serían en Málaga con 155, seguido muy a la zaga por Cádiz con 15 y Granada con seis.
En Málaga, por su parte, en donde existen casi 400 chiringuitos, 107 tienen título en vigor, mientras que en trámite hay 184. En este sentido, el consejero recordó que Málaga “es la provincia en la que objetivamente este sector tiene mayor peso en Andalucía”.
A la vista de todo esto, Fiscal reiteró que, no obstante, alcanzar la fecha de octubre para concluir la concesión de los chiringuitos “no es imposible”, pero “vamos a ver lo que da de sí la reunión y ver por dónde tirar”, aunque “no vamos a negar que esto es un inconveniente; vamos a ver si lo es tanto para retrasarlo mucho o no lo suficiente para poder llegar incluso a octubre”.
De igual modo, sobre la unificación de criterios demandada, el consejero Fiscal señaló que “se ha avanzado” teniendo en cuenta las diversas características de cada costa, pero “quedan algunas cuestiones”.
En este sentido, Fiscal recordó que “la Junta de Andalucía siempre criticó la reforma de la Ley de Costas del Gobierno del PP, y, de alguna manera, esto viene a demostrar que las cosas no se hicieron lo bien que se debieran de haber hecho”.
Agregó que “no era este, precisamente, el ámbito que en más desacuerdo estábamos ni muchísimo menos, pero lo cierto es que este varapalo judicial viene de alguna manera a poner sobre la mesa algo que veníamos diciendo desde el principio: que no hacía falta modificar una Ley de Costas como la que había, ya que había cuestiones mucho más urgentes, que no era una exigencia de ningún sector, y de aquellos polvos vienen estos lodos”.
Eso sí, el consejero dejó claro que la Junta “se posiciona a favor de la norma, de la ley, nos guste o no nos guste”, por tanto “lo primero es cumplir la norma”. No obstante, abogó por “hacer todo lo posible para no ralentizar el proceso”. Y en eso tiene puestas todas las esperanzas el sector, que una vez más ve cómo todo lo que se puede complicar, se complica finalmente.
Segunda reunión
Esta primera reunión se repitió casi en término idénticos a finales del mes pasado. En esta ocasión, la Junta se reunió con los empresarios del sector en Sevilla, y según palabras de Norberto del Castillo, “no han habido mayores novedades en esta segunda reunión; seguimos como a primeros de mes, la Junta está a la espera de que regresen de las vacaciones sus trabajadores del servicio jurídico para que les asesoren”. Sin embargo, Del Castillo recordó que se está actuando con demasiado celo ante una sentencia que aún no ha sido publicada en el BOE. “Antes de curarnos en salud y paralizarlo todo, deberíamos esperar a ver qué pasa y una vez sepamos qué dice la sentencia, actuar en consecuencia”, afirmó.